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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

Presuntos nexos entre Gobierno y poder narco deben aclararse

La versión brindada por el procesado Jarvis Chimenes Pavão acerca de su presunta participación –a pedido de representantes del Gobierno– en la negociación y el pago de rescate para lograr la liberación del joven Arlan Fick, secuestrado por el EPP, y la también supuesta colaboración en la compra de equipos para la Fuerza de Tarea Conjunta, resulta grave y debe ser debidamente investigada y aclarada por la Fiscalía, por la Justicia y por otros organismos de control. En un ámbito en que con frecuencia se denuncian nexos entre políticos y narcotraficantes, es necesario despejar todas las dudas que puedan comprometer al sistema democrático. No es admisible que un Gobierno deba pedir ayuda a un poder narco para ningún objetivo.

Más allá de los efectos mediáticos que han adquirido, las versiones brindadas en entrevistas con medios de prensa por Jarvis Chimenes Pavão –actualmente preso en la Agrupación Especializada de Policía, condenado por lavado de dinero en nuestro país y requerido por la Justicia brasileña por narcotráfico– abren inquietantes sospechas acerca de presuntos nexos entre el Gobierno y el poder narco.

Evidentemente preocupado ante su próxima posible extradición al Brasil, una vez que se cumpla su condena en el Paraguay, el procesado Chimenes Pavão ha hecho llegar un mensaje que puede ser interpretado claramente como un intento de chantaje a las autoridades nacionales, al amenazar que si lo extraditan al vecino país hará público algunos documentos que confirman su intervención en algunos operativos realizados a nombre del Estado, y que incluso entregó altas sumas de dinero para financiar dichos operativos.

Concretamente, el empresario fronterizo asegura que respondió a un pedido hecho por representantes del Gobierno para negociar con miembros del grupo armado criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), gestionando la liberación del joven Arlan Fick, quien estuvo secuestrado en poder de dicho grupo, y que el propio Chimenes Pavão pagó el rescate para lograr que Arlan quede en libertad en diciembre de 2014.

Igualmente, Chimenes Pavão sostiene que también –a pedido de gente del Gobierno– aportó una cuantiosa suma de dinero como “colaboración” para la compra de equipos que serían utilizados por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en la lucha contra el EPP.

De la misma manera, el procesado asegura que el actual ministro de Justicia, Éver Martínez, lo visitó personalmente en dos ocasiones en la celda en la que estaba recluido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, la que luego fue mostrada como una celda vip por los muchos lujos y las comodidades que poseía, lo cual contradice abiertamente con lo declarado por el secretario de Estado, quien asegura que desconocía totalmente la situación de privilegio que tenía Chimenes Pavão.

Aunque las versiones han sido negadas por el ministro del Interior, Francisco De Vargas, y por los ex comandantes de la FTC, los generales Ramón Benítez y Mario González, ha quedado instalada una fuerte sospecha sobre la existencia de nexos entre el Gobierno y el poder narco.

En tal sentido, las versiones dadas por Chimenes Pavão y sus abogados resultan graves y deben ser debidamente investigadas y aclaradas por la Fiscalía, por la Justicia y por otros organismos de control.

En un ámbito en que con frecuencia se denuncian nexos entre políticos y narcotraficantes, es necesario despejar todas las dudas que puedan comprometer al sistema democrático. No es admisible que un Gobierno deba pedir ayuda a un poder narco para ningún objetivo.

http://www.ultimahora.com/presuntos-nexos-gobierno-y-poder-narco-deben-aclararse-n1024775.html

Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

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11 comentarios en “Presuntos nexos entre Gobierno y poder narco deben aclararse

  1. La desfachatada “madrina” de San Pedro

    La diputada por el departamento de San Pedro, Perla Acosta de Vázquez (ANR), hizo que el jefe de distribución regional de la ANDE, Ariel Venialgo, con sede en San Estanislao, fuera destituido por la consabida “orden superior”. ¿La razón? El funcionario, que habría estado ocupando un cargo del “cupo” que le corresponde a ella, cometió el pecado de no “alinearse” para enfrentar a su enemigo político, el diputado Freddy D’Ecclesiis (ANR), también sampedrano. Claro que no se trata de un hecho insólito, sino habitual en un país donde los politicastros distribuyen cargos públicos para que los agraciados pongan a su disposición no solo su tiempo, sino también los recursos humanos y materiales de la entidad respectiva. Se reparten el aparato estatal, sin importarles en absoluto las leyes ni la tarea a realizarse para atender las necesidades de la población. Al señor Venialgo le costó caro haber olvidado que debía estar al servicio de la legisladora, y no precisamente del país.

    El hecho de que, aparentemente, los usuarios de la ANDE habrían estado satisfechos con su gestión, no tiene la menor importancia para esa aventajada discípula del stronismo. Lo relevante es que él “traicionó” a quien se cree dueña y señora de la jefatura regional de ANDE para servirse de ella en las venideras campañas electorales. Por eso, anunció que iba a “poner” en el cargo a quien le “responda”, es decir, a uno que esté sometido a ella, aunque sea corrupto, inepto o haragán. No tiene el menor empacho en transmitir el mensaje de que el presidente de la referida empresa pública, el Ing. Víctor Raúl Romero, hará lo que ella disponga.

    Huelga decir que los legisladores no tienen la atribución de nombrar o destituir a funcionarios, sino, en todo caso, la de recomendar al Presidente de la República o al superior jerárquico, por mayoría absoluta de dos tercios, la remoción de los directores y administradores de las empresas estatales. Esta norma constitucional pesa mucho menos en la deplorable cultura político-administrativa de nuestro país que la insaciable sed de poder de una casta de la que la diputada Acosta de Vázquez es una relevante exponente, que se queda con el 20% del salario percibido por los funcionarios que ubica, por ejemplo, en las oficinas del Poder Judicial de San Estanislao, según denunció hace dos años el mencionado diputado D’Ecclesiis.

    Abundan los funcionarios conscientes de que no han alcanzado tal condición por sus méritos y aptitudes, sino gracias al patrocinio de un mandamás local, lo que desde luego les resta autoridad a la hora de cumplir con su cometido. La regla es que agachen la cabeza y hagan lo que les ordenen sus padrinos, que para ellos son mucho más relevantes que los jerarcas de la institución en que prestan servicios.

    Lo interesante de este repugnante caso es que el afectado manifestó que él tiene una responsabilidad con la ciudadanía, y reveló que la cuestionada legisladora ya le había amenazado con que pediría su destitución al titular de la ANDE “o al mismo Presidente de la República”. Y aquí llegamos al asunto de fondo, es decir, a que el Ing. Romero aceptó mansamente el “pedido”, poniendo en almoneda su propia autoridad. Los funcionarios de la empresa proveedora de energía eléctrica vuelven así a tener presente que deben obedecer siempre las órdenes políticas de los caciques lugareños, so pena de perder el puesto. Está visto que no deben esperar respaldo de la cobarde máxima autoridad de la ANDE, sino que esta se plegará a los indebidos requerimientos de esos podridos personajes, culpables del atraso y de la ignorancia en que está sumido nuestro pueblo. A ellos no les interesa que los servicios públicos estén bien atendidos, sino que los funcionarios respondan a sus exigencias particulares. Un personaje de la calaña de la diputada de marras, carente del menor sentido de la decencia, es capaz de reclamar cualquier cosa.

    El ejemplo que da este caso de la prepotente diputada cartista de San Pedro es un ominoso mensaje para toda la administración pública, lo que de hecho explica el pésimo servicio que brindan las empresas dependientes del Estado. Ellas muestran así que están más al servicio de los capitostes que de los usuarios, que financian su existencia.

    Lo que ha ocurrido es el desastroso resultado de la falta de compromiso del presidente Cartes con el modelo de país que anunció. La responsabilidad final le corresponde a él. Con seguridad, su protegida seguirá haciendo de las suyas, con la arbitrariedad que la distingue, porque sabe que al Primer Mandatario no le importa mucho que se hagan bien las cosas, sino, sobre todo, satisfacer el apetito de poder que ha demostrado últimamente, para lo cual necesita la incondicionalidad de sus partidarios.

    Entretanto, los pobladores del 2º departamento expresaron que actuaciones como la censurada les ofenden a ellos y a quienes están haciendo bien su trabajo. Es hora de que la población entera del departamento de San Pedro reaccione contra arbitrariedades similares, repudie la presencia de esta desfachatada “madrina” en los lugares públicos y le niegue el voto en las próximas elecciones para enviarla definitivamente a la cuneta, por traicionar a sus conciudadanos y socavar la institucionalidad del país.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/la-desfachatada-madrina-de-san-pedro-1538160.html

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    Publicado por Anónimo | 19 noviembre, 2016, 3:04 pm
  2. No es una serie de narcos, es PJC
    6 octubre, 2016
    Por Mariano Nin

    No se detiene. La violencia hizo de Pedro Juan Caballero un infierno. Las muertes van en aumento y siguen creciendo las estadísticas. El terror se adueñó del progreso e impone su reinado sobre la base de sicarios y balazos. A sangre y fuego. Ya no se escucha “si no te metés en nada no pasa nada”, no. Hoy todos están expuestos.

    Ciudadanos de bien, niños, jóvenes y mafiosos en la misma bolsa, deseando que al salir a la calle puedan volver a casa.

    No se sabe muy bien si todo está relacionado con la muerte de Jorge Rafaat o si el Primer Comando Capital extiende su dominio en una ciudad sin ley ni orden. O si detrás de todo está la mano del “empresario” Jarvis Chimenes Pavão o no es más que una sinfonía corrupta de políticos inescrupulosos e intocables.

    Lo cierto es que el sonido de las balas se escucha en todo el país para recordarnos que la mafia existe y vive entre nosotros. Advirtiéndonos. Amenazándonos. Asesinándonos.

    Se dice que entre 5 y 25 personas son ajusticiadas cada mes por el narcotráfico en Pedro Juan Caballero. Y es que el negocio es grande. Según el departamento de Estado estadounidense, Paraguay es uno de los mayores países productores de marihuana de Latinoamérica.

    Según estudios, la droga y el lavado de dinero mueven unos 6.000 millones de dólares al año, dinero que en su mayoria se reparten los capos del narcotráfico en la frontera. Eso seduce a los jóvenes que sueñan con plata fácil. Son el eslabón más débil de la cadena.

    La droga es el principal corruptor de mujeres. Solo basta mirar hacia el Buen Pastor: el 79% de las reclusas están allí por narcotráfico. Pero los jóvenes siguen soñando.

    El resto lo hace la televisión, aunque muchos nunca terminarán siendo protagonistas de esta serie narco y solo agrandarán las estadísticas de luto y destrucción de una fábrica de muerte que no se detiene.

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    Publicado por Anónimo | 6 octubre, 2016, 7:22 am
  3. Lo sospeché desde un principio
    5 octubre, 2016
    Por Hugo Barrios

    Ya sea en la ficción o en la vida real, el mafioso o el narcotraficante siempre se presenta ante la sociedad como un próspero empresario, un benefactor… una “blanca palomita”. Ocurrió con Vito Corleone (ficción) y Al Capone (vida real). En el caso de Pablo Emilio Escobar Gaviria, inclusive, la figura del capo se transforma hasta en ídolo de multitudes, a pesar de que se le atribuyan miles de asesinatos.

    En tierras guaraníes hay muchos personajes políticos y comerciantes que son vinculados al narcotráfico. Dos episodios recientes, el asesinato de Jorge Rafaat en Pedro Juan Caballero y el ataque con granadas a Radio Amambay (propiedad del presidente del Congreso Nacional), muestran a las claras que el narcotráfico se adueñó por completo de la paz que pudiera haber existido alguna vez en esa zona del país.

    A propósito, muchos vinculan a Robert Acevedo con el mundo de las drogas, pero el político liberal negó en reiteradas ocasiones estar ligado a la mafia y la justicia no lo procesó. Sufrió un atentado contra su vida, algo que atribuyó a narcotraficantes por su lucha contra este flagelo.

    A Jarvis Chimenes Pavão lo llaman “El barón de la droga” en Brasil, quien guarda reclusión en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional tras ser capturado en 2009 jura que es inocente, que no es narcotraficante y que tampoco cometió lavado de dinero.

    En Tacumbú, logró que le construyesen celdas de lujo. Costeó desde torneos de fútbol en el penal y hasta el propio rescate de Arlan Fick, quien fue secuestrado por el EPP.

    Tiempo atrás, el diario La Nación titulaba en su portada “Hallan 16.800 kilos de droga en tierras de Horacio Cartes”. Sí, porque el propio presidente de la República no escapó a las sospechas de narcotráfico. El medio de comunicación fue adquirido por el Grupo Cartes años después de la publicación, paradógicamente. Ah, Pavão negó que esté detrás de un plan de asesinarlo.

    Sobre el expresidente Andrés Rodríguez también hay sospechas de que se metió en temas narcos. Jarvis, Rafaat, Acevedo, Cartes, Chicharõ, Rodríguez… todos negaron estar involucrados. Lo sospeché desde un principio. Ya tú sabes.

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    Publicado por Anónimo | 5 octubre, 2016, 8:25 am
  4. San Jarvis

    A veces cuando la realidad escapa a los parámetros tradicionales de la cordura se hace imprescindible apelar al humor para evitar deslizarnos definitivamente al mundo incierto de la demencia. Esto es igual de válido para las experiencias personales como para la vida pública.

    El último encuentro cercano con el realismo mágico lo tuvimos en Tacumbú de la mano de un hombre condenado por lavado de dinero, considerado por la Policía brasileña como el capo máximo de la mafia en la frontera y con pedido de extradición por narcotráfico; el brasileño Jarvis Chimenes.
    En sucesivas entrevistas exclusivas, Jarvis, aseguró haber sido quien consiguió la liberación del joven Arlan Fick, el colono secuestrado por el EPP. Jarvis contó que estando aún en la zona vip de Tacumbú tuvo la venia del Gobierno para conversar con miembros de la organización criminal detenidos en la misma penitenciaría para negociar la libertad del muchacho, previo pago de un rescate que salió de sus propios y generosos bolsillos.

    De acuerdo con esto, el Gobierno negoció con terroristas la liberación del colono a través de un narco preso y otros miembros de la organización criminal que estando recluidos se comunicaban con los integrantes activos de la seudo guerrilla.

    Con semejante revelación, Jarvis dejó en la papeleta de la Administración Cartes un aporte mayor al que realizó el abogado Cubas en la oficina del juez que había ordenado su detención por desacato.

    Lo más demencial es que no hubo reacción oficial. Como mucho, el ministro de Interior se limitó a decir que un condenado no tiene mayor credibilidad. Y punto. A otra cosa.

    En donde el caso no pasó desapercibido fue en las redes sociales donde los internautas ejercieron su derecho al humor para neutralizar los riesgos de locura implícitos en el proceso de digestión de semejante noticia.

    Así, considerando la generosidad absolutamente desinteresada de Jarvis se confeccionó una lista de áreas en las que este señor podría colaborar, con o sin la venia del Gobierno.

    Por ejemplo, podríamos ponerlo a negociar la deuda de Petropar con Pdvsa, la petrolera venezolana. Estamos seguros de que Jarvis sabrá hacerle a Maduro una oferta que este no podrá rechazar.

    Podríamos colocarlo al frente del MOPC, después de todo y al decir del ex presidente Duarte Frutos, la primera alianza público privada exitosa de Cartes fue con Jarvis para la construcción de celdas vip.

    Podríamos ponerlo al frente de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), ya que parece tener un mejor método para neutralizar al EPP. Si no puedes con el enemigo, compralos.

    Dicen que como ministro del Interior sería más rápido para acabar con la delincuencia, aunque parezca un accidente.

    En fin, las posibilidades son infinitas. Alguien incluso habló de candidatarlo. Obviamente es un disparate. Después de todo será un hombre que estuvo en la cárcel, que tiene por negocio la venta de un producto que genera adicción y causa estragos en la salud de la gente, y que para colmo tiene serios problemas con nuestro idioma…

    ¡Caramba, que coincidencia!

    Por Luis Bareiro

    http://www.ultimahora.com/san-jarvis-n1026745.html

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    Publicado por Anónimo | 27 septiembre, 2016, 7:38 am
  5. Pavão, la figura del año

    Si siguen las “entrevistas exclusivas” a Jarvis Chimenes Pavão, que ahora habla con cuantos medios de comunicación le solicitan, este señor calificará fácilmente como figura del año, si por parámetro se toma la cantidad de minutos y páginas obtenidos en los medios por una misma persona en el corto tiempo de una semana.

    Si ya no lo logró, el hombre también está a punto de convencer a medio Paraguay de que en realidad es una persona bondadosa, temerosa de Dios; un verdadero converso.

    De hecho, él mismo reconoció que sus malos pasos en el turbio mundo del narcotráfico y turbias conexiones fueron solo hasta el 2009.

    Es más, si algunos medios no se hubieran tomado el tiempo de investigar y empaparse sobre el personaje que de pronto decidió desembuchar todo cuanto venía haciendo desde la prisión, en términos de acciones benéficas a favor de particulares y del Gobierno, fácilmente todos corríamos el riesgo de perder de vista de quién es realmente este hombre. Qué historia de muertes se le atribuye y cómo habría que tomar cada una de sus frases o las de sus abogados, a partir de su trayectoria criminal.

    Cuando se trata de personajes como este, es particularmente clave el principio periodístico de poner a cada quien en su lugar, colocando en contexto al personaje y a todo cuanto este significa. Ciertos medios pasaron por alto esta parte.

    Desde su lugar de reclusión, Jarvis Chimenes cuenta que proveyó gran parte del dinero de rescate para la liberación del joven Arlan Fick de manos del EPP, así como cuanta ayuda le ha estado solicitando el Gobierno para afrontar a los implacables miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo o mejorar las condiciones edilicias de la cárcel de Tacumbú.

    De sus palabras se desprende que su encierro es apenas un accidente, y no le impide mantener sus redes de contactos en todos los niveles, incluyendo en la administración del Estado.

    ¿Debemos creerle?

    Hay una fuerte inclinación a a creerle a él antes que a los referentes del Gobierno que tibiamente salieron a desmentirlo.

    Y en este sentido, figuras como el ministro del Interior, el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, el nuevo ministro de Justicia y de las ex autoridades penitenciarias, por sus actuaciones, tienen una credibilidad tan frágil, que hasta un “barón de la droga”, con cara de bonachón, se posiciona mejor ante la opinión pública. Tanto que nadie se creyó la versión que intentó instalar el Gobierno de que tiene planes de atentar contra el presidente Horacio Cartes. Si esto no es grave, ¿qué lo es?

    Más aún si queda como dato aleatorio el que Pavão se está jugando sus últimas cartas para evitar ser extraditado a su país (Brasil), donde le aguarda otra condena de más de 17 años, cuando pronto termine de purgar aquí otra de 8 años.

    Por Susana Oviedo

    http://www.ultimahora.com/pavao-la-figura-del-ano-n1025706.html

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    Publicado por Anónimo | 24 septiembre, 2016, 6:21 am
  6. Poco se evalúa acerca del “factor narco”

    Pese a los crímenes violentos que se sucedieron en los últimos meses en el norte del país y a los indicios de que la narcopolítica se fortalece cada vez más en el Paraguay, casi nadie analiza ni se pregunta mucho cómo incidirá esta cuestión en el próximo y cercano escenario político-electoral.
    Parece como si el tema no fuera importante pese a que realmente todos saben que lo es.

    Leemos o escuchamos regularmente –mucho más en estos últimos meses– acerca de ejecuciones y atentados en los departamentos de Amambay, Canindeyú o Concepción, con el ánimo de que son cosas que ocurren en algún lejano punto del planeta. Pero se trata de Paraguay.

    Varios de los asesinatos están relacionados, de alguna u otra manera, con el mundo político, sea local o nacional. Aunque de eso no se hable mucho.

    Quienes vivimos en los centros urbanos pretendemos no vincular la violencia cada vez más insistente en el norte del país con nuestra realidad política y social.

    Según cifras que maneja la Policía Nacional en Amambay, solo en ese departamento hubo en junio de este año 10 homicidios, en julio 14 homicidios y en agosto 18 homicidios. Nadie parece considerar que algo fuera de lo común pasa en esa zona.

    El 20 de noviembre de 2014, ante el pleno del Senado, se leyó una lista de 6 políticos vinculados con el narcotráfico, según datos de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). De ellos, cuatro son legisladores actualmente en funciones, otro era legislador suplente y el otro un exlegislador. Este último, el exdiputado Magdaleno Silva, murió acribillado 5 meses después en Yby Yaú, Concepción, junto con uno de sus hijos y otras dos personas.

    El 16 de octubre de 2014 fueron asesinados a tiros en Curuguaty, el periodista Pablo Medina, corresponsal de ABC Color, y una de las personas que lo acompañaban en ese momento en el vehículo, Antonia Almada. Por estos crímenes está procesado el exintendente colorado de Ypejhú, Vilmar Acosta.

    Más cercano en el tiempo, el 15 de junio de este año, fue asesinado en pleno centro de Pedro Juan Caballero el empresario de frontera Jorge Rafaat Toumani. El crimen se relacionó con Jarvis Pavão, un narcotraficante preso en Paraguay que dijo, en declaraciones profusamente difundidas en varios medios, que era una suerte de benefactor económico del Estado paraguayo.

    Preguntarse si estos hechos se pueden asociar al crimen organizado directamente vinculado a la política nacional es como preguntar si ese felino que tiene cuatro patas, anda por el tejado, tiene bigotes y dice miau es un gato.

    Otra cuestión a considerar es si el Gobierno tiene alguna política de Estado concreta para enfrentar este flagelo. Aunque, a juzgar por la falta de resultados, parecería que no.

    Por fuera de la diaria discusión mediática, algunos dirigentes políticos reconocen que esta “guerra” que se desarrolla frente a nuestros ojos tendrá incidencia importante en nuestro futuro electoral inmediato.

    En las internas de los partidos del año próximo habrá dinero para que algunos candidatos ganen y otros pierdan y no habrá nadie que pueda controlar. De hecho, ningún representante de los organismos de control del Estado se escandalizó de que el reciente festejo por el aniversario de la ANR, que costó arriba de los US$ 150.000, haya sido financiado en su mayor parte por una sola persona, cuestión prohibida por el Código Electoral.

    La única forma de poner algún freno a esta situación es que las instituciones de nuestra democracia realmente funcionen. Lastimosamente, es posible que todo deba empeorar mucho más antes de que haya una reacción seria. Si es que la hay y si es que para entonces no es ya demasiado tarde.

    Por Marcos Cáceres Amarilla

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/poco-se-evalua-acerca-del-factor-narco-1521053.html

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    Publicado por Anónimo | 24 septiembre, 2016, 6:21 am
  7. El Patrón…

    Por Mabel Rehnfeldt

    O Jarvis Pavão es uno de los delincuentes más delirantes de los que hemos entrevistado alguna vez. O estamos en presencia de uno de los escándalos más grandes que haya tenido la democracia en Paraguay.

    O uno u otro. O quizá ambos al mismo tiempo.

    Lo cierto es que sea lo que sea que ocurrió, estamos todos a punto de enterarnos.

    SI llegara a confirmarse que Jarvis Pavão negoció con el EPP para la liberación de Arlan Fick. SI llegara a confirmarse que Jarvis Pavão arregló un acuerdo por escrito con delincuentes del EPP a los que el gobierno oficialmente niega el estatus de beligerantes.

    SI llegara a confirmarse que el cuestionado dinero de un condenado por narcotráfico en Brasil y por lavado de dinero en Paraguay ayudó a comprar estructura para inteligencia del gobierno. SI llegara a confirmarse que ese mismo cuestionado dinero atribuido a actividades ilícitas –entre las que se sospechan no solo tráfico de drogas sino además homicidios– fue usado para pagar el rescate de un secuestrado.

    SI llegara a confirmarse que todo eso anterior fue con conocimiento del gobierno… estaríamos en presencia de uno de los más grandes escándalos ocurridos en Paraguay después de Stroessner. Nos desgañitamos hablando de la infiltración del dinero narco en los tres poderes, en la FTC, entre diputados, senadores, políticos, policías, militares, fiscales, jueces y ministros de la Corte. Hemos gastado ríos de tinta para describir como el narcotráfico permea todos los niveles.

    Pero… SI fuera cierto que Pavão pagó el rescate de Arlan, habría ocurrido algo peor: significaría que el Gobierno paraguayo ha renunciado a su rol dentro del Estado y se lo ha entregado al narcotráfico. Significaría que renunciaron a los mandatos constitucionales que le son atribuidos y se los traspasaron a aquellos a quienes por mandato de esa misma Constitución debieran combatir.

    SI fuera cierto todo lo que Pavão está denunciando que compró, refaccionó, arregló, pintó, financió y hasta negoció con criminales en nombre del país… estamos –además de lo anterior– en presencia de más sospechas de lavado de dinero provenientes de presuntas actividades ilícitas.

    SI por el contrario no tuviera una pizca de verdad todo lo que dijo Pavão, estaríamos en presencia de uno de los más ingeniosos y hábiles condenados que lograron prensa a tutiplé.

    Es el Gobierno quien ha responsabilizado de la mayoría de los últimos episodios de violencia a Jarvis Pavão. Y es el Ministro del Interior quien dice que nosotros, la prensa, le damos mucho destaque. ¿Quién le ha dado esa relevancia al condenado Jarvis Pavão? ¿Quiénes son los que sospechan que intenta matar a nuestro Presidente?

    Sea cual fuera el epílogo de esta historia nunca olvidaré mi martes 13 de setiembre del 2016: Desde ese día siento, muy dentro de mi corazón, que la Hacienda Nápoles de Pablo Escobar Gaviria no queda muy lejos del Paraguay.

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    Publicado por Anónimo | 18 septiembre, 2016, 6:01 am
  8. La mafia del narcotráfico va ganando terreno

    Las descaradas declaraciones que realiza el narcotraficante brasileño preso en nuestro país Jarvis Chimenes Pavão revelan hasta qué punto el crimen organizado ha permeado nuestras instituciones. Si bien no es posible darle el beneficio de crédito total a alguien que está queriendo evidentemente llevar agua a su molino –impedir su extradición al Brasil–, algunos elementos, por la proximidad de fechas y acontecimientos ocurridos, conducen a pensar que parte de las afirmaciones del delincuente puede tener relación con la realidad.

    Mientras tanto, el grupo criminal y terrorista de la zona norte del país, Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), demostró recientemente su poder delictivo con el asesinato a mansalva de ocho militares, lo que se suma a una preocupante cadena de acontecimientos que parece ser una guerra de bandas armadas al servicio del narcotráfico que operan tanto en Brasil como en Paraguay. En los últimos días también se produjeron el atentado con granada contra una radioemisora propiedad de la familia del presidente del Congreso y una supuesta amenaza de muerte al Presidente de la República, denunciada por el propio Gobierno. Se agregan el grave atentado que recientemente terminó con la vida del empresario de frontera Jorge Rafaat Toumani, una bomba desactivada antes de su explosión en la cárcel de Tacumbú y el asesinato de un guardiacárcel y su hijo, entre otros hechos presuntamente vinculados con actividades del narcotráfico.

    Tan frecuentemente se están produciendo estos hechos que a la ciudadanía no le queda otra que vivir aterrorizada e impotente en medio de la violencia impuesta por los delincuentes. Mientras tanto, el Gobierno se muestra prácticamente inservible e incapaz de proteger a la población de esta vorágine delictiva.

    Al hablar de narcotráfico no se puede dejar de mencionar la narcopolítica, por la cada vez mayor frecuencia con que autoridades nacionales y zonales aparecen vinculadas con esa tenebrosa actividad.

    Los antecedentes de la vinculación del narcotráfico con las autoridades paraguayas ya se pueden encontrar en la época de la dictadura, cuando altos militares y funcionarios de nuestro país figuraban como parte de la denominada “Conexión Latina”, nombre con que se bautizó la organización montada en el sur de nuestro continente para hacer llegar estupefacientes a Estados Unidos de América.

    Así, en la década del 70 la dictadura de Alfredo Stroessner tuvo un tenso relacionamiento con el gobierno del entonces presidente Richard Nixon por la negativa, primero, a detener al narcotraficante internacional de origen francés Auguste Ricord y, luego, por obstaculizar su extradición. A través de su columna en el diario Washington Post, el periodista Jack Anderson dio a conocer los nombres de importantes personajes de la dictadura stronista implicados en el negocio del narcotráfico. Desde entonces los nombres de nuestro país y de algunas de sus autoridades aparecen cíclicamente asociados al tráfico de drogas.

    Sin embargo, desde la caída de la dictadura se viene hablando de un combate gubernamental al narcotráfico con supuestos buenos resultados cuantitativos, pero la realidad es bien diferente, ya que ninguno de los Gobiernos de la transición pudo enfrentar seriamente el problema, persistiendo zonas controladas por los narcos, donde las autoridades policiales y de la Senad son salpicadas con serias sospechas de contubernio y enriquecimiento fácil, mediante las “contribuciones” de los capomafiosos a cambio de dejarlos “trabajar” con tranquilidad, como efectivamente ocurre. Es imposible que nuestras autoridades antidrogas desconozcan las fastuosas haciendas que los capos de la droga tienen en esas zonas, algunas de las cuales han salido a luz en la prensa para asombro de la opinión pública.

    Con el tiempo, los narcos no se conformaron solamente con el poder de la inmensa fortuna personal, la impunidad operativa y el control de las autoridades pertinentes, por lo que se lanzaron tras la influencia política por cuenta propia, permeando el filtro de los partidos y movimientos partidarios hasta llegar a ser elegidos para cargos de representación, como concejales, intendentes, miembros de las directivas partidarias, gobernadores y parlamentarios.

    A consecuencia de toda esta lamentable situación, los pobladores de los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay viven aterrorizados y en algunos casos chantajeados para que no hablen, mientras pequeños y medianos productores se ven forzados a pagar un doble canon por razones de una seguridad sin garantía alguna: por un lado, infructuosamente, para lograr la atención de los uniformados del distrito y, por el otro, a los delincuentes para poder trabajar, aunque sea precariamente.

    En la guerra de bandas desatada en esta época ya fueron asesinados recientemente empresarios de frontera como el mencionado Rafaat Toumani, políticos como el oficialista Magdaleno Silva, los intendentes de Tacuatí y Bella Vista, entre otras personas vinculadas o que se venían enfrentando a los narcos, además de la eliminación posterior de los respectivos sicarios. En su intento de proteger sus negocios, los narcotraficantes también dirigieron sus proyectiles contra la prensa, ordenando el asesinato de nuestro corresponsal Pablo Medina, y últimamente el atentado contra una radioemisora de Pedro Juan Caballero, que para muchos tiene la connotación de un aviso al presidente del Congreso, Robert Acevedo, y familia.

    La cuestión llegó a su máximo nivel con la revelación de los referentes de la seguridad del Estado de que el propio presidente Horacio Cartes y su familia también han recibido amenazas de muerte, que provendrían del capomafioso Jarvis Chimenes Pavão, quien, a pesar de haberla desmentido y de encontrarse detenido, tendría suficiente capacidad aún de disponer de la vida y bienes de terceros a través de su poderosa organización delictiva de nivel internacional.

    El Gobierno de la República del Paraguay, que involucra a los tres Poderes del Estado, tiene el deber de poner fin a esta dualidad en el uso compartido de la fuerza entre las instituciones con potestades legales y las organizaciones delictivas, que van ganando terreno en la medida en que los partidos políticos abren sus puertas a los mafiosos para militar en sus filas o simplemente aceptando sus aportes monetarios, mientras la policía, los fiscales y jueces sigan apostando por el reinado de la impunidad a base de coimas.

    La lucha contra esta lacra debe ser inmediata, enérgica y perseverante, antes de que los tentáculos de la mafia ahoguen definitivamente con su poder a las instituciones gubernamentales.

    La ciudadanía, a su vez, en caso de que las autoridades, por ineptitud, negligencia o complicidad, no actúen con la responsabilidad que corresponde, debe salir a las calles a exigirle en forma pública que cumplan con su deber.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/la-mafia-del-narcotrafico-va-ganando-terreno-1519788.html

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    Publicado por Anónimo | 18 septiembre, 2016, 5:39 am
  9. La “indudable” fuente de Petta y Desirée
    16 septiembre, 2016

    No importa que no haya un solo elemento probatorio. Lo único que cuenta es que la versión difundida sirva a los fines de golpear al adversario, la mayoría de las veces considerado enemigo en nuestra política criolla. Es la “lógica” empleada por el ala “islamita” de la oposición en el Senado, encabezada por Desirée Masi y Eduardo Petta, entre otros, quienes, basados en las palabras del “capo mafioso” Jarvis Chimenes Pavão, publicadas por el diario ABC Color en forma novelesca, arremetieron de manera alocada contra el presidente de la República. Empecemos por la historia divulgada en la víspera.

    Según Pavão, el Gobierno le habría solicitado apoyo al narcotraficante Jorge Rafaat Toumani, asesinado en el pasado mes de junio, para dotar de equipos de inteligencia a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), así como para lograr la liberación de Arlan Fick, quien entonces se encontraba secuestrado por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Y Rafaat le trasladó a el dicho pedido, a lo que accedió aportando sumas importantes de dinero y actuando como mediador para recuperar con vida al joven menonita, lo que de ser cierto haría de uno de los narcotraficantes más temidos un “buen samaritano” y del Gobierno un completo fiasco.

    Para que la novela tenga mayor “vuelo”, la abogada del “capo”, Laura Casuso, dijo haber sido ella quien concretó la operación con Rafaat, por indicación de su cliente, al tiempo de asegurar que todo se halla plenamente documentado y “guardado bajo siete llaves, en ‘tropecientas’ mil escribanías”, que sin embargo saldrían a luz en caso de que se concretara su extradición al Brasil. He ahí el mensaje amenazante a las autoridades, aunque más que amenaza se trataría de un intento por hacerles correr con la vaina, pues si en verdad existieran los documentos y grabaciones que dicen poseer, Pavão, en lugar de estar en la ex Guardia de Seguridad, estaría transitando por las calles, o en la clandestinidad, pero libre.

    El tema salta ahora, porque al extraditable se le está acabando el tiempo. En poco más de un año compurgará los 8 años de pena carcelaria por el delito de lavado de dinero y, acto seguido, tendrá que ser remitido a una cárcel del Brasil, en donde le esperan 17 años de presidio por una causa de narcotráfico, más los que se le agregarían por otras dos en las que aún no cuenta con condena, con lo que podría superar los 25 años, en condiciones de reclusión sumamente rigurosas.

    Pues bien, primero Petta y después Masi, asumieron como “indudable” la versión del “narco” y, sin ningún sustento documental, hicieron uso de la misma para cargar contra el presidente, cortándose las venas por “el vínculo que habría entre el Gobierno y el narcotráfico”, por “acudir a un presidiario para obtener la liberación de Arlan” , además de “exigir” al comandante de las Fuerzas Armadas, léase Horacio Cartes, que emita un mensaje a la Nación “aclarando estos hechos extremadamente graves”. Todo ello basados única y exclusivamente en… la palabra de Pavão! Una cosa de locos!!! Aunque si lo pensamos bien, ¿Qué podríamos esperar de ambos legisladores? Después de todo, Desirée y Petta son…Desirée y Petta.

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    Publicado por Anónimo | 17 septiembre, 2016, 8:48 am
  10. Si Pavão dice, “palabra Santa”

    Dos páginas completas y titular principal de tapa fueron el inicio de una serie de publicaciones anunciadas por ABC Color. La “estrella” del espectáculo es nada más y nada menos que Jarvis Chimenes Pavão, uno de los narcotraficantes más poderosos de la región, condenado por tal motivo a 17 años de cárcel en el Brasil, a donde debe ser extraditado después de purgar en nuestro país la pena de 8 años por lavado de dinero.

    El hombre asegura haber aportado grandes sumas de dinero al Gobierno, para dotar de equipos de inteligencia a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), al igual que para la liberación de Arlan Fick, de la cual dijo ser su principal artífice. Y el diario en cuestión, en lugar de exigirle pruebas que corroboren la veracidad de lo que afirma, se limita a divulgar la novelesca versión de un “capo mafioso”, devenido en ejemplo de “filantropía”.

    Según Pavão, el Gobierno le habría pedido ayuda para la FTC al narcotraficante Jorge Rafaat Toumani, asesinado en junio pasado, y éste se comunicó con él para contar con su colaboración. Su abogada, Laura Casuso, relató que ella personalmente se reunió con Rafaat, en abril del 2014, quien le mostró el presupuesto para la adquisición de los equipos y ella le respondió que tenía autorización “para tanto”, sin especificar el monto. También aseguró tener todo documentado, “guardado bajo siete llaves, en tropecientas mil escribanías” (sic).

    Tales declaraciones parecieran ser motivo de un escándalo de grandes proporciones. ¿Cómo? ¿El Gobierno trabajando mancomunadamente con el narcotráfico? Es lo que algunos políticos y comunicadores salieron de prisa a preguntar, poniendo énfasis en la extrema gravedad que esto revestiría en caso de confirmarse. Y desde ya que así lo sería, pero, a decir verdad, son interrogantes absurdas, para que escuchen los incautos y cuya única finalidad es embarrar la imagen gubernamental con el argumento que fuere.

    Las preguntas que se haría cualquier periodista o ciudadano que apele a la lógica formal serían otras, incluso más elementales, como por ejemplo, ¿por qué motivo el Gobierno necesitaría de 1 o 2 millones de dólares de estos criminales? ¿Acaso que, además de contar con esas sumas en la “caja chica”, no tiene suficientes relaciones internacionales, oficiales, para adquirir los equipos de inteligencia que fuesen necesarios? ¿Por qué no siguieron el mismo conducto del supuesto “trabajo mancomunado” para obtener la liberación de otros secuestrados por la misma banda de delincuentes? Y la última, de por sí demoledora, ¿dónde están los famosos documentos, grabaciones, etcétera, que si existieran, hace rato Pavão estaría transitando libremente por las calles?

    Está claro que el objetivo del poderoso “narco” es evitar ser extraditado, para lo que falta poco más de un año. En el Brasil no solo le esperan 17 años de presidio, sino otros tantos que se le sumarán por dos causas en las que aún no ha sido condenado, según lo establece la legislación del vecino país, además de condiciones de reclusión sumamente rigurosas, idénticas a las de Luiz Fernando Da Costa, conocido como Fernandinho Beira-Mar, quien nunca más pudo operar desde la cárcel.

    También resulta claro que lo iniciado por ABC color no es otra cosa que un operativo de prensa y no el resultado de una investigación mínimamente seria, avalada por elementos probatorios. No sabemos si el objetivo es pasarle la mano a uno de los sujetos más destacados del crimen organizado, vender más ejemplares u otras cuestiones crematísticas.

    Lo que sí sabemos es que la artillería la dirige hacia la cabeza del Ejecutivo, al dar “letra” a políticos carentes de imaginación, como el senador Eduardo Petta, quien, rasgándose las vestiduras, salió rápidamente a declarar que “es grave recurrir a presos para resolver secuestros” y que estaríamos ante un “probable vínculo entre el Gobierno y el narcotráfico”, basado exclusivamente en la novela publicada por este medio de prensa.

    Y no fue solo él. Ayer, en la sesión del Senado, Desirée Masi y otros usaron sus “15 minutos de gloria” para tomar la publicación como si se tratara de la Biblia. Por supuesto, si lo dijo Pavão… “palabra Santa”.

    Por Benjamín Livieres Plano

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    Publicado por Anónimo | 17 septiembre, 2016, 7:09 am
  11. Paraguay, droga, banana y chantaje narco

    Por Andrés Colmán Gutiérrez
    Los capos narcos casi nunca conceden entrevistas periodísticas, ni se exponen en forma pública, salvo que se vean en apuros y necesiten enviar algún mensaje con urgencia.

    Probablemente es lo que le pasa al señor Jarvis Chimenes Pavão, que en forma sorpresiva rompió su acostumbrado silencio y perfil bajo, al aceptar multiplicar su voz y su imagen en las portadas de un importante diario y en las pantallas de uno de los principales canales de televisión.

    Hasta hace poco, Jarvis era el verdadero patrón de la cárcel de Tacumbú, donde guardaba reclusión desde el 2009. Desde una celda vip que más se parecía a una suite del Sheraton manejaba libremente sus negocios y daba órdenes… hasta que algo sucedió.

    Fue el asesinato de otro capo narco, Jorge Rafaat Toumani, el pasado 15 de junio, en Pedro Juan Caballero, donde los atacantes hicieron gala de un poder de fuego pocas veces visto, al usar una ametralladora antiaérea que dejó como colador a un potente y lujoso vehículo blindado.

    El presidente Horacio Cartes reaccionó. Como si recién se enterase de que el capo narco gozaba de tantos privilegios en la cárcel, ordenó que le saquen las comodidades y lo trasladen a la Agrupación Especializada de la Policía. Luego se habló de un plan de Jarvis para matar a Cartes y al presidente del Congreso, Robert Acevedo.

    Hagamos un corte y pasemos a otra escena: Una “reunión reservada” en la sede del Congreso Nacional, entre el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón; el ministro del Interior, Francisco de Vargas, el comandante de la Policía Nacional, Críspulo Sotelo, y varios senadores.

    Supuestamente, lo que allí se habló debía quedar en secreto, pero pronto se filtró que el senador Eduardo Petta propuso decretar un indulto para dejar libre a Jarvis en Paraguay (aun le queda un año de cárcel aquí) y pueda ser extraditado rápidamente al Brasil (donde le esperan 8 años de prisión), como un modo de librarnos del “problema”.

    En ese contexto surgen las entrevistas periodísticas con Jarvis y sus “revelaciones” de que el Gobierno de Cartes le pidió ayuda a un capo narco para liberar a un secuestrado por el EPP, y que además aceptó que este financie la compra de equipos para la Fuerza de Tarea Conjunta. En seguida viene el chantaje: si lo extraditan al Brasil, mostrará documentos que prueban la vinculación del Gobierno con el poder narco.

    Nunca antes los nexos de un Gobierno y de dirigentes políticos con el narcotráfico quedaron tan expuestos. En estos días, la película Paraguay, droga y banana muestra cómo se fue construyendo un sistema de narcopolítica desde la época de la dictadura, y cómo la mayoría no hizo nada por evitarlo. ¿Qué vamos a hacer para que el poder narco no acabe destruyendo este país?

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    Publicado por Anónimo | 17 septiembre, 2016, 7:09 am

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