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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

No es legítimo usar recursos públicos en campaña electoral

Cartes pasó los primeros años de su gestión sin lograr resultados contundentes para la gente, con una fuerte percepción de que beneficia solo a una minoría. En la etapa final de su gestión, ya en periodo preelectoral, parece apurado por generar medidas para ganar una aceptación que perdió hace rato. Algunas acciones motivaron burlas por ser más mediáticas que de impacto, y hubo fuertes críticas, como las del sector empresarial. Cualquier iniciativa ahora es tardía. Deberían haberse implementado en el marco de una política planificada y ordenada, con la potencialidad de mejorar las condiciones de vida de la población de manera estructural y en el corto, mediano y largo plazo. La improvisación en políticas públicas no lleva a buenos resultados. Al contrario, puede tener más efectos negativos que positivos.

Horacio Cartes asumió el Gobierno con grandes promesas: La reducción de la pobreza, cambios en la matriz productiva tendientes a modernizar el país, generar empleos y mejorar sustancialmente la infraestructura vial.

Sin embargo, no logró reducir la pobreza. La pobreza se redujo por medidas tomadas en años anteriores y en los siguientes se mantuvo casi inalterable. A este hecho se suman acciones que si hubieran tenido éxito podían haber impactado significativamente en la población rural, como es el programa de compras públicas de la agricultura familiar.

La inefectiva política agropecuaria no solo pesó en el sector rural, sino también en las ciudades, por el desabastecimiento de productos básicos y el consiguiente aumento de los precios. En estas últimas semanas, debido al contrabando y la mala política agropecuaria, ocurrió lo contrario: el exceso de oferta de productos alimenticios y la caída de los precios, con lo cual una parte importante del esfuerzo productivo de los campesinos se echó a perder.

Como respuesta a la ineficacia de las políticas en la reducción de pobreza, el Gobierno anunció la entrega de canasta de alimentos en las zonas más pobres. De proponer una política que debiera haber afectado a las causas estructurales de la pobreza, pasó a implementar una política de emergencia con alto nivel de riesgo de prebendarismo. De más está señalar que el contenido de la canasta –azúcar, sal, harina, palitos, entre otros– difícilmente pueda contribuir a mejorar la nutrición de la niñez a la que va dirigida.

Con pocos días de distancia, el Gobierno comunica la reducción del pasaje. Esta medida fue motivo de crítica por el monto que representa para la economía familiar y porque en realidad ya prácticamente no existe el transporte público con pasaje a 2.100 guaraníes. Los transportistas aprovecharon, en la realidad, para elevar el precio del pasaje al sacar de circulación los micros que cobraban el pasaje más barato. El Gobierno no hizo nada por cambiar esa situación y hoy mucha gente siente el peso de tener que pagar alrededor de 4 pasajes diarios al costo más alto.

Las obras públicas que debieron haber dinamizado la economía tardaron en iniciarse, por lo que actualmente ninguna está terminada y los empleos generados son mínimos y de baja calidad, por lo tanto su efecto en la ciudadanía es menor. Para sumar mala impresión, en estos tres años se sucedieron desalojos, recrudeció la inseguridad, aumentaron los secuestros y la violencia producto del narcotráfico, creció exponencialmente la deuda externa y se evidenciaron escandalosos casos de corrupción.

Nada de esto contribuyó a una imagen positiva del Gobierno. No es legítimo empezar a utilizar la estructura y los recursos del aparato estatal para lograr resultados con fines electorales, que los debía haber conseguido con una gestión eficiente y eficaz.

http://www.ultimahora.com/no-es-legitimo-usar-recursos-publicos-campana-electoral-n1033841.html

Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

20 comentarios en “No es legítimo usar recursos públicos en campaña electoral

  1. Transparencia y justicia eficiente, claves en combate a la corrupción

    Según investigaciones de la organización Transparencia Internacional, posiblemente la que más confiablemente desarrolló la compleja técnica de calcular el grado de corrupción de cada Estado en el mundo, recurriendo a indicadores proporcionados por un gran número de organismos e instituciones, el Paraguay continúa situado en los primeros puestos de la lista de países con administraciones gubernamentales que toleran las irregularidades y vicios en los actos públicos, o que se sirven de ellas para mantener a sus políticos en el poder y en el disfrute de privilegios ilícitos.
    Aunque Paraguay mejoró ligeramente su puntuación, con relación al año 2011, en el que alcanzamos un pico de corrupción, según los índices de esta organización, de acuerdo a los cálculos actuales correspondientes al año 2014, entre los veinte países latinoamericanos de habla hispana tenemos el “honor” de figurar en segundo puesto entre los más corruptos, con 150 puntos, detrás de Venezuela (161) y antes que Nicaragua (133).
    Los gobiernos que fallan en sus funciones administrativas y de contraloría de personal, de propósito o por incapacidad, y que, además, poseen un sistema de justicia inepto, sometido o inmoral, inmediatamente quedan a merced de la corrupción, que los va inficionando en mayor o en menor medida, según sea el grado de ineducación, desinstitucionalización e impunidad que cada cual permita consolidar en su Estado.
    Un hecho que no merece mayor investigación, porque es evidente por sí mismo, es que en los países donde no existe control social, o donde se impide o se trastorna de algún modo el poder de intervención de las organizaciones de la sociedad civil y de la prensa libre, los gobernantes y sus socios del sector privado encuentran la vía expedita para cometer todo tipo de fechorías.
    En nuestro país, la inmoralidad y la ineficiencia en la administración de los intereses generales del pueblo son un defecto antiguo. No se le podrá achacar a este gobierno haber abierto las canillas del latrocinio y la impunidad consecuente, pero sí que no haga todo lo que esté a su alcance para ir corrigiendo de un modo eficaz tal situación. Hacer, en definitiva, lo que el presidente Cartes prometió al asumir y lo que sus antecesores no quisieron o no se animaron a reformar.
    Con relación a esto, cabe felicitar al presidente Cartes por su determinación de suprimir las famosas bonificaciones con que los organismos públicos saquean el erario para favorecer indebidamente a funcionarios paniaguados, sindicalistas corrompidos o supernumerarios que son inútiles para el servicio de la sociedad y el bien común. Anunció que sería por este año; ojalá la experiencia sea positiva y se aplique en forma definitiva; de lo contrario, quedará en la historia de las frustraciones nacionales como otro simple acto de oportunismo.

    http://diariolajornada.com.py/v6/category/editorial/

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    Publicado por Anónimo | 27 octubre, 2016, 9:42 am
  2. Ahora califiquemos

    Por Iván Lisboa –
    Hace ya casi un mes y luego de los numerosos cuestionamientos a los irritantes privilegios que tiene un sector de los funcionarios públicos, el Poder Ejecutivo y el Congreso decidieron suspender el pago del aguinaldo extra.

    Ahora, ya un poco más enfriada la polémica, los diputados –principalmente colorados– planean mantener este beneficio, aunque dijeron que se crearían “criterios de calificación”. Esto, para ver quién puede cobrar el aguinaldo extra y quién no. Excelente.

    Basémonos en que este beneficio es un derecho adquirido que tienen todos los funcionarios públicos, sean nombrados, contratados, jornaleros, mensualeros, limpiadoras, guardias, directores, ministros, etc. Ahora califiquemos: ¿quién merece un aguinaldo extra?

    ¿Merece un funcionario que todo el día se la pasa sentado, con aire acondicionado, contando chistes en los grupos de WhatsApp y poniendo cara fea cuando algún osado visitante le pide algún favor? ¿O merece un recolector de basura, quien además de recorrer los barrios y soportar el fétido olor de la descomposición, el calor, el frío o la lluvia, debe trabajar sin guantes, sin zapatones ni uniformes?

    ¿Merece un aguinaldo extra un director, quien, además de su elevado salario, percibe cada mes bonificaciones, gastos por responsabilidad en el cargo y gastos de representación, entre otros? ¿O merece aquel funcionario que gana sueldo mínimo, que habitualmente se queda en la oficina después de su horario por la sobrecarga de tareas, pero no cobra horas extras y tampoco puede faltar un día al trabajo?

    ¿Merece una gratificación aquella secretaria que resalta entre todos por sus atributos corporales y que ingresó como personal de confianza del nuevo jefe, pero los memos internos que redacta dan lástima por los errores ortográficos y de concordancia? ¿O merece un médico de Emergencias que habitualmente debe hacer guardias de 24 horas, comprar sus propios insumos y salvarle la vida a aquellos que con su último aliento piden una intervención casi milagrosa?

    El Gobierno tiene proyectado gastar el año que viene unos USD 177,6 millones en bonificaciones, paquete en el que está contemplado el pago del aguinaldo extra a los funcionarios públicos.

    Es un hecho que el Congreso aprobará este presupuesto. Lo único que podemos esperar es que se apliquen los “criterios de evaluación” y el dinero no sea repartido bajo el principio del chonguismo.

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    Publicado por Anónimo | 27 octubre, 2016, 9:41 am
  3. Ventanita de corrupción

    La transparencia de los datos públicos no es suficiente. Debe ir complementada con un mayor control de parte de los administradores del dinero público y de un castigo de parte de las autoridades judiciales.

    Tras la denuncia de que el Estado pagaba aguinaldo extra a los funcionarios –lo merecieran o no–, no solo se dieron a conocer los montos de despilfarro del dinero público, sino también el desastre administrativo para denominar esta erogación.

    El Estado opera financieramente con base en un manual de funciones denominado Clasificador presupuestario. En este manual, se le asignan dígitos a una serie de conceptos de ingresos y de gastos del Estado.

    En teoría, el clasificador presupuestario sirve para uniformar las transacciones financieras de la Administración Pública, pero en la práctica no.

    Por ejemplo, mientras algunas entidades abonaban el “aguinaldo extra” bajo el objeto de gasto “133”, al cual se denomina Bonificaciones y gratificaciones, el Ministerio de Hacienda y la Dirección Nacional de Aduanas, por citar dos ejemplos, abonaban el aguinaldo extra bajo el objeto de gasto “849”, denominado Otras transferencias corrientes, que entre otras cosas permite el pago de premios en efectivo o en bienes, y los premios por reconocimientos al mérito de personas o entidades privadas.

    En el caso del Congreso Nacional, el pago de una asignación mensual para los operadores políticos o asistencia parlamentaria estaba englobada en dos tipos distintos de conceptos: contratación de servicios técnicos y profesionales y otros gastos del personal.

    Como estos casos, hay otras decenas de ejemplos sobre la falta de claridad en la asignación de recursos y sobre la legalidad de utilizar un recurso destinado a un concepto para otro objeto de gasto.

    Hay una ventanita que permite a los administradores de la cosa pública reorientar los gastos, sin que exista un control, hasta que el dinero público ya haya sido malversado.

    La historia de la Administración Pública demostró que no se puede confiar en la honestidad del administrador de los bienes estatales, y que es necesario establecer criterios de control sobre el gasto público. Por ello, es normal la desconfianza que existe hacia la intención del Poder Ejecutivo de mantener el dinero destinado al pago del aguinaldo extra, a pesar de su promesa de que ya no abonará este beneficio. Hay que cerrar cualquier ventanita que induzca a pensar que el dinero de los impuestos será utilizado el próximo año para promover la reelección presidencial.

    Por Wendy Marton

    http://www.ultimahora.com/ventanita-corrupcion-n1033346.html

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    Publicado por Anónimo | 27 octubre, 2016, 9:41 am
  4. Las enormes diferencias salariales entre sectores público y privado

    Mientras se discutía y regateaba el ajuste del salario mínimo de los trabajadores del sector privado en base a la propuesta del Ejecutivo de reajustarlo anualmente y sin esperar el tristemente famoso 10% que nunca llega, en base a un criterio miserable de una buena parte del empresariado y un grupo de teóricos de la economía que se empecinan en demostrar que el aumento del salario mínimo redunda en contra de los asalariados, los diputados, por una mayoría prácticamente aplastante, votaron el aumento de un tercer aguinaldo para sus empleados, es decir un sueldo más extra, con lo que los funcionarios de la Cámara cobrarían 15 salarios al año, contra 13 de los trabajadores habituales establecidos por la ley, tremenda diferencia aumentada por la notable distancia entre los sueldos de los funcionarios de diputados –y de otros muchos trabajadores del sector público– con relación a los salarios del sector privado.
    Es decir, que los salarios mínimos de los empleados públicos son máximos con relación a los mínimos del sector privado. El duro y grosero contraste es sin dudas la causa del escándalo que hizo despertar la indignación de la ciudadanía, el retroceso de la clase política en beneficio de sus paniaguados, y producir un cambio que, aunque parezca coyuntural y mínimo, es de tremenda trascendencia económica y política.
    La positiva propuesta del Gobierno de ajustar automáticamente el mínimo del sector privado cada año, para que esos trabajadores no pierdan anualmente parte de su ya raleado por décadas poder adquisitivo, teniendo que esperar un diez por ciento que nunca llega por la manipulación de las cifras de la devaluación de los precios de la canasta básica familiar que, como es reconocido hasta por los supermercados con su periódica oferta de una miserable canasta de menudencias de vez en cuando, solo alcanza para paliar la miseria, se vio minimizada por la negativa de los referentes económicos que proclamaron que el aumento oficial del Ejecutivo implicaría una pérdida del poder adquisitivo de los supuestos beneficiados; aunque parezca mentira esto fue y sigue siendo argumentado por empresarios y economistas del sector privado.
    Los diputados, más pragmáticos, por estar acostumbrados a contar votos y a pasar sus gastos al erario público, por el contrario, no tuvieron el menor reparo para aumentar con bombos y platillos un salario extra más a sus empleados; no contabilizaron el costo del ridículo y del escándalo de un aumentazo, cuando en palestra pública se estaba discutiendo un reajuste a los asalariados, dejando en evidencia la grosera diferencia entre ambos sectores, la irresponsable generosidad pública contrastada por los amarretes pagadores del sector privado.
    La decisión del Ejecutivo de achicar los privilegios del sector público y de ajustar y mejorar los ingresos de los trabajadores del sector privado es una buena medida para plantear un país más justo e igualitario, para terminar con los privilegios que manipula el sector político desde la esfera del poder.
    El decreto presidencial sentó posición y con tanta razón que no hubo más remedio que aceptarlo y continuarlo, como ocurrió en las dos cámaras del Legislativo prácticamente de inmediato. El carnaval de la repartija de los funcionarios públicos privilegiados del día antes se convirtió en velorio, donde se aceptó la realidad. Falta ahora que el sector privado acepte también la realidad de que hay que ajustar los salarios, por lo menos, de acuerdo a los datos de cada año, sin esperar el famoso 10% que nunca llega.

    http://diariolajornada.com.py/v6/category/editorial/

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    Publicado por Anónimo | 27 octubre, 2016, 9:40 am
  5. El seguro para legisladores es otro abusivo privilegio

    Que el Estado invierta anualmente 2.819 millones de guaraníes para pagar un seguro médico privado a 143 diputados, senadores y parlasurianos, quienes tienen salarios mensuales de hasta 37 millones de guaraníes, constituye otro caso de escandaloso privilegio que se brinda a los miembros de una casta política y que no se compadece de la afligente realidad que sufre la gran mayoría de la población más humilde. Mientras faltan medicamentos para muchos pacientes graves en los centros de salud o continúe la crisis en el sector de la educación, regalar tanto dinero público a los cuestionados legisladores implica otra ofensa para la ciudadanía.

    No solo disponen del servicio de unos 20 profesionales entre médicos, odontólogos, enfermeros y nutricionistas en la Cámara de Diputados, a quienes se les paga unos 220 millones de guaraníes al mes solo en salarios, sino que además se les provee de un seguro médico privado a 143 diputados, senadores y miembros del Parlasur, a un costo de 2.189 millones de guaraníes al año, según lo revela una serie de reportajes periodísticos que vienen publicando ÚLTIMA HORA y Telefuturo.
    A quienes reclaman mayor inversión en el sector de la salud pública se les puede decir que esta constituye una gran inversión del Estado, pero para la salud privada, ya que los millonarios contratos para proveer los servicios son con conocidas empresas médicas privadas.
    No se cuestiona el derecho esencial de que los funcionarios administrativos del Congreso accedan a un seguro médico, aunque lo ideal sería que compartan el mismo régimen al que están sometidos los demás trabajadores del país, en un plano de equidad. Lo que se cuestiona es que el Estado les pague a los congresistas electos un seguro médico de alta jerarquía, cuando además están percibiendo salarios y beneficios que llegan a los 37 millones de guaraníes mensuales, con los que perfectamente se pueden pagar ellos su propio seguro.

    Una situación aun más privilegiada gozan los ministros de la Corte Suprema de Justicia, ya que el Poder Judicial paga a una aseguradora privada unos 2.741.250 guaraníes al mes por cada ministro, totalizando 296 millones de guaraníes al año por los 9 ministros, mientras la presidenta de la Corte tiene una remuneración mensual de 51 millones de guaraníes.

    Esta situación constituye otro caso de escandaloso privilegio que se brinda a los miembros de una casta política y que no se compadece de la afligente realidad de privaciones y necesidades que sufre la gran mayoría de la población más humilde.

    Mientras se denuncian reiterados casos de escasez de medicamentos y de equipos para muchos pacientes graves en los hospitales y centros de salud de todo el país, o mientras continúe la crisis en el sector de la educación, regalar tanto dinero público a los cuestionados legisladores y a los miembros de la Corte Suprema implica otra ofensa para la ciudadanía.

    En una época en que se imponen las exigencias de austeridad y del uso racional de los recursos del Estado, urge que las máximas autoridades analicen mejor esta situación y dispongan las medidas correctivas más adecuadas, para evitar seguir despilfarrando el dinero público de manera tan escandalosa. Ya existen muchas razones de indignación ciudadana ante los abusos de la claque política. Es el momento de ir reduciendo privilegios y ponerse más cerca de lo que realmente siente el pueblo.

    http://www.ultimahora.com/el-seguro-legisladores-es-otro-abusivo-privilegio-n1032775.html

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    Publicado por Anónimo | 27 octubre, 2016, 9:40 am
  6. Otra vez zarandean el proyecto de Presupuesto

    La pretensión de moderar el gasto y respetar la Ley de Responsabilidad Fiscal, que tenía el proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación, está en vías de fracasar estrepitosamente. Nada menos que 42 entidades públicas solicitaron a la Comisión Bicameral de Presupuesto aumentos por un total de 1,4 billones de guaraníes, lo que equivale al 21% de los egresos previstos por el Poder Ejecutivo.

    Lo llamativo es que entre los solicitantes figuran varias instituciones que dependen del propio Poder Ejecutivo, pese a que el Presidente de la República había ordenado a sus jerarcas atenerse al proyecto de ley presentado.

    El presidente Cartes fue desobedecido por quienes encabezan las Secretarías Nacionales de Cultura y Antidrogas, y los Ministerios del Interior, de Defensa, de Educación y Cultura, de Salud y Bienestar Social, de Trabajo, de la Mujer y, aunque resulte increíble, hasta por el propio ministro de Hacienda, Santiago Peña, quien, justamente, también firmó el proyecto que ahora objeta de hecho, al igual que sus colegas. Parece un chiste, pero lo cierto es que, según la Comisión Bicameral de Presupuesto, el ministro Peña pide ahora para su Ministerio 20.943 millones de guaraníes más, suma considerable que, por lo visto, olvidó incluir en el documento que le acercó al titular del Poder Ejecutivo.

    Las máximas autoridades de las Secretarías Nacionales y de los Ministerios citados ignoraron así un mandato claro, acaso porque estaban seguros de que no iban a ser destituidos o sancionados por desobediencia, como es costumbre en nuestro país.

    En lo que respecta al proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación, el Poder Ejecutivo tiene así más de una voz y, en principio, ninguna de ellas suena más fuerte que las otras. Es evidente que no habla por boca del ministro de Hacienda, ninguneado pese a que el art. 18 de la Ley de Administración Financiera del Estado dice que “las relaciones del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo en materia presupuestaria se mantendrán exclusivamente a través del Ministerio de Hacienda…”.

    Considerando esta disposición, fue innecesario que el Presidente de la República haya ordenado a sus ministros que no negociaran con la Comisión Bicameral marginando al ministro Peña. Si creyó que le harían más caso a él que a la ley, es evidente que se equivocó rotundamente, hasta el punto de quedar en ridículo. Está claro que su autoridad ha quedado muy afectada, como quedó la de sus predecesores durante el estudio anual del proyecto de ley, debido a la indisciplina de los subalternos. La diferencia radica en que esta vez el titular del Poder Ejecutivo impartió una directriz precisa, que fue olímpicamente desoída. El Primer Mandatario creyó conveniente fijar pautas, y ahora está conociendo los límites de su influencia. Si los legisladores, que por lo visto tienen varios interlocutores en el Poder Ejecutivo, se exceden en los gastos previstos, pueden culpar de ello en buena medida a los propios ministros, sin perjuicio de que ellos mismos quieran satisfacer a su numerosa clientela política, fantaseando ingresos ilusorios para inflar el Presupuesto.

    ¿Conoce el ministro de Hacienda las “razones fundadas” que sus colegas invocan para que se les den más fondos? Es de suponer que los mayores gastos hoy reclamados ya figuraban en los diversos anteproyectos, y que si no los incluyeron en el presupuesto es porque no creyeron que estaban justificados. Es poco probable que entretanto, sorpresivamente, hayan surgido hechos nuevos que ameriten mayores desembolsos, y que al mismo tiempo ya apareció el necesario “respaldo económico” gracias a una mayor futura recaudación impositiva.

    Por de pronto, el ministro Peña afirma que faltan recursos para financiar mayores gastos, y que todo cambio debe realizarse dentro del tope fijado por el Poder Ejecutivo, salvo el caso, por lo visto, de la propia administración financiera, que también demanda más dinero. Se dirá que, en realidad, no le preocupa tanto que el Presupuesto finalmente sancionado sea mayor que el proyectado, pues el Ministerio de Hacienda podrá, mediante el Plan Financiero, denegar los fondos asignados por falta de dinero, planteando una inexorable cuestión de hecho. El problema es que, en tal caso, probablemente se recorten los programas sociales, pero nunca los sueldos del personal, incrementados por la más que segura creación de nuevos cargos.

    Así las cosas, el documento en estudio ha perdido seriedad, más aún porque, como siempre, durante el próximo ejercicio fiscal habrá “reprogramaciones” y nuevos pedidos de aumento. Si además se consideran las próximas elecciones generales, hay motivos para temer que el déficit presupuestario del 1,5% del PIB sea superado en violación de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Es necesario que haya disciplina en esta materia, pero también que los ministros del Poder Ejecutivo respeten, para empezar, la Ley de Administración Financiera del Estado, más importante aún que una orden del Presidente de la República.

    Mientras los altos funcionarios y los senadores y diputados de todos los colores continúen dándoles prioridad a sus intereses políticos antes que a las necesidades del país, el Presupuesto nacional continuará siendo zarandeado como trapo de piso en aras del clientelismo y del populismo.

    En las próximas elecciones presidenciales hay que darles una buena lección a quienes desobedecen las leyes administrativas, enviando a la cuneta a los derrochadores de los fondos públicos, tan esforzadamente aportados por el pueblo trabajador que paga sus impuestos.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/otra-vez-zarandean-el-proyecto-de-presupuesto-1531910.html

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    Publicado por Anónimo | 27 octubre, 2016, 9:39 am
  7. Velar por el buen uso de recursos destinados a programas sociales

    Durante un encuentro mantenido con los integrantes del Gabinete Social, el presidente Horacio Cartes instó a sus miembros a defender los fondos para los programas sociales del próximo año, que actualmente están siendo objeto de estudio en el Congreso.
    Cabe mencionar que actualmente el Estado está recibiendo un ingreso menor al previsto debido a una merma en las recaudaciones fiscales. Por ese motivo, para evitar que el ajuste afecte al gasto social, el recorte presupuestario ha sido aplicado a los gastos corrientes, es decir, a los salarios del sector público.
    De por sí, esta iniciativa es comprensible. Sobre todo a la luz del compromiso asumido por el presidente Cartes al acceder a la primera magistratura, cuando anunció que libraría una “guerra” contra la pobreza. En esta línea, es justificado el llamamiento al Congreso para que enmarque su facultad constitucional de aprobar el Presupuesto con las prioridades establecidas por el Poder Ejecutivo. Es más, los fondos no solo deben ser mantenidos, también podrían ser incluso incrementados, dadas las acuciantes necesidades de los más desprotegidos.
    Sin embargo, existen algunas posiciones que es preciso dejar debidamente sentadas. El poder administrador tiene la responsabilidad de afinar la eficiencia del gasto social, utilizando cada guaraní que el Presupuesto le asigna de manera criteriosa, oportuna y transparente.
    Para ello, es menester, antes que nada, que los recursos sean orientados hacia aquellos ciudadanos que realmente lo precisan, sin distraer fondos hacia personas o grupos de personas que no acreditan el perfil suficiente para ser objeto de la asistencia estatal.
    Sabido es que siempre es elevada la tentación de la clase política, de disponer la derivación de dinero público hacia operadores partidarios completamente ajenos a la naturaleza de los programas sociales que están siendo implementados, más aún teniendo en cuenta que se van acercando las elecciones del 2018.
    Cabe efectuar un chequeo y una fina depuración de los programas sociales que apuntan a otorgar subsidios a ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Solo así se logrará obtener la legitimidad necesaria para consolidar una autoridad moral que permita exigir al Congreso que respete los planes delineados por el Ejecutivo para que no recorte el gasto social definido por la administración central en el Presupuesto General de la Nación.
    Los programas sociales son de vital importancia para una buena cantidad de paraguayos y paraguayas, por lo que la clase política, las autoridades legalmente constituidas y sociedad en general, deben velar por el cumplimiento del buen uso de ese dinero.

    http://diariolajornada.com.py/v6/category/editorial/

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    Publicado por Anónimo | 27 octubre, 2016, 9:39 am
  8. EL SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
    Andrés Granje
    La osadía de los empresarios no tiene límites, días pasados la cúpula superior de uno de los poderosos gremios empresariales se quejaba y pedía al gobierno que no permita que los salarios de los estatales tengan incrementos para el año venidero, que se elimine esos privilegios que consideran nocivos para la economía nacional. Sucede que los “malos ejemplos”, pueden cundir y reproducirse, si los trabajadores públicos siguen conquistando mejoras en la relación laboral y ganan un salario justo, llegando al objetivo del trabajo digno que pregona la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del cual nuestro país es firmante, esto no se compadece con los intereses patronales en el Paraguay donde la relación laboral es poco menos que feudal e injusta.
    En efecto, los funcionarios públicos se puede decir tienen un salario acorde que le permite vivir con dignidad, exceptuando los casos de privilegios excesivos en algunos estamentos, como los de la Cámara de Diputados y el tercer aguinaldo que era un despropósito inaceptable, o los casos de las secretarias vip, con salarios de directores o la niñera con sueldo millonario y trabajando en varias instituciones, que son anomalías que deben ser castigadas con el rigor que la ley impone para estos casos, pero en la generalidad de los casos los sueldos que perciben en la función pública son salarios que están acorde con las tareas que desempeñan los profesionales que trabajan allí sean médicos, economistas, ingenieros, arquitectos, informáticos, etc.
    Otra lacra que debe ser castigada y apartada de las instituciones públicas son los integrantes de la legión de planilleros, castigando también a sus padrinos políticos que son los hacen que los mismos sigan medrando por la cosa pública, perfeccionando igualmente el sistema de admisión de tal forma que los llamados a la tarea pública sean los más aptos y no los amigos de los políticos. Pero si se quiere que la gestión de los funcionarios estatales sean eficientes indudablemente deben ser contratados los mejores ganando los salarios que les permitan llevar una vida con decoro y sin apremios de otra forma se llenarían las oficinas públicas de mediocres, pues solamente los que no tengan cabida en la función privada aceptaría trabajar en el sector público.
    Igualmente si los empresarios locales no realizan una mejor distribución de las ganancias en sus empresas, teniendo como premisa que el sueldo mínimo sea el piso y no el techo a percibir, si ponen en prácticas políticas distributivas más justas donde los trabajadores puedan tener porcentajes sobre las ganancias de la empresa, lo que haría que produzcan más y mejor pensando en los beneficios que esta situación les daría en lo económico. Pero el empresariado local está aun en la edad de piedra se niegan rotundamente a brindar bienestar y seguridades laborales a sus trabajadores, los que viven miserablemente y arañando llegan a fin de mes, sin ninguna posibilidad de destinar recursos para la distracción familiar o las actividades sociales, que son los motores de la economía moderna por medio del consumo generalizado de la gente.

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    Publicado por Anónimo | 27 octubre, 2016, 9:37 am
  9. Institucionalizar la decencia

    Tal vez deba pasar toda una generación para que el concepto de decencia termine haciendo carne en la función pública y en grandes sectores de la sociedad a los que les cuesta comprender este valor, definido por la Academia como “dignidad en los actos y en las palabras, conforme al estado o calidad de las personas”, honradez y rectitud exigibles que les impiden cometer actos delictivos, ilícitos o moralmente reprobables.

    Tal vez deba pasar toda una generación para que el concepto de decencia termine haciendo carne en la función pública y en grandes sectores de la sociedad a los que les cuesta comprender este valor, definido por la Academia como “dignidad en los actos y en las palabras, conforme al estado o calidad de las personas”, honradez y rectitud exigibles que les impiden cometer actos delictivos, ilícitos o moralmente reprobables. Asociada a esta va otra idea no menos trascendente que es la integridad, que algunos pensadores describen como el compromiso de hacer lo correcto aún cuando nadie nos esté viendo o controlando. Tal vez se diga que esto es mucho pedir. Sin embargo, la franja que separa la integridad de los actos moralmente reprochables también tiene un nombre: madurez. Una persona madura y socialmente estable no necesita que le digan qué cosas están bien y cuáles están mal. Ha crecido en un medioambiente regido por la ética y ha aprendido a actuar en consecuencia.

    Ningún gobierno, en las últimas seis o siete décadas, ha hecho de la decencia y la honestidad un compromiso de Estado. Sin embargo, hubo épocas en que sí lo hicieron. Un lustro antes de que estallara la guerra del Chaco, el Gobierno paraguayo comisionó a Europa al general Manlio Schenoni y al coronel Arturo Bray para adquirir armas modernas para las Fuerzas Armadas. “En el Banco de Inglaterra estaban depositados en libras esterlinas –relata Bray en su autobiografía “Armas y letras”- los fondos a la orden del general Schenoni, quien lejos de percibir la obligada ‘comisión’ que, conforme a las normas establecidas y sin asomos de coima, adjudican las fábricas de armas al agente comprador, la invertía en otros materiales que no figuraban en el plan de rearme…”. Quizá en la administración pública de hoy puedan encontrarse algunos ejemplos parecidos, pero a la luz de los abruptos cuan injustificables enriquecimientos uno tiende a creer que son la excepción que justifica la regla de “funcionario público fortuna asegurada”.

    Sería iluso pensar en una administración de los bienes públicos absolutamente libre de todo acto corrupto. Eso no existe en ningún país del mundo. “El Índice de Percepción de la Corrupción 2014 pone de manifiesto que, cuando líderes y altos funcionarios abusan de su poder para usar fondos públicos en beneficio propio, el crecimiento económico se ve minado y los esfuerzos por frenar la corrupción quedan frustrados” señaló José Ugaz, presidente de Transparency International. Esta rotunda definición parece apartarnos años luz del objetivo de imponer la decencia en la función pública cuando leemos que el Viceministro de Administración Financiera, Ramón Ramírez, afirma que desde la Caja Central no tiene cómo determinar cuánto es el monto que cada institución destina al pago de gratificaciones extras. Cuando un administrador, sobre todo del Estado, es a tal extremo impotente, estamos en serios apuros.

    http://www.5dias.com.py/50896-institucionalizar-la-decencia

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    Publicado por Anónimo | 26 octubre, 2016, 9:41 am
  10. Un vuelo ilegal

    Por Edwin Brítez

    El comandante de la Fuerza Aérea intentó explicar la razón por la que una de las naves de la institución a su cargo realizó un viaje a Ñeembucú para transportar a personas que fueron allá a realizar proselitismo partidario, algo totalmente prohibido tanto al comandante como a la institución castrense.

    El general Braulio Piris explicó que el avión fue solicitado a la Fuerza Aérea “de acuerdo con el procedimiento establecido” para el efecto. Consultado si sabía o no que el viaje era para hacer proselitismo partidario, el jefe militar se negó a responder y se limitó a decir que eso debe preguntarse al vicepresidente de la República, responsable del uso del aparato.

    El único “procedimiento” conocido en este caso es lo que establece la Constitución Nacional con respecto a las Fuerzas Armadas, que siendo una institución nacional “…será organizada con carácter permanente, profesional no deliberante, obediente, subordinada a los poderes del Estado y sujeta a las disposiciones de esta Constitución y las leyes”.

    Por consiguiente, el general Piris, como responsable del “préstamo” de un avión al vicepresidente de la República, no tuvo en cuenta que su único jefe a quien debe obediencia es al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y presidente de la República, Horacio Cartes. En tanto está subordinado a los poderes del Estado y en este caso específico al Poder Ejecutivo, poder constituido por UNA SOLA PERSONA, el presidente de la República.

    Que el vicepresidente sea amigo del presidente o correligionario del presidente de la Junta de Gobierno son cuestiones no institucionales que escapan a las atribuciones del general Piris. No puede poner a disposición de amigos ni parientes los recursos de las FF.AA. Tampoco al partido, en el cual por lo visto milita o a cuyas autoridades debe algunos favores.

    No puede recibir órdenes de otro que no sea Cartes. ¿Y si mañana recibe órdenes del vice o de otro para destinar uno o más aviones para una misión que no sea ni institucional ni partidaria? Sería peor, porque con lo que hizo esta vez ya se colocó en posición de enfrentamiento con la Constitución.

    La misión de las FF.AA. es custodiar la integridad territorial y defender a las autoridades legítimamente constituidas. ¿Qué parte del territorio fue a custodiar el avión cedido por Piris o a qué autoridad fue a defender? Según los registros, el avión fue a hacer volar unos cuantos pañuelos rojos y sirvió para que el general Piris hiciera también volar su imaginación sobre la institucionalidad de la República.

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    Publicado por Anónimo | 26 octubre, 2016, 9:40 am
  11. Tomar las riendas

    Por Edwin Brítez

    ABC Color manifestó en varias ocasiones su preocupación por el hecho de que la etapa de aprendizaje y consolidación democrática iniciada con el derrocamiento de la dictadura de Stroessner está agotada y porque, según los más diversos análisis, con el actual modelo político ya no vamos a poder avanzar hacia metas superiores.

    En 27 años de vida libre y democrática solo pudimos comprobar que son decadentes las organizaciones políticas que buscan y administran el poder y que sus dirigentes y métodos están envejecidos, lo cual se traduce en las ideas y posturas caducas que sostienen.

    La consecuencia directa de esta situación es que los ciudadanos más calificados y honestos, especialmente los jóvenes, se abstienen o directamente huyen de la militancia partidaria amedrentados por las prácticas viciosas, tanto de los antiguos como de los nuevos partidos.

    La ciudadanía tiene como protagonista un proceso de desarrollo muy lento en nuestro país, en parte debido tal vez a la castración cívica durante los gobiernos autoritarios del pasado, en contraposición al rápido y creativo desarrollo de la corrupción. Mientras los ciudadanos se paralizan durante años en la duda de qué y cómo hacer, sus “representantes” encuentran en poco tiempo la forma de alzarse con los bienes y medios estatales, eludiendo todos los cercos dispuestos para evitarlo.

    En tiempos de la dictadura stronista, las formas arriesgadas de combatir la dictadura y buscar la democracia eran la conspiración y la guerrilla, mientras los ciudadanos comunes se manifestaban a través de “comunicados a la opinión pública”, generalmente con membretes de organizaciones precarias y sin firmas autorizadas, por temor a represalias.

    Luego se evolucionó hacia los pronunciamientos con la firma de los responsables o líderes de los grupos, de las causas invocadas o de las organizaciones políticas y sociales. Más adelante se contagió el coraje de algunos pocos de llamar a las radios a realizar denuncias, y en esto mucho tiene que ver “Quinto Poder” de Radio Ñandutí, además de escribir cartas a los diarios haciendo también denuncias públicas.

    El siguiente paso ya fue de mayor valentía con actos de protestas en la vía pública, sin importar la cantidad de manifestantes, ya que anteriormente todos estaban chantajeados por la “concentración masiva” de los colorados, quienes se veían presionados a realizar acto de presencia por su condición de funcionarios públicos en la mayoría de los casos.

    Esta práctica movilizadora fue acompañada de la costumbre de acampar frente al Parlamento para conseguir resultados concretos en materia de medidas parlamentarias, ejerciendo presión directa sobre los legisladores. Otro paso más adelante constituyó la práctica de asumir la realización de denuncias concretas ante la Fiscalía contra determinadas autoridades o funcionarios.

    Posteriormente surgieron las redes sociales y se hizo popular la viralización de temas, hechos y situaciones, juntamente con la libertad absoluta de expresar todo tipo de opiniones e ideas, hasta que finalmente la virtualidad de los hechos digitales se concretó en el escrache a las personas indeseables.

    Con todas estas formas de expresar posturas políticas no se podrá, sin embargo, evitar el probable retroceso político que surge como alternativa frente al estancamiento, si los ciudadanos con voluntad política y espíritu democrático no toman el coraje y deciden asumir el desafío de hacerse cargo, de tomar las riendas. En política, los espacios vacíos se cubren siempre, no importa por quién, y si realmente existe descontento, como al parecer queda registrado con las diversas manifestaciones en ese sentido, es hora de diseñar una estrategia de unir las voluntades democráticas de todos los desilusionados y construir un nuevo modelo de conducir este país, lo que no es otra cosa más que administrar bien nuestros propios recursos para que nos vaya mejor.

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    Publicado por Anónimo | 26 octubre, 2016, 9:40 am
  12. Fiscalía debe investigar uso de avión estatal en actos políticos

    El uso de un avión de la Fuerza Aérea Paraguaya, con el personal a cargo, para trasladar al vicepresidente de la República, Juan Afara, y al presidente de la ANR, Pedro Alliana, a una reunión política del partido de Gobierno en la ciudad de Pilar, constituye un delito que debe ser debidamente investigado por la Fiscalía y sancionado por la Justicia. La Ley Nº 2880/06, que reprime hechos punibles contra el patrimonio del Estado, establece castigos con multas para estos casos. Hacer campaña desde el Gobierno, usando a favor del partido oficialista los bienes públicos es una práctica ilegal que se arrastra desde épocas de la dictadura, a la cual debe ponerse fin para instaurar un sistema más equitativo y transparente, en favor de la democracia.

    “El funcionario que, indebidamente y en beneficio propio o de un tercero, use o permita a otro el uso de bienes del Estado será castigado con pena de multa. La misma pena se aplicará al funcionario que utilice ilegítimamente, en provecho propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por el Estado”, establece en su artículo sexto la Ley Nº 2880/06, que reprime hechos punibles contra el patrimonio del Estado.

    Esta es una de las normas que se aplica al caso registrado el sábado último, en que la aeronave 0251 Cesna, Gran Caravan, modelo 2012, de propiedad de la Fuerza Aérea Paraguaya, fue utilizada para trasladar hasta la ciudad de Pilar al vicepresidente de la República, Juan Afara, y al presidente de la Asociación Nacional Republicana, el diputado Pedro Alliana, exclusivamente para una reunión con convencionales del Partido Colorado.

    A muchos no les extraña esta utilización de un recurso del Estado para una actividad que no tenía ningún carácter oficial, sino que era una reunión política del partido en el Gobierno, de cara a la próxima convención de la ANR, que se hará el sábado 29, en la que se planteará como uno de los puntos principales buscar la reelección del actual presidente de la República, Horacio Cartes.

    Sin embargo, aunque consiste en una práctica viciosa, que se arrastra desde la época de la dictadura stronista, que utilizaba al Gobierno, al Partido Colorado y a las Fuerzas Armadas como sostén de su gobierno tiránico, la utilización de los recursos estatales para las actividades partidarias es un delito que debe ser investigado de oficio por la Fiscalía y, en caso de comprobarse, debe ser debidamente castigado por la Justicia.

    Las excusas dadas en este caso por el diputado Pedro Alliana, al asegurar que el avión está al servicio del vicepresidente Afara, y él solamente subió “de paso” a la aeronave, no lo exculpan de la irregularidad cometida. La versión de que el vicepresidente se reunió con todos los intendentes de Ñeembucú para tratar temas de gobierno fue desmentida por la intendenta de Villa Oliva, Eusebia Musa, quien indicó que la reunión fue exclusivamente de orden político y solo se abordaron temas relativos a la próxima convención colorada. El llamativo silencio de los jefes militares responsables de la operación del avión de la FAP vuelve aun más grave la situación.

    La denuncia sobre el uso ilegal de un recurso del Estado para un acto político partidario contradice al discurso de transparencia y de lucha contra la ilegalidad que repiten constantemente el presidente Horacio Cartes y varios de sus principales colaboradores. Es urgente que el Ministerio Público intervenga en el caso e investigue lo que realmente sucedió, adoptando las acciones que correspondan. De lo contrario, sería otro lamentable caso de impunidad avalada por las instituciones democráticas que no cumplen con su verdadera función y siguen favoreciendo a la corrupción.

    http://www.ultimahora.com/fiscalia-debe-investigar-uso-avion-estatal-actos-politicos-n1034329.html

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    Publicado por Anónimo | 26 octubre, 2016, 9:40 am
  13. Impulsemos un “Lava jato” en Paraguay

    El expresidente de la Cámara de Diputados del Brasil Eduardo Cunha está en la cárcel por orden del juez federal Sergio Moro, quien dirige las pesquisas sobre la descomunal corrupción desatada en torno a la empresa mixta Petrobras, durante la presidencia del hoy también procesado José Inácio Lula da Silva. De nada le sirvió a Cunha haber sino uno de los propulsores del juicio político que concluyó con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, lo que en el Paraguay, por ejemplo, le hubiera ubicado en la galería de los intocables.

    Estos espectaculares acontecimientos en nuestro vecino demuestran cuán importante es que un país cuente con un Poder Judicial independiente para que la ley sea aplicada a quienes roban a mansalva desde el poder político. Parece increíble que bajo un régimen democrático se haya llegado a robar la friolera de unos ocho mil millones de dólares en el lapso de ocho años, por lo que es elogiable que tanto el mencionado juez brasileño como el Ministerio Público y la Policía Federal estén actuando como deben hacerlo en un Estado de derecho, sin importar la investidura pasada o actual, ni la filiación partidaria de quienes aparecen involucrados en un latrocinio colosal. Este desempeño ejemplar, que confirma la vigencia efectiva de la separación de poderes y de la igualdad ante la ley, merece por los paraguayos un reconocimiento especial, teniendo en cuenta que en nuestro país esos principios constitucionales no tienen valor alguno.

    En verdad, cuesta imaginar que en el Paraguay se emprenda una operación similar a la de “Lava jato”, iniciada por la Policía Federal del Brasil en 2008. Aquí un diputado o un senador pueden recurrir a todas las chicanas habidas y por haber para obstruir sus respectivos procesos, ante la condescendencia de una indigna Corte Suprema de Justicia esclava de una casta política inescrupulosa, insaciable y carente de autoridad moral, por practicar un descarado nepotismo, entre otros vicios. Si nadie ha sido procesado aún por dedicarse a la venta de influencias es porque al Ministerio Público le importa un bledo ese delito al que, precisamente, muchos de sus agentes le deben el puesto. Aquí nada menos que un miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) puede ser partícipe necesario en el hecho punible de cobro indebido de honorarios, percibir de hecho un sobresueldo gracias a viáticos inventados o contratar la elaboración de una tesis doctoral, por lo demás plagiada, sin que esas fechorías tengan la menor consecuencia.

    Ni el más ingenuo de los ciudadanos cree que en nuestro país hay más honestidad en la función pública que en el Brasil, porque ningún pez gordo cumple con una condena judicial. Dados sus respectivos tamaños, en Brasil se roba mucho más dinero público que en el Paraguay, pero es muy probable que en términos relativos se dé una situación inversa. Seguirá habiendo corrupción mientras los poderosos sigan escapando al Código Penal, es decir, mientras haya fiscales y jueces complacientes con quienes ocupan altos cargos. En cuanto a la Policía Nacional, no cabe esperar que se comporte como su equivalente brasileña, porque ella misma está podrida y depende del Ministerio del Interior, es decir, de un organismo ligado a quienes están robando.

    La Constitución dice que el Ministerio Público representa a la sociedad, pero en la realidad está al servicio de los Poderes del Estado. En otras palabras, la ciudadanía no puede defenderse de la codicia de los presidentes de la República, de los ministros, de los legisladores o de los magistrados, porque los agentes fiscales les deben favores o pecan de cobardes. La irritante impunidad de los capitostes no es atribuible a un mal diseño constitucional, sino a que los propios organismos encargados de perseguirlos con la ley en la mano están contaminados por la corrupción o en una relación de dependencia con ellos, por falta de coraje. Fallan los hombres y las mujeres que traicionan a la ciudadanía al agachar la cabeza ante los delincuentes de guante blanco o cruzarse de brazos ante sus desmanes. Se trata, en última instancia, de un serio problema moral, que escapa a las regulaciones institucionales. Para cumplir la ley y hacerla cumplir a los poderosos, se requieren honestidad y coraje ciudadano.

    La depuración que se está realizando en el Brasil solo será posible en nuestro país si tuviéramos fiscales y jueces probos, que no temieran enfrentarse al poder en defensa de sus compatriotas expoliados. Expresiones grandilocuentes, como la de “cortar las manos a los corruptos” o “tolerancia cero” a la corrupción, ya no engañan a nadie que tenga dos dedos de frente. Lo que se precisa es que la ciudadanía identifique en la medida de sus posibilidades, no solo a los ladrones de fondos públicos, sino también a los policías, a los fiscales y a los jueces que están vendidos. Como parece que en los órganos del Estado no hay quien tenga las manos limpias y se atreva a tomar por asalto la fortaleza de la corrupción, se impone que las propias víctimas se movilicen para señalar con el dedo a los bandidos. Es lo que está haciendo, por ejemplo, la Coordinadora de Abogados del Paraguay, y que debería ser imitado por otras organizaciones. Las Contralorías Ciudadanas, alguna vez creadas, deberían revitalizarse y multiplicarse, no solo para denunciar los latrocinios, sino también para exigir el condigno castigo de sus autores.

    Es de desear que aquí también surjan fiscales y jueces que se atrevan a encarar una suerte de “Lava jato” para sanear el Paraguay de la escoria política que hoy le chupa la sangre.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/impulsemos-un-lava-jato-en-paraguay-1531220.html

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    Publicado por Anónimo | 26 octubre, 2016, 9:39 am
  14. Partidos políticos deben cumplir exigencias mínimas para recibir subsidios del Estado

    Grandes e interesantes discusiones se dan hasta ahora sobre si es conveniente o no que un Estado respalde económicamente a los partidos políticos como método para frenar cualquier intento de que estos sean tentados por el llamado dinero negro. Algunos consideran que las agrupaciones políticas no deben tener ayuda económica pública, mientras que otros, con el mencionado argumento de que se debe precautelar el financiamiento político, entienden que lo mejor es destinar dinero del Estado a ese efecto.
    En América Latina hay diferentes sistemas respecto al financiamiento público y privado para los sectores políticos que estén vinculados a procesos electorales. En algunos, se decidió no destinar dinero estatal, mientras que en otros hay aportes y subsidios parciales o totales de parte del mismo Estado. La idea central es lograr que los partidos, movimientos, concertaciones y alianzas mantengan una administración “limpia”, ajustada a las legislaciones de cada país.
    En este momento, la Justicia Electoral se encuentra entre la espada y la pared por el pago del subsidio correspondiente a las municipales del 2015. Está a punto de distribuir entre 53 agrupaciones más de 20.900 millones de guaraníes. De acuerdo con lo establecido en la legislación, corresponde el pago, pero si se cumple con todos los requisitos. Y en este punto, existe un gran problema que de confirmarse, el pago se estará desoyendo disposiciones legales.
    La importancia de esta prevención o la detección temprana no tendrán los efectos deseados si no hay conciencia, si no existe educación sobre los síntomas y las formas de detección de todos estos males. En resumidas cuentas, se debe señalar que la Contraloría General de la República cuestionó el 60 por ciento de las rendiciones de los sectores que se han beneficiado, principalmente porque presentaron recibos comunes, sin validez alguna.
    Gran parte de las rendiciones de cuentas presentadas no se adecua a los parámetros establecidos en la Ley 4743/12 de Financiamiento Político, según el propio informe de la Contraloría. Es decir, si se toma la ley y la rendición realizada por los sectores, estos solo deben recibir el 40 por ciento que pudieron justificar.
    Pero la propia Justicia Electoral, presionada por las agrupaciones políticas, ya decidió transferir el dinero dejando como letra muerta lo que establecen las leyes. El organismo electoral, afectado por numerosas denuncias por el manejo administrativo, con autoridades y funcionarios procesados por casos de planillerismo o cobros indebidos, de vuelta se presta a ceder a la presión política y de concretarse el pago como se pretende, se ubicará como cómplice del permanente saqueo a las arcas públicas.
    La argumentación de los sectores políticos beneficiados con el subsidio es que siempre presentaron recibos comunes como documentación respaldatoria y que no son contribuyentes. Ese mismo argumento se usó en el 2013, pero se comprometieron a sanear sus balances. De vuelta incumplieron lo que establece la ley. Entonces, cabe la pregunta por qué debería la Justicia Electoral transferir todo el dinero correspondiente al subsidio si los beneficiados no cumplen siquiera con los mínimos requisitos.

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    Publicado por Anónimo | 24 octubre, 2016, 7:24 am
  15. Piedra, papel y tijera
    24 Oct 2016

    AUGUSTO DOS SANTOS

    La guerra se ha trasladado a la Cámara de Diputados; parecía un sitio apacible, un reino del oficialismo, pero tanto el aparente desmoronamiento de varias voluntades oficialistas como la presente tensión puntual antirreeleccionaria configura un paisaje novedoso, pero no por ello imprevisto.

    Si el equilibrio del gobierno del presidente Cartes pudiera idealizarse en el popular juego de “piedra, papel o tijera”, se tendría que desde el resquebrajamiento de la mayoría en el Senado ha sido la Cámara de Diputados “la piedra” sobre la que Cartes ha fundado su gobernabilidad. Esa piedra parecía preeminente por sobre cualquier cuestión que pudiera –incluso– amenazar con el ya folclórico recurso del juicio político. Pero siempre estuvo allí el papel. Ese único elemento que puede poner en jaque a la piedra.

    ¿En este caso, quién es papel? Es una mezcolanza de elementos algunos nobles, otros taimados. Lo noble es la preocupación ciudadana que en diversas ocasiones ha rechazado la reelección como herramienta, lo mismo que la posición de intelectuales, periodistas, medios. Obviamente también es noble la posición de muchos de éstos que sí quieren la reelección. Negar esto sería entrar en la dictadura de las ideas predominantes.

    Sin embargo, no es la nobleza de este pensamiento el que cambiaría la opinión de algunos diputados en vías de dejar de ser oficialistas, sino otro asunto que forma parte de la tradición republicana: en diversos gobiernos, los diputados han sido influyentes en los ministerios, algunos de ellos incluso manejaban entes o secretarías y eran cotos de caza personal.

    Con la proximidad de la etapa electoralista interna, era previsible que se exacerbaran de nuevo los reclamos de “mayor participación” de los congresistas de la Cámara Baja en los negocios del Ejecutivo y allí es donde aparentemente Cartes no abrió la puerta.

    Sumemos a esto el sabroso escenario de generar una nueva mayoría que se lance a la conquista de entes claves y altamente rentables en político y en todo lo imaginable. “Se habla de un paquete de negociaciones que incluyen movidas en el TSJE, la Contraloría, la Defensoría e incluso la Mesa Directiva en Diputados”. ( Abc Color, sábado 22/10/16).

    Por lo tanto, el no a la reelección combinará esta semana la nobleza de la preocupación de sectores que no quieren con honestidad y actitud cívica la reelección y el pragmatismo de los chamanes del poder que saben que detrás de ello hay una operación de alta rentabilidad

    BOXEO MORTAL

    Si esta acción de la oposición tiene éxito en Diputados, será como una velada boxística del campeón vs. el retador, en la que lo más grave para el campeón no es perder la pelea, sino perder el título.

    Si se llegaran a pulsear en una sesión de diputados pro reeleccionistas y antirreeleccionistas y, eventualmente, ganaran los antirreeleccionistas, lo que perderá el Presidente objetivamente y de inmediato no es la posibilidad del rekutu, sino algo que en este mismo momento es mucho más valioso: la gobernabilidad. Este es el asunto estratégico que sus asesores políticos deben ver con mucha seriedad.

    Hay un segundo aspecto que se juega y es el protagonismo de Hugo Velázquez como figura clave del oficialismo. Velázquez ha sido hasta hoy (y ha hecho valer esa condición) el dueño de la llave de la estabilidad para el gobierno de Cartes en diputados. Si se llega a producir un desequilibrio en los números su reputación tanto como su apodo, “Toro”, sufrirán un revés importante.

    Obviamente, por todo lo reseñado, el fin de semana fue intenso en idas y vueltas. Esta realmente será la semana del año para el versus oficialismo- opositores en Paraguay.

    EL PANORAMA SIN CARTES Y SIN LUGO

    Los asesores de Fernando Lugo han sido astutos en despejar del léxico del ex presidente la palabra “reelección”, expresión que por alguna estribación subconsciente en el pasado dictatorial irrita a muchos ciudadanos. Lugo ha condenado la reelección todo el tiempo, pero la ha estado buscando todo el tiempo también. Obviamente, si llegara a ser presidente de nuevo sería un presidente “reelecto” salvo que la memoria nos falle.

    Sin embargo, así como el oficialismo disidente prende velas para que Cartes no acceda a la reelección, la oposición no luguista peregrina de rodillas hasta Caacupé para que se frustre la postulación del protegido por Marcial Congo.

    El panorama sin Lugo y sin Cartes es fácil de vislumbrar: Marito Abdo potenciado en su aspiración presidencial con el escollo de las internas que serán mucho más difíciles para él que las propias generales; Efraín Alegre, lanzado de urgencia a conquistar al progresismo luguista (para ello “Pakova” es importante) y a los votos independientes, y Mario Ferreiro, que probablemente no resistirá la presión de los que le acribillan diariamente con la consigna “cae Lugo y aparecés vos”.

    Significativamente a Mario Ferreiro le importaría menos el apoyo luguista, ya que enfocaría –con más énfasis– en el voto independiente donde tiene la mejor renta entre todos los líderes de la clase política, el voto colorado que disienta con el candidato colorado y lo que se pueda cosechar del liberalismo.

    CÁLCULOS Y APUESTAS

    Si la eventual pérdida de mayoría en Diputados pudiera atribuirse a un error de cálculo de los asesores de Horacio Cartes, habría que ir analizando la calidad del cálculo de los estrategas de Fernando Lugo al considerar que un bloqueo a su postulación generaría una reacción de alto impacto político.

    Lugo tiene una importante llegada en sectores campesinos y en las áreas urbanas hay una creciente buena onda con trabajadores, empleados, personas que viven a la sombra de la línea social media baja y baja.

    Sin embargo, objetivamente y aunque no suene políticamente correcto, estos sectores no han sido determinantes para intimidar a los detentores del poder a lo largo de la historia de la transición.

    Cubas seguiría siendo presidente si no fuera por la muerte de jóvenes instalados en la clase media, pertenecientes al universo citadino. “Los jóvenes por la democracia”, que le pusieron freno a Oviedo, no dejaron la azada para movilizarse, también eran esencialmente citadinos y de clase media. Los que trancaron el aspirado botín para el TSJE en el 2012 fueron jóvenes y adultos jóvenes que dejaban sus tareas en oficinas en el centro y en Villa Morra para ir a movilizarse.

    Asunción –y esto también es políticamente incorrecto decirlo– tiene la llave de la indignación destituyente o la indignación incidente, por lo tanto, si tal presión social que plantean los adherentes de Lugo se instala desde sectores descriptos más arriba puede tener un peso relevante en decisores del TSJE o de la propia Corte Suprema. Si no, es probable que “la patriada” pueda ser mucho más difícil aunque no hay nadie como la historia para romper los supuestos.

    LA GUERRA DEL GAS

    La semana terminó con un spot del Gobierno reflejando la satisfecha opinión de las personas por el nuevo precio del gas. Fue un respiro en medio de tantas tensiones para las apuestas del ejecutivo.

    Cuando todavía no terminaba el lamento de los dueños históricos del gas en el país quejándose porque Petropar venderá más barato el producto, en la noche del miércoles llegaron abruptamente los 11 camiones desde Picuiba, Bolivia, con el primer cargamento de gas boliviano. Parecía una aparición fantasma, ya que después de tanta discusión el gas estaba ya aquí y se comenzará a vender esta semana a 5.000 guaraníes el kilo, casi 40% más barato que el precio que se imponía.

    Todavía sonaba la acusación de que Petropar va a subsidiar el precio y saldrá perdiendo, como siempre ocurrió en el pasado. Pero desde que 2 más 2 son 4, las matemáticas son tan simples como irrebatibles: Petropar no solo no perderá, sino que ganará 1.856 guaraníes por kilo.

    Calculadora en mano, el presidente de Petropar salió a demostrar que aún con el precio de 356 dólares la tonelada, más flete, seguro, despacho y otros gastos, el combustible gaseoso sale puesto en Villa Elisa 542 dólares la tonelada. Al cambio del dólar del día a 5.610 hace 3.044 guaraníes por kilo. A esto se le suman 100 guaraníes más de gasto operativo, con lo que el costo final es de 3.144 guaraníes el kilo. Y al vender a 5.000 el kilo, resta una utilidad de 1.856 guaraníes por cada kilo comercializado, una utilidad bruta del 37,12%.

    Dependerá del Gobierno si con los frutos de esta acción sale del discurso de confrontación que le es típico y logra instalar un relato desde un lugar más amable, el de la satisfacción de los usuarios como insinúa el spot.

    Bienvenidos a una semana que no será para el aburrimiento.

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    Publicado por Anónimo | 24 octubre, 2016, 7:22 am
  16. Los partidos deben dejar de despilfarrar dinero del Estado

    Los partidos políticos tradicionales han abusado de su poder al autoasignarse sumas exorbitantes como aportes del Estado a su funcionamiento orgánico. No contentos con ello, casi todas estas agrupaciones ignoran la expresa disposición del Código Electoral que establece que al menos el 30 por ciento de los fondos públicos recibidos deben ser destinados a la formación de cuadros. Esa letra muerta de la ley tiene graves consecuencias para el país, porque la calidad de los que son electos o designados para desempeñar funciones dentro de las estructuras del Gobierno cada vez es más deplorable.
    Tras la caída de la dictadura en 1989, los dos partidos tradicionales –fundados en 1887– demostraron una razonable preocupación por ofrecer a la ciudadanía personas capaces de ejercer con cierta solvencia responsabilidades dentro de la estructura gubernativa.

    Con el correr del tiempo, a medida que la ANR y el PLRA se hicieron casi únicos dueños de la conducción del país, la mayoría de sus legisladores eran cada vez más pobres en formación académica y conducta ética.

    En contrapartida, se volvieron mucho más agresivos para apoderarse de la cosa pública como si fuera un botín de su exclusiva pertenencia.

    Una de las manifestaciones de esa actitud es que en el Código Electoral los partidos se autoasignaron fondos para su funcionamiento institucional. De ese modo, se asegura que el Estado les desembolse lo necesario para su supervivencia.

    Yendo más lejos en la extralimitación en el uso del dinero de los contribuyentes, se otorgan a sí mismos subsidios después de la realización de cada justa electoral.

    Considerando solo desde el 2008, los partidos y diversas agrupaciones políticas han recibido 100 millones de dólares. De ese monto, 70 millones han ido a parar a las arcas de los más que centenarios partidos.

    El Código Electoral establece que del aporte estatal anual, el 30 por ciento, como mínimo, tiene que ser destinado a la educación de ciudadanos en los idearios, principios y valores de los partidos políticos.

    Sin embargo, gran parte de los 21 millones de dólares que debieron ser empleados en formación han solventado publicidad, actividades proselitistas, viajes y pago de intereses por préstamos.

    El resultado es que, hoy por hoy, los partidos tradicionales no cuentan con una camada de jóvenes capaces de sustituir a los veteranos empotrados en el poder y de renovar la política nacional con una nueva mentalidad y, por lo tanto, con una praxis ajena al clientelismo y la expoliación de los bienes públicos a favor de los intereses partidarios.

    Esa falta de renovación condena al país al atraso.

    Es necesario, por lo tanto, que los jóvenes de los partidos políticos de antigua data y los de reciente creación exijan que el dinero del Estado destinado a su formación sea utilizado para la formación de cuadros capaces de asumir con madurez, solvencia y responsabilidad en las distintas áreas del Gobierno.

    Esta situación tiene graves consecuencias para el país, porque la calidad de los que son electos o designados para desempeñar funciones dentro de las estructuras del Gobierno cada vez es más deplorable.

    Es hora de poner fin al despilfarro del dinero destinado a la educación de los jóvenes en la política.

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    Publicado por Anónimo | 23 octubre, 2016, 8:21 am
  17. “Vito” con el dinero del Estado

    Es alarmante la manera en que el dinero público no solo se roba, sino también se derrocha para comprar por algún tiempo la “paz social” o mantener satisfecha a la clientela política. Y como al final no alcanza para estar al día con ineludibles compromisos financieros, se compromete a las futuras generaciones para tapar los agujeros abiertos hoy por culpa de la corrupción y de la irresponsabilidad. Todo el mundo se cree con derecho a darles un tarascón a los fondos públicos, como si cayeran del cielo y no salieran del bolsillo de los contribuyentes.

    Dado que es muy fácil ser generoso con el dinero ajeno, los que mandan suelen conceder los recursos reclamados sin mayores dificultades. Aún más, se muestran muy dispuestos a satisfacer todo tipo de exigencias porque creen que su populismo rampante será retribuido con los votos que les permitan seguir apoltronados en el Palacio de López o en el Legislativo.

    En esta larga cadena de despilfarros, se otorgan pensiones graciables a los amigos y correligionarios de los legisladores y se entregan subsidios a los transportistas de la Gran Asunción, a los productores de sésamo o a los pescadores durante la veda. También se conceden “gratificaciones” o aguinaldos adicionales a los funcionarios, y es de temer que ahora se satisfaga el pedido de la Dirección Nacional de Aduanas de que los suyos reciban incluso el 50% de las multas aplicadas a los infractores, como si los funcionarios ya no cobraran un salario justamente para cumplir con sus obligaciones.

    Hay otras mil maneras que utilizan las autoridades para ganar la adhesión de la clientela. Por ejemplo, el Estado reestructura deudas de agricultores movilizados por dirigentes políticos de izquierda, a los que entrega víveres, insumos y equipos, pero también asume las deudas contraídas por una azucarera con sus proveedores y financia proyectos fantasmas de organizaciones no gubernamentales (ONG), creadas al solo efecto de recibir fondos públicos, lo que desmiente su carácter de “no gubernamental”. Desde luego, también la casta política participa en el festín, y así consigue que sus partidos reciban multimillonarios subsidios y aportes electorales, aunque no tengan forma de justificar sus gastos.

    Como no hay consecuencia alguna para los responsables de tanto despilfarro, el carnaval continúa sin pausa. El patético asunto de la quebrada Azucarera Iturbe SA, que en 2013 recibió nada menos que 15.000 millones de guaraníes, es muy instructivo en materia de despilfarro. En su momento, sostuvimos que el “salvataje” corría a cargo del “ciudadano que vive del fruto de su trabajo, sin recibir socorro gubernativo cuando algún negocio le va mal”, y que la socialización de las pérdidas sentaría un pésimo precedente. El procurador general de la República, Roberto Moreno, reconoció últimamente que el Estado perdió toda la suma entregada. En el editorial del 17 de setiembre de 2015 dijimos que “del daño que sufra el erario deberán responder el Presidente de la República, el ministro de Industria y Comercio y cada uno de los legisladores que dieron el visto bueno para una operación a todas luces insensata, que estaba condenada al fracaso”. Nuestra exhortación cayó en el saco roto del clientelismo.

    Estos pocos casos –de los muchos más que existen– muestran con cuánta ligereza se maneja el dinero público para tratar de obtener réditos políticos a costa de Juan Pueblo. En efecto, se buscaba el apoyo de los cañeros que no habían podido cobrar a una empresa irresponsable que ni siquiera aportaba al IPS –lo cual ya hubiera sido suficiente para invalidar la operación–, sin que importara en absoluto el daño patrimonial que iba a sufrir el Estado.

    También el caso de las ONG, no por reiterado menos escandaloso, resulta muy revelador: algunas aparecen en la Ley del Presupuesto General de la Nación y otras son digitadas por los burócratas, pero coinciden en que sus mentores están ocultos detrás del poder político, lo que les permite acceder a fondos públicos para ejecutar supuestos proyectos de interés general. Mediante este mecanismo se incurre en un grosero dispendio e incluso se fraguan verdaderos negociados –como el caso de los pozos del Indert– que se fundan en el compadrazgo o en el deseo de mantener en calma a ciertos agitadores. Vale la pena recordar también que, en 2011, cuatro entidades, entre las que figura la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), recibieron del Indert más de 4.077 millones de guaraníes en total. Ese dinero, que debía ser empleado en proyectos de agricultura y de “miniindustria”, habría terminado en las arcas de diez dirigentes, que fueron imputados recientemente por el delito de lesión de confianza, junto a doce funcionarios del Indert.

    Es probable que las medidas populistas se multipliquen de cara a las próximas elecciones generales, esperando que la ciudadanía ignore que ellas implican desatender los intereses de quienes no están organizados, como los contribuyentes. Nada sale gratis, así que los subsidios, las “gratificaciones”, las pensiones graciables, las condonaciones o las operaciones financieras de rescate constituyen verdaderos asaltos a los bolsillos de los ciudadanos que pagan sus impuestos, y cuya amortización ya recaerá sobre sus hijos y nietos.

    Felizmente, la población está reaccionando, pues su repudio a la ampliación presupuestaria de más de 12.000 millones de guaraníes dispuesta por la Cámara Baja para abonar a los funcionarios del Poder Legislativo un tercer aguinaldo hizo que los diputados se arrepintieran, primero, y que luego el Poder Ejecutivo haya prohibido que sus organismos hicieran nuevos desembolsos en tal concepto, después. Como se ve, los ciudadanos y las ciudadanas deben salir a las calles a exigir que se cierren las canillas por las que los altos funcionarios y políticos hacen “vito” con el dinero que les sacan del bolsillo.

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    Publicado por Anónimo | 23 octubre, 2016, 8:20 am
  18. No más simple borrego

    Los líderes de bancada de la Cámara de Diputados congelaron el proyecto de ley de desbloqueo de listas sábana en las internas partidarias, que cuenta con dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales desde hace dos años. Es la demostración palpable de que las cúpulas partidarias controlan el negocio de la representación porque al mismo solo pueden acceder los elegidos de caciques de turno; no cualquiera.
    La verdadera elección para ocupar cargos electivos no se da en los comicios, sino entre cuatro paredes de los partidos políticos, donde los líderes de movimientos eligen quiénes encabezarán las listas sábana, de acuerdo con la lealtad de los aspirantes y el compromiso que han demostrado en permanecer fieles al sistema partidocrático. Además de eso, los aspirantes deben estar dispuestos a realizar un aporte en dinero, cuya cantidad está preestablecida por la cúpula, y lógicamente no está al alcance de cualquiera.

    No hace falta esforzarse mucho para entender lo que sucede con este tema. Los políticos que viven de esto como si fuera una profesión no están dispuestos a entregar la atribución de elegir a quienes serán “elegidos” por la gente y, por consiguiente, no están dispuestos a permitir que “gente extraña”, a pesar de estar afiliada al partido, entre a disputar los lugares apoyados por la cúpula partidaria, tal vez sin necesidad de tanto dinero.

    El proyecto congelado (es decir, encajonado como para morir en el intento) pretende que cualquier afiliado al partido que fuere pueda competir con otros aspirantes a los cargos en disputa con el simple expediente de presentarse a competir. Los electores –en este caso los afiliados– podrán votar al candidato de su preferencia de la lista, cualquiera sea el lugar donde se ubique en esa lista, y de acuerdo con la cantidad de votos obtenidos, se va ordenando la ubicación de los elegidos. Así, quien figure a la cola puede inclusive encabezar la lista.

    El negocio de las listas sábana es que los capos de los partidos se anotan en los primeros lugares de las listas de movimientos partidarios y con el sistema D’Hondt se distribuyen entre los dos o tres movimientos internos los lugares privilegiados.

    Una forma de democratizar los partidos políticos sería que los líderes partidarios exigieran la aprobación de este proyecto de ley. De persistir en esta forma de viabilizar la representación, los partidos políticos tienden a convertirse en verdaderos obstáculos para la participación y, por ende, para la democracia. Los afiliados deberían presionar desde abajo para que ello ocurra, exigiendo a los líderes partidarios y a los parlamentarios por los cuales votaron que aprueben el citado proyecto de ley. Si esto no se puede hacer, ¿qué diferencia al afiliado de un borrego?

    Por Edwin Brítez

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/no-mas-simple-borrego-1530069.html

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    Publicado por Anónimo | 23 octubre, 2016, 8:20 am
  19. La culpa no es del chancho…

    Por Arnaldo Alegre

    Si Pinky Ortiz le dijese a Horacio I: –¿Qué haremos esta noche, Cerebro? Y el Tercer Reconstructor le contestase: –Lo que hacemos todas las noches, Pinky… trataremos de dominar el mundo; la odisea no le resultaría sencilla.

    Desde que se inventó la democracia, uno es designado para mandar en nombre de todos y estos se dedican a fastidiarlo. Y en Atenas eso se cumplía al pie de la letra, ya que literalmente todos los ciudadanos formaban parte del Parlamento. Pero esa ciudadanía no se compraba fácilmente como, digamos… una postulación presidencial en el corazón partío de un continente ignoto.

    En Roma, el Senado propiamente dicho fue una cosa de patricios; es decir, los descendientes de los fundadores de la ciudad. Ni con la ayuda de Rómulo iba a conseguir ser uno de los togados.

    En el Medioevo, los parlamentos eran convocados para avalar las decisiones del rey, y en contadas ocasiones.

    En Inglaterra, se comenzó a desarrollar un parlamentarismo más férreo y moderno. No estaban para decir “sí, mi rey”. Pero seguía la tirantez entre la regia cabeza –que tenía la mala costumbre de desprenderse del cuello por acción de amigos y enemigos– y sus sospechosos súbditos. Pero, tras siglos de sangre, llegaron a un acuerdo y vivieron felices para siempre.

    Fue la Revolución Francesa que cometió el regicidio final y democratizó la democracia. Y en parte volvimos a los orígenes griegos. Con la diferencia de que no todos eran parlamentarios, pero sí podían elegir a quien gobierne y a quien le fastidie en su nombre.

    Desde siempre hubo roces, compras y traiciones entre el que manda y el que debe controlar su mandato (es decir, el Parlamento). Y siempre se cuestionó la calidad de ese grupo de ciudadanos.

    En Paraguay es muy notorio ese desprecio. Pero es una crítica hipócrita y facilonga. Nuestra clase política y la composición del Congreso son un fiel reflejo de una sociedad prebendaria, autoritaria y clientelista. Cuando empecemos a ser una sociedad distinta, se notará en la calidad de nuestros gobernantes.

    El Congreso es un espejo perverso pero real de nuestra sociedad. Es estéril limitarse a criticarlos desde un teclado y en marchas esporádicas. El repudio pasivo perpetúa la mediocridad y la corrupción.

    Hay que participar, y no solo con el voto, pues, como dijo Sergio Cabrera, cineasta colombiano, “si uno desprecia la política, acaba gobernado por los que desprecia”.

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    Publicado por Anónimo | 23 octubre, 2016, 7:40 am
  20. Timing

    Por Benjamín Fernández Bogado –
    La expresión en inglés podría traducirse como capacidad de entender los tiempos de entrada, presencia o salida de uno de un lugar determinado, o cómo saber leerlo con la capacidad y sabiduría suficientes de forma que el legado se mantenga y se proyecte. Es probablemente la virtud más difícil de poseer y de manifestarla. Saber manejar los tiempos en función del interés colectivo y personal. Equilibrarlos para no poner en riesgo ni las instituciones y menos el futuro personal. Sabiduría presupone esta virtud.

    El poder político es el terreno donde mejor se pone a prueba esta capacidad y en donde se acumula la mayor cantidad de fracasos. Desbordado por el temor de lo que pueda pasar cuando deje el cargo un presidente, en el Paraguay comienza por negar su interés reeleccionista basado en las limitaciones y prohibiciones constitucionales para luego lentamente convencerse de lo contrario.

    La adulación de los cortesanos que se juegan su propio futuro y la impunidad e inmunidad que otorga el poder circunstancial han llevado a cegar a varios en esta tarea. Casi siempre se recurre al concepto mentiroso que uno no desea, pero “la gente lo pide” para acabar haciendo tabla rasa con la ley y la Constitución. Cuando pasa todo y se enfrenta al fracaso, se buscan los pretextos que justifiquen la mala acción, pero ya es tarde y el daño ya está hecho.

    Es probablemente en estos momentos en que los buenos asesores deben imponer su racionalidad por sobre aquellos audaces para los cuales no importan las incoherencias, contradicciones y conflictos que hayan generado sus conductas y expresiones.

    Todo eso lo explican con el concepto de “que en política todo vale” y que las mentiras hacen parte del juego.

    El gran problema de quienes argumentan de esa manera, sin embargo, es que la verdad tiene hoy un valor superior ante una colectividad mejor informada y con capacidad de comunicar como nunca antes se había conocido. El tiempo está en manos de la gente y a pesar de que algunos puedan convencer de lo contrario al presidente cuando él mismo juega en contra de las pretensiones reeleccionistas, no cabe otra que aceptar su mandato.

    Los que creen que pueden marchar contra el imperativo de la norma pueden acabar empantanados y generando en su camino una crisis democrática de impredecibles consecuencias. Hemos tenido varios casos similares en nuestra corta historia de libertades y en todas ellas —el no querer cumplir la norma— ha puesto a la República ante situaciones dramáticas que culminaron en juicios políticos e incluso muerte de manifestantes.

    Cubas podía haber evitado el Marzo del 99, pero no pudo con el sino que lo empujaba a un desenlace fatal. Duarte Frutos y su pretendida reelección primero y su vano intento de ser senador… son apenas muestras de la incapacidad de leer los tiempos de manera correcta que terminaron acabando con presidencias y legados.

    La norma constitucional no es una declamación de buenos propósitos, es un mandato al que nos adherimos voluntariamente todos los paraguayos. Si no nos gusta, pues cambiémosla por el mecanismo de la reforma en el caso de la reelección, pero deben saber que quienes la violan pagarán sus consecuencias.

    Una semana en Egipto donde se inició la Primavera Árabe en el 2011 nos muestra cómo el exceso del poder y las graves desigualdades económicas acabaron con Mubarak y su corte, incapaces de leer los tiempos en clave de la gente.

    Timing es capacidad, mesura y, por sobre todo, inteligencia y, lamentablemente, para muchos presidentes, los adulones y cortesanos no llevan reloj.

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    Publicado por Anónimo | 23 octubre, 2016, 7:36 am

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Gracias jakarupa rireguánte.8/12/16

Dejó sin pierna a motociclista y ahora suspenden el proceso

En este país, la Justicia solo trabaja medio día y a veces, ni trabaja.
Moraleja: Si tenés guita no hay problema chera'a. Kore qué injusto!
Justicia paraguaya... Paga 6 millones como "pena" por dejar sin piernas a una persona y casi dejarlo sin vida. Por algo somos la tercer peor justicia del mundo.
Un borracho platudo choca con su autazo a un humilde trabajador, a quien se le amputa su pierna y solo tiene que pagarle 6.000.000 de guaraníes, en cuotitas. Manejas alcoholizado y... Conductor pagará G. 500.000 mensuales tras choque que dejó sin pierna a guardia. Independientemente que haya habido ya un acuerdo con la víctima, qué suaves (¿?) son los castigos para conductores alcoholizados. Después dicen que el dinero no trae la felicidad.

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Banquina llena de botellas plásticas y otros desperdicios arrojados por peregrinantes. Triste realidad! La fe mueve montañas, los peregrinos... Basura #lamentable

La ambición por el poder da amnesia ... 10 años después este es el "nuevo rumbo" de Lugo, los tiempos cambian y los intereses también, jamas los politicos mantienen su palabra empeñada, sencillamente nadie resiste un archivo! Peligro para el país, sólito se está haciendo su tumba, vergüenza me da esta clase de políticos.

En San Lorenzo el cretinismo toma forma de micro que se adelanta en doble línea en pleno cruce... Consuelo: peores cosas hacen con sus chatarras todos los días

Es el primer día del pesebre y el camello ya está harto de todo. (?)

Se le armo el scrache social al borracho Alvarenga. Alto representante legislativo, "de pedo" no mató a nadie. Ndo jerai gueteri, hesa pili'upapeve omoco el guai... por eso que hasta el árbol vio que se le puso en el camino (?) Que imprudente el árbol, imputenlo por exposición al peligro, seguro era un árbol peregrinando! Lo que es la naturaleza, hasta un árbol salió huyendo de un posible accidente. Ha koa la ñande legislador, los primeros en respetarlas las quebrantan... lamentable. Cada idiota que tenemos en el país. Un criminal de raza y harto-peligroso el Diputadete éste, igual a todos los de su camarilla de farsantes y estafadores. Con "chapa cambiable"? En un país serio, estaría preso y sin permiso para conducir de por vida o presentando su renuncia a la Cámara Baja. Es un asesino potencial. Burro, borracho y cobarde. Hombre escombro.

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