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Presupuesto 2017: posibles graves irregularidades

En el mes de noviembre del 2012, se publicó en este diario una opinión nuestra sobre el efecto deletéreo de las ampliaciones presupuestarias originadas, en muchos de los casos, por intereses prebendarios o populistas de quienes desean obtener respaldo para sus propósitos políticos en detrimento del bienestar general, cuyo deterioro puede agravarse en los proyectos de mejoramiento en empleos, salud, educación, reducción de la pobreza, etc.
En la opinión publicada hace cuatro años destacamos que, en otros países de América, las ampliaciones presupuestarias solo podrían tener origen en el Poder Administrador, bajo dos severas exigencias. La primera que el Órgano Administrador esté obligado a acompañar detallada y claramente las fuentes y origen del financiamiento de la ampliación solicitada y, en segundo lugar, que la aprobación del Congreso requiera, en ambas cámaras, mayoría de dos tercios.

La modalidad citada y sus exigencias, con variantes, han sido establecidas en las constituciones de Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Uruguay, entre otros países. Asimismo, mencionamos que, si existe interés en resguardar de abusos perniciosos y de un diseño perverso o negativo a la más importante Ley, que puede ocasionar perjuicios irreparables en las necesidades impostergables de la nación, de su desarrollo y crecimiento, se podría reglamentar el artículo 216 de la Constitución, introduciendo en la misma un apartado –y así, entonces, sugerimos su redacción– incluyendo los aspectos mencionados, sin lesionar precepto alguno de la Constitución vigente.

El estudio del Presupuesto 2017, de acuerdo con el criterio de connotados estudiosos, adolece de pretensiones, cuasi perversas, por sus consecuencias y efectos negativos en varios aspectos, uno de los cuales se refiere a los aumentos salariales, quizá legítimos, pero inoportunos y sin recursos que los respalden, escamoteando necesidades perentorias. Sus efectos podrían ser catastróficos y han sido expuestos por muchos economistas, quienes opinan, libre del peso de bastardos intereses meramente políticos, que estos negativos intereses desnaturalizan y corrompen el equilibrio presupuestario, que ocasionan déficit y coliden con la ley de Responsabilidad Fiscal. Podría calificarse de victoria pírrica con efecto boomerang en los mismos casuales beneficiados y, lamentablemente, extensivos para todo el país.

De aprobarse erogaciones, vía ampliaciones, que lesionen y pongan en riesgo grave la Ley de Presupuesto, la objeción o veto del Ejecutivo de dicha ley puede darse, habida cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 204 y 205 de la C.P., la aprobación de “todo proyecto de ley que no fuese objetado…” “se considerará aprobado por el Poder Ejecutivo”. Siendo como es una ley, la del Presupuesto puede objetarse total o parcialmente, siguiendo el procedimiento establecido en la Constitución.

Cualquier medida que no se compadezca con los reclamos urgentes e impostergables de la mayoría, pesará sobre la conciencia de quienes participen en su ejecución, y esa deuda será pagada con insospechado castigo, que será aplicado por la mayoría que soporta, sufre o se indigna ante insólitos pedidos que desquician, perjudican y postergan las necesidades reales, angustiosas y perentorias.

Por Rodrigo Campos Cervera

(*) Ex Senador Nacional, ex Convencional Constituyente.

Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

6 comentarios en “Presupuesto 2017: posibles graves irregularidades

  1. Día fundamental para la clase trabajadora

    Como pocas veces antes, la Cámara de Senadores tiene hoy la posibilidad de cambiar la historia del país al analizar el proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, que modifica un artículo y deroga otro del Código del Trabajo.

    El tema ha despertado mucha expectativa en la ciudadanía, mayoritariamente perteneciente al sector trabajador del país, puesto que, de aprobarse, se terminará la situación casi indigente de quienes perciben el salario mínimo y cada año ven como su dinero va perdiendo poder adquisitivo no alcanzando, siquiera, para sobrevivir.

    Tal como están las cosas en este momento, el salario mínimo se aumenta cuando haya una inflación superior al 10%, lo que puede tardar 2 o 3 años y que resulta en que durante ese tiempo la capacidad adquisitiva del trabajador sea cada vez menor.

    Ya se ha hablado y explicado mucho sobre los detalles de esta nueva política salarial que pretende poner en marcha el Poder Ejecutivo. Lo concreto es que, de aprobarse en el Congreso, permitirá que el salario mínimo aumente anualmente, de acuerdo al Índice de Precios del Consumidor (IPC), lo que beneficiará ampliamente a la clase trabajadora.

    Este es el proyecto que esta mañana tratará el Senado, y, si bien hay dictamen favorable de comisión, hay rumores de que un sector se opondría, sin ningún argumento válido salvo la muletilla de un grupo empresarial que dice que un aumento anual del mínimo hará que aumente la inflación, algo falso, tal como ha quedado hartamente demostrado.

    Decíamos al comienzo que esta es una gran oportunidad que tienen los senadores de hacer historia, porque deberán decidir si sus intereses son las necesidades de la gente que los votó, o responden a intereses de sectores a los que poco y nada les interesa que se legisle para beneficiar a la ciudadanía.

    No hay argumentos que puedan justificar un rechazo o mutilación de este proyecto. Esta nueva política salarial debe ser implementada cuanto antes para beneficiar a los miles de trabajadores que merecen tener una vida digna y no una eterna lucha por la supervivencia.

    Este es el momento en el que veremos si el Senado legisla para el pueblo o para un sector de la clase empresarial al que le espanta la posibilidad de dar a sus trabajadores una vida digna.

    Afortunadamente, hay otro sector empresarial al que no le asustan los desafíos y ha dado su total apoyo al proyecto que surgió de la mesa interinstitucional de la que participaron trabajadores y empresarios.

    Es alentador que la mayoría de senadores hayan captado la urgencia del tema, por lo cual, apenas una semana después de que se le diera entrada por secretaría, el proyecto figura en el primer punto del orden del día de hoy. Lo único que nos resta es esperar que ese apuro se refleje en un estudio profundo y apoyo a esta norma, que perdurará más allá de este gobierno y este Parlamento.

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    Publicado por Anónimo | 13 octubre, 2016, 9:32 am
  2. Baja ejecución del Presupuesto socava soportes de la democracia

    El Gobierno está llegando casi a fin de año y la ejecución presupuestaria de ministerios claves para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía es baja. Lo que es peor, gran parte de este resultado se debe a problemas de ejecución en rubros centrales para la eficiencia y calidad de las políticas públicas como son los insumos y la inversión física. Es decir, el sector público está pagando salarios de funcionarios sin crear las condiciones adecuadas para que su gestión genere resultados. Esta es una de las causas principales de la baja efectividad de las políticas, que luego generan indisposición ciudadana y deslegitimidad del Estado, factores que socavan los fundamentos de la democracia.
    La baja ejecución presupuestaria de instituciones que proveen servicios indispensables para la calidad de vida como salud, educación, vivienda, agua potable, agricultura no debe ser visto solo como un problema administrativo o financiero. Las consecuencias no son menores y no se limitan a un porcentaje y a la conclusión de que existen problemas de gestión en el sector público.

    La baja ejecución tiene un factor común en todas las instituciones. Se ejecutaron salarios y en muchos casos gratificaciones, pero no se ejecutan otros rubros. Esta situación provee alertas hacia temas que están en el debate público. En primer lugar las demandas ciudadanas. El sector estudiantil está peleando por mejorar la infraestructura, dotar de más y mejores insumos como alimentación escolar y libros y mejorar la formación docente. La ciudadanía en general y sobre todo la que sufre alguna dolencia se queja de la falta de medicamentos e insumos hospitalarios, del hacinamiento y de las deficiencias en la infraestructura sanitaria.
    La producción campesina se encuentra en permanente crisis ante el contrabando y la falta de apoyo estatal para la generación de mercados locales y regionales y las deficiencias en la infraestructura vial que le permitan disminuir costos y tiempo de traslado de sus productos. Ni hablar del déficit de vivienda, tanto en número de viviendas como en calidad de las que existen. Miles de familias, incluyendo niños y niñas, viven en hogares sin acceso a agua potable, red de saneamiento y con servicios sanitarios inadecuados.

    En segundo lugar, la baja ejecución cuestiona las famosas gratificaciones otorgadas por supuesto buen desempeño en las áreas administrativas. La pregunta que surge es, cuáles han sido los criterios que justificaron los premios a los funcionarios con funciones administrativas, teniendo en cuenta que gran parte de los recursos ejecutados han sido salarios.

    Al mes de julio, el Ministerio de Educación solo ejecutó el 2% en servicios de capacitación y adiestramiento y el 4% en construcciones. El Ministerio de Salud ejecutó el 47%, con una proporción menor de ejecución en servicios de aseo y mantenimiento, construcciones y adquisición de equipos. El Indert ejecutó el 18% en promedio general, con apenas el 4% en compra de tierras. El Ministerio de Agricultura y la Senavitat ejecutaron el 36% del total de su presupuesto. En todos estos casos, el pago de servicios personales –salarios y otros beneficios– han superado el promedio general.

    Una gestión pública que paga recursos humanos, pero no complementa la provisión de los insumos y servicios necesarios, la formación y capacitación de sus funcionarios –especialmente en el caso de docentes– y la inversión física tanto en mantenimiento como en nueva infraestructura tiene como resultado ineficiencia y mala calidad. Este resultado no solo se objetiviza en los datos cuantitativos fríos, sino sobre todo en el malestar ciudadano y en la desconfianza hacia las instituciones públicas. Los responsables políticos y administrativos de la baja ejecución presupuestaria tienen que ser conscientes del rol que les toca tener y asumir en consecuencia o renunciar.

    http://www.ultimahora.com/baja-ejecucion-del-presupuesto-socava-soportes-la-democracia-n1030280.html

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    Publicado por Anónimo | 9 octubre, 2016, 3:27 pm
  3. Un país rico pidiendo limosnas

    El gobierno del presidente Horacio Cartes está arrastrando al país al pozo de un acelerado endeudamiento, principalmente vía bonos soberanos, aunque últimamente también pretende hacerlo a través de un llamativo préstamo de US$ 200 millones de libre disponibilidad, concedido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), no para la financiación de un proyecto de infraestructura, sino para pagar deudas que la institución tiene con empresas viales, y que hasta el mes de julio del corriente año ascienden a un total de US$ 70 millones, según declaraciones del presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Emilio Gill.

    Desde hace algún tiempo, sectores ciudadanos representados por economistas, algunos de ellos exministros de la cartera de Hacienda, así como por exponentes de gremios empresariales, vienen expresando preocupación por el rápido aumento de la deuda pública, en el sentido de que, si bien le resulte agradable al Gobierno mantenerse con dinero prestado como perspectiva de corto plazo, no podrá evitar que la situación llegue a un punto en que la realidad se imponga a un costo desastroso para la Nación.

    En ese sentido, hace algunos días el diputado Amado Florentín (PLRA) expresó su preocupación en el seno de la Comisión Bicameral de Presupuesto con relación a una nueva emisión de bonos del Tesoro por valor de US$ 600 millones, prevista por el Gobierno en el proyecto de Presupuesto General de Gastos para el año 2017. Señaló que, de aprobarse tal solicitud del Ejecutivo, en poco más de un año la deuda pública se dispararía en US$ 1.900 millones más, elevando el total a US$ 9.400 millones, equivalente al 34,7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

    Realmente, de no ponerse freno al afán desenfrenado del gobierno del presidente Horacio Cartes de endeudar al país más allá de su capacidad de pago, el Paraguay podría correr la suerte que le tocó a Argentina en el 2001, cuando se vio imposibilitada de pagar su deuda y cayó en default. O la situación que actualmente sobrelleva Ecuador, bajo el gobierno de Rafael Correa, que tiene que pagar anualmente US$ 400 millones por dinero obtenido mediante la venta anticipada de petróleo a China y Tailandia por unos US$ 3.000 a 4.000 millones. Este dinero, que tenía que haberse utilizado en obras públicas de infraestructura, el presidente Correa lo gastó en el mantenimiento del Estado, desangrado por un populismo autoritario.

    A Argentina, un país inmensamente rico, le llevó siete años recuperarse de la debacle económica. Siendo Paraguay un país pobre comparado con Argentina, y sin petróleo, comparado con Ecuador, tendría que sobrellevar las penurias de un eventual default por décadas hasta salir del agujero a que lo está arrastrando el gobierno de Horacio Cartes. En realidad, de darse el negro panorama que pronosticamos, lo más probable es que nuestros acreedores internacionales nos demanden ante tribunales de Brasil, Argentina o Estados Unidos, y consigan embargar nuestros ingresos provenientes de las usinas hidroeléctricas binacionales.

    Un argumento que el Gobierno esgrime para justificar el acelerado endeudamiento del país es que, para poder crecer, el mismo necesita infraestructura. Un argumento sin duda válido. Pero el Estado paraguayo tiene fuentes de recursos para construir su infraestructura. Por un lado, no por repetido menos cierto, todavía hay mucho margen para ampliar la base tributaria, reducir la evasión y achicar el elefantiásico aparato estatal. Por el otro, mientras sufre penurias económicas, Paraguay es un país pobre sentado sobre una montaña de oro. Lo que deberían estar haciendo los gobernantes de turno, entonces, es luchar para que, como corresponde por justicia, nuestro país venda sus excedentes de electricidad de las usinas binacionales a precio de mercado.

    Solo en Itaipú, según los cálculos del afamado economista norteamericano Jeffrey Sachs, el Paraguay percibe por año US$ 800 millones de dólares menos de lo que debería percibir. Si nuestro país dispusiera de sus recursos genuinos, podría construir toda su red de infraestructuras y dar un salto cualitativo en el bienestar de su pueblo sin tener que endeudarse hasta el cuello, cargando la cuenta sobre las generaciones futuras.

    Al parecer, al igual que su homólogo ecuatoriano, la paranoia de la reelección está empujando al presidente Horacio Cartes hacia el rumbo equivocado, con grave riesgo para el futuro de la Nación. Desde el momento que el Gobierno está pidiendo prestado dinero no para financiar proyectos de infraestructura, sino para pagar deudas, en el final no se tendrán las infraestructuras necesarias para impulsar el desarrollo económico del país.

    Ante tan sombría perspectiva, se impone que el Congreso frene nuevos endeudamientos del país. Y si este no lo hace, la ciudadanía lo debe hacer mediante movilizaciones públicas firmes y sostenidas. De lo contrario, serán nuestros hijos, nietos y bisnietos quienes tengan que pagar la deuda que este Gobierno en forma irresponsable pretende cargar sobre sus espaldas.

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    Publicado por Anónimo | 9 octubre, 2016, 7:52 am
  4. Urge impulsar la innovación vinculada al desarrollo

    Esta semana la prensa se hizo eco de noticias alentadoras acerca de jóvenes paraguayos que han logrado sobresalir en numerosos concursos internacionales por su capacidad para innovar. Estos jóvenes fueron un motivo de alegría y esperanza para un Paraguay tan castigado, justamente en un momento de gran debate sobre la calidad de la educación universitaria, una de las instituciones centrales para la investigación e innovación. La innovación es un determinante clave del desarrollo, por eso Paraguay debe impulsar la investigación capaz de generar procesos de innovación para el desarrollo; este entendido no solo como crecimiento económico, sino también como cambio estructural y mejoras en la distribución del ingreso.

    La existencia de una relación entre innovación y desarrollo es indudable. Nuevos productos, nuevos procesos y nuevas formas de organizar la producción cambian cuantitativa y cualitativamente la estructura de la economía y de la sociedad.

    Los procesos de aprendizaje, la generación y difusión de capacidades tecnológicas son elementos de base para un crecimiento sostenido que apunte a mayor inclusión social y a una distribución del ingreso más equitativa.

    Si bien estos procesos deben adaptarse al contexto poblacional, económico y territorial de cada país, hay elementos comunes en materia de innovación entre los países que han logrado desarrollarse.

    Gran parte del éxito de los países asiáticos ha contado con una visión y estrategia nacional clara y gradual sobre la inversión en investigación y el desarrollo (I+D) que apuntara a la construcción de sistemas productivos incluyentes.

    El rol del Estado es determinante en el liderazgo de esta política sectorial y en el direccionamiento de los mecanismos de financiamiento alineados a una política de desarrollo. Desde esta perspectiva, el apoyo a la investigación y desarrollo (I+D), no debe verse como un fin en sí mismo, sino por su contribución a la producción de bienes y servicios en mayor cantidad y calidad a reducir la pobreza a través del aumento del empleo, y en general, a elevar el nivel de vida de la población.

    Pero más allá de generar conocimiento, es necesario que estos sean aplicados y se conviertan en aportes relevantes a la economía y sociedad. Los procesos de producción, comercialización y gestión de los recursos requieren innovación a través de la incorporación de estos conocimientos, fase fundamental del ciclo virtuoso entre generación de conocimientos, innovación y desarrollo. Este paso constituye uno de los retos más importantes que enfrentan los países en desarrollo.

    Paraguay debe realizar este esfuerzo involucrando a sectores y actores estratégicos. Por ello, Conacyt, la Universidad y las empresas, incluyendo a las mipymes, deben articular sus objetivos comunes a fin de contribuir mancomunadamente al desarrollo nacional. Esto es necesario tanto para el impulso al mercado interno como para una inserción internacional en mercados más competitivos, con estándares de calidad y precios más altos.

    La innovación debe ser parte de la política de desarrollo y, por lo tanto, debe estar necesariamente vinculada a los objetivos nacionales en materia de mejora de la productividad, del empleo, de la calidad de vida y de la reducción de las desigualdades económicas, sociales y territoriales.

    http://www.ultimahora.com/urge-impulsar-la-innovacion-vinculada-al-desarrollo-n1028541.html

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    Publicado por Anónimo | 7 octubre, 2016, 7:14 am
  5. Solidaridad + tecnología= desarrollo

    Po Paraguay es una organización sin fines de lucro que lleva un par de años imprimiendo prótesis 3D para personas que perdieron las extremidades superiores en accidentes o que nacieron sin ellas.

    Las modernas prótesis tienen un muy bajo costo, en comparación con las convencionales, convirtiéndose de esta forma en una excelente alternativa para miles de personas que, literalmente, necesitan una mano para mejorar su calidad de vida.

    La ONG arrancó como un sueño de Eric Dijkhuis y Fernando Vallese, estudiantes de medicina e ingeniería, que por “casualidad” por llamarlo de alguna forma, vieron un video en Youtube del proceso de fabricación de prótesis en 3D y se dieron cuenta que podían fabricarlas en nuestro país, para las personas de escasos recursos que la precisan.

    Los jóvenes se dieron cuenta que fabricar y entregar las prótesis 3D sin costo en nuestro país sería prácticamente imposible, por ese motivo las venden a precios muy bajos.

    Los directivos señalaron que las personas que accedan a sus prótesis deben aprender a valorar la calidad de las piezas y que en el caso de que el solicitante no cuente con nada de dinero ellos buscan la forma que obtenga la prótesis, pues el objetivo es colaborar con el desarrollo de las personas.

    Pero los directivos de Po Paraguay no se detuvieron y siguieron investigando para mejorar las prótesis y el esfuerzo tuvo recompensa, lograron desarrollar la “MyPO”, un prototipo funcional de una prótesis mioeléctrica, es decir, que la persona que tenga la moderna prótesis podrá mover todos los dedos a través de mini motores y sensores de alta tecnología.

    La ONG cuenta con la ayuda de generosas donaciones y gracias a ese apoyo siguen entregando las económicas prótesis cambiando así la vida de las personas. El trabajo de Po Paraguay es fantástico, tiene una fórmula sencilla, solidaridad + tecnología = desarrollo, digno de imitar, por qué no por el mismo Ministerio de Salud, que nunca se vinculó a la tecnología para mejorar su servicio y sus altos funcionarios desconocen la palabra solidaridad.

    Por Carlos Franco

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    Publicado por Anónimo | 7 octubre, 2016, 7:14 am
  6. ¿Tenemos “agenda digital”?

    En la reunión de junio pasado en París, la delegación paraguaya solicitó formalmente su incorporación a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), lo cual permitirá, según observadores, impulsar políticas públicas apropiadas y mejores prácticas en áreas como agricultura, educación, inversión, fiscal, transparencia, etc.

    Es una hipótesis que maneja el gobierno nacional, a la vista de los resultados obtenidos por México y Chile, únicos países latinoamericanos integrantes del organismo.

    Si cerramos nuestra mirada sobre la OCDE actual, veremos que su informe 2015 sobre las perspectivas de la economía digital, expresa que “los gobiernos de los países miembros son cada vez más conscientes de la necesidad de un desarrollo estratégico de la economía digital, de expandir sus beneficios y dar respuesta a retos clave, como la reducción del desempleo y de la desigualdad, así como la erradicación de la pobreza”.

    ¿Qué significa esto de la “economía digital”?. En uno de sus párrafos, el informe expresa que los gobiernos son cada vez más conscientes de que la formulación de una política de Internet depende de la existencia de un conjunto de políticas coherentes a todos los niveles de gobierno: “Las infraestructuras –que constituyen el fundamento de nuevos modelos de negocio, del comercio electrónico y de nuevas redes colaborativas científicas y sociales– deben ser de alta calidad, accesibles a todos y disponibles a precios competitivos. Con el objeto de fomentar las pymes, el empleo y la inclusión electrónica, los ciudadanos deben recibir una educación, formación y recapacitación en materia de TICs (tecnologías de la información y la comunicación) que los dote de las capacidades necesarias para utilizar estas tecnologías y gestionar los riesgos de sus propias actividades económicas y sociales en línea. Muchos programas de investigación y desarrollo (I+D) se centran en las tecnologías emergentes, en particular el Internet de las cosas, la computación en la nube y el análisis de datos masivos (big data)”.

    Algunas de estas líneas están en plena actividad en el Paraguay: internet de las cosas (prótesis realizadas mediante impresoras 3D), plataformas digitales para administración de negocios, tele marketing on line y decenas de otras iniciativas. Pero evidentemente, falta una política de Estado que acompañe estos emprendimientos individuales, como por ejemplo: “Despliegue de la banda ancha, especialmente la ultrarrápida en zonas empresariales especializadas; promoción del sector de las TIC; potenciación de los servicios de administración electrónica, facilitando el acceso a los datos y a la información del sector público”.

    Lo dice la OCDE, no nosotros.

    ¿Tendrá una agenda digital el Gobierno?.

    http://www.5dias.com.py/50379-tenemos-agenda-digital

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    Publicado por Anónimo | 7 octubre, 2016, 7:14 am

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