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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

No faltan leyes, sobran trampas

En nuestro país nadie confía en la justicia y, por desgracia, los paraguayos tenemos muy buenas razones para esa desconfianza, puesto que diariamente somos testigos de arbitrariedades e impunidades escandalosas. En el Paraguay no rige el imperio de la ley, sino más bien el de la trampa.

Políticos, legisladores, autoridades nacionales y municipales, responsables de hechos notorios y más que comprobados de corrupción, se mantienen en sus puestos como si nada. Las investigaciones se paralizan, los juicios se eternizan y mueren sin consecuencias.

Me dirán, no sin razón, que el imperio de la trampa es una tradición bien enraizada en nuestra región y no un mal exclusivo de nuestro país. Sin embargo, esa perversa “tradición” se está rompiendo y revirtiendo en muchos países, sin ir más lejos en Argentina y aún más intensamente en Brasil, donde la justicia se ha puesto en campaña para instalar el imperio de la ley y limpiar la administración pública de una corrupción asombrosa, tanto por lo generalizada como por las cantidades siderales de dinero malversadas.

Sin un sistema de justicia eficiente y confiable, las mejores leyes no son más que palabrerío hueco o, peor aún, instrumentos para que los inocentes carguen con las consecuencias que los culpables eluden a través del imperio de la trampa… Cuando para los poderosos no hay ley, los ciudadanos de a pie pagan las facturas, la sociedad se fragmenta, las autoridades no tienen poder moral ni herramienta eficaz para combatir el delito común.

Ese es, hoy por hoy, el gran problema del Paraguay: Como no confiamos en la Justicia, difícilmente podemos desarrollar una cultura de respeto a la ley, sino más bien una tendencia, inspirada en el ejemplo de las autoridades políticas y administrativas, de esquivarla y quebrantarla.

¿Será que alguna vez nuestra Justicia tomará el ejemplo de nuestros vecinos y en lugar negociar con el delito, de encubrir e inclusive defender delincuentes se decidirá a combatirlos? ¿Será que fiscales y magistrados alguna vez tendrán vergüenza de la imagen de cómplices, encubridores del delito y promotores de la impunidad que los ciudadanos tienen de ellos?

Ojalá que así sea, porque en algo coinciden los estudiosos de la historia y la sociología: Afirman en su gran mayoría que los países en los que el sistema institucional es sólido y la Justicia confiable, prosperan; en cambio, aquellos con instituciones débiles y tribunales poco confiables se estancan y empobrecen.

“Hecha la ley, hecha la trampa”, afirma un dicho popular, pero cuando la trampa funciona más a menudo y mejor que la ley, la legislación deja de ser la base de la paz social y se transforma en fuente de conflictos. Es por eso que la labor de una justicia sana y eficiente es aplicar la ley, evitando al máximo las trampas; pero es todo lo contrario lo que los ciudadanos vemos en el sistema judicial paraguayo.

Ojalá nuestros tribunales, como están haciendo los de Brasil, Argentina y otros países de la región, empiecen a ser los custodios de la ley, en lugar de los escenarios de la trampa; porque una justicia tramposa destruye el Estado de Derecho, diluye la Justicia, al dejar indefensos a los ciudadanos comunes e impunes a los prominentes y se convierte en un freno de cualquier progreso social o económico.

Por Rolando Niella

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/no-faltan-leyes-sobran-trampas-1539372.html

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

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15 comentarios en “No faltan leyes, sobran trampas

  1. Astrea, al descubierto

    Hace unos días, la jueza de Sentencia Laura Ocampo denunció, en pleno juicio oral, que recibió “presiones políticas”. Acto seguido se inhibió de la causa, en la cual están procesados dos médicos del Instituto de Previsión Social por una presunta negligencia médica que le costó la vida a un recién nacido. Si esta magistrada fue presionada por políticos en un caso de dos médicos y decidió renunciar por el bien de su carrera, ¿podemos esperar mucho más de los jueces a cargo de las causas de senadores, diputados y ex ministros? La injerencia política en el palacio de Astrea es tanta que ya no cabe bajo el tapete.

    Los jueces, fiscales y defensores públicos saben que alcanzaron sus cargos por el beneplácito de políticos que integraron el Consejo de la Magistratura y también están conscientes de que en cualquier momento pueden ser desalojados de sus despachos si así lo deciden los políticos miembros del Jurado de Enjuiciamiento. En el medio, las vidas profesionales de los magistrados están regidas por nueve hombres y mujeres colocados por otros políticos en la Corte Suprema.

    Esta semana, el ex síndico general de Quiebras Gerardo Sanabria Mora sabrá finalmente si su proceso, por un presunto perjuicio al Estado de más de G. 2.700 millones, quedará o no extinto. Los mismos fiscales asumen que el caso quedará impune por la excesiva mora: la causa estuvo paralizada ocho años en la misma Corte. Así las cosas, resulta hasta lógico que los Bogado e Ibáñez del mundo sigan campantes y tranquilos de que nunca siquiera tendrán que enfrentar un juicio oral.

    Entonces también es natural que, en la universidad pública más grande del país, los futuros abogados ya empiecen a disputarse el poder bajo el amparo del Partido Colorado y que una campaña electoral por el Centro de Estudiantes implique un descomunal derroche de dinero.

    A fuerza de escándalos, con el tiempo el Poder Judicial logró enterrar la capacidad de asombro de la gente. Ya no podemos fingir estupor ante un sistema judicial incapaz de dictar una –solo una– condena ejemplar a un congresista o funcionario poderoso, pero todos los días llena las cárceles de marginalidad.

    A esta altura, el sistema judicial consiguió que ya nadie se inmute al ver en los noticieros la impunidad con la que se desarrolla la vida política en Paraguay. No podemos siquiera aparentar sorpresa cuando vemos que la Facultad de Derecho UNA es una seccional colorada donde los alumnos más despabilados aprenden rápido la lección más gravitante de todas: Más importante que el derecho romano o la ética, en el Palacio de Justicia prevalecen, sobre todo, los amigos, el partido y los favores.

    Por Fernando Boccia

    http://www.ultimahora.com/astrea-al-descubierto-n1073711.html

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    Publicado por Anónimo | 6 abril, 2017, 11:36 am
  2. Una mancha más al tigre

    Una nueva denuncia sobre procedimiento extorsivo salpica a la Fiscalía de Ciudad del Este. Esta vez, se refiere a una serie de operativos que realizó la fiscal antisecuestro, Zunilda Ocampos, acompañado de su pareja sentimental que también es policía de Antisecuestro, en casas que se dedican a la venta de armas en Ciudad del Este. Según la denuncia, los intervinientes exigieron una alta suma de dinero en los operativos. Los afectados inclusive llegaron a conformar una asociación, para afrontar posibles futuras intervenciones de esta índole en sus locales.
    Existen una serie de hechos sumamente llamativos en relación a este caso. Las intervenciones se realizaron el pasado 10 de marzo. Sin embargo, y a pesar de las graves denuncias supuestamente investigadas y que motivaron los allanamientos, no hubo ningún informe sobre las intervenciones. El miércoles, cuando ya la denuncia había llegado a los medios de prensa, el departamento de prensa del Ministerio Público emitió una gacetilla justificando los operativos. Según el comunicado, durante los allanamientos se incautaron armas y documentos; y que había imputados y acusados.
    Si eran tan graves las denuncias investigadas, y se incautaron armas y documentos cómo es que la Fiscalía no informó sobre estos operativos y sus resultados. Finalmente, hubo una alevosa manipulación de la información desde el departamento de prensa al mencionar que hay imputados y acusados por violación de la ley de armas, citaron los nombres de personas procesadas, pero por otros casos anteriores. Tras los allanamientos cuestionados no hay ningún imputado, que se sepa, al menos no se mencionó en el informe de prensa divulgado casi dos semanas después del operativo.
    Como se verá una vez más, las aclaraciones del Ministerio Público sembraron más sombras que luces sobre el cuestionado operativo. Se sabe que el gran negocio de los fiscales de Ciudad del Este ha sido por años, históricamente, los procedimientos extorsivos. Los agentes fiscales saben quiénes son los que operan al margen de la ley, realizan un allanamiento para combatir supuestamente la ilegalidad, pero terminan arreglando con el afectado por millonarios montos, así los casos no trascienden, los ilegales siguen operando tranquilamente y el agente fiscal, de la noche a la mañana aumenta su fortuna. Esa es la explicación del porqué los fiscales que llegan a la zona en colectivo, al poco tiempo se convierten en verdaderos magnates y hacen ostentación de un nivel de vida que nunca podrán justificar con su salario.
    Esta mala fama capitalizada por el Ministerio Público, no preocupa en absoluto a los fiscales, ni al fiscal general adjunto, Alejo Vera. A pesar de los graves indicios y las denuncias, no hay ni habrá investigación alguna, en la certeza de la protección corporativa, porque evidentemente nadie tiene suficiente autoridad moral como para llevar adelante una campaña de saneamiento tan necesaria para la institución. Lamentable.

    http://www.vanguardia.com.py/2017/03/24/una-mancha-mas-al-tigre/

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    Publicado por Anónimo | 27 marzo, 2017, 11:08 am
  3. Justicia sometida

    La Escuela Judicial, dependiente del Consejo de la Magistratura, dio a conocer el sábado pasado los puntajes de los aspirantes al curso del instituto de altos estudios. Los aspirantes fueron sometidos a prueba en conocimientos sobre la Constitución Nacional y en Comprensión Lectora en Castellano. Los resultados fueron vergonzosos, solo 134 de los 330 postulantes llegaron a alcanzar el 60 por ciento del rendimiento.
    El resultado del examen de admisión dejó en evidencia el escaso nivel de preparación de jueces y fiscales de nuestra región. La mayoría de los funcionarios que ocupan importantes cargos dentro de la administración de justicia fueron superados por abogados recién egresados y por funcionarios judiciales de menor jerarquía, poniendo una vez más en evidencia que las autoridades judiciales no llegan al cargo mediante sus méritos, sino gracias a padrinos políticos.
    Esta terrible dependencia de los funcionarios judiciales de sus padrinos políticos es el verdadero cáncer que carcome a la justicia paraguaya y que destruye a toda la estructura institucional y pone en peligro la vigencia del estado de derecho y el funcionamiento de las instituciones del Estado.
    El acceso de los mediocres a cargos para los cuales no tienen preparación es el primer acto de corrupción de los funcionarios públicos. Una vez en funciones tienen, necesariamente, que responder a sus padrinos, quienes a su vez tienen a sus protegidos en las diferentes instituciones públicas y allí comienza a operar la telaraña de la corrupción y la impunidad. Eso explica que muchos casos de groseros robos del dinero de los contribuyentes siempre terminan en el oparei, porque los fiscales dejaron pasar el tiempo, porque se perdió algún expediente o porque algún juez encuentra algún argumento absurdo para blindar a los corruptos.
    Una justicia sometida al poder político corrupto es la mejor garantía para que la corrupción en sus diferentes formas siga gozando de buena salud en todas las instituciones públicas. El cambio social vendrá cuando tengamos una justicia verdaderamente independiente, a cargo de profesionales capacitados, patriotas y honestos, que no titubeen para aplicar la ley y condenar a los ladrones públicos.

    http://www.vanguardia.com.py/2017/03/21/justicia-sometida/

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    Publicado por Anónimo | 25 marzo, 2017, 7:42 am
  4. Un ejercicio de imaginación

    ¿Qué hubiera pasado si el diputado José María Ibáñez llegaba a ser condenado por pagar con dinero del Estado a los empleados de su quinta privada? ¿Si la Justicia impartía una sentencia en tiempo y obligaba al legislador colorado a dejar su curul y no poder ejercer más un cargo público por, digamos, cinco años?

    Ni siquiera imaginemos que vaya preso, sino simplemente una sentencia en tiempo y forma. El mismo diputado admitió los hechos. Sí, lo hizo sin ser muy directo, sin ser muy claro, pero al salir de la Fiscalía en una improvisada conferencia de prensa pidió perdón a la ciudadanía por “los errores cometidos”. Quizás eso sea lo más parecido a la confesión de un delito que vamos a escuchar de un congresista paraguayo.

    Ese día de octubre del 2014, los abogados de Ibáñez ofrecieron al Ministerio Público reconocer todos los cargos y conseguir una salida procesal para el diputado, que implicaría la reparación del daño con un poco más de 200 millones de guaraníes y así el diputado quedaría sin antecedentes. En un acto de temeridad, la Fiscalía rechazó la propuesta e insistió en llevar a este político colorado a un juicio oral y público. Como era de esperarse, la causa se paralizó con una serie de chicanas de la defensa y ahora duerme en algún escritorio del Poder Judicial.

    ¿Qué hubiera pasado, entonces? Quizás algunos cambios hubiesen sido fáciles de notar, como una inusitada presencia de funcionarios en el Congreso. Probablemente, una condena hubiese tumbado como fichas de dominó a todos los otros legisladores procesados por escándalos de corrupción, en causas congeladas en la Corte Suprema de Justicia. En definitiva, el país sería un poquito mejor. No mucho, pero significativamente más digno.

    De algo estoy seguro: si el diputado Ibáñez hubiera sido condenado a tiempo, su colega Tomás Rivas, también de la ANR, no se hubiera nunca animado a replicar el ahorrativo método para pagar a dos caseros de sus propiedades y a un empleado de su negocio, como lo reveló una investigación de ÚH. No, no creo que ningún congresista se hubiese animado a cometer los mismos errores que José María Ibáñez.

    Para desgracia de todos nosotros, ese no es el país donde vivimos. El diputado Ibáñez sigue ostentando poder en la Cámara Baja y en el Partido Colorado, su causa continúa paralizada, Tomás Rivas ni siquiera es investigado aún por la Fiscalía Anticorrupción y lo más probable es que nunca sepamos cuántos caseros de parlamentarios reciben sueldos del Estado. Así opera la impunidad, supongo.

    Por Fernando Boccia

    http://www.ultimahora.com/un-ejercicio-imaginacion-n1066456.html

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    Publicado por jotaefeb | 4 marzo, 2017, 3:00 pm
  5. Cambio en la Fiscalía General

    Una de las instituciones más representativas dentro del sistema de justicia de nuestro país lo constituye sin dudas el Ministerio Público, una entidad de enorme peso, ya que representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales de la República, para velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales. No es menor el rango y la autoridad que impone como representante de los intereses ciudadanos, y como tal es menester que accedan a ella, tanto a la cabeza de esta repartición como los colaboradores, los mejores hombres, los más preparados, que se distingan por su honradez y el impulso que puedan imprimir a su gestión.

    Por ello, en días en que la labor de la Fiscalía General del Estado está bajo escrutinio, debido al vencimiento de mandato del actual titular de esta institución, es bueno el sano ejercicio del debate sobre la importancia del cargo.

    En efecto, Francisco Javier Díaz Verón ha cumplido su mandato. En noviembre pasado feneció ese mandamiento que recibió para ejercer el máximo cargo dentro del Ministerio Público. De hecho, el Consejo de la Magistratura ya inició el procedimiento para seleccionar a un nuevo jefe; este proceso en el que se da entrada a las carpetas de los postulantes podría concluir –así como lo señalan los integrantes del citado cuerpo– en mayo próximo.

    Aunque el Ministerio Público crece en su presupuesto cada año, aún dista de ser una institución intachable y en esto ha tenido mucho que ver la gestión de Díaz Verón, cuya labor como fiscal general no satisfizo. Ni al estamento judicial y, sobre todo, a la ciudadanía.

    Desde su implementación, la Fiscalía ha recibido más y más recursos –humanos y técnicos– y más responsabilidades, extendiendo su jurisdicción al estar presente en todos los rincones del país, pero lo cierto es que la ciudadanía no observa aún un real acceso a la justicia.

    Hoy, el Ministerio Público se muestra con una imagen distante que debe transformarse en una mayor capacidad de proximidad tanto de los agentes o asistentes fiscales como de su autoridad máxima. En una palabra, estos funcionarios deben tener mayor sensibilidad para aquellas personas que buscan un amparo de la Justicia.

    Hay que llevar a la titularidad de la entidad a una persona que reúna no solo idoneidad y probidad. De hecho, estas son virtudes que son esenciales al cargo, pero debe también ser capaz de capacidad de gestión y de tener el ímpetu, el arranque, para transformar el discurso en hechos concretos, y las palabras en acciones.

    La institución debe saber acercarse a la sociedad, por las vías que fuere, no solo para desempeñar su misión que está sustentada en la propia Constitución Nacional, sino para otorgar una imagen proactiva y preocupada por resolver los distintos hechos punibles que se suscitan.

    Pero la defensa de la sociedad por parte de los fiscales y funcionarios requiere asimismo una mayor capacitación de éstos. Solo con entrenamiento permanente los representantes de este organismo tendrán mejores habilidades para asistir a los ciudadanos, en especial con un trato diferenciado y humanitario, que la respuesta que reciba de una institución de su naturaleza sea expeditiva, concreta, pero a la vez firme.

    Mejorar la asistencia no solo pasa por mejorar su estructura, sino aggiornarse a nivel interno. Por eso es importante tanto la capacitación así como el acercamiento hacia las personas que buscan respuesta ante sus dificultades judiciales.

    Estos son los aspectos clave que el próximo fiscal general del Estado debe tener en cuenta para llevar al Ministerio Público a un estadio de evolución, de real proximidad con los problemas ciudadanos y es por esta razón que la tarea que compete al Consejo de la Magistratura reviste gran importancia. Hay que llevar a la titularidad de la entidad a una persona que reúna no solo idoneidad y probidad. De hecho, estas son virtudes que son esenciales al cargo, pero debe también ser capaz de capacidad de gestión y de tener el ímpetu, el arranque, para transformar el discurso en hechos concretos, y las palabras en acciones.

    El Ministerio Público no solo está llamado a investigar, sino también a prevenir, con una mayor atención a la ciudadanía y es hacia esa ruta que debe dirigirse el próximo conductor de esta institución.

    http://www.lanacion.com.py/2017/02/15/cambio-la-fiscalia-general/

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    Publicado por jotaefeb | 19 febrero, 2017, 4:28 pm
  6. Complicado panorama judicial

    Hablar de la politización en la Justicia no es novedoso. De hecho, el sistema está creado para el efecto al incluir a políticos en órganos constitucionales.
    Lo grave es que la frecuencia hace que se torne una costumbre y, por ende, una regla.

    En la actualidad, los principales órganos están dominados por los partidos políticos.

    Para acceder a estos cupos se debe formar parte de ellos y, aún más, ser afín al movimiento interno dominante de la agrupación política. A partir de allí, vendrá la contrapartida: la de seguir las indicaciones del mandante de turno.

    Esto explica, por ejemplo, porqué es tan importante la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.

    El máximo tribunal podrá incidir en el futuro del país con las decisiones que vaya a tomar sobre la aventura de la reelección impulsada por cartistas y luguistas.

    De ahí pasamos al Ministerio Público, cuyo fiscal general del Estado tiene el mandato vencido desde finales de noviembre pasado.

    Un cargo importantísimo para el cual ni siquiera se llamó a concurso, jugada a la que se presta el Consejo de la Magistratura que mañana anuncia su primera sesión, pero que en el orden del día no está fijado este tema.

    Es evidente que se aguarda la directiva para llamar a concurso. Y eso se dará recién cuando se tenga el nombre del futuro fiscal general. De antemano se puede afirmar que el concurso será solo para la exportación.

    Mientras tanto, es mejor para la clase política dominante seguir el statu quo.

    Y hablando del Consejo de la Magistratura, hasta ahora el Senado no tiene un representante.

    Detrás de esto hay una disputa entre colorados cartistas y disidentes, además de opositores aliados con estos últimos.

    Por una parte, los cartistas argumentan que Bacchetta no puede estar porque va a ser su tercer periodo y la ley habla de dos.

    Por otra, los disidentes dicen que los dos períodos fueron como representante de los abogados, por lo que no cuentan (lo cual es una interpretación forzada).

    Pero lo curioso es que los cartistas no solo arremetieron contra Bacchetta, sino también contra el senador Arnaldo Giuzzio, sobre quien no hay objeción, y a esta jugada se presta la Justicia con el guiño cómplice del Consejo.

    Y para cerrar este combo se tiene un Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, presidido por un senador que en este momento está más preocupado por la enmienda constitucional que poner en carpeta el análisis de atrocidades jurídicas realizadas por determinados jueces y fiscales.

    Hay un complicado panorama que, por el momento, no tiene salida.

    Por Osvaldo Cáceres Encina

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/complicado-panorama-judicial-1564174.html

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    Publicado por jotaefeb | 19 febrero, 2017, 4:28 pm
  7. Un año más de impunidad

    Entre el eterno debate de la reelección, la abierta disputa de poder entre el Congreso y el Poder Ejecutivo y las miserias diarias, en el 2016 pasó desapercibido uno de los mayores dramas de nuestra democracia: la impunidad. Mientras que las tasas de encarcelación se mantuvieron altísimas –incluso para el continente–, pasaron 366 días más sin que la Justicia llegue a los legisladores procesados por delitos de corrupción en la función pública.
    El senador Víctor Bogado fue imputado en octubre del 2013 por supuestamente haber utilizado sus influencias para conseguir un contrato en Itaipú a una mujer que ya tenía un sueldo estatal en la Cámara de Diputados. La mujer, denunciaron los medios, era la niñera de su familia, pero esto nunca la Fiscalía comprobó.

    Lo que sí concluyó el Ministerio Público es que la mujer cobró dos sueldos del Estado de forma ilegal mediante los dos pedidos hechos presuntamente por Bogado. Hasta ahora, tras una serie de incidentes y chicanas por la defensa, la Justicia aún no pudo determinar si el legislador enfrentará o no un juicio oral, como lo pidió la Fiscalía Anticorrupción.

    El caso del diputado José María Ibáñez es, quizás, más descarado: La Fiscalía lo acusó de pagar con sueldo del Estado a tres empleados de su quinta privada en Areguá, a quienes hizo figurar como funcionarios del Congreso. Incluso, según la investigación fiscal, se quedaba con parte de sus salarios y les entregaba solo G. 800.000 al mes.

    En el 2014, Ibáñez pidió perdón ante los medios de comunicación y ofreció al Ministerio Público una salida procesal, en la cual él admitiría los delitos para evitar un juicio oral. La Fiscalía rechazó su propuesta y ahora su caso duerme en la Corte Suprema de Justicia.

    La lista de casos congelados sigue con el senador Enzo Cardozo, quien enfrenta procesos por corrupción desde el 2013 y hasta ahora no se sometió a una audiencia preliminar, en ninguno de sus dos casos.

    Días antes de navidad, la defensa del diputado Milciades Duré planteó una acción de inconstitucionalidad para evitar un juicio oral y público por su participación en la compra presuntamente sobrefacturada de las tierras de San Agustín por parte del Estado en el 2013.

    Ahí también está el diputado Óscar Núñez, procesado por un festín de irregularidades –de acuerdo con la investigación fiscal– durante su gestión como gobernador de Presidente Hayes. También logró evitar sentarse en el banquillo de los acusados este año.

    Cuando hablamos de la impunidad de parlamentarios ante el Poder Judicial, no hay que olvidar que hoy por hoy persiste un juicio político cajoneado en el Parlamento a tres ministros de la Corte: Sindulfo Blanco, Miguel Óscar Bajac y César Garay.

    Podemos seguir debatiendo sobre la reforma judicial, de construir nuevas cárceles o de planes de rehabilitación social para los presos, pero hasta tanto la Corte Suprema de Justicia pueda abandonar realmente las cadenas que la mantienen sometida al poder político y tome todos los casos por igual sea quien sea el procesado, todo será en vano.

    Por Fernando Boccia

    http://www.ultimahora.com/un-ano-mas-impunidad-n1052217.html

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    Publicado por jotaefeb | 9 enero, 2017, 8:25 am
  8. Al pie del árbol de Navidad

    El fin de un año, y el inicio de otro, no es más que un episodio cíclico, que representa el momento en que la tierra completa una vuelta en su órbita alrededor del sol, sin embargo, desde tiempos inmemoriales, se ha convertido en motivo de trascendente celebración en la vida de los hombres.

    Más allá de que, otras culturas y religiones no participan de la celebración, ni se rigen por el calendario Gregoriano, y tengan otras fechas de celebración, todos coinciden en elaborar un recuento y balance del año que termina, e imponerse metas, expresar deseos y elaborar proyectos para el año que se inicia.

    Si dedicados a esa tarea, sometemos a examen los logros y fracasos de nuestro sistema judicial, debemos de coincidir, que los eventos registrados durante el año que concluye, no pueden arrojar un resultado positivo.

    El número – cada vez más creciente – de presos sin condenas, constituye uno de los déficits más importantes de una Administración de Justicia que no ha sabido cumplir con el rol que la Constitución Nacional le asigna.

    En medio de ello, la mora y la corrupción, continúan gozando de buena salud, al punto que en los últimos meses se ha desatado – quizás – uno escándalos más representativos del nivel de putrefacción al que podría llegarse, cuando tomó estado público la injustificada e injustificable obstrucción provocada por un magistrado procurando que un recluso condenado por narcotráfico sea trasladado desde su lujosa celda, a otro sitio de mayor seguridad.

    El escándalo producido, además del cambio de la entonces ministra de Justicia, no arrojó otro resultado. Hasta hoy, ningún procesado y menos, condenado.

    Poco después, comenzaron a aparecer exhortos librados por la Justicia Brasilera, por los cuales solicitaba colaboración judicial para la persecución de delitos similares, que habían sido cajoneados, congelados o como quiera llamarse, y cuando todos esperábamos que aquellos mismos fiscales que se han mostrado rigurosos e inflexibles con ladrones de gallinas o lechugas, que protagonizaron pomposas conferencias de prensa para alardear de sus logros en la lucha contra la delincuencia, desviaron la mirada, y –una vez más– se dedicaron a perseguir subalternos.

    El año que termina, nos deja el sabor amargo de una terrible realidad que nos ilustra con toda crudeza como vamos perdiendo en la batalla por la ética, la moral, la decencia, el derecho y la justicia.

    El crimen organizado y las grandes organizaciones mafiosas transnacionales han avanzado, desplazándose desde las fronteras, donde tradicionalmente operaban, sentando plaza en la Capital de la República, ocupando espacios, nada menos que en la sede central del Poder Judicial.

    Cuando creíamos que la infiltración de la mafia en las actividades político-partidarias era el límite de la expansión de estos grupos criminales, dando origen a lo que fue bautizado como narco-política, pudimos constatar –en el año que concluye – la aparición de una nueva especie: los narco-jueces.

    Es cierto que con anterioridad se han dado casos de jueces y fiscales salpicados por hechos de corrupción vinculados con esta actividad delictiva. Pero, es cierto también que la acción de la Justicia no resultó eficiente y aleccionadora con estos y otros escándalos de corrupción.

    En el recuento general de los últimos quince o veinte años, encontramos tres, o a lo sumo cuatro fiscales procesados y condenados a penas menores, por hechos de corrupción, a pesar de que ésta sea una práctica extendida y profundamente arraigada. Jueces condenados, no recuerdo.

    Es que la vara utilizada por la Justicia para medir la gravedad de las inconductas de sus miembros, es distinta a la que se aplica al resto de los ciudadanos. Una verdadera corporación judicial genera los medios necesarios para repartir impunidad, indulgencia y complicidad.

    Mientras tanto, el Fiscal General del Estado y los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, dedican tiempo y esfuerzo a organizar y participar de cuanto acto público tengan al alcance de la mano, desarrollando actividades que podrían hacer avergonzar a más de un político.

    La página web oficial de ambas instituciones, y sus cuentas en redes sociales se parecen más a las páginas sociales de medios de prensa escrito, que a instrumentos modernos destinados a hacer saber a la ciudadanía el resultado de la labor que específicamente corresponde a cada una de ellas, al contrario de lo que ocurre con los sitios de internet y canales televisivos del Poder Judicial en otros países de la región y el resto del mundo.

    Al cerrar el balance del año que concluye, el sistema judicial arroja un balance negativo y extremadamente peligroso para la ciudadanía, la democracia y la forma republicana de gobierno que hemos adoptado como sistema de vida y método de convivencia social.

    Resulta necesario reflexionar sobre la situación que atravesamos, para que nuestras autoridades tomen conciencia de la necesidad de encarar una reforma profunda de la estructura del sistema judicial paraguayo.

    Es hora que se percaten que corren el riesgo de perder hasta los pequeños privilegios que ostentan, si sigue el acelerado deterioro de nuestra Administración de Justicia, y que, la corrección de estos graves problemas no se obtendrán como un regalo puesto al pie del arbolito de navidad, sino que requerirán de mucho esfuerzo, honestidad y patriotismo.

    Por: Abog. Jorge Rubén Vasconcellos

    http://www.adndigital.com.py/al-pie-del-arbol-de-navidad/

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    Publicado por jotaefeb | 9 enero, 2017, 8:25 am
  9. Producción sostenible, propuesta viable para el 2017

    Jason Clay, antropólogo estadounidense egresado de la Universidad de Harvard y vicepresidente del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), estuvo en nuestro país en setiembre pasado, en el marco de una campaña mundial sobre “Producción sostenible de alimentos”. Durante su breve estadía, habló de la idea de crear con los productores del Paraguay mejores prácticas para la producción sostenible que conlleve protección y conservación de la biodiversidad. En este contexto mencionó la frase más representativa de la campaña: “Vivir como si fuera a morir mañana, y producir como si fuera a vivir para siempre”.

    La práctica de la producción sostenible está directamente vinculada al concepto de “desarrollo sostenible” –o “sustentable”, o “duradero”, como muchos lo han llamado también– que ha sido popularizado ya en la década de los 80, en el conocido documento “Informe Brundtland” en honor a la ex primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland, quien encabezó la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, cuya tesis fundamental se basa en la conciliación entre crecimiento económico, recursos naturales y demanda de la sociedad, sin comprometer la posibilidad de vida de las generaciones venideras. A pesar de casi tres décadas de la aparición, comprensión e implementación de dicho concepto, Paraguay poco o nada ha incursionado en la ejecución de prácticas que lleven a congeniar el desarrollo y la vulnerabilidad del medio ambiente.

    En América Latina existen prácticas representativas de países que llevan años en el campo de la sostenibilidad de la producción, entre las que podemos citar dos ejemplos en el campo de las energías renovables. A nivel regional, Uruguay ha sido el que más rápidamente ha tomado acciones para diversificar su matriz energética; de esta manera, en 2011 ya tenía instalados 40 megavatios (cuarenta millones de vatios) de capacidad eólica. Las estimaciones dan cuenta de que incluso podría llegar a más de 1,3 gigavatios –unos mil trecientos millones de vatios– de instalaciones eólicas a finales de este año. Perú, por su parte, ante la penuria de acceder de manera eficiente al uso de la electricidad, implementó un innovador proyecto en relación con los sistemas de energía solar para la calidad de vida de la población rural, con un modelo de pago por servicio. Los resultados incluyen el mejor uso del tiempo de las mujeres en sus casas, como asimismo el aprovechamiento más óptimo de los menores en edad escolar para la dedicación al estudio, que en otro tiempo pasaban horas en la búsqueda de leña para uso doméstico.

    Dentro del concierto de países que han apostado por la producción sostenible, y con buenos resultados conforme hemos visto, el Paraguay sigue debatiéndose entre la conciliación de sus necesidades de crecimiento económico, la industrialización y el aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales. A pesar de todo ello, nuestro país es aún poseedor de una extraordinaria riqueza ambiental y de una amplia biodiversidad de importancia global, entre los que se cuentan sus recursos de bosques, agua y un excelente suelo fértil, que actualmente lo coloca como el cuarto exportador y el sexto productor mundial de soja.

    En relación con el recurso agua, si se toma como referencia el Acuífero Guaraní –uno de los reservorios de agua dulce más significativos del mundo–, Paraguay no deja de estar buenamente posicionado. A este respecto, según el informe “Usos y gobernabilidad del agua en el Paraguay”, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), publicado en 2006, dicho acuífero, con relevancia geopolítica, ocupa una superficie aproximada de 1.182.000 km², de los cuales 71.700 km² corresponden al Paraguay, con la particularidad de que en el territorio paraguayo se encuentra la mayor zona de recarga.

    La cuantificación del potencial productivo sostenible del Paraguay es enorme. Lamentablemente, la puesta en marcha de políticas, programas y acciones de desarrollo y bienestar terminan por estrellarse contra el muro infranqueable de políticos y autoridades mediocres que se esfuerzan no para empujar el desarrollo, sino para trabar su marcha. De ahí que, por encima de las oportunidades, el Paraguay seguirá soportando no solo la progresiva degradación de sus recursos naturales, sino su consecuencia final, la de la pobreza. En este orden de cosas, las prácticas de producción agroeconómica, a cargo de pequeños, medianos y grandes productores, seguirán sendas tradicionales, contradictoriamente a espaldas de una producción sostenible.

    Por todo ello, es de esperar que el “Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030”, presentado en 2014 por el Gobierno, que contempla las estrategias para construir el Paraguay deseable para todos los paraguayos, sea sacado de las gavetas a fin de que alguna autoridad de temple patriota se anime a implementarlo para que vaya echando sus primeros brotes en el nuevo año que se avecina.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/produccion-sostenible-propuesta-viable-para-el-2017-1551155.html

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    Publicado por Anónimo | 31 diciembre, 2016, 9:52 am
  10. Inseguridad jurídica

    El presidente de la Asociación de Productores de Soja, Karsten Friedrichsen, se lamentó con toda razón de la inseguridad jurídica e incluso de la física que afecta a los productores agrícolas de todo el país. En concreto, señaló que los títulos de propiedad superpuestos provocan invasiones de tierras, sin que haya una respuesta clara por parte del Gobierno. Se trata, en efecto, de un grave problema de larga data, que pone en serio riesgo la inversión en el campo y que en los últimos años se ha agravado.
    El presidente de la Asociación de Productores de Soja, Oleaginosas y Cereales del Paraguay (APS), Karsten Friedrichsen, se lamentó con toda razón de la inseguridad jurídica e incluso de la física que afecta a los productores agrícolas de todo el país. En concreto, señaló que los títulos de propiedad superpuestos provocan invasiones de tierras, sin que haya una respuesta clara por parte del Gobierno. Se trata, en efecto, de un grave problema de larga data, que pone en serio riesgo la inversión en el campo y que en los últimos años se ha agravado.

    El Servicio Nacional de Catastro informó en diciembre de 2012 que la superficie titulada era de 59,9 millones de hectáreas, mientras que la de todo el país es de solo 40,6 millones; la superposición documental afectaba entonces a 19,2 millones de hectáreas, 7,1 millones más que en 2009, y no sería nada raro que hoy sea aún mayor. Este extraño fenómeno, que le resta confiabilidad a los datos registrales, es el resultado de la actuación impune de estafadores, vinculados con escribanos, y de la grave negligencia o complicidad de funcionarios públicos de los gobiernos anteriores y hasta la fecha.

    El agricultor vive en la incertidumbre, ya que en todo momento puede aparecer un supuesto propietario que reclame la finca que él viene explotando desde hace décadas y del que se cree su legítimo dueño. De nada sirve que la Constitución declare que la propiedad privada es inviolable si resulta dudoso a quién pertenece un inmueble, o si sus linderos no están bien definidos. El Estado no tiene la responsabilidad de garantizarles a los productores que venderán sus cosechas a buen precio, pero sí de darles la certeza de que su título de propiedad está en orden y de que sus agentes protegerán el derecho que el mismo otorga. Se necesita un Poder Judicial independiente que dirima con prontitud los litigios suscitados, algo que hoy está muy lejos de la realidad, como lo muestra el largo calvario de la familia de Vilmar Eisen.

    El presidente de los sojeros asociados cree que la inseguridad jurídica no tendrá solución ni a mediano plazo y que el diálogo es la única salida. En verdad, es hasta probable que la situación empeore, dado que el valor de la tierra en el Paraguay, si bien ha aumentado notablemente en los últimos años, sigue siendo muy inferior al que tiene en los países vecinos, de modo que los traficantes de títulos superpuestos podrían contar con un número cada vez mayor de víctimas si es que no se empieza a enviarlos a la cárcel.

    Para enfrentar esta cuestión explosiva, hace falta la tan mentada “voluntad política”, que en este caso se resume en hacer cumplir la ley, depurar la administración pública de los sinvergüenzas confabulados con delincuentes, y reforzar los recursos, tanto humanos como materiales, del Servicio Nacional de Catastro. En 2005, el BID apoyó el Programa de Catastro Registral, uno de cuyos objetivos fue “contribuir a elevar la seguridad jurídica de los títulos de propiedad inmobiliaria”. No sirvió para nada, salvo para abultar las billeteras de los avivados de siempre. Claro que es preciso dialogar, pero también –y sobre todo– combatir desde ya el delito y la ineficiencia, para dar seguridad a los agricultores e impedir conflictos.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/inseguridad-juridica-1550815.html

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    Publicado por Anónimo | 31 diciembre, 2016, 9:52 am
  11. Una estafa de novela

    Roque González Vera nos informa, desde hace varias semanas en ABC Color, acerca de un hecho propio de las mejores novelas que tratan de la mafia. Hay suspenso, mugre, extorsión, codicia, tráfico de influencia y un final expectante.
    Aparece un documento firmado por un matrimonio según el cual deben a un grupo de empresarios 23 millones de dólares. Los firmantes aseguran que nunca se hicieron de tal compromiso sino de 10 millones de dólares en cinco cuotas. Ya pagaron tres.

    Se enteraron de la deuda 23 millones cuando recibieron el reclamo del pago respectivo. Se pusieron a averiguar y aparecen unos documentos confeccionados por dos escribanas que habitualmente prestan servicio al citado grupo empresarial.

    Llama la atención que se pueda cometer semejante acto –la falsificación de firmas– por una suma tan elevada y esperar que se abone por ella. ¿En qué cabeza cabe tanta mansedumbre? ¿Habría algún tonto a quien se le presenta un pagaré por 23 millones de dólares que no los ha recibido pero tiene que hacerse cargo de la cuenta?

    Me cuesta creer que las escribanas hayan podido cometer semejante estupidez, porque no es otra cosa. ¿Esperó que el matrimonio se fuera a su oficina y pague 23 millones de dólares porque sí nomás? ¿Mienten los deudores?

    He aquí a los personajes de esta historia: El grupo Favero, las escribanas Nélida Chávez de González y María Teresa Rodríguez Almada; Marino Raiter y Marile Penkal, brasileños, 40 años de residencia en nuestro país y con hijos paraguayos. También la jueza de Ciudad del Este Victoriana Cáceres Duarte. Hay otro personaje, tal vez el principal de todos: el senador colorado (cartista) y presidente del Jurado de Enjuiciamiento, Óscar González Daher.

    Cuando Marino Raiter y Marile Penkal recibieron la notificación de que debían abonar al grupo Favero la suma de 23 millones de dólares, hicieron lo que tenían que hacer en caso de que el reclamo no tuviese razón de ser: negar la existencia de la deuda y negar que firmaran documento alguno que la avalara. Como el abogado del grupo les hizo “recordar” que la firma tuvo lugar en la escribanía de Nélida de González y de María Teresa Rodríguez, el matrimonio negó con vehemencia que tal cosa ocurriera. Solicitaron, entonces, acceder a los pagarés y que los mismos fuesen estudiados por peritos calígrafos y se expidan sobre ellos.

    Este paso elemental que se da en estos pleitos no es posible hacerlo porque el abogado del grupo Favero hace lo imposible por evitar que así sea. Sin embargo, el grupo consiguió que se lleve adelante la ejecución de los pagarés supuestamente impagos.

    Cualquier persona que hubiera sido reclamada para abonar su deuda, por la suma que fuere, sabe que el trámite comienza por ser llamada por el juez ante quien reconocerá, o no, la firma estampada en el pagaré. Esto que es común, no lo es para el matrimonio Raiter que soporta una orden de embargo sobre sus plantaciones de soja en la colonia Tirol, de Carlos Antonio López, Itapúa.

    Aquí aparece la segunda y decisiva parte de la historia. Los Raiter solicitaron y obtuvieron el amparo contra la orden de embargo. La jueza Victoriana Cáceres Duarte hizo lo que tenía que hacer ante la ausencia del trámite elemental del reconocimiento de firma: dispuso el amparo en favor del matrimonio.

    Este amparo duró poco. La jueza recibió la visita de un funcionario del Consejo de la Magistratura, cuyo presidente es González Daher, esposa de la escribana Nélida Chávez. Al cabo de dos horas de esta visita, la jueza Victoriana Cáceres Duarte revió su decisión original y negó el amparo a los Raiter. Con este sencillo procedimiento, el grupo Favero queda con las manos libres –siempre las tuvo– para ejecutar la deuda respaldada por firmas que serían falsas.

    Uno se pregunta: ¿Es tan fácil saquear en este país? ¿Basta la influencia política para que estos y otros hechos ocurran? ¿Es suficiente ser amigo del presidente de la República para alzarse contra la Constitución, las leyes, la decencia?

    Los Raiter, ante la posibilidad de quedarse en la calle, piden socorro a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También solicitan los servicios de un instituto forense, de Londres, para las pericias de las firmas. Tienen razón en desconfiar de nuestra justicia.

    Me inclino a pensar que los Raiter tienen razón por estos motivos: 1) Creo que no se animarían a exponerse ante un organismo internacional, y menos aún pedir la verificación de sus firmas; y 2) Este punto es el que me decide a estar enteramente con los Raiter: la presencia en el pleito de Óscar González Daher. ¿Le conocen?

    Por Alcibiades González Delvalle

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/una-estafa-de-novela-1541639.html

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    Publicado por Anónimo | 30 noviembre, 2016, 11:13 am
  12. Enviar a la cárcel a los ladrones de guante blanco

    A través de los años, las declaraciones juradas del senador colorado Víctor Bogado, a las que nuestro diario se vino refiriendo en los últimos días, demuestran cuán inocuas son las normativas referentes a tales rendiciones para detectar el enriquecimiento ilícito de las personas en el ejercicio de la función pública, debido a la negligencia, cobardía o complicidad de contralores, fiscales y jueces.

    La Ley Nº 2513/04 dice que comete ese hecho punible el funcionario que “haya obtenido la propiedad, la posesión o el usufructo de bienes, derechos o servicios, cuyo valor de adquisición, posesión o usufructo sobrepase sus legítimas posibilidades económicas, y los de su cónyuge o conviviente”. Sirve para constatarlo el cotejo entre las declaraciones juradas de bienes y rentas que debe presentar todo funcionario, incluso el de elección popular, al ocupar un cargo y al abandonarlo, dentro de los quince días en cada caso. Esta norma constitucional ha sido reglamentada por la Ley Nº 5033/13, que le otorga a la Contraloría General de la República amplias facultades para investigar, dentro y fuera del país, la veracidad de lo expuesto, pese a lo cual ese pomposo organismo constitucional ha tenido escaso éxito, mientras pululan los funcionarios que se han convertido en verdaderos magnates, haciendo “milagros” con sus modestos salarios en la Administración Pública.

    Es de recordar que el Código Penal castiga con hasta cinco años de prisión a quien presente una declaración jurada falsa ante una oficina facultada para recibirla, como lo es la Contraloría. Hasta ahora, solo en dos juicios por enriquecimiento ilícito se dictaron condenas, sin que hayan surtido ningún efecto porque las causas se extinguieron al vencer el plazo máximo de duración de los procesos, debido a las constantes chicanas de los defensores. Uno de los fallos recayó en 2006 sobre el expresidente de la República Luis González Macchi, quien durante su desgobierno remesó más de un millón de dólares a una cuenta secreta abierta en Suiza, no mencionada en su última declaración jurada, estando entonces vigente el Decreto-Ley Nº 448/40, “por el que se previene y reprime el enriquecimiento ilegítimo”. El otro fallo recayó en 2005 sobre el funcionario aduanero Leandro Leguizamón, cuyo patrimonio tuvo un aumento injustificado de 2.500 millones de guaraníes, según constató el Ministerio Público por sus propios medios, cuando el mismo aún ocupaba su cargo, tal como lo viene haciendo hasta hoy. Esto implica que no es imprescindible un previo dictamen de la Contraloría ni el abandono de la función pública para que sea posible procesar a los corruptos. Por lo tanto, la Fiscalía de Delitos Económicos hará bien en investigar de oficio, por ejemplo, el origen del enorme incremento de los bienes del mencionado senador Víctor Bogado.

    Por de pronto, le servirá de mucha ayuda que la Contraloría le remita el lapidario informe que elaboró sobre las seis declaraciones juradas de bienes y rentas presentadas por el legislador entre 1994 y 2010 y que ese organismo guardó bajo siete llaves, pese a que la Ley Nº 276/94 le obligaba a denunciar a la Justicia Ordinaria y al Poder Ejecutivo todo delito del que tenga noticias por sus funciones específicas. Los indicios en tal sentido eran muy serios, pues se constató que no existen correspondencias entre las declaraciones juradas, es decir, que el aumento patrimonial consignado por el hoy legislador colorado fue incongruente con los salarios percibidos en la función pública. Para ilustrar que mucho de cuanto el mismo toca se convierte en oro, basta referir que, según su primera declaración jurada, cuando entró en la función pública en 1978, como un empleado de la Antelco que ganaba algo más de un millón de guaraníes mensuales, tenía una cuenta bancaria de 2.450.000 y una deuda de 12 millones, mientras que en 1999, al dejar la presidencia de la Antelco, reportó que tenía 25.136 dólares, cuatro inmuebles y cinco vehículos, cuyos respectivos valores no consignó, omisión en la que también incurrió en las declaraciones juradas posteriores con respecto a esos dos tipos de bienes. En suma, de acuerdo a la última declaración jurada examinada en el informe de la Contraloría, presentada en 2010 al asumir la presidencia de la Cámara Baja, el patrimonio del afortunado senador ascendía a 455.812.099 guaraníes, 58.404 dólares, siete inmuebles y dos vehículos, y una deuda de 130.000 dólares.

    La Contraloría ya advirtió una falta de correspondencia solo con base en las manifestaciones de Víctor Bogado, es decir, sin poder considerar el valor de los inmuebles y vehículos mencionados ni el de los inmuebles que aparentemente ocultó, entre los que figuran tres departamentos en un lujoso edificio capitalino y una casaquinta en Atyrá. Por supuesto, tampoco refirió aquellos que presuntamente están a nombre de testaferros, como una vivienda en Lambaré y otra en Asunción, cuyos supuestos dueños serían su exesposa Guadalupe Aveiro y su madre Teódula González.

    Acaba de revelarse que posiblemente utilizó los servicios del mecánico Miguel Ángel Carballo para confiarle hacer préstamos de dinero y poner a su nombre una empresa con un capital de 5.000 millones de guaraníes, un centro de compras –subvalorado– en 1.900 millones y un departamento que cuesta 450 millones, ubicados todos en Asunción. O sea, el patrimonio continuó creciendo notablemente luego de 2010, sin que, desde luego, nada se hiciera constar. Siempre que disponga del coraje y sentido de responsabilidad en el cumplimiento de su deber, el Ministerio Público ya tiene bastantes elementos de juicio para hurgar en la fortuna del senador, sin necesidad de esperar un informe de la Contraloría.

    Como aparte de ocultar inmuebles y de tener prestanombres puede tener también en el extranjero bienes no declarados, la Contraloría debe ejercer la facultad que le otorga la Ley Nº 5033/13 y, en consecuencia, sustanciar investigaciones, tanto dentro como fuera del país –sobre todo en Panamá–, para determinar la veracidad del contenido de las declaraciones juradas y de las informaciones o de la documentación presentada, así como requerir al declarante toda información adicional sobre sus manifestaciones dentro del plazo de treinta días.

    Teniendo en cuenta el pobre resultado de su gestión en un paraíso de la corrupción como es nuestro país, tanto la Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo de Federico Espinoza, como la Contraloría, a cargo de Enrique García, están en deuda con la población esquilmada por los delincuentes de guante blanco.

    La lucha contra el enriquecimiento ilícito debe ser una causa nacional para todos los ciudadanos y las ciudadanas, y, en consecuencia, deben reclamar públicamente a los contralores, fiscales y jueces que cumplan con su deber. No faltan leyes, sino honestidad y coraje en quienes deben aplicarlas.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/enviar-a-la-carcel-a-los-ladrones-de-guante-blanco-1539621.html

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    Publicado por Anónimo | 21 noviembre, 2016, 5:16 am
  13. La escandalosa corrupción en la Justicia debe ser erradicada

    Una oportuna denuncia permitió sorprender en forma flagrante a un juez de Caaguazú cobrando 30.000 dólares de coima para favorecer la regulación de honorarios a un abogado. Es uno de los muchos casos detectados, que han podido ser castigados, pero son muchos más los casos no denunciados que se han vuelto habituales y han convertido a la Justicia paraguaya en un inmenso mercado de compraventa, donde casi todo se mueve a base de dinero, en donde los humildes y sin recursos son los más perjudicados. Es urgente erradicar la escandalosa corrupción que persiste en el Poder Judicial.

    Un abogado que no quiso seguir el juego de la corrupción y acudió a las autoridades, permitió que el fiscal Martín Cabrera arme un operativo y sorprenda a Ubaldo Aquino González, juez del fuero Civil, Comercial y Laboral de Caaguazú, con unos 30.000 dólares, luego de haberlos recibido como pago de una supuesta coima a cambio de favorecer al profesional del derecho Marcial Ayala con un dictamen de regulación de honorarios.

    Este nuevo caso de corrupción judicial se suma a varios similares que han sido denunciados en los últimos meses. En setiembre último, otra investigación periodística realizada por un equipo de Última Hora y Latele filmó con cámara oculta a Óscar Ramón Talavera, juez de sentencia de Misiones, en momentos en que negociaba una coima de 25.000 dólares para otorgar una pena reducida a un procesado por tráfico de marihuana. El magistrado fue finalmente imputado por el delito de cohecho pasivo agravado, junto a su presunta cómplice, la abogada María Magdalena Ramírez Jacquet, quien se encargó de retirar el dinero de la coima.

    También el juez de San Lorenzo Juan Carlos Pane Cheli había sido condenado a un año de prisión, con suspensión de ejecución de la pena, luego de que en marzo de 2013 haya pedido 2 millones de guaraníes para realizar una constitución judicial en una casa donde un procesado debía resguardar prisión domiciliaria. En febrero de 2012, el juez Miguel Ángel Cárdenas, de Coronel Oviedo, fue igualmente imputado tras pedir, a través de un asistente fiscal, una coima de 10 millones de guaraníes para liberar a un procesado.

    Todos estos casos y muchos otros más se han podido conocer debido a que las víctimas decidieron denunciar que estaban siendo tentadas a pagar coimas, pero no aceptaron prestarse al juego, incluso a riesgo de no ser favorecidas en las causas judiciales que estaban llevando adelante.

    Sin embargo, son muchos más los que no denuncian y prefieren pagar las coimas, porque creen que es la única manera de que sus casos sean resueltos en la Justicia, y temen que, si llegan a hacer público el caso, puedan sufrir algún tipo de represalias.

    Son estas y muchas otras las situaciones que se han vuelto habituales y que han convertido a la Justicia paraguaya en un inmenso mercado de compraventa, donde casi todo se mueve a base de dinero, en donde las personas más humildes y sin recursos son las más perjudicadas.

    Es urgente y necesario erradicar la escandalosa corrupción que persiste en el Poder Judicial, pero es una tarea que debe involucrar a todos los sectores, especialmente al ciudadano común, que ya no debe aceptar prestarse al juego de la ilegalidad. Hay que denunciar cada intento de coima o soborno y exigir que los implicados sean debidamente castigados. Solo así se podrá ir transformando positivamente a uno de los más corruptos poderes del Estado en el Paraguay.

    http://www.ultimahora.com/la-escandalosa-corrupcion-la-justicia-debe-ser-erradicada-n1040800.html

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    Publicado por Anónimo | 20 noviembre, 2016, 7:50 am
  14. Chupasangres

    Por Mabel Rehnfeldt

    Es un lugar soñado la quinta del mecánico Miguel Ángel Carballo. A diferencia de su casita en Loma Pytã, la propiedad está en una preciosa zona de su Emboscada natal conocida como Laguna Hû.

    Recibe a las visitas un pórtico grande y con techo, recubierto con piedra Wasmosy. Tiene un portón importante de madera y un coqueto farol negro colgando del techo. Al fondo se ven el quincho, la pileta para adultos y niños, la casa, una cancha de vóley y hasta un tablero para básquet.

    Fue el portero eléctrico –en el medio de la nada– lo que me recordó a Víctor Bogado y sus excentricidades. Los trajes que viste, sus inmuebles, sus vehículos… el único casamiento que le conocemos: La noche que se casó en el Sheraton con Guadalupe Aveiro. Con 500 invitados sentados en sillas con detalles de organza fue la noche triunfal del mago de los números y el dinero (aunque un reducido y bullicioso número de ciudadanos afuera le gritaba “Bogado, Bogado, devuelva lo robado).

    El senador era un humilde empleado de mantenimiento de la ex-Antelco, que empezó en 1978 con deudas de 12 millones de guaraníes y un ahorro de poco más de 2 millones de guaraníes. La última declaración jurada a la que tuvimos acceso da cuenta que entre esa primera vez en 1994 hasta el 2006 hubo algún milagro: Pasó del ahorro de G. 2 millones a casi G. 456 millones y a una cuenta bancaria de casi 58.000 dólares.

    Es lo que él reporta.

    La Contraloría dijo que no hay correspondencia en 5 de sus seis declaraciones juradas. Y eso que Bogado no hizo constar precio de 7 inmuebles –de los muchos más– que se le conocen. Tampoco declaró precio ni cantidad de rodados utilizados por él y su familia.

    En la única entrevista que concedió en la semana, Bogado prometió explicar todo en el Senado el jueves que pasó. Todos nos preparamos para oír sobre su amigo el mecánico Miguel Carballo. Sobre el shopping. El departamento. El préstamo de G. 2.200 millones a tasas usurarias. Su abogado Francisco Segura.

    Pero nada.

    Es altamente probable que Víctor Bogado se salve una vez más de la justicia. Se salvó de las denuncias de telefonía rural. Hasta ahora se salva de la denuncia de enriquecimiento ilícito. Está logrando zafar del caso de la niñera de oro que cobraba doble sueldo en Diputados y en Itaipú. Nadie lo ha molestado por la doméstica que puso a sueldo del TSJE… y quizá el caso del mecánico de oro no sea la excepción.

    Quien con toda seguridad no se va a salvar porque ya tiene un proceso encima es Miguel Carballo. Si no habla, podría ligar imputación por lesión patrimonial y estafa por cobro de doble salario. Y de yapa evasión impositiva por no declarar sus millonarios movimientos de compra, venta y préstamos.

    Muchos nos preguntábamos dónde estaba el secreto de Víctor Bogado con el Poder Judicial, además del dinero. Ahora lo sabemos: Tener un abogado defensor como asesor de la Corte.

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    Publicado por Anónimo | 20 noviembre, 2016, 6:50 am
  15. Coimatón

    Por Marta Escurra

    Días atrás, una vez más el concejal esteño Celso “Kelembu” Miranda, el abogado Jorge Brítez y la esposa del abogado Paraguayo Cubas, Yolanda Paredes, nos sorprendían con una insólita forma de protesta: “Coimatón”. Con ella buscaban recaudar US$ 50.000 a beneficio de la jueza Teresita Cazal, encargada de revisar el recurso de habeas data a favor de Cubas, recluido en la penitenciaría de Alto Paraná bajo cargos de dudosa legitimidad.

    La colecta, cuya meta obviamente no fue alcanzada, puede en un primer momento causarnos gracia. Sin embargo, es algo mucho más profundo que una payasada pergeñada por estas tres personas, es el síntoma de que las instituciones en esa parte del país no funcionan, o lo hacen parcialmente para beneficio de una mafia.

    A saber, Cazal había sido denunciada por supuestamente haber recibido un monto igual a la meta de “Coimatón” a cambio de liberar a clonadores de tarjetas de crédito, acusación que ella había negado alegando que los acusados fueron sometidos a un proceso abreviado de manera a acelerar la expulsión del país de los mismos.

    En cambio, Cubas soporta un proceso por delitos que no han sido demostrados como una supuesta coacción a fiscales escrachados, delito que no ocurrió porque los mismos se encontraban ausentes al momento de la manifestación. También se lo acusa de destrucción de bienes comunes, hecho que puede constatarse tampoco ocurrió ya que vía redes sociales toda la ciudadanía fue testigo que no ocurrió tal cosa. Finalmente, y lo más aberrante es que sobre Cubas pesa la vergonzosa aplicación de una ley de Fueros, que data del año 1955, que fue derogada.

    En un primer momento, lo de Cubas pareció un circo del cual todos nos reímos, pero ahora, ante el descaro de fiscales como Alejo Vera, Analía Rodríguez y Juliana Giménez, que llevan el caso invocando leyes inexistentes y utilizando los recursos del Estado solo para mantener cautivo a un ciudadano por mero capricho, el triste espectáculo circense se traslada a la Fiscalía.

    Guste o no, Cubas ostenta en su haber una larga lucha contra la dictadura y pese a este padecimiento judicial sigue firme en sus convicciones. Su pecado es el haber desnudado la corrupción imperante en la administración municipal de Sandra McLeod de Zacarías quien hasta hoy se sigue negando a cumplir la ley 5282 de Acceso a la Información Pública. Ella alega buenos manejos del dinero de la comuna a su cargo. Pero, recientemente recurrió a un préstamo para pagar salarios. ¿Cómo se explica entonces que con manejo eficiente no pueda pagar sueldos?

    Producto de este capricho en complicidad con otro órgano del Estado es que Paraguay está comenzando a proyectar una triste imagen de tener un preso político como Cubas en plena democracia.

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    Publicado por Anónimo | 20 noviembre, 2016, 6:48 am

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