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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

La gran distancia entre Curupayty y Guahory

Sus nombres en lengua guaraní tienen similitudes sonoras, pero sus historias no.

Entre lo que pasó en Curupayty, Ñeembucú, y lo que pasó en Guahory, Caaguazú, no solo hay una gran distancia geográfica de cientos de kilómetros, sino una gran distancia temporal de 150 años.

También hay una gran distancia en los valores que animaron a uno y a otro episodio. Una gran distancia en las ideas de patria y nacionalismo, de solidaridad y humanismo, en las maneras de entender la dignidad de un pueblo y de una nación.

La heroica Batalla de Curupayty se libró el 22 de setiembre de 1866, hace un siglo y medio, contra las tropas de Brasil, Argentina y Uruguay. No solo fue la victoria más resonante del ejército paraguayo durante la Guerra de la Triple Alianza, sino además fue una lección de estrategia militar y de ingenio criollo, en que unos 5.000 paraguayos lograron frenar y vencer a 20.000 invasores aliados. Gente dispuesta a dar la vida por defender la soberanía nacional contra quienes pretendían destruir el proyecto de un Paraguay independiente.

El vergonzoso desalojo de Guahory se ejecutó el 15 de setiembre de 2016, hace 9 días, contra unas 200 familias campesinas paraguayas. No solo fue la muestra más humillante de sometimiento de la Justicia, la Fiscalía y la Policía Nacional ante los intereses de un grupo de productores sojeros de origen brasileño, sino además fue una lección de despotismo y de corrupción, como se percibe en un video filtrado en el que el colono brasileño Jair Weber admite cómo siendo civil y parte del conflicto se le permitió acompañar el operativo desde un helicóptero que él asegura fue prestado por la Entidad Binacional Yacyretá.

El mismo colono que reveló al corresponsal de Última Hora, Robert Figueredo, que unos 70 colonos le pagaron 200.000 dólares al jefe de Orden y Seguridad de la Policía en Caaguazú para que se ejecute el desalojo.

En Guahory, unas 2.300 hectáreas de tierra habían empezado a ser colonizadas hace más de 20 años por familias agricultoras paraguayas. Esas mismas tierras fueron luego adquiridas por colonos sojeros de origen brasileño, en muchos casos en forma fraudulenta a través del Indert.

De las 97 fincas, 67 están en proceso de expropiación para favorecer a las familias paraguayas, pero la Justicia, la Fiscalía y la Policía decidieron ignorar ese proceso.

Respondiendo a los intereses de los colonos sojeros, a cambio de dinero, arrasaron los ranchos y las chacras de sus compatriotas, y los dejaron en la calle.

Son denuncias muy graves, que deberían ser debidamente investigadas y sancionadas, pero cómo hacerlo, si quienes deben intervenir para hacer justicia son precisamente los principales acusados de cometer tamaña ilegalidad e injusticia.

Y mientras hacen todo lo contrario, las autoridades les rinden homenaje a los defensores de Curupayty…

Por Andrés Colmán Gutiérrez

http://www.ultimahora.com/la-gran-distancia-curupayty-y-guahory-n1026543.html

Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

12 comentarios en “La gran distancia entre Curupayty y Guahory

  1. Por una solución pacífica

    Un clima tenso jamás podrá ser aliado de una tarea que tenga como objetivo mejorar las condiciones de vida de los paraguayos, especialmente de aquellos que están en la línea de la pobreza y que fueron los olvidados de siempre, gobierno tras gobierno.

    Para lograr el crecimiento es imperioso dejar de lado los conflictos y enfocarse de lleno a diálogos sinceros, sin dobles intenciones ni politizados. El clima del diálogo debe convertirse en el eje para la búsqueda de una solución al largo conflicto en Guahory, donde dos posturas son las que dividen hoy a la población.

    En el intento de lograr una salida, el Poder Ejecutivo impulsa varias alternativas de solución, que fueron presentadas ante los principales actores estatales y de las organizaciones campesinas que defienden su lucha. La idea es mediar en el largo conflicto que enfrenta a labriegos y colonos brasileños que habitan la zona.

    De acuerdo a lo explicado por el vicepresidente de la República, Juan Afara, existe intención del Poder Ejecutivo en lograr una salida, para lo cual es necesario el diálogo. Terminada una reunión entre los principales involucrados en el tema, expresó que se marcó un intermedio para que los campesinos vuelvan a sus colonias, debatan en asamblea y vuelvan con una decisión tomada. Se esperará ahora la decisión de la dirigencia labriega.

    El titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, informó que presentaron 3 modelos de propuestas a disposición de los afectados. La primera es la reversión de los lotes a favor del Estado, es decir, que vuelvan a su patrimonio anterior.

    Con esto se revoca toda esa superficie a favor del Estado paraguayo para luego canalizar nuevamente a esta gente, precisó. La segunda propuesta es la de reubicar a todos los campesinos en lotes contiguos al de Guahory. Finalmente, la tercera propuesta es la adquisición de un lote de superficie de tierra importante para armar una colonia modelo con el acceso a servicios básicos, calles y escuelas. Quedará en manos de los campesinos la decisión del camino a seguir, pero su resolución no puede ser de la noche a la mañana.

    Para el Ejecutivo existe una gran preocupación respecto a este conflicto, atendiendo a que considera que se dan factores externos que pretenden politizar la lucha. En ese sentido, se manifestó el propio vicepresidente Afara: “Algunos actores que querían la contaminación social en este conflicto y querían ver sangre, les pedimos que se alejen para que nos dejen trabajar por los intereses de los patriotas campesinos”, dijo el representante del Ejecutivo.

    Fue tras una reunión en la que estuvieron presentes el ministro del Interior, Tadeo Rojas; el presidente del Indert, Justo Cárdenas; el vicepresidente de la República; el ministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, entre otras autoridades.

    Tras el desalojo que se dio en Guahory por una orden judicial, el clima en la zona sigue por momentos muy tenso. Los campesinos que reclaman tierras en ese lugar se mantienen alertas y estuvieron involucrados en algunos incidentes con los propios colonos brasileños.

    Sectores políticos de la oposición han intentado ganarse un crédito en la lucha de los labriegos y constantemente realizan actividades a favor del sector, supuestamente por ser un tema “social”. Sin embargo, se pudo comprobar con discursos poco conciliadores que el objetivo principal de algunos dirigentes de la oposición es mantener el clima de confrontación, pero en ese ambiente será imposible encontrar una salida.

    El mensaje del vicepresidente de la República es acorde a un planteamiento para un país serio. Es necesario que los políticos que solo quieren sacar beneficios generalmente electorales se alejen del tema y no generen climas de enfrentamientos para que las instituciones encargadas de dar solución a los problemas campesinos sean los que junto con ellos consensúen una salida.

    Es de esperar que el conflicto que ya lleva su tiempo se resuelva de una manera pacífica, para lo cual es imperioso que prime la sensatez, la responsabilidad y el verdadero compromiso social. Solo así podrán salir beneficiados los campesinos que exigen un pedazo de tierra, permitirá que el Estado logre pacificar el ambiente y el país saldrá ganando. Paraguay debe desprenderse de las viejas prácticas políticas, del enfrentamiento sencillamente electoral, que impiden el desarrollo. El caso Guahory puede ser el inicio.

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    Publicado por Anónimo | 11 noviembre, 2016, 2:13 pm
  2. ¿Proyecto sostenible?

    El Gobierno parece haber encontrado una solución al conflicto generado alrededor de la colonia Guahory ubicada en el departamento de Caaguazú.
    La salida consiste en comprar unas 2.000 hectáreas a ser distribuidas entre unas 200 familias que vienen reclamando tierras, demanda que ha generado una disputa en la que se ven involucrados campesinos, productores, políticos y no pocos especuladores.

    La cuestión es sencilla. Cuestión de hacer algunos números. El Estado deberá sacar de alguna parte los US$ 16 millones que es lo que le saldrá, parte baja, la expropiación de esas 2.000 hectáreas, si tenemos en cuenta que en el departamento de Caaguazú el valor de la tierra oscila entre los 5.000 y los 12.000 dólares la hectárea. Si el Indert realiza finalmente la operación y reparte entre cada uno de los solicitantes lotes de 10 hectáreas, de pertenecer a la categoría de “sintierras” pasarán a ser propietarios de lotes cuyo valor –según la ubicación y los precios de mercado- oscilaría entre los 50.000 y los 120.000 dólares americanos. Volcado este valor a guaraníes, los beneficiarios de esta “colonia modelo” se verían de un día para sentados sobre un patrimonio de entre 275 y 660 millones de guaraníes. Claro que esa montaña de dinero sería sólo nominal, ya que por el estatuto que rige al Indert, todo sujeto de reforma agraria beneficiado con un lote no lo puede vender antes de los 10 años, eso, si muestra en su transcurso un verdadero interés por trabajarlo. De lo contrario, el Indert le cancelaría la adjudicación sin más trámite. La clave para que el concepto de “colonia modelo” sea llevado a cabo con éxito radica en muchos factores. Primero, asegurarse de que los adjudicados tienen verdadera voluntad de entregarse a la producción agropecuaria. Luego deberán encarar algún formato asociativo para gestionar con mayores posibilidades de éxito los créditos y la asistencia tecnológica necesarios para meterse en programas de producción con perspectivas de colocación en el mercado. El Estado podrá darles una mano en algunos de estos tramos pero el verdadero esfuerzo deberán ponerlo los propios productores, sobre todo si consideran que ya tienen un punto de partida sólido y disponible: la garantía de una tierra de alto valor de mercado.

    Si se emprende ese camino hay algunas posibilidades de que la colonia tenga éxito. De lo contrario, no faltarán quienes prefieran negociar con ese patrimonio en ciernes cediendo “derecheras” que nunca habrán sido más altas. Retener una tierra tan cara es un desafío con pronóstico reservado. Guardando las distancias, es como si el club Newell’s Old Boys de Rosario hubiera querido mantener en su plantilla a Lionel Messi, valuado hoy en 280 millones de euros, suma que equivale a 67 veces la deuda del club y que multiplica por 11 su valor patrimonial.

    De todas maneras, hay que desearle suerte al Indert en este nuevo proyecto. Porque va a necesitarla, y mucha.

    http://www.5dias.com.py/51264-proyecto-sostenible

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    Publicado por Anónimo | 11 noviembre, 2016, 2:13 pm
  3. Procura y lo consigue

    Por Caio Scavone

    La primera legislación agraria del Paraguay ocurrió allá por la década de 1930 mediante un Decreto-Ley que llevó el Nº 1060 y que, 6 años después, fuera declarada por el Congreso como ley. En 1940 se promulga el primer Estatuto Agrario que junta todas las leyes agrarias manejado por el departamento de Tierras y Colonización.

    En el año 1951 recibe el nombre de Instituto de Reforma Agraria (IRA) que ya comenzó a generar ira en al campo y en el año 1963, por Ley 852, se creó el Instituto de Bienestar Rural (IBR) para que lo rural no sea un instituto y mucho menos de bienestar, salvo para los milicos, aduladores y popes de las terribles décadas del stronismo. Apareció otro estatuto agrario que solo sirvió para el discurso y no para desarrollar el Paraguay rural. En toda esta época fueron distribuidos millones de hectáreas, pero mucha gente no era componente de la masa campesina que necesitaba de esas tierras.

    En el año 2004 con la Ley 2419 se hizo el nuevo cambio del IBR por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para que todo siga caminando igual y darle el mismo rumbo de la reversa que tuvieron todos esos institutos creados para solamente delinquir y darle vía libre y ligereza a la joda total. Las tierras siguieron siendo adjudicadas sin nada que procure desarrollar integralmente a los asentamientos campesinos. Para colmo en esa época desapareció el rubro algodón que era el buque insignia de la producción agrícola rentable del Paraguay. El Indert maneja mucho dinero, se nutre del 80 % de los impuestos que arroja todas las rentas agropecuarias (unos 50 millones US$) y se chupa el 5 % de los royalties que recibe la administración central del Estado (más de 5 millones US$), más lo que el presupuesto del país le asigna, algo más de otros 5 millones de dólares.

    Si nos remontamos a las páginas añejas de la historia de la tierra en este país, tendremos que remontarnos hacia el año 1880, año en que se inician los problemas de la heredad, la sesión y la posesión de las tierras en este país. A 136 años las dificultades siguen y ya nadie parece que podrá salvarnos de esta desgracia que le azota a las tierras productivas y a la interminable y confusa reforma agraria del Paraguay.

    Entiendo que controlar la cantidad de adjudicados de algún inmueble y ser componente de la reforma agraria del Paraguay debe tener la equivalencia de desempolvar joda de años. La roñosa entrega de las tierras ha sido siempre la constante y la más asquerosa cesión que un Estado puede manejar con relación a un pedazo de su superficie.

    El poco desarrollo observado en los muchos asentamientos es el fiel y espontáneo reflejo de lo que pasó y sigue ocurriendo en los poblados creados por la reforma agraria del IRA, el IBR y del Indert. Gente vendiendo sus lotes para convertirse en “campesinos sin tierra”. Los asentamientos –sin cobertura sanitaria ni crediticia, con asistencia técnica tácita, sin locales escolares óptimos ni maestros competentes, sin caminos y sin rubros direccionados hacia la rentabilidad– se convierten en parajes fantasmas y lo único restante sigue siendo abandonar el campo para agrandar los flecos pobres de la capital y de las ciudades cabeceras de cada departamento.

    El drama de la colonia Guahory que maneja el Indert es un devoto indicador que solo el voto de las autoridades interesa y, de paso, este Instituto demuestra que no tiene ni la más mínima intención ni capacidad de solucionar el problema de sus ocupantes.

    El Indert traspasó la posible solución a la Procuraduría de la Nación y se sabe que la Procuraduría procura no hacer nada y el Indert siempre procura, y lo consigue, hacer todo mal…

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    Publicado por Anónimo | 25 octubre, 2016, 9:45 am
  4. Este es el último desalojo

    Viviendo durante cuatro años y cuatro meses la masacre, el desalojo, apresamiento y condenas injustas de los campesinos de Curuguaty en Marina Cué, cuando ocurrió el violento desalojo de Guahory, en el que tierras que pagaban ya al Indert los campesinos se dieron con título falso a brasiguayos, espontáneamente brotó a nivel nacional el grito de “¡Este es el último desalojo!”.
    Por supuesto que los culpables del Gobierno en el desalojo no se dieron por aludidos y días después desalojaban a los ava guaraní de la colonia Sauce, en Minga Guazú… Pero el grito se sigue repitiendo “¡Este es el último desalojo!”. Y ahora lo gritamos con más fuerza por muchas razones.

    Primera, porque ya quedan pocas tierras para campesinos (el 80% está en manos del 2%, que son ganaderos y sojeros). Cada desalojo significa que pasan a manos de latifundistas varios centenares o mil y más hectáreas.

    Segunda, porque dado que la recuperación de estas tierras con un gobierno honesto va a ser comprándosela a los latifundistas y no hay tanta plata en el Paraguay, no conviene aumentar la cantidad de tierra a comprar luego.

    Tercera, porque esta es una buena ocasión para lanzar una campaña nacional sobre “¡Este es el último desalojo!”. El presidente busca la reelección y cada desalojo puede llegar a ser como un referéndum contrario a la reelección en el corazón de muchos votantes ya concienciados.

    Cuarta, porque aún riéndose el Gobierno de esta campaña y no haciéndole caso, al hacerla le damos un fuerte apoyo a nuestros compañeros campesinos desalojados. Sufren mucho y están desamparados y solos. El estar decididamente con ellos es el mayor apoyo que todos les podemos dar.

    Quinta, porque el frenar los desalojos es el primer paso para una reforma agraria, que no es sino el no contentarnos con la tierra, sino el exigir ayuda técnica, caminos de todo tiempo, mercados y préstamos.

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    Publicado por Anónimo | 24 octubre, 2016, 7:16 am
  5. El conflicto en Guahory

    Por Víctor Daniel Barrera

    Un conflicto que inició en el año 2014 con la invasión de unas 1.200 hectáreas de tierras por unas 200 familias en la colonia Guahory del distrito de Tembiaporã del departamento de Caaguazú. El despliegue de unos 1.200 efectivos de la Policía Nacional, con apoyo táctico de un helicóptero de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) para la realización de un plan conjunto entre la fiscalía y la Policía Nacional para desalojar a los ocupantes llamó la atención por el costo que representó y desencadenó una serie de dudas sobre quién o quiénes están detrás del enfrentamiento por el dominio de los valiosos inmuebles.

    El propio representante de los colonos, Jhair Waber, había afirmado que pagaron G. 250 millones para que la Policía Nacional y el Ministerio Público cumplan su tarea.

    Las 1.200 hectáreas comprenden 130 títulos de propiedad, que corresponden a 108 colonos descendientes de brasileños. Algunos de ellos fueron expedidos en forma irregular en administraciones anteriores del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y registrados en Catastro Nacional, que los convierten en documentos legítimos. En el ente agrario dicen que existen posibilidades mínimas de que un recurso de nulidad de títulos o un proceso de recuperación lleguen a buen puerto.

    La intervención decidida del obispo de la diócesis de Coronel Oviedo, monseñor Juan Bautista Gavilán, sacerdotes y políticos, como el senador Luis Alberto Wagner (PLRA), José “Pakova” Ledesma y el mismo Efraín Alegre, concejales de diversos partidos políticos y el propio intendente de Tembiaporã, Sotero Cáceres (PLRA), llamó aún más la atención sobre el caso Guahory. Considerando la realidad de la colonia, la conclusión es que están buscando algún beneficio político y económico, engañando a humildes campesinos de la zona con la arenga de que “esas tierras pertenecen a los campesinos paraguayos” y que hay que echar a los “invasores brasiguayos”.

    Es más, monseñor Gavilán, un religioso que debe predicar el perdón, la misericordia, la reconciliación, el amor, la unidad y otros valores para sembrar la paz entre los seres humanos, en plena reunión con los campesinos y políticos en ese “polvorín” nos señaló como “personas no bienvenidas” en Guahory. Solo le faltó decir: “A este grupo de periodistas deben lincharlos”.

    Los políticos y los religiosos promueven peligrosamente el odio y la xenofobia entre campesinos y colonos brasileños (y sus descendientes) que hasta hace poco trabajaban juntos y se ayudaban para desarrollar la zona. Utilizan como argumento la adquisición de títulos en forma irregular por parte de algunos colonos durante gobiernos anteriores. Pregonan medias verdades para lograr algún objetivo.

    El senador Luis Alberto Wagner afirma que las tierras son públicas y que por ende pertenecen al Estado. Con un discurso incoherentes, mantiene esperanzados a los campesinos en que se logrará la expropiación de las tierras.

    En el predio se constató unas 350 hectáreas de plantaciones de trigo en etapa de cosecha. Los autodenominados campesinos “sintierras” manifestaron que los cultivos les pertenecen, pero es un dato poco creíble porque este tipo de plantaciones totalmente mecanizadas necesita de inversiones millonarias que los campesinos “sin recursos” no podrían cubrir.

    Se mencionan que gran parte de los cultivos pertenecen al obispo Juan Bautista Gavilán y al Intendente de Tembiaporã, Sotero Cáceres. quienes serían los principales inversionistas e interesados de las tierras. Tanto el pastor católico como el jefe comunal respondieron en forma ambigua y molestos cuando le consultamos al respecto.

    Mirando a las próximas elecciones presidenciales programadas para año 2018, varios políticos y precandidatos se acercaron a los campesinos para expresarles “apoyo”, pero ninguno propuso una solución viable del conflicto.

    En Guahory, las familias campesinas y los colonos sufren y pierden, mientras un grupo de políticos y religiosos ventajeros alientan el enfrentamiento.

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    Publicado por Anónimo | 23 octubre, 2016, 6:42 am
  6. Guahory es producto de la corrupción

    La colonia Guahory fue creada hace 25 o 30 años por el entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR), que a partir del 2004 se transformó en lo que hoy es el Indert. Es una de las tres colonias creadas en el distrito de Tembiaporã, departamento de Caaguazú, un lugar privilegiado que está rodeado por el río Yguazú.

    Una de las colonias es San Sebastián. Cuenta con 96 lotes y 1.045 hectáreas, de las que están en conflicto 263; la otra es la colonia Guahory, con 102 lotes y 1.300 hectáreas, con 326 en litigio, y la tercera es la colonia Santa Silvia, de 183 hectáreas, sin litigio alguno. Del total de 198 lotes que conforman las dos primeras colonias citadas, unos 40 lotes estarían en condiciones de ser recuperados por el Indert, pero como son 200 las familias campesinas que reclaman esas tierras, se ha creado un problema que, al parecer, está en vías de solución por el camino del diálogo y la negociación entre las partes, pero que se complica deliberadamente con la intervención de activistas políticos, de conocidos perfiles en la agitación, además de algunos religiosos, que actúan como operadores que buscan sacar ventajas antes que encontrar soluciones.

    El conflicto saltó a raíz de la divulgación por las redes sociales de una desprolija intervención fiscal y policial que, en términos jurídicos, se conoce como una “acción conjunta para casos de hechos punibles por invasión de inmueble ajeno”, diferente de la figura del desalojo propiamente dicho. No fue la primera vez, ya que en el 2014 se produjo la misma situación, y desde entonces los colonos brasileños y sus descendientes, que habitan esos lugares desde la década de 1980, ya no hallan tranquilidad para cultivar como lo venían haciendo en años anteriores.

    Los campesinos paraguayos alegan estar asentados en la zona desde hace 30 años y buscan que el Gobierno expropie a su favor parte de estas tierras, agregando a las mismas 150 hectáreas de la empresa Montenegro SA. La propuesta del Indert es ubicar a las primeras familias en los 25 a 40 lotes recuperables por razones de irregular adjudicación, y al resto de las 200 en un terreno a ser adquirido para el efecto.

    Sin embargo, los potenciales beneficiarios, apoyados por sus padrinos políticos y los intervinientes religiosos, ya adelantan que no permitirán que se los reubique en otro lugar, y advierten que no reconocerán las ventas de los anteriores beneficiarios de sus respectivas derecheras.

    Gran parte de la responsabilidad de lo que está ocurriendo en Guahory y San Sebastián la tiene el funcionario del Indert de la zona, Armando Díaz Solís, dueño de 100 hectáreas, a quien, extrañamente, los políticos y religiosos no molestan a pesar del tamaño del inmueble que ocupa, y de haber adjudicado sendas parcelas a su madre, a su hermano y a su exesposa. Esta última, además de las 10 hectáreas a que accedió –al igual que sus demás parientes–, contaba con 19 hectáreas que vendió a un colono brasileño o descendiente del mismo.

    El Indert reconoció en conferencia de prensa que se violó la ley al titular algunos lotes en forma irregular por haber sido revendidos antes de diez años de adjudicación, y que los poseedores iniciales no tuvieron el cuidado de construir viviendas en sus predios. Pero el ente agrario refutó la versión de los campesinos de que se encuentran viviendo en el lugar desde hace 30 años, porque, según las tomas satelitales del lugar realizadas hasta 2014, los lugares reclamados estaban desocupados.

    En cuanto al cuestionado funcionario, que tiene una pequeña estancia en la colonia e influyó para que sus parientes irregularmente accedieran a parcelas de tierras en el lugar, además de permitir que su exesposa tuviera dos adjudicaciones que vendió a personas que no reúnen las condiciones para ser beneficiarias de la reforma agraria, el Indert se limitó a explicar que todo lo sucedido, incluida la contratación del citado funcionario infiel, corresponde a administraciones anteriores, como si la responsabilidad de los funcionarios frente a la ley dependiera de que el delito, la corrupción o la irregularidad tuvieran que ver con quién estaba al frente de la institución y no con lo que dice la ley al respecto.

    Mientras tanto, la situación, ya conocida simplemente como el “Caso Guahory”, tal como aconteció en su tiempo con el “Caso Curuguaty”, se va convirtiendo en una “bomba de tiempo”, al decir del fiscal departamental Alejandrino Rodríguez, quien sostiene que no se está dimensionando correctamente la magnitud del problema y que existe la impresión de que a nadie le importa lo que pueda ocurrir. Todo esto a pesar del precario acuerdo al que llegaron los involucrados en el asunto.

    Por su parte, uno de los colonos afectados ya advirtió que, si no hay solución cuanto antes, tendrá que “correr sangre”, ya que la única alternativa que tienen es entrar a cosechar con personal armado con instrucciones de responder en caso de ataque. Hasta el momento hay personas imputadas, destrucción de viviendas precarias, maltratos durante los procedimientos, quema de cultivos, disparos y amenazas de acciones violentas de ambas partes. Es decir, todos los condimentos para un estallido violento que puede empujar de nuevo al país a un escenario no deseado por nadie. Mientras más largas se den al asunto, más oportunidad encontrarán los agitadores para pescar en río revuelto.

    El titular del Indert sugiere una de las famosas e inútiles “cumbres de Poderes” para buscar solución al problema de tierras. “Si no se hace esta cumbre, cada juez se va a expedir de manera distinta y no podremos cerrar este capítulo”, expresó el funcionario.

    Entendemos que el presidente Horacio Cartes o el titular del Congreso no pueden ordenar a los jueces que actúen correctamente. El problema principal, entonces, radica en nuestra corrupta Justicia. Esos jueces, que según Cárdenas se expiden de cualquier manera, deben ser apartados de sus cargos por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y recibir la sanción que se merecen. Mientras nuestra Justicia no sea saneada y continúe siendo un apéndice de la política, seguirá generando caos y violencia.

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    Publicado por Anónimo | 15 octubre, 2016, 6:20 am
  7. Guahory, la UNA y Horacio Cartes

    Por Miguel H. Lopez
    Los temas del título, en teoría, parecen tres asuntos diferentes. Sin embargo, cada uno de ellos tiene factores comunes: la corrupción y el mal gobierno. Lógicamente, cabría agregar numerosos otros casos, como el desalojo criminal de los ava guaraní paranaense de Sauce el 30 se septiembre pasado (en Minga Porã), etc. Cada caso, en apariencia individual y aislado, es consecuencia directa de un sistema que los produce, los desencadena, los causa.

    El sábado pasado, el ambiente noticioso se agitó con un nuevo enfrentamiento en Guahory. La sombra del horror del desalojo ilegal pasado, que involucra al Gobierno en el uso irregular de medios del Estado para producir una acción sin orden judicial ni legalidad, con destrucción de un pueblo entero, sin respuesta hasta hoy, se agitó de nuevo. Un contingente armado, con antimotines, cascos, botas, carros hidrantes y escudos, llegó para “garantizar” el cultivo de soja de los “colonos” brasileños. Mujeres y niños (los hombres están en Asunción reclamando justicia y solución) enfrentaron con piedras y palos la situación. Una niña mostró rastros de balín en el rostro, después. El caso sigue sin respuesta del Gobierno.

    En la UNA (Universidad Nacional de Asunción) desde el año pasado hay tomas, paros, enfrentamientos y revueltas estudiantiles con apoyo de otros estamentos; renuncias y prisiones, tratando de limpiarla de corrupción y producir una reforma de fondo y democrática. Los bolsones autoritarios –corrompidos y melindrosos– lo siguen impidiendo, re-empotrados en cargos e instancias. La injerencia del Partido Colorado no está ausente de este deterioro desastroso de la UNA. El Gobierno de Cartes se mantiene sin señales públicas al respecto, mientras suman y se intensifican las denuncias de que el cartismo impulsa la privatización paulatina de la universidad pública para que pongan pie y garras, allí, sus amigos empresarios de acá, allá y acullá. Porque así entendida, la educación es altamente rentable; y que lo digan muchas universidades privadas (con infraestructura o de garaje).

    Y, el Gobierno de Cartes, que no sale del ombliguismo y falsedades en datos, cifras y discurso. Una gestión en cuyo balance lo más resaltante desde 2013 es el aumento del número de pobres y de la pobreza extrema; la represión del sector social en todas sus manifestaciones de lucha; la destrucción del hábitat de un modo escandaloso y global para la sojización del país (y su correspondiente enajenamiento y/o extranjerización) Y el endeudamiento por 5 generaciones de paraguayos con bonos soberanos y sucedáneos; y ninguna obra de Gobierno decente y relevante. Solo minucias.

    En todos los casos, la corrupción y el mal gobierno son causales comunes. Y desde el Parlamento o la Justicia nadie mueve un dedo. También por corrupción y mal gobierno.

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    Publicado por Anónimo | 13 octubre, 2016, 6:51 am
  8. Resolver el caso Guahory antes de llegar a un punto sin retorno

    Guahory es un capítulo más en la historia de la lucha por la tierra en el Paraguay; una historia que fue escrita con sudor y también con sangre. Y a menudo la violencia ha venido de la mano de la corrupción. Este conflicto no se inició hace un mes, cuando un grupo de colonos brasiguayos consiguió el desalojo violento de 200 familias paraguayas, sino cuando una rosca corrupta del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) fraguó documentación que sirvió de base para otorgar títulos de propiedad a los brasiguayos. El Estado paraguayo debe asegurar el acceso a la tierra a los campesinos y al mismo tiempo acabar con décadas de corrupción, pero sobre todo debe hallar una alternativa antes de que la situación llegue a un punto sin retorno.
    En la colonia Guahory, distrito de Tembiaporã, en el Departamento de Caaguazú, vivían hasta hace poco 200 familias, en una comunidad con casas de ladrillo y madera, con acceso a la energía eléctrica, y con tres escuelitas para los niños. Cultivaban un poco de trigo y soja; tenían también cultivos de subsistencia, chanchos y gallinas.

    El 15 de setiembre, en horas de la mañana, la apacible vida de los campesinos sufrió un brutal revés. Un operativo que movilizó a 1.200 policías procedió al violento desalojo de las 200 familias, cuando la orden del juez permitía el desalojo solo de 64 viviendas. Para este operativo, los policías recibieron ayuda efectiva de los colonos brasiguayos, como lo confirmó una publicación de ÚH. La policía destruyó casas, quemó cultivos, y hasta estuvo a punto de llevarse incluso a los chanchos y las gallinas.

    Después de casi un mes del desalojo, y una serie de choques que dejaron niños y mujeres golpeados, se llegó a una tregua tras una reunión en el Indert y el acuerdo, de momento, asegura una búsqueda de solución.

    Pero no va a ser sencillo, ya que varios títulos que ostentan los llamados brasiguayos han sido expedidos violando algunos requisitos del Estatuto Agrario, por ejemplo el de la ocupación efectiva del lote. En otros casos, los lotes fueron revendidos antes de los 10 años establecidos. Pese a esta serie de irregularidades, los títulos fueron inscriptos tanto en Catastro como en Registros Públicos. A eso se agrega el hecho de que muy pocos de los brasiguayos residen en Guahory, y en su mayoría solo utilizan los terrenos para expandir sus áreas de producción. Incluso el titular del Indert reconoció la legitimidad de los reclamos de los campesinos.

    Los hechos de corrupción que generaron este conflicto deben ser aclarados y los responsables y los culpables deben hacerse cargo de sus actos. Al mismo tiempo, el Gobierno debe reconocer que el abusivo uso de la fuerza pública, por parte de la policía, solamente genera pérdida de credibilidad de los uniformados. La violencia no puede ser una alternativa, sobre todo en un país con desigualdad y pobreza, que aguarda hace demasiado tiempo por una reforma agraria integral, que haga posible el arraigo de las familias campesinas en sus tierras.

    Un informe de la Comisión de Verdad y Justicia que investigó las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Stroessner sumó casi 8 millones de hectáreas robadas entre 1954 y 2003. Esa tierra debería estar destinada a los campesinos, y a que sus familias puedan vivir dignamente. Porque es precisamente en la corrupción donde se origina el problema de la tierra en el Paraguay.

    Ojalá que ni la corrupción ni la violencia ganen esta partida. El conflicto en Guahory debe ser resuelto antes de que se llegue a un punto sin retorno, como en otros lamentables casos de la problemática social de la tierra.

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    Publicado por Anónimo | 13 octubre, 2016, 6:49 am
  9. Sin cabida al atropello
    12 Oct 2016

    Tras semanas de tensión, en los que sucedieron episodios violentos que no contribuyen a disminuir el ambiente de conflicto que se registra en esta rica región del departamento de Caaguazú, finalmente los protagonistas de este capítulo de la colonia Guahory acordaron una tregua por los próximos 20 días.

    El acuerdo arribado aunque frágil pone de relieve la intención a dialogar de las partes intervinientes, tanto campesinos, colonos de la zona y del sector del gobierno (presente a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). La intención mostrada por todos es buscar soluciones satisfactorias para todos los sectores.

    Es indudable que para que este acuerdo tenga efectos positivos y reales, en especial de largo tiempo, es necesario que cada una de las partes afectadas cumpla cada uno de los términos pactados, cada estamento tiene un papel que cumplir en esta agenda.

    Uno de los puntos más importantes a los que se arribó es la intención de evitar todo tipo de violencia, ya sea a través de provocaciones o de agresiones directas, a fin de pacificar el ambiente bastante caldeado de las últimas dos semanas. Así también, el Indert tiene un rol preponderante ya que esta entidad estatal, así como otros organismos afines, debe facilitar los procedimientos técnicos, de registro, identificación, censo y otros puntos relativos a zanjar esta problemática.

    Más allá de una cuestión legal, que existe y que se reconoce, gran parte de este problema recrudeció en las últimas semanas por la influencia de dirigentes políticos inescrupulosos que buscaron sacar tajada en este conflicto y que hallaron en la desesperación de humildes compatriotas combustible suficiente para sembrar el resentimiento.

    La Nación estuvo en esta región hace algunas semanas y pudo recabar sólidos argumentos sobre esta influencia. Fueron los colonos afectados quienes advirtieron que los labriegos invasores no utilizaban las parcelas ocupadas, sino que las alquilaban a políticos locales, quienes contarían con el apoyo de legisladores, entre los que se encontraban algunos connotados senadores como Miguel López Perito o Luis Alberto Wagner, además del dirigente liberal Efraín Alegre, cuya actividad sesgada claramente ayudó a crispar el ambiente.

    Por ello, es más que beneficioso el punto del acuerdo que hace relación a evitar la difusión de informes no veraces, o contaminados de forma política o partidaria, en la difusión de datos falsos, sesgados o tendenciosos que figura en el pacto que ayer a la tarde se hizo público.

    Este período de tregua abre una ventana para el diálogo, pero este debe basarse en lo que estrictamente se ajusta a la ley y, en especial, del respeto sin condiciones de la propiedad privada.

    Las vías de solución que propone el Indert se pondrán en la mesa negociadora las próximas semanas. Entre ellas se encuentra la reubicación de las familias campesinas que están en pie de guerra, que es el camino más fácil; y la otra alternativa pasa por una expropiación de los campos que se reclama, una vía mucha más engorrosa y compleja pues requiere de la intervención del Congreso para autorizar ese procedimiento.

    Las negociaciones que se hagan en los próximos días van a dilucidar el nivel de compromiso de cada una de las partes, de ver hasta qué punto hay madurez en el diálogo. En la mesa de negociaciones todos tendrán voz y oportunidad de intervenir en la toma de decisiones.

    Finalmente, el caso de la colonia Guahory pone de manifiesto también que más allá de este acuerdo inicial en lo que no se puede transigir es que la justicia y equidad social, así como la igualdad de oportunidades, no puede fundamentarse sobre el atropello a los derechos de terceros, no se puede generar una suerte de invasión a propiedades privadas que ya cuentan con títulos de propiedad inscritos en Registros y Catastros. Sí al diálogo, pero no al atropello.

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    Publicado por Anónimo | 12 octubre, 2016, 7:18 am
  10. “Usen y abusen del Paraguay”

    Hubo un tiempo en que los presidentes paraguayos sabían leer sus discursos, e incluso escribirlos. Hoy no lo saben, y sus improvisaciones son poco afortunadas. “Usen y abusen del Paraguay”, dijo Horacio Cartes a un grupo de inversionistas extranjeros. Después se aclaró que no había querido decir lo que dijo, y debemos aceptarlo, porque la inocencia se presume; de otro modo, sería culpable de apología del delito, según el artículo 238 del Código Penal.

    Quitando el despropósito, Cartes ha sabido expresar la orientación de su gobierno, que es la de favorecer al agronegocio y desfavorecer al campesinado. Como prueba, menciono un caso: El 15 de setiembre pasado, un brasiguayo, desde un helicóptero de Yacyretá, dirigió el desalojo de 200 familias campesinas asentadas en Guahory (algunas, desde hacía 20 años). Según autoridades del Indert, los campesinos ocupaban tierras fiscales, con conocimiento del Indert. Sin embargo, se los desalojó con excesiva violencia, con robo y destrucción de sus bienes. El propósito fue dejar esas tierras en poder de brasiguayos que las codiciaban. El jefe de los brasiguayos, el del helicóptero, agradeció a Cartes por el desalojo. ¿No es esto usar y abusar del Paraguay?

    Un solo caso no basta, me objetarán. Entonces menciono otro: Marina Cué. La represión, con muerte y tortura de campesinos, fue en el 2012, pero la condena de los campesinos criminalizados es reciente, y favorece a la ganadera Campos Morombí, que no tenía ni tiene títulos para reclamar el campo ocupado por ella, que pertenece al Indert, y de donde desalojaron a los campesinos por pedido del latifundista. Otro caso más: Laterza Cué, terreno ocupado por campesinos desde hace 40 años, y donde han construido dos escuelas y una iglesia. Vendido ilegalmente a colonos brasileños, el lugar fue intervenido brutalmente por la Policía, que expulsó a los agricultores paraguayos. En estos y en otros casos, el trasfondo es el mismo: el acaparamiento de la tierra, un hecho alarmante que se da a nivel internacional, y ha sido deplorado por las Naciones Unidas y el Banco Mundial. Existen diferencias nacionales: en algunos países se restringe el acaparamiento de la tierra; en otros, hay que pagar mucho por ella; en otros, basta con ocuparla en forma ilícita. Por eso es tan fácil usar y abusar del Paraguay.

    ¿Hasta dónde se abusa de nuestro país? Para comprenderlo, recomiendo leer el libro de Abel Areco y Marielle Palau, Judicialización y violencia contra la lucha campesina, publicado en agosto pasado por Base IS, con apoyo de Misereor. Como otros libros de Base IS, este puede conseguirse gratis en el local de la oenegé (Ayolas 807 esquina Humaitá).

    El tema central del libro es la criminalización de las reivindicaciones campesinas. Criminalizar –como explica el penalista e investigador Juan Martens en el prólogo– es tratar como si fuera ilícito un acto lícito; por ejemplo, reclamar lo permitido, e incluso exigido por la Constitución, como la reforma agraria (artículo 114), o a la salud (artículo 68), a la salud amenazada por agrotóxicos.

    Los casos de criminalización presentados son 43, ocurridos entre agosto del 2013 y agosto del 2016; en estos tres años de Cartes. Si él no quiso decir que se abusara, así se lo entendió.

    Por Guido Rodríguez Alcalá

    http://www.ultimahora.com/usen-y-abusen-del-paraguay-n1028537.html

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    Publicado por Anónimo | 3 octubre, 2016, 7:40 am
  11. Gramsci y Mussolini en Guahory
    Por Blas Brítez

    25 de mayo de 1925. El político y pensador Antonio Gramsci denuncia en el Parlamento en Roma la persecución de la que son víctimas, por parte de los fascistas, los comunistas y militantes sociales italianos.

    —Se detiene sin imputación específica alguna a todo el que se encuentra en una reunión de tres personas, por el mero hecho de ser comunista, y se le mete en la cárcel —dijo entonces quien años después moriría en prisión, en donde escribiría el grueso de su obra política y filosófica.

    En el recinto estaba presente la encarnación seráfica del fascismo: Benito Mussolini. Él contestó con un tono casi generoso, con la magnanimidad y el cinismo terroríficos del poder absoluto:

    —Pero se les libera pronto. ¿Cuántos hay en la cárcel? No los agarramos más que para conocerlos.

    En un país con contradicciones sociales en ascenso como Paraguay, la respuesta de quien fuera dictador de Italia aspira a tener forma jurídica, a pesar de que en la práctica se halla extendida desde los días represivos del stronismo: la policía podría detener sin necesidad de orden judicial a los ciudadanos y ciudadanas. Un proyecto de ley impulsado por Cartes fue modificado en el Senado en lo referente al artículo 6 de la Carta Orgánica de la Policía Nacional, que habla de sus funciones, obligaciones y atribuciones. En él se da vía libre a las detenciones extrajudiciales. Fue rechazado y devuelto a Diputados. No será legal privar de su libertad a personas de manera arbitraria. Por ahora.

    Sin embargo, las detenciones sin orden judicial son una práctica común en el campo, entre los campesinos y los militantes sociales. Las Fuerzas de Tarea Conjunta operan en los dos departamentos con mayor cantidad de detenciones ilegales en el marco de una criminalización de la militancia social: San Pedro y Canindeyú. Los allanamientos y apresamientos ilegales denunciados en contra de la FTC son varios. El libro Judicialización y violencia contra la lucha campesina, de Abel Areco y Marielle Palau (2016), revisa uno por uno los casos de criminalización en el periodo 2013-2015 del Gobierno colorado. Fueron 43. La mayoría de ellos en casos de ocupaciones de tierras fiscales o de propiedad dudosa, y en la resistencia a las fumigaciones y plantaciones ilegales de soja en zonas pobladas por campesinos. En dos años hubo 87 personas heridas o torturadas; 16 procedimientos en donde se quemaron viviendas, se destruyeron cultivos y se robaron bienes. Luego sí aparece con celeridad la orden judicial para la criminalización aleccionadora: hubo 460 personas imputadas, 273 detenidas y 38 condenadas. Hace poco más de una semana, en Guahory, Caaguazú, 220 familias asentadas en tierras en disputa pero reclamadas por hacendados de origen brasileño, fueron desalojadas violentamente por policías y fiscales con financiación privada.

    Parafraseando a Mussolini, otro altanero corporativista, El Patrón iluminaría, como solo él suele hacerlo frente a los micrófonos:

    —Pero no los agarramos más que para descabezarlos… A su organización, claro.

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    Publicado por Anónimo | 26 septiembre, 2016, 7:49 am
  12. Apocalypse now en Guahory

    Por Alfredo Boccia

    El nacionalismo, en cualquiera de sus vertientes ideológicas, nunca fue lo mío. Desconfío de los que histeriquean con la “soberanía”. Pero luego de ver lo sucedido en la colonia Guahory, alguna hilacha patriotera hizo que mi sangre hierva. Eso no es bueno en un hematólogo.

    Se trata de una comunidad de Caaguazú ocupada desde hace años por unas 200 familias campesinas que mantienen un litigio con supuestos propietarios brasiguayos, quienes habrían comprado la tierra con fines especulativos y, en su mayoría, no viven allí. El Indert reconoce que sus títulos tienen un origen fraguado. Hasta saben el nombre del funcionario que ideó la trampa: Armando Díaz Solís. Muy bien, gracias,

    No era un asentamiento precario. Las viviendas eran de material sólido, había alumbrado público, calles, capilla, plantaciones de trigo y, hasta el año pasado, una escuela, destruida en otro desalojo.

    Hace unos días, en un operativo de dimensiones jamás vistas, unos 1.200 policías y militares desalojaron a los campesinos. La inusual brutalidad del procedimiento contrastaba con la ausencia de resistencia. Con pertrechos bélicos, patrulleras y camiones, los hombres allanaron cada una de las casas y abrieron paso a tractores que destrozaron las viviendas. Todo era supervisado desde un helicóptero. Luego, los policías cercaron el lugar, actuando como guardias de seguridad, impidiendo el paso incluso a parlamentarios que llegaron al día siguiente. Dos fiscales daban legitimidad judicial a este acto vergonzoso de sometimiento del Estado ante el poder fáctico del dinero.

    Se quejan de que falta presupuesto para combatir al EPP, pero para desalojar a campesinos pobres sobran viáticos, alimentos, vehículos, combustible, enlaces de comunicación y, seguro, generosas gratificaciones para los jefes.

    Estos miserables, cuando tienen que actuar contra un terrateniente, se cuidan escrupulosamente de no violar el protocolo del Ministerio del Interior. Cuando se trata de campesinos pobres, se creen Marlon Brando en Apocalypse Now.

    Por sobre los escombros de las casas campesinas, saquearon sus pocos enseres. Valientes contra los débiles, se llevaron en un camión gallinas, chanchos y hasta juguetes infantiles.

    Si Guahory estimula sentimientos xenofóbicos, es solo porque involucra a brasiguayos. Pero eso es casual. Guahory es, en realidad, una postal fidedigna del poder político que tenemos. Dócil ante los intereses de grupos oligárquicos y bravucón contra los vulnerables. Eso sí, felicitando a los primeros por ser “soberanos” y acusando a los segundos de alentar la “lucha de clases”. Claro, después no entienden por qué no pueden con el EPP.

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    Publicado por Anónimo | 24 septiembre, 2016, 10:14 am

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Gracias jakarupa rireguánte.8/12/16

Dejó sin pierna a motociclista y ahora suspenden el proceso

En este país, la Justicia solo trabaja medio día y a veces, ni trabaja.
Moraleja: Si tenés guita no hay problema chera'a. Kore qué injusto!
Justicia paraguaya... Paga 6 millones como "pena" por dejar sin piernas a una persona y casi dejarlo sin vida. Por algo somos la tercer peor justicia del mundo.
Un borracho platudo choca con su autazo a un humilde trabajador, a quien se le amputa su pierna y solo tiene que pagarle 6.000.000 de guaraníes, en cuotitas. Manejas alcoholizado y... Conductor pagará G. 500.000 mensuales tras choque que dejó sin pierna a guardia. Independientemente que haya habido ya un acuerdo con la víctima, qué suaves (¿?) son los castigos para conductores alcoholizados. Después dicen que el dinero no trae la felicidad.

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Banquina llena de botellas plásticas y otros desperdicios arrojados por peregrinantes. Triste realidad! La fe mueve montañas, los peregrinos... Basura #lamentable

La ambición por el poder da amnesia ... 10 años después este es el "nuevo rumbo" de Lugo, los tiempos cambian y los intereses también, jamas los politicos mantienen su palabra empeñada, sencillamente nadie resiste un archivo! Peligro para el país, sólito se está haciendo su tumba, vergüenza me da esta clase de políticos.

En San Lorenzo el cretinismo toma forma de micro que se adelanta en doble línea en pleno cruce... Consuelo: peores cosas hacen con sus chatarras todos los días

Es el primer día del pesebre y el camello ya está harto de todo. (?)

Se le armo el scrache social al borracho Alvarenga. Alto representante legislativo, "de pedo" no mató a nadie. Ndo jerai gueteri, hesa pili'upapeve omoco el guai... por eso que hasta el árbol vio que se le puso en el camino (?) Que imprudente el árbol, imputenlo por exposición al peligro, seguro era un árbol peregrinando! Lo que es la naturaleza, hasta un árbol salió huyendo de un posible accidente. Ha koa la ñande legislador, los primeros en respetarlas las quebrantan... lamentable. Cada idiota que tenemos en el país. Un criminal de raza y harto-peligroso el Diputadete éste, igual a todos los de su camarilla de farsantes y estafadores. Con "chapa cambiable"? En un país serio, estaría preso y sin permiso para conducir de por vida o presentando su renuncia a la Cámara Baja. Es un asesino potencial. Burro, borracho y cobarde. Hombre escombro.

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