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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

Desenmascarar a embaucadores

Nuevamente la operación partidaria en marcha. La encabezan un “dirigente” con un prontuario judicial pletórico de delitos comunes y un ex presidente de la que se presenta como la tercera fuerza en el espectro político nacional.

La agenda de este verdadero comando electoral se presenta, una vez más, bajo la figura del reclamo de condonación de deudas contraídas por campesinos con entidades financieras del Estado y con acreedores privados. La insistencia de esta demanda raya directamente la estulticia porque en sus anteriores intentos ha quedado al desnudo la verdadera naturaleza de esta maniobra: usar a pequeños productores endeudados como fuerza de choque en busca de caudal electoral. El problema para los promotores de este nuevo intento es que su caudal de seguidores se ha ido reduciendo debido a que muchos de ellos, al comprender las verdaderas intenciones de sus “dirigentes campesinos”, prefirieron arreglar su situación directamente con el principal de sus acreedores, el Crédito Agrícola de Habilitación. De acuerdo a una comunicación oficial, “se ha logrado reestructurar a un total de 10.483 clientes por un capital total de G. 38.102 millones, con quitas de intereses acumulados por un total de G. 23.699 millones, a plazos de hasta 10 años incluyendo dos años de gracia y tasas de interés del 6 al 8% anual”.

Esta reestructuración tiene, además, algunas otras ventajas.El productor incluido en dicho programa recupera su carácter de sujeto de crédito –que perdería automáticamente si se le condonara su deuda- y retorna a la producción con un nuevo plan de financiación.

Si estas cifras del CAH responden a la realidad, tendrían además un efecto adicional: son pequeños productores que recuperan su autonomía como tales, dejando de ser rehenes de una dirigencia que les ha prometido mucho y cumplido nada, a quienes se les había secuestrado sus documentos y prohibido tomar contacto con sus acreedores.

Hacer política es una actividad lícita y, bajo ciertas condiciones, hasta noble y elogiable. Pero cuando se la practica embaucando a gente humilde, confundiéndole sus objetivos y utilizándola como mano de obra para campañas personales, ya no es política sino una maniobra miserable merecedora de la mayor de las condenas.

Es tiempo que las auténticas dirigencias del campo se levanten contra estos seudodirigentes, que no son sino depredadores políticos que se presentan como “líderes de clase” ocultando fortunas personales obtenidas con el peor de los métodos: traicionando las esperanzas de gente humilde que todavía sigue creyendo en pomposos nombres de organizaciones campesinas que han sido vaciadas de significado y convertidas en herramientas para impulsar proyectos personales.

Esta politiquería bastarda, tenga el color que tuviere, debe ser desenmascarada y expuesta a la vergüenza y el escarnio público.

http://www.5dias.com.py/50030-desenmascarar-a-embaucadores

Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

6 comentarios en “Desenmascarar a embaucadores

  1. El diálogo y el respeto
    29 Sep 2016

    La mejor forma de llegar a acuerdos siempre será a través del diálogo. Es la herramienta irremplazable especialmente en todo escenario en el que se pretenda construir mejores condiciones de vida para la población en base a reivindicaciones.

    Tras una larga pausa en la que se incluyó una serie de nuevos pedidos que no pueden ser resueltos solo por un Poder del Estado, finalmente la dirigencia de la Coordinadora Intersectorial Campesina decidió volver a una mesa de diálogo con el Gobierno, que esperemos se desarrolle de manera sincera y sin intereses que no sean los que realmente hicieron movilizar a los labriegos.

    No se puede dejar de señalar que la poca fuerza en la movilización que fue anunciada obligó a la dirigencia a dar este nuevo paso.

    Como primera medida del retorno al diálogo, este jueves reinician las reuniones con autoridades de varias instituciones, para retomar los puntos que quedaron pendientes, como la continuidad de la formalización del listado de beneficiarios para lo que tiene que ver con la deuda labriega. El encuentro será con representantes del Banco Nacional de Fomento (BNF) sobre el pedido de compra de deudas de los pequeños productores con la banca privada. De acuerdo con lo señalado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), ya existe un acuerdo entre el BNF y los bancos, firmado en agosto pasado, pero falta incorporar la lista final de beneficiarios.

    Este viernes continuará con un encuentro de líderes campesinos con el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), y el martes con el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Juan Carlos Baruja, sobre la reactivación productiva.

    El dirigente de la Coordinadora, Luis Aguayo, luego de lanzar furibundas críticas, ahora puso énfasis en que el diálogo, diciendo que solo a través de las reuniones se pueden entregar propuestas concretas y bajar posturas para lograr consensos, entre ellos el sistema adecuado para fortalecer la agricultura familiar.

    Precisamente, según proyecta el MAG, este es uno de los principales objetivos del Gobierno con los programas sociales y de respaldo al sector productivo. Fortalecer a las familias campesinas para que sean agentes dinamizadores de su propia microeconomía. Pero se debe entender que solo a través del entendimiento que se puede dar con un diálogo sincero será posible salir adelante. Todos desean que la situación en el campo mejore para bien de las familias campesinas, para bien del país.

    Además de recurrir siempre al diálogo, debe ponerse hincapié en otro tema: el respeto a las leyes, el respeto a la propiedad privada, un tema bastante discutido no solo en las últimas semanas, sino desde hace décadas. En este punto, no podemos excluir la situación en Guahory, donde existe tensión más por la incitación política de algunos considerados representantes del pueblo que la carencia de alternativas de solución.

    El Gobierno, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), informó que espera lograr una solución a la problemática, pero sin avasallar el derecho de la propiedad privada. El propio titular del ente, Justo Cárdenas, ha señalado que no se puede generar justicia, equidad social e igualdad de oportunidades sobre la base del atropello a los derechos de terceros. El Indert afirma que está buscando una alternativa para las familias que fueron desalojadas y entre ellas están la reubicación de las mismas en otras tierras que pertenecen al Estado o bien la adquisición de las reclamadas, siempre y cuando las condiciones estén dadas.

    Una medida que represente la adquisición o expropiación no se adopta de la noche a la mañana, y además se requiere de la aprobación de otras instancias, por lo que necesariamente tiene que primar la tranquilidad y paciencia.

    Ahora, hay que ser claros en un punto. El Gobierno y las instituciones encargadas de velar el respeto de la ley no pueden cerrar los ojos a intereses que no precisamente estén centrados en la solución a las necesidades de la gente, sino más bien a otros que están ligados a cuestiones políticas.

    Los tiroteadores mayormente se encuentran en el Congreso, donde irónicamente los mismos sectores desean poner freno a proyectos que beneficiarán a productores, entre ellos los pedidos de ampliaciones presupuestarias para el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) que tienen como principal foco el respaldo a unos 25 mil productores. Cómo puede entenderse que para un reclamo estén firmes e incluso incitando a la violencia, mientras que en temas puntuales que favorezcan al mismo sector que dicen respaldar intenten cortarles ayuda.

    Como sociedad debemos ir insistiendo en que los representantes de todos los sectores estén siempre abiertos al diálogo en busca de consensos y, a la vez, reclamar el cese de la incoherencia política que solo causa un grave daño al país.

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    Publicado por Anónimo | 29 septiembre, 2016, 5:13 am
  2. Inaceptables exigencias de los campesinos

    A estas alturas de la experiencia acumulada por nuestro país en las últimas dos décadas “democráticas” con relación a las movilizaciones protestatarias de varios grupos del interior, ya tendríamos que haber aprendido algunas cosas, como por ejemplo, que ciertas organizaciones de estas hace tiempo perdieron su carácter gremial para convertirse en políticas, “brazos” de partidos y movimientos con líneas de pensamiento y acción conocidas. En esta función, obviamente, no representan solo a la “clase campesina”, como alardean, sino a unos cuantos que están “adheridos”, y a los políticos que desde las sombras los alientan.

    En otras palabras, constituyen otro grupo ad hoc de presión frente al Gobierno y a la sociedad civil. Son actores con finalidades políticas. Actúan ejerciendo coacción sobre las autoridades pero, simultáneamente, causando enormes problemas a la gente común, utilizando la táctica de la exasperación: cierre de rutas, clausuras, entorpecimiento general de las actividades laborales, movilizaciones que producen caos en la capital y sus vías de acceso, obligando a distraer de sus funciones a miles de agentes de policía, hasta amedrentando a ciertas empresas, así como una seguidilla de tácticas similares más propios de esos manuales de “acción revolucionaria” que suelen salir a la luz.

    Nuestro diario alienta las manifestaciones públicas, siempre que las demandas respondan a los intereses legítimos de los manifestantes y se realicen sin afectar derechos de terceros. Pero las rechaza cuando aparecen reclamos que nada tienen que ver con los manifestantes, o cuando aparecen claros indicios de injerencias políticas que desvían las aspiraciones de nobles sectores, como el campesinado.

    Después de su última manifestación, en abril pasado, el grupo de campesinos que vuelve a movilizarse consiguió que el Gobierno cediera en casi todos los puntos reclamados, especialmente en lo concerniente a regalar dinero. Así fue como lograron la reestructuración de los montos adeudados por casi diez mil prestatarios campesinos, por valor de unos 35.000 millones de guaraníes, incluyendo el perdón de los intereses devengados por 22.000 millones, y las compras por el Estado de las deudas de campesinos con el sector privado, hasta 30 millones de guaraníes. Entre todo eso, el Gobierno ya efectuó un resarcimiento en metálico, víveres, insumos y equipos, estimado en unos 10.000 millones de guaraníes.

    Además de lo inapropiado e injusto que es gastar el dinero de los contribuyentes en un sector de la sociedad en desmedro de todos los demás –que es en lo que consiste la mayoría de estas medidas–, todavía queda por considerar que algunas llegan al límite de lo inaceptable, como las condonaciones y los subsidios que se emplean en saldar deudas que muchos de ellos contrajeron para adquirir bienes de consumo, que ninguna relación guardan con la producción agropecuaria, como motocicletas, teléfonos celulares y vestimenta. De hecho, los grupos beneficiados con el dinero público nunca realizaron una rendición de cuentas, para mostrar qué hicieron con los recursos y ventajas obtenidas en concertaciones y arreglos anteriores.

    En definitiva, la gente tiene la justificada impresión de que los beneficios económicos que obtuvieron estas organizaciones de parte de los sucesivos Gobiernos tienen un destino desconocido, ya que, como demuestra esta nueva manifestación, no mejoraron la situación real de las personas a cuyo nombre se los reclamó y que, en el colmo de los colmos, acaban sirviendo para solventar los costos de sostenimiento de las mismas organizaciones protestatarias; o para costear a sus dirigentes –que no se privan de exhibir buena capacidad adquisitiva– y a las mismas manifestaciones que realizan periódicamente.

    De más está decir que es clarísimo que el mejor negocio para estos grupos movilizados es realizar periódicamente manifestaciones extorsivas y, en sentido contrario, el peor escenario es llegar a acuerdos sensatos y permanentes con el Gobierno, para ir encarando en forma técnicamente apropiada los verdaderos problemas del campesinado, elaborando un cronograma de ejecución razonable, a fin de asegurar el logro de las metas. Esto es porque concretar eso sería precisamente lo que les desarmaría su tinglado como grupo de presión, y les haría perder una fortuna en transacciones de dinero y otros privilegios, ya que la gran artimaña consiste en no darse jamás por satisfechos con lo obtenido. Si hoy triunfan con cinco reivindicaciones, mañana serán diez y pasado mañana serán quince, como ocurrió recientemente, en que luego del primer acuerdo estos mismos dirigentes campesinos llegaron con once nuevas exigencias. La cuestión está en sostener las acciones de fuerza y que la posibilidad de la extorsión al Gobierno y a la sociedad no desaparezca por ningún motivo.

    Para adicionar adherentes, su táctica es también sencilla: visitan cada grupo campesino en distintos lugares del país –que por lo general tienen quejas particulares y necesidades propias– y les ofrecen incluirlas en la lista de reclamaciones que preparan para la siguiente manifestación. Al cabo de una gira, disponen de un nuevo arsenal que se suma a los ya clásicos, además de engrosar sus filas. Nada importa que muchas de las reivindicaciones sean impertinentes, que no les incumba como sector social o no puedan ser satisfechas, algunas por ser imposible, otras por ser ilegales, injustas o, simplemente, irracionales.

    Actualmente, una de esas asociaciones, denominada Coordinadora Intersectorial, dirigida por el experimentado dirigente Luis Aguayo (operador del partido Frente Guasu), presenta entre sus nuevas exigencias las siguientes: más créditos por un total de 750 millones de guaraníes para pequeños y medianos agricultores (estos últimos agregados a la lista anterior, propietarios de hasta 500 hectáreas), a sola firma y sin intereses, por parte del Banco Nacional de Fomento. Al mismo tiempo, condonaciones de deudas anteriormente contraídas. En resumen, no quieren pagar lo adeudado pero quieren más dinero prestado, cuyas cuentas impagas dentro de un tiempo servirán, otra vez, para nuevos reclamos de condonación. Sigue la lista con subsidios para la tercera edad; incremento de tributos por valor del 15% a la exportación de soja, maíz y trigo sin procesamiento industrial; derogación de la ley que crea la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC)…, entre otros pedidos dispersos e inconexos.

    Ningún paraguayo de bien se puede oponer a que se solucionen los problemas del campesinado y que nuestros compatriotas del campo en general se sumen a la tarea de desarrollar el país. Pero para ello el campesinado paraguayo debe buscar líderes genuinos que los representen y promuevan demandas sensatas con soluciones asequibles, para reemplazar a dirigentes que se presentan con un disfraz “gremial” para ocultar su verdadera intención política.

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    Publicado por Anónimo | 27 septiembre, 2016, 7:07 am
  3. No les salió el intento
    23 septiembre, 2016

    Con la última movilización campesina quedó demostrado que hay una gran diferencia entre los miles de labriegos que quieren trabajar y sus supuestos líderes, que pretenden seguir utilizándolos para conseguir rédito político.

    Es cierto que la fórmula les había resultado muy bien hasta ahora, después de que año tras año arrearan a los compatriotas hasta la capital, en donde permanecían durante largos y dolorosos días, para volver a sus valles con las manos vacías y la decepción cada vez más profunda.

    Pero las negociaciones emprendidas por el gobierno con el sector agrario les demostraron que era posible lograr sus cometidos a través del diálogo y no de la violencia. Es así que lograron el refinanciamiento de sus deudas con el Estado y más de 10 mil millones de guaraníes en concepto de resarcimiento. Esto logró, no solamente aliviar la situación en la que viven los campesinos, sino que les abrió los ojos y les permitió ver que durante años fueron manipulados por personajes inescrupulosos a los que poco y nada les importaban sus necesidades.

    Pero estos personajes no están dispuestos a desaparecer sin dar pelea y defenderse como gato panza arriba. Posiblemente no tomaron en serio la información de que las organizaciones campesinas no pensaban participar de la última movilización. Era algo que no podía ocurrir en su mundo, en el que habían conseguido feroces ganancias a costa de la necesidad de los agricultores.

    Así que persistieron en su empeño y continuaron con la organización de la marcha, contra viento y marea. Y se toparon con la realidad. La asistencia fue tan escasa que solo mencionarla daba vergüenza. No llegaron a reunir ni a 500 campesinos, de los más de 10 mil que solían copar Asunción y el resto del país.

    Elvio Benítez y sus secuaces pretendieron crear zozobra, repartiendo amenazas y amedrentando a los que se resistieron y rechazaron el nuevo intento de manipulación. Lanzaron consignas que pretendieron que fueran duras, pero sonaron ridículas, porque si ni cuando manejaban a los labriegos de todo el país consiguieron convencerles de llevar adelante una lucha armada, ahora que la mayoría de ellos tiene los ojos bien abiertos y ya está en otra cosa, los alaridos de estos tipos suenan más a gritos lastimeros que amenazantes.

    Si las movilizaciones campesinas de años atrás no servían para nada porque se topaban con la indiferencia del gobierno, mucho menos ha servido ésta, que ni siquiera logró el nivel de participación anterior. Y no fue porque los labriegos se hayan cansado de sus reclamos, sino porque descubrieron que podían llegar a sus objetivos negociando y no confrontando.

    El tiempo de estos políticos disfrazados de líderes campesinos ha quedado atrás. Tendrán que aprender que ya no podrán seguir manipulando a nadie y que si quieren ganar espacios tendrán que bajar a la arena política y competir en igualdad de condiciones con el resto. Tendrán que sacarse la careta y mostrarse tal cual son y cuáles son sus verdaderas intenciones. Así como están las cosas, ya nadie les cree ni piensa seguir bajo su influencia. Se acabó el abuso y la manipulación a las necesidades de los compatriotas campesinos.

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    Publicado por Anónimo | 23 septiembre, 2016, 8:06 am
  4. Una marcha campesina que no tiene argumentos

    Pocos meses atrás, los campesinos dirigidos por Elvio Benítez y Luis Aguayo, entre otros, mantuvieron en vilo a los asuncenos por espacio de 30 días, cerrando el tránsito y amenazando con “garrotes” a motociclistas y automovilistas que cuestionaban el método. Luego, accedieron a integrar una mesa de negociaciones en las que plantearon una serie de demandas, que fueron respondidas por el gobierno casi a rajatablas.
    El Ejecutivo apeló a la Ley de Rehabilitación Financiera y procedió a reestructurar la deuda de casi 20.000 labriegos, condonándoles intereses vencidos por un monto de 23.000 millones de guaraníes y refinanciándoles sus créditos a 10 años de plazo, que representan otros 38.000 millones más, con 2 años previos de gracia.
    Sin embargo, Benítez, y Aguayo pegaron el grito al cielo cuando se les “pilló” que intentaron estafar al Estado Paraguayo, al presentar más de 12.000 “monos” cuyas deudas en realidad nada tenían que ver con la producción agrícola, sino con la adquisición de electrodomésticos, motos y líneas de telefonía celular.
    Además, como el gobierno respondió satisfactoriamente a la reivindicación más importante de la movilización del mes de abril, los citados “líderes” comenzaron a inventar exigencias que no tienen ni pies ni cabeza. Por ejemplo, que no se reestructure sino se condone la deuda de todos los pequeños productores, que se exima de pago de intereses a los medianos productores, que el BNF habilite líneas crediticias para la producción agrícola de G. 1.500.000 por hectárea, sin intereses y a sola firma, subsidio a productores de yerba mate de G. 500 por kilo y otros delirios que llevarían a la quiebra a cualquier administración pública.
    Esto hace pensar que el fin que persiguen estos dirigentes campesinos no es solucionar los problemas reales de los pequeños productores, sino crear un ambiente de crispación social de la cual puedan sacar rédito político ellos, en términos personales, al igual que las agrupaciones partidarias a las que pertenecen.
    En La Jornada, siempre fuimos del criterio que el Estado no tiene porqué de correr con las pérdidas ni de los empresarios ni de los agricultores. Las ganancias que ellos logran con su actividad no son distribuidas entre sus conciudadanos, y está bien que así sea, pero en contrapartida estos no tienen por qué hacerse cargo de los resultados de su mala gestión ni de la caída de los precios en el mercado. El Estado no debe ser el gran salvavidas. Todo emprendimiento económico conlleva algún riesgo, y quienes se lanzan a producir azúcar o a cultivar chía deben asumirlo de entrada. Por eso mismo, no solo es improcedente que el Estado asuma o condone deudas, sino también que otorgue subsidios para que los productores queden protegidos del libre juego de la oferta y la demanda.
    Lo que está en juego es siempre el buen uso del dinero público. Cualquier grupo de presión tiende a buscar ventajas a costa de la generalidad, de modo que el Estado debe evitar convertirse en su instrumento, cuidando que el dinero público sea invertido a favor de todos. Debe desalentar a quienes traten de obtener provechos particulares mediante el patrocinio gubernativo.

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    Publicado por Anónimo | 22 septiembre, 2016, 7:24 am
  5. Compromiso con el país
    22 Sep 2016

    La lucha campesina no debe ser manchada por los intereses de políticos que desean aprovechar las necesidades de una clase bastante golpeada por la desidia de gobiernos anteriores. Nadie puede negar la existencia de una deuda del Estado con los sectores más carenciados, pero ello no puede convertirse en un arma política para destruir e instigar a la violencia.

    La práctica de usar la necesidad de la gente es nefasta y perversa.

    El caso de la invasión de tierras en la zona de Guahory, departamento de Caaguazú, genera una serie de dudas respecto a la actuación de determinados denominados líderes políticos que abiertamente están en campaña electoral ya con miras a las elecciones generales del 2018.

    Un grupo de dirigentes se autoproclama como vocero de las familias que fueron desalojadas por una orden judicial y, más que eso, rayan la ilegalidad amenazando a las instituciones públicas. Este tipo de acciones deben ser investigadas por los órganos competentes para que la práctica de instigar a la violencia sea desterrada del país.

    El ministro del Interior, Francisco de Vargas, en nombre del Gobierno, hizo un acertado llamado a la cordura y mesura a los políticos de la oposición, para evitar la violencia. A decir del secretario de Estado, algunos están haciendo un llamado que puede desembocar en enfrentamiento entre paraguayos. Consideró que el único objetivo de este sector es la “provocación y el enfrentamiento”.

    Esta clase de advertencias se han realizado en numerosas ocasiones a lo largo de nuestra historia, pero el interés político ha primado a lo largo de estos años causando serios daños a la misma lucha campesina, incluso enlutando a familias con lamentables hechos.

    Se ha escuchado desde las carpas de la oposición que no se permitirá un atropello a familias campesinas, pero se omite señalar que el debate sobre la tierra en esa misma zona no está precisamente en decisión de los órganos de seguridad, sino en la justicia. En ese sentido, se debe indicar que la Policía Nacional ha cumplido una orden judicial, haciendo prevalecer el Estado de Derecho.

    Este caso, así como muchos otros en varias zonas del país, debe llamar la atención de las autoridades judiciales, atendiendo a que la actuación política en estos asuntos es sistemática y bien organizada.

    En otro escenario, campesinos nucleados en la multisectorial mantienen latentes movilizaciones en varias localidades del interior, con el anuncio de llegar a Asunción para reclamar al Gobierno supuestos incumplimientos de un acuerdo firmado en abril pasado, tras la larga protesta labriega que copó las calles de la capital y generó un caos. Sobre el punto, hay que señalar que según el Gobierno todos los puntos establecidos en el acuerdo firmado han sido cumplidos o vienen siendo gradualmente tal cual se consensuó con el sector.

    La multisectorial, sin embargo, hace unas semanas puso nuevos requerimientos al Ejecutivo que no tienen razón de ser, porque algunas decisiones no están en poder de este estamento. Por ejemplo, el nuevo reclamo es la liberación de los condenados por la masacre en Curuguaty, que está en el campo de la Justicia, no en el del Ejecutivo. Otro de los pedidos se refiere a la condonación de deudas, algo prácticamente imposible por la implicancia económica que tendrá.

    Además, reclaman la eliminación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), un tema analizado y discutido por varios sectores que han considerado que será un fatal error dejar sin efecto esa medida porque la zona norte quedará desprotegida. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ha convocado en reiteradas ocasiones al diálogo para llegar a un nuevo acuerdo, pero la dirigencia campesina del sector no mostró ni un ápice de interés.

    El primer día de movilización campesina (el lunes), que no tiene el respaldo de grandes organizaciones como la Federación Nacional Campesina (FCP), no tuvo la fuerza que esperaban sus dirigentes, probablemente porque una buena parte del campesinado entiende que los pedidos, más que reclamos legítimos, son posturas políticas que tienen otros objetivos.

    Si pretendemos un estado de derecho, la tranquilidad y la paz que todos deseamos, las actitudes que hagan prevalecer los intereses políticos o personales tienen que ser depuestos. No es posible la reconstrucción de un país con actuaciones que, antes que tratar de solucionar los problemas, pretendan instigar a más violencia.

    Debe primar la cordura, la responsabilidad y el compromiso real con el país. Ese debe ser el norte del Poder Ejecutivo, de los demás poderes del Estado y de la clase política. Ya nadie quiere enfrentamientos que, antes que mejorar la situación en el campo, hagan el clima de diálogo imposible.

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    Publicado por Anónimo | 22 septiembre, 2016, 5:44 am
  6. UNA MARCHA ILEGÍTIMA

    En democracia, las protestas son normales y hasta si se quiere necesarias, cuando las circunstancias así lo ameritan. Es legítimo que los universitarios quieran sacarse de encima a una rosca corrupta que maneja los hilos de la Universidad Nacional desde hace años, como también lo es el reclamo de una mejor educación que formulan los secundarios. Las formas en que se manifiestan unos y otros a veces colisionan con derechos de terceros, como el caso de la docente María Lucía Rivas, a punto de perder una beca a España por no poder legalizar documentos en el Rectorado, dado que está “tomado” por los estudiantes. O bien pueden hacerlo de muy mala manera, como los desubicados que arrojaron botellas de agua a un secretario de Estado. Pero las demandas, en sí, son legítimas. Pues bien, ese no es el caso de la “marcha campesina” de la fecha, que no tiene razón de ser y obedece exclusivamente a la inocultable intención de sus “lideres” de crear zozobra.

    Hace apenas 5 meses, la Coordinadora Intersectorial Campesina, encabezada por Elvio Benítez y Luis Aguayo, entre otros, mantuvo en vilo a los asuncenos por espacio de 30 días, cerrando el tránsito y amenazando con “garrotes” a motociclistas y automovilistas que cuestionaban el método. Pero entonces accedieron a integrar una mesa de negociaciones en las que plantearon una serie de demandas, que fueron respondidas por el gobierno de manera altamente conveniente a los intereses de los pequeños productores, que no eran sujetos de crédito por las deudas que tenían con instituciones financieras del Estado y bancos privados de plaza.

    ¿Y qué pasó de entonces a ésta parte?. El Ejecutivo apeló a la Ley de Rehabilitación Financiera y procedió a reestructurar la deuda de casi 20.000 labriegos, condonándoles intereses vencidos por un monto de 23.000 millones de guaraníes y refinanciándoles sus créditos a 10 años de plazo, que representan otros 38.000 millones más, con 2 años previos de gracia. De los beneficiarios de la medida, 9.200 son campesinos que no pudieron honrar sus compromisos con el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y otros 10.000 formaban parte de la cartera de morosos de entidades privadas, que fue adquirida por el Banco Nacional de Fomento (BNF), estimándose que para fin de año la cifra de asistidos por el Estado ascienda a más de 30.000, de acuerdo a lo expresado por Juan Carlos Baruja, Ministro de Agricultura y Ganadería.

    Estos son datos que no pudieron refutar ni Benítez, ni Aguayo, quienes sin embargo pegaron el grito al cielo cuando se les “pilló” que intentaron estafar al Estado Paraguayo, al presentar más de 12.000 “monos” cuyas deudas en realidad nada tenían que ver con la producción agrícola, sino con la adquisición de electrodomésticos, motos y líneas de telefonía celular.

    Además de esto, como el gobierno respondió satisfactoriamente a la reivindicación más importante de la movilización del mes de abril, los citados “líderes” comenzaron a inventar exigencias que no tienen ni pies ni cabeza. Por ejemplo, que no se reestructure sino se condone la deuda de todos los pequeños productores, que se exima de pago de intereses a los medianos productores, que el BNF habilite líneas crediticias para la producción agrícola de G. 1.500.000 por hectárea, sin intereses y a sola firma, subsidio a productores de yerba mate de G. 500 por kilo y otros delirios que llevaría a la quiebra a cualquier administración pública. Y por si eso fuera poco, agregaron al disparatado listado de consignas, la “eliminación de la Fuerza de Tarea Conjunta”, así como la libertad de los presos “políticos” de Curuguaty.

    Ayer, tanto Elvio, como Aguayo, hicieron el ridículo ante colegas de la prensa que les consultaban sobre los logros que ya obtuvo el sector al que representan y la falta de fundamentos para esta nueva protesta. Pero eso a ellos no les importa. El fin que persiguen no es solucionar los problemas reales de los pequeños productores de carne y hueso, sino crear un ambiente de crispación social de la cual puedan sacar rédito político ellos, en términos personales, al igual que las agrupaciones partidarias a las que pertenecen.

    Esperemos que ésta vez, a diferencia de lo acontecido hace cinco meses, el Ministerio Público vele no solo por los derechos de quienes protestan, sino también por el de “terceros”, el de los ciudadanos, que no tienen por qué sufrir las consecuencias de una manifestación desprovista de legitimidad alguna.

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    Publicado por Anónimo | 21 septiembre, 2016, 7:05 am

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