El proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación para el próximo año es de unos 12.574 millones de dólares, lo que implica un aumento del 3% con relación al vigente, pese a que el índice de inflación previsto es del 4,5% y a que la recaudación fiscal aumentará en un 9%, con una presión tributaria del 12,4%, muy similar a la de este año.
El moderado incremento del gasto público –atribuible a que no se prevé un aumento salarial para los funcionarios y contratados– evitará, según el Poder Ejecutivo, que el déficit fiscal supere el 1,5% del Producto Interno Bruto, límite fijado por la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Estos datos, auspiciosos desde el punto de vista macroeconómico, ocultan que en la composición del gasto público los servicios personales (salarios y otros beneficios) seguirán absorbiendo más del 70% de la recaudación tributaria, dejando muy poco margen para las tan necesarias inversiones en salud, educación y obras públicas. Es más, pese a que se descarta un aumento salarial, el gasto en concepto de servicios personales crecería en un 2%, para llegar a unos 3.654 millones de dólares, que se debería sobre todo al crecimiento vegetativo de las fuerzas militares y policiales, según el Ministerio de Hacienda. Si bien se crearían solo 745 cargos, elevando su número a 290.458, el proyecto contempla que el funcionariado reciba hasta dos “gratificaciones”, que no son más que aguinaldos adicionales mal disfrazados. Por ende, la clientela, los parientes y los amigos de los políticos seguirán constituyendo un pesado lastre para el contribuyente.
El documento estudiado por la Comisión Bicameral del Congreso no realiza –ni le interesa– en absoluto ningún esfuerzo para alterar la composición del gasto público, reduciendo los gastos corrientes para favorecer los de capital. Nada de supresión o fusión de cargos, sino, en el mejor de los casos, conservación del statu quo presupuestario, con un leve aumento del 7,8% en beneficio del Ministerio de Educación y Cultura y con solo el 0,3% para el de Salud Pública y Bienestar Social, en tanto que el de Obras Públicas y Comunicaciones deberá contentarse con lo administrado este año. Para peor, a juzgar por la experiencia, el proyecto del Poder Ejecutivo, con sus luces y sus sombras, podría ser estropeado por los legisladores, siempre proclives a imaginarse ingresos fantásticos que cubran más egresos para los servicios personales, para sus allegados.
Es cierto que, mediante sus planes financiero y de caja, el Ministerio de Hacienda puede efectuar los recortes que sean necesarios ante la falta de fondos, pero ocurre que los gastos salariales son intocables, de modo que los nuevos funcionarios y contratados cobrarán puntualmente lo presupuestado, aunque para ello haya que sacrificar los de inversión, es decir, salud y educación. Es probable que ello ocurra porque los jerarcas de la administración central y de la descentralizada suelen pedir más dinero que el asignado en el proyecto del Poder Ejecutivo, algo que los parlamentarios suelen otorgar a cambio de uno o varios puestos para los suyos en la entidad respectiva. Por eso es que el Presidente de la República instó a los ministros a no solicitar aumentos, respetando los topes fijados para cada institución.
Se dirá que no hizo falta que lo hiciera, pues el art. 18 de la Ley de Administración Financiera del Estado dispone que “las relaciones del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo en materia presupuestaria se mantendrán exclusivamente a través del Ministerio de Hacienda”. Sin embargo, en un país como el nuestro, en que la ley vale tan poco, no está de más que el titular del Poder Ejecutivo haya realizado esa exhortación, aunque haya sido de inmediato ignorada por uno de sus ministros, el de Defensa, Diógenes Martínez, quien solicitó a la Comisión Bicameral 90.000 millones de guaraníes retaceados por el Ministerio de Hacienda, y un aumento salarial de un millón de guaraníes mensuales cada uno para 325 funcionarios. El citado ministro cuestionó así un proyecto de ley que lleva la firma del Presidente de la República, como si fuera la cosa más natural del mundo. Otros jerarcas podrían imitarlo, siguiendo la costumbre, con lo que aumenta el riesgo de que la iniciativa del Poder Ejecutivo quede hecha un espantapájaros, y ni qué decir si la Comisión Bicameral aceptara el pedido de mejora salarial.
Los gremios de docentes, la mayoría de cuyos dirigentes e integrantes están más interesados en sus bolsillos que en la educación, ya hicieron un reclamo similar, y no sería raro que los numerosos sindicatos de funcionarios hagan lo mismo. Considerando las elecciones venideras, es de temer que los legisladores concedan sin mayores inconvenientes una suba salarial del 10%, aunque su costo de 340 millones de dólares obligue a reducir los fondos destinados a sectores sociales de importancia primordial. Al respecto el ministro de Hacienda acaba de advertir que si se concede el aumento salarial, el déficit fiscal llegará al 2,4% del PIB. Los “representantes del pueblo” son más condescendientes con los cerca de 300.000 empleados públicos y contratados organizados del Estado que con el restante 6 millones y medio de habitantes disperso en todo el país.
El proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación 2017 está muy lejos de ser excelente, por lo que los legisladores no lo deben empeorar, echándolo en gorra para atender a su clientela. Se debe poner fin al populismo rampante que hace vito con los fondos que pertenecen a toda la ciudadanía.
HA… CHE RETÃ PARAGUAY (I) 
Primera vez
Por Wendy Marton –
La propaganda gubernamental que intenta instalar el gobierno de Horacio Cartes es que todo lo que sucede a partir de agosto de 2013 es por primera vez. Así, busca convencer que es la primera vez que las cuentas fiscales están ordenadas, que crece la inversión extranjera, que se atienden las necesidades del campesinado paraguayo, y que se está atendiendo la salud y la educación.
Con esto deja de lado lo que se hizo con anterioridad, como si por arte de magia todo se hubiese comenzado a construir en el país desde hace tres años. El problema es que el ciudadano común no percibe esta «primera vez». Además de que todo proceso de cambio lleva tiempo, este Gobierno está implementando normativas y proyectos dejados por otros gobiernos.
Si las cuentas fiscales hoy están relativamente ordenadas es porque el proceso se inició con una reforma tributaria en el año 2004 y se consolidó con la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que puso topes a la apetencia política de sumar votos a cambio de aumentos salariales desmedidos.
En materia de atracción de inversiones, el proceso de promoción del país se inició en la década del 90 y se consolidó con la primera emisión de bonos soberanos en el mercado internacional. El proceso de transparencia de datos estatales comenzó hace varios años, con apoyo de organismos bilaterales y multilaterales, y culminó con la aprobación en el Congreso de las leyes 5189/14 y 5282/15.
La fortaleza macroeconómica no es percibida por el común de la gente, desde que en el año 2013 se ordenó parar los pagos a los proveedores del Estado, en un momento en que se necesitaba inyección estatal para hacer frente a la situación económica de los vecinos, y el consumo sigue retraído. El campo sigue expulsando al campesinado pobre, sin que se perciba un avance hacia una verdadera reforma agraria, que incluya no solo apoyo financiero y técnico sino también titulación de tierras.
El Gobierno debe entender que publicitar actos como si fuesen «por primera vez» no llena las expectativas económicas ni el bolsillo de la gente. El Estado necesita seguir consolidando procesos para alcanzar el bienestar de sus ciudadanos, perfeccionando normativas existentes y creando mecanismos que permitan atender las necesidades de los ciudadanos.
Pero este proceso se consigue solo con una sólida interacción entre los tres poderes del Estado. Cuando el país avance hacia mecanismos que permitan aumentar la contribución impositiva de quienes más tienen, endurecer multas a evasores, sancionar judicialmente a quienes se apropian de bienes públicos, y distribuir equitativamente los recursos hacia los más necesitados, se podrá decir que esto sí se hizo por primera vez.
Me gustaMe gusta
El Gobierno continúa hipotecando el futuro de nuestro país
El proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación 2017 incluye la emisión de bonos del Tesoro por valor de 600 millones de dólares, con lo que la deuda contraída de este modo en cinco años llegaría a 2.980 millones de dólares, elevando la deuda pública total a 6.700 millones, equivalente al 24% del Producto Interno Bruto (PIB).
Si ya resulta inquietante el acelerado ritmo de endeudamiento mediante la colocación de bonos soberanos iniciado por el Gobierno anterior y acentuado por el actual, la cuestión se agrava por el hecho de que la mayor parte de los fondos a obtener con la próxima emisión se destinará –como las anteriores– al pago de deudas vencidas y al aporte de capital a organismos internacionales, algo que ya ocurrió con unos 800 millones de dólares provenientes de las colocaciones de 2014, 2015 y 2016. El Estado debe recurrir al “bicicleteo” porque más del 70% de la recaudación tributaria –mermada por la evasión impositiva y el contrabando– termina en los bolsillos de sus casi 300.000 funcionarios y contratados.
En otras palabras, dado que falta dinero para pagar las deudas contraídas, se apela al expediente de tirar el fardo a las generaciones futuras, sin perjuicio de que la del presente ya deba pagar los intereses semestrales. El ministro de Hacienda, Santiago Peña, acaba de pronosticar alegremente que el “bicicleteo” continuará en 2023, cuando empiecen los primeros grandes vencimientos de bonos soberanos emitidos por valor de 780 millones de dólares, confirmando así el vaticinio realizado en abril pasado por el economista y extitular de la misma cartera César Barreto, que para pagarlos habrá que emitir otros títulos a diez años de plazo. Esto significa que ni se piensa hacer una racionalización del elefantiásico Estado, y seguiremos teniendo un aparato burocrático superpoblado y corrupto, que absorberá la mayor parte de los ingresos fiscales, obligando a contraer nuevas deudas para amortizar las antiguas, y no precisamente para invertir en salud, educación y obras públicas, como se debería.
También, no debe excluirse que, entretanto, se eleve la carga tributaria, como si su incidencia del 12,4%, prevista para el próximo año fuera la excusa de la ineludible necesidad de endeudarse, algo rotundamente falso. En su informe sobre la deuda pública en 2015, año en que fueron colocados 280 millones de dólares en bonos soberanos, la Contraloría General de la República abrió la posibilidad de pensar que en algún momento habría que subir los impuestos para cumplir con las obligaciones financieras, y sugirió al Ministerio de Hacienda que los nuevos créditos sean contratados en forma moderada, planificada y sostenible, para que el endeudamiento tenga un impacto económico positivo. No se le ocurrió recomendar que se eliminen los gastos superfluos ni que se combata la corrupción, pero su preocupación es digna de tenerse en cuenta.
Como la calificación de riesgo del país es aún bastante buena, el mercado financiero internacional está muy dispuesto a prestarle al Estado los recursos que requiere. Los organismos financieros internacionales sostienen que la capacidad de endeudamiento del Paraguay da para mucho más, como si no supieran cómo se manejan aquí los recursos públicos. Basta recordar, por ejemplo, que cuando Nicanor Duarte Frutos, primero, y Fernando Lugo, después, acordaron con el Gobierno de Hugo Chávez comprar de Venezuela combustible a crédito, advertíamos sobre la peligrosidad de esa operación. Por su parte, los voceros de esos gobiernos sostenían lo contrario, que ese crédito permitiría disponer de fondos para el desarrollo del país. Ahora ya tenemos el resultado: el Paraguay demandado ante organismos internacionales por una cuantiosa deuda, mientras los gobernantes de aquel entonces disfrutan de su bonanza económica, y todavía tienen el descaro de pretender pugnar por ser electos para un nuevo periodo de gobierno. Total, las deudas las debe pagar Juan Pueblo.
La política de abrir un agujero para tapar otro va a tener un desenlace aciago, como se desprende del caso del Brasil, que ahora solo puede obtener préstamos a intereses muy altos, si es que los obtiene, porque no se tomaron las medidas oportunas para frenar el endeudamiento. La penosa experiencia recogida en la década de 1980 por varios países latinoamericanos, especialmente la Argentina, enseña que la crisis de deuda surge poco a poco, debido a la irresponsabilidad, a la corrupción o a la cobardía política de los gobernantes. La deuda pública de esos países, relativamente baja al principio, fue creciendo cada vez más, tal como está ocurriendo con el Paraguay. Tanto la rapidez como la calidad de nuestro endeudamiento, que denotan un Gobierno enceguecido por la veta descubierta en 2013, hacen pronosticar un drama similar al que sufrieron nuestros vecinos.
No se trata solo de que se incurre en el “bicicleteo” sino también de que se asumen compromisos a sabiendas de que entre los vicios de nuestra administración pública figura una espantosa ineptitud. A fines de agosto de este año, por ejemplo, seguían depositados en el Banco Central 310 millones de dólares provenientes de las tres primeras colocaciones de bonos soberanos. Ya se están pagando intereses por un dinero que aún no ha sido invertido a causa de la ineficiencia de los organismos respectivos, como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Es una irresponsabilidad endeudar al país si, como lo sabe el ministro de Hacienda, los fondos obtenidos no serán correctamente empleados en tiempo oportuno.
Así como están las cosas, en el futuro próximo los paraguayos habrán de sacrificarse para pagar intereses y amortizar unas deudas que sirven más que nada para cubrir las anteriores, y enriquecer ilícitamente a funcionarios y contratistas. El sostenido endeudamiento afectará a compatriotas que no han tenido arte ni parte en este despropósito, de modo que si los legisladores fueran sensatos y sintieran algún respeto por ellos, deberían poner fin a este desenfreno, rechazando el nuevo endeudamiento planteado por el Poder Ejecutivo en el proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/el-gobierno-continua-hipotecando-el-futuro-de-nuestro-pais-1522154.html
Me gustaMe gusta
Los legisladores son muy ágiles para regalar el dinero público
En menos de 24 horas, los senadores y diputados se disponen a tratar y aprobar un proyecto de ampliación presupuestaria para conceder un tercer aguinaldo a los funcionarios del Congreso, amparándose en un reglamento del Ministerio de Hacienda que autoriza a conceder este tipo de pedidos, en casos de comprobarse “mejor y mayor producción” del personal estatal. Más allá de si realmente se ha confirmado que trabajan y producen más, resulta llamativa la rapidez en resolver esta situación, cuando existen muchos otros proyectos de leyes y cuestiones legislativas que son de gran importancia para la ciudadanía, que siguen paralizados por años, como el nombramiento del defensor del Pueblo o la designación de un nuevo contralor.
Pocas veces se percibe tanta rapidez y agilidad por parte de los senadores y diputados para atender reclamos, como el que se demuestra al atender un pedido de aumento de remuneraciones por parte de los funcionarios del Poder Legislativo.
Tras una manifestación que realizaron los funcionarios el pasado miércoles, frente a la bancada A de la Asociación Nacional Republicana, tanto los senadores como los diputados decidieron unificar en un proyecto el pedido de ampliación presupuestaria para conceder un tercer aguinaldo, amparándose en un reglamento del Ministerio de Hacienda que da vía libre a este tipo de pedidos, si es que las instituciones alegan “mejor y mayor producción” del personal estatal.
Según el cronograma dispuesto, el documento sería estudiado este miércoles, en horas de la tarde, y el jueves a la mañana ya tendrá sanción en el Senado. De esta manera, en menos de 24 horas, los funcionarios ya podrán disponer del aumento solicitado. El monto total de la ampliación solicitada por ambas cámaras es de 12.599 millones de guaraníes, de los cuales 8.800 millones corresponden a Diputados y 3.117 millones a Senadores. Igualmente, 682.100.000 guaraníes es el aumento solicitado para el Congreso Nacional, que incluye al Parlasur, Cabildo y otros entes.
Los funcionarios, además del aguinaldo que perciben en el mes de diciembre, también se benefician con otro en junio, y ahora percibirán uno más, con lo que completarían tres aguinaldos en el año, situación que se replica en todas las instituciones estatales.
Más allá de si realmente se ha confirmado o no que los funcionarios del Congreso trabajen y produzcan más, como expresa la fundamentación del pedido realizado en base al reglamento del Ministerio de Hacienda, resulta llamativa la gran celeridad mostrada por los legisladores en resolver esta situación cuando existen muchos otros proyectos de leyes y cuestiones legislativas que son de gran importancia para la ciudadanía, pero que siguen paralizados por años.
Uno de esos casos pendientes es el del nombramiento del defensor del Pueblo, cuyo actual titular ya lleva ejerciendo más de 8 años con mandato vencido, sin que los congresistas logren ponerse de acuerdo para elegir a un sucesor por anteponer los intereses políticos sectarios a los de la mayoría, porque los principales sectores quieren nombrar a alguien de su partido a quien puedan manejar. El otro tema que espera es el de la designación de un nuevo contralor, ya que el actual ejerce en forma interina desde que una investigación periodística de ÚH sobre corrupción forzó a la renuncia de quien estaba al frente, en agosto de 2015. ¿Será posible que en estos casos puedan demostrar la misma agilidad que tienen en regalar el dinero público?
http://www.ultimahora.com/los-legisladores-son-muy-agiles-regalar-el-dinero-publico-n1027233.html
Me gustaMe gusta
Ciudadanos de primera
27 Sep 2016
Por Antonio López
Por estos días se está dando una verdadera unidad de criterio, un “loable” gesto de senadores y diputados (representantes del pueblo) para “premiar” la mejor y mayor producción de los funcionarios parlamentarios con un “tercer aguinaldo”.
Lo que en lenguaje común significa que este fin de año, los esforzados funcionarios del Congreso Nacional sí que tendrán una verdadera fiesta, ya que sus respectivos bolsillos recibirán un “aporte” más del pueblo que los eligió para ser sus representados. Porque no hay que olvidar, y esto es muy repetitivo, que el dinero que finalmente llega a los funcionarios públicos es dinero que sale de lo que el ciudadano aporta.
Es cierto, todo este tema no está contemplado en el estudio del presupuesto para la próximo año (por ahora), uno puede notar, sin temor a equivocarse, la desidia de los parlamentarios en cuanto al uso del dinero público, y la repartija de ese dinero que queda (otra vez) entre quienes deberían ser los primeros servidores públicos.
Pero claro, este “regalo” para los funcionarios del Poder Legislativo sentará un oscuro precedente para el presupuesto 2017, más aún cuando desde el Ministerio de Hacienda con relación a ese presupuesto dejó en claro que ya estaba al límite y recomendaba a los legisladores no tocarlo.
Sin embargo, este hecho ya no debería ser causa de sorpresas en la ciudadanía, puesto que es bien sabido que el Legislativo desde siempre se movió por un camino muy alejado de la realidad cotidiana de la gran mayoría de la población del país, dándole de esa forma a sus funcionarios la categoría de “ciudadanos de primera”.
Las “mucamas de oro”, los “caseros de oro” y otras perlitas, sobre todo nombramientos poco transparentes, son hartamente casos conocidos de cómo se maneja la impunidad dentro de ese poder del Estado.
A eso habría que sumar las varias irregularidades cometidas por legisladores que, en la mayoría de los casos, si bien las denuncias son tratadas en el ámbito que corresponde, no siempre tienen un final como debe ser, sino muy por el contrario, el espíritu de cuerpo de senadores y diputados “hacen lo posible” por dejar impune a quien está siendo investigado por el estamento correspondiente. Las “mucamas de oro”, los “caseros de oro” y otras perlitas, sobre todo nombramientos poco transparentes, son hartamente casos conocidos de cómo se maneja la impunidad dentro de ese poder del Estado.
No hay que olvidar además que el próximo año será un período eminentemente político-eleccionario, se estarán encaminando todas las candidaturas con miras al 2018, y el “aporte” a los funcionarios a la larga será de “mucha utilidad” para quienes pretenden volver a ocupar una banca en el Parlamento.
La cuestión es que lamentablemente no es tan sencillo erradicar este mal que viene de allá lejos y de otros tiempos; está tan enquistado en ese ámbito que poner punto final podría llevar años. Sin embargo, el bajar los brazos en la pelea contra este mal podría resultar funesto para la salud del país, por lo que cada caso habrá que denunciar y tratar de conseguir la fuerza necesaria para que las investigaciones lleguen a buen puerto.
El Paraguay necesita que ya no haya ciudadanos de primera y de segunda (o tercera y cuarta), necesita que de una vez por todas cada una de las autoridades elegidas por el pueblo tome conciencia del rol que le toca cumplir o para el que fue electo, trabaje en eso y no en “otra cosa”. Así de simple debe ser la cuestión, aunque en este país las cosas simples se vuelven bastante complicadas (o poco transparente) en la mayoría de los casos.
Me gustaMe gusta
Velar por la aprobación de equilibrado y justo Presupuesto General de Gastos
Las responsabilidades de cada uno de los poderes del Estado son claras y están establecidas acorde a un sistema en el que debe imperar el control mutuo, pero así también la colaboración estrecha para alcanzar los objetivos que son trazados para lograr el bien común.
La mayoría de las acciones que deben ser diseñadas y ejecutadas por el Poder Ejecutivo indefectiblemente tienen que ser revisadas y aprobadas por el Congreso, como el Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN). Este fue siempre un tema motivo de mucho debate, enfrentamientos y determinaciones que a lo largo de los años fue generando una inconsistencia en la economía del Estado al punto que desde hace bastante tiempo las administraciones de turno deben ingeniarse para cumplir con todo lo aprobado y ampliado.
El Poder Ejecutivo presentó el proyecto de presupuesto para el 2017, que ahora entra en discusión en el Congreso, para lo cual fue conformada la Comisión Bicameral de Presupuesto. Esta instancia parlamentaria, integrada por representantes de todas las bancadas políticas del Parlamento, se encarga de estudiar cada proyecto presentado por los entes públicos.
Para el Gobierno, el proyecto que se puso en discusión tiene un cariz social, porque –afirma– se puso énfasis en los programas sociales, aunque se reconoce que gran parte de la carga administrativa está en el sostenimiento de la pesada estructura pública heredada de administraciones anteriores. Desde algunos sectores, incluidos parlamentarios, sin antes estudiar a fondo el proyecto, ya lanzaron advertencias sobre, por ejemplo, una supuesta intención de incrementar el número de funcionarios públicos, cuando que, en realidad, a decir del Ejecutivo, los números no indican tal cosa. Es en este momento en el que se deberá medir la responsabilidad en las opiniones y posturas, para que el debate sobre el presupuesto sea realmente sincero, sin intereses ocultos.
Y nuevamente, los diputados tomaron decisiones que atentan contra los intereses de la ciudadanía, al aprobar el triple aguinaldo para los funcionarios del Congreso. Si los legisladores aprueban este tipo de beneficios, absolutamente reprochables, el fisco deberá seguir sacrificando proyectos sociales.
El PGN puesto a consideración del Poder Legislativo totaliza la suma de G. 69,160 billones (US$ 12.575 millones), lo que representa un crecimiento del 4,2% sobre el Presupuesto General de la Nación 2016 aprobado y que asciende a G. 66,383 billones (US$ 12.070 millones). El incremento está explicado por el crecimiento vegetativo en las fuerzas públicas, educación, salud, así como la inclusión de nuevas instituciones a la matriz salarial y mayores recursos a los programas sociales.
El debate sobre el proyecto del PGN 2017 es necesario y debe darse en las instancias donde correspondan, como el Congreso. Y esta instancia tiene que escuchar no solo al Poder Ejecutivo, sino también a la sociedad. Es fundamental que se entienda que el debate sobre el proyecto debe darse en el marco de una absoluta sinceridad, mirando los números reales, sin caer en la demagogia del discurso político solo al efecto de tratar de ganar rédito político. Un presupuesto no se prepara para una persona en particular, sino para todo un país. Gran parte del futuro de nuestro país depende de un buen presupuesto. Esperemos que el resultado sea el mejor.
Me gustaMe gusta
Presupuesto público 2017 no augura grandes cambios para política fiscal
El Presupuesto público es la principal herramienta de la política fiscal. Es el instrumento por excelencia para lograr mejoras en el bienestar de la población y reducir las fuertes desigualdades que caracterizan al país. La asignación de recursos en determinados objetivos económicos puede ayudar a transformar nuestra estructura económica hacia una más diversificada, menos dependiente de factores exógenos y con más impacto en el empleo. Si bien se introdujeron algunos cambios “forzados” por la indignación ciudadana, antes los terceros aguinaldos y bonificaciones absurdas, no se avizoran grandes cambios para el año venidero.
El contexto macroeconómico está cambiando, por lo que la aprobación del Presupuesto General de la Nación presenta desafíos nuevos. En primer lugar, la ralentización de la economía exige una participación estatal bien definida para garantizar las condiciones económicas que permitan suavizar el efecto del nuevo ciclo, dar previsibilidad a los agentes económicos e impulsar ramas económicas de impacto en el empleo. En segundo lugar, luego de muchos años de superávit fiscal, este presupuesto enfrenta un déficit acumulado que corre el riesgo de continuar aumentando con las conocidas consecuencias no solo a partir de la evidencia que nos dieron los países vecinos con sus años de déficit, sino también por la experiencia no tan lejana en el tiempo de Paraguay. En tercer lugar, derivado de lo anterior, el paralelo aumento del endeudamiento público a través de bonos soberanos que, además de no destinarse a los objetivos genuinos de expansión de infraestructura, se están utilizando para pagar deuda anterior. Es decir, el país se encuentra utilizando el peligroso y perverso mecanismo del bicicleteo.
El PGN 2017 debe garantizar un gasto que beneficie a la gente, tanto a corto plazo –2017– como a largo plazo. La inversión en un año en salud, educación, protección social, obras de infraestructura tiene impacto positivo a lo largo de la vida, más allá de que se ejecuten en un año determinado. Si bien los montos globales de gasto mantienen una tendencia positiva, la estructura de este gasto mantiene los problemas fundamentales que impiden una gestión eficiente.
El proyecto de presupuesto no aumenta los salarios, pero mantiene las inequidades internas y sostiene un sistema de incentivos con excesivos beneficios para algunos sectores y bajos salarios para otros. Esta situación empeoró con la nueva matriz salarial, que convirtió bonificaciones y pagos extras en salarios sin haber considerado el desempeño de quienes se beneficiaron con la medida. La asignación de recursos, más allá del pago de salarios, arrastra en 2017 las deficiencias de años anteriores. Sin insumos suficientes los recursos humanos no pueden generar los bienes y servicios esperados, menos aun de calidad. Esto es particularmente importante en los casos de salud y educación.
El presupuesto continúa sin medidas que permitan aumentar las recaudaciones y reducir la inequidad tributaria. La solución fácil fue un nuevo incremento del endeudamiento por la vía de bonos soberanos. El resultado se trasladará al futuro, decisión irresponsable de la actual gestión de gobierno. Frente a este contexto, el PGN 2017 no augura resultados óptimos para la política fiscal, lo que se agrega a menores proyecciones de crecimiento económico. El año 2017 no será fácil y este presupuesto no ayudará al país a sobrellevarlo mejor.
Me gustaMe gusta