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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

Denuncias contra autoridades no deben quedar en el oparei

Los esperados cambios al frente de instituciones como la Contraloría y la Defensoría del Pueblo se dan en medio de denuncias sobre presuntos casos de corrupción. Uno de ellos tiene que ver con la gestión del anterior defensor y otro con la actuación del nuevo contralor en su desempeño anterior, como asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción. En ambas situaciones corresponde que la Fiscalía y la Justicia hagan una investigación a fondo y apliquen las debidas sanciones, en caso de comprobarse responsabilidades. No hay que permitir que estos casos queden en la impunidad o en el oparei.

Hubo un tiempo muy largo de espera para que finalmente los legisladores se pongan de acuerdo y procedan a elegir a nuevas autoridades al frente de dos importantes instituciones públicas, como lo son la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, pero ambos cambios se están dando en medio de varias denuncias sobre presuntos casos de corrupción.

En el caso del defensor del Pueblo, el anterior titular, Manuel María Páez Monges, permaneció cerca de 8 años ejerciendo el cargo con mandato vencido, debido a que los miembros del Congreso no pudieron acordar para reemplazarlo en su debido momento.

El nuevo defensor, Miguel Godoy Servín, confirma ahora varias de las denuncias de presuntos casos de corrupción que han sido publicados por la prensa y que salpican a su antecesor, Páez Monges, incluyendo sospechas de malversación de fondos en el caso de millonarios pagos realizados a supuestas “víctimas de la dictadura” por más de 110 millones de dólares, además de denuncias sobre pagos de gratificaciones a funcionarios con fondos que no estaban previstos para ese efecto, y la compra irregular de equipos informáticos, entre otros aspectos. Son casos que próximamente estarían siendo pasados al Ministerio Público, para que sean debidamente investigados, según el actual defensor.

En el caso del nuevo contralor, Enrique García, aunque existe también un proceso judicial contra su antecesor, el ex contralor Óscar Rubén Velázquez, quien fue obligado a renunciar a su cargo ante la inminencia de un juicio político por casos de corrupción, que fue sacado a luz por una investigación periodística de ÚLTIMA HORA en 2015, ahora las nuevas denuncias tienen que ver con el desempeño anterior que tuvo García como asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción.

En este caso, se le acusa al actual contralor de causar un gran perjuicio patrimonial a la Comuna asuncena por presunta negligencia, al no haber apelado un fallo en el caso Ivesur, que condena al Municipio a pagar 3,6 millones de dólares a dicha empresa, en concepto de indemnización por incumplimiento de contrato. Sobre este caso, la Corte Suprema de Justicia ha dispuesto abrir una investigación y también el intendente de Asunción, Mario Ferreiro, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, en la que pide que se investigue y se aclare lo que realmente sucedió.

En ambas situaciones corresponde que la Fiscalía y la Justicia hagan una investigación a fondo y apliquen las debidas sanciones, en caso de comprobarse responsabilidades. Los altos cargos de las autoridades involucradas, o sus vinculaciones políticas con el poder, no deben ser un impedimento para que se haga justicia. No hay que permitir que estos casos queden en la impunidad o en el oparei.

http://www.ultimahora.com/denuncias-contra-autoridades-no-deben-quedar-el-oparei-n1039212.html

Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

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6 comentarios en “Denuncias contra autoridades no deben quedar en el oparei

  1. La fórmula del Paraguay

    Por Carla Bacigalupo (*)

    En nuestro país hemos venido repitiendo a lo largo de los años una fórmula, que ha resultado infalible, que lo ha posicionado en un nivel paupérrimo en varios aspectos, algunos de los más relevantes: transparencia gubernamental, seguridad jurídica y desarrollo económico y social.

    Esta fórmula ha marcado el rumbo del Paraguay y sigue haciéndolo hasta hoy. Para corroborar esto, solo haría falta remitirse a las encuestas y estudios internacionales que lo sitúan como uno de los países con mayor grado de corrupción, mayor descrédito del sistema de justicia y de la clase política, y un no despreciable grado de desigualdad socioeconómica.

    Son varias las interrogantes que se presentan ante esta fórmula. La primera interrogante sería: ¿Cuáles son sus componentes?

    La fórmula presenta tres componentes o elementos esenciales: corrupción, impunidad y sumisión del pueblo.

    Sin duda, la corrupción imperante ab initio, solo en el sector público, permea y se extiende desde las cabezas de las instituciones públicas hasta el funcionario de menor rango y responsabilidad, y las empresas privadas que actúan en complicidad. La corrupción en Paraguay ha sido daltónica y no discrimina status o categorías sociales o económicas.

    El segundo elemento, la impunidad, presenta como contracara la represión implacable de los más desvalidos. En nuestro país sigue imperando un sistema de justicia condescendiente con las personas de mayores recursos económicos, y rígido, con las personas de escasos recursos. Dura lex sed lex, solo para los débiles. Los altos costos que implican los “trámites de justicia” y los honorarios de los abogados, representan una valla insoslayable para el acceso a la justicia, en condiciones de igualdad.

    El tercer elemento, que ha ocupado el título de este ensayo, es aquel que ha estado presente en el ADN de nuestro pueblo, desde larga data, aquel que ha sido incluso tema central de escritos y letras como la obra de Helio Vera, escritor paraguayo, que hablara ya del hueso perdido de la columna vertebral del paraguayo. Este elemento no es más que la sumisión del pueblo, el conformismo con la arbitrariedad y el abuso del poder, que tantas veces ha propiciado la victoria de situaciones irregulares con un ropaje de normalidad espeluznante, como: fraudes electorales, desfalcos públicos, migraciones masivas y nepotismo, por citar solamente algunas.

    La conjunción de los tres elementos ha generado consecuencias nefastas en diversos aspectos de nuestro país, y las sigue generando; sostiene el statu quo que nos condena una y otra vez a ser un país en vías de desarrollo y no el país desarrollado, que a lo largo de la historia, los ciudadanos paraguayos han buscado a través de la confianza depositada en el voto.

    Se presentan además otras interrogantes relativas a los componentes de la fórmula. ¿Cuántos ciudadanos paraguayos creen hoy en una clase política transparente y eficiente? ¿Cuántos ciudadanos paraguayos creen hoy en una justicia imparcial y objetiva? ¿Cuántos ciudadanos paraguayos creen hoy que sus voces pueden revertir las irregularidades cometidas por sus autoridades y reivindicar sus derechos? Las respuestas seguramente serán desoladoras, pues esta fórmula se ha sostenido tan firme en el tiempo, que ha causado un escepticismo generalizado y altamente nocivo para el proceso de eliminación de la misma.

    La lucha contra el primer elemento, la corrupción, requiere además de una campaña educativa disuasiva, fuerte y dirigida, una purga gradual de funcionarios públicos y actores privados que sin duda restará fuerzas a la mayoría de las instituciones, sin dejar de considerar la necesidad de innovar con una política seria de justicia y equidad salarial, que no se reduzca a la adopción de una matriz rígida, basada en la voluntad arbitraria de asignación de recursos.

    La lucha contra la impunidad, requiere además del cambio de personas, el cambio del sistema de justicia; requiere la adopción de medidas profundas que se traduzcan en la aplicación objetiva e imparcial del derecho positivo nacional, sin distinción de clases sociales o status económicos. Un Ministerio Público que ejerza la acción penal pública con eficiencia y objetividad, no genuflexo ante el poder político ni económico, es un requerimiento altamente necesario y estratégico para el proceso de eliminación de este elemento.

    El tercer elemento: la sumisión del pueblo requiere ser combatida con la concienciación sobre su importancia y poder real. Los medios de comunicación constituyen una pieza clave para este proceso, ya que a través de la prensa escrita, radial, televisiva, y redes sociales, las voces acalladas de los ciudadanos salen de la obscuridad, se desprenden del silencio cómplice, y se convierten en reivindicación y defensa de sus derechos, se vuelven verdad y lucha.

    El desafío que se presenta prima facie es atacar la fórmula en su totalidad, para lograr sentar las bases de un país serio y desarrollado, entendiendo el desarrollo en sus aspectos: económico y social; eliminar los tres elementos de la nefasta receta. Si bien el camino aún se presenta plagado de obstáculos, hay algunos destellos de esperanza.

    Esas voces que hace solo una semana se alzaron contra el otorgamiento de asignaciones abultadas en instituciones públicas, muestran que el tercer elemento persiste pero ya presenta debilidades, flaquezas que deben ser aprovechadas con la mejor cura, el mejor antídoto contra la sumisión del pueblo: la manifestación ciudadana, esa manifestación crítica y persistente, que hasta ahora mantiene a un considerable grupo de estudiantes paraguayos, reclamando sus derechos ante un sistema de gestión universitaria inequitativa.

    Esas voces ciudadanas han encendido una llama que debe permanecer encendida, una luz que no puede dejar de brillar, porque no traducen reclamos ais- lados y dispersos, sino que significan la destrucción paulatina del tercer elemento de la fórmula del subdesarrollo de nuestro país; significan el inicio del fin de la sumisión del pueblo, ante la arbitrariedad y atropello de sus derechos. Mientras la corrupción y la impunidad dejan al pueblo impotente y alicaído, su voz se erige en una fuerza abrumadora, capaz de sobreponerse no solo al tercer elemento, sino a la formula toda, y destruirla.

    La manifestación del pueblo es un arma genuina y vital, a la que, en todo momento, debemos apostar.

    (*) Exministra de Justicia.

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    Publicado por Anónimo | 14 noviembre, 2016, 8:45 am
  2. López Moreira no puede ser juez y parte en el negocio del petróleo

    Última Hora viene publicando una investigación de un caso que, a primera vista, se trata de un hecho de falta de ética, pero además entraña conflicto de intereses. Los intereses que, en este caso, se entrecruzan son los de una empresa privada –propiedad del jefe de Gabinete Civil de la Presidencia– y los del Estado paraguayo. Juan Carlos López Moreira fue designado por Cartes para ejecutar planes en el sector de hidrocarburos. Al mismo tiempo, tiene acciones en una empresa que busca petróleo. Es inadmisible que esta situación se mantenga. López Moreira no puede seguir siendo juez y parte en el negocio del petróleo.

    El jefe de Gabinete de la Presidencia, Juan Carlos López Moreira, es la persona de mayor confianza y cercanía del presidente de la República, Horacio Cartes. Pero además de eso, el funcionario es uno de los propietarios de una pequeña compañía paraguaya, LCH SA, que hasta hace un par de años tenía un 5% de los derechos sobre un bloque de exploración petrolífera en el Chaco.

    Actualmente, y después de haber vendido las acciones de la pequeña firma a la multinacional con sede en Londres, President Energy, el propietario de LCH SA, López Moreira, continúa en posesión de un porcentaje de acciones.

    Los accionistas de LCH son ahora accionistas de President Energy y todo beneficio que recibiera la empresa también les beneficiaría a ellos, así como cualquier sanción les perjudicaría.

    La firma multinacional cuenta actualmente con permiso para exploración de petróleo en cuatro bloques, todos en el Chaco. Con esto, es la empresa con mayores beneficios del sector, acumulando la mitad de las concesiones vigentes.

    El empresario López Moreira tiene derecho a hacer negocios, y buscar sus propios intereses, pues vivimos en una sociedad de libre mercado. Pero su rol de funcionario de Gobierno es incompatible con el de empresario. Es un problema ético y ahí hay conflicto de intereses.

    El 11 de octubre de 2016, a través del Decreto 6092, el presidente de la República nombró a Juan Carlos López Moreira como coordinador de la Política Energética del Paraguay.

    Para formularlo más directamente: el accionista de la principal concesionaria para la exploración petrolífera del país coordina al mismo tiempo la ejecución de los planes energéticos del Estado, planes que tienen como uno de sus objetivos específicos propiciar la participación de empresas en la exploración y desarrollo de hidrocarburos. Y, como si esto no fuera en sí más que suficiente, el presidente Cartes dispuso que en la cadena de mando de la Política Energética López Moreira esté por encima de nada menos que del viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano. En este hecho se encuentra la falta de ética y el más que evidente conflicto de intereses.

    El jefe del Gabinete Civil de la Presidencia no puede seguir siendo juez y parte en el tema de la política energética del Paraguay. Y no se puede aguardar a que el funcionario tome una decisión privilegiada para su empresa, para sostener que hay incompatibilidad en ambas funciones.

    Los roles son incompatibles: No se puede ser coordinador de la Política Energética de un país y al mismo tiempo accionista de una empresa que busca petróleo, porque la transparencia en el manejo del Estado no es negociable.

    http://www.ultimahora.com/lopez-moreira-no-puede-ser-juez-y-parte-el-negocio-del-petroleo-n1038929.html

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    Publicado por Anónimo | 13 noviembre, 2016, 8:08 am
  3. Generoso manto de la justicia

    Por Ilde Silvero

    Nadie pierde ni gana reputación en este país de cuarta, solía decir un enojado opositor en la era de la dictadura. Los años pasaron, los tiempos cambiaron, tuvimos presidentes no colorados, incluido un liberal y un obispo izquierdista, pero un sistema perverso no ha variado en absoluto: la impunidad que otorga a muchos delincuentes la mal llamada justicia.

    Nuestro Poder Judicial, aunque teóricamente sea independiente, en realidad es hijo dócil de los otros Poderes del Estado: del Legislativo y del Ejecutivo.

    Hace años que varios casos de denuncias graves contra algunos parlamentarios duermen el sueño de los injustos porque sus casos no avanzan. Por recursos procesales retorcidos, chicanas jurídicas o presiones políticas, por ejemplo, los casos de la “niñera de oro”, el “helicóptero que no vuela” o “los caseros de oro”, que afectan a parlamentarios, están por ahí, en algún cajón tribunalicio perdido.

    En estos días, el diputado liberal Milciades Duré, quien había votado por aplazar la enmienda, fue favorecido por la Corte Suprema de Justicia con la postergación hasta marzo de 2017 del juicio oral que debe enfrentar por la compra de tierras malhabidas, juicio que estaba marcado para esta semana. Una devolución de favores.

    Concejales de Asunción habían constatado que el exasesor jurídico y ahora flamante contralor, Enrique García, no apeló fallo de condena a la Comuna a pagar US$ 3,6 millones a Ivesur, habría usado documentos públicos de contenido falso e incurrido en intento de soborno. Desde un principio se habló de un negociado que involucraría al “exdefensor” comunal. La Corte Suprema estudiará el caso el día del juicio final por la tarde.

    Los ministros de la Corte Suprema Sindulfo Blanco y Miguel Óscar Bajac hicieron un favor a su correligionario Víctor Ríos, diputado y rector de la Universidad Nacional de Pilar, quien había promovido una acción de inconstitucionalidad contra artículos de la Ley de Educación Superior y una resolución del Consejo Nacional de Educación Superior, que dispuso que los senadores y diputados “no podrán (…) ejercer el cargo de Rector de Universidades (…), mientras permanezcan en ejercicio de sus funciones”. Ahora, los citados ministros suspendieron los efectos de la resolución del Cones y Ríos puede seguir percibiendo 70 millones de guaraníes como diputado y rector al mismo tiempo.

    Hay ciertas excepciones y algunos peces chicos y medianos caen en las redes de la justicia, pero son los menos. Cuando se trata de peces gordos, de tiburones que militan en la política, de ballenas que se alimentan a granel con los fondos del Estado, en estos casos la diosa Astrea no solo es ciega, sino también sorda y muda.

    Ya son varios los expresidentes de la República que habían prometido “pulverizar a esta Corte Suprema”, sanear, cambiar, mejorar sustancialmente, etc., la administración de la justicia, pero solo fueron palabras sin sentido en noche de tormenta. Lastimosamente, aunque algunos ladrones de gallinas van presos, a los violadores de la Constitución y a los vaciadores de fondos públicos aún los protege el generoso manto de impunidad de nuestra justicia.

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    Publicado por Anónimo | 13 noviembre, 2016, 7:31 am
  4. Te$taferro$ $A

    Por Mabel Rehnfeldt

    Una de las cosas que nos dijeron –o mintieron– era que la implementación del impuesto a la renta personal (IRP) ayudaría a terminar con choferes, jardineros, cocineras o niñeras dueños de grandes e inexplicables fortunas.

    Esta es una historia absolutamente falsa.

    Hay una componenda cuasi infernal que ayuda a que el sistema exista y persista, y se vio reflejada en las historias de los Papeles de Panamá e inclusive en el caso Nicolás Leoz. ¿Cómo es posible que se puedan girar verdaderas fortunas dentro del sistema bancario sin que a nadie le llame la atención?

    ¿Cómo es posible que en un día alguien gire millones de dólares a cuentas bancarias a nombre de empresas de portafolio –offshore– ubicadas en paraísos fiscales? ¿Quién controla las fortunas malhabidas, el lavado de dinero, las fortunas provenientes del contrabando, el narcotráfico y la corrupción en el sector público?

    Cuando íbamos a publicar el primer capítulo de los Papeles de Panamá llamamos a Tributación, al Banco Central y a la Secretaría de Prevención de Lavado de dinero (Seprelad). Todos y cada uno de ellos dijeron que no era su responsabilidad: Tributación no tiene ni siquiera enlace informático con el Banco Central; el Banco Central dijo que era responsabilidad de Seprelad, y Seprelad dijo que el Banco Central les debería avisar.

    Si una preocupación más debe ser añadida a esto es que Seprelad, que podría considerarse un amasijo técnico-político-económico, tiene autorización para acceder a TODA la información sensible de ciudadanos y empresas. Y Seprelad depende directamente del Ejecutivo. Y en el Ejecutivo está Horacio Cartes. Y Horacio Cartes puso a nombre de la camarera de su banco una fortuna en una cuenta bancaria en un banco de Nueva York cuando ocurrió el escándalo de evasión de divisas.

    Pero, además, el gobierno de Cartes es el mismo que está penetrado por gerentes de sus empresas privadas que viven navegando las profundas y peligrosas aguas de lo público y lo privado. Nadie sabe cuáles intereses protegerán en un caso de colisión entre ellos: ¿el patrimonio público o el patrimonio de Horacio Cartes?

    Se puede sospechar que estos gerentes tienen acceso privilegiado a informaciones de Seprelad. Si alguna vez se llegaran a ir del gobierno, se habrán ido con toda la información sensible pero, además, se habrán ido sin haber hecho absolutamente nada por combatir el lavado de dinero.

    La mejor prueba es la que esta semana saltó en el ámbito de la Fiscalía de Delitos Económicos: una sospecha de feroz y millonario lavado de dinero con empresas de portafolio en Ciudad del Este.

    Por si faltara un ejemplo más, desde mañana nuestro diario inicia una publicación que confirma cómo el robo del dinero público y la corrupción pueden ser “lavados” fácilmente en el mercado local, en la cloaca de la corrupción, con la ceguera complaciente de todos.

    Y la alcahuetería de todo el sistema judicial.

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    Publicado por Anónimo | 13 noviembre, 2016, 7:30 am
  5. Club de los Imputados

    Por Edwin Brítez

    Cuando el 15 de agosto de 2018 asuma el nuevo (¿nuevo?) presidente de la República, ya estén en funciones los nuevos (¿nuevos?) miembros del Congreso y los nuevos (¿nuevos?) gobernadores, estaremos a seis meses de cumplir treinta años de la caída de la dictadura y de ejercicio continuado de la libertad y de democracia formal en nuestro país.

    Para entonces una porción importante de la población que nació en ese período comenzará a dejar de ser joven, habrá tenido oportunidad de estudiar, de trabajar, de formar familia, inclusive de prosperar por lo menos un importante porcentaje de ella.

    Ese conglomerado pasará a formar parte de la legión de personas adultas que no tuvo la oportunidad de haber experimentado la sensación de lucha por sus ideales políticos aprovechando las energías juveniles y la pasión que despierta en el ser humano la circulación de las ideas por medio del debate o a través de las competencias electorales.

    Son los excluidos del sistema político a quienes solo se pide concurrir a votar, sin otorgarles la mínima posibilidad de participar como si esta palabra contemplara nada más que cumplir con el ejercicio mecánico de acercarse a las urnas a introducir en ellas boletines de voto.

    ¿De qué forma se los excluye?. Ustedes ya saben; los partidos políticos creados para motivar la participación ciudadana y a quienes se paga para que hagan buenas ofertas electorales, fomenten el liderazgo político y lleven a cabo un proceso de selección de talentos para que compiten a su vez con los mejores de otros partidos, se han convertido en instrumentos de impedir que el ciudadano común pueda acceder a integrar las listas de elegibles.

    Teóricamente existe la posibilidad de probar suerte con lista propia fuera de la jurisdicción de la cúpula partidaria o por dentro de la misma, pero el monopolio de la gestión partidista y electoral lo tienen esas cúpulas, que en una reciente reunión social escuché que las denominan el “Club de los Imputados”.

    Estas cúpulas defienden a capa y espada las excluyentes listas sábana para que los miembros del citado Club puedan ubicarse por debajo de los más o menos presentables.

    Sería una lástima que la sociedad paraguaya siga persistiendo en la lenidad de siempre con respecto a este autoritario y podrido sistema político, y que además no sea capaz de crear una oferta electoral alternativa que se caracterice por su apertura y trato igual a todos aquellos que se sientan con capacidad, vocación y valor de salir a enfrentar a los molinos de viento.

    Peor aún, que prefiera la comodidad de no participar o de negar apoyo a quienes decidieron aceptar el reto de enfrentar a los poderosos buscando romper el monopolio mezquino de la representación.

    Existe suficiente tiempo para organizar uno o más movimientos ciudadanos, con un mínimo plan de gobierno y una lista de talentos que puedan cumplir mucho mejor el oficio de la representación y la gestión de gobierno.

    Será necesario actuar con absoluta transparencia y apertura, de modo que cualquier persona calificada y con vocación democrática tenga garantizado el acceso a “su oportunidad” política de someterse al veredicto popular.

    A pesar de la cantidad de afiliados con que cuentan los partidos políticos, ellos solo están hoy para defender intereses y no principios y menos aún para entender las demandas y expectativas de la gente.

    La mayoría de sus líderes ya ni siquiera se preocupa de conservar la decencia y solo se limitan a identificar enemigos para impulsar actos de venganza, para lo cual no reparan en transgredir reglas o instrumentar convenciones y convencionales.

    Todo está llegando al límite y no se avizoran construcciones paralelas que puedan sustituir a lo que está hecho y a quienes lo hacen hoy de manera pésima.

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    Publicado por Anónimo | 13 noviembre, 2016, 7:26 am
  6. Justicia por mano propia

    Por Alcibiades González Delvalle

    Si mal no recuerdo, fue el escritor francés Maupassant, del siglo XIX, el que concibió la inquietante historia de centenares de muertos que una noche se levantan de su tumba. Era para borrar las leyendas de sus respectivas lápidas según las cuales habían sido honestos funcionarios, amorosos padres, amantísimos esposos, patriotas ejemplares, etc. La acción pretendía restablecer la verdad. Si llevaron una vida colmada de mentiras, en la muerte querían descansar en la verdad. “¡Nunca fui honesto!” gritaba uno mientras hacía desaparecer las palabras que expresaban lo contrario.

    Es una costumbre de los familiares, aun habiendo sido víctimas del finado, adornarle de virtudes que nunca tuvo.

    Me vino a la memoria este cuento, leído hace muchos años, con el pensamiento puesto en muchas de nuestras autoridades nacionales, regionales, locales, que llevan una vida enteramente deshonesta pero que a su muerte, con toda certeza, tendrán en sus tumbas inscripciones, en bronce o mármol, que resalten méritos que jamás conocieron.

    En los años 70 del siglo pasado, un conocido poeta encontró el camino para vivir de la palabra. Era muy requerido por los familiares que deseaban rendir un homenaje al ser querido. El tal poeta cobraba por cantidad de líneas y de adjetivos. O sea, según los elogios que debía hacer. Experto en el oficio, nunca preguntaba a sus clientes qué deseaban que escribiese. Sabía las palabras infalibles para contentarlos y pagasen con gusto. Eran glosas poéticas que resaltaban los méritos de las personas de quienes nunca escuchó hablar. Le bastaban el nombre y la edad. La edad le era un dato importante. Si murió anciano, con toda seguridad llevó una larga vida dedicada al prójimo, a su familia, a su comunidad, con una acrisolada honestidad y dación generosa. Si era joven todavía, el país perdió una vida que prometía mucho, pero Dios dispuso tenerlo a su lado. De la galería del poeta citado habrán salido muchos muertos, como los del cuento, que en un acto supremo de sinceridad borrarían también las mentiras acerca de su vida pasada. Diríamos que se volvieron honestos en la muerte.

    Todos los ladrones de hoy, los corruptos, los narcotraficantes, los que, en una palabra, están haciendo padecer a nuestro país, lucirán en su tumba expresiones que resaltarán su ejemplar honestidad. Y no será cualquier tumba sino pequeños palacios donde brille la vanidad. En este exhibicionismo patético se irá parte de lo sustraído a los contribuyentes.

    Es fácil adivinar las frases que recordarían a los ministros de la Corte Suprema, jueces, fiscales; los ministros de la Justicia Electoral, Presidente y ministros del Poder Ejecutivo; senadores y diputados; gobernadores e intendentes municipales; rectores de la Universidad Nacional y de algunas privadas. Todos ellos serán presentados como ejemplos de vida para quienes siguen penando aquí en la tierra. Penando a causa de haber sido burlados, estafados, robados; a causa de no haber tenido una mejor educación, una mejor salud, en una palabra, una vida mejor.

    Para peor, estarán convencidos de que se merecen los elogios. Pero es posible que, como en el cuento, se levanten de su tumba avergonzados de una vida trastornada por la corrupción de la que finalmente se arrepintieron. Es posible que así sea porque ya no tendrán privilegios de los que dañinamente disfrutaron.

    Nuestros corruptos viven, al parecer, en la creencia de que van a llevar al más allá el producto de sus atracos. Es así que no dan respiro al país. Cada día los medios de comunicación dedican un amplio espacio a los casos delictivos que incluyen el nepotismo, familias enteras que se apoderan del dinero público y van a la oficina –no al trabajo– cuando se les antoja.

    Quienes tendrían que enderezar el rumbo de la corrupción están a la cabeza de los corruptos. ¿Dónde denunciarlos entonces? No hay trámite que prospere si el caso llega a la Corte Suprema de Justicia y el acusado es de alguna relevancia política.

    ¿No temen las autoridades que el pueblo se canse? ¿No ven que la sociedad paraguaya está fracturada? ¿No escuchan esas voces que se levantan –todavía tímidas– clamando un poco de piedad?

    No, nada ven ni escuchan. Esperan que en su tumba se escriba que vivió para el país con dignidad, honradez y solvencia. Pero si ellos mismos, como en el cuento, no se levantan a borrar lo que sería una mentira feroz, tal vez lo hagan sus víctimas con toda justicia.

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    Publicado por Anónimo | 13 noviembre, 2016, 7:24 am

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Gracias jakarupa rireguánte.8/12/16

Dejó sin pierna a motociclista y ahora suspenden el proceso

En este país, la Justicia solo trabaja medio día y a veces, ni trabaja.
Moraleja: Si tenés guita no hay problema chera'a. Kore qué injusto!
Justicia paraguaya... Paga 6 millones como "pena" por dejar sin piernas a una persona y casi dejarlo sin vida. Por algo somos la tercer peor justicia del mundo.
Un borracho platudo choca con su autazo a un humilde trabajador, a quien se le amputa su pierna y solo tiene que pagarle 6.000.000 de guaraníes, en cuotitas. Manejas alcoholizado y... Conductor pagará G. 500.000 mensuales tras choque que dejó sin pierna a guardia. Independientemente que haya habido ya un acuerdo con la víctima, qué suaves (¿?) son los castigos para conductores alcoholizados. Después dicen que el dinero no trae la felicidad.

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Banquina llena de botellas plásticas y otros desperdicios arrojados por peregrinantes. Triste realidad! La fe mueve montañas, los peregrinos... Basura #lamentable

La ambición por el poder da amnesia ... 10 años después este es el "nuevo rumbo" de Lugo, los tiempos cambian y los intereses también, jamas los politicos mantienen su palabra empeñada, sencillamente nadie resiste un archivo! Peligro para el país, sólito se está haciendo su tumba, vergüenza me da esta clase de políticos.

En San Lorenzo el cretinismo toma forma de micro que se adelanta en doble línea en pleno cruce... Consuelo: peores cosas hacen con sus chatarras todos los días

Es el primer día del pesebre y el camello ya está harto de todo. (?)

Se le armo el scrache social al borracho Alvarenga. Alto representante legislativo, "de pedo" no mató a nadie. Ndo jerai gueteri, hesa pili'upapeve omoco el guai... por eso que hasta el árbol vio que se le puso en el camino (?) Que imprudente el árbol, imputenlo por exposición al peligro, seguro era un árbol peregrinando! Lo que es la naturaleza, hasta un árbol salió huyendo de un posible accidente. Ha koa la ñande legislador, los primeros en respetarlas las quebrantan... lamentable. Cada idiota que tenemos en el país. Un criminal de raza y harto-peligroso el Diputadete éste, igual a todos los de su camarilla de farsantes y estafadores. Con "chapa cambiable"? En un país serio, estaría preso y sin permiso para conducir de por vida o presentando su renuncia a la Cámara Baja. Es un asesino potencial. Burro, borracho y cobarde. Hombre escombro.

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