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Matar la seguridad social

El Instituto de Previsión Social (IPS) está en peligro. La protección de la salud y la jubilación de los trabajadores asegurados entran en una senda de alto riesgo. En estos días la Cámara de Diputados sancionó las modificaciones introducidas a la Carta Orgánica del ente y en una semana aproximadamente el Ejecutivo cumplirá límite para promulgar o rechazar la normativa.

Las actuales autoridades del IPS, con Benigno López, su presidente, a la cabeza, impulsaban desde hacía tiempo una serie de cambios en la ley de creación de la previsional. Entre esas novedades se deslizan posibilidades de desmejoramiento de la universalidad de la cobertura, motivo fundacional del ente. La ley modificatoria institucionaliza todo eso.

Llamativamente, son escasas las voces que hablan del asunto y cuestionan.

Las organizaciones sindicales parecieran estar más distraídas en otras cortinas de humo que va generando el Gobierno de Horacio Cartes, y no fijan la atención en lo vital que es la modificación progresiva que va dándose en torno al IPS, que anunció que desde septiembre pondrá en marcha un plan por el que se rechazará la admisión al seguro social obligatorio a aquellos trabajadores que tengan algún mal preexistente como la diabetes, el cáncer o el VIH, entre otros. Si bien esto forma parte de una disposición vieja, su cumplimiento había sido dejado por colisionar justamente con una serie de postulados constitucionales, convenciones y tratados internacionales sobre DDHH.

Este reimpulso de la idea restrictiva es fundamentada en problemas administrativos que deben subsanarse. Problemas que mayoritariamente se originan en la corrupción y el mal manejo y gerenciamiento de los recursos, no en la atención a los asegurados.

La reformada ley ahora afectará, además, los recursos jubilatorios al disponer que los reposos médicos sean pagados con ese dinero y no con el fondo de salud, como viene siendo y debe ser. También abre para el uso público la información sobre asegurados y empleadores, cosa prohibida hasta hoy, y crea nuevos mecanismos de sanción a las partes involucradas en el seguro, algo innecesario si se cumplen los controles habituales y sin transacciones ilegales como ocurren hoy.

Las modificaciones fueron hechas a espaldas de los trabajadores, aportantes y sujetos de la protección previsional. Consultaron a los empleadores y decidieron los políticos. Los que siempre usan los fondos los someten a corrupción y terminan endilgando la culpa al asegurado. Todo es tan obvio, ¿no?

Por Miguel H. Lopez

http://www.ultimahora.com/matar-la-seguridad-social-n1016776.html

Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

5 comentarios en “Matar la seguridad social

  1. A la espera de un árbitro

    La masa de dinero que puede colocar el IPS en el mercado es variable, porque arranca del monto general de sus reservas técnicas, que superan ligeramente los US$ 1.600 millones y que hasta el momento están colocadas en el sistema financiero en forma de CDA’s o certificados de ahorro, con escaso rendimiento y alto riesgo por falta de diversificación de la cartera. Las transacciones realizadas el año pasado y nuevamente hace poco, con la inversión en bonos de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y del Banco Nacional de Fomento (BNF), destinados al sector productivo, son puntos de partida que sigue con la reciente decisión de abrir a las Casas de Bolsa y otras sociedades de intermediación financiera, la compra de CDA’s, aplicando la política institucional de diversificación de riesgos de inversiones. En su artículo 27 y bajo el título de “programa de inversiones”, la carta orgánica del IPS faculta a su consejo directivo a elaborar “un programa de inversiones y colocaciones financieras de las reservas del Instituto a fin de preservar el valor de las mismas”, estableciendo además dos previsiones bien claras: “Los recursos financieros del Instituto no podrán sufrir ningún tipo de restricción respecto de su administración, inversión o colocación en el sistema financiero y bancario del país” y, además, que “la inversión o colocación de los recursos financieros del Instituto se realizarán en las mejores condiciones posibles de seguridad, plazo, garantía y rendimiento… y deberán tener un rendimiento similar al de las tasas pasivas de interés vigentes en el sistema bancario en el momento de formalizarse la operación”.

    Como puede verse, la ley marco del IPS es sabia y previsora. Pero también lo son las que han creado otras cajas mutuales, algunas de las cuales fueron desfondadas, saqueadas o, simplemente, mal gestionadas, con resultados equivalentes al robo o el fraude. Falta, por lo tanto, el árbitro que vigile el juego. Y ese árbitro se llama superintendencia de fondos previsionales, cuya creación por ley está trabada hasta ahora. Corresponde a las cámaras del Congreso poner punto final a la parálisis y sancionar la ley que ayudará a hacer más seguro el tránsito de estos fondos, que sumados superan largamente los US$ 1.500 millones, demasiado dinero como para que ande circulando sin vigilancia ni supervisión por un sistema financiero que, aunque sólido, no es inmune contra los tropezones.

    http://www.5dias.com.py/49127-a-la-espera-de-un-arbitro

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    Publicado por Anónimo | 22 agosto, 2016, 10:40 am
  2. La mentira del IPS

    Por Luis Bareiro
    Hay dos errores que se cometieron en la creación misma del IPS que hacen que administrar la previsional sea un infierno. El primero es que metieron dos servicios distintos en una misma institución; la administración del dinero para pagar jubilaciones y el gerenciamiento de un seguro médico. Lo segundo fue prometer que ese seguro sería universal para todos, independientemente de cuánto dinero aportara cada uno.

    La consecuencia de ambos errores es la falsa creencia de que el IPS tiene mucha plata y de que puede pagar cualquier tratamiento médico.

    El IPS no tiene mucha plata para medicina. Tiene 1.600 millones de dólares depositados en bancos e invertidos en propiedades, pero no los puede gastar en salud. Ese dinero es el ahorro de los trabajadores para pagar su jubilación. De allí tiene que salir lo que cobre cada jubilado hasta el día de su muerte. IPS no puede usar un solo dólar de ese dinero en algo que no sea generar renta para la jubilación. Con esa plata no puede comprar ni una curita.

    Para los gastos de salud, el IPS recibe el 30 por ciento del aporte obrero-patronal de cada asegurado. Con eso tiene que cubrir los salarios de médicos, enfermeras y administrativos; construir y mantener hospitales y puestos de salud, y comprar insumos y medicamentos.

    Si revisamos sus números, veremos que es sencillamente imposible. Actualmente, seis de cada diez asegurados aportan sobre el sueldo mínimo, lo que supone unos 460.000 por mes, de los cuales solo 160.000 van al seguro médico (el resto es para la jubilación). Y cada aportante tiene en promedio cinco asegurados, incluyendo hijos, padres y pareja.

    Así, más del 60 por ciento de los beneficiarios del seguro médico paga en la práctica poco más de 40.000 guaraníes mensuales, para tener en contrapartida una cobertura médica universal que incluye desde un analgésico hasta una operación de corazón abierto.

    Por supuesto que en la práctica esto no es así, es imposible que lo sea. Aún si se eliminara la sangría de la corrupción y desapareciera todo el parasitaje político y sindical colgado de su presupuesto, el dinero seguiría siendo insuficiente. Consideren que para una cobertura mínima (casi insignificante) un seguro médico privado cobra 250.000 guaraníes por persona. Y lo peor es que cada vez que alguien en el país enferma de uno de los males considerados catastróficos por su altísimo costo, se busca la manera legal o ilegal de meterlo al IPS. Por eso hoy el uno por ciento de los asegurados consume el 50 por ciento del presupuesto de salud.

    La consecuencia final no puede ser otra. Faltan medicamentos, nunca hay suficientes médicos, los hospitales se caen a pedazos, los equipos se descomponen por falta de mantenimiento y algunos asegurados reciben todo y otros no consiguen ni analgésicos.

    No hay que engañarse, el problema no es el IPS, es el Estado cuya cobertura de salud sigue siendo insignificante que genera miles de enfermos desesperados que buscan guarecerse a la sombra ficticia de un seguro universal que no existe.

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    Publicado por Anónimo | 21 agosto, 2016, 6:04 am
  3. ¿Qué pasa en el Instituto de Previsión?
    20 agosto, 2016

    Desde hace algunos días está en marcha una intensa campaña de desinformación a través de las redes sociales, respaldada por algunos medios de prensa, sobre la “exclusión de los servicios de salud del Instituto de Previsión Social (IPS) de los nuevos asegurados que padecen enfermedades graves”, como cáncer y diabetes, entre otras. A ésta se sumó enseguida otra que obtuvo mayor repercusión, referida a lo que sería “el inminente zarpazo del Gobierno a los fondos de la entidad, mediante la reforma de la Carta Orgánica que promulgará Horacio Cartes de un momento a otro”. Como era de esperarse, el apocalíptico panorama, que no tiene ningún asidero en la realidad, generó la innecesaria confusión y hasta zozobra de muchos asegurados.

    Ante tal situación, la máxima autoridad de la institución, el Consejo de Administración, salió a aclarar públicamente que nadie será discriminado por su condición de salud, que lo que está en estudio son los mecanismos para evitar casos de fraude (contratos truchos) y que ni existe siquiera un anteproyecto para modificar la Carta Orgánica, por lo que mal podría estar su promulgación a la firma del presidente de la República, último paso luego de ser tratado y sancionado previamente por ambas cámaras del Congreso.

    Sin embargo, aun así, gremios que nuclean a trabajadores y jubilados del Instituto protagonizaron ayer una movilización en rechazo a ambas cuestiones que NO figuran en el orden del día, lo cual genera suspicacias acerca del verdadero móvil de la protesta, que por lo general deriva con el correr del tiempo en demandas salariales y mejoras de las condiciones laborales o bien adquirir un tinte marcadamente político.

    Despejado el tema de los contratos fraudulentos, suscritos a favor de beneficiaros de avanzada edad que nunca antes habían aportado al Instituto, al solo fin de tener acceso a tratamientos de altos costos, corresponde sí abrir un amplio debate sobre la reforma de la “Carta”, uno de cuyos aspectos, no el único, tiene que ver con la forma en que se aplican los fondos jubilatorios, los cuales suman un total de 1.660 millones de dólares.

    Desde siempre, el dinero del IPS fue y sigue siendo depositado en el sistema financiero, en bancos de plaza, generándole muy poco rédito. Esta modalidad se prestó no pocas veces a manejos poco claros entre las autoridades del instituto y algunas entidades bancarias y, en el pasado, le costó muy caro a los aportantes, como en la crisis financiera del 95, en la que perdió más de 300 millones de dólares, según estimaciones.

    Los que siempre defendieron este modelo de previsional, con lo cual coincidimos, también abogaban por aplicar parte de sus fondos al financiamiento de obras públicas, para generar mayor rentabilidad, al tiempo de contribuir con el desarrollo del país, generar mano de obra, etcétera. Claro, con las garantías y “blindajes” necesarios para que los mismos no corran riesgo alguno. Paradójicamente, los sindicatos del IPS, que se atribuyen arbitrariamente la condición de “únicos propietarios”, se niegan, alegando que el Gobierno no puede ser el mejor garante de los fondos siendo que es su principal deudor.

    Además de ser un argumento pobre, pues existen muchas formas de contar con tales garantías, incluyendo la intervención de organismos internacionales, sistemas fiduciarios, entre otros, los gremialistas eligieron el peor momento para expresar tal “desconfianza”, habida cuenta que justamente este gobierno procedió al pago de una deuda histórica que el Ministerio de Educación y Cultura mantenía con la entidad. El monto total transferido fue de 240.000 millones de guaraníes y se concretó hace exactamente un año, el 3 de agosto del 2015.

    Como siempre, el déficit comunicacional ha dicho nuevamente ¡presente!. Desde los órganos comunicacionales del Ejecutivo y de la previsional hay que explicar esto no una, sino mil veces, e impulsar un debate serio sobre un tema de tanta trascendencia como el referido, lo que a su vez echará por tierra las campañas de desinformación que, evidentemente, persiguen objetivos muy distintos a la defensa del Instituto.

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    Publicado por Anónimo | 20 agosto, 2016, 10:15 am
  4. Los buitres de IPS

    por Edgar Ruiz Diaz – 18-08-2016

    Los fondos pertenecientes a los asegurados y jubilados del Instituto Previsión Social (IPS) vuelven a formar parte de un nuevo sobrevuelo de los buitres sobre las bóvedas de bancos donde se encuentran ese dinero.

    Con el cuento de que ahora existe un suficiente stock de plata y gran cantidad de inmuebles ociosos y costosos a nombre de la entidad, aliados de los carroñeros insinúan que los recursos de la previsional pueden utilizarse en “inversiones” para obras públicas.

    Otros cómplices de esos proyectos de robo encubierto insisten en que los millones de dólares de nosotros los asegurados pueden ser utilizados en proyectos de “reactivación económica”, construcción de puentes y otros planes demenciales.

    Y mientras los ideólogos de esos saqueos tratan de convencer de que se pueden hacer maravillas con los recursos previsionales, las autoridades del IPS se callan, cierran la boca, y nada dicen sobre la falta de medicamentos, salas, consultorios, camas y malos servicios en los hospitales de la entidad.

    En vez de ladrar o saltar como un celoso perro guardíán de la riqueza de IPS, su presidente, miembros del Consejo y demás responsables se muestran cautelosos y aparecen como cómplices de quienes buscan rapiñar lo aportado por decenas de miles de trabajadores.

    Ahora también nos hablan de que tales recursos podrían ser utilizados para un supuesto proyecto israelí sobre agua.

    Otros dicen que también existen ideas para transferir la plata de IPS a bancos y fiancieras de amigos o testaferros de autoridades gubernamentales o políticas de turno.

    Ante tales inquietantes trascendidos creo que los asegurados, jubilados y sus familiares deben ir pensando en manifestaciones, movilizaciones de resistencia así como en acciones legales que puedan frustrar las intenciones de esos asaltantes que usan frac y guantes blancos.

    ¿Qué pasaría si todos los quedáramos callados y mirando lo que hacen estos cleptómanos?

    ¿Qué faltaría para salir a las calles y movilizarse contra el nuevo robo que estaría planificando?

    ¿Se puede hacer una manifestación preventiva contra los buitres de IPS y sus cómplices?

    ¿Que tipo de acciones legales que podrían promover para evitar esos robos?

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    Publicado por Anónimo | 18 agosto, 2016, 2:14 pm
  5. Fondos del IPS deben ser exclusivamente para atención a asegurados y pensiones

    Una situación paradójica es la que se plantea con el Instituto de Previsión Social IPS de nuestro país. Mientras la previsional maneja fondos verdaderamente multimillonarios, en sus hospitales abundan las carencias; como ser la falta de infraestructura, la falta de especialistas médicos, falta de insumos hospitalarios y medicamentos, etc, etc.

    Ahora, un nuevo disparate apunta a emplear los fondos del IPS para financiar obras públicas y supuestos programas sociales de alto impacto, surgió de una reunión en Mburuvicha Róga entre el presidente Horacio Cartes, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona; el presidente del Banco Central, Carlos Fernández; y el del IPS, Benigno López. Es presumible que el Poder Ejecutivo intente con denuedo tomar el dinero de los patrones, empleados y obreros cotizantes para “la puesta en marcha de grandes obras de infraestructura que puedan dinamizar la micro y la macroeconomía”, según se lee en su sitio oficial de internet.

    Resulta llamativo que el Jefe de Estado crea ahora que la llamada Ley de Alianza Público-Privada, que impulsó con tanto ahínco, sea insuficiente para llevar a cabo esos emprendimientos con la participación de capitales privados. Solo si ella no está atrayendo suficientes inversores nacionales y extranjeros, acaso por motivos ajenos a sus disposiciones, se puede entender que el Poder Ejecutivo pretenda obtener recursos de una entidad pública como el IPS, cuyos fondos son especialmente precautelados por la Constitución y por la Ley Nº 375/56. El art. 95 de la Constitución dice que “los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos y estarán disponibles para este objetivo, sin perjuicio de las inversiones lucrativas que puedan acrecentar su patrimonio”.

    Según las informaciones, el presidente Cartes pidió que el proyecto de ley que se vaya a presentar asegure la devolución de los fondos previsionales, lo que no bastaría para cumplir con la norma citada, que habla de que las inversiones deben generar ganancias para el IPS. Habrá que ver la prodigiosa “ingeniería financiera” que diseñarán los funcionarios involucrados para que los asegurados tengan la certeza de que sus aportes les serán devueltos con creces.

    Como es lógico, la ley es más precisa que la Constitución en cuanto a la salvaguarda de los recursos financieros del IPS. Tan es así que su art. 27 le prohíbe al Instituto conceder préstamos al Estado, a los entes descentralizados y a las municipalidades. Es decir, le prohíbe que preste aunque se le asegure que recuperará el dinero con los intereses pactados.

    La Alianza Público-Privada proyectada por el Poder Ejecutivo apunta a unas inversiones que no se inscriben en ninguna de las dos referidas, aunque, por supuesto, nada obsta a que una nueva ley las autorice, aunque sean inconvenientes. Lo que resulta aún más problemático es que, según fuentes del Gobierno, los fondos también serán usados para programas sociales, dado que la Constitución solo permite “inversiones lucrativas”.

    Los trabajadores aportantes, los empleadores, los jubilados de la previsional deben oponerse firme y públicamente a las pretensiones del Gobierno que puedan poner en peligro los fondos que con tanto sacrificio ahorran durante años y años con el objetivo de garantizar la atención de su salud y una vejez tranquila.

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    Publicado por Anónimo | 18 agosto, 2016, 6:02 am

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