Más que un error, como afirmó el ministro del Interior, eliminar a la Fuerza de Tarea Conjunta sería un horror; la ecuación es bien sencilla: si con la presencia de fuerzas especiales, más o menos mal o bien entrenadas, los del EPP logran dar de vez en cuando un golpe de secuestro, generalmente, al menos en los últimos años, a gente desprevenida y sin protección particular –no es difícil calcular la cantidad de efectivos y el costo que tendría poner protección a todos los habitantes de tres departamentos bien poblados del país–, qué no pasaría si no hubiera una fuerza armada custodiando la región.
De hecho, durante sucesivos gobiernos y la dirección de sucesivos ministros del Interior y jefes de las fuerzas movilizadas, la situación de inseguridad sigue primando en el territorio “en conflicto” pese a la presencia de la FTC.
Es decir, desde que se creó esta fuerza especial –bajo gobiernos diferentes, de fuerzas políticas diferentes– no se ha podido evitar lo que hasta ahora son actos aislados del grupo armado que tiene más de criminal y chantajista que de ejército popular, lo que se refleja en que la mayoría de sus víctimas no son “oligarcas”, sino ciudadanos comunes, trabajadores desamparados, policías desprevenidos.
Lo notable es la capacidad de criticar que tienen muchos políticos después de haber afrontado el problema con los mismos e incluso menores resultados.
Pero no nos detengamos en el facilismo de la política jahe’o, la política del plagueo.
No es difícil calcular el horror que se impondría en la zona sin la presencia de una fuerza armada precautelar. El EPP y los narcos estarían a sus anchas sin resistencia, con las precarias comisarías de antaño, sin recursos siquiera para defender sus propias seccionales y a sus agentes.
De hecho, para refrescar la memoria, no hay que olvidar que antes incluso que surgiera este grupo con pretensiones políticas de subversión se hablaba de la ausencia del Estado en la inmensa región.
Salvo las escuelas, que pese a la precariedad, abundan a lo ancho y lo largo de toda la República, en esa zona no ha habido por décadas otra presencia estatal activa, y hablamos de un amplio territorio, donde desde mucho antes la criminalidad imperaba, desde el tráfico de rollos al de marihuana y drogas más pesadas.
Es decir, donde, ante la ausencia del Estado, se impuso la presencia de las organizaciones mafiosas, en alianza narcosur, mucho antes de que el Mercosur existiera, y con más eficacia ejecutiva.
Si con la FTC hay inseguridad, sin ese despliegue que da presencia al Estado esa parte del territorio nacional hace rato que habría estado en manos de los delincuentes; y no habría un secuestro cada tanto, sino que la población total viviría en estado de secuestro, tratando de esquivar los impuestos nacionales para pagar los “impuestos revolucionarios” o los “impuestos narcotraficarios”.
Lo más llamativo de la cuestión planteada es que muchos de los proponentes del retiro de la FTC han demostrado más simpatía por los secuestradores que por los secuestrados, por los abusadores que por los abusados.
El retiro de la FTC dejaría una zona que abarca tres departamentos y algo más totalmente desprotegida al arbitrio de los grupos armados y autoproclamados liberadores, aunque hasta ahora solo dan muestras de ser secuestradores y abusadores de sus compatriotas.
Está claro. No sería un error de los poderes del Estado, sino un horror que se va a cebar más contra los paraguayos.
HA… CHE RETÃ PARAGUAY (I) 
¿Qué combate la FTC?
Por Edwin Brítez
El presidente de la República y comandante en jefe de las FF.AA. fue autorizado por el Congreso, apenas una semana después de asumir el cargo, a disponer el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas en operaciones de defensa interna en Concepción, San Pedro y Amambay.
El Parlamento evidentemente estaba influido también por la promesa de Horacio Cartes de que no permitirá que los forajidos del norte marquen su agenda, expresada en su discurso de asunción al cargo el 15 de agosto de 2013. Pasaron casi tres años de aquella decisión y los resultados no son auspiciosos aún cuando se allanaron los dos obstáculos principales: normas inflexibles y escasos recursos para que el presidente pudiera cumplir su promesa.
No es poca cosa lo que el Parlamento concedió al presidente de la República, ya que por mandato constitucional la misión de las FF.AA. se reduce a “custodiar la integridad territorial y a defender a las autoridades legítimamente constituidas”.
Quienes dijeron en su momento que el problema del EPP es competencia de la Policía Nacional, tenían razón visto que la misión constitucional de esta institución es “preservar el orden público, los derechos y la seguridad de las personas y entidades y de sus bienes”. Se ocupa además de la prevención e investigación de los delitos.
A todas luces el problema de la violencia utilizada por el EPP en el norte no es un problema de “integridad territorial” aunque sí parcialmente de “defensa de las autoridades legítimamente constituidas”, pero como ya se probó mucho tiempo con la Policía y no hubo solución al problema, se optó por entregar la confianza esta vez a las Fuerzas Armadas, aunque nuevamente con el apoyo de la Policía, de la Senad y todas las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo.
En tres años, la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) creada para combatir al EPP no produjo resultados que podrían marcar la diferencia con sus predecesores, por lo menos sustancialmente, lo que ubica a cualquiera que trate de entender el meollo en la inevitable postura de pensar que los pocos miembros del EPP son unos forajidos extremadamente inteligentes o la FTC es tremendamente inútil por no poder con ellos.
Sabemos que la misión de la FTC no es nada fácil puesto que debe actuar en un contexto que no solamente es hostil y poco colaborativo de parte de una población atemorizada, con tres rehenes, por uno de los cuales ya se pagó inclusive el rescate solicitado que finalmente al parecer fue a parar a manos de otra categoría de delincuentes y no de los captores.
Además, la región delineada como territorio de operaciones de la FTC es prácticamente una zona liberada, donde en vez de la ley rigen la orden, el criterio y a veces el humor de caciques del narcotráfico, aliados con miembros de las fuerzas públicas y a su vez con tentáculos en la élite política y social del país. A todo esto se suman episodios no aclarados aún suficientemente de muertes que afectan a los propios uniformados y que a tenor de las denuncias, se habla de la probable existencia de criminales y delincuentes que habitan en la propia esfera de la FTC.
La fuerza pública y todas las demás instituciones dependientes del Ejecutivo están teóricamente enfrentadas al EPP, pero en tres años no han producido resultado que nos impulse a pensar en un cercano fin de la violencia en el norte.
Es como para creer que finalmente la FTC necesita del EPP, tanto como este necesita de aquella. Las dos organizaciones se consideran enemigas, que sin embargo se sostienen y consolidan en la medida en que se atacan, tanto que podría pensarse maliciosamente que cada una de ellas le debe su vitalidad y energía a la otra para continuar subsistiendo. ¿Es cuestión de sacar a la FTC del lugar? ¿de cambiar de táctica? ¿o de apresurar el desarrollo de la zona? El Senado aceptó el reto de encarar el tema.
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El norte también existe
Por Guillermo Domaniczky
En estos días en los que el tema recurrente es el análisis sobre los tres años de gobierno, es obligatorio recordar a los tres secuestrados por los criminales del EPP.
Edelio está cautivo desde hace más de dos años, Abrahán hace más de uno, y el adolescente Franz lleva ya más de dos semanas alejado de su familia.
Antes y después de llegar a la presidencia, Horacio Cartes había dicho que el grupo criminal no le marcaría la agenda. Pero hoy la agenda está marcada con la vida en cautiverio de estas tres personas.
Una zona norte que en teoría está militarizada y bajo intervención de la Fuerza de Tarea Conjunta, pero en la que la explicación sobre la existencia de un grupo como el EPP está en la realidad cotidiana de la zona, donde siguen matando policías e intendentes con absoluta temeridad.
Ocurrió estos días con el asesinato del intendente de Bella Vista en Amambay, Miguel Louteiro, y su ayudante Celso Carballo. Una autoridad política como el vicepresidente de la seccional colorada del lugar se encargó de describir la sensación en el lugar.
“Acá en la frontera es difícil hablar, porque vos hablás y la gente te hace callar, hay muchas cosas que no se pueden contar”, decía en la 730AM Luis Doupratt.
El asesinato del intendente fue el segundo en la región, ya que meses atrás también habían asesinado al de Tacuatí en San Pedro.
También en el norte, un par de días después, era asesinado el suboficial de policía Osvaldo Ramírez Lezcano frente a su casa. Su madre también nos transmitía toda la impotencia de tener a su hijo viviendo allí.
“Ustedes saben en qué país estamos, en el lugar donde estamos… Curuguaty es lugar de sicarios… como gallinas le están matando a la gente por acá”, nos decía doña Rosa Lezcano.
Estos testimonios se agregaron al de una entrevista al intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, quien tras el asesinato de Jorge Rafaat Toumani, en su peculiar estilo y en medio de sonrisitas nerviosas, dijo “yo quiero seguir viviendo todavía” cuando fue interrogado sobre qué sabía de las actividades de Rafaat.
Los testimonios son el documento de cuánto el crimen organizado se ha infiltrado para reemplazar al Estado en el norte. Crímenes cometidos con temeridad y una población temerosa, en medio de un gobierno que no ejerce autoridad.
Un escenario que obliga a un gran acuerdo político contra el crimen organizado para restaurar la autoridad del Estado e intentar recuperar soberanía sobre una región en la que los criminales van ganando.
“Necesitamos un gran acuerdo de la gente de bien, de los políticos y las organizaciones, para no dejar al Estado en manos de narcotraficantes”, decía en uno de sus discursos de campaña Luis Carlos Galán, candidato a la presidencia de Colombia, cuando comenzaban a hacerse visibles los deseos de grupos de narcotraficantes, encabezados por Pablo Escobar, de ocupar espacios políticos en los órganos de poder el estado colombiano.
Galán fue asesinado por los barones colombianos de la narcopolítica el 18 de agosto de 1989, en pleno acto proselitista de la campaña presidencial en la que aparecía como el favorito para llegar a la presidencia de Colombia.
Quizás aquí aún no sea demasiado tarde.
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¿Cuánto cuesta un desfile?
Sobre el asunto me hizo pensar el sargento con quien me encontré ocasionalmente. El hombre estaba molesto porque, cuando hay desfile, le hacen comprarse uniforme nuevo, que es un gasto considerable para sus recursos y para los de sus camaradas. ¿Para qué el desfile?, preguntó. Para demostrar la capacidad operativa del ejército paraguayo, le respondió un superior. El sargento no le dijo al superior lo que pensaba porque el ejército es una institución vertical, no deliberante y no quería recibir un reto e incluso un castigo.
¡Qué operatividad, si la Aviación no tiene nada!, me dijo el uniformado, agregando: ¡Yo estuve en el destacamento militar de Pedro Juan Caballero, y le puedo asegurar que su cuartel da lástima! No es solamente el edificio, es que no tiene los recursos necesarios para trabajar como debe. ¡Puede pasar un camión cargado de drogas sin que los militares hagan nada, no tienen capacidad para controlar! ¿Por qué no arreglan ese y otros puestos del interior antes de organizar paradas?
Según el sargento, se gasta dinero en lo que no hace falta y después se quiere ahorrar a expensas de los de rango inferior; por ejemplo, se les disminuye el pago por exposición al peligro, que resulta muy pesado para personas con sueldos ya bastante bajos. Al mismo tiempo, hay sueldazos para quienes ocupan ciertos cargos superiores, incluso, para los que no hacen nada; hay demasiados empleados oficinistas con relación a los uniformados; hay demasiados oficiales con relación a los soldados. En vez de arreglar eso, ¡fiestas y desfiles!
No conozco la situación del ejército, pero si lo que me dijo el sargento es verdad, allí pasa lo que pasa en el resto del país: la gente se ve obligada a marcar el paso porque no tiene opción. De tanto en tanto algún diplomático, algún economista, algún canal internacional nos explican lo bien que está el Paraguay. La CNN, en un programa televisivo del 14 de octubre de 2015, se refirió al “milagro paraguayo”. Esto me recuerda los elogios del FMI: el Paraguay es el asombro del mundo, publicados con gran destaque por el diario Patria el 11 de noviembre de 1959. Los paraguayos no estaban de acuerdo, pero ¿qué importancia tenía? Entonces, sin embargo, había unos dos millones de habitantes en el país, y se podían malgastar los recursos naturales (arrasar los bosques, por ejemplo) sin sentirse las consecuencias.
Ahora somos muchos más, y la destrucción ambiental se siente hasta en las zonas urbanas, donde vive más gente en condiciones menos saludables.
Solamente en combustible se gasta una fortuna en un desfile, me dijo el sargento. Con el precio en dinero, está el ecológico: ¿cuánto más se contamina el aire con un gasto adicional de combustible? O para verlo desde otro punto de vista, ¿cuánto daño hace a la salud la contaminación extra del aire? En Francia mueren 48.000 personas al año a causa de las partículas emitidas por los tubos de escape de los autos viejos (anteriores a 1997); por eso, París ha prohibido la circulación de esos autos. Allá existe un excelente servicio de transporte público, y el nivel de vida es más alto; quizás no podamos aplicar aquí una decisión tan drástica, pero algo debemos hacer en vez de seguir con los desfiles, paradas, fiestas y discursos innecesarios.
Por Guido Rodríguez Alcalá
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Replantear política oficial de combate a grupos armados
En casi 3 años, el Gobierno ya gastó 29.051 millones de guaraníes –cerca de 5,1 millones de dólares– en mantener a la Fuerza de Tarea Conjunta operando en la región Norte para combatir al grupo armado EPP. Esta gran disponibilidad de recursos económicos, además de contar con una ley especial modificada por el Parlamento para utilizar a las Fuerzas Armadas en una acción armada interna, no ha producido los esperados resultados de captura de los integrantes del grupo, ni un debilitamiento de su acción criminal.
Por el contrario, mientras la sociedad seguía esperando la liberación del policía Edelio Morínigo, mantenido secuestrado por el grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) desde hace más de dos años, y la del colono menonita Abrahán Fehr, desde hace más de un año, se produjo el pasado 27 de julio un tercer secuestro en la zona de Río Verde, Departamento de San Pedro, esta vez del joven agricultor menonita Franz Wiebe, de 17 años de edad.
Este nuevo golpe criminal, cometido prácticamente ante las narices de los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), conformada por militares y policías destacados en la zona para combatir el grupo armado, constituye un nuevo golpe político para el Gobierno de Horacio Cartes.
En su toma de posesión del cargo, en agosto de 2013, el actual mandatario había asegurado que no permitiría que grupos armados como el EPP le “marquen la agenda”, y para enfrentarlos logró que el Congreso Nacional modifique la Ley 1337/99 de Defensa Nacional y Seguridad Interna, para permitir que las Fuerzas Armadas puedan participar de una acción armada interna, integrando la Fuerza de Tarea Conjunta junto con la Policía Nacional para combatir a los presuntos guerrilleros. Para ello, además, se decretó el estado de excepción en tres departamentos del país: San Pedro, Concepción y Amambay.
Hasta ahora, sin embargo, lejos de poder lograr la captura de los principales miembros del EPP, o su debilitamiento como grupo armado criminal, las FTC solo han demostrado su ineficacia en cuanto a ofrecer resultados. El grupo armado mantiene en cautiverio por largo tiempo a dos personas y acaba de sumar a un tercer secuestrado, en este caso un adolescente, hijo de una familia de esforzados colonos agricultores inmigrantes.
Este nuevo golpe del EPP solo refuerza la imagen de ineficacia que rodea a la acción de las FTC, y que por ende alcanza al Gobierno. Sobre todo, porque desde que fueron creadas hace casi 3 años, las FTC ya costaron al país 29.051 millones de guaraníes, unos 5,1 millones de dólares al cambio actual, sin olvidar las graves acusaciones sobre presuntas violaciones cometidas contra los derechos humanos de la población civil durante sus actuaciones, según informes de un organismo estatal, como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).
Actualmente, la prioridad es lograr la liberación de Franz Wiebe, así como de Edelio Morínigo y Abrahán Fehr, pero probablemente también se debe replantear la política oficial ante la acción de los grupos armados ilegales como el EPP. De lo contrario, seguiremos lamentando más secuestros y víctimas de la violencia criminal.
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¿El fracaso de la FTC o el fracaso del EPP?
21 Ago 2016
La propuesta de un sector político minoritario de eliminar la FTC, por haber fracasado en el combate contra el EPP, con un alto costo para el Estado paraguayo, es evidentemente un hecho político, en el peor sentido de la palabra: es decir, que no tiene que ver con la realidad, sino con la lucha electoral: debilitar al gobierno dentro del panorama electoralista que ya se ha armado de cara al 2018, sin importar los años que quedan de por medio antes de las próximas elecciones nacionales, y tal vez más grave, la propuesta de justificar a un grupo armado contra el Estado paraguayo, y, dadas las últimas operaciones del supuesto ejército popular, de torturar y aterrorizar a la población más indefensa.
Es decir que el sector político que ha disparado la evaluación y el proyecto de disolver la FTC no está pensando ni trabajando sobre la realidad actual, sino sobre intereses que tienen que ver con la contienda electoralista, que no habría que considerar como política, pues se supone que la política nacional debe establecer objetivos y propuestas con mayor seriedad y altura de objetivos en aras de mejorar la calidad país y de los ciudadanos. Y, sobre todo, por los que están siendo sojuzgados y abusados por grupos delincuenciales.
Lo grave es que, entre intereses políticos y tendenciosidades sectarias, se tergiversan los hechos y se manipulan informaciones e instituciones, incluso lamentablemente la propia Pastoral Social.
La primera es la del fracaso de la FTC contra el EPP, una confrontación que, más aguda que en la realidad, es en la propaganda mediática.
Se cuestiona el fracaso de la FTC por no haber aniquilado al EPP, crítica que proviene ahora, principal y oficialmente, de un partido político cuyo presidente fue ministro en una de la etapa más importante de la lucha “Estado versus subversivos”, supuestamente. Es decir que no logró ni siquiera se propuso, ya que considera en declaraciones públicas su tarea como exitosa, la anulación del grupo paramilitar, hasta se jactó de los escasos resultados efectivos” que tuvo en el combate, sin poder “derrotarlo”.
Veamos el tema desde el otro lado del fracaso de la FTC, considerado como un hecho inapelable, porque hay tres secuestrados, teniendo en cuenta la cómoda situación del EPP, que no es un grupo militar en combate, sino una fuerza irregular que no actúa sistemáticamente sino opcionalmente, y cuyo punto de mira ha bajado ostensiblemente: de intentar secuestrar y expropiar a “oligarcas” y terratenientes a convertirse en un grupo de cuatreros que secuestra y extorsiona a gente humilde, a trabajadores, a pequeños productores; en fin, delincuentes comunes actuando en una zona amplia y con escasa presencia del Estado, salvo la FTC. Retirar a esta fuerza sería regalarles el territorio.
Los que cuestionan el resultado de la lucha contra el EPP plantean que hay “una guerra”, entre el pequeño grupo de secuestradores y el Estado paraguayo, que es lo que quieren los delincuentes, es decir, ser considerados como “combatientes”, cosa que hasta ahora no han podido demostrar, ya que no combaten contra el Estado, sino contra la gente indefensa.
Es el EPP el que está fracasando, gracias a la instalación de Estado en el Norte: comenzó con la pretensión de golpear y aterrorizar en la capital y fracasó… se retiró a una amplia zona del interior donde puede moverse con comodidad, pasó de atacar a los “oligarcas” para terminar cebándose en policías y en la gente del pueblo.
La fuerza del EPP no está en la lucha popular, sino en la propaganda, desarrollada por los que predican el fracaso del Estado paraguayo, incluso desde las instituciones estatales, piden el retiro de la FTC, un fracaso político hasta el momento por su escasa y hasta negativa proyección política, que hablan como fantasiosa contrapartida, del éxito de un grupo de delincuentes que actúan cómodamente, como tantos otros, en base a la falta de presencia del Estado. Y ahora quieren que haya menos control, para darle más fuerza.
Las voces populares, incluso las de las víctimas, reclaman que la FTC permanezca. Los que reclaman que se vaya son los que pretenden que el EPP gane espacio político, el que no ha podido lograr con la vil industria del secuestro.
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Con el EPP no se juega
22 Ago 2016
Por Augusto dos Santos
El abordaje del tema del EPP es un ejemplo emblemático de cómo se gastan horas en debates que no sirven para nada. Todos los gobiernos del Paraguay desde Nicanor hasta Cartes fracasaron, al menos hasta hoy, en la lucha contra el EPP.
Lo curioso es que todos los que fracasaron terminan convirtiéndose en una especie de catedráticos en la lucha contra el EPP. Un ejemplo impresionante es el Gral. Benítez, ex comandante de la FTC, que hace un tour semanal por las radios enseñando cómo hay que derrotar el EPP, luego de fracasar él mismo en la derrota del EPP.
Pero una cosa es utilizar los medios para la guerra mediática y la liturgia de visibilidad y otra cosa es cuando se encaran acciones que por su irresponsabilidad pueden poner en riesgo la vida de la gente.
En este último capítulo se inscribe la iniciativa de una audiencia pública planteada en la zona de influencia del EPP en la que congresistas plantean preguntar a la gente qué opinan sobre las fuerzas que luchan contra el EPP. La iniciativa o es estúpida o es mal intencionada o es sencillamente irresponsable: ¿quién en su sano juicio diría: “yo quiero que la FTC siga en combate”, entre los vecinos de una zona dominada por el terror del EPP?
Y no es un dato pintoresco, es un dato peligroso, porque ¿quién garantiza la vida de algún vecino que quiera testimoniar en favor de la FTC?
Aquí es donde alguien puede decir que estamos asumiendo que hay territorios del Paraguay que están dominados por fuerzas irregulares. Pero por supuesto. Y no solo del EPP. Las mafias también y desde hace décadas.
Si los congresistas quisieran aportar, quizás con un perfil menos espectacular, podrían desarrollar un sondeo de opinión, con una de estas empresas que lo hacen con seriedad; visitando a las familias solicitándole su opinión y su testimonio anónimo. ¿Pero para qué exponerlas en la boca del lobo?
Tenemos que aprender a no mezclar el delicado tema del EPP con el juego político. Los asesores de Cartes lo engañaron al no dimensionar la fuerza del EPP y al provocarle al discurso inaugural sobre que el EPP no le marcaría la agenda. Como en el gobierno de Lugo anunciaron que le pisaban los talones y como cuando Franco dijo que lo traerían del jopo. En realidad, los gobiernos de este país nunca le dan pelotas a las reglas básicas de la comunicación de crisis; “en crisis nunca anuncies plazos, días, horas, resultados. Solo anuncie certezas”.
Otro error estratégico es no construir un escenario de visibilidad de los esfuerzos que produjeron aun con pequeños y medianos frutos. Al contrario, todo lo que se hizo es medir por la vara negativa a todos. No terminaba de secarse la sangre de los policías muertos tras la visita del Papa y desde el propio Ministerio del Interior ya trascendía que estos uniformados podrían estar vinculados a actividades irregulares. No hay un solo héroe en una década de la lucha contra el EPP. Y en verdad hubo policías muertos y militares muertos en el desempeño del deber, pero nadie recogió sus nombres. ¿Quién querría pelear por una patria que no recuerda a sus luchadores?
Por todo esto, la oposición puede estar por inaugurar un error importante: tratar de debilitar desde la agenda del EPP. Es un tema delicado. Hay demasiado dolor alrededor. Mucha gente muerta, secuestrada. Usar la lucha contra el EPP y sus fracasos puede ser un boomerang que vuelva con un golpe en la cabeza sencillamente porque la ciudadanía sabe que no hay nadie que pueda enseñar cómo hacerlo. Los gobiernos –éste y el que venga– deben seguir probando estrategias. Más temprano que tarde surgirá alguno que lo logre; mientras tanto es claro: con el EPP no se juega.
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Los presos con derechos y los presos sin derechos
La primera en rechazar la eliminación de la Fuerza de Tarea Conjunta, respondiendo a la propuesta del Partido Democrático Progresista, fue la madre del más antiguo de los secuestrados por el EPP, el suboficial Edelio Morínigo, que lleva más de dos años secuestrado.
Con la cordura que le faltó a los proponentes del descabellado proyecto, con la sensibilidad de una madre que lo que quiere es recuperar con vida a su hijo y con el conocimiento y el sufrimiento de la situación en el Norte, la señora afirmó con valentía que va a haber más inseguridad y más y más secuestros y, por si fuera poco, menos trabajo en la zona, factores de importancia capital en una región históricamente abandonada por el Estado, incluso durante el gobierno del que fueron parte los proponentes, como es el caso del ex ministro del Interior Rafael Filizzola, presidente del partido que lanza la propuesta de que el Estado vuelva a abandonar la zona, copada tras largas décadas de ausencia, no solo por el EPP, sino por diferentes organizaciones mafiosas, como los traficantes de rollos, los narcoproductores y los narcotraficantes.
Sin duda, la propuesta de eliminar a la FTC pretende aprovechar la lucha interna en el Poder Legislativo, y el enfrentamiento de un sector, con el Poder Ejecutivo, para sacar, mezquinamente, alguna ventaja política, anteponiendo el electoralismo a la seguridad de gran parte del país.
Enfrascados en sacar ventaja del río revuelto de esta coyuntura política, anteponiéndola al interés de la mayoría de la población, no han dudado en tratar de “desestatizar” y crear una mayor crisis permitiendo mayor libertad de acción a los delincuentes.
Es razonable que legisladores, políticos y ciudadanos en general muestren su preocupación por los secuestrados y por la situación de inseguridad y que critiquen los resultados limitados de la FTC valorándolos con mayor o menor rigor; lo que resulta incoherente, disparatado y tremendamente irresponsable es que pretendan anular la presencia estatal; dejar la zona de nuevo sin custodia sería todo lo contrario a favorecer a la población norteña; sería favorecer a sus verdugos dejando al EPP y demás grupos delincuenciales con las manos libres y a la población totalmente inerme.
Tan descabellado es el proyecto que no plantea qué hacer como alternativa, simplemente dar cancha libre a los delincuentes.
Y resulta cuanto menos sospechoso que representantes de partidos y autoridades de gobiernos anteriores –que dirigieron la lucha contra el EPP y contaron para ello con recursos extraordinarios– ahora pretendan que el gobierno actual decline su responsabilidad en la lucha contra el terrorismo y la obligación de dar garantías a los ciudadanos.
No es raro que cada día sean más los habitantes de la región, desde los pequeños a los grandes productores, que se estén manifestando en contra, que incluso, afortunadamente para el castigado Norte, haya legisladores que cuestionen la propuesta.
Es más preocupante aún que haya legisladores que pretendan incluso que se libere a presos detenidos por estar sindicados como colaboradores de los criminales, como es el caso del senador Arnaldo Giuzzio que, para justificar su pedido de liberarlos, argumentó la vieja máxima que “más vale mil delincuentes sueltos que un inocente en la cárcel”.
Hay que recordar a los que olvidan –como el ex fiscal Giuzzio, que se supone que está del lado de la ley– que en la cárcel del EPP hay tres inocentes presos, sin acusación, sin juicio, aislados, privados de los más mínimos derechos, robándoles su libertad y sus vidas; que en la zona norte del país hay miles de inocentes amenazados, pequeños y medianos productores como los menonitas hoy extorsionados en una suma millonaria que los puede llevar a la ruina; que los delincuentes, que no son miles, sino unos pocos, gozan de la plata dulce que le roban bajo extorsión a esos trabajadores; y mientras, los presuntos delincuentes vinculados al EPP por los que él ha intercedido están presos con todas las garantías y hasta pueden recibir y mantener entrevistas privadas con los legisladores que van a visitarlos.
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Buenas compañías
22 agosto, 2016
La movilización de los gremios empresariales es un costado sumamente bueno que presenta la irracional “idea” de los colorados disidentes del Senado y su jefa Desirée.
El nuevo palo a la rueda inventado por los -a estas alturas- sediciosos disidentes colorados del Senado y la Multibancada, está desencadenando un efecto boomeran totalmente opuesto al diseñado por los autores del engendro.
Nos referimos al abyecto intento de suprimir la Fuerza de Tarea Conjunta y toda la parafernalia de agitación, audiencias públicas en el norte (donde HC será el culpable de todo), aparte de ríos de papel y tinta, que están corriendo en torno al turbio asunto. La intención es desestabilizar, de violentar, exasperar, ver la manera que el “enemigo” empiece a sudar y a acercarse a pedir tregua y entonces será el momento de hacer la “entrada triunfal en la historia de la reconciliación partidaria” y reclamar todos los derechos para la candidatura presidencial de “Marito” para el 2018.
Esa es la idea de fondo. Pero nada está saliendo como se lo proponen.
Hasta la madre de Obdulio, quien pobrecita, podría tener motivos para estar en contra, dijo que la salida de la FTC sería sumamente contraproducente para la seguridad de la región.
Pero ocurrió con el tema algo aún más llamativo. El Gobierno a fuerza de hacer bien los deberes, evidentemente se ha ganado la confianza de los taciturnos gremios empresariales y de la producción de todo el país. Es así que salieron de su rutina de temas que solamente les interesan a ellos y se pronunciaron firmemente en torno a este asunto. Primero fueron a demandar un poco más de objetividad a la jerarquía católica, que siempre está metiendo la pata y las manos, sin la información adecuada, dando lugar a ciertas tendencias que existen dentro de la Santa Madre. Sus representantes están operando descaradamente a través de todas sus oficinas de Pastoral Social en el norte del país, en favor de los propiciadores de la descabellada iniciativa.
Increíblemente, siempre la Iglesia apoya a los jefes de la izquierda violenta, aquellos que propugnan la perimida lucha de clases, etc. Por supuesto, al infame Lugo, a muerte y a todos sus ahijados. Se utilizan los altares, los templos, las organizaciones laicas, etc. Algo que realmente da pena con la Iglesia Católica Paraguaya, si no fuera para llorar.
Luego fueron directamente al Parlamento donde encararon al titular del Congreso, Robert Acevedo, demandándole lo mismo. Más seriedad en el tema, que por vendetas políticas, no se puede arrojar a la basura el esfuerzo de todo un país. Una locura.
De manera que la movilización de los gremios empresariales es un costado sumamente bueno que presenta la irracional “idea” de los colorados disidentes del Senado y su jefa Desirée.
Finalmente, pero sin exagerar, se les podría pedir a estos señores de las fuerzas vivas, quizás un mayor compromiso con los esfuerzos oficiales en beneficio del trabajo y el progreso, empeñando quizás algún tipo de fondos para apuntalar los escuálidos recursos presupuestarios del gobierno.
De pronto, la administración pública está demasiado sola en el esfuerzo por levantar el país. La compañía que mencionamos es buena. Pero podría ser mejor.
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Más que eliminar a la FTC hay que controlar su acción
Las exigencias de varios grupos de pobladores de disolver a la Fuerza de Tarea Conjunta –establecida en la región Norte para combatir a los grupos armados como el EPP y la ACA– encuentran fundadas razones en varias denuncias presentadas y hasta ahora no aclaradas. Sin embargo, dejar a la zona sin protección no es la mejor opción. Lo que se requiere es transparentar la acción de la FTC, ejercer un estricto control sobre sus operativos, que rindan cuenta sobre el dinero que se gasta y que se investiguen las denuncias sobre presuntos abusos cometidos, sancionando a quienes resulten responsables y, más que todo, exigir que su actuación ofrezca los resultados esperados de acabar con la inseguridad.
Se ha desatado un fuerte debate en la zona Norte del país sobre la posibilidad de derogar la ley que creó la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), integrada por policías y militares, para combatir a grupos armados como el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y la Agrupación Campesina Armada (ACA), principalmente en San Pedro y Concepción.
La principal crítica proviene de la Pastoral Social de las diócesis locales y de grupos de pobladores afectados, que sostienen que los militares y policías han incurrido en varios abusos y violaciones de derechos humanos contra asentamientos campesinos, y que no han arrojado resultados que contribuyan a la seguridad, como la desactivación de los grupos armados, que a la fecha mantienen a tres personas secuestradas.
Por su parte, directivos de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) vienen realizando campañas, oponiéndose a una eventual eliminación de la FTC, con el argumento de que la misma brinda tranquilidad a los estancieros y productores ganaderos y que su eventual retiro significaría dejarlos nuevamente librados a los criminales.
La situación merece un análisis más a fondo por parte de organismos del Estado, especialmente a nivel legislativo, antes de asumir alguna acción que pueda afectar aun más a los sectores en conflicto.
Hasta ahora, la mayoría de las evaluaciones sobre el accionar de la FCT son principalmente negativas. Además del pronunciamiento de la Pastoral Social, hay un informe oficial del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura (MNP), organismo del propio Estado paraguayo, que en su informe anual de 2014 señaló que personas adultas y menores de edad murieron baleadas durante un operativo en Kurusu de Hierro, en circunstancias en que se violaron todos los protocolos.
A pesar de que el informe fue entregado al Poder Legislativo, a la Fiscalía y al Poder Judicial, no mereció ninguna investigación seria. En abril de 2015, el Subcomité para la Prevención para la Tortura de las Naciones Unidas reclamó por estos mismos casos y exigió al Estado paraguayo investigarlos debidamente.
Aún con todas las críticas que existen, dejar a la zona sin protección no es la mejor opción. Es más aconsejable transparentar la acción de la FTC, ejercer un estricto control sobre sus operativos, que se rinda cuenta sobre el dinero que se gasta y que se investiguen las denuncias sobre presuntos abusos cometidos, sancionando a quienes resulten responsables.
Por sobre todo, corresponde exigir que la actuación de la Fuerza ofrezca los resultados esperados de acabar con la inseguridad, logrando la liberación de los secuestrados, cuyo regreso es lo más aguardado por sus familiares y por toda la ciudadanía.
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