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Una ley “Pastor Coronel”

policiaEl proyecto de ley que modifica la Carta Orgánica de la Policía Nacional, aprobado por el Senado, sufrió una modificación en la Cámara de Diputados, por lo que el mismo retornó a la Cámara de origen para su aprobación o rechazo. La enmienda de referencia autoriza a la Policía a detener a personas sin orden judicial ni fiscal, a contramano del Art. 12 de la Constitución Nacional, que establece: “Nadie será detenido ni arrestado sin orden escrita de autoridad competente, salvo caso de ser sorprendido en flagrante comisión de delito que mereciese pena corporal”.

El argumento central de la retrógrada iniciativa de los diputados alineados con el Gobierno es que con esa “facultad” la Policía va a poder combatir el crimen y la inseguridad con más eficacia. Arguyen que la Policía hace su trabajo de prender a los delincuentes, pero que la justicia es pronta y barata para liberarlos, con lo que los mismos retornan campantemente a sus andanzas delictivas en par de horas o de días.

Esto es verdad, pero está lejos de ser motivo suficiente para que la institución retorne a los oscuros tiempos del general Francisco Brítez y de Pastor Coronel, los máximos esbirros del dictador Alfredo Stroessner. En última instancia, no son los fiscales o jueces los verdaderos causantes de la actual inoperancia policial en su combate al crimen. Es la corrupción que impregna la estructura orgánica institucional policial y judicial, de arriba para abajo, como está harto comprobado. Lo que la Policía necesita para mejorar su desempeño es un mando institucional profesionalmente apto y honesto, y una carta orgánica que castigue con mayor rigor las faltas y los delitos cometidos por sus miembros en el desempeño de sus funciones.

En cualquier sociedad organizada no se puede pretender que la Policía acabe con la delincuencia, pero sí que la mantenga a raya. Con disciplina institucional acerca de dónde y cómo administrar sus escasos recursos y su atención, un liderazgo proactivo de su comando institucional puede hacer una significativa diferencia. Los efectos locales de la inseguridad en cualquier zona o ciudad del país –como en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, en especial Pedro Juan Caballero– tienen creciente repercusión nacional y hasta internacional. Es por eso que una respuesta estratégica a semejante desafío requiere también el fortalecimiento de la solidaridad nacional con las autoridades, para responder efectivamente en lugares donde el Estado y la sociedad civil tienen más para perder que para ganar. Obviamente, esa solidaridad no vendrá por el camino de una regresión autoritaria de la Policía Nacional.

A propósito, en la sesión del pasado jueves 15 del corriente el senador Adolfo Ferreiro (Avanza País), titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, expresó: “Aquí se le otorga a la Policía realizar actuaciones que tendrían que ser dirigidas por el fiscal y controladas por el juez, y eso es muy peligroso”. Por su parte, el senador Arnaldo Giuzzio (PDP) alegó que los cambios que se pretenden hacer en la Carta Orgánica de la Policía “son una visión de seguridad militar”, razón por la que se opuso a la propuesta de Diputados.

Ante la inminencia de aprobación por el pleno del Senado de la versión de los diputados, los opositores y disidentes colorados abandonaron la sala de sesiones, dejándola sin quorum.

A propósito cabe señalar que el proyecto de ley de referencia tendrá sanción ficta el próximo 24 de setiembre. Los que se oponen al proyecto de ley dan como un hecho que si la Cámara Alta aprueba la versión de Diputados, con seguridad el presidente Horacio Cartes la va a promulgar, con lo que la única vía para invalidar la facultad discrecional que se pretende dar a la Policía para detener o arrestar a las personas sin orden del fiscal o juez será recurrir a la Corte Suprema de Justicia demandando su inconstitucionalidad.

Como viene siendo una constante en el Gobierno del presidente Horacio Cartes, las iniciativas de leyes que tienen que ver con concesiones fiscales a grupos económicos de poder, como la otorgada al consorcio de empresas viales Tape Porã, por aparente “iniciativa” personal de dos legisladores del departamento de Alto Paraná, para la ampliación de la Ruta VII, con usufructo de peaje por 30 años más, así como para la aprobación de leyes restrictivas de la libertad y seguridad de las personas, como esta que pretende devolver a la Policía el rol represor que tenía bajo la dictadura stronista, aparecen como iniciativas individuales de parlamentarios y no del Poder Ejecutivo. Esta estratagema política le otorga al presidente Cartes la ventaja de poder negar sus maquinaciones políticas antidemocráticas parafraseando al dictador: “yo no he movido un dedo (…)”.

La iniciativa de los senadores que presentaron el proyecto de ley de modificación de la Carta Orgánica de la Policía Nacional viene de la mano del ministro del Interior, Francisco de Vargas, el hombre fuerte del Gobierno para la inseguridad ciudadana y las trapisondas políticas. Tiene como objetivo darle poder al Gobierno para utilizar a la Policía como elemento de control político de los ciudadanos desafectos al régimen. Mucha gente interesada en el tema arguye con suficiente lógica que la verdadera intención del presidente Cartes al querer dar carta blanca a la arbitrariedad policial e impunidad a los “gatillo fácil”, no es combatir con más eficacia la rampante criminalidad que se ha enseñoreado del país, sino para utilizarla como instrumento intimidatorio y represivo, como era en los tiempos de Alfredo Stroessner.

Esta estrategia de aproximación indirecta al autoritarismo que subrepticiamente viene ensayando el presidente Horacio Cartes es un calco de la que se valió el presidente Rafael Correa en Ecuador para consolidarse antidemocráticamente en el poder.

La ciudadanía debe tomar ejemplo de los estudiantes secundarios y universitarios que en estos días se están movilizando de nuevo contra resabios del autoritarismo del pasado en la educación, resistiendo por todos los medios legales a su alcance cualquier intento gubernamental de regresión autoritaria, como este proyecto de ley que pretende otorgarle a la Policía el rol represivo que tenía en los tiempos de la dictadura.

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/una-ley-pastor-coronel-1520422.html

Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

4 comentarios en “Una ley “Pastor Coronel”

  1. Es Policía Nacional, no Poder Judicial

    La Cámara de Diputados tratará hoy el proyecto que modifica la Ley 222 “Orgánica de la Policía Nacional”. Aquellos que persisten en la peregrina idea de otorgar a dicha fuerza la facultad de detener a una persona sin orden judicial, “cuando existan suficientes indicios de su participación en un hecho punible y se trate de casos en los que proceda la detención preventiva…”, deben responder una sola pregunta: ¿Para qué hacerlo si ya cuenta con dicha prerrogativa, según lo establecido en el Código Procesal Penal?.

    En efecto, desde hace ya 18 años que la Policía está facultada a realizar detenciones no solo en casos de flagrancia sino también “ante la existencia de indicios”, merced a una normativa claramente inconstitucional, incorporada a la Ley 1.286, sancionada por el Congreso en fecha18 de junio del año 1998 y promulgada a principios de julio por el entonces presidente Juan Carlos Wasmosy.

    En el artículo 239 de dicho Código, referido a los casos de flagrancia en los que la Policía puede aprehender a cualquier persona, aun sin orden judicial, se incluyó en aquella oportunidad un tercer inciso que dice: “cuando existan suficientes indicios de su participación en un hecho punible y se trate de casos en los que proceda la detención preventiva”. O sea, en el marco de las aprehensiones por flagrancia, se le otorgó además a la Policía potestades que son exclusivas del Poder Judicial, lo que a muchos pasó desapercibido por espacio de casi dos décadas.

    Vayamos a la Constitución Nacional y a lo que dice en su artículo 12, en el primer párrafo: “nadie será detenido ni arrestado sin orden escrita de autoridad competente, salvo caso de ser sorprendido en flagrante comisión de delito que mereciese pena corporal”. En otros términos, la facultad de juzgar “la existencia de indicios” es exclusiva y excluyente del Poder Judicial, del juez, sin cuya orden la Policía no puede proceder a la detención de nadie, excepto lo descubra “con las manos en la masa”.

    Más claro, imposible. Cualquier neófito en derecho, pero que comprenda el castellano, concluirá en un abrir y cerrar de ojos que tanto las modificaciones que pretenden introducir algunos diputados a ley de la Policía, así como el artículo 239 del Código Procesal Penal, contradicen abiertamente lo que establece nuestra Constitución.

    Obviamente, quienes hoy forman parte de la Cámara Baja no son responsables de la violación constitucional de hace 18 años, pero sí lo serían si en la fecha aprobasen incorporar la misma figura en la referida normativa.

    A parte de eso, ¿Para qué enturbiar más las aguas? ¿Para darles la razón a aquellos que ahora se rasgan las vestiduras y alertan sobre el “grave retroceso” que esto significaría, volviendo supuestamente a épocas en las cuales la calle era de la Policía? La verdad, no tiene el menor sentido.

    Como dijimos cuando se abrió este debate, la modificación de la ley Orgánica debe ser rechazada de plano por inconstitucional, innecesaria e inoportuna; y luego, en un segundo momento, enmendar el adefesio jurídico que representa en esta materia el artículo 239 del Código Procesal Penal.

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    Publicado por Anónimo | 12 noviembre, 2016, 7:38 am
  2. Hay que modificar el Código Procesal Penal
    25 septiembre, 2016

    Gran escándalo se armó cuando la Cámara de Diputados introdujo en el proyecto que modifica la Carta Orgánica de la Policía Nacional, la potestad para que se detenga a una persona cuando hubiera indicios de su culpabilidad. El argumento utilizado por los senadores y defensores de derechos humanos era que el artículo era inconstitucional, puesto que en la Carta Magna solo se habla de dos posibilidades de detención, que alguien sea pillado en flagrante delito o los efectivos policiales y fiscales estuvieran en posesión de una orden judicial.

    Pronto, algunos medios llamaron a este proyecto “Ley Pastor Coronel” porque el artículo de marras hacía recordar la nefasta época de la dictadura stronista, cuando cualquiera podía ser detenido sin mediar ni orden judicial ni garantía alguna, solo la percepción, por más leve que fuera, de que el sujeto en cuestión era sospechoso de algo.

    Todo el mundo respiró aliviado cuando el Senado se ratificó en su redacción original y rechazó la pretensión de los diputados y ahora cruza los dedos esperando que éstos reflexionen y acepten lo dispuesto en la Cámara Alta.

    Pero esto no es más que un bluf. En realidad, esa disposición, inconstitucional y similar a lo que hacía la dictadura, hace casi dos décadas que está vigente y si hasta ahora no se armó un escándalo por alguna detención arbitraria pero legal, es, posiblemente, porque ni siquiera los policías conocen de su existencia. El artículo 239 del Código Procesal Penal da tres motivos por los cuales una persona puede ser detenida: 1. Con una orden judicial; 2. Descubierto en flagrancia; y 3. Cuando existan suficientes indicios de su participación en un hecho punible; justamente este tercer punto es el que pretendieron incluir los diputados en el proyecto, y lo que iban a hacer era algo llovido sobre mojado puesto que la norma está vigente desde el momento en el que entró en vigencia el Código, hace 19 años.

    Desde todo punto de vista este artículo del CPP es inconstitucional, ya que la Carta Magna establece solo los dos primeros motivos para que una persona fuera detenida. Y en ningún momento se establece la “sospecha” como uno de ellos.

    Por lo tanto, no solamente es cuestionable la actitud de los diputados, que demostrando un absoluto desconocimiento de las leyes vigentes, introdujeron este artículo al proyecto que modifica la ley policial, sino también la de los senadores, quienes, por el mismo motivo, no hicieron lo que debían hacer, derogar el artículo 239 en su punto 3, por inconstitucional y antidemocrático.

    Hace 19 años era otro el Parlamento, pero, posiblemente, ni siquiera ése se detuvo a analizar el proyecto de código antes de aprobarlo, quizás a libro cerrado. Esto demuestra de manera contundente que los legisladores, sean quienes fueren y pertenezcan al partido que sea, ni siquiera se toman la molestia de conocer a fondo los proyectos que sancionan. Es inadmisible que una disposición claramente inconstitucional haya estado en vigencia durante tanto tiempo sin que nadie hubiera hecho nada al respecto.

    Mucho se cuestiona a la ciudadanía porque es ignorante en materia de leyes y desconoce sus derechos. Pero si ni siquiera quienes tienen la obligación de conocerlas, porque son ellos las que las redactan, se toman su tiempo para analizarlas a fondo, no tenemos mucha esperanza de que el Estado de Derecho tan cacareado pueda convertirse en una realidad a corto o mediano plazo.

    Sin embargo, en una entrevista con Radio 1000, Vasconsellos aseguró que esta disposición está vigente desde hace 19 años en el Código Procesal Penal, sin que nadie haya cuestionado su clara incon arstitucionalidad.

    Dijo que el artículo 239 del CPP dice que “cuando existan suficientes indicios de su participación en un hecho punible, procede la detención preventiva (…) Es claramente inconstitucional. La Constitución contempla la flagrancia, y nada más. Sin embargo, a través del código se introduce esta modalidad”.

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    Publicado por Anónimo | 25 septiembre, 2016, 3:19 pm
  3. Defender la libertad

    El proyecto de ley Pastor Coronel que intenta modificar la Carta Orgánica de la Policía autorizándola a detener a las personas sin una orden judicial es inconstitucional a todas luces, porque atenta contra un derecho fundamental del individuo: su libertad. (CN 9, 11 y 12 ).

    De concretarse esta usurpación –si el Senado termina aprobando esta inconstitucionalidad flagrante por falta de votos en contra– recordemos y tengamos muy presente el artículo 138 de la Constitución: Artículo 138 – De la validez del orden jurídico.

    Se autoriza a los ciudadanos a resistir a dichos usurpadores, por todos los medios a su alcance. En la hipótesis de que esa persona o grupo de personas, invocando cualquier principio o representación contraria a esta constitución, detenten el poder público, sus actos se declaren nulos y sin ningún valor, no vinculantes y, por lo mismo, el pueblo en ejercicio de su derecho de resistencia a la opresión, queda dispensado de su cumplimiento.

    En otras palabras compatriotas: de promulgarse, la “ley” Pastor Coronel no tendrá validez alguna ni nosotros estamos obligados a obedecerla. Al contrario, estamos obligados a resistirla por todos los medios a nuestro alcance, amparados en nuestra Constitución. Ese es el precio de la democracia.

    Olivia González

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    Publicado por Anónimo | 23 septiembre, 2016, 8:10 am
  4. Stronismo recalentado

    Por Miguel H. Lopez
    Los políticos paraguayos en función de gobierno –en el Legislativo– están a punto de dotar a la recalentada práctica stronista del Estado y sus organismos de una herramienta jurídica que regresará al país a los momentos más terroríficos de la dictadura (1954-1989): dar potestad a la Policía Nacional –principal brazo represivo del sistema– para detener a quien sea, cuando se le dé la santa gana. Sí. Así como suena. Quizás los leguleyos de ocasión salgan a tratar de justificar que no es así, pero el texto modificado del artículo 5 de la Carta Orgánica de la Policía Nacional, aprobada en Diputados y que se trata hoy en Senadores, no deja lugar a dudas: “Aprehender a las personas… cuando existan suficientes indicios de su participación en un hecho punible y se trate de casos en los que procede la detención preventiva…”.

    No hay orden judicial. No hay razón más que el antojo posible del político de ocasión, el presidente de seccional, la tirria del jefe policial o el mal humor de algún caudillo o mandamás para “meter en cana” a quien sea. Bajo la dictadura existía esta potestad policial. Hoy estamos a horas de la posibilidad de que se reedite esta arbitrariedad, que además es inconstitucional.

    ¿Cómo llegó siquiera a aprobarse una disposición de estas características, teniendo tan cerca el sangriento Estado de terror que asoló al país bajo la dictadura stronista?

    Si hacemos un breve repaso, de la actitud, acción y discurso de muchos políticos del partido de Gobierno, y del propio presidente Horacio Cartes, más sus ministros y séquito, en estos últimos meses de 2016, podemos tener indicios poderosos para entender cómo arribamos a este punto y el peligroso panorama que se entreteje para más adelante si no se para –paramos– a los nostálgicos de la muerte y el terror.

    La escalada de una mentalidad y actitudes represivas es una proyección directa del stronismo. Para esta cultura no hubo transición a la democracia en estos 27 años posterior al derrocamiento de su principal exponente, Alfredo Stroessner. Prueba de ello son los discursos anticomunistas, de criminalización de todo lo que sea pensamiento diferente y crítico al Gobierno o al poder de turno o al stablishment. El stronismo reverdeció tenazmente con el cartismo, que dio señales claras de abrevar en esa ideología de la muerte, nombrando ministros personeros y/o reivindicadores de la dictadura y exponiendo discursos claramente de línea autoritaria y persecutoria.

    En esta matriz es donde fermentan estas normativas y medidas que apuntan a violar los DDHH de cualquiera…

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    Publicado por Anónimo | 22 septiembre, 2016, 5:39 am

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Gracias jakarupa rireguánte.8/12/16

Dejó sin pierna a motociclista y ahora suspenden el proceso

En este país, la Justicia solo trabaja medio día y a veces, ni trabaja.
Moraleja: Si tenés guita no hay problema chera'a. Kore qué injusto!
Justicia paraguaya... Paga 6 millones como "pena" por dejar sin piernas a una persona y casi dejarlo sin vida. Por algo somos la tercer peor justicia del mundo.
Un borracho platudo choca con su autazo a un humilde trabajador, a quien se le amputa su pierna y solo tiene que pagarle 6.000.000 de guaraníes, en cuotitas. Manejas alcoholizado y... Conductor pagará G. 500.000 mensuales tras choque que dejó sin pierna a guardia. Independientemente que haya habido ya un acuerdo con la víctima, qué suaves (¿?) son los castigos para conductores alcoholizados. Después dicen que el dinero no trae la felicidad.

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Banquina llena de botellas plásticas y otros desperdicios arrojados por peregrinantes. Triste realidad! La fe mueve montañas, los peregrinos... Basura #lamentable

La ambición por el poder da amnesia ... 10 años después este es el "nuevo rumbo" de Lugo, los tiempos cambian y los intereses también, jamas los politicos mantienen su palabra empeñada, sencillamente nadie resiste un archivo! Peligro para el país, sólito se está haciendo su tumba, vergüenza me da esta clase de políticos.

En San Lorenzo el cretinismo toma forma de micro que se adelanta en doble línea en pleno cruce... Consuelo: peores cosas hacen con sus chatarras todos los días

Es el primer día del pesebre y el camello ya está harto de todo. (?)

Se le armo el scrache social al borracho Alvarenga. Alto representante legislativo, "de pedo" no mató a nadie. Ndo jerai gueteri, hesa pili'upapeve omoco el guai... por eso que hasta el árbol vio que se le puso en el camino (?) Que imprudente el árbol, imputenlo por exposición al peligro, seguro era un árbol peregrinando! Lo que es la naturaleza, hasta un árbol salió huyendo de un posible accidente. Ha koa la ñande legislador, los primeros en respetarlas las quebrantan... lamentable. Cada idiota que tenemos en el país. Un criminal de raza y harto-peligroso el Diputadete éste, igual a todos los de su camarilla de farsantes y estafadores. Con "chapa cambiable"? En un país serio, estaría preso y sin permiso para conducir de por vida o presentando su renuncia a la Cámara Baja. Es un asesino potencial. Burro, borracho y cobarde. Hombre escombro.

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