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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

No faltan leyes, sobran trampas

En nuestro país nadie confía en la justicia y, por desgracia, los paraguayos tenemos muy buenas razones para esa desconfianza, puesto que diariamente somos testigos de arbitrariedades e impunidades escandalosas. En el Paraguay no rige el imperio de la ley, sino más bien el de la trampa.

Políticos, legisladores, autoridades nacionales y municipales, responsables de hechos notorios y más que comprobados de corrupción, se mantienen en sus puestos como si nada. Las investigaciones se paralizan, los juicios se eternizan y mueren sin consecuencias.

Me dirán, no sin razón, que el imperio de la trampa es una tradición bien enraizada en nuestra región y no un mal exclusivo de nuestro país. Sin embargo, esa perversa “tradición” se está rompiendo y revirtiendo en muchos países, sin ir más lejos en Argentina y aún más intensamente en Brasil, donde la justicia se ha puesto en campaña para instalar el imperio de la ley y limpiar la administración pública de una corrupción asombrosa, tanto por lo generalizada como por las cantidades siderales de dinero malversadas.

Sin un sistema de justicia eficiente y confiable, las mejores leyes no son más que palabrerío hueco o, peor aún, instrumentos para que los inocentes carguen con las consecuencias que los culpables eluden a través del imperio de la trampa… Cuando para los poderosos no hay ley, los ciudadanos de a pie pagan las facturas, la sociedad se fragmenta, las autoridades no tienen poder moral ni herramienta eficaz para combatir el delito común.

Ese es, hoy por hoy, el gran problema del Paraguay: Como no confiamos en la Justicia, difícilmente podemos desarrollar una cultura de respeto a la ley, sino más bien una tendencia, inspirada en el ejemplo de las autoridades políticas y administrativas, de esquivarla y quebrantarla.

¿Será que alguna vez nuestra Justicia tomará el ejemplo de nuestros vecinos y en lugar negociar con el delito, de encubrir e inclusive defender delincuentes se decidirá a combatirlos? ¿Será que fiscales y magistrados alguna vez tendrán vergüenza de la imagen de cómplices, encubridores del delito y promotores de la impunidad que los ciudadanos tienen de ellos?

Ojalá que así sea, porque en algo coinciden los estudiosos de la historia y la sociología: Afirman en su gran mayoría que los países en los que el sistema institucional es sólido y la Justicia confiable, prosperan; en cambio, aquellos con instituciones débiles y tribunales poco confiables se estancan y empobrecen.

“Hecha la ley, hecha la trampa”, afirma un dicho popular, pero cuando la trampa funciona más a menudo y mejor que la ley, la legislación deja de ser la base de la paz social y se transforma en fuente de conflictos. Es por eso que la labor de una justicia sana y eficiente es aplicar la ley, evitando al máximo las trampas; pero es todo lo contrario lo que los ciudadanos vemos en el sistema judicial paraguayo.

Ojalá nuestros tribunales, como están haciendo los de Brasil, Argentina y otros países de la región, empiecen a ser los custodios de la ley, en lugar de los escenarios de la trampa; porque una justicia tramposa destruye el Estado de Derecho, diluye la Justicia, al dejar indefensos a los ciudadanos comunes e impunes a los prominentes y se convierte en un freno de cualquier progreso social o económico.

Por Rolando Niella

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/no-faltan-leyes-sobran-trampas-1539372.html

Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

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5 comentarios en “No faltan leyes, sobran trampas

  1. Una estafa de novela

    Roque González Vera nos informa, desde hace varias semanas en ABC Color, acerca de un hecho propio de las mejores novelas que tratan de la mafia. Hay suspenso, mugre, extorsión, codicia, tráfico de influencia y un final expectante.
    Aparece un documento firmado por un matrimonio según el cual deben a un grupo de empresarios 23 millones de dólares. Los firmantes aseguran que nunca se hicieron de tal compromiso sino de 10 millones de dólares en cinco cuotas. Ya pagaron tres.

    Se enteraron de la deuda 23 millones cuando recibieron el reclamo del pago respectivo. Se pusieron a averiguar y aparecen unos documentos confeccionados por dos escribanas que habitualmente prestan servicio al citado grupo empresarial.

    Llama la atención que se pueda cometer semejante acto –la falsificación de firmas– por una suma tan elevada y esperar que se abone por ella. ¿En qué cabeza cabe tanta mansedumbre? ¿Habría algún tonto a quien se le presenta un pagaré por 23 millones de dólares que no los ha recibido pero tiene que hacerse cargo de la cuenta?

    Me cuesta creer que las escribanas hayan podido cometer semejante estupidez, porque no es otra cosa. ¿Esperó que el matrimonio se fuera a su oficina y pague 23 millones de dólares porque sí nomás? ¿Mienten los deudores?

    He aquí a los personajes de esta historia: El grupo Favero, las escribanas Nélida Chávez de González y María Teresa Rodríguez Almada; Marino Raiter y Marile Penkal, brasileños, 40 años de residencia en nuestro país y con hijos paraguayos. También la jueza de Ciudad del Este Victoriana Cáceres Duarte. Hay otro personaje, tal vez el principal de todos: el senador colorado (cartista) y presidente del Jurado de Enjuiciamiento, Óscar González Daher.

    Cuando Marino Raiter y Marile Penkal recibieron la notificación de que debían abonar al grupo Favero la suma de 23 millones de dólares, hicieron lo que tenían que hacer en caso de que el reclamo no tuviese razón de ser: negar la existencia de la deuda y negar que firmaran documento alguno que la avalara. Como el abogado del grupo les hizo “recordar” que la firma tuvo lugar en la escribanía de Nélida de González y de María Teresa Rodríguez, el matrimonio negó con vehemencia que tal cosa ocurriera. Solicitaron, entonces, acceder a los pagarés y que los mismos fuesen estudiados por peritos calígrafos y se expidan sobre ellos.

    Este paso elemental que se da en estos pleitos no es posible hacerlo porque el abogado del grupo Favero hace lo imposible por evitar que así sea. Sin embargo, el grupo consiguió que se lleve adelante la ejecución de los pagarés supuestamente impagos.

    Cualquier persona que hubiera sido reclamada para abonar su deuda, por la suma que fuere, sabe que el trámite comienza por ser llamada por el juez ante quien reconocerá, o no, la firma estampada en el pagaré. Esto que es común, no lo es para el matrimonio Raiter que soporta una orden de embargo sobre sus plantaciones de soja en la colonia Tirol, de Carlos Antonio López, Itapúa.

    Aquí aparece la segunda y decisiva parte de la historia. Los Raiter solicitaron y obtuvieron el amparo contra la orden de embargo. La jueza Victoriana Cáceres Duarte hizo lo que tenía que hacer ante la ausencia del trámite elemental del reconocimiento de firma: dispuso el amparo en favor del matrimonio.

    Este amparo duró poco. La jueza recibió la visita de un funcionario del Consejo de la Magistratura, cuyo presidente es González Daher, esposa de la escribana Nélida Chávez. Al cabo de dos horas de esta visita, la jueza Victoriana Cáceres Duarte revió su decisión original y negó el amparo a los Raiter. Con este sencillo procedimiento, el grupo Favero queda con las manos libres –siempre las tuvo– para ejecutar la deuda respaldada por firmas que serían falsas.

    Uno se pregunta: ¿Es tan fácil saquear en este país? ¿Basta la influencia política para que estos y otros hechos ocurran? ¿Es suficiente ser amigo del presidente de la República para alzarse contra la Constitución, las leyes, la decencia?

    Los Raiter, ante la posibilidad de quedarse en la calle, piden socorro a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También solicitan los servicios de un instituto forense, de Londres, para las pericias de las firmas. Tienen razón en desconfiar de nuestra justicia.

    Me inclino a pensar que los Raiter tienen razón por estos motivos: 1) Creo que no se animarían a exponerse ante un organismo internacional, y menos aún pedir la verificación de sus firmas; y 2) Este punto es el que me decide a estar enteramente con los Raiter: la presencia en el pleito de Óscar González Daher. ¿Le conocen?

    Por Alcibiades González Delvalle

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/una-estafa-de-novela-1541639.html

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    Publicado por Anónimo | 30 noviembre, 2016, 11:13 am
  2. Enviar a la cárcel a los ladrones de guante blanco

    A través de los años, las declaraciones juradas del senador colorado Víctor Bogado, a las que nuestro diario se vino refiriendo en los últimos días, demuestran cuán inocuas son las normativas referentes a tales rendiciones para detectar el enriquecimiento ilícito de las personas en el ejercicio de la función pública, debido a la negligencia, cobardía o complicidad de contralores, fiscales y jueces.

    La Ley Nº 2513/04 dice que comete ese hecho punible el funcionario que “haya obtenido la propiedad, la posesión o el usufructo de bienes, derechos o servicios, cuyo valor de adquisición, posesión o usufructo sobrepase sus legítimas posibilidades económicas, y los de su cónyuge o conviviente”. Sirve para constatarlo el cotejo entre las declaraciones juradas de bienes y rentas que debe presentar todo funcionario, incluso el de elección popular, al ocupar un cargo y al abandonarlo, dentro de los quince días en cada caso. Esta norma constitucional ha sido reglamentada por la Ley Nº 5033/13, que le otorga a la Contraloría General de la República amplias facultades para investigar, dentro y fuera del país, la veracidad de lo expuesto, pese a lo cual ese pomposo organismo constitucional ha tenido escaso éxito, mientras pululan los funcionarios que se han convertido en verdaderos magnates, haciendo “milagros” con sus modestos salarios en la Administración Pública.

    Es de recordar que el Código Penal castiga con hasta cinco años de prisión a quien presente una declaración jurada falsa ante una oficina facultada para recibirla, como lo es la Contraloría. Hasta ahora, solo en dos juicios por enriquecimiento ilícito se dictaron condenas, sin que hayan surtido ningún efecto porque las causas se extinguieron al vencer el plazo máximo de duración de los procesos, debido a las constantes chicanas de los defensores. Uno de los fallos recayó en 2006 sobre el expresidente de la República Luis González Macchi, quien durante su desgobierno remesó más de un millón de dólares a una cuenta secreta abierta en Suiza, no mencionada en su última declaración jurada, estando entonces vigente el Decreto-Ley Nº 448/40, “por el que se previene y reprime el enriquecimiento ilegítimo”. El otro fallo recayó en 2005 sobre el funcionario aduanero Leandro Leguizamón, cuyo patrimonio tuvo un aumento injustificado de 2.500 millones de guaraníes, según constató el Ministerio Público por sus propios medios, cuando el mismo aún ocupaba su cargo, tal como lo viene haciendo hasta hoy. Esto implica que no es imprescindible un previo dictamen de la Contraloría ni el abandono de la función pública para que sea posible procesar a los corruptos. Por lo tanto, la Fiscalía de Delitos Económicos hará bien en investigar de oficio, por ejemplo, el origen del enorme incremento de los bienes del mencionado senador Víctor Bogado.

    Por de pronto, le servirá de mucha ayuda que la Contraloría le remita el lapidario informe que elaboró sobre las seis declaraciones juradas de bienes y rentas presentadas por el legislador entre 1994 y 2010 y que ese organismo guardó bajo siete llaves, pese a que la Ley Nº 276/94 le obligaba a denunciar a la Justicia Ordinaria y al Poder Ejecutivo todo delito del que tenga noticias por sus funciones específicas. Los indicios en tal sentido eran muy serios, pues se constató que no existen correspondencias entre las declaraciones juradas, es decir, que el aumento patrimonial consignado por el hoy legislador colorado fue incongruente con los salarios percibidos en la función pública. Para ilustrar que mucho de cuanto el mismo toca se convierte en oro, basta referir que, según su primera declaración jurada, cuando entró en la función pública en 1978, como un empleado de la Antelco que ganaba algo más de un millón de guaraníes mensuales, tenía una cuenta bancaria de 2.450.000 y una deuda de 12 millones, mientras que en 1999, al dejar la presidencia de la Antelco, reportó que tenía 25.136 dólares, cuatro inmuebles y cinco vehículos, cuyos respectivos valores no consignó, omisión en la que también incurrió en las declaraciones juradas posteriores con respecto a esos dos tipos de bienes. En suma, de acuerdo a la última declaración jurada examinada en el informe de la Contraloría, presentada en 2010 al asumir la presidencia de la Cámara Baja, el patrimonio del afortunado senador ascendía a 455.812.099 guaraníes, 58.404 dólares, siete inmuebles y dos vehículos, y una deuda de 130.000 dólares.

    La Contraloría ya advirtió una falta de correspondencia solo con base en las manifestaciones de Víctor Bogado, es decir, sin poder considerar el valor de los inmuebles y vehículos mencionados ni el de los inmuebles que aparentemente ocultó, entre los que figuran tres departamentos en un lujoso edificio capitalino y una casaquinta en Atyrá. Por supuesto, tampoco refirió aquellos que presuntamente están a nombre de testaferros, como una vivienda en Lambaré y otra en Asunción, cuyos supuestos dueños serían su exesposa Guadalupe Aveiro y su madre Teódula González.

    Acaba de revelarse que posiblemente utilizó los servicios del mecánico Miguel Ángel Carballo para confiarle hacer préstamos de dinero y poner a su nombre una empresa con un capital de 5.000 millones de guaraníes, un centro de compras –subvalorado– en 1.900 millones y un departamento que cuesta 450 millones, ubicados todos en Asunción. O sea, el patrimonio continuó creciendo notablemente luego de 2010, sin que, desde luego, nada se hiciera constar. Siempre que disponga del coraje y sentido de responsabilidad en el cumplimiento de su deber, el Ministerio Público ya tiene bastantes elementos de juicio para hurgar en la fortuna del senador, sin necesidad de esperar un informe de la Contraloría.

    Como aparte de ocultar inmuebles y de tener prestanombres puede tener también en el extranjero bienes no declarados, la Contraloría debe ejercer la facultad que le otorga la Ley Nº 5033/13 y, en consecuencia, sustanciar investigaciones, tanto dentro como fuera del país –sobre todo en Panamá–, para determinar la veracidad del contenido de las declaraciones juradas y de las informaciones o de la documentación presentada, así como requerir al declarante toda información adicional sobre sus manifestaciones dentro del plazo de treinta días.

    Teniendo en cuenta el pobre resultado de su gestión en un paraíso de la corrupción como es nuestro país, tanto la Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo de Federico Espinoza, como la Contraloría, a cargo de Enrique García, están en deuda con la población esquilmada por los delincuentes de guante blanco.

    La lucha contra el enriquecimiento ilícito debe ser una causa nacional para todos los ciudadanos y las ciudadanas, y, en consecuencia, deben reclamar públicamente a los contralores, fiscales y jueces que cumplan con su deber. No faltan leyes, sino honestidad y coraje en quienes deben aplicarlas.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/enviar-a-la-carcel-a-los-ladrones-de-guante-blanco-1539621.html

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    Publicado por Anónimo | 21 noviembre, 2016, 5:16 am
  3. La escandalosa corrupción en la Justicia debe ser erradicada

    Una oportuna denuncia permitió sorprender en forma flagrante a un juez de Caaguazú cobrando 30.000 dólares de coima para favorecer la regulación de honorarios a un abogado. Es uno de los muchos casos detectados, que han podido ser castigados, pero son muchos más los casos no denunciados que se han vuelto habituales y han convertido a la Justicia paraguaya en un inmenso mercado de compraventa, donde casi todo se mueve a base de dinero, en donde los humildes y sin recursos son los más perjudicados. Es urgente erradicar la escandalosa corrupción que persiste en el Poder Judicial.

    Un abogado que no quiso seguir el juego de la corrupción y acudió a las autoridades, permitió que el fiscal Martín Cabrera arme un operativo y sorprenda a Ubaldo Aquino González, juez del fuero Civil, Comercial y Laboral de Caaguazú, con unos 30.000 dólares, luego de haberlos recibido como pago de una supuesta coima a cambio de favorecer al profesional del derecho Marcial Ayala con un dictamen de regulación de honorarios.

    Este nuevo caso de corrupción judicial se suma a varios similares que han sido denunciados en los últimos meses. En setiembre último, otra investigación periodística realizada por un equipo de Última Hora y Latele filmó con cámara oculta a Óscar Ramón Talavera, juez de sentencia de Misiones, en momentos en que negociaba una coima de 25.000 dólares para otorgar una pena reducida a un procesado por tráfico de marihuana. El magistrado fue finalmente imputado por el delito de cohecho pasivo agravado, junto a su presunta cómplice, la abogada María Magdalena Ramírez Jacquet, quien se encargó de retirar el dinero de la coima.

    También el juez de San Lorenzo Juan Carlos Pane Cheli había sido condenado a un año de prisión, con suspensión de ejecución de la pena, luego de que en marzo de 2013 haya pedido 2 millones de guaraníes para realizar una constitución judicial en una casa donde un procesado debía resguardar prisión domiciliaria. En febrero de 2012, el juez Miguel Ángel Cárdenas, de Coronel Oviedo, fue igualmente imputado tras pedir, a través de un asistente fiscal, una coima de 10 millones de guaraníes para liberar a un procesado.

    Todos estos casos y muchos otros más se han podido conocer debido a que las víctimas decidieron denunciar que estaban siendo tentadas a pagar coimas, pero no aceptaron prestarse al juego, incluso a riesgo de no ser favorecidas en las causas judiciales que estaban llevando adelante.

    Sin embargo, son muchos más los que no denuncian y prefieren pagar las coimas, porque creen que es la única manera de que sus casos sean resueltos en la Justicia, y temen que, si llegan a hacer público el caso, puedan sufrir algún tipo de represalias.

    Son estas y muchas otras las situaciones que se han vuelto habituales y que han convertido a la Justicia paraguaya en un inmenso mercado de compraventa, donde casi todo se mueve a base de dinero, en donde las personas más humildes y sin recursos son las más perjudicadas.

    Es urgente y necesario erradicar la escandalosa corrupción que persiste en el Poder Judicial, pero es una tarea que debe involucrar a todos los sectores, especialmente al ciudadano común, que ya no debe aceptar prestarse al juego de la ilegalidad. Hay que denunciar cada intento de coima o soborno y exigir que los implicados sean debidamente castigados. Solo así se podrá ir transformando positivamente a uno de los más corruptos poderes del Estado en el Paraguay.

    http://www.ultimahora.com/la-escandalosa-corrupcion-la-justicia-debe-ser-erradicada-n1040800.html

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    Publicado por Anónimo | 20 noviembre, 2016, 7:50 am
  4. Chupasangres

    Por Mabel Rehnfeldt

    Es un lugar soñado la quinta del mecánico Miguel Ángel Carballo. A diferencia de su casita en Loma Pytã, la propiedad está en una preciosa zona de su Emboscada natal conocida como Laguna Hû.

    Recibe a las visitas un pórtico grande y con techo, recubierto con piedra Wasmosy. Tiene un portón importante de madera y un coqueto farol negro colgando del techo. Al fondo se ven el quincho, la pileta para adultos y niños, la casa, una cancha de vóley y hasta un tablero para básquet.

    Fue el portero eléctrico –en el medio de la nada– lo que me recordó a Víctor Bogado y sus excentricidades. Los trajes que viste, sus inmuebles, sus vehículos… el único casamiento que le conocemos: La noche que se casó en el Sheraton con Guadalupe Aveiro. Con 500 invitados sentados en sillas con detalles de organza fue la noche triunfal del mago de los números y el dinero (aunque un reducido y bullicioso número de ciudadanos afuera le gritaba “Bogado, Bogado, devuelva lo robado).

    El senador era un humilde empleado de mantenimiento de la ex-Antelco, que empezó en 1978 con deudas de 12 millones de guaraníes y un ahorro de poco más de 2 millones de guaraníes. La última declaración jurada a la que tuvimos acceso da cuenta que entre esa primera vez en 1994 hasta el 2006 hubo algún milagro: Pasó del ahorro de G. 2 millones a casi G. 456 millones y a una cuenta bancaria de casi 58.000 dólares.

    Es lo que él reporta.

    La Contraloría dijo que no hay correspondencia en 5 de sus seis declaraciones juradas. Y eso que Bogado no hizo constar precio de 7 inmuebles –de los muchos más– que se le conocen. Tampoco declaró precio ni cantidad de rodados utilizados por él y su familia.

    En la única entrevista que concedió en la semana, Bogado prometió explicar todo en el Senado el jueves que pasó. Todos nos preparamos para oír sobre su amigo el mecánico Miguel Carballo. Sobre el shopping. El departamento. El préstamo de G. 2.200 millones a tasas usurarias. Su abogado Francisco Segura.

    Pero nada.

    Es altamente probable que Víctor Bogado se salve una vez más de la justicia. Se salvó de las denuncias de telefonía rural. Hasta ahora se salva de la denuncia de enriquecimiento ilícito. Está logrando zafar del caso de la niñera de oro que cobraba doble sueldo en Diputados y en Itaipú. Nadie lo ha molestado por la doméstica que puso a sueldo del TSJE… y quizá el caso del mecánico de oro no sea la excepción.

    Quien con toda seguridad no se va a salvar porque ya tiene un proceso encima es Miguel Carballo. Si no habla, podría ligar imputación por lesión patrimonial y estafa por cobro de doble salario. Y de yapa evasión impositiva por no declarar sus millonarios movimientos de compra, venta y préstamos.

    Muchos nos preguntábamos dónde estaba el secreto de Víctor Bogado con el Poder Judicial, además del dinero. Ahora lo sabemos: Tener un abogado defensor como asesor de la Corte.

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    Publicado por Anónimo | 20 noviembre, 2016, 6:50 am
  5. Coimatón

    Por Marta Escurra

    Días atrás, una vez más el concejal esteño Celso “Kelembu” Miranda, el abogado Jorge Brítez y la esposa del abogado Paraguayo Cubas, Yolanda Paredes, nos sorprendían con una insólita forma de protesta: “Coimatón”. Con ella buscaban recaudar US$ 50.000 a beneficio de la jueza Teresita Cazal, encargada de revisar el recurso de habeas data a favor de Cubas, recluido en la penitenciaría de Alto Paraná bajo cargos de dudosa legitimidad.

    La colecta, cuya meta obviamente no fue alcanzada, puede en un primer momento causarnos gracia. Sin embargo, es algo mucho más profundo que una payasada pergeñada por estas tres personas, es el síntoma de que las instituciones en esa parte del país no funcionan, o lo hacen parcialmente para beneficio de una mafia.

    A saber, Cazal había sido denunciada por supuestamente haber recibido un monto igual a la meta de “Coimatón” a cambio de liberar a clonadores de tarjetas de crédito, acusación que ella había negado alegando que los acusados fueron sometidos a un proceso abreviado de manera a acelerar la expulsión del país de los mismos.

    En cambio, Cubas soporta un proceso por delitos que no han sido demostrados como una supuesta coacción a fiscales escrachados, delito que no ocurrió porque los mismos se encontraban ausentes al momento de la manifestación. También se lo acusa de destrucción de bienes comunes, hecho que puede constatarse tampoco ocurrió ya que vía redes sociales toda la ciudadanía fue testigo que no ocurrió tal cosa. Finalmente, y lo más aberrante es que sobre Cubas pesa la vergonzosa aplicación de una ley de Fueros, que data del año 1955, que fue derogada.

    En un primer momento, lo de Cubas pareció un circo del cual todos nos reímos, pero ahora, ante el descaro de fiscales como Alejo Vera, Analía Rodríguez y Juliana Giménez, que llevan el caso invocando leyes inexistentes y utilizando los recursos del Estado solo para mantener cautivo a un ciudadano por mero capricho, el triste espectáculo circense se traslada a la Fiscalía.

    Guste o no, Cubas ostenta en su haber una larga lucha contra la dictadura y pese a este padecimiento judicial sigue firme en sus convicciones. Su pecado es el haber desnudado la corrupción imperante en la administración municipal de Sandra McLeod de Zacarías quien hasta hoy se sigue negando a cumplir la ley 5282 de Acceso a la Información Pública. Ella alega buenos manejos del dinero de la comuna a su cargo. Pero, recientemente recurrió a un préstamo para pagar salarios. ¿Cómo se explica entonces que con manejo eficiente no pueda pagar sueldos?

    Producto de este capricho en complicidad con otro órgano del Estado es que Paraguay está comenzando a proyectar una triste imagen de tener un preso político como Cubas en plena democracia.

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    Publicado por Anónimo | 20 noviembre, 2016, 6:48 am

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