Se crean municipios al margen de las exigencias legales

Tras una pausa acordada antes de las últimas elecciones comunales, la Cámara de Diputados reanudó con brío la irresponsable creación de nuevos municipios. En tal sentido, ya aprobó ocho de los doce proyectos de ley presentados a partir de entonces, lo que denota un fervor considerable para satisfacer a los politiqueros que buscan la independencia de las compañías de las que se consideran dueños, sin que ellas reúnan los requisitos exigidos por la ley para ser elevadas de categoría.

En efecto, las demandas no suelen provenir de los pobladores, sino de quienes desean manejar el dinero público en provecho propio y convertirse en intendentes y concejales, lo que les permitirá además crear puestos para sus parientes, amigos y correligionarios. Los royalties y los recursos del Fonacide, aparte del impuesto inmobiliario, despiertan el “patriotismo” local de estos vividores, en tanto que los legisladores, sin distinción de bancadas, se muestran muy solícitos a la hora de acceder a sus reclamos, en contra de lo que dispone la Ley Orgánica Municipal (LOM).

Por supuesto, los legisladores saben que dicha normativa exige el cumplimiento de numerosos requisitos para la creación de un municipio, entre los que cabe mencionar los siguientes: contar con una población mínima de diez mil habitantes, de los cuales al menos el 10% debe firmar una petición; presentar un informe pericial y el plano georreferenciado del futuro municipio, que contenga los rumbos, las distancias y los linderos de cada línea, con sus respectivas coordenadas; no afectar el normal desenvolvimiento de los municipios vecinos, ni dejar al municipio madre sin recurso económico; tener una capacidad económica y financiera suficiente para cargar con los gastos de su gobierno y prestar los servicios públicos esenciales de carácter municipal, así como calles y caminos bien trazados, escuelas, colegios, centro de salud, comisaría policial, oficinas del registro civil y de los entes prestadores de los servicios básicos de agua y electricidad.

Huelga decir que, en la generalidad de los casos, los municipios creados o a crearse no reúnen mínimamente estas exigencias legales. Por ejemplo, el proyecto de ley sobre la creación del distrito de Pozo Colorado, ya aprobado en general, no ha establecido aún los límites. Pero hay incumplimientos más graves, como los relativos a la infraestructura urbana mínima, a la capacidad económica y financiera y a la previa existencia de oficinas públicas, lo que revela el modo desaprensivo en que los legisladores tratan la cuestión municipal.

Curiosamente, uno de los motivos alegados para constituir un municipio es el de que solo así los vecinos tendrán lo que la LOM establece como un prerrequisito, con lo que ¡se invierte la relación causal prevista en ella! Es como decir: “eleven nuestra compañía a municipio y después vamos a cumplir lo que exige la LOM como condición previa para el efecto”. No les importa a los legisladores incurrir en tamaña aberración legal.

Dado que se trata de normativas de igual rango, no quebrantarían el art. 137 de la Constitución, aunque sí el espíritu de su art. 171, según el cual las categorías y los regímenes de las municipalidades serán establecidos atendiendo las condiciones de población, desarrollo económico, situación geográfica, ecológica, cultural, histórica y otros factores.

De esta forma, se nota que tanto la Constitución como la LOM quieren impedir que proliferen municipios que no puedan atender las necesidades de los vecinos ni ser realmente autárquicos en la recaudación e inversión de sus recursos. Solo las administraciones comunales sólidas podrán cumplir con sus obligaciones, en tanto que las débiles solo beneficiarán a los caudillos locales y a sus allegados.

Por lo demás, en la medida en que se inventen municipios a tontas y a locas, la Justicia Electoral instalará a costa de los contribuyentes nuevas oficinas distritales para alimentar a más operadores políticos, que es lo que en verdad desean los políticos instalados en las Cámaras del Congreso. Puede resultar también muy tentador desmembrar un municipio gobernado por otro partido para crear uno que pueda estar en manos de correligionarios de los patrocinadores del proyecto de ley.

El hecho de que muchas compañías estén situadas a gran distancia de la zona urbana no es razón suficiente para independizarlas. Lo que en tal caso conviene es vigorizar las Juntas Comunales de Vecinos para que en verdad colaboren con la Intendencia Municipal respectiva en el cobro de tributos, en la realización de obras comunitarias y en la prestación de servicios básicos, que son algunas de las funciones que les encarga a dichas Juntas el art. 61 de la LOM. De hecho, la creación de un municipio requiere que esos organismos auxiliares de la Municipalidad estén funcionando en el lugar con regularidad, lo que en la práctica está muy lejos de ocurrir.

También se podrían modificar los límites de un municipio, de tal modo que la compañía alejada se integre a uno más cercano. Asimismo, se podría recurrir a fusionar municipios cuando la cercanía y las vías de comunicación lo permitan, para aumentar la capacidad financiera comunal, reducir los gastos administrativos y abaratar los servicios esenciales.

Lo que en todo caso no tiene sentido alguno es desmembrar un municipio sin que de ello resulte uno que esté en condiciones de atender las necesidades de los vecinos. Si en 1992 existían 207 municipios, hoy ya son 250, diez de los cuales surgieron bajo la LOM vigente. Son más que suficientes, de modo que el Poder Ejecutivo hará bien en ejercer su derecho al veto si el Congreso volviera a crear uno nuevo al margen de lo que exigen la Constitución y la ley vigente en la materia.

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/se-crean-municipios-al-margen-de-las-exigencias-legales-1512396.html

 

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4 comentarios en “Se crean municipios al margen de las exigencias legales”

  1. Desvalijaron la Municipalidad de Puerto Pinasco

    El fiscal de Delitos Económicos Martín Cabrera acusó a los exintendentes liberales de Puerto Pinasco, Nelson Carreras y Diego Acosta, de haber cometido los delitos de lesión de confianza y hurto de los recursos provenientes del Fonacide, de los royalties de las usinas hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá, y de los tributos municipales. Según los antecedentes del caso, el primero de los nombrados, presuntamente, hizo desaparecer 8.527.409.552 guaraníes entre diciembre de 2011 y agosto de 2015, en tanto que el segundo hizo lo mismo con 1.750.725.091 guaraníes entre septiembre y diciembre de 2015.

    De acuerdo al expediente, no hubo obras inconclusas ni sobrecostos: el dinero simplemente se esfumó luego de haber sido retirado mediante cheques al portador por funcionarios comunales y allegados a los dos imputados que, según constató la Contraloría General de la República, no dejaron atrás libros diarios o de inventarios, ni registros contables, ni facturas, ni órdenes de pago ni otros documentos administrativos y financieros. O sea que, aparte de saquear la Municipalidad, se llevaron incluso instrumentos públicos, si es que alguna vez los tuvieron. Como el latrocinio solo pudo ser perpetrado gracias a la complicidad de los concejales, que aprobaron la ejecución presupuestaria durante cinco ejercicios fiscales, cabe esperar que el fiscal interviniente también acuse a estos cuando presente su requerimiento conclusivo el próximo 4 de abril.

    Los intendentes y los concejales no estuvieron al servicio de la comunidad, sino del suyo propio: se confabularon para robar los fondos que debían destinarse a mejorar la calidad de vida de los lugareños, a invertir en proyectos de infraestructura educativa y a proveer el almuerzo escolar. Se enriquecieron vilmente a costa del presente y del futuro de unos siete mil vecinos, como lo vienen haciendo otros ladrones comunales en todo el país.

    Tanto la Constitución Nacional como la Ley Orgánica Municipal (LOM) disponen con tino que ninguna institución estatal, ente autónomo, autárquico o descentralizado, podrá apropiarse de ingresos o rentas de las municipalidades. El problema es que son tranquilamente apropiados por los intendentes y concejales de todo el país, sin que hasta hoy ninguno de ellos haya terminado en la cárcel ni, obviamente, resarcido el daño causado. Cabe preguntarse cómo es posible que en pequeñas localidades, como Puerto Pinasco, donde todo el mundo se conoce, los ciudadanos elijan a tales sinvergüenzas y ladrones. Primero estuvieron sometidos al examen de sus respectivos correligionarios en unas elecciones internas y, una vez superada esta fase, pidieron el voto de los ciudadanos en general. En ambas instancias ganaron la confianza de los vecinos, como si hubieran sido personas honorables y capaces que siempre se destacaron por su vocación de servicio. Por lo que se ve, los electores han sido unos bobos o los candidatos muy zorros, pero lo cierto es que los resultados de la gestión fueron lamentables, un verdadero desastre. Da la impresión de que muchos compatriotas siguen creyendo que el color y la polca son argumentos suficientes para votar por alguien y que este, una vez elegido, puede aprovecharse del cargo a su antojo.

    La obligación de la Junta Municipal es controlar a la Intendencia, pero ocurre que sus miembros suelen hacer la vista gorda y, en muchos casos, hasta son directamente cómplices en la comisión de los hechos punibles. Se plantea así la vieja cuestión de quién controla a los controladores, y la respuesta es que esa necesaria función debe ser ejercida por los vecinos organizados, sabedores de que no otorgaron a nadie una carta blanca para robar o dejar robar. La LOM ordena a las municipalidades promover la participación ciudadana y el desarrollo de las asociaciones para la realización de actividades de interés municipal, así como brindar toda información pública que haya creado u obtenido, siendo las sesiones ordinarias de la Junta Municipal de carácter público. Por razones evidentes, no es habitual que las autoridades comunales cumplan con estas disposiciones, de modo que los vecinos deben asociarse para recabar informaciones y hacerse escuchar, por ejemplo, en las Comisiones Asesoras. Es de capital importancia informarse, ya que la falta de vigilancia sobre su labor permite que los intendentes y los concejales se hagan un festín con el dinero ajeno.

    ¿Sabían acaso los pobladores de Puerto Pinasco a cuánto ascendieron los montos de la recaudación tributaria, así como los correspondientes a las transferencias de royalties y de recursos del Fonacide, entre 2011 y 2015? Es probable que ni siquiera hayan imaginado la existencia de estos recursos, por la simple razón de que los intendentes y los ediles tenían el mayor deseo de ocultarlos. Cuantas menos personas se enteren de su existencia, mejor.

    Está visto que es poco lo que puede esperarse de la Justicia contra los ladrones públicos, sobre todo si estos pertenecen a la corriente política gobernante. Es necesario, pues, que los vecinos tomen el control en sus manos, haciendo uso de los instrumentos que les confiere la LOM y denunciando a los bandidos a través de los medios de comunicación locales y nacionales.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/desvalijaron-la-municipalidad-de-puerto-pinasco-1575070.html

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  2. Denunciar lo que está mal en los municipios del país

    Es muy importante que los habitantes de este país se preocupen en observar la conducta de los gobernadores, intendentes y concejales de los departamentos y las localidades del interior, personas que se corrompen y que traicionan a sus compueblanos y cuyas trapisondas permanecen en el anonimato por falta de divulgación.
    Paseando por ciudades, pueblos y compañías, lo que se ve es que las únicas obras públicas y de servicio comunitario que se realizan o que se reparan son las que pueden proporcionar ganancias a las empresas que comparten sus beneficios con los intendentes y concejales. Las que no les van a dar provecho particular no reciben atención ni son objeto de su preocupación.
    Por ejemplo, el pavimento de las calles internas de pueblos y ciudades depende sobre todo de los posibles beneficios a obtener por las autoridades; si no hay provechosos acuerdos de “comisiones” entre las empresas que concurren a las llamadas a licitación o concurso y los intendentes y concejales, simplemente no se ejecutan.
    Los munícipes hacen vito de los aportes del Fonacide y los famosos royalties de Itaipú sin ningún escrúpulo ni temor. Cada municipalidad los emplea en lo que le viene mejor. Así, pese a las limitaciones estrictas que imponen las leyes respectivas en cuanto a la finalidad de esos aportes, se los emplea para pagar salarios y gratificaciones, para adquirir bienes suntuarios o directamente para repartirse entre los “muchachos”.
    Luego viene el proceso de control y verificación de dichos actos administrativos, el cual se lleva adelante con criterio partidista. En este momento, ningún exintendente está preso por defraudación de estos fondos, a pesar de la forma grosera en que, en muchos casos, se los dilapidó.
    Según los últimos informes de la Contraloría General, el cuadro de las 250 municipalidades de la república ofrece el siguiente panorama: en relación con los aportes de Fonacide, 175 de ellas presentaron rendición de cuentas y 72 no lo hicieron. Con relación a los royalties, presentaron rendición de cuentas 159 y 85 no lo hicieron.
    Estas cifras fueron variando durante los años anteriores, incrementándose o reduciéndose las omisiones y los rechazos. La cuestión muestra claramente que, si bien las municipalidades poseen todos los instructivos y formularios acerca de cómo deben rendir cuentas de los aportes recibidos de ambos fondos, muchas no lo hacen, lo hacen mal o, simplemente, pasan por alto las reglas porque no pueden justificar sus defraudaciones. Tan seguros están de que, por el apoyo político del que gozan, ningún brazo de la justicia les alcanzará.
    Todas las personas tienen la obligación moral de denunciar públicamente a las autoridades locales corruptas, inútiles o ineptas para el cargo que desempeñan. Es preciso emplear contra ellas y sus administradores desleales todas las armas que la ciudadanía posee, como la acusación formal, el escrache público, la denuncia por los medios de comunicación masiva, en particular los de cada localidad. Los jóvenes, especialmente, tienen en sus manos un gran poder, que es su legitimidad, impulso y entusiasmo por manifestar su lealtad a sus pueblos y ciudades; tienen que hacer uso permanente de él para impulsar la sanción a los políticos venales. Si así no lo hacen, no tienen por qué quejarse de que los mismos les continúen metiendo las manos en los bolsillos.

    http://diariolajornada.com.py/v6/category/editorial/

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  3. Aldeas para caudillos

    Por Juan Augusto Roa

    En momentos en que se debate con intensidad la creación de nuevos municipios en diferentes puntos del país –en total son unos 10, de los cuales tres corresponden a Itapúa (Guarapay, Naranjito y Santo Domingo)– conviene reflexionar sobre la pertinencia y conveniencia de ir creando nuevas superestructuras administrativas y aumentar la burocracia parásita que vive prendida del presupuesto público.

    En los actuales tiempos en que la tecnología de la comunicación y de transporte prácticamente eliminan tiempo y distancias, en que las fronteras se flexibilizan mediante el comercio internacional cada vez más dinámico y abarcante, en que el mundo entero adquiere configuración de aldea global donde al minuto sabemos lo que pasa al otro lado del planeta, y desde un gabinete y con un teclado se concretan operaciones comerciales en los cuatro puntos cardinales, la creación de nuevas fronteras y la atomización de los territorios internos parecen ir de contramano.

    A menos que estas iniciativas respondan –y todo apunta a que es así– a intereses de caudillos de barrio que pretenden crear su aldea propia, desde donde ejercer sus parcelas de poder, manotear los recursos públicos, y disponer de los cargos para sus allegados.

    Sin dudas el deseo de desarrollo y mejoramiento en la calidad de vida de las comunidades es un derecho inalienable y totalmente legítimo. Y los reclamos que plantean algunas comunidades, como en el caso de Encarnación, los barrios Santo Domingo e Itá Paso, está plenamente justificado tras tantos años de abandono.

    Dividir esfuerzos y recursos, sin embargo, no parece ser el camino correcto. Y un ejemplo que está en las antípodas de esta intención de separación y división lo encontramos en los distritos de Hohenau, Obligado y Bella Vista, las llamadas Colonias Unidas, donde hace unos años surgió la idea de fusionar los tres municipios en uno solo, y aunar esfuerzos y recursos para un mayor desarrollo económico y social. El modelo de trabajo y el nivel de desarrollo alcanzado por estas comunidades hablan por si solos.

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  4. ¿Qué está pasando en los municipios?

    Por Rolando Niella

    No salgo de mi asombro ante lo que está ocurriendo en las municipalidades de unos años a esta parte. Un día sí y otro también aparecen autoridades comunales de distintas localidades implicadas en las más variopintas acciones más bien de patoteros o, en muchos casos, de delincuentes y mafiosos, que de personas que administran la vida de las poblaciones.

    Se podría pensar que exagero, si no fuera porque ya ha habido asesinatos, amenazas de muerte, tiroteos, munícipes asaltando comisarias para rescatar alijos de drogas, decisiones de Juntas Municipales que se tomaron matoneando o a trompadas y no votando civilizadamente.

    Por supuesto, no hay que olvidar otro aspecto igualmente escandaloso: las escuelas públicas, gestionadas por los municipios con los fondos de Fonacide, que se derrumban día de por medio y que solo por azar o por algún milagro aún no han ocasionado víctimas mortales.

    Debo confesar que no comprendo tamaña anomalía de la actividad municipal. No me cabe en la cabeza que no haya ninguna autoridad nacional o partidaria que pueda o quiera tomar cartas en el asunto, para poner alguna clase de freno a este fenómeno que está envenenando las poblaciones y, con ella, la vida diaria de las personas. ¿Es que la Contraloría, el Congreso, la Justicia, los Partidos Políticos o, inclusive, la Presidencia de la República carecen de la autoridad o de la voluntad de sanear la actividad municipal?

    La política municipal es la más cercana a las personas y también la que más afecta a la calidad de su vida cotidiana. A la mayoría de los cargos electivos, presidentes, legisladores y hasta gobernadores, los elegimos sin conocerlos más que por los por las noticias y el marketing político, pero las autoridades municipales son, por así decirlo, vecinos de nuestro barrio.

    Si excluimos algunas capitales, en la inmensa mayoría de las localidades del Paraguay todos los habitantes conocen muy bien a los candidatos y no por los medios de comunicación, sino personalmente y desde niños… ¿Cómo se explica entonces tal cantidad de intendentes y concejales impresentables?

    Ni siquiera es suficiente para explicar este fenómeno el caso triste y emblemático de Lambaré, cuyos habitantes, en los últimos comicios municipales, tuvieron que elegir entre dos candidatos procesados como sospechosos de delitos económicos, pero que fueron firmemente apoyados por sus respectivos partidos. Algo más grave y más profundo está ocurriendo en los municipios.

    El deterioro, la infiltración de la delincuencia, el patoterismo, el crimen, la corrupción y el despilfarro de fondos en las municipalidades es, en cierto sentido, el peor de los deterioros de la política, precisamente porque, como ya dije, es la política municipal la que está más cerca de los ciudadanos y sus necesidades inmediatas.

    Las personas viven, compran, se relacionan, estudian, trabajan, se desplazan y hacen vida social en su municipio. Es ese su medio ambiente natural, el lugar donde se desarrollan desde la infancia a la ancianidad, su pequeño universo o, como suele decirse, su “patria chica”.

    Si ese medio social, si esa institución básica y elemental y sus autoridades se sumen en el caos, en el patoterismo y la delincuencia, las localidades se convierten en un entorno hostil y la vida cotidiana de las personas comunes se deteriora, se vuelve insegura, insalubre, incómoda. El municipio, en lugar de nuestra “patria chica” donde nos gusta vivir, se transforma en el lugar incómodo donde no tenemos otro remedio que sobrevivir.

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