La pretensión de moderar el gasto y respetar la Ley de Responsabilidad Fiscal, que tenía el proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación, está en vías de fracasar estrepitosamente. En Diputados, ya se le concedieron aumentos salariales del 12% a docentes y médicos, los funcionarios del Poder Judicial, de la Fiscalía y otros entes también están presionando fuertemente.
El presidente Cartes fue desobedecido por quienes encabezan las Secretarías Nacionales de Cultura y Antidrogas, y los Ministerios del Interior, de Defensa, de Educación y Cultura, de Salud y Bienestar Social, de Trabajo, de la Mujer y, aunque resulte increíble, hasta por el propio ministro de Hacienda, Santiago Peña, quien, justamente, también firmó el proyecto que ahora objeta de hecho, al igual que sus colegas. Parece un chiste, pero lo cierto es que, según la Comisión Bicameral de Presupuesto, el ministro Peña pide para su Ministerio 20.943 millones de guaraníes más, suma considerable que, por lo visto, olvidó incluir en el documento que le acercó al titular del Poder Ejecutivo.
En lo que respecta al proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación, el Poder Ejecutivo tiene así más de una voz y, en principio, ninguna de ellas suena más fuerte que las otras. Es evidente que no habla por boca del ministro de Hacienda, ninguneado pese a que el art. 18 de la Ley de Administración Financiera del Estado dice que “las relaciones del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo en materia presupuestaria se mantendrán exclusivamente a través del Ministerio de Hacienda…”.
Considerando esta disposición, fue innecesario que el Presidente de la República haya ordenado a sus ministros que no negociaran con la Comisión Bicameral marginando al ministro Peña. Si creyó que le harían más caso a él que a la ley, es evidente que se equivocó rotundamente, hasta el punto de quedar en ridículo. Está claro que su autoridad ha quedado muy afectada, como quedó la de sus predecesores durante el estudio anual del proyecto de ley, debido a la indisciplina de los subalternos. La diferencia radica en que esta vez el titular del Poder Ejecutivo impartió una directriz precisa, que fue olímpicamente desoída. El Primer Mandatario creyó conveniente fijar pautas, y ahora está conociendo los límites de su influencia. Si los legisladores, que por lo visto tienen varios interlocutores en el Poder Ejecutivo, se exceden en los gastos previstos, pueden culpar de ello en buena medida a los propios ministros, sin perjuicio de que ellos mismos quieran satisfacer a su numerosa clientela política, fantaseando ingresos ilusorios para inflar el Presupuesto.
Así las cosas, el documento en estudio ha perdido seriedad, más aún porque, como siempre, durante el próximo ejercicio fiscal habrá “reprogramaciones” y nuevos pedidos de aumento. Si además se consideran las próximas elecciones generales, hay motivos para temer que el déficit presupuestario del 1,5% del PIB sea superado en violación de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Es necesario que haya disciplina en esta materia, pero también que los ministros del Poder Ejecutivo respeten, para empezar, la Ley de Administración Financiera del Estado, más importante aún que una orden del Presidente de la República.
HA… CHE RETÃ PARAGUAY (I) 
Indignante despilfarro de recursos Públicos en el Congreso Nacional
Recientemente trascendió la información que el Estado paraguayo invierte anualmente 2.819 millones de guaraníes para pagar un seguro médico privado a 143 diputados, senadores y parlasurianos, quienes tienen salarios mensuales de hasta 37 millones de guaraníes. Sin dudas esto constituye otro caso de escandaloso privilegio que se brinda a los miembros de una casta política que no se compadece de la desesperante realidad que sufre la gran mayoría de la población más humilde.
No solo disponen del servicio de unos 20 profesionales entre médicos, odontólogos, enfermeros y nutricionistas en la Cámara de Diputados, a quienes se les paga unos 220 millones de guaraníes al mes solo en salarios, sino que además se les provee de un seguro médico privado a 143 diputados, senadores y miembros del Parlasur, a un costo de 2.189 millones de guaraníes al año.
A quienes reclaman mayor inversión en el sector de la salud pública se les puede decir que esta constituye una gran inversión del Estado, pero para la salud privada, ya que los millonarios contratos para proveer los servicios son con conocidas empresas médicas privadas.
No se cuestiona el derecho esencial de que los funcionarios administrativos del Congreso accedan a un seguro médico, aunque lo ideal sería que compartan el mismo régimen al que están sometidos los demás trabajadores del país, en un plano de equidad. Lo que se cuestiona es que el Estado les pague a los congresistas electos un seguro médico de alta jerarquía, cuando además están percibiendo salarios y beneficios que llegan a los 37 millones de guaraníes mensuales, con los que perfectamente se pueden pagar ellos su propio seguro.
Una situación aun más privilegiada gozan los ministros de la Corte Suprema de Justicia, ya que el Poder Judicial paga a una aseguradora privada unos 2.741.250 guaraníes al mes por cada ministro, totalizando 296 millones de guaraníes al año por los 9 ministros, mientras la presidenta de la Corte tiene una remuneración mensual de 51 millones de guaraníes.
Esta situación constituye otro caso de escandaloso privilegio que se brinda a los miembros de una casta política y que no se compadece de la afligente realidad de privaciones y necesidades que sufre la gran mayoría de la población más humilde.
Mientras se denuncian reiterados casos de escasez de medicamentos y de equipos para muchos pacientes graves en los hospitales y centros de salud de todo el país, o mientras continúe la crisis en el sector de la educación, regalar tanto dinero público a los cuestionados legisladores y a los miembros de la Corte Suprema implica otra ofensa para la ciudadanía.
En una época en que se imponen las exigencias de austeridad y del uso racional de los recursos del Estado, urge que las máximas autoridades analicen mejor esta situación y dispongan las medidas correctivas más adecuadas, para evitar seguir despilfarrando el dinero público de manera tan escandalosa. Ya existen muchas razones de indignación ciudadana ante los abusos de la claque política. Es el momento de ir reduciendo privilegios y ponerse más cerca de lo que realmente siente el pueblo.
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Ya planean despilfarro para el 2017
Siguiendo el dictamen de la Comisión Bicameral competente, la Cámara de Diputados aprobó, como era de temer, que el Presupuesto General del próximo año incluya el pago de una “gratificación” a los funcionarios públicos, entre quienes la abundante clientela política de los legisladores está bien representada. Se trata en la realidad de un verdadero aguinaldo “extra”, cuyo monto equivale al legal, que, pese a su denominación y a lo que diga el decreto reglamentario, nada tiene que ver con el buen desempeño de los beneficiarios. Podría ser considerado también un sobresueldo, excluido de la nueva matriz que dice apuntar al sinceramiento de las erogaciones en materia salarial. Se la ha venido abonando sin orden ni concierto, según la disponibilidad presupuestaria de los diversos órganos, algunos de los cuales, como el Ministerio de Hacienda, beneficiaban incluso al personal contratado.
La farsa llegó al colmo cuando en septiembre los diputados aprobaron una ampliación presupuestaria para que el personal del Poder Legislativo gozara de un segundo aguinaldo extra. La indignación ciudadana fue tal que hizo que los manirrotos se arrepintieran y que el Senado rechazara la medida, en tanto que el Poder Ejecutivo creyó oportuno privar a sus agentes de toda “gratificación” aún no percibida hasta entonces.
El proyecto de ley del Presupuesto en estudio, presentado semanas antes del escándalo suscitado, volvió a contemplar el pago de dos aguinaldos adicionales. Sin embargo, como el ministro de Hacienda, Santiago Peña, no solicitó en su momento a la Comisión Bicameral que, en vista de la repulsa ciudadana, las “gratificaciones” fueran desechadas, el proyecto de Presupuesto General del próximo año siguió contemplando más de 487.000 millones de guaraníes (unos 85 millones de dólares) para el pago de “bonificaciones y gratificaciones”.
Y bien, tras la presentación del proyecto, el citado ministro anunció en su oportunidad que el Poder Ejecutivo no abonará la gratificación prevista para sus funcionarios, decisión que cabe aplaudir, confiando en que ella sea en verdad “permanente” y que no sea revocada ante las presiones sindicales de rigor y el fragor de las pasiones electorales. Tales presiones irán en aumento en la medida en que el calendario acerque las próximas elecciones generales, de modo que el presidente de la República, Horacio Cartes, debería estar preparado para resistir la presión habitual que recibirá del sector sindical y de sus propios correligionarios. Por de pronto, los diputados no han tenido el menor reparo en aprobar una “gratificación” o aguinaldo extra, sin duda teniendo en cuenta el calendario electoral, y confirmando que quienes deberían precautelar el dinero de los contribuyentes son los primeros en dilapidarlo a través del Presupuesto Nacional.
Como se desprende del referido anuncio del ministro Peña, la circunstancia de que las partidas correspondientes a las “gratificaciones” estén presupuestadas no implica que el gasto deba ser necesariamente efectuado. No obstante, los jerarcas de las diversas entidades públicas se suelen congraciar con sus subordinados y, de paso, con ellos mismos, por lo que no debe descartarse que gasten el dinero simplemente porque está disponible, más aún teniendo en cuenta los comicios venideros. En esta cuestión, los ávidos sindicalistas no tienen ningún “derecho adquirido” que reclamar. Quienes tienen mucho que demandar son los contribuyentes desangrados con el pretexto de que los supuestos buenos “servidores públicos” deben ser recompensados. Como el cumplimiento del deber ya es remunerado con el salario, toda erogación suplementaria resulta improcedente. Si a ello se suma que no se realiza ninguna evaluación de las tareas de cada uno de los beneficiados, resulta que la “gratificación” carece de sustento moral e incluso legal y que, en consecuencia, debería ser suprimida de una vez. Si el Poder Ejecutivo se negara a abonar el dispendioso aguinaldo extra, aunque los legisladores lo incluyan en el Presupuesto, contribuiría a moderar el impacto que tendrá en el consabido déficit fiscal el cuestionado regalo que, en mala hora, lleguen a hacer a sus subordinados las máximas autoridades de los Poderes Legislativo y Judicial. Como no están obligadas a efectuar el gasto autorizado por la ley presupuestaria, si tuvieran algo de decencia y de austeridad administrativa, también ellas deberían abstenerse de ser generosos con el dinero ajeno, aunque entre los favorecidos figuren sus parientes, sus amigos o sus operadores políticos.
Se recordará la euforia desatada en el plantel de la Cámara Baja cuando esta aprobó la ampliación presupuestaria para una segunda “gratificación”, felizmente frustrada porque las fotografías difundidas ofendieron a los ciudadanos.
El despilfarro de las “gratificaciones” premia a una burocracia superpoblada, corrupta e inepta, en perjuicio de la educación y de la salud públicas, así como de las obras viales, entre otras áreas de interés general. Quienes pagan regularmente el salario y aguinaldo legales del personal público no tienen por qué abonarle un centavo más, incluso en el negado caso de que tenga una buena gestión, ya que tal es su deber.
Ni la Comisión Bicameral de Presupuesto ni los diputados tuvieron el coraje de rechazar el aguinaldo extra. Es de esperar que el Senado sí lo tenga, rechazando la insultante pretensión. Si, no obstante, el Congreso lo aprueba, el Poder Ejecutivo debe vetar este nuevo despilfarro.
Los ciudadanos y las ciudadanas deben estar atentos para impedir que una vez más los líderes políticos corruptos que están en el Gobierno les metan las manos en sus bolsillos.
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Presupuesto y sensatez
16 Nov 2016
Respondiendo a criterios poco favorables a la salud financiera de los recursos estatales, la Cámara Baja dio esta semana su acostumbrada muestra de informalidad con la aprobación del presupuesto público del próximo año. Inflado e irresponsable son las palabras que definen el desempeño de los legisladores que en su sesión extraordinaria del lunes pasado aprobaron con modificaciones el presupuesto que regirá en el 2017. Se dio acuerdo a subas salariales, bonificaciones a funcionarios y otros beneficios, sobrepasando claramente el límite de gastos y vulnerando la Ley de Responsabilidad Fiscal que, como ocurre cada año, los políticos se comprometen no exceder.
Los parlamentarios dieron un aumento del 7,2% a los funcionarios en general que perciben apenas el salario mínimo, con la salvedad que este incremento empezará a desembolsarse en el segundo semestre del 2017. El ajuste también alcanza a los uniformados, en este caso a militares y policías; y paralelamente, se aprobó subir un 12% el sueldo a los docentes y al personal de blanco.
De esta forma, el presupuesto 2017 aprobado en Diputados asciende a 69,168 billones de guaraníes (unos 12.600 millones de dólares), lo que representa un incremento del orden del 4,2% con respecto a los recursos previstos para ese año fiscal. Inflado.
Todos reconocen que hay sectores del funcionariado público, en especial a los trabajadores afectados a áreas muy sensibles como la educación o la salud, que necesitan ganar más, que precisan una motivación económica para continuar con su delicada misión. Es entendible el enojo de los gremios y sindicatos –tanto de maestros como de trabajadores de la salud que reclaman un aumento de al menos el 23%–, pues consideran insuficiente el incremento sancionado. Sin embargo, este reconocimiento a la labor que desempeñan no puede ignorar la falta de fuentes de financiamiento que hoy arrastra el Estado para honrar esos compromisos. Si se accede a estos pedidos, se tendrá necesariamente que descuidar otras áreas o, lo que es peor, seguir endeudando al Estado.
Por boca del propio ministro de Hacienda, Santiago Peña, el que administra y conoce a profundidad la salud de los números fiscales, se explicó que el Estado puede asumir un aumento de hasta el 7,2% para los empleados estatales, haciendo un poco de reingeniería financiera. Pero admitió que no tendrá los recursos suficientes para hacer frente al incremento que aprobaron en la Cámara Baja.
La determinación de los diputados es además un asunto extraño, una tomadura de pelo, puesto que ellos mismos habían aceptado respetar y no excederse en la propuesta original acercada por el Poder Ejecutivo al Congreso. De nuevo, han pisoteado su palabra, a la que han relativizado con conductas que no favorecen en absoluto a la buena gestión.
Pero la intención de los legisladores va mucho más allá. La decisión tomada por los Diputados, y que ahora deberá continuar su recorrido legislativo con el estudio en la Cámara de Senadores, donde se teme que el presupuesto sea nuevamente inflado, supone ya un adelanto de lo que será la campaña electoral del próximo año.
En el 2017, todos los partidos políticos estarán a pleno en la batalla electoral a través de las distintas internas para definición de candidaturas a la variedad de cargos electivos y el sector de los empleados estatales siempre es buen botín para los políticos. Por tanto, todo “favor” que pudiera capitalizar el aprovechamiento de la clase política para obtener votos siempre es incentivado con entusiasmo.
Pero ésta no debe ser la práctica de los mandantes del pueblo, y más aún cuando la intención apunta a sacar provecho electoral; el patriotismo y las buenas acciones en la administración del dinero público imponen decoro, responsabilidad y seriedad de los legisladores.
Aunque aún falta la aprobación en el Senado, donde tampoco se descarta que puedan haber ajustes, el Poder Ejecutivo ya analiza las acciones a tomar. En la evaluación que hacen en el Gobierno incluso se analiza el veto a la Ley del Presupuesto General, lo que dejaría sin efecto los ajustes que eventualmente puedan darse en instancia legislativa.
Y el argumento respondería exclusivamente a criterios de falta de financiamiento. Este análisis parece ser el más sensato, atendiendo precisamente que la opción, el desfinanciamiento o el endeudamiento, no es la mejor salida para el país.
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La ciudadanía debe denunciar a los vividores
Un funcionario que cobra una remuneración sin trabajar incurre en un delito, castigado por el art. 313 del Código Penal con una multa o hasta con dos años de cárcel. En 2014, la médica Perla Paredes –hija de la diputada colorada Perla Acosta de Vázquez– admitió haberlo cometido y fue condenada a la máxima pena privativa de libertad, pero se libró de ella a cambio del pago de una multa de 17 millones de guaraníes mensuales, durante dos años. Ahora se ha constatado que continúa percibiendo ilícitamente el dinero público, pues durante la jornada laboral abandona a sus pacientes del IPS para salir a desayunar y visitar una peluquería, lo que no le impide percibir cada mes su salario de 5.944.255 guaraníes, por nueve horas semanales de “trabajo”.
Claro que la delincuente confesa, que debió haber sido inhabilitada por vía administrativa para ocupar cualquier cargo público antes de los cinco años contados a partir de su condena, no es la única funcionaria del IPS que se dedica a cualquier cosa antes que a cumplir con su deber de servir con esmero a los asegurados. Nuestro diario ilustró el año pasado los fraudes cometidos por varios funcionarios del IPS, que se limitaban a registrar sus entradas y salidas, ausentándose durante todo ese lapso, lo que habría motivado la apertura de unos mil sumarios administrativos, según el presidente del IPS, Benigno López, sin que sus resultados se hayan dado a conocer. O sea que esa práctica delictiva es masiva y de larga data, sin que hasta ahora haya sido impedida, sea porque sus autores están muy bien protegidos o porque los controles internos son inexistentes.
El asesor jurídico Andreas Ohlandt, el gerente de salud Aníbal Ríos y el gerente del Hospital Central del IPS Fernando Bittigner acaban de admitir su impotencia y pidieron la ayuda de los asegurados “para controlar y denunciar a los raboneros”.
Los dichos de las citadas autoridades sugieren que sería ilusorio tener semejantes expectativas, ya que “el IPS es un universo grande”, acaso porque sirve de refugio a una amplia clientela política. Con todo, no está mal que hayan pedido el auxilio de los asegurados, a los que cabría sumar a los ciudadanos en general, para que hagan sus denuncias, incluso por vía telefónica, contra los aprovechados que cobran indebidamente sus honorarios, delinquiendo así también a costa de la salud de la gente. Esos miserables deben ser identificados por la población, y además suspendidos en el cargo, procesados y condenados, para lo cual es preciso que las altas autoridades del IPS cumplan con su deber de hacer cumplir la ley.
También es cierto, como ellas afirman, que se trata de un problema que existe en todas las instituciones públicas, lo que de ninguna manera puede servirles de excusa. En efecto, el escandaloso caso del IPS es solo uno más de los tantos que existen, para mal del erario desangrado y de la población desatendida. La palabra “planillero” ya se ha incorporado hace mucho al vocabulario paraguayo para designar a los vividores, apadrinados por politicastros de todo pelaje, que reciben sus sueldos sin ni siquiera visitar sus oficinas, a veces incluso estando en el extranjero. Como el aparato estatal rebosa de personal superfluo, en muchas entidades públicas no habría espacio suficiente para ubicar sillas para todos los funcionarios si cumplieran con su deber. Con todo, el ausentismo permanente y remunerado configura un delito de acción penal pública que los ciudadanos deben perseguir, denunciando a sus autores no solo ante los medios de prensa o las máximas autoridades de las instituciones afectadas, sino también, y sobre todo, ante el Ministerio Público.
La población debe ser consciente de que quienes se embolsan el dinero público sin trabajar son unos verdaderos ladrones, y de que, en consecuencia, está en su propio interés que se les arruine el “negocio” de vivir de arriba. Ese vecino, funcionario, que no asiste a su lugar de trabajo, es un delincuente que, aparte de ser radiado del aparato estatal, debe terminar en prisión o con una buena multa, de acuerdo a la ley. Esos vividores nos toman el pelo y resulta estúpido seguir tolerándolos.
Está visto que no se puede confiar en que todo organismo verifique el cumplimiento de los tres primeros deberes legales de un funcionario, que son los de realizar su trabajo en las condiciones de tiempo y lugar que disponga la autoridad competente, cumplir con la jornada laboral que fija la Ley de la Función Pública, y asistir puntualmente al trabajo. Se hace la vista gorda por temor al “comisario” político que esté detrás del delincuente o bien por pura indolencia, contando con que la sociedad civil se resigne a la canallada diaria, como la de justificar una ausencia con un certificado médico de contenido falso, es decir, con un hecho punible previsto en los arts. 254 y 256 del Código Penal.
Denunciar a los parásitos es un deber cívico y moral para todos los ciudadanos y ciudadanas que no desean ser tomados por idiotas, y que pretenden, en cambio, que los servidores públicos honren en su jornada laboral el sueldo que ganan gracias al sudor de la frente de Juan Pueblo.
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Rifa presupuestaria
Por Wendy Marton
En el año 2011, con miras a las elecciones internas partidarias del año 2012, el Congreso infló el Presupuesto 2012 aprobando incrementos salariales de entre el 10% y el 58% para los funcionarios públicos, sin contar con fuente de financiamiento para sostener esta suba salarial. Esto provocó que tras ocho años consecutivos de superávit fiscal, el Estado comience a tener problemas de financiamiento y se arrastren resultados negativos en las cuentas fiscales desde entonces.
Gran parte de la culpa de este saldo rojo estatal proviene de los legisladores colorados, quienes intentando castigar al gobierno de turno, aprobaron el ajuste salarial y el nombramiento de varios contratados. Para concretar este golpe, contaron con la ayuda de la mayoría de los liberales, quienes trataron de ganar así votos para las elecciones presidenciales del año 2013.
Esta misma escena se repitió este año en la Cámara de Diputados, con la diferencia de que el aumento salarial fue propuesto por los legisladores liberales y acompañado por los legisladores colorados cartistas.
En el Ministerio de Hacienda estiman que si la Cámara de Senadores aprueba este incremento, el déficit fiscal del próximo año podría elevarse al 1,7% del PIB, por encima del límite del 1,5% del PIB establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Y resulta paradójico que la Ley de Responsabilidad Fiscal, aprobada al inicio del mandato del presidente de la República, Horacio Cartes, para tratar de evitar que se repita lo que sucedió en el año 2011, sea pisoteada por los diputados colorados cartistas que acompañaron la propuesta de ajuste salarial del 12% para docentes y personal de blanco.
Ello, a pesar de que la Ley de Responsabilidad Fiscal es clara en dos puntos: no se podrá conceder aumento salarial al sector público sin que antes se haya otorgado al sector privado, y el ajuste deberá ser hasta la misma proporción que la otorgada al sector privado.
Quienes tienen representación partidaria en el Congreso deben entender que no se puede seguir castigando a la población más vulnerable con aumentos salariales desmedidos para el sector público y nombramientos en cargos públicos.
Mientras más dinero se destine a salarios, menos sobrará para medicamentos, equipamientos hospitalarios, educación, viviendas dignas y rutas de todo tiempo. Merecemos vivir en un país donde sus autoridades piensen en todos sus ciudadanos, y se preocupen porque aquellos que no tienen posibilidades de sostenerse económicamente cuenten con una mejor calidad de vida.
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Las gotas del 4%
En economía existe lo que se denomina “efecto derrame”, que explica cómo el crecimiento del producto interno bruto (todos los bienes y servicios producidos en un año) llega a los diferentes niveles en una sociedad.
Supongamos que Paraguay es una gran pirámide. Si echamos una jarra con agua lo primero que se va a mojar es obviamente la punta (el sector más rico). Luego, de acuerdo a cómo se vaya canalizando este líquido, irá descendiendo hacia los niveles inferiores.
El Banco Central del Paraguay estima que la economía crecerá 4% este año y para entender quién se beneficia hay que mirar los segmentos. La agricultura, por ejemplo, crecerá 2,5%; en esta cifra prácticamente no se contabiliza el aporte de las familias campesinas, sino solo a la agroexportación.
En el país son apenas 500 grandes productores quienes poseen enormes extensiones de tierras, emplean a muy poco personal y aportan casi nada al fisco. ¿Por qué?, y sencillamente porque no hay voluntad política para incrementar el impuesto a los granos y, además, hasta Hacienda reconoce que con erosiones fiscales logran pagar menos de lo que deberían. Entonces, este 2,5% le beneficia casi exclusivamente a ese grupo de terratenientes.
Otro de los motores de la economía es el área de la construcción, de la que se espera un crecimiento de hasta 18%.
Este sector emplea a mucha mano de obra, pero los trabajos son temporales, por lo tanto su efecto goteo a esta mano de obra menos calificada dura lo que tarda en culminar una construcción.
Incluso, como se diversifican los trabajos en vidriería, albañilería, plomería, electricidad, etc., los obreros una vez que terminan su parte tienen que volver a buscar trabajo.
El sector de energía de las binacionales es otro de los grandes impulsores del 4%. Gran parte de esos mayores recursos por venta de energía se utilizan para el pago de compromisos de deuda externa.
Lo que sobra se destina a royalties y Fonacide. Ese dinero tendría que llegar al ciudadano a través de obras encaradas por municipios y gobernaciones. Sin embargo, se malgasta o directamente se esfuma de manera impune.
La Contraloría cada tres meses reporta que por lo general hasta el 60% de los gobiernos locales ni siquiera explican a qué destinaron estos recursos; sin embargo, Hacienda nunca cesa de hacer las transferencias, pese a que la ley le obliga a suspender ante esta falta.
En síntesis. La próxima vez que escuche que creceremos un 4% visualice la imagen de la pirámide. El rol del Estado es ser como una canaleta que transporta el agua hasta el nivel más bajo; el problema es que está tan taponada de burocracia y corrupción, que con suerte al paraguayo de a pie le alcanzan un par de gotas.
Por Samuel Acosta
http://www.ultimahora.com/las-gotas-del-4-n1039899.html
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El presupuesto y los salarios públicos
Por César Barreto Otazú
Nuevamente en un año preelectoral la discusión del Presupuesto General de la Nación se centra en aumentos salariales para los funcionarios públicos, similar a lo ocurrido en el 2007 y en el 2011.
En el 2011, los parlamentarios de aquel entonces aprobaron un aumento que representó un incremento del gasto en salarios del Estado en un 30% en el 2012 y del 12% en el 2013.
En términos monetarios esto significó un adicional de USD 830 millones anuales en las erogaciones salariales del Estado y el presupuesto fiscal pasó de un superávit del 0,6% del PIB en el 2011 a un déficit del 1,7% del PIB en el 2013, y el Ministerio de Hacienda empezó a emitir bonos soberanos para cubrir el déficit. La deuda se incrementó sustancialmente en estos años.
A principios del actual Gobierno, se aprobó la Ley 5098 de Responsabilidad Fiscal que estipula en su artículo 7º que se podrán incorporar incrementos en los salarios públicos solo cuando se apruebe un reajuste del salario mínimo aplicable a los trabajadores del sector privado.
Desde el 2014, el Poder Ejecutivo, con aprobación del Congreso, viene implementando la nueva matriz salarial que busca corregir las graves distorsiones que fueron generadas por aumentos salariales encubiertos como gratificaciones en distintos conceptos aplicados de manera desordenada durante varios años.
La idea es buena, pero una mala implementación inicial profundizó aún más las distorsiones salariales entre distintos sectores del funcionariado y ha rigidizado aún más la estructura salarial del sector público. Hoy los salarios fijos son muchos más altos y las gratificaciones no fueron eliminadas del presupuesto.
Recientemente, en la discusión del presupuesto para el año 2017, los miembros de la Comisión Bicameral de Presupuesto plantearon un reajuste del salario mínimo del sector público del 7,2%, pero dejando sin variaciones los salarios de montos superiores al mínimo.
Esta propuesta está en consonancia con el proyecto de ley presentado recientemente por el Poder Ejecutivo y que tiene media sanción del Senado, que modifica el régimen de reajuste del salario mínimo para el sector privado e implica un reajuste inmediato en un porcentaje similar del 7,2%.
Sin embargo, los miembros de la Cámara de Diputados en plenaria aprobaron un aumento salarial adicional del 12% para todos los docentes, médicos y personal de blanco. Estos sectores siguen reclamando un reajuste superior al 20% y está pendiente lo solicitado por los funcionarios judiciales y del Ministerio Público.
A diferencia del 2011, el Presupuesto de hoy está con un déficit elevado. Desde el año pasado supera el tope del 1,5% fijado en la Ley de Responsabilidad Fiscal y la misma está siendo financiada con la emisión de bonos soberanos. Estos incrementos salariales aumentarán aún más este déficit y el ritmo de endeudamiento del país.
Describo esta historia de las decisiones salariales en el sector público para demostrar el desorden con el que estamos manejando un tema tan crítico e importante para las finanzas públicas y la economía en su conjunto.
Necesitamos ordenar este proceso y establecer una política salarial razonable, estable, sostenible y predecible para todas las partes involucradas, y que sea el resultado de un acuerdo de los principales partidos políticos representados en el Congreso Nacional.
Una política salarial de estas características debería incorporar mecanismos para mantener el poder adquisitivo de los salarios en un régimen similar al del sector privado, un plan de carrera en función al desempeño y la capacitación de los funcionarios de las distintas reparticiones estatales. Además, debería eliminar los rubros discrecionales como las gratificaciones especiales y no debe responder a las demandas y necesidades políticas de tiempos electorales.
Sé que es difícil para un país con aún muy poca institucionalidad, pero debemos cambiar si queremos un país viable a largo plazo.
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Sancionar y educar contra la incultura de la evasión
El fraude fiscal a gran escala, que involucra a 4.000 contribuyentes, con oficina “adjunta” a Tributación y que, sin duda, debe contar con la complicidad de personal de la institución, demuestra que no existen solo grandes evasores, sino que hay muchos ciudadanos que, con complicidad de profesionales y funcionarios, convierten la evasión premeditada en una práctica cotidiana.
Si consideramos el caso en la sumatoria de evasores de esta pequeña y mediana escala evasiva, adquiere una dimensión de un fraude gigante.
Y hay que sumar, entre los recientes escándalos, el de los grandes evasores, como es el caso del lavado de US$ 1.200 millones, que ya ha entrado en el laberinto judicial de las recusaciones de fiscales, es decir que basten estos ejemplos para corroborar que tenemos en el país una grave “incultura” de la evasión impositiva.
Si le sumamos el hecho cotidiano de que a la hora de cobrar, desde comercios pequeños y medianos hasta las grandes cadenas de supermercados, todavía siguen preguntando a los clientes si quieren “factura legal”, vemos la resistencia que hay a la legalización de la economía como un gran problema nacional.
Que se destape es un avance y un mérito de la SET, pero también el tema debe tomarse en su conjunto, en la histórica falta de inversión pública en obras de servicio para los ciudadanos, ya sea a nivel nacional, departamental o municipal, de la que el más grotesco ejemplo es el de los fondos del Fonacide, que deberían haberse invertido en mejorar la educación y, como se ha visto, han sido despilfarrados, en muchos casos hasta con actos de gravedad criminal, pues la mala calidad de las construcciones ha puesto en riesgo la vida de muchos estudiantes y docentes.
En la clase política hay también un gran componente de despilfarro del dinero público que sirve de mal ejemplo para los ciudadanos comunes.
Las cifras hablan de la escasa infraestructura a nivel nacional, con uno de los más graves déficits históricos de la transición, con la contrapartida de un derroche del gasto público en instituciones que deberían ser ejemplo de eficiencia, lo que se ha destapado con la puesta en vigencia de este gobierno de leyes de trasparencia, que han puesto al alcance de los medios y de la ciudadanía gastos y pagos millonarios descontrolados para beneficiar a parientes y correligionarios de todos los partidos en forma tremendamente escandalosa.
Y hasta tenemos en este momento obras de interés público paralizadas en el Congreso por la mayoría opositora, pese a que cuentan con fondos internacionales para su ejecución, para boicotear teóricamente al Ejecutivo, cuando la perjudicada es la ciudadanía, en una perversa distorsión política, ya que representan puestos de trabajo importantes y obras de infraestructura necesarias que son boicoteadas, postergando las urgentes necesidades del país.
Y tenemos el ejemplo cotidiano del contrabando que se ejerce a pequeña, mediana, grande y gigante escalas perjudicando enormemente a los productores, industriales y comerciantes legales.
El destape, sin duda, tiene que ver con la voluntad del Gobierno de imponer la transparencia desde el sector público, en vez de boicotearla como ha sido tradición, incluso durante el proceso democrático. Hay que felicitar también el trabajo de Hacienda y, especialmente, Tributación, afinando los controles e incorporando nuevas tecnologías, pero sobre todo de dar muestras de una actitud firme que es una señal para todos los contribuyentes, es decir que no hay privilegios. Los sucesivos ataques contra la titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación son una evidente muestra de la resistencia de sectores que se aferran a mantenerse en el pasado.
El país enfrenta un problema complejo que no solo debe encararse desde el control y las sanciones a los evasores, que, sin duda, están en primer lugar, pero también desde la trasparencia, es decir que se denuncien y corrijan también las irregularidades del sector público, y establecer una comunicación pública de una firme posición para sanear la mentalidad del ventajismo particular que, al fin y al cabo, es una forma de boicotear el desarrollo nacional.
Hay que educar a la ciudadanía, para lo que hay que sancionar ejemplarmente, por un lado, pero educar también a los contribuyentes mostrando los beneficios de las inversiones, en las necesarias infraestructuras, así como el gran esfuerzo que se está haciendo en el sector social para combatir ese otro mal endémico que arrastramos, la pobreza, una de cuyas causas principales está en la evasión y en la economía informal.
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Parlamentarios atentan contra la responsabilidad fiscal
La Ley de Responsabilidad Fiscal está siendo, por tercer año consecutivo, vulnerada por los mismos parlamentarios que la aprobaron. Las consecuencias no son solo económicas, sino también políticas. Por un lado presionan el déficit fiscal obligando a cada vez mayor endeudamiento. Por otro lado, un presupuesto desfinanciado que solo consigue pagar salarios genera malos servicios públicos y con ello se deslegitima el rol del Estado frente a la ciudadanía. El aumento salarial indiscriminado, sin considerar el buen o mal desempeño de los empleados públicos y que se agrava en un contexto de alto prebendarismo político no contribuye a la calidad de las políticas públicas y menos aún con el bienestar de la población. El Congreso debe actuar en función de la ciudadanía y no de la búsqueda de votos frente al inicio del año electoral.
La irresponsable decisión de aumentar salarios sin considerar la implementación de una carrera del servicio civil basada en la meritocracia y en los resultados de la gestión no solo no contribuye a mejorar las políticas públicas, sino que además profundiza las fuertes distorsiones e inequidades con que ya cuenta el sector público en materia de recursos humanos.
Adicionalmente al problema económico y de incentivos perversos, el impacto es político. En medio de un déficit público, con alto nivel de endeudamiento, sin espacio fiscal para insumos y otros recursos imprescindibles en la gestión de las políticas públicas, un aumento salarial no necesariamente se traduce en calidad de los servicios.
La ciudadanía termina pagando impuestos para financiar salarios altos a funcionarios que no cuentan con los insumos ni el contexto institucional adecuado para realizar sus labores con eficacia y calidad.
El aumento de salarios sin considerar la carrera del funcionario público hace que finalmente los fondos se distribuyan a todos por igual y terminan desincentivando a quienes ponen esfuerzo y dedicación. Estos acaban recibiendo un trato similar al de los planilleros y operadores políticos.
No sirve de nada a la ciudadanía tener instituciones de salud y educación llenas de funcionarios públicos bien pagados, pero carentes de los recursos necesarios para hacer bien su trabajo. El Estado gasta inútilmente los pocos recursos con que cuenta poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos al no prestar servicios de calidad.
Los parlamentarios deben tomar conciencia de que su deber está en garantizar los derechos de la ciudadanía y cumplir sus promesas electorales, pilares fundamentales de la democracia.
Ceder ante las presiones de funcionarios públicos sin contar con mecanismos que permitan que esos recursos contribuyan a mejorar la gestión pública constituye un desperdicio de recursos y una afrenta a quienes con su esfuerzo diario pagan sus impuestos.
Las necesidades de la ciudadanía deben ser puestas en primer lugar, ello requiere un adecuado equilibrio entre los recursos humanos, los insumos y la infraestructura. La eficacia y eficiencia de las políticas públicas depende de la buena asignación de los recursos públicos.
La gestión de los recursos humanos del sector público debe basarse en la mejora de los servicios, el fortalecimiento de la carrera del servicio civil y el trabajo decente de los funcionarios públicos. Son tres objetivos que pueden ir de la mano si las partes involucradas toman las decisiones con criterios racionales y no político-electorales.
http://www.ultimahora.com/parlamentarios-atentan-contra-la-responsabilidad-fiscal-n1041434.html
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La gran comilona
“La gran comilona” es el título de una famosa película franco-italiana de 1973, en que unos millonarios se reúnen en una villa para comer y disfrutar hasta morir, prostitutas incluidas. La historia muy bien puede aplicarse al proyecto de Presupuesto nacional para el 2017. Solo que nuestros diputados y senadores no tienen la intención de comer hasta morir, sino “alimentarse” del presupuesto para vivir muy bien, ellos y los de su alrededor, por el resto de sus vidas.
El estudio del proyecto de ley respectivo está revelando el descomunal derroche en que han venido incurriendo las entidades públicas, con la participación necesaria de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, semejando una gran asociación delictiva. Ocurre que el proyecto anual se limita en gran medida a reproducir los conceptos y los montos del presupuesto vigente, con el correspondiente ajuste para arriba, sin que nadie haga un detenido análisis de la justificación del gasto. Los anteproyectos elaborados pasan raudamente el filtro del Ministerio de Hacienda y, ni qué decir, el del Congreso, siempre tan generoso con el dinero del pueblo. Y como la caridad empieza por casa, el Senado tenía previsto destinar el próximo año nada menos que mil cien millones de guaraníes a la compra de bocaditos y jugos, despilfarro que su presidente, Roberto Acevedo, trató de justificar señalando que otros organismos, como la Corte Suprema de Justicia y la Secretaría Nacional de Deportes, gastan mucho más en servicios gastronómicos. También pudo haber mencionado al Banco Central, que este año dilapidó casi diez mil millones de guaraníes en beneficio de los paladares de sus directores, funcionarios y visitantes, con el capcioso argumento de que para ello no recurrió al dinero de los contribuyentes, sino a los recursos generados por sus propias actividades financieras. Olvidan que se trata, de igual manera, de dinero público.
En el Senado, solo el escándalo suscitado con relación a la suma prevista para los alimentos y las bebidas de los legisladores hizo que su presidente anunciara su reducción a 500 millones de guaraníes, lo que significa que el silencio de la ciudadanía hubiera permitido un considerable malgasto, similar al de los últimos años. La excusa del “vos derrochás más que yo”, al que suelen apelar los corruptos denunciados por otros de la misma calaña, resulta en este caso aún menos convincente por el hecho de que las partidas previstas en los presupuestos de las demás entidades públicas han sido aprobadas por los legisladores. ¿Por qué han venido admitiendo que se derroche a tan gran escala, como si los servicios públicos fueran excelentes y las necesidades de la población ya estuvieran satisfechas? Pues porque los diputados y los senadores se creen los dueños del dinero de todos, de modo que, en vez de precautelar su buen empleo, lo que hacen es servirse de él en beneficio propio y en el de su clientela política, bien instalada en el voraz aparato estatal. Claro que el “catering” no es, ni mucho menos, el único rubro prescindible hacia el que desvían lo recaudado en concepto de impuestos, privando así de recursos a las escuelas, a los hospitales o a los caminos, entre otras cosas de interés general. Es muy extensa la lista de gastos superfluos que se realizan a costa de todos los habitantes de este país, empezando por la superabundancia de funcionarios bien remunerados, que encima perciben una “gratificación” a todas luces injustificada y gozan de envidiables seguros privados de enfermedad, financiados exclusivamente por el erario. ¿Y qué decir de los legisladores, de los ministros y de los jerarcas de la burocracia que recorren el mundo con buenos viáticos, so pretexto de asistir a eventos de interés nacional, de los que, en verdad, toman conocimiento a través de las agencias de turismo? Se dilapida a diestra y siniestra, sin que el Ministerio de Hacienda se ocupe de examinar la racionalidad de las erogaciones: le resulta más cómodo emitir bonos soberanos antes que, como corresponde, tomar la tijera para cortar los gastos innecesarios, que constituyen un verdadero insulto a la población pobre del país, esa a la que los políticos le piden sus votos en las pujas electorales. Si bien la compra de vehículos lujosos debe ser autorizada por el Equipo Económico, hay muchos otros rubros que se ejecutan sin la menor justificación, al solo efecto de satisfacer la vanidad de los administradores, sin perjuicio, desde luego, de que ellos sirvan también para la corruptela de rigor.
No solo es repudiable que se despilfarre el dinero que sale del escuálido bolsillo de los contribuyentes, sino también el que las entidades autárquicas, como el Banco Central, recaudan. Al fin y al cabo, se trata de un dinero público, al que se le debe dar el destino más responsable posible, es decir, no pueden hacer con él lo que se les antoje.
Cabe insistir en que la responsabilidad final recae en el Poder Legislativo, que sanciona la Ley del Presupuesto General de la Nación, y en el Ejecutivo, que la promulga, luego de intervenir en su proyecto. Ellos ignoran los conceptos de austeridad, de eficiencia y de racionalidad del gasto público, porque no sienten el menor respeto por la ciudadanía. Están aliados contra la gente común y en favor de sus propios miembros.
Es evidente que en el futuro solo el pueblo informado y movilizado podrá conseguir que su dinero sea bien empleado. Que el Congreso, fruto de las “listas sábana”, no siga estando en manos de quienes forman parte de una maquinaria maquiavélica corrupta que devora los recursos públicos, depende de que los ciudadanos y las ciudadanas se hagan oír cada vez con mayor fuerza, para poner en la picota no solo a los corruptos de tomo y lomo, sino también a los desvergonzados manirrotos.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/la-gran-comilona-1542223.html
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El Presupuesto público debe mejorar mucho su estructura
Más allá de los numerosos cambios superficiales que sufre el Presupuesto General de la Nación, año tras año, el principal instrumento de la política fiscal requiere de transformaciones estructurales, tanto por el lado de los ingresos como de los gastos. Del lado de los ingresos, el aumento de los recursos y la reducción de las inequidades tributarias deben ser el objetivo central de este proceso de mejoramiento. Por el lado del gasto, es necesario reducir los gastos superfluos y garantizar el financiamiento adecuado de cada una de las políticas públicas. El equilibrio fiscal en nuestra economía debe ser debidamente garantizado, reduciendo la dependencia del endeudamiento externo.
El Presupuesto General de la Nación es uno de los principales instrumentos de la política pública y es el más importante de la política fiscal.
El análisis de su estructura muestra las prioridades nacionales y el compromiso que el país asume por garantizar el bienestar y la calidad de vida de sus ciudadanos.
El Presupuesto de ingresos muestra implícitamente el pacto social que rige la convivencia ciudadana.
En la vigencia de un marco de solidaridad, se espera que quienes ganen más paguen más y con ello que los recursos genuinos financien el desarrollo del país.
La baja e inequitativa presión tributaria parece señalar que estamos muy lejos de un acuerdo basado en los valores democráticos y republicanos.
La consecuencia en los últimos años ha sido el crecimiento del endeudamiento, que no solo ha puesto en entredicho el principio de solidaridad, sino que además transfiere a las generaciones futuras la responsabilidad del pago, teniendo en cuenta que el país no tiene un mecanismo que desde ahora permita contar con un fondo para enfrentar los vencimientos futuros sin afectar el gasto en políticas estratégicas.
El Presupuesto de Gastos de la Nación tiene serias falencias.
Una estructura salarial que no cuenta con un sistema de incentivos que garantice resultados, bajos niveles de inversión en insumos imprescindibles para mejorar la calidad de los programas, gastos innecesarios y sobreestimados debido a los altos costos que paga el sector público, como es el caso de los famosos bocaditos o servicios de ceremonial y gastronómico, costos de infraestructura sobrefacturada, programas presupuestarios mal diseñados y sin información suficiente, son algunos de los problemas que obstaculizan eficiencia y calidad del gasto público.
En este contexto, los arreglos parciales, si bien son necesarios, no resuelven los problemas estructurales del Presupuesto General.
Así como está diseñado, el aumento de los recursos destinados al gasto no garantiza calidad y si este incremento se sustenta en la persistencia de inequidad tributaria y de aumento del endeudamiento, el Presupuesto no contribuirá tampoco a mejorar la calidad de vida de los paraguayos y menos aun a reducir las fuertes desigualdades que persisten a pesar de los avances en muchas políticas.
El Presupuesto debe ser capaz de promover políticas de calidad y paralelamente reducir las desigualdades.
Con la estructura actual, estos objetivos serán difíciles de lograr, pero es necesario empezar el cambio, aunque este sea difícil de conseguir y lleve varios años de trabajo y negociación.
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Beneficio personal
La mejor manera de reconocer rápidamente si una decisión tiene tinte político electoralista o busca generar el bienestar de la población a largo plazo, es ver el número de artículos que son incluidos por el Parlamento durante el estudio del Presupuesto General de la Nación.
Al ser una normativa anual (comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre), un artículo no previsto por el Poder Ejecutivo en el Presupuesto solo permite realizar acciones de corto plazo, carentes de análisis técnicos que sustenten las ventajas o desventajas de su aplicación para la gente.
Históricamente, los legisladores utilizaron el estudio del Presupuesto como un mecanismo de presión hacia el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y otros organismos del Estado.
Si bien el Parlamento tiene la potestad de modificar el plan de gastos del Estado, incluir artículos que durarán solo un año, pero que pueden cambiar planes económicos de largo plazo debería ser analizado detenidamente por los legisladores. Y uno de esos casos donde se generan dudas acerca del objetivo real de las decisiones parlamentarias fue la inclusión en el proyecto de Presupuesto 2017 de un artículo que fija límites a la política monetaria administrada por el Banco Central del Paraguay.
Independientemente de las dudas que se pueden tener acerca de la efectividad del control que ejerce la banca matriz sobre las entidades de intermediación financiera, es natural pensar que no se debería modificar una ley aprobada por el propio Congreso –que se supone contó con el análisis de varias comisiones parlamentarias antes de su aprobación–, con una propuesta sobre la marcha (o sobre tablas, como se dice en la jerga parlamentaria), durante el estudio de una de las leyes económicas más importantes del país como es el Presupuesto.
Aún si se partiera de la premisa de que la banca matriz y los bancos tienen un acuerdo no escrito, donde ambos obtienen ganancias a costa de los clientes, lo lógico y responsable sería presentar un proyecto para modificar las normativas financieras, endurecer los controles e impedir o por lo menos reducir prácticas fraudulentas. Pero no buscar sacar provecho de una sesión maratónica de doce horas –y casi al final del encuentro, cuando el cansancio mental y físico priman tras analizar miles de millones de guaraníes– para incluir artículos dudosos.
Un representante de los intereses del pueblo tiene la obligación de proponer y mejorar normativas, para que los beneficiarios finales sean todos los habitantes de un país, y plantear propuestas para que los sectores económicos menos favorecidos tengan la posibilidad de tener una vida digna. Incluir peleas político-partidarias en el tratamiento del Presupuesto hace daño a todos. Los habitantes de este país merecemos políticos más interesados en educación y salud, y no aquellos que solo piensan en su beneficio personal.
Por Wendy Marton
http://www.ultimahora.com/beneficio-personal-n1044599.html
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Diputados y senadores traicionan a los contribuyentes
Según datos oficiales, los sueldos de los funcionarios de la Administración Central crecieron en un 158% en la última década, es decir, tres veces más que la tasa de inflación y dos veces más que el reajuste salarial de los trabajadores y empleados del sector privado. Ahora resulta que, otra vez, los legisladores irreflexivamente aprobaron para el próximo año aumentos salariales del 10% para los docentes, del 12% para el personal de blanco y del 18% para los médicos del sector público. Sus fuentes de financiamiento no están definidas, de modo que solo podrán ser cubiertos mediante una mayor recaudación impositiva o un recorte de los gastos sociales. Los diputados habían aprobado también un reajuste del 7,2% del sueldo mínimo para funcionarios, policías y militares, algo que no fue aceptado por los senadores. Empero, la ciudadanía puede estar segura de que en un año “electoral”, como lo será el próximo, se aprobará una ampliación presupuestaria no solo para satisfacer a los de uniforme, cuyas remuneraciones están indexadas por ley al salario mínimo, sino también a los burócratas, que se pondrán en vigorosa campaña para lograr el mismo reajuste. Más aún, no sería nada raro que exijan también un aumento salarial similar al que recibirán los docentes, el personal de blanco y los médicos, pese a que en los últimos años lo han venido recibiendo con creces.
Por de pronto, así como están las cosas, el erario terminará soportando en 2017 un costo adicional de unos 409.946 millones de guaraníes (US$ 71 millones) en lo que respecta a “gastos de personal”, lo que implicará que el de la Administración Central llegue a más de 14,4 billones de guaraníes (US$ 2.480 millones) y que el déficit supere el tope del 1,5% del Producto Interno Bruto fijado por la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Dejando de lado que las huelgas rutinarias ilegales de los docentes les permiten ganar cada año mayores sueldos, y que los trabajadores de la salud fueron los que más incrementos salariales lograron en los últimos cinco años, importa volver a recordar que, a pesar de la pobreza que existe en el país, los funcionarios públicos paraguayos figuran entre los mejor remunerados de América Latina, considerando el ingreso per cápita, de acuerdo a un informe publicado en noviembre de 2014 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En el caso de los profesionales senior, el hecho se refleja en que en 2011 ganaban hasta seis veces más que el ingreso per cápita, el nivel más alto de compensación en términos relativos en el continente.
En realidad, los datos arriba consignados no dan la cuenta completa del crecimiento de los ingresos de los funcionarios, pues no incluyen los numerosos “rebusques” que han inventado para ellos los legisladores, como las “gratificaciones” y las “bonificaciones” por cualquier motivo. Como también hay que incluir el seguro privado de enfermedad asumido exclusivamente por el erario –cuyo costo puede subir cada año–, la inequidad con respecto a quienes les pagan sus salarios –los trabajadores y empleados del sector privado– resulta de hecho aún más escandaloso.
El elefantiásico funcionariado gana muy bien y quiere vivir cada vez mejor a costa de los contribuyentes, sin esforzarse en absoluto por brindarles un buen servicio. Por el contrario, se distingue por la corrupción, la ineptitud y la indolencia, lo cual no impide que sea mimado por la casta política, en perjuicio de las inversiones en los servicios públicos esenciales para la población. Cuando se destinan recursos a “gastos de personal” –sueldos–, se los resta a la compra de remedios, la construcción de escuelas o el arreglo de puentes.
Los ciudadanos se hallan indefensos ante la voracidad de quienes justamente deberían atender sus necesidades, porque no están organizados como ellos y porque los diputados y senadores –sus representantes– los traicionan. A estos les interesa mucho más acceder a los siempre desmedidos reclamos de su clientela política, los “presupuestívoros”, que precautelar el bolsillo de los contribuyentes que les pagan sus sueldos.
Ocurre que la clientela parásita está bien incrustada en el aparato estatal, y conviene darle el gusto para que los respectivos operadores políticos no deserten en las próximas elecciones. En 2017 no habrá fondos para reparar 3.800 locales escolares muy deteriorados, pero los habrá para cubrir los aumentos de los “gastos rígidos”, que son los únicos que una administración, a pesar de ser ineficiente, llega a ejecutar íntegramente. Todo puede dejar de hacerse, pero hay que pagar los sueldos y las remuneraciones adicionales para que no arda Troya.
El problema se mantendrá inalterable mientras los ciudadanos y las ciudadanas no se hagan oír para que se ponga coto al derroche de fondos públicos, empezando por los que se destinan a los salarios. La ciudadanía debe organizarse para oponerse con firmeza y perseverancia a que legisladores inescrupulosos y su voraz clientela de funcionarios públicos continúen exprimiéndoles los bolsillos.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/diputados-y-senadores-traicionan-a-los-contribuyentes-1544706.html
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Cajoneando transformaciones
Por Iván Lisboa
El 4 de diciembre del 2020, el Gobierno presentaba al Congreso el proyecto de ley “de fortalecimiento de la institucionalidad fiscal”.
La propuesta es más conocida como la Ley de Responsabilidad Fiscal 2.0, pues tiene como objetivo principal ajustar ciertos parámetros establecidos por Ley 5098/13 y que forman parte de la regla fiscal.
Los principales puntos del proyecto de ley, aunque también con excepciones, tienen que ver con establecer limitaciones al déficit fiscal y a la deuda pública. Con respecto al saldo rojo del Fisco, la propuesta limita su tope máximo en relación al nivel del pasivo paraguayo. En ese sentido, estipula que el techo del déficit fiscal anual seguirá en el 1,5% del PIB; sin embargo, señala que ese indicador no podrá superar el 1% si es que la deuda es igual o superior al 36% del PIB.
En cuanto a la deuda pública, el proyecto de ley topea este ítem en el 40% del PIB, solamente 6 puntos porcentuales por encima del nivel en el que se encuentra actualmente el pasivo paraguayo.
En caso de aplicarse las cláusulas de escape, por emergencias nacionales o desaceleración económica, el proyecto de ley fija que el retorno a la regla debe darse en un periodo máximo de 3 años; mientras que en el caso del pasivo, Hacienda y el Consejo Asesor Fiscal deben idear un plan de convergencia, el cual debe ser aprobado por el Congreso.
Esta ley es clave para volver a la senda de la sostenibilidad de las finanzas públicas; sin embargo, duerme el sueño de los justos en el Senado, a casi 9 meses de haber tenido entrada oficial.
Para entender un poco la dimensión de este planteamiento, debemos retroceder al menos hasta el 2013. El Gobierno de Horacio Cartes impulsaba la Ley de Responsabilidad Fiscal en busca de controlar el gasto público, topeando el déficit anual (ingresos menos gastos), el crecimiento del gasto corriente y el despilfarro en elecciones, luego de varios años de excesos y descontrol con los fondos públicos.
Es así que se tuvo una cierta calma por varios años, hasta que llegó el 2019. Las adversidades climáticas, sumadas a un proceso de fuerte desaceleración en los primeros seis meses, empujaron al Fisco a aplicar por primera vez la cláusula de escape. En 2020, el escenario empeoró con la pandemia, cerrando ese año y empezando el presente, con techos históricos de gastos, deuda y déficit.
El proyecto de ley en cuestión, atendiendo esos resultados y considerando también la preocupación manifestada por diversos actores económicos, estableció un plan de convergencia del déficit. En un periodo de 4 años, el déficit debía volver a los niveles prepandémicos, en línea con el tope del 1,5% fijado en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Para llegar a esos niveles, la propuesta fija que en ese periodo de 4 años no podrá incrementarse el gasto corriente primario del sector público ni otorgarse aumentos salariales al plantel estatal.
Es evidente que este proyecto no será perfecto, por lo que en su recorrido legislativo puede tener cambios, pero es incomprensible como una propuesta que pretende ser un cerrojo al derroche haya sido cajoneado por los legisladores. ¿Es casualidad que justamente el planteamiento haya sido cajoneado en un año electoral? ¿No les gusta a los legisladores las propuestas que tienen como fin contener el despilfarro?
Pero esta no es la única ley que va por ese camino. La nueva Ley de Compras Públicas, que reemplazará a la desfasada Ley de Contrataciones, ya tiene también casi 4 meses esperando turno en Senado. Con este proyecto, que persigue un ahorro de unos USD 270 millones en el próximo quinquenio, se busca mayor transparencia y control en los procesos licitatorios.
Los legisladores deben entender que no solo el déficit y la deuda alcanzaron techos históricos, sino también el hartazgo ciudadano, por lo que es necesario un cambio radical en la forma tradicional de hacer política. Al fin y al cabo, esto se trata del dinero público, es decir, del bolsillo de todos los ciudadanos.
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