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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

Urge la racionalización del gasto público en servicios personales

Las proyecciones macroeconómicas muestran un panorama no muy alentador para los meses venideros y, probablemente, los próximos años. Esto se concluye del creciente déficit público que, junto con una desaceleración económica, ponen a la economía nacional, y sobre todo a las condiciones de empleo y pobreza y los indicadores de ingreso, en una situación sumamente complicada, con alto riesgo de verificar retrocesos.

Frente a una coyuntura nada alentadora, el Gobierno debe empezar a dar claras señales de la forma en que va a enfrentar la desaceleración económica y el déficit público. Aun con la falta de datos actualizados sobre la ejecución presupuestaria de gastos e ingresos, la poca información disponible da cuenta de que las proyecciones del déficit público no se cumplirán.
Además hay resistencia desde muchos sectores de aumentar los impuestos internos para financiar dicho déficit. Por un lado, la sociedad en general sabe que con la estructura tributaria actual, un aumento generalizado en cualquier impuesto indirecto sin la debida atención a quién paga dicho tributo generará una mayor injusticia tributaria. El déficit terminará siendo pagado con el mayor esfuerzo de los más pobres y de la clase trabajadora de menores recursos.
Por otro lado se encuentran quienes a pesar de haberse enriquecido mucho más que el promedio nacional con los muchos años de crecimiento económico, se niegan a contribuir solidariamente con el Estado paraguayo a través de impuestos directos.
En un contexto como este, el Gobierno se encuentra en una difícil situación a la hora de financiar el déficit de manera genuina. No hay opciones intermedias. O termina sacrificando nuevamente a la mayoría de la población que siente poco los beneficios del buen desempeño económico o deberá lidiar con un minoritario pero poderoso sector económico.
La otra solución es la urgente racionalización del gasto público en servicios personales. Ante la imposibilidad de recaudar más, es necesario no solo no seguir aumentando el gasto en recursos humanos, sino también reducirlo.
Dado el prebendarismo político/partidario que cotidianamente vemos en el acceso y las promociones en el servicio civil, un aumento del gasto en salarios y otras remuneraciones no redunda en beneficio de la ciudadanía, por lo que una reducción del déficit dándole un corte a esta situación beneficiará al país.
El freno a la desaceleración económica debe sustentarse en el uso de los recursos disponibles para infraestructura. Este Gobierno tiene más recursos financieros públicos y posibilidad de recurrir a fondos privados a través de las APP como ningún otro gobierno. No hay excusas para no lograr mejores resultados macroeconómicos que en el pasado.

Urge la racionalización del gasto público en servicios personales

 

Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

5 comentarios en “Urge la racionalización del gasto público en servicios personales

  1. Aguinaldo extra

    Solamente en el primer semestre de este año, el Estado destinó al “aguinaldo extra” o “gratificación” –un eufemismo para disfrazar el pago de un premio que no corresponde, o por lo menos no a todos– USD 4,4 millones a funcionarios de once instituciones. Si el resto de las 93 entidades estatales que someten a consideración del Congreso Nacional su presupuesto pagó, no se sabe.

    Encima, entre este mes y el próximo varias instituciones volverán a pagar ese “aguinaldo extra”, con base en un artículo de la ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación.

    Es tan perverso este sistema que el año pasado, el Ministerio de Hacienda pagó este “aguinaldo extra” a sus “planilleros vip”, un grupo de funcionarios “comisionados” a realizar labores desde sus casas, tras suprimirse las oficinas alquiladas por la cartera fiscal para el personal sin función específica. El pago del “aguinaldo extra” es un mal que se repite año a año, sin que el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo se atrevan a suprimirlo.

    De hecho, el proyecto de Presupuesto 2017, en el artículo 42, contempla que “los organismos y entidades del Estado (OEE) no podrán asignar más de dos gratificaciones anuales o premios al personal por servicios o labores realizadas, a mejor o mayor producción o resultados de la gestión administrativa y financiera u otros indicadores de gestión institucional”. Agrega que “los mismos no serán superiores al equivalente a un mes de sueldo, y se asignarán conforme a las disponibilidades de créditos presupuestarios y al resultado de una evaluación de desempeño individual con criterios cuantificables”.

    Hacienda prometió que a partir de octubre de este año pagará este premio a sus funcionarios con base en una serie de requisitos (llegadas puntuales, calificación de superiores, entre otros), pero es una medida aislada y no una decisión gubernamental.

    Mientras que en el sector privado, el pago de premios se realiza solo cuando se registran utilidades (ganancias), en el sector público no se aplica esta regla, pues los criterios son políticos.

    Si bien se avanzó en transparentar los datos públicos y se conoce la asignación salarial de los funcionarios estatales, los poderes del Estado se mostraron hasta el momento incapaces de controlar la calidad del gasto público y continúa la dilapidación de los recursos.

    Ahora que el proyecto de Presupuesto es estudiado en el Congreso, sería justo que los parlamentarios den el paso que no se atrevió a dar el Ejecutivo y suprimir o restringir el pago del “aguinaldo extra”, y reorientar los fondos asignados a este beneficio a salud, educación o seguridad. Es justo premiar a quienes laboran con honestidad y patriotismo, pero es una burla para los contribuyentes extender este beneficio a planilleros, amantes vip y a simples calientasillas.

    Por Wendy Marton

    http://www.ultimahora.com/aguinaldo-extra-n1024497.html

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    Publicado por Anónimo | 21 septiembre, 2016, 7:14 am
  2. Capital humano

    La misión ineludible de todo Estado moderno debe apuntar a garantizar que cada uno de sus ciudadanos tenga acceso a condiciones de vida que garanticen un desarrollo digno de la persona.
    Alimento, techo, vestimenta, atención de la salud, educación y trabajo deben ser objetivos primarios para cada Gobierno que, a su tiempo, se ocupe de la administración de la cosa pública. A ese compromiso debe atender su política de ingreso mínimo cuidando que el mismo sea coherente con el verdadero costo de vida básico, evitando desfasajes que atenten contra el deterioro de la calidad de vida de la población. En términos generales, todo lo antedicho debe englobarse en el capítulo de política social que no debe faltar en ningún gobernante, sea cual fuere su orientación ideológica.

    De allí en más, cada edición del plan nacional de desarrollo a que obliga la Constitución en su artículo 177, debe apuntar casi obsesivamente a la formación de capital humano como método para elevar la calidad del empleo y, por ende, del ingreso. La versión 2030 de dicho plan, puesto en marcha el 16 de diciembre de 2014, señala lo siguiente en el capítulo destinado a competitividad: “A nivel mundial, Paraguay se ubica en el puesto 118 dentro de 148 economías mundiales según el Índice de Competitividad Global y 109 entre 189 en el Índice DBI o Ease of Doing Business Index del Banco Mundial. Las restricciones más importantes se relacionan con el alto nivel de corrupción, la inadecuada preparación de la mano de obra, una burocracia ineficiente…”. Pongamos atención en el ítem “inadecuada preparación de la mano de obra” que cita el plan formulado por el Gobierno de Horacio Cartes. Una medición publicada por 5días, extraída de un informe del Foro Económico Mundial, nos ubica entre los tres últimos países latinoamericanos en cuanto a la formación de capital humano. ¿Qué debe entenderse por este concepto? Para que el capital humano adquiera valor -es decir, demuestre capacidades y preparación para funciones específicas-, la calidad de la formación es un factor clave. Ninguna actividad, ni pública ni privada, puede alcanzar los niveles de productividad deseados si el capital humano falta a la cita o exhibe una formación deficiente o inadecuada.

    Hoy, las empresas que están en plan de instalarse en el país –ya sean de capital local o extranjero- tienen dos caminos para integrar sus plantas fijas de personal: “robarlo” a otras empresas ofreciéndoles remuneraciones imposibles de superar; o bien, como está haciendo la mayoría, capacitar a sus candidatos en mano de obra calificada, “competencias blandas” (soft skills) y mandos medios, procesos que deben incluir en sus costos de arranque para garantizar un piso de productividad sobre el cual crecer. Erróneamente, a veces, se sale a ofrecer al Paraguay como el país de la mano de obra barata. Esa característica no le sirve a nadie. Es hora de reemplazar ese concepto arcaico por el de capital humano. Pero antes, desde luego, hay que formarlo.

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    Publicado por Anónimo | 12 septiembre, 2016, 10:46 am
  3. Obsceno

    Por Benjamín Fernández Bogado
    Los salarios del sector público hace rato superaron a los proveedores de esos recursos: el empleado privado e incluso el cuentapropista.

    Además, tienen ventajas. Si trabaja en los entes descentralizados paga la mitad del uso eléctrico o de agua. Son “derechos ganados” dicen, aunque sean injustos. En un país de alta inequidad, el vivo vive del zonzo y el zonzo de su trabajo. Así se ha concedido dinero por presentismo, por tener hijos, por título académico, por responsabilidad (sic) en el cargo, tienen un mes de vacaciones desde el primer día que son nombrados y un sinnúmero de privilegios irritantes para un Estado paraguayo altamente ineficaz y corrupto.

    Este Gobierno dijo que vino para corregir esto, hoy podemos decir que el Nuevo Rumbo es historia.

    Cinismo. La madre de todas las batallas se ha perdido desde el inicio, y hoy solo cuesta exponer la realidad con cinismo, como recientemente lo hizo el ministro Peña, afirmando que los tres aguinaldos continuarán, al tiempo que afirmaba que el déficit del Estado seguía subiendo, y que el próximo presupuesto prevé una colocación de bonos de 500 millones de dólares para seguir bicicleteando la deuda.

    Por un lado, los privilegios no se recortan, la matriz salarial se convierte en una bomba de relojería que explotará sobre la ya deficitaria caja de jubilados, que en conjunto, en el sector público ya arrastra un déficit de 14.000 millones de dólares, y sus futuras víctimas no sienten el calor que sube al calentarse el agua en que serán cocinados próximamente, aunque estén contentos con los tres aguinaldos y el presentismo que reciben como sobresueldos.

    Alguien debe poner coto a esta obscenidad.

    Es injusto, inmoral y dañino para todos. O corregimos esta seria distorsión, o el costo sobre el presente y futuro del país será grande.

    Los privilegios. Para los circunstanciales beneficiarios de estos privilegios puede parecer un despropósito este planteo, pero si salen a la calle verán que esos recursos injustos recibidos de nada sirven cuando la delincuencia, inseguridad, aumento de la pobreza y marginalidad los amenazan por igual, a pesar de los “derechos adquiridos” que argumentan cada vez que se les espeta la injusticia de esos beneficios.

    La brecha. Así como cuestionamos la ausencia de servicio, amor, entrega de la sociedad en su conjunto, sus consecuencias negativas las vamos a sufrir los privilegiados y los no.

    La brecha nos consumirá a todos por igual y de nada valdrá una matriz salarial equiparada por lo alto si seguimos teniendo un Estado incompetente que no garantiza ni educación ni salud para nadie.

    Peña debe sincerarse cuando habla y decirnos cuál es el verdadero ministro de Hacienda.

    El que nos dice que estamos en déficit y por eso sigue endeudando al país, o el que dice que vivimos de maravillas y que la fiesta del despilfarro debe seguir en forma de tres aguinaldos, presentismos, vacaciones, hijos y diplomas.

    Total si él se queda a vivir aquí padecerá igual sus consecuencias como todos.

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    Publicado por Anónimo | 12 septiembre, 2016, 10:30 am
  4. Que pongan los 28 millones

    Para tener una idea de cierta clase de dirigencia política instalada en la función pública en el Paraguay, tomemos como ejemplo la ciudad de Villa Elisa. Allí, su intendente municipal, un señor de nombre Ricardo Estigarribia –no importa la fracción política a la que responda-, decidió decretar asueto municipal el miércoles 10 de agosto, medida que al parecer fue acompañada con entusiasmo por la junta municipal.

    Veamos primero cómo define la Academia la palabra asueto: “Interrupción temporal por descanso del trabajo, los estudios u otra actividad habitual, especialmente si dura un día o unas horas”. La razón de tan flagrante holganza, cierto partido de fútbol que debía jugarse a las 20.00 del día de marras. Al parecer, era de la más estricta prioridad que el personal municipal, in totum, desde el intendente hasta la última limpiadora, se concentrara en tan delicado propósito: esperar un partido de fútbol.

    Más allá de la anécdota, que sirve de didáctico ejemplo de la baja calidad de la gran mayoría de las administraciones municipales, vayamos a los números. Sería interesante que los ciudadanos de Villa Elisa se preguntaran cuánto les cuesta este día de municipal haraganería. ¿No lo hicieron? Bien, aquí va una ayuda.

    La Municipalidad de Villa Elisa tiene un intendente municipal, doce concejales y un plantel de unos 300 funcionarios que en total cuestan por año G. 7.400 millones, alrededor de G. 100.000 en impuestos municipales a cada uno de los 76.000 villaeliseños (si se nos permite el gentilicio). Y eso sólo en salarios. Los demás gastos como agua, luz, teléfonos y la eventual inversión en obras, deben ser considerados aparte y que también salen de los impuestos que pagan los habitantes de la ciudad. Pero, concentrémonos en los gastos salariales. El intendente municipal gana al año G. 308.000.000 y los 12 concejales, G. 2.100.000.000. La ciudad mantiene, además, 23 directores municipales que se llevan al cabo de doce meses -más aguinaldo- G. 794.000.000. Unos 290 funcionarios de diversas categorías trasiegan, en igual periodo, otros G. 5.850.000.000 de las arcas comunales. Si consideramos que los municipios trabajan un total de 264 días al año, es de la más sencilla matemática saber que un día de funcionamiento municipal le cuesta a cada villaeliseño unos G. 28 millones …, sólo en salarios, insistimos. Así que si el señor Estigarribia y los doce que lo acompañan quieren poner las cuentas en orden, que paguen de su bolsillo –y de los demás funcionarios municipales- el día de farra que se auto dedicaron para ir al fútbol. Pero del bolsillo de 76.000 villaeliseños, no.

    Este es un sencillo ejercicio contable que cada habitante del Paraguay debiera hacer cada vez que un intendente, un gobernador, un ministro o presidente deciden holgazanear por cuenta del contribuyente. A diario ya lo hacen, por lo general. Pero además, “asuetear” por cualquier ridiculez, ya es intolerable.

    http://www.5dias.com.py/48890-que-pongan-los-28-millones

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    Publicado por Anónimo | 13 agosto, 2016, 4:17 pm
  5. El país es un verdadero “Edén” para muchos funcionarios públicos

    De acuerdo con los preceptos constitucionales, los funcionarios públicos están al servicio del país. Desde el punto de vista laboral, los trabajadores del sector público “deben gozar al igual que los del sector privado, de todos sus beneficios laborales y no debe haber exclusiones”. Pero en la práctica la política salarial del Estado ha ido más allá de esa equiparación, hasta el punto de que los funcionarios gozan hoy de unos beneficios considerables bajo la figura de las “remuneraciones extraordinarias”, que los trabajadores del sector privado solo pueden envidiar. En otros términos, no solo han conquistado el derecho a sindicalizarse y a declararse en huelga, sino también el de apropiarse de una buena parte de los ingresos del fisco: el 72% de la recaudación se destina al pago de los llamados “servicios personales”.
    La Constitución rige desde el año 1992, pero en todo este tiempo no se pudo desmantelar la desigualdad de trato que el Estado otorga a los funcionarios por las más diversas razones, ocasionando de hecho la existencia de ciudadanos de primera y de segunda.
    Con base en las presiones de los sindicatos que realizan constantes movilizaciones programadas y amenazas de todo tipo con tal de lograr sus objetivos, los Gobiernos fueron fortaleciendo los privilegios de los trabajadores del sector público, hasta el punto de que los paraguayos son, en términos relativos al ingreso per cápita, los mejor retribuidos en América Latina, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo.
    Es deseable que todo trabajador, sea público o privado, acceda a una buena base salarial, más los beneficios legales. Sin embargo, el caso es que estamos frente a una situación donde “la patronal” de los funcionarios públicos es el país, tal como lo consigna la Constitución cuando se refiere a la naturaleza de la función pública. El empresario puede otorgar a sus empleados los salarios y las gratificaciones que crea convenientes, pues al fin y al cabo el dinero es suyo. En los organismos estatales, sin embargo, se maneja dinero público y, en consecuencia, quien lo administra está obligado a hacerlo responsablemente, sin incurrir en derroches al solo efecto de granjearse la simpatía de los subordinados o de evitar los problemas que puedan crearle.
    En su proyecto de presupuesto del año en curso el Poder Ejecutivo había propuesto destinar 1,26 billones de guaraníes (US$ 225 millones) a bonificaciones y gratificaciones del sector público, lo que denotan la predisposición política al derroche y la voluntad de ser complaciente con el dinero ajeno. No debe creerse, desde luego, que los funcionarios vayan a esforzarse más para merecer las gratificaciones, ya que lo consideran un sobresueldo normal, que debe abonarse cualquiera sea su rendimiento.
    La política clientelar y prebendaria que sigue caracterizando al Estado paraguayo y que se traduce en un desequilibrio presupuestario y otorga un privilegio indebido a unos funcionarios que tienen la suerte de estar instalados en ciertas entidades muy generosas, golpea a la población en general que, además de financiar el festival de repartos, debe sufrir las consecuencias directas de una baja inversión social para mejorar la salud, la educación y otros servicios ofrecidos en pésimas condiciones por el Estado a los sectores más carenciados de la población.

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    Publicado por Anónimo | 10 agosto, 2016, 11:03 am

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