La gran distancia entre Curupayty y Guahory

Sus nombres en lengua guaraní tienen similitudes sonoras, pero sus historias no.

Entre lo que pasó en Curupayty, Ñeembucú, y lo que pasó en Guahory, Caaguazú, no solo hay una gran distancia geográfica de cientos de kilómetros, sino una gran distancia temporal de 150 años.

También hay una gran distancia en los valores que animaron a uno y a otro episodio. Una gran distancia en las ideas de patria y nacionalismo, de solidaridad y humanismo, en las maneras de entender la dignidad de un pueblo y de una nación.

La heroica Batalla de Curupayty se libró el 22 de setiembre de 1866, hace un siglo y medio, contra las tropas de Brasil, Argentina y Uruguay. No solo fue la victoria más resonante del ejército paraguayo durante la Guerra de la Triple Alianza, sino además fue una lección de estrategia militar y de ingenio criollo, en que unos 5.000 paraguayos lograron frenar y vencer a 20.000 invasores aliados. Gente dispuesta a dar la vida por defender la soberanía nacional contra quienes pretendían destruir el proyecto de un Paraguay independiente.

El vergonzoso desalojo de Guahory se ejecutó el 15 de setiembre de 2016, hace 9 días, contra unas 200 familias campesinas paraguayas. No solo fue la muestra más humillante de sometimiento de la Justicia, la Fiscalía y la Policía Nacional ante los intereses de un grupo de productores sojeros de origen brasileño, sino además fue una lección de despotismo y de corrupción, como se percibe en un video filtrado en el que el colono brasileño Jair Weber admite cómo siendo civil y parte del conflicto se le permitió acompañar el operativo desde un helicóptero que él asegura fue prestado por la Entidad Binacional Yacyretá.

El mismo colono que reveló al corresponsal de Última Hora, Robert Figueredo, que unos 70 colonos le pagaron 200.000 dólares al jefe de Orden y Seguridad de la Policía en Caaguazú para que se ejecute el desalojo.

En Guahory, unas 2.300 hectáreas de tierra habían empezado a ser colonizadas hace más de 20 años por familias agricultoras paraguayas. Esas mismas tierras fueron luego adquiridas por colonos sojeros de origen brasileño, en muchos casos en forma fraudulenta a través del Indert.

De las 97 fincas, 67 están en proceso de expropiación para favorecer a las familias paraguayas, pero la Justicia, la Fiscalía y la Policía decidieron ignorar ese proceso.

Respondiendo a los intereses de los colonos sojeros, a cambio de dinero, arrasaron los ranchos y las chacras de sus compatriotas, y los dejaron en la calle.

Son denuncias muy graves, que deberían ser debidamente investigadas y sancionadas, pero cómo hacerlo, si quienes deben intervenir para hacer justicia son precisamente los principales acusados de cometer tamaña ilegalidad e injusticia.

Y mientras hacen todo lo contrario, las autoridades les rinden homenaje a los defensores de Curupayty…

Por Andrés Colmán Gutiérrez

http://www.ultimahora.com/la-gran-distancia-curupayty-y-guahory-n1026543.html

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29 comentarios en “La gran distancia entre Curupayty y Guahory”

  1. El negociado de las tierras

    La Cámara de Diputados sancionó en su sesión ordinaria del miércoles la expropiación de 925 hectáreas de tierra en la colonia Guahory. La propiedad abarca parte de los distritos de Tembiaporá y Raúl Arsenio Oviedo, departamento de Caaguazú. La expropiación se hace pese a que el gobierno adquirió 1.550 hectáreas sobre la ruta que une Yhú con Vaquería, en el mismo departamento para reubicar a las familias del lugar.
    El conflicto por tierra en Guahory es otro más de los tantos azuzados por políticos inescrupulosos que constantemente deambulan por el campo alentando invasiones con la promesa de que se logrará expropiar. Es un sistema muy extendido en nuestro país para lograr algún rédito electoral. En esta colonia hasta se sumó la Iglesia, de la mano del obispo de Coronel Oviedo, Mons. Juan Bautista Gavilán, con sacerdotes que forman parte de su diócesis.

    Guahory nació como una colonización paraguaya. Durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, los campesinos que se instalaron en el lugar en reclamo de tierra recibieron sus parcelas. Se entregaron unas 2.000 hectáreas a unas 200 familias. Fueron asentadas y lo único que tenían que hacer -que siempre dicen que quieren hacer- es cultivar la tierra y producir.

    Sin embargo, menos de 10 años después, la mayoría abandonó el lugar vendiendo sus derecheras a brasileños y sus descendientes quienes viven en el lugar desde la década del 60. Ildo Gibert es uno de ellos. Durante una visita a la zona en octubre pasado nos relataba que su vecino, beneficiario de la reforma agraria, diariamente venía a su casa a ofrecerle su tierra. Un buen día, ya enojado, le dijo que si él no compraba iba a vender a otro. Entonces optó por adquirirla. Eran 10 hectáreas que lindan con su propiedad. Las tierras que él adquirió, casi bajo amenazas, forma parte del conjunto que los políticos y la Iglesia reclaman. Aseguran que pertenecen a los campesinos. Ahora ya tienen el visto bueno del Congreso.

    Si el presidente Horacio Cartes no veta la ley, todos los paraguayos tendremos que pagar por 925 hectáreas de tierra expropiada que seguramente se volverá a repartir a los supuestos campesinos sintierra. Estos, como es costumbre, amagarán asentarse en el lugar para, en pocos años, ponerla nuevamente a la venta e ir a formar parte de algún grupo que alentado por políticos invadirá alguna propiedad ajena. Expropiación no es sinónimo de regalo. Y así, ellos expropian, nosotros pagamos.

    En Guahory todo indica que los políticos decidieron que tierras invadir y comenzaron a buscar gente que quiera vivir algunos meses bajo carpa “en reclamo” de esas tierras. La versión que recogimos en la zona fue que todo comenzó cuando el siempre oportuno senador liberal Luis Wagner apareció por el lugar. A él se sumaron los senadores del Frente Guasú, con Fernando Lugo a la cabeza y este tuvo el apoyo de su amigo Mons. Gavilán.

    Es una historia que se repite cada cierto tiempo, casi siempre con los mismos actores que así demuestran su “afinidad con la causa de los más débiles”. Y seguirá así mientras la venta de derecheras no tenga un castigo ejemplar. El gobierno debe asegurar la entrega de título de propiedad, llevar un registro y buscar la forma de hacer que la persona que accedió a esa tierra nunca más tenga posibilidad de reclamar en ningún otro lugar. Va a ser la única forma de acabar con el negociado de las tierras en nuestro país.

    Por Nancy Epínola

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  2. Guahory: La Lucha por la tierra
    25 Feb 2017

    Por Julio Ibarrola
    Ex diputado
    La realidad de Guahory nos lleva a seguir comentando los tristes hechos que rayan la criminalidad, porque no tienen otro nombre. Esto de sacar tierras a quienes trabajaron durante 30 años, desafiando y enfrentando en el momento una zona inhóspita, solamente el amor al trabajo, el ser un verdadero campesino agricultor les dio la fuerza para quedarse y producir.

    Pero para el Cird, la mano negra y criminal antiparaguaya que está dentro del Indert, eso no tiene validez, solamente ellos entienden que la reforma agraria exige que el campesino paraguayo viva en su tierra, en su choza, asado, machete, pala y un yvyra hakua, además sus hijos haraposos, hambrientos e ignorantes, no merecen ser respetados.

    Los que trabajan, producen, progresan con maquinarias agrícolas, sus hijos en las ciudades, cursando estudios universitarios, mientras los padres siguen haciendo vivir en sus tierras con producciones en cadena soja, trigo, maíz, avena, lecheras, cerdos y hasta cría de peces. A estos hay que sacarlos, despojarlos de sus tierras, porque estos están en tierras malhabidas, según el Indert.

    El hecho de Guahory, que no es el único caso en nuestro país, merece una profunda reflexión, por su mensaje de la propia institución, el Indert, donde se interpreta que la honestidad no vale, pagar por la tierra no sirve, trabajar y producir con tecnología es una ofensa a la razón, de la reforma agraria. Y entonces se tiene que recuperar porque es tierra malhabida y entregarlas a personas como Rodolfo Candia de Tembiaporã, que tiene 200 hectáreas, productor de soja, cuenta con todas las maquinarias y se le entregó 8 hectáreas. Él mismo atropelló la propiedad de Willy Neufeld, hermano del intendente municipal de Raúl Arsenio Oviedo, Eddie Neufeld, una propiedad de 200 hectáreas, y ha deforestado la reserva de monte virgen que contaba esta propiedad.

    Y con el cuento de recuperar tierras malhabidas con título, otro caso en mano, se le entregó a Eligio Brítez, también productor de soja que cuenta con todas las maquinarias. Se le dio 10 hectáreas, de otro campesino paraguayo, con pago total al Indert y nunca le dieron el título, a pesar de 10 años de pagar y sigue la lista.

    Pregunto, ¿dónde están las comisiones de derechos humanos del Parlamento? ¿Dónde están para los honestos? No existen, pero para los delincuentes sí están y muy presentes.

    Voy a finalizar este comentario de la fecha con el pensamiento de un mártir de la libertad, Abraham Lincol: La solución no es sacarle la casa al que tiene y darle al que no tiene y dejarle sin nada al otro. La solución es crear las condiciones para que todos tengan casa, solamente un paranoico testaferro de los zurdos puede dar todos los principios irrestricto de respeto a la reforma agraria y a los derechos humanos. Hoy se están construyendo en 7 hectáreas 14 casas, donde con título en mano, Willy Neufeld se le está asaltando, atropellando, violando todos sus derechos.

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  3. Guahory: La lucha por la tierra tercera parte
    18 Feb 2017

    Por Julio Ibarrola
    Ex diputado
    La nueva realidad campesina del país que se vive desde hace tiempo, es desconocido por los principales actores que tienen la responsabilidad de conducir y dar la respuesta adecuada. En este caso concreto el Indert, por su ignorancia, inconducta o complicidad. Producen hechos como el caso llamado Guahory.

    Se trata de un lugar de trabajo desde 1989. Los paraguayos beneficiados primeros y muchos no soportaron la falta de caminos. Necesitaban más apoyo del IBR, la necesidad de una escuela y un lugar de atención a la salud, les ha obligado a abandonar el lugar y vender las famosas derecheras.

    Y quiénes los compraron? Primero los migrantes y sus hijos, la mayoría nacieron en el país. Otros compatriotas se quedaron en el lugar y soportaron la realidad que les obligaba a una lucha casi inhumana. Pero decidieron trabajar y hacer producir la tierra.

    Ese fue el inicio de Guahory, así nació una colonia de gran producción granera. Una convivencia de hermandad campesina, productiva, donde la realidad del trabajo les integró. No había migrantes ni paraguayos, solo productores. Gracias a esa convivencia nuestros hermanos campesinos aprendieron la lección de cómo sembrar la soja, trigo, maíz, girasol que hoy en su totalidad son sojeros o graneros. Y muchos de ellos con maquinarias agrícolas modernísimas.

    Pero un día llegó la política, la corriente ideológica, la seudoizquierda con todas sus fibras de mentira y lanzó sus dardos de odio, de rencor xenofóbica, dividiéndoles hasta llegar a un enfrentamiento de ocupación de las tierras de quienes ayer aprendieron la buena producción granera.

    Los compatriotas azuzados por conocidos delincuentes como los Wagner, López Perito, Esperanza Martínez y otros además de Monseñor Gavilán robaron cerca de 70 ganados. Ametrallaron casas y dejaron sin luz durante cuatro meses a uno que no abandonó su tierra.

    El Indert, ignorante y cobarde, navega en distintas aguas turbias sin nunca definir y finalmente como un milagro el Gobierno adoptó como una medida salvadora y adquirió 1.500 hectáreas para llevar a un buen puerto la problemática creada.

    El gobierno de Horacio Cartes entendió que se tenía que adquirir esa cantidad de tierras. La problemática creada en Guahory es producto de la falta de una visión mucho más profunda porque no podemos vivir en un ambiente de confrontación, si queremos desarrollo no solo de la producción agrícola, sino que todas las instituciones funcionen.

    La acción positiva de este Gobierno que busca por todos los medios dotar de herramientas válidas como camino, asistencia técnica, escuelas y colegios hasta llegar a la universidad, es el más eficiente camino para construir la Patria soñada.

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  4. Guahory: La lucha por la tierra (segunda parte)
    11 Feb 2017

    Por JULIO IBARROLA
    Ex diputado nacional
    En nuestra serie de notas sobre la verdad de Guahory, hoy nos atrevemos a hablar sobre un gran pensador: el Dr. Adrián Rogers, quien en 1931 expresó lo siguiente: Todo lo que una persona recibe sin haber trabajado para obtenerlo, otra persona deberá haber trabajado para no recibirlo.

    El Gobierno no puede entregar nada a alguien, sin antes haber quitado a alguna otra persona. Cuando la mitad de las personas llegan a la conclusión de que ellas no tienen que trabajar porque la otra mitad está obligada a hacerse cargo de ella, y cuando esta otra mitad se convence que no vale la pena trabajar porque alguien les quita lo que han logrado con su esfuerzo, ese es el fin de cualquier Nación.

    No se puede multiplicar la riqueza, dividiéndola. Se dice que todas las comparaciones son odiosas, pero a veces las circunstancias obligan.

    Por un raro designio, aparecen personajes que tienen la misma visión del tiempo y del espacio, mira y ve por décadas adelante. Nuestra comparación es con el Dr. Eligio Ayala, cuando en uno de sus libros, cien años atrás ya hablaba del fruto del trabajo, el capital y que coincidencia, ambos de acuerdo plenamente.

    Lanzo estos pensamientos para preguntar al presidente del Indert, cómo explica que humildes campesinos paraguayos, los Benítez, los Romero, los Giménez, con cinco a diez hectáreas y sacrificios de décadas, han fundado como el caso de Guahory y son consideradas tierras malhabidas.

    Algunos inclusive pagaron todo por sus tierras hace diez años y el Indert no les entrega su título. Hay otras personas de mil, dos mil, cinco mil, diez mil hectáreas y que viven en las grandes ciudades. Y no son consideradas en la tesis del Indert como tierras malhabidas.

    O le pregunto al presidente del Indert si las 1.703 hectáreas que el Gobierno de Stroessner le regaló a Humberto Rubin en Alto Paraná como agradecimiento por su apoyo y alabanza de su Gobierno, no es tierra malhabida.

    Esta es la gran pregunta, un humilde campesino de cinco o diez hectáreas es despojado de sus tierras, como en el caso de Guahory hoy, para entregarlos a conocidos delincuentes que desde el postestronismo, lo único que han demostrado es asaltar propiedades, no trabajar las tierras y pedir al papá Estado todo.

    Surge el cuestionamiento y pedimos una aclaración, porque resulta inexplicable que la institución quiera mantenerles a esos humildes campesinos que labran, trabajan la tierra y hoy han adquirido casas para que sus hijos puedan aprovechar que se les presentan para poder ingresar en las universidades. La tesis del Indert de la reforma agraria es que los campesinos queden en sus propiedades, vivan en chozas y con sus hijos ignorantes.

    Nosotros no estamos de acuerdo con esta tesis, aplaudimos si lo que el Gobierno de Horacio Cartes está realizando, adquirir tierras, construir caminos, asesoramiento técnico, y buscar mercados para asegurar el trabajo y el producto a nuestros humildes compatriotas.

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  5. Guahory: La lucha por la tierra
    04 Feb 2017

    Por Julio Ibarrola
    Ex diputado.
    Posiblemente, el paraguayo con la visión más exacta de la realidad de la tierra, no solo de nuestro país, sino de nuestra América morena, es el Dr. Carlos Pastore, quien en su momento fue director de tierras y colonias, posteriormente IBR y hoy el Indert, como si los cambios de nombres fuesen la respuesta a esta cuestión tan compleja que es la tenencia de la tierra.

    El Dr. Carlos Pastore con maestría desnuda la cuestión de la tierra. Desde la época de la colonia y hasta hoy, su libro “La Lucha por la Tierra en el Paraguay” es una verdadera Biblia para poder entender en su contexto el problema externo de la tierra.

    La verdad de Guahory es nada más que la suma de hechos sucesivos en donde la institución encargada, el Indert, no tiene la más mínima idea para funcionar. Y lo peor de todo: se politiza con filosofía política perimida, empobrecedora de los pueblos, como es el populismo.

    Una llamada de la izquierda, que realiza toda una campaña a nivel nacional al atacar a todas las instituciones, sea judicial o policial, una fórmula o método muy común dentro de estos estamentos entrenados por conocidos dirigentes políticos de tendencia marxistas, como los senadores Luis Alberto Wagner, Miguel Ángel López Perito, Esperanza Martínez, el ex dirigente campesino José Rodríguez y otros.

    Ante la ola de propaganda, muchos medios de comunicación, por ignorancia o por algún interés, le dan toda la cuerda a esta clase política mediocre y cobarde.

    Además, el Indert claudica y apoya los pedidos de los supuestos campesinos sin tierra de Guahory, quienes hoy son beneficiados con tierra despojadas de sus verdaderos dueños, fundadores de esta colonia, que pagaron por sus tierras y nunca recibieron sus títulos.

    Estos son despojados con el cuento de la recuperación de tierra malhabida y sus tierras son entregadas a conocidos sinvergüenzas y oportunistas de la Federación Nacional Campesina.

    La pregunta que nos surge es para quién el Gobierno compró 1.500 hectáreas, que en su mayoría ni son de Guahory. Los mismos supuestos beneficiados de la Federación Nacional Campesina hoy viven en la zona, tienen tierras y casas.

    Ellos, por qué no quieren salir de Guahory; porque es tierra trabajada y mañana será alquilada a los productores de granos, es decir soja, trigo, girasol, maíz. En las próximas entregas iremos profundizando para desnudar la realidad de Guahory.

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  6. Tierra e instigación
    01 Feb 2017

    En distintos frentes, el Gobierno Nacional ha mostrado su enorme interés en poder alcanzar una solución de fondo a la problemática a nivel social que representa la tenencia de la tierra. Diversos, así como heterogéneos en su motivación, han sido los focos de tensión que se han presentado a lo largo de los últimos años en el país. Desde los carperos de Ñacunday, el polémico caso de Marina Cué, hasta el conflicto en Guahory han tenido a la tierra y su posesión como uno de los principales nucleos de tirantez, intranquilidad, cuando no de nerviosismo, tanto del lado de los manifestantes como también de las autoridades.

    Teniendo como antecedente inmediato la funesta matanza de labriegos y policías en la zona de Curuguaty, a mediados del 2012, la negociación en torno al caso Guahory no se presentaba para nada fácil, atendiendo a la complejidad del reclamo y, en especial, al intrincado proceso que había que transitar a la hora de alcanzar un consenso. No era fácil. Para nada. Pero hubo decisión y predisposición de ambas partes. Y el acuerdo no tardó en llegar.

    Las autoridades del Gobierno, con el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) como cabecilla natural de la negociación, lograron consenso y la aprobación de la Federación Nacional Campesina (la principal negociadora por el lado de los labriegos) lo que permitió en las últimas semanas una luz de esperanza a este apremio que ya mantenía varios meses de intranquilidad y que amenazaba con estallar en cualquier momento.

    Sin embargo, la cordura, las buenas prácticas y la “descontaminación política” pudieron allanar el sendero para alcanzar un pacto que hoy es efectivo. Decenas de compatriotas ya poseen los certificados de adjudicación de las tierras que fueron recuperadas en la zona de Tembiaporã, donde se halla Guahory, en el departamento de Caaguazú.

    En virtud de este acuerdo, las decenas de familias beneficiadas no solo recibieron sus tierras, sino también el compromiso estatal de ser favorecidos con asistencia técnica productiva y la provisión de servicios básicos en el hogar, lo que implica un mayor compromiso de las instituciones encargadas de amparar a estos compatriotas.

    El acuerdo tiene una enorme significación en razón de que el Estado se ocupa de una asistencia plena y efectiva, pero también tiene relevancia porque supuso un duro revés para aquellos políticos inescrupulosos y sectarios que solo buscaban incentivar sus propios intereses antes que el del común.

    Las decenas de familias beneficiadas no solo recibieron sus tierras, sino también el compromiso estatal de ser favorecidos con asistencia técnica productiva y la provisión de servicios básicos en el hogar.

    Desde el inicio, Guahory estuvo signado por una disputa política, donde personas que se hacen llamar “caudillos” y que dicen representar los reclamos de los labriegos intentaron boicotear e incitar a la violencia. El foco de tensión que se vivió en los últimos y que provocaba un enorme temor por la violencia, el terror y la intimidación latentes fue acción directa de algunos dirigentes de la zona, así como connotados políticos de partidos que hoy están en la oposición.

    Estos “caudillos” se quedaron sin dinero y por fin, autoridades y sectores campesinos pudieron negociar sin interrupciones y sin “contaminación”.

    Otro aspecto resaltante, tal como lo expresó el propio titular del Indert, en una entrevista concedida el lunes pasado a nuestro diario, que el caso Guahory también es emblemático, pues representa la lucha frontal contra la pobreza que el Gobierno lleva adelante.

    El fundamento del titular del Indert descansa en que las familias beneficiadas, tanto en Guahory como en Yhú, van a poder tener la asistencia integral que les permitirá abandonar la franja de pobreza y extrema pobreza y generar así una vida mucho más digna. Esta asistencia implica no como ocurría en el pasado en otorgarles elementos y herramientas rudimentarios, sino que el Gobierno ha generado la mecanización de la agricultura familiar que es un hecho sin precedentes en nuestro país.

    La tenencia de la tierra ha sido un foco de permanente tensión en el Paraguay durante décadas, pero nuestras actuales autoridades han demostrado fehacientemente que es posible, más allá del diálogo y la predisposición, alcanzar acuerdos cuando hay voluntad política y cuando hay ausencia de instigación.

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  7. La verdad de Guahory (IV)
    28 Ene 2017

    Por Julio Ibarrola

    En esta entrega enfocaremos cómo los verdaderos ocupantes, genuinos agricultores, por ende beneficiarios de la reforma agraria, han sido avasallados en sus derechos en la colonia Guahory al ser despojados de las tierras que lo han adquirido del Estado paraguayo a través de pagos realizados al ex IBR y otros al actual Indert.

    Primero debe destacarse las invasiones que sufrieron estos labriegos de parte de los supuestos campesinos sin tierras y que fueron desalojados por órdenes judiciales en varias oportunidades. Segundo se debe apuntar la irresponsabilidad de Justo Cárdenas, actual presidente del Indert, que en su momento en alianza con los senadores Luis A. Wagner, Sixto Pereira, entre otros, han manifestado que las tierras de Guahory han sido recuperadas de parte de la institución encargada de la reforma agraria en el Paraguay como un programa de recuperación de tierras mal llamadas “mal habidas”, sin embargo la realidad fue totalmente diferente, pues se han encontrado que la colonia estaba titulada en su mayoría a los verdaderos ocupantes y beneficiarios de la reforma agraria.

    Luego Cárdenas al encontrarse presionado por sus secuaces de turno (Wagner, Pereira y otros), no tuvo otra salida más populista de buscar la expropiación de las tierras de la referida colonia, que de ser origen oficial; es decir del Estado, luego se pretendió expropiar a favor de la misma institución que todavía no entregó todo el título a los que han cancelado por sus compras hechas al mismo Indert, tamaña pifiada del alto funcionario no podía pasar desapercibido. Otro punto que debe destacarse es que los supuestos “sin tierras” en su momento la mayoría han sido beneficiarios de tierras, ya sea del ex IBR o el actual Indert, es decir especuladores de tierras, no son agricultores y menos aún beneficiarios de la reforma agraria, es decir a los que han vendido sus derecheras ahora vuelven a invadir tierras ajenas para forzar al Estado paraguayo otorgarlo nuevamente tierras para desarrollarse.

    Solo en el Paraguay se da este fenómeno de otorgar privilegios a invasores de tierras, en otros países la invasión de tierra se castiga con penas carcelarias. No discuto que habrán familias que sí realmente merecen una parcela de tierra en busca de su desarrollo socioeconómico, pero debe depurarse a quienes realmente se merecen incluirlos dentro del programa agrario de la reforma y excluir definitivamente a los delincuentes estafadores, pseudos sin tierras, que especulan con las tierras del Estado y castigarlos con todo el peso de la ley; caso contrario el país nunca pasará de la reforma agraria al desarrollo agrario como resultado positivo de aquel.

    No debe olvidarse que el Gobierno Nacional pretende hacer bien su papel dentro de la reforma agraria integral (asistencia crediticia, técnica, salud, educación etc.), pero mientras el propio Justo Cárdenas en nombre de la reforma agraria practica actos de discriminación que rayan lo delictual, lucrándose de los rubros para los programas de la reforma agraria, rubros que hasta ahora no se han podido esclarecer el destino de esos fondos, como los famosos pozos de oro en los asentamientos rurales, y que se encuentra en etapa investigativa dentro del Ministerio Público y que esperemos no quede en el famoso oparei.

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  8. La verdad de Guahory (III)
    20 Ene 2017

    Por Julio Ibarrola, ex diputado nacional
    En la entrega pasada de esta columna en donde tratamos de analizar lo que realmente sucede en la colonia Guahory, hemos mencionado que uno de los problemas que se han y siguen dando en dicho lugar es la falta de cumplimiento de parte del Indert en cuanto a la entrega del título de propiedad a quienes realmente ocupan y explotan la tierra, además de abonar íntegramente por el valor del inmueble, encontrándose que la gran mayoría de ellos han cancelado sus cuentas con el ex IBR, es decir fácilmente estamos hablando más de 12 años como mínimo teniendo en cuenta que el actual Indert entra en vigencia en el año 2004.

    Pero además de la importancia y el alcance jurídico y económico que tiene el título de propiedad para un agricultor es indiscutible que intenta desarrollarse socioeconómicamente dentro de una política del Estado llamado Reforma Agraria; sin embargo en la colonia Guahory la falta de cumplimiento de parte de la Institución encargada de la política agraria (Indert) en vez de conceder la tranquilidad a los verdaderos beneficiarios de la tierra, no solo se niega a entregar los títulos de propiedad, sino además sigue con su política de persecución ideológica contra los paraguayos hijos de extranjeros (brasiguayos) que también son beneficiarios genuinos de parcelas de tierras del estado para la reforma agraria, pretendiendo recuperarles la posesión sin ningún asidero legal, es más sin derecho a la defensa como garantiza la propia Constitución Nacional, sino con un simple acto administrativo de censo y amojonamiento practicado por los propios funcionarios del Indert, es decir, el presidente del ente, Justo Cárdenas, que por cierto no tiene nada de justo como cualidad humana; sigue presionado por autoridades parlamentarias, eclesiásticas y pseudodirigentes sociales para despojar ilegítimamente a los connacionales, que por producir productos de renta como soja, maíz trigo entre otros se los considera marginales del campo, perseguidos inmisericordemente por las autoridades del Indert, algunos parlamentarios con ideologías desfasadas, pseudodirigentes sociales que se lucran de las necesidades de sus asociados y hasta ciertas autoridades eclesiásticas han estado cultivando productos de renta en las propiedades invadidas de los pequeños productores agricultores.

    ¿O acaso el mismo Justo Cárdenas no ha mencionado a la colonia Guahory como una de las tierras mal llamadas malhabidas y después cuando se dio cuenta que las tierras estaban en su mayoría tituladas a favor de los afectado de la invasión, salió a expresar que la salida jurídica más favorable era la expropiación? Estas decisiones desatinadas de Justo Cárdenas le valió la descalificación pública de los no bien ponderados políticos de ideologías socialistas como Luis Alberto Wagner, Sixto Pereira entre otros, que la recuperación irregular de las tierras de Guahory era un hecho en contubernio entre el alto funcionario administrativo y los parlamentarios “zurdos”.

    Sin embargo, estas autoridades verdugos de los genuinos hombres del campo, no contaban del trabajo que venían realizando en la zona tanto el Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio del Interior y la propia Policía Nacional, a fin de poner orden y reivindicar el estado de derecho en dicho lugar a favor de los afectados y verdaderos dueños y poseedores de las tierras de Guahory.

    Si tanto JUSTO CÁRDENAS, LUIS ALBERTO WAGNER, SIXTO PEREIRA, PAKOVA LEDEZMA y los pseudodirigentes campesinos quieren recuperar tierras a los que ellos llaman malhabidas que fueron adjudicadas en forma totalmente arbitraria desde la época del IRA, IBR y hasta ahora por el Indert grandes extensiones de tierras fiscales, cuyos beneficiarios están los militares, empresarios, autoridades y hasta dueños de unos de medios de comunicación más importante del país y estoy hablando específicamente de HUMBERTO RUBIN que fue favorecido por el ex IBR por más de 1.000 hectáreas en la zona de Alto Paraná en la década del 70, y éste a su vez lo vendió a un productor de la zona convertido hoy día en el distrito de Naranjal, departamento del Alto Paraná.

    Justo Cárdenas y sus secuaces anímense a recuperar tierras del Estado de estos personeros de épocas pasadas que nunca fueron beneficiarios de la Reforma Agraria.

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  9. La verdad de Guahory (II)
    14 Ene 2017

    Por Julio Ibarrola

    En esta segunda entrega sobre la realidad de Guahory, enfocaremos cómo se llega a los extremos, tanto sociales como jurídicos en dicha colonia ubicada en el departamento de Caaguazú.

    Tomemos como punto de partida lo social, en el sentido de cómo fueron a parar en manos de otros beneficiarios que no sean los pobladores originarios de la colonia que nos toca analizar. La respuesta es simple, por un lado el ausentismo del Estado, que a través de las instituciones encargadas de llevar adelante como el ex IBR, hoy día Indert, se han limitado a entregar tierras y no se ha llevado una política agraria integral como lo exige la Reforma Agraria.

    Esto trae como consecuencia nefasta la del desprendimiento de parte del sujeto de la reforma agraria de su elemento esencial para su desarrollo socioeconómico, que es la tierra. Otros sin embargo se han quedado a enfrentar la realidad dentro de lo que se denomina “política de la Reforma Agraria”, buscando suplir ese ausentismo para salir adelante con el único recurso que le proveyó el Estado y el más importante seguramente, que es el recurso natural llamado “tierra”, pero que tuvieron la suerte de obtener el título de propiedad de las mismas, otro factor importantísimo para acceder a ciertos beneficios en el sector privado, como garantía de diferentes tipos de créditos.

    El primer elemento es el deseo de superación del propio sujeto, que por ende toma decisiones que van de tomar créditos del sector privado, ya sea para la provisión de insumos o satisfacer necesidades básicas de todo ser humano (alimentación, salud, educación entre otros), además de la preparación de la tierra, hasta el levantamiento de la cosecha, para lo cual el sector de las cooperativas u otros tipos de sociedades han llenado ese vacío que el sector público siempre quedó en deuda con el sector del campesinado.

    Aquí surge el primer traspié del desarrollo rural del sector del campesinado, que no recibe el primer respaldo jurídico de la institución que deberá promover el arraigo como lo exige la Ley 2419/04 que crea el Indert en su art. 5, que es la obtención del título de propiedad que debió o debe otorgar el Indert (ex IBR), como base del desarrollo del agricultor campesino.

    Eso es lo que pasó y sigue pasando en Guahory y muchas otras colonias del Estado, no otorgan el principal instrumento jurídico de arraigo y desarrollo del sujeto de la reforma agraria que es el título de propiedad. Cuántos colonos del lugar han cancelado sus cuentas ante el ex IBR por compra de las tierras y no acceden al documento definitivo que le servirá para garantizarse sus necesidades como productor.

    Esta falta de cumplimiento de parte del Indert es innegable y seguirá siendo un factor negativo para buscar obtener el desarrollo definitivo del sector más vulnerable de nuestra sociedad que es el campesinado. Debe haber mea culpa de los sectores involucrados en la política de la Reforma Agraria, y no culpar a gobiernos anteriores, sino buscar cumplir las obligaciones que están enmarcadas en la Constitución Nacional en sus Art. 109, 114, 115 y 116 como demás legislaciones positivas del país que regula la Reforma Agraria

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  10. “Lo dijimos hace un tiempo”
    10 Ene 2017

    Por JULIO IBARROLA

    Los últimos acontecimientos sucedidos en la colonia Guahory, revela lo que venimos diciendo hace un tiempo: La existencia de un plan desestabilizador por parte de parlamentarios de la oposición deseosos de llegar de cualquier manera al poder. Y utilizando para este fin a campesinos, que no aceptaron la reubicación en Yhú, donde el INDERT, compró 1500 hectáreas de tierras en buenas condiciones de cultivo.

    El plan, orquestado, entre otros, por los parlamentarios Luis Alberto Wagner, “Pakova” Ledesma, Miguel López Perito, Esperanza Martínez, entre otros, busca, instalar una situación caótica, que incluso, como vayan desarrollándose la situación de violencia, podría desembocar en un eventual pedido de juicio político para el presidente Horacio Cartes.

    En el pasado, situaciones similares han acontecido en nuestro país y la solución ha llegado de la mano de la cordura y el diálogo, sin embargo en esta ocasión, la postura radicalizada de los campesinos, instigados –reiteramos– por parlamentarios de la oposición, hace imposible cualquier tipo de solución.

    El respeto a la propiedad privada esta consagrada en la Constitución Nacional y el respeto a la misa -todos sabemos- es imperativa. Y en ese sentido, esperamos la sensatez de la postura de los campesinos que continúan con sus intenciones de invadir tierras que pertenecen –en muchos casos– a paraguayos. Hombres y mujeres nacidos en el país y que trabajan la tierra y se desviven por un futuro mejor.

    Las acciones evidencian un despropósito por parte de los labriegos, que va más allá de la mera lucha por la tierra.

    ¿Por qué un grupo de campesinos se resiste a la solución que propuso el Gobierno? Que intenciones oscura tienen? ¿Acaso están esperando a tener un mártir y de esa forma buscar un juicio político? Todo esto es por la ambición y la mezquindad de ciertos políticos, que solo buscan su bienestar personal.

    Deseamos fervientemente que la situación mejore e instamos a aquellos labriegos que se encuentran radicalizados en su postura a no dejarse manipular por políticos oportunistas que solo están obsesionados por llegar al poder.

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  11. Guahory: Que no sea “botín de guerra” de la izquierda
    8 enero, 2017

    Por: Néstor Ojeda Mendoza.
    Los parlamentarios opositores reconocen los avances en la colonia Guahory, distrito de Tembiaporã, por la voluntad imprimida desde el Gobierno Nacional en destrabar el conflicto de la recuperación de tierra, y la reubicación en zona apta para la producción en el distrito de Yhú, también ubicada en la región de Caaguazú. Sin embargo, los legisladores de la izquierda siempre están tratando de poner “pelo en la sopa”, para dejar mal parado al titular del Poder Ejecutivo de la República, que con la más buena voluntad e intención está tratando de destrabar de una vez por todas esta situación conflictiva que en nada beneficia al normal funcionamiento de las instituciones públicas del país.

    El tema por la tenencia de un pedazo de tierra para la familia del agro nacional, no es problema del actual gobierno, es de vieja data, eso es de público conocimiento, que anteriores administradores estatales distribuyeron a mansalva a los mandones de turnos y a su entorno de politiqueros miles hectáreas de tierra, a quienes solo les interesaban amasar fortunas para su beneficio propio. Es así que en época de la dictadura militar de Alfredo Stroessner (+), se llegó a descubrir que las tierras del Chaco paraguayo, el Instituto de Bienestar Rural (IBR), actual INDERT, las autoridades del momento llegaron a comercializar a las castas de grupos privilegiados, en la irrisoria suma de mil guaraníes por hectáreas.

    Los grandes esquilmadores de los bienes del Estado se constituyeron los coronelotes, generales, políticos de todos los colores al servicio de la criminal dictadura stronista, entre otros grandes sinvergüenzas oportunistas de aquel entonces.

    Los actos corruptivos siguieron su curso, al caer la dictadura militar, debido que solo se cortó la cabeza del mal, y la cultura de sacar provecho del Estado a través de actos irregulares siguió y aún continua tan vigente en el seno de muchas instituciones del Estado paraguayo, convertido e institucionalizado en la cultura de la sinvergüencía corruptiva, copiada a la perfección o más que en la época de la dictadura, con lo que el mal se ha multiplicado, causando cada vez mayor perjuicio al pueblo paraguayo.

    Pero con la asunción de Horacio Cartes como presidente de la República, muchos políticos sinvergüenzas y oportunistas, creyeron que continuarían sirviéndose y “chupando” del erario público, lo cual fue todo lo contrario, debido que esta fórmula ya no estaría puesta en práctica para beneficios de unos pocos chupa sangre, mal llamados políticos coyunturales.

    Es así que con todos estos males causados e institucionalizados en nuestra sociedad, el actual gobierno sigue lidiando para limpiar la imagen del país a nivel nacional e internacional, y lo está logrando con admirable valentía. Esto molesta a los que se hacen llamar políticos, y están en desacuerdo con el gobierno del presidente Horacio Cartes, debido que muchos de sus privilegios ha tocado fondo.

    En Guahory, el gobierno está demostrando sus más buenas intenciones en destrabar el conflicto por la tierra, con la adquisición e instalación en una parte de la localidad de Yhú para numerosas familias agricultoras que estuvieron en la zona conflictiva, y convencido que las tierras están aptas para la obtención de producción alimentos.

    El titular del INDERT, Lic. Justo Cárdenas, y el pueblo consciente y despierto, están preocupados, por la actitud mezquina y mal intencionada de los parlamentarios de la extrema izquierda, que de cualquier manera pretenda enturbiar la acertada fórmula del Poder Ejecutivo, con la clara intención desestabilizadora. Así como están las cosas, sus objetivos tendrán efectos fallidos, debido que el pueblo ya está cansado de políticos hipócritas y oportunistas.

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  12. Los Reyes Magos no pasaron por Guahory

    Por Andrés Colmán Gutiérrez

    La mitãkuña’i lloraba, paralizada de miedo junto al camino, mientras alrededor se desataba el infierno: campesinos con piedras y banderas, policías con cascos y escudos disparando balines de gomas, estruendo de tractores, gritos, corridas, explosiones, maldiciones, pólvora y sangre.

    La niña campesina se abrazaba a una barata muñeca de plástico, a la que le faltaban una pierna y dos brazos, pero ella la aferraba como su único tesoro, mientras a su alrededor explotaba el mundo.

    Fue una fugaz imagen en uno de los videos grabados con la cámara de un teléfono celular, documentando la represión policial del pasado miércoles, en la colonia Guahory, Departamento de Caaguazú, que derivó en varios campesinos heridos y 12 de ellos presos… pero el retrato de esa mitãkuña’i llorando abrazada a su muñeca mutilada es la cruel metáfora de este Paraguay de reiterados conflictos sociales y políticos que no encuentra redención.

    Faltaba poco para el Día de Reyes. Qué más hubiéramos querido que le lleven de regalo una nueva muñeca y un mundo de alegría… pero los Reyes no pasaron por Guahory.

    Hace más de un año casi nadie sabía que existía Guahory. Ahora es un nombre que salta en los titulares periodísticos, que moviliza actos y movilizaciones políticas, que genera campañas de gobierno, como antes lo hicieron Marina Cué, Curuguaty, Pindó, Ñancunday, Sawhoyamaxa…

    Guahory es una historia repetida que divide opiniones y radicaliza posturas. Las organizaciones agrarias y los grupos de izquierda plantean resistir como una cuestión de soberanía territorial y alimentaria ante el capitalismo empresarial que invade a la agricultura tradicional campesina, imponiendo un modelo de agronegocio a gran escala, que destruye el medioambiente y agrede a la salud. Los sojeros y ganaderos ven a los campesinos como exponentes de un pasado nostálgico que solo constituyen un obstáculo para el desarrollo. Y la policía sostiene que todo es parte de un plan para crear un mártir y desestabilizar al Gobierno.

    Pero al otro lado de las visiones encontradas hay una cruda realidad que no ha cambiado y es difícil ocultar. Lo puso de resalto Hilal Elver, relatora de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, en su visita al país en noviembre último: En Paraguay, entre el 60 y el 80% de la tierra pertenece al 2 o 3% de la población y “existe la necesidad imperiosa de acometer una reforma agraria plena”.

    Es lo que hasta ahora no ha hecho ningún Gobierno, ni siquiera el del presuntamente socialista Fernando Lugo, que armó tanta bandera con el tema. Mientras la tierra siga siendo el botín de unos pocos, apropiada, traficada y varias veces revendida, sin registros viables, seguirá costando vidas y mucho dolor. Y seguirán existiendo realidades como la de Guahory, tan lejos de la ruta de los Reyes Magos.

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  13. La verdad de Guahory (I)
    07 Ene 2017

    Por Julio Ibarrola

    Un conflicto que se ha desatado en una colonia oficial del Indert, denominada Guahory, ubicada en el distrito de Tembiaporã, departamento del Alto Paraná, ha sido objeto de comentarios o críticas de varios sectores que merecen un análisis desde el punto de vista social y jurídico que podrían dar una explicación más ecuánime para la sociedad, tomando una postura neutral en el conflicto, que tiene como protagonista a campesinos paraguayos, agricultores paraguayos de orígenes extranjeros, extranjeros que fueron beneficiarios de tierras del Estado, políticos, congresistas y hasta autoridades de la Iglesia Católica.

    Guahory es una colonia oficial creada por Resolución de la Presidencia Nº 817/86 del ex Instituto de Bienestar Rural, adquirida de Dionisio Nicolás Frutos, identificada como Finca N° 4.115 fue ampliada por la adquisición de una parcela de 314 Há, siendo habilitada por R.P. N° 1.325/97, siempre del ex IBR, adquirida de Apolinario Insfrán y otros, identificada como Finca N° 1.709, del distrito de Yhú, departamento de Caaguazú.

    En las dos fechas de adquisiciones, tanto del año 1986 y 1997, regía el antiguo Estatuto Agrario del año 1963 que lleva el N° 854, en la cual se establecía como beneficiarios de la reforma agraria a los ciudadanos paraguayos y extranjeros; recordando que la restricción para ciudadanos extranjeros de tierras del Estado destinado a la política de la reforma agraria se estableció recién por la Ley N°2531/04 que lleva como fecha de promulgación el 29 de diciembre del 2004, entrando en vigencia recién a partir del 1° de enero del 2005 y que modifica algunos artículos de la Ley Nº 1.863/02 del actual Estatuto Agrario, lo que significa que a partir del 2005 estaba prohibido la adjudicación de tierras del Indert ciudadanos extranjeros. Y ¿Por qué esta aclaración de vigencia de estas leyes que restringen a los extranjeros la posibilidad de ser beneficiario de tierras del Estado? Porque aquí está la respuesta a las desprolijidades de manejos irresponsables en cuanto a las interpretaciones de leyes dentro del derecho positivo de nuestro país.

    En ese menester la ley no tiene carácter de aplicación retroactivo, conforme al art. 14 de la Constitución Nacional, lo que significa que las tierras solicitadas, adjudicadas, pagadas antes de la vigencia de la Ley 2.531/04 que excluye al extranjero como sujeto de la reforma agraria, tienen que ser respetado tanto por las autoridades administrativas, en especial el Indert, autoridades judiciales y parlamentarias, y más aún el ciudadano común. Esto conlleva el respeto de la propiedad privada, respeto a los trámites sea del ámbito que fuere tramitado y con la ley que estaba vigente en ese tiempo. La aplicación de la ley no se discute, sino se cumple, aunque no le guste a los sectores afectados, se tiene que buscar otras alternativas para poder dar solución definitiva al conflicto de esta colonia, como lo viene haciendo el Indert y otras autoridades, sean policiales, judiciales fiscales, entre otros.

    El Estado de derecho tiene que ser respetado, y debemos aprender y en especial las autoridades políticas que desde sus cargos pretenden sacar ventajas políticas para sus sectores y de esa manera los perjudicados son los afectados directos que son los propietarios y los campesinos que pretenden acceder a la política de la reforma agraria.

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  14. La lucha por la tierra en el Paraguay, de Curuguaty a Guahory
    08 Ene 2017

    El libro titulado “La lucha por la tierra en el Paraguay”, de Carlos Pastore, es una radiografía de la historia nacional, de la politología y sin duda una radiografía de las luchas sociales. Lo escribió Carlos Pastore en Montevideo, estando en el exilio, donde se ha producido una buena parte de la historiografía y de la literatura paraguaya, y hasta de la música; no es casual. Se editó allí en 1949 y sigue teniendo una vigencia impresionante y, hay que decirlo, vergonzosa.

    Basta mirar las publicaciones de las siguientes décadas, hasta el presente, para comprobar que uno de los principales problemas del Paraguay, y uno de los más feroces conflictos, es la lucha por la tierra. Es paradójico; es un país que tiene tierra más que suficiente para la cantidad de habitantes y en el que la riqueza de la tierra produce riqueza, sin dudar, la principal base de la economía del país. Y que tiene suficiente tierra por habitante para la poca población que tiene.

    Solo se debe pensar que China Taiwán, cuya producción del agro se exporta incluso a la gigante China Continental produciendo una de sus fuentes de riqueza, tiene casi exactamente la misma superficie que el departamento de San Pedro del Paraguay, con un porcentaje mucho menor de “tierra cultivable”, que tiene la gran paradoja de producir una buena parte de la riqueza del Paraguay y una mayor parte de la pobreza.

    La diferencia es muy sencilla, aunque explicarla en profundidad y en historia llevaría más espacio que un editorial de diario; pero, esencialmente, es la planificación de la producción y la “despolitización” de la tierra como prebenda.

    Vale la pena traer a colación el recuerdo de la tragedia, porque en Guahory se está queriendo repetir el conflicto, en un momento de tremendo conflicto electoralista, y en el que hay políticos en campaña que agitan la “lucha por la tierra” como arma electoralista.
    No hay que irse a Taiwán para comprobarlo, aunque es bueno leer el proceso de reforma agraria, de distribución de tierras y de planificación de la producción que han realizado allí. Aquí mismo estamos viendo un florecimiento de la riqueza agrícola, en contraste con el modelo regional que era Argentina, que ha visto un proceso de pauperización de su riqueza agroganadera por razones políticas. Es decir, hay que diferenciar la política agraria de la política de los intereses políticos partidarios y de las hegemonías de poder; poner la economía en el plano de la producción y no del clientelismo y la lucha por el poder político.

    Lamentablemente lo vivimos y los seguimos viviendo hasta nuestros días, en que la tierra es más que un valor para la producción, tanto para los grandes, medianos como pequeños productores, dentro de una política inteligente y práctica y, sobre todo, no prebendaria ni politiquera.

    En Curuguaty tuvimos la última tragedia grave de nuestro país por “la lucha por la tierra”, en base a un tema que era fácilmente solucionable, ya que los propietarios no deberían haber sido “beneficiarios” de unas tierras irregularmente registradas, como una buena parte de las propiedades.

    En Curuguaty tuvimos una tragedia tremenda que aún no está suficientemente aclarada, ya que los principales responsables, el presidente de la República, Fernando Lugo, y el ministro del Interior, Carlos Filizzola, en vez de medir los tiempos y las circunstancias, mandaron a policías desarmados a una emboscada televisivamente anunciada y documentada, en base a un “protocolo” de dudosa racionalidad, de la inteligencia que debe guiar a un ministerio del Interior.

    El juicio político, que destituyó al presidente, no pasó al terreno de la investigación de los acontecimientos, sobre todo al principal interrogante: por qué, pese a la resistencia de los jefes policiales que dirigían el operativo se les ordenó marchar al frente, al paredón de fusilamiento.

    Hasta hoy, a falta de investigar a fondo los hechos en el momento que ocurrieron, siguen las dudas y las polémicas sobre el hecho más dramático de esta etapa democrática que vive el país, prácticamente sin precedentes.

    Vale la pena traer a colación el recuerdo de la tragedia, porque en Guahory se está queriendo repetir el conflicto, en un momento de tremendo conflicto electoralista, y en el que hay políticos en campaña que agitan la “lucha por la tierra” como arma electoralista, utilizando a los excluidos de la propiedad de la tierra para promover conflictos y hasta trágicos desenlaces, en contra de las negociaciones positivas que se están realizando, para fines de campaña electoral.

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  15. LA LUCHA POR LA TIERRA
    Andrés Granje
    Guahory es el más claro ejemplo de lo que sucede en el país en la lucha por la tierra, la injusticia generada desde una mala administración de las oficinas del estado encargadas de la distribución de las parcelas a las familias campesinas, como el INDERT ahora, IBR antes, las ventas desmedidas a los colonos brasileños, más allá de lo que indica las leyes nacionales, que enrarecieron totalmente la política agraria y que como es lógico esperar es fuente de violencia y vaticina mayores enfrentamientos entre los componentes de las distintas facciones en lucha.
    Alguien dijo con mucha sorna e ironía que en ciertas regiones del país los agentes corruptos del IBR y luego del INDERT, vendieron parcelas ya ocupadas y con títulos a otros nuevos compradores, duplicando sin problemas los títulos, como si estas tierras tuvieran un segundo piso y se pudiera cultivar en un segundo piso. Obviamente así dicho hasta puede ser risueño, el drama y la tragedia es para los compradores de buena fe ya sean en primera o segunda instancia que luego encuentran que existen otras personas con el mismo título y con los mismos derechos que él reclama.
    Es posible o seguro que existan atorrantes que se pasan ocupando propiedades fiscales o de documentaciones dudosas para quedarse con estos inmuebles, que luego deforestan y abandonan para después ir a otras comarcas a reclamar lo mismo, en una suerte de rutina que le deja muy buenos dividendos convirtiéndolos en ocupantes de profesión, esta legión de sinvergüenzas y avivados seguramente son los menos entre los que pelean por la tierra. Están los que necesitan perentoriamente ese pedazo de suelo para cultivar y mantener a su familia pues entiende que la dignidad como personas y como familias solamente llegará cuando puedan tener ese pequeño solar soñado, tan difícil de obtener, concentrado en tan pocas manos avaras y codiciosas.

    Muchos vencidos y humillados renuncian, cansados de ser apaleados como perros junto a sus familias por las fuerzas de seguridad, cancerberos guardianes de los poderosos y azote de los pobres campesinos en esa lucha y emprenden llenos de resentimiento y tristeza el calvario traumatizante del exilio, derrotado por esa fuerza ciega e inmisericorde, la diáspora es miserable y destructora del núcleo familiar envilece y degrada al ser humano. Mientras se espera la hora de la resurrección en el Paraguay de políticas sociales basadas en el amor y la justicia que reivindique al pueblo en su dignidad y orgullo devolviéndole paz, justicia, igualdad y fraternidad.

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  16. Guahory ñanemba’e

    Por Miguel H. Lopez
    Lo que ocurre en la colonia Guahory, Caaguazú, es posiblemente el epílogo de una historia repetida en innumerables asentamientos campesinos por desidia del Estado, por la venalidad de los organismos públicos y la voracidad cómplice de las corporaciones del agronegocio.

    La represión del martes, que dejó 20 heridos entre agricultores y policías y 12 detenidos, es apenas lo que se ve de un problema estructural, con raíces incrustadas en diversas instancias de los poderes del Estado.

    La inexistencia de una política seria –con arraigo real– de reforma agraria está llevando a que el país pierda todos sus enclaves de producción agrícola y a legalizar –paradójicamente– lo ilegal perdiéndose soberanía territorial y alimentaria, con la criminal responsabilidad de los agentes del Gobierno.

    Las tierras de Guahory fueron adquiridas en los 80 y distribuidas en los 90 a los campesinos sujetos de la reforma agraria por el entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR) hoy Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Por una serie de negociaciones irregulares, engaños y coacciones, las propiedades terminaron ilegalmente en manos de colonos brasiguayos, para cultivar soja. La ley prohíbe la venta de derecheras, por lo que lo sucedido fue un acto nulo y el Estado, propietario, tiene jurisdicción y deber de pasarlas a otros campesinos dentro de su política agraria. Sin embargo, por mecanismos fraudulentos lo ilegal se legalizó (aunque nulo).

    Los primeros campesinos que cedieron las parcelas cometieron un acto tan ilegal como quienes, a sabiendas de que se trataba de tierras de la reforma agraria, las adquirieron para después articular mecanismos espurios y obtener eventuales títulos, que dentro de la jurisdicción de la ley no tienen legitimidad.

    Guahory hoy es un territorio invadido ilegalmente por colonos brasiguayos, a quienes extrañamente el Estado protege en contra de quienes efectivamente son genuinos sujetos de la reforma agraria.

    Muchas voces tratan de justificar este hecho y aplauden la represión contra los campesinos, desalojados ya en 4 ocasiones de modo violento desde 2015. Alegan que la propiedad privada es inviolable. Afirmación relativa. La Constitución usa ese término, pero a renglón seguido dice que sí puede expropiarse por utilidad pública o interés social. La reforma agraria es de interés social y entonces esas tierras son de utilidad pública. Es falso que la propiedad privada sea sagrada. Pero, si usáramos ese argumento falaz y manipulado, de igual modo encontraremos que los reales invasores son los brasiguayos.

    Hay muchas medias verdades, incluso desde algunos medios, en este asunto. Lo de Guahory no es un episodio más en la lucha por la tierra. Es un conflicto central. Es la descarnada exposición de cómo el Estado se boicotea y trata de despojarse de sus propias tierras, que son nuestras. Un acto de alta traición, de violencia pública y de criminal despojo del que es responsable el presidente Horacio Cartes por descuidar los intereses del país, de su gente y su soberanía.

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  17. Patoteros de la política
    4 enero, 2017

    Cuando, en nombre del pueblo, un sector político recurre a la incitación para generar violencia y se produzca una tragedia, la historia debe registrar los nombres de quienes nutren su ambición con la desgracia de los demás.

    Esto es precisamente lo que están haciendo políticos como Efraín Alegre, Pakova Ledesma, Luis Alberto Wagner y Oviedo’i, quien pretende emular a su padre, Lino Oviedo, un patotero con rango militar que varias veces utilizó la fuerza intentando salirse con la suya.

    En Guahory las cosas se calmaron gracias al Indert, que encontró una solución válida, ubicando a los campesinos en otras tierras que no estaban trabajadas y eran tan productivas como las invadidas. Este planteamiento satisfizo a la mayoría del grupo invasor, hasta al mismo presidente de la comisión de labriegos.

    Pero esto no gustó a estos personajes, quienes habían puesto todos los huevos en la canasta del conflicto y el enfrentamiento con los colonos brasiguayos. Así que actuando de manera secreta, lograron convencer a un grupo de los más revoltosos y agresivos para que no acepten el trato y se nieguen a abandonar los terrenos invadidos.

    Lo que hacen con todo esto es tan repetitivo que ya conocemos el proceso de memoria. Convencen a los incautos para que invadan una propiedad privada –mejor si está racionalmente explotada-, consiguen que la Policía y la Fiscalía intervengan con una orden de desalojo. Presionan a los invasores para que resistan y cuando se produce un violento desalojo pegan el grito al cielo denunciando al gobierno apátrida y opresor de campesinos.

    En Guahory no pasó nada de lo que viene pasando desde hace años, con la activa participación de estos políticos que no saben hacer otra cosa que el chúmbale permanente para producir violencia y enfrentamiento entre campesinos y policías. Si en el proceso se produce alguna muerte, su éxito está asegurado. Porque ellos no tienen más objetivo que ese, la tragedia, la impotencia, cualquier cosa que les permita conseguir votos por engañar a la gente mostrándose como los salvadores de la patria.

    Ayer hubo represión policial, porque el grupito que se negó a ser reubicado atacó a los colonos, dueños de las tierras, que querían empezar a plantar su cosecha. El primero en reaccionar indignado fue Wagner, como si lo que ocurrió no formara parte del libreto que él y sus compinches siguen al pie de la letra.

    Por supuesto, tampoco faltaron las amenazas de juicio político al presidente Horacio Cartes, “por haber ordenado la violencia contra los campesinos compatriotas”. Wagner convenció a Oviedo’i (que está ávido de protagonismo) de ir hoy hasta el lugar de los hechos, lo que solamente servirá para exacerbar más los ánimos. No hay ningún espíritu de diálogo o negociación en estos patoteros disfrazados de legisladores, solo el firme deseo de tirar más leña al fuego.

    De verdad, es importante que la historia política tome nota de los hechos y recuerde a estos personajes que no tuvieron empacho en arriesgar la vida de paraguayos con tal de salirse con la suya.

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  18. Por una solución pacífica

    Un clima tenso jamás podrá ser aliado de una tarea que tenga como objetivo mejorar las condiciones de vida de los paraguayos, especialmente de aquellos que están en la línea de la pobreza y que fueron los olvidados de siempre, gobierno tras gobierno.

    Para lograr el crecimiento es imperioso dejar de lado los conflictos y enfocarse de lleno a diálogos sinceros, sin dobles intenciones ni politizados. El clima del diálogo debe convertirse en el eje para la búsqueda de una solución al largo conflicto en Guahory, donde dos posturas son las que dividen hoy a la población.

    En el intento de lograr una salida, el Poder Ejecutivo impulsa varias alternativas de solución, que fueron presentadas ante los principales actores estatales y de las organizaciones campesinas que defienden su lucha. La idea es mediar en el largo conflicto que enfrenta a labriegos y colonos brasileños que habitan la zona.

    De acuerdo a lo explicado por el vicepresidente de la República, Juan Afara, existe intención del Poder Ejecutivo en lograr una salida, para lo cual es necesario el diálogo. Terminada una reunión entre los principales involucrados en el tema, expresó que se marcó un intermedio para que los campesinos vuelvan a sus colonias, debatan en asamblea y vuelvan con una decisión tomada. Se esperará ahora la decisión de la dirigencia labriega.

    El titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, informó que presentaron 3 modelos de propuestas a disposición de los afectados. La primera es la reversión de los lotes a favor del Estado, es decir, que vuelvan a su patrimonio anterior.

    Con esto se revoca toda esa superficie a favor del Estado paraguayo para luego canalizar nuevamente a esta gente, precisó. La segunda propuesta es la de reubicar a todos los campesinos en lotes contiguos al de Guahory. Finalmente, la tercera propuesta es la adquisición de un lote de superficie de tierra importante para armar una colonia modelo con el acceso a servicios básicos, calles y escuelas. Quedará en manos de los campesinos la decisión del camino a seguir, pero su resolución no puede ser de la noche a la mañana.

    Para el Ejecutivo existe una gran preocupación respecto a este conflicto, atendiendo a que considera que se dan factores externos que pretenden politizar la lucha. En ese sentido, se manifestó el propio vicepresidente Afara: “Algunos actores que querían la contaminación social en este conflicto y querían ver sangre, les pedimos que se alejen para que nos dejen trabajar por los intereses de los patriotas campesinos”, dijo el representante del Ejecutivo.

    Fue tras una reunión en la que estuvieron presentes el ministro del Interior, Tadeo Rojas; el presidente del Indert, Justo Cárdenas; el vicepresidente de la República; el ministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, entre otras autoridades.

    Tras el desalojo que se dio en Guahory por una orden judicial, el clima en la zona sigue por momentos muy tenso. Los campesinos que reclaman tierras en ese lugar se mantienen alertas y estuvieron involucrados en algunos incidentes con los propios colonos brasileños.

    Sectores políticos de la oposición han intentado ganarse un crédito en la lucha de los labriegos y constantemente realizan actividades a favor del sector, supuestamente por ser un tema “social”. Sin embargo, se pudo comprobar con discursos poco conciliadores que el objetivo principal de algunos dirigentes de la oposición es mantener el clima de confrontación, pero en ese ambiente será imposible encontrar una salida.

    El mensaje del vicepresidente de la República es acorde a un planteamiento para un país serio. Es necesario que los políticos que solo quieren sacar beneficios generalmente electorales se alejen del tema y no generen climas de enfrentamientos para que las instituciones encargadas de dar solución a los problemas campesinos sean los que junto con ellos consensúen una salida.

    Es de esperar que el conflicto que ya lleva su tiempo se resuelva de una manera pacífica, para lo cual es imperioso que prime la sensatez, la responsabilidad y el verdadero compromiso social. Solo así podrán salir beneficiados los campesinos que exigen un pedazo de tierra, permitirá que el Estado logre pacificar el ambiente y el país saldrá ganando. Paraguay debe desprenderse de las viejas prácticas políticas, del enfrentamiento sencillamente electoral, que impiden el desarrollo. El caso Guahory puede ser el inicio.

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  19. ¿Proyecto sostenible?

    El Gobierno parece haber encontrado una solución al conflicto generado alrededor de la colonia Guahory ubicada en el departamento de Caaguazú.
    La salida consiste en comprar unas 2.000 hectáreas a ser distribuidas entre unas 200 familias que vienen reclamando tierras, demanda que ha generado una disputa en la que se ven involucrados campesinos, productores, políticos y no pocos especuladores.

    La cuestión es sencilla. Cuestión de hacer algunos números. El Estado deberá sacar de alguna parte los US$ 16 millones que es lo que le saldrá, parte baja, la expropiación de esas 2.000 hectáreas, si tenemos en cuenta que en el departamento de Caaguazú el valor de la tierra oscila entre los 5.000 y los 12.000 dólares la hectárea. Si el Indert realiza finalmente la operación y reparte entre cada uno de los solicitantes lotes de 10 hectáreas, de pertenecer a la categoría de “sintierras” pasarán a ser propietarios de lotes cuyo valor –según la ubicación y los precios de mercado- oscilaría entre los 50.000 y los 120.000 dólares americanos. Volcado este valor a guaraníes, los beneficiarios de esta “colonia modelo” se verían de un día para sentados sobre un patrimonio de entre 275 y 660 millones de guaraníes. Claro que esa montaña de dinero sería sólo nominal, ya que por el estatuto que rige al Indert, todo sujeto de reforma agraria beneficiado con un lote no lo puede vender antes de los 10 años, eso, si muestra en su transcurso un verdadero interés por trabajarlo. De lo contrario, el Indert le cancelaría la adjudicación sin más trámite. La clave para que el concepto de “colonia modelo” sea llevado a cabo con éxito radica en muchos factores. Primero, asegurarse de que los adjudicados tienen verdadera voluntad de entregarse a la producción agropecuaria. Luego deberán encarar algún formato asociativo para gestionar con mayores posibilidades de éxito los créditos y la asistencia tecnológica necesarios para meterse en programas de producción con perspectivas de colocación en el mercado. El Estado podrá darles una mano en algunos de estos tramos pero el verdadero esfuerzo deberán ponerlo los propios productores, sobre todo si consideran que ya tienen un punto de partida sólido y disponible: la garantía de una tierra de alto valor de mercado.

    Si se emprende ese camino hay algunas posibilidades de que la colonia tenga éxito. De lo contrario, no faltarán quienes prefieran negociar con ese patrimonio en ciernes cediendo “derecheras” que nunca habrán sido más altas. Retener una tierra tan cara es un desafío con pronóstico reservado. Guardando las distancias, es como si el club Newell’s Old Boys de Rosario hubiera querido mantener en su plantilla a Lionel Messi, valuado hoy en 280 millones de euros, suma que equivale a 67 veces la deuda del club y que multiplica por 11 su valor patrimonial.

    De todas maneras, hay que desearle suerte al Indert en este nuevo proyecto. Porque va a necesitarla, y mucha.

    http://www.5dias.com.py/51264-proyecto-sostenible

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  20. Procura y lo consigue

    Por Caio Scavone

    La primera legislación agraria del Paraguay ocurrió allá por la década de 1930 mediante un Decreto-Ley que llevó el Nº 1060 y que, 6 años después, fuera declarada por el Congreso como ley. En 1940 se promulga el primer Estatuto Agrario que junta todas las leyes agrarias manejado por el departamento de Tierras y Colonización.

    En el año 1951 recibe el nombre de Instituto de Reforma Agraria (IRA) que ya comenzó a generar ira en al campo y en el año 1963, por Ley 852, se creó el Instituto de Bienestar Rural (IBR) para que lo rural no sea un instituto y mucho menos de bienestar, salvo para los milicos, aduladores y popes de las terribles décadas del stronismo. Apareció otro estatuto agrario que solo sirvió para el discurso y no para desarrollar el Paraguay rural. En toda esta época fueron distribuidos millones de hectáreas, pero mucha gente no era componente de la masa campesina que necesitaba de esas tierras.

    En el año 2004 con la Ley 2419 se hizo el nuevo cambio del IBR por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para que todo siga caminando igual y darle el mismo rumbo de la reversa que tuvieron todos esos institutos creados para solamente delinquir y darle vía libre y ligereza a la joda total. Las tierras siguieron siendo adjudicadas sin nada que procure desarrollar integralmente a los asentamientos campesinos. Para colmo en esa época desapareció el rubro algodón que era el buque insignia de la producción agrícola rentable del Paraguay. El Indert maneja mucho dinero, se nutre del 80 % de los impuestos que arroja todas las rentas agropecuarias (unos 50 millones US$) y se chupa el 5 % de los royalties que recibe la administración central del Estado (más de 5 millones US$), más lo que el presupuesto del país le asigna, algo más de otros 5 millones de dólares.

    Si nos remontamos a las páginas añejas de la historia de la tierra en este país, tendremos que remontarnos hacia el año 1880, año en que se inician los problemas de la heredad, la sesión y la posesión de las tierras en este país. A 136 años las dificultades siguen y ya nadie parece que podrá salvarnos de esta desgracia que le azota a las tierras productivas y a la interminable y confusa reforma agraria del Paraguay.

    Entiendo que controlar la cantidad de adjudicados de algún inmueble y ser componente de la reforma agraria del Paraguay debe tener la equivalencia de desempolvar joda de años. La roñosa entrega de las tierras ha sido siempre la constante y la más asquerosa cesión que un Estado puede manejar con relación a un pedazo de su superficie.

    El poco desarrollo observado en los muchos asentamientos es el fiel y espontáneo reflejo de lo que pasó y sigue ocurriendo en los poblados creados por la reforma agraria del IRA, el IBR y del Indert. Gente vendiendo sus lotes para convertirse en “campesinos sin tierra”. Los asentamientos –sin cobertura sanitaria ni crediticia, con asistencia técnica tácita, sin locales escolares óptimos ni maestros competentes, sin caminos y sin rubros direccionados hacia la rentabilidad– se convierten en parajes fantasmas y lo único restante sigue siendo abandonar el campo para agrandar los flecos pobres de la capital y de las ciudades cabeceras de cada departamento.

    El drama de la colonia Guahory que maneja el Indert es un devoto indicador que solo el voto de las autoridades interesa y, de paso, este Instituto demuestra que no tiene ni la más mínima intención ni capacidad de solucionar el problema de sus ocupantes.

    El Indert traspasó la posible solución a la Procuraduría de la Nación y se sabe que la Procuraduría procura no hacer nada y el Indert siempre procura, y lo consigue, hacer todo mal…

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  21. Este es el último desalojo

    Viviendo durante cuatro años y cuatro meses la masacre, el desalojo, apresamiento y condenas injustas de los campesinos de Curuguaty en Marina Cué, cuando ocurrió el violento desalojo de Guahory, en el que tierras que pagaban ya al Indert los campesinos se dieron con título falso a brasiguayos, espontáneamente brotó a nivel nacional el grito de “¡Este es el último desalojo!”.
    Por supuesto que los culpables del Gobierno en el desalojo no se dieron por aludidos y días después desalojaban a los ava guaraní de la colonia Sauce, en Minga Guazú… Pero el grito se sigue repitiendo “¡Este es el último desalojo!”. Y ahora lo gritamos con más fuerza por muchas razones.

    Primera, porque ya quedan pocas tierras para campesinos (el 80% está en manos del 2%, que son ganaderos y sojeros). Cada desalojo significa que pasan a manos de latifundistas varios centenares o mil y más hectáreas.

    Segunda, porque dado que la recuperación de estas tierras con un gobierno honesto va a ser comprándosela a los latifundistas y no hay tanta plata en el Paraguay, no conviene aumentar la cantidad de tierra a comprar luego.

    Tercera, porque esta es una buena ocasión para lanzar una campaña nacional sobre “¡Este es el último desalojo!”. El presidente busca la reelección y cada desalojo puede llegar a ser como un referéndum contrario a la reelección en el corazón de muchos votantes ya concienciados.

    Cuarta, porque aún riéndose el Gobierno de esta campaña y no haciéndole caso, al hacerla le damos un fuerte apoyo a nuestros compañeros campesinos desalojados. Sufren mucho y están desamparados y solos. El estar decididamente con ellos es el mayor apoyo que todos les podemos dar.

    Quinta, porque el frenar los desalojos es el primer paso para una reforma agraria, que no es sino el no contentarnos con la tierra, sino el exigir ayuda técnica, caminos de todo tiempo, mercados y préstamos.

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  22. El conflicto en Guahory

    Por Víctor Daniel Barrera

    Un conflicto que inició en el año 2014 con la invasión de unas 1.200 hectáreas de tierras por unas 200 familias en la colonia Guahory del distrito de Tembiaporã del departamento de Caaguazú. El despliegue de unos 1.200 efectivos de la Policía Nacional, con apoyo táctico de un helicóptero de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) para la realización de un plan conjunto entre la fiscalía y la Policía Nacional para desalojar a los ocupantes llamó la atención por el costo que representó y desencadenó una serie de dudas sobre quién o quiénes están detrás del enfrentamiento por el dominio de los valiosos inmuebles.

    El propio representante de los colonos, Jhair Waber, había afirmado que pagaron G. 250 millones para que la Policía Nacional y el Ministerio Público cumplan su tarea.

    Las 1.200 hectáreas comprenden 130 títulos de propiedad, que corresponden a 108 colonos descendientes de brasileños. Algunos de ellos fueron expedidos en forma irregular en administraciones anteriores del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y registrados en Catastro Nacional, que los convierten en documentos legítimos. En el ente agrario dicen que existen posibilidades mínimas de que un recurso de nulidad de títulos o un proceso de recuperación lleguen a buen puerto.

    La intervención decidida del obispo de la diócesis de Coronel Oviedo, monseñor Juan Bautista Gavilán, sacerdotes y políticos, como el senador Luis Alberto Wagner (PLRA), José “Pakova” Ledesma y el mismo Efraín Alegre, concejales de diversos partidos políticos y el propio intendente de Tembiaporã, Sotero Cáceres (PLRA), llamó aún más la atención sobre el caso Guahory. Considerando la realidad de la colonia, la conclusión es que están buscando algún beneficio político y económico, engañando a humildes campesinos de la zona con la arenga de que “esas tierras pertenecen a los campesinos paraguayos” y que hay que echar a los “invasores brasiguayos”.

    Es más, monseñor Gavilán, un religioso que debe predicar el perdón, la misericordia, la reconciliación, el amor, la unidad y otros valores para sembrar la paz entre los seres humanos, en plena reunión con los campesinos y políticos en ese “polvorín” nos señaló como “personas no bienvenidas” en Guahory. Solo le faltó decir: “A este grupo de periodistas deben lincharlos”.

    Los políticos y los religiosos promueven peligrosamente el odio y la xenofobia entre campesinos y colonos brasileños (y sus descendientes) que hasta hace poco trabajaban juntos y se ayudaban para desarrollar la zona. Utilizan como argumento la adquisición de títulos en forma irregular por parte de algunos colonos durante gobiernos anteriores. Pregonan medias verdades para lograr algún objetivo.

    El senador Luis Alberto Wagner afirma que las tierras son públicas y que por ende pertenecen al Estado. Con un discurso incoherentes, mantiene esperanzados a los campesinos en que se logrará la expropiación de las tierras.

    En el predio se constató unas 350 hectáreas de plantaciones de trigo en etapa de cosecha. Los autodenominados campesinos “sintierras” manifestaron que los cultivos les pertenecen, pero es un dato poco creíble porque este tipo de plantaciones totalmente mecanizadas necesita de inversiones millonarias que los campesinos “sin recursos” no podrían cubrir.

    Se mencionan que gran parte de los cultivos pertenecen al obispo Juan Bautista Gavilán y al Intendente de Tembiaporã, Sotero Cáceres. quienes serían los principales inversionistas e interesados de las tierras. Tanto el pastor católico como el jefe comunal respondieron en forma ambigua y molestos cuando le consultamos al respecto.

    Mirando a las próximas elecciones presidenciales programadas para año 2018, varios políticos y precandidatos se acercaron a los campesinos para expresarles “apoyo”, pero ninguno propuso una solución viable del conflicto.

    En Guahory, las familias campesinas y los colonos sufren y pierden, mientras un grupo de políticos y religiosos ventajeros alientan el enfrentamiento.

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  23. Guahory es producto de la corrupción

    La colonia Guahory fue creada hace 25 o 30 años por el entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR), que a partir del 2004 se transformó en lo que hoy es el Indert. Es una de las tres colonias creadas en el distrito de Tembiaporã, departamento de Caaguazú, un lugar privilegiado que está rodeado por el río Yguazú.

    Una de las colonias es San Sebastián. Cuenta con 96 lotes y 1.045 hectáreas, de las que están en conflicto 263; la otra es la colonia Guahory, con 102 lotes y 1.300 hectáreas, con 326 en litigio, y la tercera es la colonia Santa Silvia, de 183 hectáreas, sin litigio alguno. Del total de 198 lotes que conforman las dos primeras colonias citadas, unos 40 lotes estarían en condiciones de ser recuperados por el Indert, pero como son 200 las familias campesinas que reclaman esas tierras, se ha creado un problema que, al parecer, está en vías de solución por el camino del diálogo y la negociación entre las partes, pero que se complica deliberadamente con la intervención de activistas políticos, de conocidos perfiles en la agitación, además de algunos religiosos, que actúan como operadores que buscan sacar ventajas antes que encontrar soluciones.

    El conflicto saltó a raíz de la divulgación por las redes sociales de una desprolija intervención fiscal y policial que, en términos jurídicos, se conoce como una “acción conjunta para casos de hechos punibles por invasión de inmueble ajeno”, diferente de la figura del desalojo propiamente dicho. No fue la primera vez, ya que en el 2014 se produjo la misma situación, y desde entonces los colonos brasileños y sus descendientes, que habitan esos lugares desde la década de 1980, ya no hallan tranquilidad para cultivar como lo venían haciendo en años anteriores.

    Los campesinos paraguayos alegan estar asentados en la zona desde hace 30 años y buscan que el Gobierno expropie a su favor parte de estas tierras, agregando a las mismas 150 hectáreas de la empresa Montenegro SA. La propuesta del Indert es ubicar a las primeras familias en los 25 a 40 lotes recuperables por razones de irregular adjudicación, y al resto de las 200 en un terreno a ser adquirido para el efecto.

    Sin embargo, los potenciales beneficiarios, apoyados por sus padrinos políticos y los intervinientes religiosos, ya adelantan que no permitirán que se los reubique en otro lugar, y advierten que no reconocerán las ventas de los anteriores beneficiarios de sus respectivas derecheras.

    Gran parte de la responsabilidad de lo que está ocurriendo en Guahory y San Sebastián la tiene el funcionario del Indert de la zona, Armando Díaz Solís, dueño de 100 hectáreas, a quien, extrañamente, los políticos y religiosos no molestan a pesar del tamaño del inmueble que ocupa, y de haber adjudicado sendas parcelas a su madre, a su hermano y a su exesposa. Esta última, además de las 10 hectáreas a que accedió –al igual que sus demás parientes–, contaba con 19 hectáreas que vendió a un colono brasileño o descendiente del mismo.

    El Indert reconoció en conferencia de prensa que se violó la ley al titular algunos lotes en forma irregular por haber sido revendidos antes de diez años de adjudicación, y que los poseedores iniciales no tuvieron el cuidado de construir viviendas en sus predios. Pero el ente agrario refutó la versión de los campesinos de que se encuentran viviendo en el lugar desde hace 30 años, porque, según las tomas satelitales del lugar realizadas hasta 2014, los lugares reclamados estaban desocupados.

    En cuanto al cuestionado funcionario, que tiene una pequeña estancia en la colonia e influyó para que sus parientes irregularmente accedieran a parcelas de tierras en el lugar, además de permitir que su exesposa tuviera dos adjudicaciones que vendió a personas que no reúnen las condiciones para ser beneficiarias de la reforma agraria, el Indert se limitó a explicar que todo lo sucedido, incluida la contratación del citado funcionario infiel, corresponde a administraciones anteriores, como si la responsabilidad de los funcionarios frente a la ley dependiera de que el delito, la corrupción o la irregularidad tuvieran que ver con quién estaba al frente de la institución y no con lo que dice la ley al respecto.

    Mientras tanto, la situación, ya conocida simplemente como el “Caso Guahory”, tal como aconteció en su tiempo con el “Caso Curuguaty”, se va convirtiendo en una “bomba de tiempo”, al decir del fiscal departamental Alejandrino Rodríguez, quien sostiene que no se está dimensionando correctamente la magnitud del problema y que existe la impresión de que a nadie le importa lo que pueda ocurrir. Todo esto a pesar del precario acuerdo al que llegaron los involucrados en el asunto.

    Por su parte, uno de los colonos afectados ya advirtió que, si no hay solución cuanto antes, tendrá que “correr sangre”, ya que la única alternativa que tienen es entrar a cosechar con personal armado con instrucciones de responder en caso de ataque. Hasta el momento hay personas imputadas, destrucción de viviendas precarias, maltratos durante los procedimientos, quema de cultivos, disparos y amenazas de acciones violentas de ambas partes. Es decir, todos los condimentos para un estallido violento que puede empujar de nuevo al país a un escenario no deseado por nadie. Mientras más largas se den al asunto, más oportunidad encontrarán los agitadores para pescar en río revuelto.

    El titular del Indert sugiere una de las famosas e inútiles “cumbres de Poderes” para buscar solución al problema de tierras. “Si no se hace esta cumbre, cada juez se va a expedir de manera distinta y no podremos cerrar este capítulo”, expresó el funcionario.

    Entendemos que el presidente Horacio Cartes o el titular del Congreso no pueden ordenar a los jueces que actúen correctamente. El problema principal, entonces, radica en nuestra corrupta Justicia. Esos jueces, que según Cárdenas se expiden de cualquier manera, deben ser apartados de sus cargos por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y recibir la sanción que se merecen. Mientras nuestra Justicia no sea saneada y continúe siendo un apéndice de la política, seguirá generando caos y violencia.

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  24. Guahory, la UNA y Horacio Cartes

    Por Miguel H. Lopez
    Los temas del título, en teoría, parecen tres asuntos diferentes. Sin embargo, cada uno de ellos tiene factores comunes: la corrupción y el mal gobierno. Lógicamente, cabría agregar numerosos otros casos, como el desalojo criminal de los ava guaraní paranaense de Sauce el 30 se septiembre pasado (en Minga Porã), etc. Cada caso, en apariencia individual y aislado, es consecuencia directa de un sistema que los produce, los desencadena, los causa.

    El sábado pasado, el ambiente noticioso se agitó con un nuevo enfrentamiento en Guahory. La sombra del horror del desalojo ilegal pasado, que involucra al Gobierno en el uso irregular de medios del Estado para producir una acción sin orden judicial ni legalidad, con destrucción de un pueblo entero, sin respuesta hasta hoy, se agitó de nuevo. Un contingente armado, con antimotines, cascos, botas, carros hidrantes y escudos, llegó para “garantizar” el cultivo de soja de los “colonos” brasileños. Mujeres y niños (los hombres están en Asunción reclamando justicia y solución) enfrentaron con piedras y palos la situación. Una niña mostró rastros de balín en el rostro, después. El caso sigue sin respuesta del Gobierno.

    En la UNA (Universidad Nacional de Asunción) desde el año pasado hay tomas, paros, enfrentamientos y revueltas estudiantiles con apoyo de otros estamentos; renuncias y prisiones, tratando de limpiarla de corrupción y producir una reforma de fondo y democrática. Los bolsones autoritarios –corrompidos y melindrosos– lo siguen impidiendo, re-empotrados en cargos e instancias. La injerencia del Partido Colorado no está ausente de este deterioro desastroso de la UNA. El Gobierno de Cartes se mantiene sin señales públicas al respecto, mientras suman y se intensifican las denuncias de que el cartismo impulsa la privatización paulatina de la universidad pública para que pongan pie y garras, allí, sus amigos empresarios de acá, allá y acullá. Porque así entendida, la educación es altamente rentable; y que lo digan muchas universidades privadas (con infraestructura o de garaje).

    Y, el Gobierno de Cartes, que no sale del ombliguismo y falsedades en datos, cifras y discurso. Una gestión en cuyo balance lo más resaltante desde 2013 es el aumento del número de pobres y de la pobreza extrema; la represión del sector social en todas sus manifestaciones de lucha; la destrucción del hábitat de un modo escandaloso y global para la sojización del país (y su correspondiente enajenamiento y/o extranjerización) Y el endeudamiento por 5 generaciones de paraguayos con bonos soberanos y sucedáneos; y ninguna obra de Gobierno decente y relevante. Solo minucias.

    En todos los casos, la corrupción y el mal gobierno son causales comunes. Y desde el Parlamento o la Justicia nadie mueve un dedo. También por corrupción y mal gobierno.

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  25. Resolver el caso Guahory antes de llegar a un punto sin retorno

    Guahory es un capítulo más en la historia de la lucha por la tierra en el Paraguay; una historia que fue escrita con sudor y también con sangre. Y a menudo la violencia ha venido de la mano de la corrupción. Este conflicto no se inició hace un mes, cuando un grupo de colonos brasiguayos consiguió el desalojo violento de 200 familias paraguayas, sino cuando una rosca corrupta del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) fraguó documentación que sirvió de base para otorgar títulos de propiedad a los brasiguayos. El Estado paraguayo debe asegurar el acceso a la tierra a los campesinos y al mismo tiempo acabar con décadas de corrupción, pero sobre todo debe hallar una alternativa antes de que la situación llegue a un punto sin retorno.
    En la colonia Guahory, distrito de Tembiaporã, en el Departamento de Caaguazú, vivían hasta hace poco 200 familias, en una comunidad con casas de ladrillo y madera, con acceso a la energía eléctrica, y con tres escuelitas para los niños. Cultivaban un poco de trigo y soja; tenían también cultivos de subsistencia, chanchos y gallinas.

    El 15 de setiembre, en horas de la mañana, la apacible vida de los campesinos sufrió un brutal revés. Un operativo que movilizó a 1.200 policías procedió al violento desalojo de las 200 familias, cuando la orden del juez permitía el desalojo solo de 64 viviendas. Para este operativo, los policías recibieron ayuda efectiva de los colonos brasiguayos, como lo confirmó una publicación de ÚH. La policía destruyó casas, quemó cultivos, y hasta estuvo a punto de llevarse incluso a los chanchos y las gallinas.

    Después de casi un mes del desalojo, y una serie de choques que dejaron niños y mujeres golpeados, se llegó a una tregua tras una reunión en el Indert y el acuerdo, de momento, asegura una búsqueda de solución.

    Pero no va a ser sencillo, ya que varios títulos que ostentan los llamados brasiguayos han sido expedidos violando algunos requisitos del Estatuto Agrario, por ejemplo el de la ocupación efectiva del lote. En otros casos, los lotes fueron revendidos antes de los 10 años establecidos. Pese a esta serie de irregularidades, los títulos fueron inscriptos tanto en Catastro como en Registros Públicos. A eso se agrega el hecho de que muy pocos de los brasiguayos residen en Guahory, y en su mayoría solo utilizan los terrenos para expandir sus áreas de producción. Incluso el titular del Indert reconoció la legitimidad de los reclamos de los campesinos.

    Los hechos de corrupción que generaron este conflicto deben ser aclarados y los responsables y los culpables deben hacerse cargo de sus actos. Al mismo tiempo, el Gobierno debe reconocer que el abusivo uso de la fuerza pública, por parte de la policía, solamente genera pérdida de credibilidad de los uniformados. La violencia no puede ser una alternativa, sobre todo en un país con desigualdad y pobreza, que aguarda hace demasiado tiempo por una reforma agraria integral, que haga posible el arraigo de las familias campesinas en sus tierras.

    Un informe de la Comisión de Verdad y Justicia que investigó las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Stroessner sumó casi 8 millones de hectáreas robadas entre 1954 y 2003. Esa tierra debería estar destinada a los campesinos, y a que sus familias puedan vivir dignamente. Porque es precisamente en la corrupción donde se origina el problema de la tierra en el Paraguay.

    Ojalá que ni la corrupción ni la violencia ganen esta partida. El conflicto en Guahory debe ser resuelto antes de que se llegue a un punto sin retorno, como en otros lamentables casos de la problemática social de la tierra.

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  26. Sin cabida al atropello
    12 Oct 2016

    Tras semanas de tensión, en los que sucedieron episodios violentos que no contribuyen a disminuir el ambiente de conflicto que se registra en esta rica región del departamento de Caaguazú, finalmente los protagonistas de este capítulo de la colonia Guahory acordaron una tregua por los próximos 20 días.

    El acuerdo arribado aunque frágil pone de relieve la intención a dialogar de las partes intervinientes, tanto campesinos, colonos de la zona y del sector del gobierno (presente a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). La intención mostrada por todos es buscar soluciones satisfactorias para todos los sectores.

    Es indudable que para que este acuerdo tenga efectos positivos y reales, en especial de largo tiempo, es necesario que cada una de las partes afectadas cumpla cada uno de los términos pactados, cada estamento tiene un papel que cumplir en esta agenda.

    Uno de los puntos más importantes a los que se arribó es la intención de evitar todo tipo de violencia, ya sea a través de provocaciones o de agresiones directas, a fin de pacificar el ambiente bastante caldeado de las últimas dos semanas. Así también, el Indert tiene un rol preponderante ya que esta entidad estatal, así como otros organismos afines, debe facilitar los procedimientos técnicos, de registro, identificación, censo y otros puntos relativos a zanjar esta problemática.

    Más allá de una cuestión legal, que existe y que se reconoce, gran parte de este problema recrudeció en las últimas semanas por la influencia de dirigentes políticos inescrupulosos que buscaron sacar tajada en este conflicto y que hallaron en la desesperación de humildes compatriotas combustible suficiente para sembrar el resentimiento.

    La Nación estuvo en esta región hace algunas semanas y pudo recabar sólidos argumentos sobre esta influencia. Fueron los colonos afectados quienes advirtieron que los labriegos invasores no utilizaban las parcelas ocupadas, sino que las alquilaban a políticos locales, quienes contarían con el apoyo de legisladores, entre los que se encontraban algunos connotados senadores como Miguel López Perito o Luis Alberto Wagner, además del dirigente liberal Efraín Alegre, cuya actividad sesgada claramente ayudó a crispar el ambiente.

    Por ello, es más que beneficioso el punto del acuerdo que hace relación a evitar la difusión de informes no veraces, o contaminados de forma política o partidaria, en la difusión de datos falsos, sesgados o tendenciosos que figura en el pacto que ayer a la tarde se hizo público.

    Este período de tregua abre una ventana para el diálogo, pero este debe basarse en lo que estrictamente se ajusta a la ley y, en especial, del respeto sin condiciones de la propiedad privada.

    Las vías de solución que propone el Indert se pondrán en la mesa negociadora las próximas semanas. Entre ellas se encuentra la reubicación de las familias campesinas que están en pie de guerra, que es el camino más fácil; y la otra alternativa pasa por una expropiación de los campos que se reclama, una vía mucha más engorrosa y compleja pues requiere de la intervención del Congreso para autorizar ese procedimiento.

    Las negociaciones que se hagan en los próximos días van a dilucidar el nivel de compromiso de cada una de las partes, de ver hasta qué punto hay madurez en el diálogo. En la mesa de negociaciones todos tendrán voz y oportunidad de intervenir en la toma de decisiones.

    Finalmente, el caso de la colonia Guahory pone de manifiesto también que más allá de este acuerdo inicial en lo que no se puede transigir es que la justicia y equidad social, así como la igualdad de oportunidades, no puede fundamentarse sobre el atropello a los derechos de terceros, no se puede generar una suerte de invasión a propiedades privadas que ya cuentan con títulos de propiedad inscritos en Registros y Catastros. Sí al diálogo, pero no al atropello.

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  27. “Usen y abusen del Paraguay”

    Hubo un tiempo en que los presidentes paraguayos sabían leer sus discursos, e incluso escribirlos. Hoy no lo saben, y sus improvisaciones son poco afortunadas. “Usen y abusen del Paraguay”, dijo Horacio Cartes a un grupo de inversionistas extranjeros. Después se aclaró que no había querido decir lo que dijo, y debemos aceptarlo, porque la inocencia se presume; de otro modo, sería culpable de apología del delito, según el artículo 238 del Código Penal.

    Quitando el despropósito, Cartes ha sabido expresar la orientación de su gobierno, que es la de favorecer al agronegocio y desfavorecer al campesinado. Como prueba, menciono un caso: El 15 de setiembre pasado, un brasiguayo, desde un helicóptero de Yacyretá, dirigió el desalojo de 200 familias campesinas asentadas en Guahory (algunas, desde hacía 20 años). Según autoridades del Indert, los campesinos ocupaban tierras fiscales, con conocimiento del Indert. Sin embargo, se los desalojó con excesiva violencia, con robo y destrucción de sus bienes. El propósito fue dejar esas tierras en poder de brasiguayos que las codiciaban. El jefe de los brasiguayos, el del helicóptero, agradeció a Cartes por el desalojo. ¿No es esto usar y abusar del Paraguay?

    Un solo caso no basta, me objetarán. Entonces menciono otro: Marina Cué. La represión, con muerte y tortura de campesinos, fue en el 2012, pero la condena de los campesinos criminalizados es reciente, y favorece a la ganadera Campos Morombí, que no tenía ni tiene títulos para reclamar el campo ocupado por ella, que pertenece al Indert, y de donde desalojaron a los campesinos por pedido del latifundista. Otro caso más: Laterza Cué, terreno ocupado por campesinos desde hace 40 años, y donde han construido dos escuelas y una iglesia. Vendido ilegalmente a colonos brasileños, el lugar fue intervenido brutalmente por la Policía, que expulsó a los agricultores paraguayos. En estos y en otros casos, el trasfondo es el mismo: el acaparamiento de la tierra, un hecho alarmante que se da a nivel internacional, y ha sido deplorado por las Naciones Unidas y el Banco Mundial. Existen diferencias nacionales: en algunos países se restringe el acaparamiento de la tierra; en otros, hay que pagar mucho por ella; en otros, basta con ocuparla en forma ilícita. Por eso es tan fácil usar y abusar del Paraguay.

    ¿Hasta dónde se abusa de nuestro país? Para comprenderlo, recomiendo leer el libro de Abel Areco y Marielle Palau, Judicialización y violencia contra la lucha campesina, publicado en agosto pasado por Base IS, con apoyo de Misereor. Como otros libros de Base IS, este puede conseguirse gratis en el local de la oenegé (Ayolas 807 esquina Humaitá).

    El tema central del libro es la criminalización de las reivindicaciones campesinas. Criminalizar –como explica el penalista e investigador Juan Martens en el prólogo– es tratar como si fuera ilícito un acto lícito; por ejemplo, reclamar lo permitido, e incluso exigido por la Constitución, como la reforma agraria (artículo 114), o a la salud (artículo 68), a la salud amenazada por agrotóxicos.

    Los casos de criminalización presentados son 43, ocurridos entre agosto del 2013 y agosto del 2016; en estos tres años de Cartes. Si él no quiso decir que se abusara, así se lo entendió.

    Por Guido Rodríguez Alcalá

    http://www.ultimahora.com/usen-y-abusen-del-paraguay-n1028537.html

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  28. Gramsci y Mussolini en Guahory
    Por Blas Brítez

    25 de mayo de 1925. El político y pensador Antonio Gramsci denuncia en el Parlamento en Roma la persecución de la que son víctimas, por parte de los fascistas, los comunistas y militantes sociales italianos.

    —Se detiene sin imputación específica alguna a todo el que se encuentra en una reunión de tres personas, por el mero hecho de ser comunista, y se le mete en la cárcel —dijo entonces quien años después moriría en prisión, en donde escribiría el grueso de su obra política y filosófica.

    En el recinto estaba presente la encarnación seráfica del fascismo: Benito Mussolini. Él contestó con un tono casi generoso, con la magnanimidad y el cinismo terroríficos del poder absoluto:

    —Pero se les libera pronto. ¿Cuántos hay en la cárcel? No los agarramos más que para conocerlos.

    En un país con contradicciones sociales en ascenso como Paraguay, la respuesta de quien fuera dictador de Italia aspira a tener forma jurídica, a pesar de que en la práctica se halla extendida desde los días represivos del stronismo: la policía podría detener sin necesidad de orden judicial a los ciudadanos y ciudadanas. Un proyecto de ley impulsado por Cartes fue modificado en el Senado en lo referente al artículo 6 de la Carta Orgánica de la Policía Nacional, que habla de sus funciones, obligaciones y atribuciones. En él se da vía libre a las detenciones extrajudiciales. Fue rechazado y devuelto a Diputados. No será legal privar de su libertad a personas de manera arbitraria. Por ahora.

    Sin embargo, las detenciones sin orden judicial son una práctica común en el campo, entre los campesinos y los militantes sociales. Las Fuerzas de Tarea Conjunta operan en los dos departamentos con mayor cantidad de detenciones ilegales en el marco de una criminalización de la militancia social: San Pedro y Canindeyú. Los allanamientos y apresamientos ilegales denunciados en contra de la FTC son varios. El libro Judicialización y violencia contra la lucha campesina, de Abel Areco y Marielle Palau (2016), revisa uno por uno los casos de criminalización en el periodo 2013-2015 del Gobierno colorado. Fueron 43. La mayoría de ellos en casos de ocupaciones de tierras fiscales o de propiedad dudosa, y en la resistencia a las fumigaciones y plantaciones ilegales de soja en zonas pobladas por campesinos. En dos años hubo 87 personas heridas o torturadas; 16 procedimientos en donde se quemaron viviendas, se destruyeron cultivos y se robaron bienes. Luego sí aparece con celeridad la orden judicial para la criminalización aleccionadora: hubo 460 personas imputadas, 273 detenidas y 38 condenadas. Hace poco más de una semana, en Guahory, Caaguazú, 220 familias asentadas en tierras en disputa pero reclamadas por hacendados de origen brasileño, fueron desalojadas violentamente por policías y fiscales con financiación privada.

    Parafraseando a Mussolini, otro altanero corporativista, El Patrón iluminaría, como solo él suele hacerlo frente a los micrófonos:

    —Pero no los agarramos más que para descabezarlos… A su organización, claro.

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  29. Apocalypse now en Guahory

    Por Alfredo Boccia

    El nacionalismo, en cualquiera de sus vertientes ideológicas, nunca fue lo mío. Desconfío de los que histeriquean con la “soberanía”. Pero luego de ver lo sucedido en la colonia Guahory, alguna hilacha patriotera hizo que mi sangre hierva. Eso no es bueno en un hematólogo.

    Se trata de una comunidad de Caaguazú ocupada desde hace años por unas 200 familias campesinas que mantienen un litigio con supuestos propietarios brasiguayos, quienes habrían comprado la tierra con fines especulativos y, en su mayoría, no viven allí. El Indert reconoce que sus títulos tienen un origen fraguado. Hasta saben el nombre del funcionario que ideó la trampa: Armando Díaz Solís. Muy bien, gracias,

    No era un asentamiento precario. Las viviendas eran de material sólido, había alumbrado público, calles, capilla, plantaciones de trigo y, hasta el año pasado, una escuela, destruida en otro desalojo.

    Hace unos días, en un operativo de dimensiones jamás vistas, unos 1.200 policías y militares desalojaron a los campesinos. La inusual brutalidad del procedimiento contrastaba con la ausencia de resistencia. Con pertrechos bélicos, patrulleras y camiones, los hombres allanaron cada una de las casas y abrieron paso a tractores que destrozaron las viviendas. Todo era supervisado desde un helicóptero. Luego, los policías cercaron el lugar, actuando como guardias de seguridad, impidiendo el paso incluso a parlamentarios que llegaron al día siguiente. Dos fiscales daban legitimidad judicial a este acto vergonzoso de sometimiento del Estado ante el poder fáctico del dinero.

    Se quejan de que falta presupuesto para combatir al EPP, pero para desalojar a campesinos pobres sobran viáticos, alimentos, vehículos, combustible, enlaces de comunicación y, seguro, generosas gratificaciones para los jefes.

    Estos miserables, cuando tienen que actuar contra un terrateniente, se cuidan escrupulosamente de no violar el protocolo del Ministerio del Interior. Cuando se trata de campesinos pobres, se creen Marlon Brando en Apocalypse Now.

    Por sobre los escombros de las casas campesinas, saquearon sus pocos enseres. Valientes contra los débiles, se llevaron en un camión gallinas, chanchos y hasta juguetes infantiles.

    Si Guahory estimula sentimientos xenofóbicos, es solo porque involucra a brasiguayos. Pero eso es casual. Guahory es, en realidad, una postal fidedigna del poder político que tenemos. Dócil ante los intereses de grupos oligárquicos y bravucón contra los vulnerables. Eso sí, felicitando a los primeros por ser “soberanos” y acusando a los segundos de alentar la “lucha de clases”. Claro, después no entienden por qué no pueden con el EPP.

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