Mayoría circunstancial

El ejercicio de la política debe ser responsable para lograr y mantener credibilidad. Esta condición es esencial para un país como el nuestro en el que las acciones políticas generalmente están sustentadas en intereses personales o grupales por encima de los generales. Si la clase política no pone de sí, perderá cada vez más la ya poca consideración de la gente.

Un ejercicio político responsable hace que la participación de los que ostentan el poder en cualquiera de sus formas tenga que ser coherente no solo en el discurso, sino sobre todo en las acciones. Cuando se reclama coherencia, participación, debates serios, y se tilda de autoritarios a los que están en la otra vereda, lo mínimo que se debe hacer es no caer en esos cuestionamientos que se hacen.

En Paraguay vivimos décadas de incoherencia e irresponsabilidad política, una práctica que mantienen algunos sectores, sin importar que las acciones que realicen no tengan al menos un mínimo debate. Las decisiones sobre determinados temas, sobre todo en las instancias legislativas, se toman por mayorías circunstanciales, imponiendo maniobras sostenidas simplemente por el revanchismo político. Este tipo de actuaciones es lo que ha hecho mucho mal a nuestro país y lo lleva al oscurantismo que impone sus reglas de juego faltando el respeto a quienes plantean legítimamente que desean analizar alternativas.

Las posturas políticas adoptadas simplemente “contra alguien” y no sobre el real sentido común, tras un análisis y debates serios, llevan al descrédito político a la larga. El tiempo se encarga de ubicar a las piezas en el lugar que les corresponde. Esta es una regla que impone siempre el escenario político y la propia sociedad, que no olvida la actuación de sus –llamados– representantes.

Paraguay necesita de debates serios antes que la adopción de posturas revanchistas. Es, precisamente, la falta de discusiones de alto nivel lo que hace que la política sea considerada por la gente como una carga antes que como un espacio que piense en el bien común.

Los debates políticos serios deben darse en todos los ámbitos, pero sobre todo en los estadios en los que se determinan las leyes y normativas para el país. Es decir, en el Congreso. En este Poder cuando se desea adoptar una postura política se adopta la decisión en menos de un día, pero cuando el objetivo probablemente no convenga, la táctica es postergar sin rubor alguno generalmente con argumentos sin sentidos.

Cabe apuntar que, por ejemplo, ocurrió algo bastante llamativo en el Senado. En menos de un día, en pocas horas, fue presentado y “rechazado” un proyecto de enmienda constitucional. Lo normal sería que se presentara un proyecto para su aprobación. Pero no, la presentación fue para “rechazar” el mismo planteamiento presentado. Algo realmente insólito. Es decir, se promovió una propuesta para rechazarla. Inaudito desde el punto de vista legislativo. El objetivo fue claro: imponer que el tema reelección vía enmienda constitucional no sea tratado por un año, poniendo freno a una eventual intención de buscar la reelección presidencial.

Que se tome una postura política sobre un determinado tema es normal e incluso necesario, porque ello debe ayudar al debate. Sin embargo, no se puede dejar de decir, que este tipo de acciones son las que indudablemente afectan gravemente a la misma política, al accionar de un poder del Estado. Adoptar de esta manera una postura “contra alguien” obviando una necesaria discusión sobre un tema que se discute desde hace muchísimo tiempo, simplemente comprueba el autoritarismo que se puede dar desde un Poder cuando se cuenta con una mayoría circunstancial. Es decir, algunos sectores que todos los días lanzan furibundos discursos, caen en el mismo cuestionamiento que hacen a los adversarios políticos.

La política de hago lo que quiero porque tengo mayoría es un grave problema que debe ser resuelto por la dirigencia política porque hoy puede ser este tema, que ronda el aspecto político, pero mañana otro que sea mucho más perentorio en la acción a favor de la gente. De lo que va en este período legislativo ya se dieron riesgos sobre proyectos sociales sumamente importantes que fueron cuestionados por esa mayoría que, finalmente, ante la transparencia del proyecto, se vieron forzados en aprobar. Este fue el caso del crédito de 30 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el proyecto conocido como Chacarita Alta. En el Senado, la oposición y la disidencia colorada, a regañadientes, aprobaron la iniciativa y en la semana en Diputados solo tuvo tres votos en contra.

Las mayorías son circunstanciales. En otra época, con otra mayoría, se afirmaba que se aprobaba todo a tambor batiente al punto del autoritarismo. ¿Hoy, acaso, no se da igual situación? ¿Aquellos críticos que ahora son los que manejan la mayoría acaso no actúan con autoritarismo? Siempre, dicen, depende del cristal con el que se mire.

Si persiste la política de hago lo que quiero porque tengo mayoría hace poner en peligro cualquier otra iniciativa no solo del Poder Ejecutivo, sino del propio estamento, o de cualquier sector de la sociedad. Acá el tema de fondo no es la enmienda constitucional o cualquier otra propuesta que tenga que ver con la reelección. El verdadero problema de fondo es cómo se maneja y cómo se manejará de acá en adelante cualquier mayoría circunstancial en un poder sumamente importante para el futuro de la nación. Si persiste el revanchismo político, de cualquier lado, debemos esperar unos meses sumamente tensionados. Ojalá no sea así.

http://www.lanacion.com.py/2016/08/27/mayoria-circunstancial/

 

11 comentarios en “Mayoría circunstancial”

  1. Lo mejor que le pudo pasar a Cartes

    Por Alfredo Boccia

    El súbito desenlace de la polémica sobre la enmienda constitucional fue precedido por una compleja trama de cálculos y negociaciones que culminó en un golpe maestro que dejó sin respuesta al oficialismo. El proyecto de enmienda fue a parar al basurero hasta dentro de un año, cuando ya será tarde para reflotarlo.

    Los cartistas más tozudos sostienen que aún pueden presentar un proyecto similar originado en la Cámara de Diputados. Ya se darán cuenta de que la idea, aparte de ser francamente anticonstitucional, generará un insoportable fastidio ciudadano. La reelección por el atajo de la enmienda, al parecer, es imposible. Eso deja furiosos a algunos que últimamente se volcaron al nostálgico hábito de chupar las medias del jefe.

    Allá ellos con su frustración. Lo sucedido es bueno para la salud de la República. Un cambio en la Constitución Nacional no se hace a las apuradas, a votazos y con la intención de favorecer a una sola persona. Nuestra Carta Magna ha cumplido un cuarto de siglo. Ha satisfecho decorosamente su papel de salvaguardar a nuestra frágil democracia en su azaroso deambular institucional. No es perfecta, pero es la mejor Constitución que hemos tenido en dos siglos. Se ha vuelto vieja y necesita cambios. La posibilidad de la reelección es solo uno de ellos, ni siquiera el más importante.

    Ha llegado la hora de una reforma, sin duda. Pero no hay una urgencia perentoria. Esta República puede seguir funcionando con ella hasta que haya un tiempo político más oportuno. Por ejemplo, los primeros meses del 2019. Entonces, habrá condiciones para recrear el ambiente pre Constituyente que hubo entre 1991 y 1992 y que permitió que los partidos políticos, las organizaciones civiles y sociales, los colectivos de mujeres, los indígenas, los cooperativistas, los poderes locales, las universidades y el periodismo discutieran qué Constitución querían.

    Aquella vez los constituyentes tuvieron que construir la institucionalidad democrática desde sus cimientos, porque los cambios que hicieron a la Carta de 1967 fueron enormes. Hoy en día la tarea será más fácil, pues hay menos cosas que cambiar. Igual, hay que hacerlo sin apuro y meticulosamente, como para que dure por lo menos otro cuarto de siglo.

    Por último, estoy seguro de que lo decidido por el Senado es lo mejor que le pudo pasar a Cartes. Dedicar tiempo, esfuerzo, recursos y concentración en conseguir su propia reelección, arruinaría su gestión presidencial. Su mente estaría permanentemente en otro lado. Ahora podrá dedicarse a gobernar. Quizás hasta sea recordado por algo que ningún predecesor suyo logró: un presidente que mostró lo mejor en sus dos últimos años de mandato.

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  2. De contramano a los intereses ciudadanos

    La Cámara de Senadores logró ayer bloquear la reelección presidencial y de gobernadores, vía enmienda constitucional, iniciativa que venía siendo promocionada por adherentes del Partido Colorado, que pedían más años de Horacio Cartes en el poder.
    El referido proyecto planteaba la reelección del Presidente, Vicepresidente y de los gobernadores por un periodo más, de cinco años, e inclusive permitir su re-reelección en intervalos de cinco años. La propuesta de la enmienda fue presentada en la mañana ayer por senadores opositores y colorados disidentes, quienes solicitaron inmediatamente al presidente la Cámara Alta el llamado a una sesión extraordinaria en la misma tarde de ayer. Así opositores y colorados disidentes votaron por el rechazo del proyecto, con lo que la cuestión ya no podrá ser tratada por el lapso de un año.
    Las reacciones no se hicieron esperar y se sabe que los zalameros y oportunistas de siempre seguirán con la cantinela con el propósito de seguir manteniendo sus privilegios o seguir gozando los beneficios de la billetera de Cartes. En otros sectores, la decisión fue aplaudida porque permitirá quitar de la agenda por lo menos por un año el tema de la reelección para ocuparse de cuestiones más trascendentes para la ciudadanía.
    La mayoría en el país cree que es necesaria la reelección, pero no está de acuerdo cuando la decisión está sujeta al interés de una persona en particular. Existen aspectos muy necesarios de modificar en la Constitución de 1992, que desde hace un buen tiempo se viene planteando, pero en este caso no se formulan dichas modificaciones, se insiste más bien en tocar la Carta Magna solamente para permitir la reelección.
    Hay varias figuras de la Constitución Nacional como la conformación de las Juntas Departamentales, el Consejo de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo, la misma Contraloría General de la República, que fueron incorporadas al Estado Paraguayo, pero que en la práctica tienen una serie de falencias, por lo que se necesita de un profundo debate para plantear las modificaciones adecuadas.
    Es evidente que la sociedad paraguaya está de acuerdo con las modificaciones y los cambios, pero que éstas apunten para mejorar nuestro sistema de administración, para que las instituciones funcionen, para frenar la repartija de cargos como botín político y para permitir que los verdaderos patriotas administren las instituciones. Naturalmente, los intereses ciudadanos no coinciden con los de la claque política que impera sobre nuestras instituciones, porque significaría perder sus privilegios. Esa misma clase política, no entiende el mensaje de la ciudadanía e insiste en imponer sus proyectos particulares. La sociedad suele hastiarse de esa clase de dirigente. Al parecer estamos camino a eso.

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  3. En plena debacle, la Iglesia está “en otra”

    La debacle moral de la Iglesia Católica ha llegado a niveles verdaderamente espantosos, empezando por la que corroe a su más alta jerarquía. Obispos convertidos en “opinólogos” de cuestiones políticas y hasta militares, cuando no en activistas o aspirantes a cargos electivos; otros que se pasan de juerga en juerga, con “sobrinitas” o “sobrinitos”; también están los que encubren a criminales, como en el caso de un abusador de menores y, desde luego, no faltan quienes gustan guardarse para sí con el “diezmo”. Este es el verdadero retrato de la Iglesia en el Paraguay y no aquel que proyectan sus pastores presentándola como la “reserva moral” que dejó de ser hace mucho tiempo.
    Desde que un ser humano despreciable como Fernando Lugo salió del seno mismo de la Conferencia Episcopal, para convertirse nada más y nada menos que en presidente de la República, con el respaldo activo de sus colegas, sacerdotes y religiosas, la Iglesia se encuentra en franco deterioro. Este “hito” en la historia del catolicismo criollo, bien puede calificarse como su “pecado original”, por el que ciertamente jamás mostró el menor de los arrepentimientos, ni mucho menos pidió perdón a la sociedad en general, ni a la grey católica en particular. Al contrario, siguió por la misma senda, primero disfrutando del “banquete” que le ofreciera el exobispo mientras ejerció el poder y ahora disparando permanentemente contra el Gobierno, en un intento desesperado por despejarle el camino para su retorno.

    Solo a modo de ejemplo, Lugo ataca permanentemente a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y promueve su eliminación, lo cual solo beneficiaría al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y a cuanto grupo mafioso existe en el Norte. Poco después, en plena recordación de “Nuestra Señora de la Asunción”, le hace el coro nada menos que el arzobispo Edmundo Valenzuela, a quien se sumó el domingo último otro obispo, Juan Bautista Gavilán, de Coronel Oviedo, quien fue más lejos y afirmó que “la FTC denigra el uniforme”.

    ¿Qué podrían entender tres obispos, uno de ellos “ex”, sobre temas militares que hacen a la seguridad nacional?. Obviamente que nada, pero en realidad eso no solo evidencia la irresponsabilidad con la que proceden sino el verdadero fin que persiguen con declaraciones de esta naturaleza, que no es otro que responsabilizar de todo los males, reales o ficticios, al presidente de la República, en su condición de comandante en jefe.

    Sería más conveniente de parte de los que siguen en el ejercicio del episcopado, Valenzuela y Gavilán, que aclarasen temas que hacen a su papel en la iglesia. El primero, que explique las razones del por qué sigue encubriendo al sacerdote argentino Carlos Ibáñez, quien huyó de su país para no purgar una pena por haber abusado de menores, lo cual lo convierte en cómplice. El otro, sobre su desordenada vida sacerdotal, hecha “a imagen y semejanza”, pero no precisamente de Dios, sinonde Fernando Lugo, con el cual compartió innumerables parrandas.

    Si a esto sumamos las aspiraciones presidencialistas recientemente explicitadas de monseñor Mario Melanio Medina o los cargos de pederastia nunca dilucidados que pesaron siempre sobre monseñor Eustaquio Pastor Cuquejo Verga, concluiremos rápidamente que los miembros de la CEP tendrían que retomar el ejercicio del “santo sacerdocio” y avocarse a los temas que son de su directa incumbencia, en lugar de seguir interviniendo en cuestiones que no le competen. Esto, claro está, si quisieran de corazón revertir la triste imagen de los templos semivacíos y la fuga de católicos en estampida hacia otras iglesias.

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  4. Para mí lo ancho, para ti lo agudo
    27 agosto, 2016

    De tanto en tanto salta a la palestra, tira un par de bombas de estruendo y luego desaparece otra vez por un buen tiempo. Nos referimos al exlíder de Patria Querida, Pedro Fadul, quien en las redes sociales y en posteriores declaraciones a una emisora consideró que el rechazo de la ciudadanía a la gestión del Gobierno Nacional se debe en gran medida a la cultura de masas. Agregó que una sociedad que exige a sus gobernantes, también debe analizarse si cumple con sus obligaciones.

    Este “análisis” que propone Fadul tiene una respuesta categórica: No calificamos para criticar a nadie porque para nosotros todos los demás son “bandidos”, “ladrones”, si son empleados públicos se “pasan comiendo la plata del pueblo”, etc., etc. Pero a la hora de la verdad, cuando tenemos algún poder, por mínimo que fuera, repetimos las mismas actitudes que criticábamos, somos prepotentes, deshonestos y con la mentalidad de “armarnos”, a como dé lugar. Si hasta somos incapaces de disponer de alguna bolsita de basura en el auto para evitar arrojar desperdicios a la calle y lo hacemos con total desparpajo.

    En las redes sociales sí que estas actitudes negativas se potencian bárbaramente y descalificamos a mansalva amparados en el anonimato que otorga la navegación en el ciberespacio.

    Fadul anota más sabrosas observaciones al respecto;

    “Así como en la época de (Alfredo) Stroessner casi nadie se atrevía a oponerse al presidente, ahora casi nadie se atreve a reconocerle mérito alguno. La moda democrática paraguaya es criticar y descalificar todo lo que está en la política, como si en ella habitarán seres malos venidos de otro planeta y puestos en el cargo por otros seres peores habitantes del mismo infierno”, dijo.

    Calificó luego de binarios a los paraguayos, porque siempre se busca estar de un solo bando. “Tenemos que ser olimpistas o cerristas, sin importar que el gol haya sido con la mano, o somos colorados o liberales, o café o leche, pero hay muchos colores en la naturaleza. Tenemos que estar todos a favor o todos en contra, y no debe ser. Nadie es totalmente bueno ni malo”, lanzó.

    En este “ambiente” la prensa juega un rol fundamental. A los tumbos, ha venido conduciendo este interminable proceso de adhesión a la moderna democracia. El “destape” no tuvo cortapisas al punto que se cometieron errores elementales en nombre de la libertad de prensa, y también, aciertos memorables.

    Coincide con esto también Pedro Fadul, aunque más crítico:

    Sostuvo que la institución que menos creció en materia de libertad durante la democracia es la prensa, no obstante, resaltó el poder que posee. “Hoy en día un cartelito de prensa en el parabrisas de un auto equivale a la chapa de Yacyretá en la época de Stroessner. La prensa te puede lastimar más con una palabra que con una trompada. Cuando vos querés aclarar, se sigue hablando del tema, por eso muchas veces se evita aclarar”, acotó.

    Consideraciones que vienen a cuento ante la divulgación de nuevas estadísticas de encuestas que hablan de un aumento en el nivel de rechazo a la gestión gubernamental.

    Eso, en el caso de que las encuestas sean reales…otra “debilidad” de nuestra cultura de masas.

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  5. Mirando el interés general

    Por Guillermo Domaniczky

    Aprovechando este espontáneo interés de algunos políticos que desinteresadamente impulsan la idea de incorporar la reelección, aunque sea a través de un remiendo, sería bueno también plantearles que cuando logren reformar la Constitución, nos libren de un costoso monstruo que crearon.

    En el afán de ser coherentes con la declaración de un Estado unitario y descentralizado (?) del primer artículo constitucional, los convencionales de 1992 crearon los gobiernos departamentales.

    Una especie de ser y no ser, que con esa misma coherencia estableció en el artículo 161 que los gobernadores son elegidos por el voto directo de la gente pero terminan representando al Poder Ejecutivo.

    Dejando ironías y contradicciones de lado, la pregunta central es si nos hacen falta estas gobernaciones, que consumen un multimillonario presupuesto de un Estado que tiene otras prioridades y necesidades.

    Solo para tener una idea, este año los gobiernos departamentales tienen presupuestados más de un billón de guaraníes o, si lo preferimos, más de 183 millones de dólares al cambio actual.

    ¿Pueden canalizarse las necesidades de cada departamento a través de un consejo de intendentes mucho menos costoso y más controlable directamente por cada contribuyente municipal?

    La respuesta es claramente que sí. Un consejo de intendentes que se reúna periódicamente, que conocerá perfectamente las necesidades de cada municipio, que puede elegir a un coordinador y establecer por ley un mecanismo de toma de decisiones, y que solo cueste algunos viáticos para cuando deban reunirse estos intendentes.

    Claro que la oposición será dura, un botín político con 245 cargos electorales, entre los 17 gobernadores y 228 concejales departamentales, sin hablar de sus suplentes y de toda la clientela que se mueve en torno a estas estructuras.

    Y si de ahorrar dinero se trata para tener un Estado más funcional y acorde a nuestras prioridades y necesidades, ni siquiera hace falta reformar la Constitución para ahorrarnos más de veinticinco mil millones de guaraníes, o cuatro millones de dólares, presupuestados anualmente para otro botín político: el del Parlasur.

    ¿Por qué tenemos que tener toda una estructura para otros 18 parlamentarios para el Mercosur? ¿No pueden ser quizás los 9 senadores y 9 diputados más votados, o tal vez los primeros diputados de cada departamento y la Capital, con un viático cuando deban ir a sesionar?

    Son dos botines políticos perfectamente suprimibles en un Estado como el nuestro en el que debemos destinar el dinero y los recursos disponibles a lo verdaderamente urgente e importante.

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  6. Antídoto para tiranozuelos

    Por Arnaldo Alegre
    El horno no estaba para bollos tras la larga siesta stronista. Aguantar otros 35 años de un unicato personalista no era muy apetecible para los caciques locales. Estos, reunidos en la Asamblea Constituyente, decidieron entonces que el dulce sillón presidencial esté al alcance de todos ellos antes de que la naturaleza haga su inapelable trabajo para privarlos del sueño. Por ello resolvieron: cinco años para cada uno, y nos dejamos de joder.

    Así quedó sepultada la posibilidad de reelección en el raleado paraíso de Mahoma. La idea fundamental de la Carta Magna –que está por cumplir 25 años– fue la de extirpar de raíz el presidencialismo autoritario tan consustanciado con nuestra incultura política. Por eso se dotó al Congreso de mayores atribuciones para ser más horizontal y repartido el poder. Y por la misma razón se extirpó la reelección del cuerpo político nacional como si de una peste se tratase. Fue una cirugía mayor para salvarnos del cáncer fascistoide. Y resultó, hasta ahora.

    Pero ni bien el cuerpo político vernáculo comenzó a sentirse fortalecido –primero con la popularidad de Lugo y luego con el dinero contante y sonante de Cartes– volvieron a sentirse síntomas de la enfermedad autoritaria.

    Los hurreros calentaron su garganta sedienta de servilismo. Los obsecuentes humedecieron su ávida lengua presta para el vil trabajo. Los pescadores de río revuelto sacaron el polvo a los cínicos libros jaculatorios que supuestamente habían expirado en 1989, con la caída del tirano.

    Y aparecieron, como si nunca se fueron, los carteles clamando por la reelección y mentando una vez más a los salvadores de la patria. Las falsas manifestaciones espontáneas surgieron como hongos y volvió sin rubor alguno el peregrinaje de los gerifaltes oportunistas para pedir a los compañeros de causa la gloriosa reelección.

    Y el aludido –casi inmovilizado por el chupín asesino y con la misma cara de tonto que la última del fiscal Ortúzar– trona sorprendido y falsamente avergonzado que «si el pueblo me lo pide, no puede desoírlo». Y así todos los fantasmas volvieron.

    La caja de pandora parece estar cerrada, al menos por un año, y se salvaguardó así el equilibro de poder establecido por la Constituyente.

    La reelección es una figura absolutamente democrática. Pero el plan oficialista no es más que un planteamiento personalista e interesado que busca eternizar a una persona en el poder y no pretende mejorar la democracia.

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  7. Po ganá

    Por Benjamín Fernández Bogado

    La expresión en yopará retumbó justo en el Día del Idioma Guaraní.

    Los senadores han cerrado el camino definitivamente a la reelección presidencial por el único atajo que se había podido encontrar: la enmienda.

    El camino legal, constitucional y lícito de la reforma, ya no tiene tiempo de ser implementado.

    El presidente en ruta hacia México habrá recibido la noticia infausta, de que solo le queda terminar su periodo presidencial de la manera más digna posible, buscando un sucesor para el cargo y que, muy probablemente, perderá los comicios como todos los candidatos oficiales de esta democracia.

    Como buen jugador de cartas, el presidente debe haber tenido una sensación de derrota que remató en el pagaré de Nicanor.

    Los 200.000 dólares adeudados desde el 2012 nos exhibió de manera impúdica de lo que está hecha la política paraguaya: plata, traición y pagaré.

    El dinero le fue entregado en los meses en que el ex presidente había cambiado de opinión con respecto a Cartes y este se cuidó muy bien en hacerle firmar el documento del monto que hoy se reclama.

    La falta de previsibilidad institucional y de comportamiento ético que hacen parte de nuestra democracia ha tenido de nuevo una muestra cabal.

    Intereses egoístas. Mientras algunos se preparaban para repartirse cargos en la Corte, Contraloría, Defensoría del Pueblo y otros a cambio de sus votos por el atajo de la enmienda, otros pergeñaron un plan que acabó con cualquier apetencia reeleccionaria. Cartes dirá que nunca quiso ser reelecto y muchos de los que estimularon esa opción con claros intereses egoístas se volcarán contra él apenas encuentren un candidato de quién colgarse.

    Si tuviéramos un país serio y previsible, estas cosas no pasarían. No perderían el tiempo nuestros políticos en cosas imposibles y se concentrarían en los grandes temas locales: educación y salud.

    Antes del po ganá y mientras las escuelas seguían cayendo y la instrucción también, Riera tenía tiempo para un discurso electoralista buscando emular a su colega de Salud, quien enfrenta todos los días una decadente administración sanitaria. Ahora que no corre la reelección, probablemente se dediquen con mayor consistencia a sus labores buscando minimizar los graves daños sociales de su mala gestión.

    Hay que aprender más de los hechos en democracia. Los atajos no sirven en democracias formales, y el que los desanda termina pagando sus consecuencias.

    Pactos. Cubas cuando liberó ilegalmente a Oviedo acabó con su presidencia, y con el mismo general. Cuando no se cumplen los pactos y como los truhanes en un saloon del Far West juegan con cartas marcadas en medio de un ambiente dominado por el alcohol, las meretrices, las pistolas a desenfundarse, no es extraño que alguno termine por voltear la mesa para volver a barajar de nuevo.

    Ha sido un jueves negro para algunos. Para otros, simplemente, una picardía más de las tantas que se usan en democracia para menoscabarla a veces y en otras, para salvarla. Lo malo es que seguimos jugando a las cartas en el mismo escenario donde nunca antes se reclamaba el pago de ningún pagaré.

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  8. Dignidad de los cargos públicos

    Por J. Montero Tirado

    La palabra dignidad viene de la palabra latina “dignitas”, y del adjetivo “dignus”, que significa valioso, merecedor de estima, respeto, confianza.

    Por el hecho de ser persona todo humano goza el atributo de la dignidad. Es valioso por estar dotado de racionalidad y de voluntad, capaz de decidir, potencialmente libre. Es persona, ser superior capaz de trascender el tiempo, espacio, culturas y circunstancias saliendo de sí para proyectarse en las personas amadas, en los demás, en todo cuanto existe.

    Para quienes creemos en Dios, que Jesucristo nos reveló, toda persona tiene además un valor extraordinario, somos hijos de Dios “hechos a su imagen y semejanza” (Gén. 1,26). Nuestro primer origen y último destino están en Dios. Cristo nos regaló otro valor, nos vinculó a Él como la vid con sus sarmientos o como la cabeza con los miembros de su cuerpo, el Cuerpo Místico de Cristo. Son dimensiones místicas que suman valor inmensurable a nuestra dignidad.

    El gran filósofo alemán Enmanuel Kant decía que hay realidades que tienen precio y otras dignidad. Además de reconocer el fundamento de la dignidad existencial (ontológica) de la persona, analizó la dignidad moral y la dignidad social.

    Hay obras y comportamientos que dignifican a su autor, así como hay conductas que denigran a la persona. La dignidad moral es la dignidad de las personas cuyo comportamiento hace bien, es ejemplar para todos porque crean bienes, servicios, relaciones y ambientes, que promueven la armonía, la solidaridad, la justicia, el amor, en una palabra valores universalmente estimados. Por eso son valiosos, dignos de honor y confianza.

    La dignidad social es la de aquellas personas que merecen el respeto y reconocimiento honroso de la sociedad, porque son ciudadanos bienhechores que colaboran con el bien común, trabajan pacíficamente por la paz social, respetan los derechos y defienden la equidad y la justicia para todos.

    Ellos tienen la dignidad social porque son dignos del respeto y la confianza social. “La dignidad es la esencia de la sostenibilidad social”.

    ¿Se pierde la dignidad? La dignidad ontológica, intrínsecamente vinculada al hecho de existir como persona, nunca se pierde. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) la defiende en treinta artículos de su proclamación.

    La dignidad ontológica se nos regala como se nos regala el existir desde la entraña de nuestras madres. La dignidad moral y social no se acreditan por el hecho de existir, se conquistan por los méritos acumulados en el comportamiento constante de la vida personal y en sus relaciones con los demás. La dignidad moral y social se pueden presuponer como un valor en cada ciudadano, mientras no se demuestre lo contrario, pero también hay que reconocer que ambas dignidades se pierden cuando la persona vive y se desenvuelve en el comportamiento inmoral o antisocial, porque entonces no son dignos, no merecen respeto ni estima de los demás. La dignidad y el consecuente respeto no los dan ni la cuna, ni el dinero ni el estatus social, profesional o político, los dan los valores morales y sociales. Estas reflexiones que son válidas para todos los humanos, son especial y extraordinariamente válidas para quienes ocupan cargos públicos. El cargo público es una dignidad regalada. La ciudadanía elige quienes van a administrar y gobernar los bienes comunes, el “Bien Común” y les da poder para que puedan administrar y gobernar eficazmente. Pero la soberanía y el poder residen en el pueblo, (Constitución Nacional. Arts. 2 y 3) y el pueblo ejerce el poder mediante el voto y lo transfiere a los elegidos no para que se queden con el poder y lo manejen para su beneficio, sino para que “puedan servir” mejor a toda la ciudadanía. La dignidad del Poder y de los cargos es temporalmente transferida, pero no es propiedad de los elegidos, les corresponde mientras están en el cargo y si lo usan para servir realmente a todo el pueblo.

    Cuando las personas constituidas en cargos públicos malversan fondos, roban de las arcas del Estado, se aprovechan del ejercicio del poder para enriquecerse y enriquecer a sus familiares, amigos y partidarios, su comportamiento es gravemente inmoral y antisocial: pierden el mérito del cargo y la dignidad.

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  9. Ahora certeza o reforma

    Por Edwin Brítez

    La idea era que el proyecto de enmienda constitucional fuera aprobado primero en Diputados donde el presidente Cartes cuenta con una mayoría asistida desde afuera, y luego en Senadores completar los votos faltantes apelando a la interpretación de ciertos legisladores respecto a la frase: “el fin justifica los medios”. Algunos entienden que Maquiavelo quiso decir con esto que los medios justifican la falta de medios.

    Con el resultado de la votación en Senadores sobre la enmienda, además del propio Cartes, los más pichados deben ser los tres o cinco senadores que no tuvieron tiempo de ser “visitados” por los mochileros (usar maletines ya es del viejazo) mientras que los más felices deben ser los ministros Enrique Riera y Gustavo Leite, por el cartismo, y Marito Abdo Benítez, por la vereda de enfrente.

    Efraín Alegre no puede aún disfrutar abiertamente porque su probable aliado, el expresidente Fernando Lugo sigue aún en carrera hasta que le digan siga o sígapy a su fórmula de buscar la reelección por el lado de la certeza constitucional; es decir, atenido al texto explícito de “el presidente y el vice…” no pueden ser reelectos. Como él ya no es presidente, dice que no le afecta este artículo de la CN.

    Cartes como buen conocedor de las necesidades humanas, pero según dicen conoce mejor aún sus debilidades, creyó que ya lo tenía todo bajo control, pero se olvidó de que en política “el cojo sentado” puede levantarse y el “ciego durmiendo” puede despertarse. Así fue que como para algunos es solo cuestión de billetera, para otros es solo cuestión de votos. En esta oportunidad, ganaron los últimos que prefirieron no llegar a ver el bulto de la mochila… por las dudas.

    Lo que divierte de todo esto es constatar la validez de algunos principios, por encima de todas las miserias que sabemos existen en el submundo poliltiquillo de la elite corrupta.

    Uno, que si bien continúan existiendo los poderosos iluminados que solamente ellos pueden arreglar el entuerto y a quienes balan en coro de manada la consigna de exigir el continuismo, la democracia contempla mecanismos preventivos para evitar que el interés de una persona y su grupo se convierta en poder constituido y legitimado.

    Dos, que el sistema de partido único en el poder sea sustituido por un sistema de pluralismo capaz de formar un frente aunque sea pasajero como contrapeso para frenar una tendencia, una corriente empeñada en “usar el poder a cualquier costo” para avasallar y pisotear los consensos concretados y no desarmados aún por procedimientos legales.

    Tres, que el sistema bicameral se sigue justificando a pesar del generalizado rechazo actual al bastardeado uso que hacen nuestros parlamentarios del mandato de representación. Si dependiéramos de una sola cámara, la vulnerabilidad de uno de los poderes políticos del gobierno estaría aún más expuesto a las extralimitaciones “democráticas” del Ejecutivo.

    Estamos de acuerdo en que individualmente los parlamentarios no son los más indicados desde el punto de vista moral para señalar a nadie con el dedo, pero es alentador que un cuerpo político se dé cuenta cuando alguien de la elite (aunque sea ubicado en otro establo) pretende excederse y actúa en consecuencia, arrojando un resultado que POR AHORA también pueda leerse como un rechazo al ventajismo y al dinero fácil.

    Sin embargo, sospecho que este resultado es apenas un rechazo momentáneo a la enmienda que desde luego no implica rechazo a la reelección. Y, puedo equivocarme, pero creo que esta vez la búsqueda de la reelección viene con una potencia más elevada que las anteriores y buscará atropellar cálculos y presupuestos dados como definitivos. Aún faltan probar la certeza constitucional y la reforma… y por qué no –otra vez– la enmienda.

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  10. El gen de la reelección

    Por Caio Scavone

    Es notable la manera en que les pica a los paraguayos el bichito de la enfermedad de la reelección o, si no es un mal, es un bien seguir chupando desde las ubres estatales o desde cualquier institución que tenga sus tetas atestadas y disponibles.

    Atendiendo todo lo realizado por los expresidentes creo que el pensar generalizado de Juan Pueblo es que resaltan los males entregados por todos los gobiernos que pasaron por este país. El hecho de culpar de todos los padecimientos al expresidente que lo antecedió es fiel indicador de todos los achaques presidenciales sufridos por el Paraguay.

    El Gral. Andrés Rodríguez no solo se enriqueció y se quejó del gobierno stronista sino que se vio obligado a echarlo del poder pese al grado de parentesco político, pero no partidario, que existía entre ambos milicos. La queja de Rodríguez ocurrió después de ser Presidente y forrarse durante 35 años al lado de su consuegro. El enojo de Rodríguez quedó purificado cuando la nueva constitución de 1992 no permitió la reelección presidencial. Al morir nos dejó una democracia que sigue queriendo ser. En algún momento también fue aguijoneado por el bichito de la reelección.

    Las leyes impuestas en la nueva constitución también inocularon de imposibilidades reelegibles a todos los otros Presidentes que llegaron al Paraguay envueltos y enredados en paracaídas que nos hicieron también caer durante cada periodo presidencial. A mitad de cada mandato cada Presidente buscaba enviar al mazo los artículos que definían que el rekutu era un espejismo para ellos.

    Parece que el único expresidente, que completó un periodo presidencial sin ser alcanzado por la púa reelegible fue Wasmosy. Hasta su entorno podrido se dio cuenta del mismo tenor hediondo que tuvo este periodo gubernamental y ya ni pensó en alguna posible reelección. Ese gobierno se vio mucho más ocupado de la acechanza que consistía la gatera que el mismo gobierno wasmosista dejó abierta al Gral. Lino Oviedo.

    El gobierno del Ing. Raúl Cubas no pudo crecer, como un bonsái japonés, por culpa del jinete del mismo porte nipón y muy pronto abandonó la silla presidencial. Tomó el poder el 15 de agosto de 1998 y se fue el 28 de marzo del año siguiente. Con apenas 7 meses en el gobierno no habrá tenido tiempo ni de pensar en una reelección.

    El 28 de marzo del 99 sube Lucho González al poder, gracias al cargo de Presidente del Congreso que ocupaba y a los 7 mártires del Marzo paraguayo que la débil memoria paraguaya ya ni recuerda. Entre cerveza, joda y sonseras para olvidar ni hubo tan siquiera una correspondiente nueva elección y menos una intención de reelección.

    El buen gobierno inicial de Nicanor se vio machucado desde su pelea contra ODD por la presidencia del Partido Colorado y luego sus hurreros y chupamedias le hicieron creer que cinco años no sirven para servir ni servirse de este tan generoso y corrupto país.

    El pueblo pensó que debajo de una sotana estaría toda la solución de los problemas nacionales. Nos topetamos con un hábito que solo disfrazaba la paternidad irresponsable que tan bien conjugó con su gobierno y, en vez del uso del seso, se priorizó el sexo. El gaucho monseñor sacudió la sotana y otra cosa el 15 de agosto del 2008 y lo echaron el 22 de junio del 2012. Federico Franco tampoco tuvo tiempo para pensar en el rekutúu pese a rodearse de muchos liberales sinvergüenzas.

    Hoy los expresidentes son los profetas del después y dicen saber cómo gobernar un país con la reelección. Finalmente llegamos a nuestros días con un Presidente que grita a los cuatro vientos que no le interesa el rekutu pero que pinta que susurra al oído de sus partidarios diciendo: pejapomína la enmienda ha pe jerure che rehe…

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  11. Verdaderas intenciones
    11 septiembre, 2016

    José Rojas.
    Los eventos que están castigando a la sociedad desde hace un tiempo a esta parte amenazan con dañar las bases mismas de la democracia. Parecen hechos aislados que se desatan todos al mismo tiempo o con días de diferencia; pero sus efectos pueden tener el mismo objetivo: debiltar el poder constituido y causar serios daños a las políticas sociales que el Gobierno viene desarrollando desde 2013.

    A la sombra de una mal comprendida ‘críticas en libertad’ se llevan las trabas al límite con tal de destrozar el trabajo que se realiza a favor de los sectores menos protegidos de la sociedad. El escenario hoy es el tratamiento del Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2017.

    Examinando posibles causas de esta actitud de las fuerzas opositoras entontramos que la única intención es desacreditar acciones del Estado, debilitarlo y bajar al mímimo las posibilidades de seguir con el programa de Gobierno mas allá del 2018. En pocas palabras; oposición electoralista; pero lo que no saben o no les interesa es que esta actitud socaba los cimientos de la democracia.

    Un solo caso puede servir de ejemplo para explicar las verdaderas intenciones de estos facciones sin evaluar las contradicciones. Los alardeos proferidos hoy por la izquierda en favor de la condonación de la deuda de los pequeños productores, pero cuando estuvieron a la cabeza de la administración del país, su principal líder, entonces presidente Fernando Lugo, en 2009, rechazó de plano el mismo pedido (la condonación) hecho por los mismos dirigentes que hoy se apoyan en quien los rechazó en 2009.

    No importa la contradicción pues el objetivo es mas importante y ya habrá tiempo de explicarlo, si es que sus planes prosperan. El proyecto tiene otros componentes que obligan a pensar que el objetivo supera la importancia real del reclamo coyuntural.

    Martilleo constante sobre cada gestión de Gobierno busca aumentar los riesgos de deslegitimar la democracia, con todo lo que este escenario puede acarrear; inestabilidad social y política, retornos de discursos y posturas autoritarios, desafección política, etc. En definitivas desencanto de la democracia como factor de resolución de problemas sociales.

    El plan de retirar la Fuerza de Tarea Conjunta del Norte o directamente eliminarlo responde a un plan bien elaborado de sectores de izquierda que tienen alguna vinculación con los delincuentes armados y ocultos en la espesura. Existe todo un proyecto político detrás de esa exigencia.

    El Gobierno se ve en la obligación de extremar recursos para hacer frente a esa propaganda y destacar lo que existe de detrás de los números. Demostrar que existen gestiones para reducir el déficit social que heredó de administraciones anteriores exige esfuerzos extras y responder de esa manera a las fuerzas opositoras que se ocultan detrás de la trillada muletilla: ‘¿Qué hicieron estos tres años?’.

    No es correcto atribuir al equipo de Gobierno actual los resultados del desempeño de sus antecesores como lo intentan apuntar los detractores de hoy, representantes de aquellas administraciones, hoy sentados en el Congreso fungiendo de opositores auto nombrados portavoces del pueblo, al mismo que abandonaron a su suerte en su momento.

    A propósito, hasta el momento no existe un reconocimiento de estas fuerzas de su fracaso y como si nada hubiese ocurrido pretenden regresar.

    Son responsables de los déficits sociales y económicos; que determinaron una herencia de un Estado muy debilitado a punto de arriesgar la misma institución democratica. Ellos saben eso. Lo más grave de todo esto es que estos actores políticos están orientados preferentemente en cumplir sus intereses particulares y no los colectivos a los cuales se suponen representan. El consejal del Frente Guasu, Elvio Benítez, conoce mucho de eso.

    En esas condiciones, resulta difícil alcanzar acuerdos que permitan la gobernabilidad democrática, entendida como la posibilidad real de una gestión de un Estado eficiente, es decir, que resuelve los problemas prioritarios de una sociedad, y originada en una agenda consensuada de manera representativa y participativa.

    Esta dificultad se está plasmando en el tratamiento del Presupuesto General de la Nación. El criterio opositor tiene un solo elemento analizador: político electoral; sin importar que eso destroce una agenda social. De ahí a la reacción de las masas hay un solo paso.

    Frente esta situación de riesgo de ingobernabilidad el mismo sistema político se debilita. Adeministrar conflictos terminan poniendo en duda la eficiencia de las instituciones y al final arriesga la inversión de recursos en proyectos para la gente, se pierden esfuerzos y los resultados son conocidos; mas pobreza, mas disparidad social, exclusión y el ciudadano termina descreyendo en la democracia porque no le resuelve su problema.

    Nada de eso es importante, si lo es el plan de pronto retorno.

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