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Política salarial

dinEl anuncio de la decisión del Poder Ejecutivo de plantear al Congreso nacional la modificación del Código del Trabajo con el propósito de cambiar el mecanismo de reajuste del salario mínimo vigente ha generado una serie de reacciones en el entorno político, especialmente. Las reacciones sobre cualquier tema, sin análisis del fondo de lo que se plantea, se han vuelto costumbre en algunos sectores.

Tras un consenso del Consejo Consultivo Tripartito, el Gobierno anunció que se pretende modificar la ley para permitir un aumento automático del salario mínimo en forma anual, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC), y no esperar que sea ajustado solo cuando existe una inflación acumulada del 10 por cierto, como ahora establece la legislación.

El planteamiento, según explicó el ministro de Hacienda, Santiago Peña, fue consensuado entre el Gobierno, empresarios y trabajadores, lo que habla de una real intención de establecer una nueva política salarial y no un simple parche, como se venía haciendo.

La más afectada por el sistema actual es la clase trabajadora, por lo que la medida, de ser aprobada en el Congreso nacional, podrá beneficiar a un considerable número de trabajadores que debe pelear el mes con el salario actual. Durante una rueda de prensa para el anuncio, desarrollada el jueves luego de una reunión con el presidente de la República, el ministro Peña y el de Trabajo, Guillermo Sosa, fueron consultados si los empresarios acompañaban la propuesta. Se respondió que tenía el respaldo, pero al margen que sea así o no, se aclaró que el jefe de Estado ya había adoptado la decisión de plantear la modificación de la ley.

Desde luego, el sector privado probablemente será el que podría no estar de acuerdo con una nueva política salarial, pero está claro que existe un compromiso de poner un esfuerzo conjunto para favorecer a la clase trabajadora, siempre olvidada cuando se trata de beneficios laborales.

El proyecto de ley que enviará el Ejecutivo al Parlamento, de acuerdo con lo detallado, establece que cada junio el Consejo Nacional de Salarios Mínimos debe reunirse para realizar el reajuste. Una vez aprobada la modificación del mecanismo actual, se realizará el aumento del salario mínimo y que, de darse inmediatamente este año, sería 7,2%, atendiendo que es la inflación acumulada desde el último incremento, que fue en marzo del 2014.

El anuncio se hizo con presencia de representantes de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Central General de Trabajadores (CGT), lo que avala la aceptación de la propuesta por parte de la clase trabajadora. De acuerdo al proyecto de ley de modificación, el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) se reunirá a convocatoria de la autoridad administrativa de Trabajo, para efectuar los estudios y disposiciones sobre el reajuste anual del salario mínimo.

Se explicó que la consideración del reajuste será efectuada por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Conasam, basándose en la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y su efecto en la economía nacional. La autoridad administrativa del Trabajo elevará antes del 30 de junio de cada año la propuesta de reajuste salarial, acompañada de las memorias correspondientes al Poder Ejecutivo, para su consideración y resolución. Se propondrá que en los casos de profunda alteración de las condiciones macroeconómicas y financieras, o de elevadas tasas de inflación, el Consejo Nacional de Salarios Mínimos podrá reunirse en un período distinto al indicado anteriormente, y considerará para la fijación del porcentaje de reajuste, los informes de inflación, de la situación económica y financiera del Banco Central del Paraguay y del Ministerio de Hacienda; como también las perspectivas o proyecciones inflacionarias y económicas respectivas.

Es decir, el planteamiento realizado por el Consejo Consultivo Tripartito al Ejecutivo y la aceptación de esta instancia para derivarlo al Congreso, no es uno más, sino uno en el que se propone un cambio sustancial en la política salarial que puede convertirse en una reivindicación laboral esperada por las organizaciones de trabajadores.

Dependerá ahora de ambas Cámaras del Congreso analizar serena y de manera responsable el proyecto de ley que se enviará, para su posterior aprobación, en lo posible lo más rápido posible. De existir celeridad parlamentaria este mismo año se podría dar un aumento en el salario mínimo, pero en caso de que se tomen medidas dilatorias, recién probablemente el próximo año se tendrá que adoptar una decisión. Esperemos que primen la seriedad y la celeridad.

Política salarial

Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

13 comentarios en “Política salarial

  1. Los ajustes en favor de la gente
    23 octubre, 2016

    Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
    El Proyecto de Ley que pretende cambiar la metodología del ajuste del salario mínimo a nivel país en forma anual en función al comportamiento del índice de inflación está “en cancha” de los legisladores.

    Creo que casi todos están de acuerdo en que el sistema actual de ajuste está ya desfasado en el tiempo, haciendo que el poder adquisitivo de la clase trabajadora que accede al salario mínimo esté cada vez más deteriorado, lo cual muy bien se podría corregir a través del sistema que el Poder Ejecutivo ha propuesto al Poder Legislativo.

    Muchos dicen que esta metodología de ajuste salarial podría tener un efecto inflacionario en nuestra economía. Personalmente estimo que no sería tan así, teniendo en cuenta que apenas un 15% de la PEA estaría accediendo a dicho beneficio, y si bien es cierto algunos sectores económicos no están teniendo un buen tren de evolución a nivel microeconómico, estos ajustes anuales serían mucho más previsibles y afectarían en menor medida a su gestión económica-financiera-patrimonial que hacerlo en un porcentaje superior y en forma abrupta.

    Además el mismo estaría orientado solamente a los funcionarios del sector privado, cuyos salarios mínimos están muy distantes a los que perciben los del sector público.

    El MIC como organismo técnico es el que deberá arbitrar todos los mecanismos de control de precios a nivel país como para que no se siga dando “el famoso remarcaje” y al final todo el impacto positivo queda de nuevo neutralizado.

    Lo ideal obviamente es que dicho ajuste pueda alcanzar a más gente, pero la informalidad en varios sectores de nuestra economía, hacen que los mismos lamentablemente tengan que seguir trabajando y percibiendo un salario mensual por debajo al mínimo legal.

    También a partir de esta semana estará en vigencia la disminución del precio del pasaje en G: 100 en los vehículos convencionales e igual monto para los diversos tipos de combustibles que son comercializados por Petropar.

    Parecería ínfimo a simple vista, pero a sabiendas que las familias de escasos recursos no viajan en los ómnibus con servicios diferenciales, si tomamos una familia tipo de 4 miembros y que hacen uso en promedio 2 veces por día, equivale a un ahorro de G: 800 diarios y casi G: 5.000 semanal.

    Y también están las disminuciones del precio de los combustibles que estarán favoreciendo a mucha gente de estrato medio-bajo que no tienen la posibilidad de circular en un 0 km porque no cuentan con el poder adquisitivo necesario. Y quienes de hecho serían los receptores más beneficiados con esta rebaja en el precio por litro de los distintos tipos de carburantes.

    Como verán aquí habrá que considerarlo en forma global a estos beneficios que estarán alcanzando a una buena cantidad de gente y que de hecho estarán coadyuvando a poder equilibrar por lo menos en parte los “golpeados bolsillos”.

    No estamos mirando a los de clase media para arriba, pues se manejan dentro de un espectro con mayores márgenes de maniobrabilidad y también superiores niveles de ingresos mensuales que les permitan poder satisfacer sus necesidades básicas de una forma un poco más holgada.

    Y si bien no se encuadra dentro del contexto global del tema de este artículo, no podemos tampoco dejar de mencionar que próximamente se tendrá la posibilidad de adquirir garrafas de gas de 10 kg. a ser comercializados por Petropar por G: 50.000, lo que hoy día los emblemas del sector privado los están haciendo por encima de G: 65.000.-

    Todo va sumando y en mayor o menor magnitud va en beneficio de la economía familiar de las clases con menores niveles de ingresos y quienes son los que más necesidades poseen.

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    Publicado por Anónimo | 23 octubre, 2016, 4:35 pm
  2. Un país sin explotados y sin privilegiados
    02 Oct 2016

    Aunque parezca insólito y hasta grotesco, mientras se discutía y regateaba el ajuste del salario mínimo de los trabajadores del sector privado en base a la propuesta del Ejecutivo de reajustarlo anualmente y sin esperar el tristemente famoso 10% que nunca llega, en base a un criterio miserable de una buena parte del empresariado y un grupo de teóricos de la economía que se empecinan en demostrar que el aumento del salario mínimo redunda en contra de los asalariados, los diputados, por una mayoría prácticamente aplastante, votaron el aumento de un tercer aguinaldo para sus empleados, es decir un sueldo más extra, con lo que los funcionarios de la Cámara cobrarían 15 salarios al año, contra 13 de los trabajadores habituales establecidos por la ley, tremenda diferencia aumentada por la notable distancia entre los sueldos de los funcionarios de diputados –y de otros muchos trabajadores del sector público– con relación a los salarios del sector privado.

    Es decir, que los salarios mínimos de los empleados públicos son máximos con relación a los mínimos del sector privado.

    El duro y grosero contraste es sin dudas la causa del escándalo que hizo despertar la indignación de la ciudadanía, el retroceso de la clase política en beneficio de sus paniaguados, y producir un cambio que, aunque parezca coyuntural y mínimo, es de tremenda trascendencia económica y política.

    La positiva propuesta del Gobierno de ajustar automáticamente el mínimo del sector privado cada año, para que esos trabajadores no pierdan anualmente parte de su ya raleado por décadas poder adquisitivo, teniendo que esperar un diez por ciento que nunca llega por la manipulación de las cifras de la devaluación de los precios de la canasta básica familiar que, como es reconocido hasta por los supermercados con su periódica oferta de una miserable canasta de menudencias de vez en cuando, solo alcanza para paliar la miseria, se vio minimizada por la negativa de los referentes económicos que proclamaron que el aumento oficial del Ejecutivo implicaría una pérdida del poder adquisitivo de los supuestos beneficiados; aunque parezca mentira esto fue y sigue siendo argumentado por empresarios y economistas del sector privado.

    Los diputados, más pragmáticos, por estar acostumbrados a contar votos y a pasar sus gastos al erario público, por el contrario, no tuvieron el menor reparo para aumentar con bombos y platillos un salario extra más a sus empleados; no contabilizaron el costo del ridículo y del escándalo de un aumentazo, cuando en palestra pública se estaba discutiendo un reajuste a los asalariados, dejando en evidencia la grosera diferencia entre ambos sectores, la irresponsable generosidad pública contrastada por los amarretes pagadores del sector privado.

    La decisión del Ejecutivo de achicar los privilegios del sector público y de ajustar y mejorar los ingresos de los trabajadores del sector privado es una buena medida para plantear un país más justo e igualitario.
    La decisión del Ejecutivo de achicar los privilegios del sector público y de ajustar y mejorar los ingresos de los trabajadores del sector privado es una buena medida para plantear un país más justo e igualitario, para terminar con los privilegios que manipula el sector político desde la esfera del poder.

    El decreto presidencial sentó posición y con tanta razón que no hubo más remedio que aceptarlo y continuarlo, como ocurrió en las dos cámaras del Legislativo prácticamente de inmediato. El carnaval de la repartija de los funcionarios públicos privilegiados del día antes se convirtió en velorio, donde se aceptó la realidad.

    Falta ahora que el sector privado acepte también la realidad de que hay que ajustar los salarios, por lo menos, de acuerdo a los datos de cada año, sin esperar el famoso 10% que nunca llega.

    Las cifras internas y de organismos internacionales coinciden en que el país está creciendo económicamente; la realidad del surgimiento cotidiano de comercios de alto nivel, la construcción de edificios de lujo, centros comerciales y demás manifestaciones de riqueza creciente muestran un Paraguay donde la riqueza crece. Sin embargo, la pobreza sigue siendo una realidad. Tenemos los salarios más bajos de la región, salvo, paradójicamente, en el sector público.

    El Gobierno acaba de dar una muestra clara de la necesidad de cambio histórico con una sociedad basada en la injusticia social y en los privilegios políticos. Ha tomado una medida importante y radical para cortar los privilegios para el sector público, que habría que decir, hablando claro, del sector político, y otra para beneficiar a los trabajadores del sector privado. Ni privilegios para unos, ni menosprecios para otros; este país debe caminar hacia la igualdad de los ciudadanos, sin privilegiados ni explotados.

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    Publicado por Anónimo | 2 octubre, 2016, 5:29 am
  3. Además de “negreros”, mentirosos
    30 Sep 2016

    Por Benjamín Livieres Plano

    En el curso de los próximos días, el Congreso de la Nación tratará el proyecto del Poder Ejecutivo por el cual el salario mínimo se ajustará de manera automática todos los años, en el mes de junio, adecuándolo a la inflación que se haya acumulado hasta ese momento.

    Lo que para cualquiera sería una cuestión de justicia social elemental, que le dirá “adiós” a la carrera entre salarios e inflación, en la que históricamente ganó el segundo en detrimento del primero, no lo es sin embargo para empresarios y economistas funcionales a sus intereses, que lanzaron una “cruzada” para evitar que se sancione la normativa de referencia, con los mismos argumentos falsos e insostenibles de siempre.

    El primero de ellos, al que recurren con mayor insistencia, es que el ajuste salarial genera inflación, que esto perjudica a toda la población y tiene efectos nocivos sobre la economía. Para refutarla basta recurrir a las estadísticas, ya que el último reajuste del mínimo se produjo en el mes de abril del 2014 y la inflación acumulada de entonces a esta parte, 2 años y 5 meses después, es de solo el 7,2%.

    El segundo, que provoca desempleo, un antiguo “cháke” para justificar el congelamiento de los sueldos, lo cual tampoco es cierto. Prueba de ello es que, según datos de la Secretaría Técnica de Planificación, el desempleo absoluto se mantuvo en el orden del 5,5% y 5,8% los años 2014 y 2015, las tasas más bajas de los últimos 10 años, mientras que la subocupación, es decir la que abarca a aquellos que trabajan menos de 30 horas semanales, se redujo de 213.000 a 182.000 personas en el mismo período. Y el tercero, que muchos trabajadores ni siquiera perciben el básico, cuando lo que corresponde en este caso, en el que se están dando avances importantes, es obligar a que se formalicen los informales.

    Lo más notable del tema en cuestión es que los que se oponen al proyecto del Gobierno son “férreos” defensores del libre mercado, que tiene como uno de sus pilares a la Ley de la Oferta y la Demanda. Es ésta la que fija los precios hacia arriba o hacia abajo.

    Por ejemplo, si abundan los tomates, bajan los precios, y viceversa, como sucede con los demás bienes y servicios, o si sube el dólar, los productos importados se encarecen irremediablemente. Entonces, al aumento de los precios, cuyo promedio define la inflación, se rige por esa norma, no por si los sueldos se incrementan 4%, 7% o 10%, cuya incidencia sobre el conjunto es mínima.

    Ahora bien, hablemos de a quiénes beneficiará la nueva política salarial. Para empezar, a 420.000 asalariados en forma directa, que representan un tercio de la fuerza laboral del país, estimada en poco más de 1.200.000. E indirectamente a una larga cadena que se ve favorecida al aumentar el consumo, incluyendo al fisco, que algo más recaudaría en concepto de impuestos.

    Claro está que existen empresarios que comprenden la importancia de superar el sistema arcaico del presente, según el cual el ajuste salarial recién puede darse cuando la inflación llega al 10%, lo que acontece cada tres años, aproximadamente. Y no nos referimos a los que ahora hablan de reducir el requisito al 7%, que es casi lo mismo, sino a los que son conscientes de que sus trabajadores no pueden resistir tanto tiempo con un sueldo que tiene menos capacidad de compra y que, para ellos mismos, como empleadores, les resultará más fácil absorber un ajuste anual del 3 o 4%, que del 7 o 10%.

    Para cerrar el círculo de la inequidad en el tema salarios, cuyo primer capítulo será aprobar en el Congreso el proyecto del Ejecutivo, existen otras dos cuestiones que deben ser abordadas a la mayor brevedad posible.

    Por un lado, la reconsideración de los productos que componen la canasta familiar, en base a los cuales se determina el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Y por el otro, redoblar los esfuerzos que ya se están haciendo en pro de una mayor formalización de la economía, hasta reducir a la mínima expresión el trabajo en negro, que convierte los derechos laborales de muchos compatriotas en letra muerta.

    El Parlamento tiene ahora la palabra. Esperemos que sus miembros obren con justicia social y acompañen la propuesta gubernamental, respaldada por las principales centrales obreras y los empresarios modernos, haciendo caso omiso a las presiones de “negreros” con plata, quienes, de ser por ellos, mantendrían congelados los salarios de por vida o pagarían a sus empleados en especies, como la época del “mensú”.

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    Publicado por Anónimo | 30 septiembre, 2016, 5:21 am
  4. Propuesta indecente

    Por Wendy Marton
    El Ministerio de Trabajo cuenta actualmente con 25 inspectores laborales que fiscalizan a las aproximadamente 230.000 empresas pequeñas, medianas y grandes de todo el país.

    Es decir, hay un inspector laboral por cada 140.000 trabajadores (estimación con base en la población económicamente activa) y por cada 9.200 empresas. El proyecto de Presupuesto 2017 contempla recursos para duplicar esta cantidad y habrá 50 inspectores laborales.

    Con esta cifra, es muy difícil que el Ministerio de Trabajo pueda verificar que todas las empresas del país cumplan mínimamente con el empleado, es decir, que este tenga cobertura social y jubilatoria, que tenga todos los implementos laborales que su trabajo requiera y que perciba la asignación mínima mensual establecida por ley.

    Pero este no es el único problema. La falta de capacitación y de oportunidades laborales permite a las empresas contratar mano de obra más barata, bajo el argumento de que el personal no está preparado para el oficio para el cual fue empleado y de que al haber sobreoferta de trabajadores, el mercado regula la asignación mensual hacia abajo.

    En este contexto, el trabajador o acepta las condiciones laborales y obtiene un empleo que por lo menos le permita un ingreso de G. 1 millón o se queda sin empleo hasta que un empleador esté dispuesto a abonarle el salario mínimo.

    Otro problema es que del total de empresas que existen en el país, alrededor de 200.000 son micro y pequeñas empresas, es decir, sin capacidad económica suficiente para cumplir con todos los derechos del trabajador.

    A todo este contexto, hay que sumar la coyuntura económica actual, donde el consumo aún no está recuperado. Por ello, proponer un ajuste salarial faltando poco para que termine el año, con el simple objetivo de encontrar popularidad para allanar el camino a la reelección no es una buena decisión.

    Atender integralmente a un trabajador requiere mucho más que una simple propuesta de ajuste salarial, sobre la base de la inflación acumulada. Requiere propuestas que permitan a las micro y pequeñas empresas formalizarse y formalizar a sus trabajadores y crecer para obtener mayores ganancias; requiere capacitación constante del personal a través de convenios público-privados, para que el empleado pueda aspirar a percibir una asignación mayor con el paso del tiempo, y, por sobre todo, requiere interés real para mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

    Si el Gobierno tiene una propuesta integral de empleo, es hora de que la ejecute. Es la única forma de comenzar a transformar el país.

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    Publicado por Anónimo | 30 septiembre, 2016, 5:17 am
  5. Absurda postura de algunos empresarios
    29 septiembre, 2016

    El proyecto de Ley que establece una nueva política salarial llegó ayer al Congreso, enviado por el Ejecutivo, que plantea que el aumento del salario mínimo se dé anualmente, en el mes de junio, adecuándolo al porcentaje de inflación dado a conocer por el Banco Central del Paraguay. Ya hemos analizado las ventajas que esto acarreará para la clase trabajadora, que ya no tendrá que sufrir el aumento de los productos básicos de la canasta familiar teniendo el mismo ingreso, hasta que, por fin, dicha inflación alcance el 10%.

    Hay un sector empresarial, que ha participado activamente en la mesa de negociación con los representantes de los trabajadores y el gobierno, que apoya esta modificación de criterios en cuanto al salario mínimo, que implica una revolución importante, porque por primera vez el monto del mismo estará adecuado a la realidad, y no como ahora, que la clase media trabajadora debe vivir ajustándose los cinturones porque los precios de los productos que debe consumir superan su capacidad adquisitiva.

    Pero hay otro sector de empresarios que se opone a este proyecto con el argumento de que, de darse un aumento anual en base a la inflación, ocurrirá un espiral inflacionario imposible de atajar. Esta gente asegura que la idea será peligrosa para la economía, por lo que intenta convencer al Congreso que debe rechazarla.

    En una nota publicada en ADN, el economista Amílcar Ferreira desmiente a estos empresarios con un ejemplo muy sencillo, si luego de dos años y medio del último aumento del salario mínimo (abril del 2014), la inflación ha aumentado apenas en un 7,2%, resulta evidente que no habrá ningún espiral inflacionario si el aumento es anual.

    Así que ese es un argumento sin sentido. Lo que pareciera más sincero de parte de estos empresarios sería reconocer que lo que ocurre es que la sola palabra aumento salarial les produce ronchas y les surge instintivamente un profundo rechazo, porque para ellos lo único que importa son sus propios beneficios y no el bienestar de sus trabajadores.

    Lo que ellos plantean, intentando mostrarse comprensivos, es que se establezca el 7% de inflación, en lugar del 10% (que es lo que dice la ley actual) para decretar el aumento salarial, que deberá ser del mismo porcentaje que la inflación.

    Esto no soluciona el problema de raíz, que es la pérdida de la capacidad adquisitiva que enfrentan los trabajadores cuando los precios de los productos básicos aumentan y ellos siguen cobrando lo mismo. Lo que haría sería poner un parche al problema y no solucionarlo, ya que muy bien pueden pasar dos años o más para llegar a ese número, como pasó ahora.

    Además, no se dan cuenta de la conveniencia de este proyecto para ellos mismos, puesto que siempre será más fácil sacar de sus bolsillos un pequeño porcentaje cada año que un 7% de golpe.

    Pero este sector empresarial no es el único que se opone a esta nueva política salarial que pretende establecer el Ejecutivo. También hay políticos que dicen no estar de acuerdo con la idea y que pretenden que la ley continúe tal y como está, sin modificaciones.

    El argumento de esta gente es lo más gracioso y absurdo de toda la historia. Dicen que si se aprueba el proyecto, esto daría rédito político al presidente Cartes; así que para ellos no importa que sea beneficioso para los trabajadores paraguayos. Parecen no entender que las buenas decisiones puestas en marcha por un gobierno, siempre benefician la imagen del mismo.

    Habrá que ver si en las cámaras del Congreso, por una vez, prima el patriotismo y el interés hacia la ciudadanía y no los intereses políticos, a la hora de analizar este proyecto, que puede implicar un profundo cambio positivo para la clase trabajadora del país.

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    Publicado por Anónimo | 29 septiembre, 2016, 7:35 am
  6. El salario que empobrece

    Por Miguel H. Lopez
    El salario mínimo establecido por el Estado es posiblemente uno de los temas menos discutidos, pero más centrales que existen. Porque es aquí donde efectivamente se definen las condiciones de vida de las personas. El tema no es agraciado para los patrones. Jamás lo será. Y como los Estados, en países como los nuestros, estuvieron siempre en manos de grupos oligárquicos, tampoco responden a las necesidades de la gente.

    Actualmente en Paraguay, el salario mínimo vigente no refleja la realidad de las necesidades de las familias, sobre cuya base se calcula. Esta no es ninguna novedad para nadie, pero es una situación que las autoridades y los empleadores no consideran y prefieren no ver ni sentir.

    Según los cálculos del Ministerio de Justicia y Trabajo –organismo definido por el Estado a través del Consejo Nacional de Salario Mínimo, Conasan–, los G. 1.824.055 son suficientes para que una familia se alimente, tenga techo, se vista, se eduque, tenga salud y esparcimiento.

    Y uno se fija en el monto y compara con la realidad y concluye que eso es perversamente cínico y cruel. El actual salario mínimo no sirve para nada.

    En el último número de la revista Economía y Sociedad del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya –Cadep–, Diana Serafini concluye con claridad que el actual salario mínimo no cubre la línea de pobreza nacional. Refiere que una familia tipo paraguaya necesita 1.928.129 guaraníes para adquirir una canasta básica de alimentos y de no alimentos. Esto no cubre el resto de lo que un ser humano requiere: esparcimiento, vacaciones, distracción, cultura, etc. Tampoco representa alimento de calidad, sino de costo económico y de contenido regular.

    Actualmente el salario mínimo, que mantiene en la pobreza al trabajador, es el techo en la mayoría de los casos. Esto sin contar con que un buen número de personas no llega a ganar salario mínimo en empleos formales, que constituyen verdaderos centros de explotación.

    En agosto, dos parlamentarios de Avanza País presentaron un proyecto de ley para que el reajuste se realice anualmente sin esperar que la inflación llegue al 10%, como es norma actual. Hace unas semanas el Ejecutivo también planteó una idea similar, más con tinte electoralista. Y se opusieron los gremios de empresarios, en particular los cristianos, que deberían ser un poquito coherentes con la prédica de la idea social-cristiana.

    Sea como sea, del derecho o del revés, el salario mínimo es injusto; no cubre las necesidades reales y solo ayuda a mantener la pobreza de las familias. Apenas ayuda a acumular frustraciones e infelicidad. Y en estas condiciones, será difícil salirse del atolladero y hacer despegar al país.

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    Publicado por Anónimo | 29 septiembre, 2016, 5:16 am
  7. EL VALOR DEL SUELDO MÍNIMO
    Andrés Granje
    El anunciado aumento salarial para los que ganan el sueldo mínimo, aumento que se dará en el orden del 7% propuesto por el Presidente Horacio Cartes, que debe estudiar el congreso nacional, genera todas clases de comentarios, los economistas están en contra de una medida que califican de populistas y que si bien en un primer momento dará una sensación de bienestar a los beneficiarios, aproximadamente 500 mil trabajadores que ganan el sueldo mínimo, a la larga perjudicara a todos los que integran el universo laboral del Paraguay, pues hará que todos los precios sean remarcados, que exista una inflación que afectará igualmente a los que no serán beneficiados con la medida, los que ganan menos que el mínimo, que son los informales y a los cuentapropistas e igualmente a los que ganan por encima del sueldo mínimo que tampoco se beneficiaran con el aumento.
    La gran mayoría de los trabajadores sin embargo coinciden que el mínimo establecido como salario no cubre todos los gastos que tienen un trabajador y su familia, que este salario que es un techo antes que piso no se ajusta al ideario pregonado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para los países miembros y Paraguay es país signatario, del trabajo decente, del cual uno de los componentes esenciales para ese fin es precisamente una remuneración que cubran las necesidades del trabajador y su familia, lo que no acontece en nuestra nación aparte de muchísimas otras cuestiones pendientes para mejorar las condiciones laborales de los asalariados y dar dignidad a los obreros y empleados.
    Es verdad que quizás un aumento salarial sea inflacionario o beneficie a pocas personas, pero lo evidente es que no se puede seguir con el viejo sistema vigente de esperar que la inflación alcance el 10 por ciento para decretar el aumento salarial y menos que el Banco Central del Paraguay sea el único órgano de medición que tenga el estado para testar el costo de vida y con los parámetros utilizados en la actualidad para realizar la evaluación correspondiente. Creemos que el cambio debe llegar, que el sistema anual propuesto por el gobierno está bien y que el aumento beneficie igualmente a los que no ganan el sueldo mínimo, en el caso de los que ganen más y por sobre todas las cosas hacer ingresar a los informales al mercado laboral formal regido por las leyes.

    No deben nuestros gobernantes seguir ofertando la mano de obra barata paraguaya, como una de las ventajas de invertir en el Paraguay, esta postura nos parece cínica, miserable y antipatriota, lo que se debe ofertar es la mano de obra capacitada, profesionales disciplinados y con gran conocimiento del trabajo, también la honradez y responsabilidad que tienen los paraguayos en las unidades productivas. Para obtener esos valores que son más apreciados que la torpe e inútil mano de obra barata no especializada, el estado debe invertir y trabajar en la capacitación y concientización de nuestros jóvenes, para que sean técnicos y profesionales con altos estándares de profesionalización, el único camino que nos pueda llevar al verdadero progreso y desarrollo.

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    Publicado por Anónimo | 28 septiembre, 2016, 5:34 am
  8. Cuando buenas intenciones se traducen en malos resultados

    Por Luis Saguier Blanco (*)

    Vincular los salarios al IPC es la forma más sencilla de establecer las subidas salariales anuales. Consiste, simple y llanamente, en aumentar el sueldo de los trabajadores en función del dato del IPC que publica mensualmente el BCP en el período correspondiente. Es fácil de medir y es de ejecución inmediata, es decir aumentan los salarios rápidamente y en consecuencia los costos de producir bienes y servicios.

    Sin embargo, la vinculación del salario al IPC plantea, al menos, dos problemas: por un lado, provoca espirales inflacionarias, ya que si aumentan los salarios, también aumentan los costes laborales y, por tanto, los precios, sin que necesariamente se haya producido un aumento de la productividad de los empleados y, por otro lado, porque es un sistema que no premia el esfuerzo ni la competitividad de los empleados. Es decir los trabajares más eficientes tienen el mismo trato que los más ineficientes o menos productivos, lo cual hace a una injusticia tremenda.

    Además, se trata de un sistema que ignora la situación de un país en particular, olvida que más del 70% de los jóvenes paraguayos que ingresan todos los años a la fuerza laboral no consiguen trabajo por justamente tener salarios mínimos muy altos para economías con potenciales empleados que tienen bajísima capacitación y por lo tanto escasa productividad laboral, por razones estructurales, como por ejemplo, nuestro sistema educativo paupérrimo.

    Esta baja productividad laboral inicial de nuestros jóvenes con ganas tremendas de trabajar no se va a solucionar aumentado sistemáticamente los salarios mínimos, sino todo lo contrario, se fomentará aún más un problema gravísimo que es el 1° Empleo para nuestros jóvenes, y en unos años tendremos salarios altos para cada vez menor cantidad de personas, porque la economía se dirigirá con más fuerza a la informalidad. Recordemos que nuestra economía de hecho tiene más del 70% de informales en materia laboral, y con este tipo de medidas se fomentará aún más la informalidad.

    Además la inflación afecta al 100% de la población y no solamente al 30% que recibe salario mínimo o más.

    Este sistema de indexación del salario mínimo también desconoce que más del 80% del empleo en Paraguay viene generado por Micro, pequeñas y medianas empresas. Si aumentan sistemáticamente los salarios mínimos lo que sucederá es que estos pequeños y medianos emprendedores que generan el mayor porcentaje de ocupación, sencillamente despedirán personal o buscarán la forma de que se vuelvan informales los pocos formales que de hecho existen.

    También desconoce la situación económica imperante, como la que se está viviendo en Paraguay con un bajón económico, con un desempleo alto y un subempleo aún más preocupante. En otras palabras, con ventas cayendo en el sector comercio y servicios que emplea más del 70% de la población, encima se aumenta el costo de contratar más gente o de mantener a esa gente trabajando, lo que resultará es en mayor desempleo directamente.

    Vincular los salarios a la productividad del empleado y a las circunstancias particulares de cada empresa constituye un buen método para retribuir el trabajo realizado y recompensar a aquellos trabajadores que estén produciendo un mayor desempeño. Además, la empresa no tendrá por qué soportar una carga salarial mayor si su situación no es buena.

    Sin embargo, la pregunta es ¿cómo aumenta la productividad laboral como un todo? La respuesta no es sencilla, dado que mediar la productividad laboral en cada empresa es relativamente fácil, a la luz de que tanto las pequeñas como las medianas empresas identifican perfectamente a quienes trabajan con mayor o con menor productividad. Pero cuando hay que extender esto a la Macro Economía, lo que se hace es buscar medir la productividad laboral del país.

    Para no entrar en complejidades técnicas, digamos que una buena parte de esta productividad es recogida por el aumento del Producto Interno Bruto (PIB) en términos reales. Es decir si el PIB crece 4% por año, se podría asociar este crecimiento a un crecimiento de los factores de producción del País entre los cuales está el trabajo. Por lo tanto, se podría inicialmente asociar el aumento de los salarios al aumento del PIB, y así evitar en indexar los salarios a la inflación directamente.

    Esto también permite las correcciones a los problemas mencionados anteriormente, es decir, cuando a la economía le va mal, y el PIB no crece o decrece, independientemente de la inflación, entonces las empresas no se verían forzadas a despedir mayor cantidad de gente por culpa de aumentos arbitrarios en los salarios mínimos. En otras palabras se precautela el empleo, y no el aseguramiento del salario a un grupo muy reducido que no llega ni al 30% de la población. De hecho, los problemas de aumento de la pobreza en los países vienen como consecuencia no del sistema salarial, sino de un tremendo y persistente desempleo, que se exacerba justamente en los jóvenes y su primer empleo.

    Entonces, ¿productividad o inflación?

    A priori queda claro que la indexación de los salarios a la productividad constituye un método más justo que premia a los buenos trabajadores en relación con los menos productivos. La empresa puede, de esta manera, adaptar las subidas salariales a su situación actual evitando tener que incurrir en costos adicionales que pueden poner en peligro su propia existencia y en consecuencia a todas las familias que viven de esa empresa. Además, a nivel macroeconómico, evita que la inflación se convierta en un fenómeno permanente.

    Es por eso de que este tipo de medidas deben ser analizadas muy seriamente, evitando caer en consideraciones de corte populista o electoralista, que pueden resultar tremendamente dañinas como ha sucedido y sigue sucediendo en países que adoptaron este sistema, como Argentina, Brasil, Venezuela, Ecuador, cuyos niveles de desempleo y pobreza van en aumento sistemáticamente.

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    Publicado por Anónimo | 27 septiembre, 2016, 7:07 am
  9. Salario mínimo y reelección

    El presidente Horacio Cartes anunció que buscará modificar la ley que regula la fijación del salario mínimo para establecer un ajuste anual automático (http://bit.ly/2cZrtOV) (http://bit.ly/2cqgzzh): “La propuesta que será presentada…plantea modificar el artículo 255 de la ley laboral, para que establezca que en el mes de junio de cada año, el Poder Ejecutivo junto con el Consejo Nacional de Salarios Mínimos analicen el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y que de acuerdo con la inflación del momento, automáticamente se reajuste el sueldo, explicó el ministro Sosa. La ley vigente establece que el reajuste del salario mínimo se realice cada vez que la inflación llegue a 10%”.
    Esta mecánica propuesta por Cartes se denomina “indexación”, una técnica para ajustar automáticamente los salarios a un índice de precios, con la excusa de mantener el poder adquisitivo del asalariado sobre la inflación.
    La indexación se ha usado en Argentina, Brasil, México, Israel, entre otros y aún se usa en determinados segmentos salariales en otros países.
    Milton Friedman, premio Nobel de Economía 1976, estudiando varios países con elevado o elevadísimo índice de inflación, consideró que la indexación era un instrumento adecuado. En 1974 arguyó que, desde el punto de vista de la política monetaria, la indexación total de la economía no modificaba mayormente los resultados del mercado.
    Obviamente, lo que Cartes está impulsando no es la indexación total de la economía ni lo está haciendo en una situación de inflación elevada o elevadísima.
    Cartes está llevando adelante una indexación solamente para la minoría que gana salario mínimo y, en realidad, para la minoría que gana salarios en la función pública.
    Ayer se publicó en Ultima Hora que en los distritos más formalizados de nuestra República, Asunción y el departamento Central, “158.576 personas perciben menos del salario mínimo” y que “En el primer trimestre del año, Asunción y las áreas urbanas de Central registraron 647.248 personas ocupadas y asalariadas, de las cuales el 24,5% está ganando menos del salario mínimo, según la Encuesta Continua de Empleo (ECE), que se presentó ayer en la Secretaría Técnica de Planificación (…) Asimismo, un 32,6% gana 1 hasta 1,5 salarios mínimos, lo que se traduce en 196.763 personas. Solo 13,4% de la población asalariada gana 2 a 2,5 salarios mínimos, 9,1% percibe 2 a menos de 2,5 salarios mínimos, 6,2% cobra 2,5 a menos de 3 salarios mínimos y 14,3% gana 3 salarios mínimos y más” (http://bit.ly/2ddymPR).
    Como la Secretaría Técnica de Planificación depende de Cartes, es ilustrativo usar sus números para hacer notar lo que está pretendiendo el presidente: Solamente un 32.6% gana de 1 hasta 1,5 salarios mínimos, pero la indexación de Cartes no beneficiará a nadie que gane distinto que el mínimo, es decir nadie que gane menos del mínimo o el mínimo más un guaraní recibirá el reajuste de la indexación.
    Para usar la cifra no desglosada de la Secretaría Técnica, menos del treinta por ciento de los asalariados será beneficiado y eso en las áreas más formalizadas del país. Más del setenta por ciento de los trabajadores no recibirá el beneficio y, en realidad, se verá duramente perjudicado por la medida.
    Desde los estudios sobre indexación de Stanley Fischer en 1977 y Jo Anna Gray en 1976 (http://bit.ly/2dq6fcV) pocos economistas discuten que la indexación alienta la inercia inflacionaria y lleva a una reducción en los esfuerzos de los gobiernos y las bancas centrales en combatir la inflación y, en consecuencia, consolida y acentúa los procesos inflacionarios.
    Por eso es que Brasil (http://bit.ly/2cvjP1b), Israel (http://bit.ly/2dfs8Pp), México (http://bit.ly/2diCkTp) y Chile (http://bit.ly/2cu34i4) han estado implementando campañas de desindexación de los salarios como medida exitosa contra la inercia inflacionaria enunciada por Gray y Fischer.
    No tengo pruebas, pero no me extrañaría que esta idea de indexación de Cartes le haya sido sugerida por Felipe Larrain, ex ministro del ex presidente Sebastián Piñera, cuyo hermano José Piñera fue quien impuso la indexación en Chile durante la dictadura. Larrain ya propuso acá recortar poderes del Congreso, en la línea autoritaria del cartismo (http://bit.ly/29S1aLK).
    La razón por la que han estado desindexando los salarios los países mencionados y otros es que la indexación transfiere el riesgo de inflación del asalariado al pagador de salarios, que debe pagar más con cada ajuste para reflejar el incremento de los precios.
    Proteger a una de las partes del riesgo de la inflación significa que el riesgo de precios debe ser trasladada a otra parte. Por ejemplo, si el salario mínimo es ajustado por inflación, el riesgo de precios pasa de los beneficiarios de ese salario a todos los asalariados que no lo tienen.
    Pero la indexación propuesta por Cartes esconde algo peor, mucho peor: Esconde que busca beneficiar al sector docente (http://bit.ly/1koALFh) y a militares y policías (http://bit.ly/2diG2MG), cuyos salarios están normativamente vinculados al salario mínimo.
    Y, justamente por los trabajos de Gray y Fischer y la larga experiencia posterior, sabemos que cuando un gobierno decide indexar los salarios de los empleados públicos, transfiere el riesgo de inflación desde los empleados públicos a los contribuyentes.
    Economistas del cartismo, como Manuel Alarcón, están diciendo que la indexación “dará previsibilidad a la economía” sin ninguna base en la realidad y admitiendo que “debe estar acompañada por un control para disminuir la informalidad laboral (…) Eso también le pone una mayor presión a las autoridades del Banco Central, a los efectos de tener un control estricto de los preciola indexación” (http://bit.ly/2d6Jqtc).
    No le interesa a Alarcón que la economía informal constituya todavía una buena mitad de la economía paraguaya ni se digna a explicar cómo podría tener éxito la indexación en ese marco. Es decir, Alarcón no puede ocultar que sin formalización la indexación es una mera transferencia de recursos.
    Lamento mucho que políticos como Óscar Salomón se sumen al coro demagógico del cartismo (http://bit.ly/2cAZuWF) por no hacer el esfuerzo de sentarse a pensar que esta indexación solamente es transferir recursos de todos a los posibles apoyos a la perpetuación de Horacio Cartes.
    Espero que la oposición y la gente decente entienda que la indexación de Cartes perjudicará a más del setenta por ciento de los trabajadores paraguayos pues para ellos elevará costos y precios.

    por Enrique Vargas Peña

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    Publicado por Anónimo | 26 septiembre, 2016, 8:26 am
  10. Mejora el panorama de la clase trabajadora
    26 septiembre, 2016

    El Ejecutivo enviará hoy al Congreso el proyecto de ley que establece una nueva política salarial. Desde cualquier ángulo que se analice esta norma resulta positiva para la clase trabajadora del país, porque constituirá un sinceramiento en cuanto a la capacidad adquisitiva de quienes deben vivir con el salario mínimo.

    El planteamiento de la mesa multisectorial es bien sencillo; en lugar de aguardar que la inflación llegue al 10%, tal como prevé la ley actual, lo que puede tardar varios años, se aumente el salario mínimo anualmente en un porcentaje similar a la inflación y al Índice de Precios del Consumidor (IPC). Como están las cosas en la actualidad, los productos de la canasta familiar van aumentando de precio mientras el trabajador sigue recibiendo el mismo salario, lo que hace que cada vez resulte con menos poder adquisitivo.

    El último aumento del salario mínimo se dio en el 2014, y desde entonces, la inflación ha aumentado en un 7,2%, porcentaje similar al que experimentaron los productos de la canasta familiar. Así que la capacidad adquisitiva de los trabajadores ha disminuido en un 7,2% sin que se pueda hacer nada al respecto, porque la ley vigente dice que recién cuando la inflación llegue al 10% se podrá concretar un aumento del salario.

    El nuevo proyecto de política salarial salva este problema, ya que dispone que el salario mínimo suba anualmente, de acuerdo a lo que haya subido la inflación, sea 3% o más. Lo positivo de todo esto es que se logró consenso entre trabajadores y empresarios en cuanto a esta posibilidad, ya que ambos sectores resultarán beneficiados. Para el sector empresarial será mucho menos doloroso dar pequeños porcentajes de aumento en lugar de aceptar de golpe un 10%.

    Por eso parece poco razonable que los empresarios cristianos se opongan a esta política. En realidad, son los únicos empresarios que se oponen, y, contradictoriamente, a pesar de presumir de cristianos, pareciera que son quienes más resienten la posibilidad de mejorar la vida de sus trabajadores.

    Lo llamativo de la postura de estos empresarios es que ni siquiera van al fondo de la cuestión al manifestar su oposición. Dicen que esta es una jugada del gobierno para conseguir rédito político. Parecen no entender que si una decisión gubernamental consigue que mejore la vida de quienes deben sustentarse con un salario mínimo, poco importa el trasfondo del hecho.

    Esperemos que diputados y senadores tengan la madurez política necesaria para ver que este proyecto tiene como principal objetivo mejorar la calidad de vida y el poder adquisitivo de la clase trabajadora, y le den su aprobación. Ojalá que no primen los intereses sectoriales que impidan poner en marcha esta política salarial, bajo el pretexto de que beneficiaría la imagen del gobierno. Aquí y en cualquier lugar del mundo, la imagen de un gobierno se beneficia con acciones que tienden a mejorar la vida de sus ciudadanos, puesto que esa debe ser su inspiración fundamental.

    Si los legisladores deciden rechazar el proyecto al solo efecto de no facilitarle nada al gobierno de Cartes, a quienes, en realidad, estarán fallando es a los trabajadores, quienes, en menos de dos años, tendrán en sus manos la decisión de que estos políticos continúen ocupando bancas en el Congreso o deban retirarse a cuarteles de invierno.

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    Publicado por Anónimo | 26 septiembre, 2016, 7:38 am
  11. El salario automatizado dinamizará la economía
    25 septiembre, 2016

    Néstor Ojeda Mendoza.
    El proyecto del salario automatizado, que próximamente será presentado al Congreso, es un planteamiento bárbaro del presidente de la República, Horacio Cartes. Sin duda de aprobarse no solo beneficiará a la clase trabajadora del Paraguay, sino también a la par a los industriales, comerciantes, y a la misma clase patronal, es decir involucrará a toda sociedad.

    La promulgación de esta acertada ley, constituirá en un adelantarse a los reclamos de la clase trabajadora, antes de quejarse ya llegarán las soluciones. Es decir con un mínimo de inflación de un siete por ciento, contando con esta figura convertida en ley, a la vuelta de la esquina, como folclóricamente se suele decir ya vendrán la soluciones para los trabajadores, lo cual a su vez los beneficios se extenderán a las patronales, los comercios y las industrias. Esto por la sencilla razón que dinamizará la economía de la región con el mayor circulante de dinero, aumento de las compras, todos saldrán beneficiados.

    Espectacular la idea del proyecto de ley del titular del Ejecutivo Nacional de nuestro país, con la promulgación y convertido en ley de la nación, se estará otorgando el derecho y con justa razón que se merecen los trabajadores de nuestro país, desde décadas no valorados su aporte al servicio de la sociedad. Nunca fueron premiados como corresponde por las autoridades de turno como ocurrirá ahora.

    No se puede rapiñar como hiena la economía del país, alguien tiene que poner la casa en orden, es decir que solamente un minúsculo grupo sean los beneficiados, mientras que la mayoría pasen injusticias y barbaridades, por culpa de sus escuálidos ingresos. Cartes quiere cambiar esta situación y los congresistas pueden apoyarlos.

    La información dada por el viceministro de Trabajo, el abogado César Segovia, indica que unos 1.200.000 trabajadores serían beneficiados con la suba del salario mínimo, con lo cual el sueldo base treparía al monto mensual de los 1.970.000 de la moneda nacional.

    Sin duda con la promulgación de este proyecto del Ejecutivo nacional, se constituirá en unos de los mayores logros del último cuarto de siglo de entre los presidentes que pasaron por el Palacio presidencial del Paraguay, lo cual desde la óptica de los economistas más destacados de nuestro país, dinamizará enormemente a la economía de nuestra región.

    El punta pie inicial ya partió desde del Poder Ejecutivo Nacional, y muy pronto estará en el terreno del Congreso de la Nación para su promulgación y oficialización convertido en ley de nuestro país a favor y beneficio del trabajador y por ende de la economía de la región.

    Así como están las cosas se estarán otorgándole viso de formalidad, debido que hasta las mismas patronales, industriales y empresariales están de acuerdo con la formalización y promulgación de este proyecto relacionado al ajuste automático del salario con un mínimo de inflación que afecte a la canasta familiar.

    Con este proyecto, el Ejecutivo Nacional estará dando un importante paso de formalización el derecho que le asiste a la clase trabajadora de nuestro país, tanto tiempo abandonado, sin ser debidamente reivindicado por causa de sucesivos gobiernos poco serios. Siempre dejaron de lado a los verdaderos protagonistas del desarrollo del país, la clase trabajadora.

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    Publicado por Anónimo | 25 septiembre, 2016, 3:24 pm
  12. Los determinantes del salario

    Por César Barreto Otazú (*)
    Esta semana el Gobierno anunció la presentación de un proyecto de ley que modifica el régimen de reajuste del salario mínimo. A mi parecer, la modificación planteada de reajustar anualmente el salario mínimo con base en la inflación del año anterior para mantener constante el poder adquisitivo es correcta y es una mejora respecto al régimen actual.

    Sin embargo, es necesario que expliquemos con claridad a la gente cuáles son los factores que afectan la determinación de los salarios para que apuntemos hacia políticas públicas que realmente mejoren de manera sostenible las remuneraciones a través del tiempo.

    Entendemos que el salario es la remuneración que percibe un trabajador por la prestación de sus servicios laborales en relación de dependencia a un empleador. El salario se determina libremente con base en la interacción entre el número de trabajadores de cada nivel de calificación que buscan empleo y los puestos vacantes que son ofrecidos por los emprendedores en los distintos sectores de la economía.

    Uno de los principales determinantes del salario es el nivel de calificación y de formación profesional de los trabajadores. Distintos empleos requieren diferentes niveles de calificación, dependiendo del sector económico, de la complejidad de las tareas a realizar, etc. Ejemplo, entre un trabajo de ayudante de albañil y de un ingeniero especialista en cálculo hay una diferencia importante en los niveles de conocimiento y experiencia requeridos.

    Una mayor calificación laboral permite realizar tareas más complejas que requieren mayor creatividad y años de formación profesional, de acumulación de conocimientos y experiencia práctica. Por estas razones, hay menos gente disponible y los empleadores ofrecen mayores salarios para contratar a los pocos profesionales existentes.

    Otro factor determinante del salario es el nivel de mecanización y automatización del trabajo realizado. Si un trabajador realiza un trabajo a través de una máquina que automatiza muchos procesos, tiene una productividad mucho más alta que otro que realiza un trabajo exclusivamente manual. Obviamente, es un trabajo que requiere un mayor nivel de formación.

    El tercer determinante es el valor que el producto o servicio final tiene para el consumidor y al cual el trabajador contribuye en su producción. Si es un producto altamente valorado y los consumidores están dispuestos a pagar un precio alto por el mismo, incrementa el valor del trabajo de las personas que han contribuido a su producción. Es la diferencia entre producir algodón o smartphones.

    Finalmente, la oferta de puestos de trabajo depende de la cantidad de emprendedores. Personas con una visión de emprender nuevos proyectos para mejorar la calidad de vida de las personas a través de un producto o servicio innovador y que provea un gran valor agregado a los consumidores. Mientras más emprendedores y proyectos haya, más dinámico es el mercado laboral y esto tiende a incrementar los salarios.

    Sin embargo, en países subdesarrollados como el nuestro, existen factores estructurales que dificultan el mejoramiento sostenible de los salarios.

    El nivel de formación de los jóvenes trabajadores es bajo. Esto les dificulta poder realizar tareas complejas y la productividad laboral es baja. La mayoría de los jóvenes trabajadores del país están preparados para trabajos muy básicos, de baja productividad y como consecuencia de baja remuneración. Además, escasean los emprendedores.

    Políticas públicas que pueden mejorar de manera sostenida los salarios son aquellas que mejoren el aprendizaje y la formación de los jóvenes trabajadores de tal manera a que sean capaces de realizar trabajos de mayor valor agregado. Asimismo, aquellas políticas que promuevan y faciliten el emprendedurismo. La calidad de la educación básica, media y técnica es fundamental así como los programas de capacitación continua en las distintas áreas de la actividad laboral.

    Es muy importante que los líderes de distintos sectores transmitamos con claridad a nuestra gente que los factores fundamentales del progreso son el esfuerzo, el aprendizaje continuo, el ahorro, la creatividad y la innovación. La medida planteada por el Gobierno mejora el régimen actual, pero se requieren reformas estructurales en la educación para mejorar sosteniblemente los salarios.

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    Publicado por Anónimo | 25 septiembre, 2016, 3:10 pm
  13. Justicia salarial
    24 septiembre, 2016

    Cuando el pasado 2 de agosto se conoció la conclusión a la que arribaron autoridades del Ministerio de Hacienda, Banco Central del Paraguay (BCP) y directivos de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), recomendando disminuir el piso de la inflación para que se proceda al ajuste salarial, la reacción de muchos fue cuanto menos de incredulidad. Ocurre que, como decíamos entonces, muy raramente las instituciones del Estado y, sobre todo, los gremios de empresarios, asumen posiciones que favorezcan a los trabajadores en esta materia. Sin embargo, lo que entonces era una idea se concretó el pasado jueves con el anuncio del Ejecutivo respecto a que impulsará de inmediato la reforma del Código Laboral, a los efectos de que cuando el índice inflacionario alcance el 7%, como lo hizo hace ya algunos meses, se proceda automáticamente al aumento del sueldo mínimo, lo cual fue saludado por las principales centrales obreras, que calificaron de histórica dicha iniciativa.

    Y no es para menos. De acuerdo a datos brindados por el viceministro del Trabajo, César Segovia, la implementación de esta metodología beneficiará entre 1.100.000 y 1.200.000 trabajadores, que representan la tercera parte de la fuerza laboral del país, incluyendo a docentes y efectivos de la fuerza pública que perciben el sueldo mínimo, el cual por efecto de la inflación se depreció en el orden del 7.2% desde el último ajuste, decretado en abril del 2014.

    El titular de Hacienda, Santiago Peña, había explicado que la ley que rige el ajuste de salarios se quedó enclavada en los años 90, cuando la inflación anual giraba en torno al 10%, mientras que hace ya varios años es del orden del 4%. Y eso hace que los ajustes se demoren mucho tiempo en producirse, más de 3 años, como fue en el último de los casos, desde cuando ya transcurrieron nuevamente 2 años y 5 meses.

    Corregir el desfase es por tanto una cuestión de justicia social elemental, pues lo que ha venido sucediendo es que como el índice inflacionario nunca llega al techo que exige la normativa, los empleados en la práctica están perdiendo todos los meses una parte del poder adquisitivo de sus salarios, lo que en términos acumulativos representa mucho dinero, justamente para los que tienen menores ingresos.

    Pero no solo los trabajadores se beneficiarán con la aplicación del nuevo sistema, sino también los empleadores, ya que esperar la acumulación del 10% produce tensiones y conflictos sociales, algunos incluso de envergadura nacional, y cuando finalmente se concreta el aumento, éste tiene un impacto más fuerte sobre las finanzas de las empresas. También se benefician los comerciantes, pues al haber mayor circulante también habrá mayor consumo, lo que dinamiza la economía y termina favoreciendo al fisco, que recaudará más en concepto de impuestos.

    Como señalamos tras aquel encuentro del 2 de agosto, para terminar de cerrar el círculo de la inequidad en el tema de los salarios, es necesario abordar dos temas, inmediatamente después que se ponga en marcha el nuevo mecanismo. Por un lado, redefinir los productos que componen la canasta familiar, que aún integran muchos que ya son de escaso o nulo consumo, lo que de alguna medida distorsiona la tasa de inflación. Y por el otro, fortalecer el Ministerio del Trabajo, a fin de que pueda controlar con eficacia el cumplimiento de éste y otros derechos laborales.

    Seguramente escucharemos voces críticas respecto a los cambios que están en curso. Desde los que, si fuera por ellos, deberíamos retrotraernos a la época del “mensú”, hasta los que consideren que se trata de “muy pocas cosa”. Pero ninguno de ellos forma parte de la enorme masa laboral que resultará beneficiada en forma directa, ni de los muchos más que lo harán en forma indirecta. Y para este amplísimo sector de la sociedad, lo resuelto por el Ejecutivo constituye, sin ninguna duda, una muy buena noticia.

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    Publicado por Anónimo | 24 septiembre, 2016, 7:11 am

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