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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

Atrapada en una trama perversa

De un tiempo a esta parte, la violencia e impunidad han ido escalando en el país frente a un sistema de justicia atravesado por la corrupción y manejado a gusto y placer por la dirigencia política.
Se ha vuelto usual ver a candidatos a jueces, fiscales o miembros de Corte haciendo pasillo esperando ser recibidos por senadores, diputados o autoridades partidarias, con el objetivo de asegurar que al menos serán incluidos en las ternas de candidatos. Después se inicia una segunda ronda para lograr la bendición y ser designados. Se crea así un sistema que funciona exclusivamente de acuerdos a las necesidades políticas y solo ocasionalmente en función a cuestiones jurídicas.

En ese esq uema no resulta raro que las causas abiertas contra parlamentarios o autoridades partidarias lleven años en el Poder Judicial para finalmente ser archivadas. Es la impunidad en su estado más puro.

Algunos pretenden justificar el modelo alegando que el sistema de selección es el causante del vicio judicial. Que cambiando el sistema para escoger a jueces todo se resolverá. Sin embargo, la realidad muestra claramente que el problema no pasa necesariamente por el sistema de selección. Existe algo mucho más profundo. Es un juego de intereses de doble vía donde los jueces se prestan a maniobras para mantener sus cargos y los políticos dan su bendición a cambio de beneficios.

No es casual que el pedido de juicio político a tres miembros de la Corte Suprema de Justicia esté parado hace meses en la Cámara de Senadores. Mantener a los jueces de la máxima instancia judicial en sus cargos asegura un poderoso barniz de impunidad y habilita a privilegios en la estructura judicial.

Explica cómo a mitad de semana una cuestionada abogada, salpicada en manejos administrativos poco claros pero con nexos políticos, jure en solitario en presencia del exministro del Interior Rafael Filizzola, procesado, y ante Óscar Bajac, miembro de la Corte enjuiciado políticamente.

O que a mediados de semana, la Sala Constitucional de la Corte integrada otra vez por Bajac junto con César Garay, dos jueces en trámite de juicio político, emitan un fallo pasando por alto la decisión coincidente de dos instancias inferiores para poner al borde de la impunidad al exministro Filizzola, el mismo que tiene a su esposa senadora como una de las más férreas críticas del juicio político a tres miembros de la Corte.

Es la misma justicia que hace unas semanas, resolución de juez mediante, freno temporalmente el traslado de uno de los criminales más temidos que tenía montada toda una oficina en pleno penal de Tacumbú y que en algún momento fue denunciado por recibir a políticos en su lugar de reclusión.

Son los mismos políticos que a inicios de semana se reunieron y creyeron más conveniente acordar que el pedido de juicio político a dos miembros más de la Corte Suprema de Justicia debería ser archivado sin más trámite para asegurar también su propio pedazo en la torta judicial.

Estos son apenas los casos más visibles y recientes que saltan a los medios por el juego de intereses cruzados. Son muchos más los que no se conocen y se negocian a diario en los pasillos del Poder Judicial o en las oficinas de dirigentes políticos.

La justicia es un elemento fundacional en toda organización humana. En gran medida, el éxito del sistema está atado a su buen funcionamiento. Repartir impunidad puede ser el camino para ayudar a algunos amigos a salir de situaciones comprometidas; pero en el largo plazo es la senda para terminar destruyendo la convivencia social porque el problema fundamental no es la corrupción. Lo realmente dramático es la impunidad con que ciertos sectores se manejan.

Por Osmar Gómez

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/atrapada-en-una-trama-perversa-1506010.html

 

Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

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11 comentarios en “Atrapada en una trama perversa

  1. ¿A dónde guía la Guía?

    El tiempo y la paciencia son dos amigos que nunca se llevan muy bien. Y es que en las personas, cuanto más avanza el primero, la segunda tiende a marchar en retirada.

    Tal vez es por eso que los viejos aparentan ser cascarrabias a la hora de las explicaciones y la sabiduría que poseen la entregan como serpentina de alambique de destilación clandestina, en lentas y valiosas gotas.

    La escasez de amabilidad, tan característica en este siglo, hace que intentar obtener información de cualquiera y no solo de los de mayor edad sea una tarea complicada, pues muchas veces las respuestas recibidas son escuetas e insuficientes, así que la mejor opción es recurrir a la buena predisposición y rapidez de Google, aunque a veces tenga también grandes lagunas de ignorancia.

    Por suerte, una de ellas, la que se refiere a las informaciones en el Poder Judicial, hace apenas dos días comenzó a achicar aguas. Es decir, desde el jueves, con la presentación de la Guía Legal, el ciudadano cuenta con una muy interesante aplicación para web y teléfonos inteligentes con la que puede recibir datos sobre trámites, ubicación de sedes judiciales, además tener al alcance servicios básicos como antecedentes, legalizaciones y denuncias.

    Los que ven el vaso medio lleno se muestran felices porque consideran esta app como un avance más hacia la transparencia de un Poder del Estado que desde hace décadas está en deuda en este aspecto; sin embargo para los que ven el vaso medio vacío… bueno, esos viven cuestionándolo todo.

    Para ellos, por ejemplo, la condena que se publicó en los diarios ese mismo día jueves -o sea anteayer- es una aberración, una exageración. Se refieren a los 11 años de cárcel que fueron impuestos a un hombre por robar un celular.

    Según la crónica, Alfonso Torres subió a un taxi el 19 de diciembre del año 2014 y luego de pasar por Acahay y Sapucai, amenazó al chofer y lo despojó de su celular y de la recaudación del día. La anecdótica y pesada condena -justa o no- fue dictada luego de 23 meses de producirse el ilícito, es decir en menos de 2 años. En apenas un año y 11 meses.

    Esta rigurosa sentencia es todo lo contrario a la emanada del mismo Poder Judicial y publicada ayer, o sea nada más al día siguiente de la primera, en la que sin embargo se lee que un ex fiscal, es decir, un ex representante del Ministerio Público, una persona supuestamente honorable, con estudios terciarios y en la que la sociedad depositó su confianza para defenderla a ella y por tanto en favor del sistema judicial, fue condenada a solo 2 años y no 11 como en el caso de Torres.

    Y como cereza de la torta, este hombre de leyes ni siquiera pisará la cárcel, contrariamente al “peligroso” ladrón del taxista que tal vez ni siquiera acabó la secundaria. Este robó un celular y el bolsillo del chofer; el ex fiscal pidió 10.000 dólares, casi G. 60 millones. ¡Cuántos celulares se podrían comprar con ese dinero!

    El Tribunal de Sentencia no fue tan expedito como en el caso anterior. El 9 de agosto del año 2011 se intervino el despacho del ex fiscal. Transcurrieron 63 meses. Son 5 años y 3 meses para llegar a un veredicto irrisorio.

    Tal vez deberían crear otra app, una con mayor tecnología, capaz no solo de indicar dónde quedan las distintas sedes, sino de explicar a los ciudadanos este tipo de determinaciones. No se puede entender por qué los fiscales contra Delitos Económicos y Anticorrupción, encargados de la investigación del caso, solicitaron solo una pena de 2 años y 10 meses de prisión.

    Tampoco se comprende cómo después demostrar con certeza la existencia del hecho punible y la responsabilidad del ex fiscal, apenas reciba 2 años de condena -menos de la solicitada- y sin ir a prisión. Encima, con el agravante de presentar chicanerías, de haberse mantenido prófugo por varios meses, incluso de haber sido declarado en rebeldía.

    El tiempo y la paciencia son dos amigos que nunca se llevan muy bien y las explicaciones de los entendidos, más en este caso, nunca son suficientes o creíbles. Tienen olor a mentiras o a intereses clandestinos.

    ¿Qué app podríamos utilizar para creer en el Poder Judicial si un ex fiscal con estos antecedentes pronto estará de nuevo en el sistema como si nada hubiera pasado?

    Por Alex Noguera

    ¿A dónde guía la Guía?

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    Publicado por Anónimo | 2 noviembre, 2016, 5:48 am
  2. Tecnología y sistema judicial
    16 Oct 2016

    La forma que en los estamentos del Gobierno administran y gestionan sus procedimientos internos ha cambiado de manera radical con la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). El uso de estas herramientas no solo agiliza o abre un canal de interconexión más fluida con la ciudadanía, sino que también ofrece una sensación de transparencia.

    Agilidad y transparencia son términos que parecen disociados cuando toca analizar el sistema judicial paraguayo. La percepción generalizada, no con justificada razón, es que los tribunales de nuestro país son corruptos, no son expeditivos, y están basados en gran parte en el viejo esquema de expedientes físicos o impresos cuyo extravío, accidental o deliberado, representa un enorme problema en cualquier causa que se impulse en el Poder Judicial.

    Buscando revertir este inconveniente que arrastra desde hace décadas, apoyado en las ventajas que ofrece la tecnología, y de cambiar la percepción ciudadana, la Corte Suprema de Justicia ha implementado de manera experimental el expediente electrónico en dos salas del fuero civil, con el claro objetivo de disminuir la mora judicial que permita, a su vez, la agilización de los procesos.

    Sus propulsores han identificado numerosas ventajas entre los que se encuentran la imposibilidad de extravío o hurto del expediente, la consulta online de manera permanente, así como una enorme descongestión de las ventanillas judiciales, un problema recurrente en los tribunales de nuestro país, pero principalmente de transparencia.

    La selección de los futuros magistrados debe estar completamente desligada de influencias políticas o amistades. La capacitación de los actores judiciales debe ser permanente para que no solo sea un incentivo, sino un auténtico aval para ir escalando en base a méritos propios.
    La implementación de los expedientes judiciales es un verdadero desafío para uno de los poderes del Estado más criticados y que menos confianza despierta. No cabe duda que esta iniciativa pretende cambiar la percepción ciudadana, pero lo podrá cumplir en la medida que la agilidad y la transparencia sean los signos distintivos cuando las causas lleguen a su fin.

    Esta pretensión en teoría es loable, pero la tecnología tiene sus limitaciones. Puede ofrecer el mejor soporte en herramientas, en servicios y en la experiencia del usuario con el fin de mejorar la administración de justicia, pero lo que no podrá sustituir jamás son los valores y la integridad que deben poseer los magistrados, así como de los funcionarios que brindan apoyo.

    Por supuesto que esta nueva empresa que promueve la máxima instancia judicial del país es un compromiso positivo, digno de destacar; pero la verdadera preocupación en la que deben estar enfocados los nueve ministros de la Corte es librarse y librar a los magistrados de influencias externas.

    Para ello hay que mejorar el sistema de selección de jueces e insistir con la consolidación de la carrera judicial. La selección de los futuros magistrados debe estar completamente desligada de influencias políticas o amistades. La capacitación de los actores judiciales debe ser permanente para que no solo sea un incentivo, sino un auténtico aval para ir escalando en base a méritos propios y no precisamente a favores de padrinos.

    La dinámica de esta práctica, o de este esquema dentro de la Justicia, es lo que tanto daño ha causado al sistema de nuestro país, es lo que hoy contribuye a relegar y posponer una justicia pronta, barata y, especialmente, justa. Cuando los hechos no se miden con la vara de la Justicia, y sí mediante a intereses ocultos, está en peligro la convivencia o la pacificación ciudadana. Justicia y paz no son valores inconexos, están estrechamente unidos; son valores que constituyen un patrimonio común y que están muy arraigados en la gente.

    Es loable y meritorio este intento de revertir la imagen de un Poder Judicial apelando a un nuevo modelo de gestión y administración, pero no hay que dejar de remarcar que el verdadero cambio, la ruptura del molde, vendrá solamente con un profundo cambio de los valores y de la integridad ética y moral de los jueces y magistrados electos en los próximos años.

    Hoy tienen la herramienta, solo hay que insistir en la integridad.

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    Publicado por Anónimo | 21 octubre, 2016, 4:20 pm
  3. La Corte debe sancionar las chicanas de los políticos

    Lejos de ser ejemplos de ciudadanos que actúan de buena fe, los políticos procesados por la Justicia son los primeros en recurrir a maniobras para dilatar sus causas y así llegar a una extinción o prescripción. El caso más emblemático es el del senador colorado Víctor Bogado, acusado de haber mentido y utilizado sus influencias para que Gabriela Quintana, la supuesta niñera de oro, obtenga un doble salario del Estado. No es el único congresista que utiliza su poder político para escapar de la Justicia. Los ministros de la Corte no tienen la voluntad política para castigar las chicanas de los poderosos. De esta manera, la máxima instancia judicial se convierte en una cómplice tácita de la impunidad de la clase política.

    Mediante los engaños del senador Víctor Bogado, según la Fiscalía, Gabriela Quintana cobraba sueldos en dos instituciones. La acusación es por cobro indebido de honorarios y estafa. Desde que empezó la causa, Bogado asegura que todo se trató de un “error administrativo” y que fácilmente demostrará su inocencia. Hace años dice ser el más interesado en que la Justicia aclare su situación, pero paralelamente su defensa plantea incidentes tras incidentes para retardar más y más la definición de su caso. El tiempo evidenció el doble discurso del senador.

    A casi tres años de la imputación, el Poder Judicial aún no pudo realizar la audiencia preliminar. Se trata de un momento clave, en el cual un juez debe definir si el caso va o no a juicio oral y público. Hasta ahora, las chicanas de la defensa impidieron que se discuta el fondo de la cuestión: si es verdad que Bogado incurrió en delitos, como lo sostiene la Fiscalía.

    Días atrás, la defensa planteó una acción de inconstitucionalidad en contra de una resolución de segunda instancia que confirmó al juez Óscar Delgado. A partir de este fallo, el magistrado ya debía convocar a las partes para nuevamente intentar realizar la preliminar, pero la maniobra de Bogado volvió a trabar todo. La audiencia ya se paralizó varias veces por distintos motivos, entre ellos recursos planteados por los defensores, cambio de abogados y hasta un reposo médico por “lesión lumbar”.

    Víctor Bogado no es el único congresista que utiliza su poder político para escapar de la Justicia. La lista es larga y, por la frecuencia en que se dieron las imputaciones, seguirá extendiéndose. El senador liberal Enzo Cardozo enfrenta dos procesos por corrupción desde hace casi tres años y hasta ahora no se pudo hacer la audiencia preliminar para el legislador en los procesos. El diputado colorado José María Ibáñez, acusado de pagar con dinero del Estado a empleados de su quinta privada en Areguá, también esquiva a la Justicia hace años, al igual que su colega, también de la ANR, Óscar Núñez, este último procesado por presuntas irregularidades durante su gestión como gobernador de Presidente Hayes.

    La Corte Suprema de Justicia tiene todas las herramientas legales para sancionar a los abogados por el uso abusivo del derecho con el mero fin de ralentizar los procesos. Los jueces poseen las facultades para ejercer el poder de disciplina dentro de las causas. Con tantos políticos dilatando sus casos desde hace años, resulta evidente que los ministros de la Corte no tienen la voluntad política para castigar las chicanas de los poderosos. La máxima instancia judicial se convierte en cómplice tácita de la impunidad de la clase política. Está en los intereses de la Justicia y del sistema democrático revertir esto para que la ley realmente sea igual para todos los paraguayos, más allá de los cargos y el respaldo político.

    http://www.ultimahora.com/la-corte-debe-sancionar-las-chicanas-los-politicos-n1031553.html

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    Publicado por Anónimo | 21 octubre, 2016, 4:20 pm
  4. El poder en la mano del ciudadano

    Un video difundido durante el fin de semana pasado mostraba a un grupo de pistoleros, liderado por el diputado suplente del partido colorado Carlos Rubén Sánchez, alias “Chicharõ”, rodeando a un vehículo en cuyo interior aparentemente estaba una familia. A los pobladores de la zona fronteriza no les resultó extraña la escena porque se sabe que estas regiones están dominadas por la mafia donde los traficantes imponen su ley y donde policías, fiscales, jueces y otras autoridades responden a las órdenes de estos mafiosos.
    Más allá del incidente que ya sabemos quedará impune porque las autoridades seguro que encontrarán algún argumento legal o simplemente dejarán pasar los plazos para que el caso prescriba y quede en el olvido, lo interesante y rescatable del suceso es que los pistoleros retrocedieron al darse cuenta que estaban siendo filmados por mediante un aparato de celular. Salvaron sus vidas gracias al uso de la tecnología.
    En estos días también fuimos testigos de cómo mediante las transmisiones en directo de las manifestaciones protagonizadas por los abogados Jorge Brítez, Celso Miranda y Paraguayo Cubas sus denuncias tuvieron eco a nivel nacional dejando en evidencia la terrible corruptela de los fiscales y jueces de Ciudad del Este, quienes históricamente sometieron a la sociedad a graves injusticias, atrocidades y aberraciones, gracias al padrinazgo, compadrazgo y blindaje político.
    La gente común, afortunadamente va descubriendo que mediante el uso adecuado de la tecnología puede hacer uso de su poder como ciudadano y puede participar y hacer escuchar sus reclamos. Bien utilizada la tecnología se convierte así en una herramienta eficaz para la democracia, porque logra que el ciudadano se informe, participe, combata la injusticia y la corrupción.
    Las autoridades deben entender esta nueva realidad y actuar en consecuencia adecuándose a las nuevas exigencias si pretender administrar el poder. En este nuevo contexto ya no corren las amenazas, las mentiras y el ocultamiento. Es un signo alentador.

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    Publicado por Anónimo | 10 octubre, 2016, 9:33 am
  5. La verdadera selección paraguaya

    Esta semana estuvo cargada de movilizaciones sociales, en el área de educación los alumnos del colegio Atanasio Riera, impusieron sus condiciones a una de las potencias del mundo, la Itaipu Binacional. Contra la misma entidad hubo una manifestación en el distrito de Mbaracayú, por los daños históricos causados a la comunidad, donde varias comunidades quedaron sumergidas bajo el agua con la construcción de la represa.
    En otro panorama observamos la lucha de los enfermeros, para evitar una explotación laboral por parte de los sanatorios privados y públicos, esto además de las precariedades en que deben hacer sus labores. También en el distrito de Presidente Franco, ciudadanos exigieron al Ministerio Público investigar los hechos de corrupción de administraciones anteriores.
    Esta es la verdadera selección paraguaya, que está cansada de las injusticias, de los jugosos salarios a personas que no mueven ni un dedo, de las secretarias vip, y la buena señal que tiene este equipo conformado por varios sectores, es la firmeza en sus peticiones, que no pestañean ante nada, en defensa de sus derechos.
    Si, están y estamos cansados de este panorama desolador de nuestra sociedad, nuestro país necesita de un boom para la cantidad de ciudadanos que están en voz en off, que se encubren dentro del pesimismo, que no mueven ni un dedo para cambiar su entorno o mejorarlo.
    En cada movilización, cual fuere el sector, los organizadores apelan al apoyo de los demás ciudadanos, para unirse a la lucha de un mejor país, pero creo que aún falta una pizca de valentía para tomar el timón hacia un nuevo porvenir.
    Es como aquella frase que una vez leí, “ya no somos izquierda contra derecha, sino los de abajo contra los de arriba”, es decir, los estudiantes están reclamando una mejor educación, los enfermeros mejores condiciones en salud y los ciudadanos para que no impere la impunidad en los casos de corrupción.
    Estos son los tres pilares que conducen a un buen o mal camino a todo país, es decir: Salud, Educación y Justicia, si estos no están en armonía se pierde la tranquilidad de todos los habitantes.
    Esta selección paraguaya es la que busca meter goles a favor de nuestro país, no como otros que hacen un mal pase y entregan en bandeja de plata al enemigo número uno, que es la corrupción de los gobernantes.
    Entonces estamos todos convocadas a integrar esta selección, para cambiar el marcador a nuestro favor y clasificar a un mejor panorama, a salir del fondo de la tabla de posición, para mejorar nuestras condiciones en todos los ámbitos.

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    Publicado por Anónimo | 10 octubre, 2016, 9:32 am
  6. Impunidad, madre de todos los males del país

    El 4 de junio de 2014, el Ministerio Público acusó al senador colorado Víctor Bogado por los delitos de estafa y de cobro indebido de honorarios, que habría cometido cuando presidió la Cámara de Diputados, y en los que también estarían involucrados la “niñera” Gabriela Quintana y el exjefe de gabinete del citado legislador, Miguel Pérez. Esta es la fecha en que ni siquiera se ha abierto el juicio oral, debido a las reiteradas chicanas o maniobras dilatorias del legislador, y a la extrema lentitud de la magistratura.

    El último episodio del sistemático ejercicio abusivo del derecho a la defensa consistió en que el acusado nombró como nuevos defensores a los abogados José González Macchi y Víctor Galeano Perrone, con el evidente objetivo de apartar de la causa al juez Óscar Delgado y, en consecuencia, frustrar la realización de la audiencia preliminar fijada para el 28 de marzo de este año.

    El art. 112 del Código Procesal Penal ordena que las partes litiguen de buena fe, evitando los planteos dilatorios, y prohíbe que designen a apoderados o patrocinantes que obliguen al magistrado a inhibirse por una de las causales previstas en dicho código. No obstante, el acusado logró su propósito, pues el juez Delgado se inhibió tras reconocer la personería de dichos abogados, pese a que el mismo artículo dispone que los jueces cancelen todo nombramiento o patrocinio contrario a la referida prohibición. La semana pasada, al cabo de nada menos que seis meses, la Cámara de Apelaciones, por fin, confirmó al citado juez en la causa, sin ni siquiera amonestar al parlamentario por su evidente mala fe, ni al magistrado por haber ignorado su obligación. Conste que el art. 4º de la Acordada Nº 961/15 de la Corte Suprema de Justicia establece que la falta de ejercicio de las facultades disciplinarias constituirá una falta grave del magistrado. No se crea que ahora ya se podría llevar a cabo la audiencia preliminar, pues seguramente el senador Bogado apelará la decisión de la Cámara ante la Corte, que luego se volverá a tomar un buen tiempo para resolver el recurso. Es vergonzoso que estos trámites dilatorios se produzcan siendo tan claras las disposiciones para evitarlos y en casos judiciales tan publicitados, sin que la Corte Suprema adopte las medidas que correspondan.

    Lo indignante que está ocurriendo en este caso se observa también en otros procesos que afectan a políticos de uno y otro color, como el diputado colorado José María Ibáñez y al exministro de Obras Públicas y Comunicaciones Enrique Salyn Buzarquis (liberal). El primero –acusado el 24 de septiembre de 2014 por los hechos punibles de estafa, expedición de documentos no auténticos y cobro indebido de honorarios– consiguió hasta ahora, mediante repetidas chicanas, frustrar la realización de cuatro audiencias preliminares; el segundo –acusado el 1 de julio de 2015 por los delitos de lesión de confianza y usurpación de funciones públicas– también recurrió a artimañas para impedir que se celebren otras tantas audiencias preliminares. Es decir, tampoco en estos casos se ha llegado a iniciar el juicio oral, por la simple razón de que la magistratura es de lo más complaciente con los litigantes que ostentan algún poder político y que, como se saben culpables, solo buscan que sus respectivas causas se extingan por el paso del tiempo.

    En realidad, para ellos no rige el art. 114 del Código Procesal Penal, según el cual los jueces podrán sancionar hasta con cien días de multa cuando se compruebe la mala fe o se litigue con temeridad, ni tampoco la Acordada antes referida, que la Corte creyó oportuno dictar cuando las sucias maniobras dilatorias de esos personajes ya estaban resultando demasiado notorias. Pero no hay que engañarse: la máxima autoridad judicial, sobre la que recae en última instancia la responsabilidad por las escandalosa dilación de los procesos, nunca se ha ocupado de velar por su aplicación. Se limitó a sancionar la Acordada al solo efecto de calmar de alguna manera la indignación ciudadana ante el escarnio al que los políticos corruptos y los magistrados complacientes someten a la administración de justicia. Es la muestra más palpable de que en nuestro país no existe la igualdad de acceso a la justicia, de la que habla el art. 47 de la Constitución: los delincuentes de guante blanco, dotados de poder político o económico, pueden burlarse de ella impunemente, sin que la Corte se inmute. De esta forma, no fue ninguna sorpresa que una auditoría ordenada por ella misma en 2015 haya comprobado que las audiencias preliminares se “suspenden” sobre todo en los procesos abiertos a políticos, a narcotraficantes y a personas adineradas.

    El dinero mal habido puede obrar milagros en el Poder Judicial y, de paso, burlarse cruelmente de la ciudadanía esquilmada, ante la indiferencia de la Corte y el silencio cómplice de la casta política.

    Por algo se produce una encarnizada lucha cada vez que se va a nombrar a integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, porque desde ese organismo se puede mantener en un “cháke” permanente a jueces y fiscales, para apretarles la clavija cuando sea necesario. Por algo también los legisladores nunca concluyen el juicio político contra tres ministros de la Corte Suprema, pese a que ya a fines del 2014 la Cámara de Diputados oficializó la acusación contra los mismos. Mantenerlos en jaque es una buena táctica para chantajearlos y conseguir fallos favorables cuando las rejas de Tacumbú amenazan.

    La Justicia es un feudo hacia el que los ciudadanos y las ciudadanas deben dirigir sus reclamos, así como lo está haciendo actualmente contra políticos, legisladores y otras altas autoridades. Allí se cocina la impunidad, la madre de todos los males del país.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/impunidad-madre-de-todos-los-males-del-pais-1525741.html

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    Publicado por Anónimo | 10 octubre, 2016, 9:31 am
  7. Imputados

    Desde lo jurídico imputar a una persona es cuando se tienen indicios o argumentos de que esta cometió hechos punibles, o se le atribuye la responsabilidad de cometer un delito.

    Estamos lejos, primero de acercarnos y luego de constituirnos en un país serio, y muestra puntual de esto es la cantidad de gente que tiene cuentas pendientes con la Justicia y siguen tan campantes tal es el caso de Víctor Bogado, Camilo Suárez (este si que se pega el lujo de ser panelista de un programa) y Karina Rodríguez (también forma parte de un programa).

    Me pregunto cómo una persona que tiene algo pendiente a aclarar, porque puede que sea inocente, pero, mientras está sospechada de haber cometido algún delito, tiene el coraje o el tova’atã de estar dictando cátedra de lo bueno o lo malo, estamos todos locos, ¡nda entendevéima!. Será que nos estamos acostumbrando a que lo que está mal sea normal y se esté perdiendo todos los valores para nuestra sociedad que tanto falta nos hace.

    Después hay otros apellidos como Velázquez, Núñez, Bower, etc., que también nunca se aclararon y por eso el famoso tango “Siglo 20 cambalache” encaja pero perfectamente a esta realidad.

    Ojalá que la presión social salga de su letargo y reclame lo que tiene que ser para el bien de todos, cueste lo que cueste.

    Eleuterio Simón Samudio Franco

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    Publicado por Anónimo | 10 octubre, 2016, 9:31 am
  8. Participación y control de la sociedad en la administración de Justicia
    15 agosto, 2016

    Por: Abog. Jorge Rubén Vasconcellos
    La promulgación de la Constitución Nacional del ´92 inició un proceso que tenía como propósito modificar las estructuras del Poder Judicial, el modo de designación, los mecanismos de control y remoción de sus integrantes. Sus frutos comenzaron a verse aproximadamente tres años después, cuando luego de aplacadas las reacciones surgidas desde sectores que no se resignaban a perder influencias ejercidas desde sectores políticos, partidarios y militares, se pudo conformar la primera Corte Suprema de Justicia de la era democrática.

    La lucha entre los interesados en mantener el viejo modelo y los que impulsaban el nuevo, se desarrolló en todos los ámbitos y niveles. Se hizo visible, primero en el Poder Legislativo, en oportunidad de discutirse y sancionarse la Ley Nº 296, que Organiza el Consejo de la Magistratura, y posteriormente en el mismo Poder Judicial, con motivo de una acción de inconstitucionalidad promovido contra ella, con el propósito de impedir su vigencia y aplicación.

    Para sortear estos obstáculos, se hizo necesario – inclusive – acordar con distintos sectores políticos-partidarios, lo que se dio en llamar el “Pacto de Gobernabilidad”, con el cual se logró, finalmente, la conformación de la nueva Corte Suprema de Justicia, primero, y de los Tribunales y Juzgados Inferiores, después.

    El resultado, a pesar de las dificultades encontradas por el camino, fue bueno, se conformó una Corte integrada, en su gran mayoría, por Juristas notables, de prestigio y comprobada honorabilidad, lo que permitió – a su vez – incorporar a la función judicial, como Jueces y Camaristas, a muchos profesionales del Derecho que compartían los ideales de un Poder Judicial que cumpliera con los postulados constitucionales de independencia e imparcialidad.

    Pero, el transcurso del tiempo fue desmontando, de modo paulatino, pero inexorable, todo lo que se había construido, y la desaparición física del Prof. Óscar Paciello Candia, quizás sea el punto de partida del camino de regreso hacia formas y métodos que creíamos superados.

    El “Pacto de Gobernabilidad”, que en un principio se adoptó como herramienta para resolver una coyuntura política, se convirtió en “clausula pétrea” con un valor superior al de la Constitución Nacional y las Leyes. Los actores políticos del momento, no entendieron, o no quisieron entender, la verdadera naturaleza de aquel acuerdo: su transitoriedad.

    Lo tomaron como “norma de costumbre” que reconocía “derechos adquiridos” a determinados sectores políticos, quienes en nombre del “pluralismo” reclamaban (y exigían) cuotas de poder y de participación en la designación de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, y el resto de las Magistraturas.

    El segundo paso de esta tragedia, ha sido peor. Una vez conseguido el reconocimiento del “derecho adquirido”, fueron por más, y las designaciones ya no debían responder a propuestas, caprichos o intereses de sectores partidarios, sino a los mandamases de turno, de cada uno de ellos. Estos ya no podían esperar que el tiempo hiciera su trabajo, para que el proceso de sustitución y reemplazo de ministros, que no respondieran a sus intereses les diera la oportunidad de instalar en la Corte a sus “amigos y correligionarios leales”, y se recurrió de manera indiscriminada al mecanismo constitucional del Juicio Político, para generar las vacancias que les permitiera llenarlas conforme sus intereses.

    Este método, finalmente se impuso, y como consecuencia, la proyectada independencia e imparcialidad del Poder Judicial fue diluyéndose a pasos agigantados, pues hoy resulta impensable que los integrantes de la más alta autoridad judicial tengan la posibilidad de dictar Sentencias conforme al Derecho y a la Justicia, tomando distancia de los intereses sectoriales o individuales de poder político o económico, sin poner en riesgo la seguridad de su permanencia en el cargo.

    Peor aún, en la actualidad, el enjuiciamiento político de varios ministros de la Corte, enfrenta estancamientos y retrocesos, como consecuencia de pactos, arreglos y componendas. Se ha vuelto moneda de cambio de lealtades, a modo de “espada de Damocles” con el único propósito asegurar incondicionalidad.

    El cuadro se completa con la instrumentación de los organismos constitucionales de selección de magistrados inferiores que, al responder a un esquema corporativo de integración, permite la desnaturalización del proceso de elección de sus representantes, tiñendo con los colores de los partidos políticos o movimientos internos de estos, los actos asamblearios.

    El control de los mecanismos de selección de candidatos, el de su designación, el de enjuiciamiento y remoción de los díscolos, ha generado un grave perjuicio a la administración de Justicia de nuestro país. Pero ello no es atribuible a los mecanismos constitucionales y legales, sino a la voluntad de los actores políticos que tienen a su cargo los órganos creados por ellas.

    Si no tomamos conciencia de esto y nos sentamos a repensar el diseño estructural del Poder Judicial, modificando el sistema de administración de Justicia, desde sus raíces, a fin de dar participación a la sociedad en sus decisiones, como mecanismo eficiente de control, iniciando el camino hacia la instauración de juicios por jurado, la Justicia seguirá esquiva.

    Para superar estos vicios que generan atraso, incertidumbre e injusticia, solo hace falta voluntad política inspirada en los valores supremos del sistema Republicano. De lo contrario, solo podremos aspirar a cambios cosméticos, que profundicen y consoliden un sistema comprobadamente fracasado, permitiendo que el Poder Judicial siga a la deriva.

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    Publicado por Anónimo | 16 agosto, 2016, 5:49 am
  9. Dime con quién andas…

    Una vez lograda su libertad ambulatoria, luego de seis meses de reclusión en la cárcel de Tacumbú y de tres semanas de arresto domiciliario, el intendente colorado de Capitán Bado, Denilso Sánchez (Chicharõcito), procesado con sus hermanos Ardonio y Carlos Rubén (Chicharõ) por el delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, regresó triunfalmente a la mencionada ciudad fronteriza con el Brasil. En la caravana que se realizó para celebrar el acontecimiento participaron muy alegres los diputados colorados Marcial Lezcano, Freddy D’Ecclesiis y Óscar Tuma. Los dos primeros están vinculados con el narcotráfico, según el informe que presentó una comisión especial del Senado en noviembre de 2014; el tercero integra el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, representando a la Cámara de Diputados.

    El desparpajo demostrado por los legisladores implica que no temen ningún castigo, ni político ni de otro tipo, por el hecho de aparecer festejando la libertad provisoria de un presunto narcotraficante, lo que pondría de manifiesto que el crimen organizado está siendo tolerado por una parte de la ciudadanía del departamento de Amambay e, incluso, del país. Con todo lo grave que resultaría esta constatación si fuera cierta, conviene por de pronto volver a llamar la atención sobre un asunto ligado a ese aparente fenómeno y que se resume en el contubernio entre el narcotráfico, la política y la Justicia.

    En vista de los antecedentes que les endilga la comisión senatorial mencionada, podría entenderse que los diputados Lezcano y D’Ecclesiis hayan participado en el festejo referido, dado que serían una suerte de colegas del agasajado y, por lo tanto, no tendrían muchos escrúpulos. Pero la presencia del diputado Tuma reviste una especial significación por su calidad de miembro del órgano constitucional que enjuicia a los magistrados y a los fiscales, por la comisión de delitos o por el mal desempeño de sus funciones.

    Todo el país sabe que desde el Jurado se puede presionar con éxito para que algún encausado quede impune, bajo la amenaza de la remoción o del apercibimiento del juez o del fiscal intervinientes. El mero hecho de ocupar una banca permite ejercer el tráfico de influencias, incluso ante la Corte Suprema de Justicia, mediante una simple llamada telefónica, que puede ser retribuida generosamente por los opulentos narcotraficantes. Los hermanos Sánchez, por ejemplo, no habrían podido justificar el origen de más de 15.000 millones de guaraníes de su patrimonio, lo que solo daría una pálida idea del volumen de sus “negocios”. Si, además, se ejerce un cargo desde el que se puede truncar la carrera profesional de un juez, las posibilidades de incidir en un juicio aumentan notablemente. Es el caso del diputado Tuma, quien, para más, asumirá nada menos que la vicepresidencia del Jurado el próximo 16 de agosto. Dado que el proceso abierto al intendente y a sus hermanos aún no ha concluido, la alegría públicamente manifestada por el legislador colorado –que milita en las carpas del cartismo– solo puede entenderse como un elocuente mensaje dirigido a quienes están interviniendo en la causa: el trío debe ser absuelto, pues, de lo contrario, ustedes serán sancionados.

    En realidad, era un secreto a voces que el diputado Tuma presionaba a los jueces y a los miembros de los tribunales de apelación para que los Sánchez fueran beneficiados, primero con la reclusión domiciliaria, y luego con la libertad ambulatoria. Fue justamente lo que ocurrió, de modo que existen sobrados motivos para inferir que el legislador tiene un interés muy personal en la causa, que acaso no deba atribuirse solo a que los procesados son correligionarios suyos.

    En una entrevista radial posterior a su jubilosa visita a Capitán Bado, el diputado negó con énfasis que exista prueba alguna que vincule a sus protegidos con el narcotráfico, y agregó que él no es juez ni fiscal para condenar a nadie. Póngase el lector en el lugar de los jueces y fiscales que intervienen en la causa: un integrante del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados prejuzgando la inocencia de un acusado. No se podría concebir mensaje más ominoso posible. Tuma está muy seguro, de modo que, si los magistrados fueran de otra opinión, tendrán que atenerse a las consecuencias.

    El legislador dijo también que puede relacionarse con cualquiera que no haya sido condenado, por lo que sería irrelevante que él integrara el Jurado que podría enjuiciar a los jueces y fiscales de la causa. Es decir que tampoco le importa que Carlos Rubén Sánchez haya sufrido en el Brasil “una breve condena por una camioneta”, al cabo de un juicio por lavado de dinero. Evidentemente, no respeta la dignidad del cargo del que viene abusando con la mayor impudicia para beneficiar a unos procesados, sin detenerse a pensar en el daño que está causando a la Justicia, y, en particular, al órgano que integra. El episodio comentado es una demostración cabal de la estrecha ligazón entre el crimen organizado y los organismos estatales. Ya ni siquiera se cree conveniente guardar las formas.

    Solo resta confiar en que los ciudadanos y las ciudadanas anoten estos episodios en su memoria para repudiarlos en las próximas elecciones, y negarles sus votos a los candidatos averiados que ponen sus cargos al servicio de turbios intereses.

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    Publicado por Anónimo | 7 agosto, 2016, 4:29 pm
  10. Donald Trump y nosotros
    07 Ago 2016

    Por Enrique Vargas Peña

    Creo que a alguna gente le pasa lo que a mí, y es que a medida que sube de tono la campaña electoral en Estados Unidos para sus elecciones generales del próximo 8 de noviembre voy dedicándole más y más atención: El viernes pasado, 5 de agosto, tuiteé que estoy impresionado por la efectividad de la campaña que le impide hablar, cada día que pasa, al candidato republicano Donald Trump; le interrumpen todas sus presentaciones sin excepción y después los medios no hablan de lo que Trump intentó decir, sino de la manera en que enfrentó la interrupción (http://bit.ly/2azkHgt).

    Además, están crispando el debate hasta un punto de no retorno: Por primera vez en la historia de Estados Unidos, por primera vez, un presidente en funciones, Barack Obama, entra en la campaña para descalificar totalmente al rival del candidato de su propio partido.

    Obama dijo que Trump no califica para el cargo (http://cnn.it/2ay8OMP). Nunca antes, ni aun los rivales de Abraham Lincoln que desataron la Guerra Civil norteamericana cuando el fundador del partido Republicano ganó las elecciones de 1860, se atrevieron a tanto.

    Están sepultando el discurso de Trump, impidiendo eficazmente que la gente lo escuche. Y como esa es la manera habitual que nosotros tenemos para discutir en nuestro país, sospecho que quienes asesoran al partido Demócrata norteamericano, el competidor del Republicano, podrían ser políticos paraguayos.

    En efecto, esta semana que pasó fue pródiga en ejemplos de cómo en nuestro país llevamos años sepultando discursos y yendo por las ramas, desviando los asuntos para hablar de otras cosas que nada tienen que ver con ellos.

    Doy dos ejemplos. El caso de la medida cautelar dictada por la Corte Suprema que beneficia a Rafael Filizzola en el proceso de sobrefacturación de obras en comisarías y el caso de la denegación del crédito que hubiera beneficiado al ministerio del Interior.

    En el caso de la medida cautelar de la Corte Suprema hay dos afirmaciones, una del ministerio Público y otra de la defensa de Filizzola, que son contrapuestas y que no pueden ser verdad al mismo tiempo y que, al menos hasta donde pude seguir el asunto, la Corte misma no definió y es la cuestión de si la medida cautelar que beneficia a Filizzola afecta o no afecta a los plazos procesales.

    Y esto porque el ministerio Público sugiere que la medida cautelar prueba el prevaricato de los ministros de la Corte para beneficiar a Filizzola al exponer al proceso a su extensión o a su prescripción.

    El ministerio Público dice que la medida de la Corte sí afecta a los plazos procesales, la defensa de Filizzola dice que no (http://bit.ly/2aIg9GJ). Ambas afirmaciones no pueden ser verdad al mismo tiempo. Son contradictorias y se excluyen absolutamente.

    En vez de discutir la cuestión, el oficialismo y la oposición se van por las ramas, hablando de la corrupción de la administración de Justicia: el oficialismo de la de la Corte (http://bit.ly/2aCmEZh); la oposición de la del ministerio Público (http://bit.ly/1N5UdVB), mientras la búsqueda de la verdad queda en el medio, sin que a nadie parezca importarle.

    En vez de buscar la respuesta, uno y otro lado golpean como los demócratas norteamericanos a Trump. El que no se alinea a su posición es un vendido miserable de menor calidad que la peor culebra del basural. Y el debate se desvía totalmente del asunto que realmente interesa, que es saber si la medida cautelar de la Corte afecta o no a los plazos procesales.

    En el caso del crédito para el ministerio del Interior, lo mismo. El Senado rechazó el crédito alegando que sería un negociado para Organizaciones No Gubernamentales; el ministerio del Interior sostiene que hay que pagar el entrenamiento de la gente que va a usar la infraestructura de seguridad y ambas cosas difícilmente pueden ser verdad al mismo tiempo.

    También en esto el oficialismo y la oposición se van por las ramas, el oficialismo diciendo que esto es una venganza de Desirée Masi contra el gobierno (http://bit.ly/2b3kvYx) y la oposición argumentando el desempeño del ministro Francisco de Vargas, que no hace a la cuestión técnica del crédito.

    Hay gente en el debate público que, arrebatada por el odio, desconoce sistemáticamente todo logro que alcance el Poder Ejecutivo, incluso el rigor administrativo reconocido por todas las organizaciones internacionales que revisan el desempeño de nuestra economía.

    Y hay gente que, arrebatada por el odio, nos propone como receta vivir sin Congreso como en la época de Higinio Morínigo o con un remedo de Congreso como el que permitió en Venezuela la dictadura de Hugo Chávez y Nicolás Maduro que en eso son émulos destacados de Alfredo Stroessner, olvidando los desastrosos resultados que han producido todos esos modelos y sus semejantes, sin excepción.

    Sin embargo, la cuestión era saber si el dinero del crédito para el ministerio del Interior se aplicaría efectivamente a los entrenamientos y ninguna otra, pero hoy por hoy estamos discutiendo la reputación de las abuelas de Desirée y Francisco y las de las de todos sus respectivos amigos, conocidos o familiares.

    Como le sucede a Donald Trump en Estados Unidos, obligado a discutir si le gusta o no le gusta el llanto estridente de un bebé en medio de un discurso político en vez de su posición sobre el terrorismo religioso (http://dailym.ai/2aQgpmU), nosotros nos insultamos sobre asuntos que no tienen que ver con los problemas que afrontamos y, como le sucede a Estados Unidos, estas discusiones desviadas de foco nos están llevando a un nivel de crispación y enfrentamiento sin retorno, que así se va pareciendo cada vez más al horrendo clima de odio desatado contra Lino Oviedo desde 1996 en adelante y que terminó en el triunfo de los ladrones públicos en el llamado “marzo paraguayo” de 1999.

    Es obvio, si no discutimos sobre los hechos porque discutimos sobre las personas, el resultado generalmente es el odio.

    Después de casi treinta años ininterrumpidos de libertad y democracia, es lamentable tener hablar de una cosa tan básica como que el odio no sirve para construir nada, con el consuelo de tontos que ocurre también en Estados Unidos, con doscientos cuarenta años ininterrumpidos de libertad y democracia.

    Los resultados empiezan a verse. El viernes una funcionaria intentó matar al doctor César Pimienta, jefe de recursos humanos del ministerio de Salud. La mujer encontró en ese procedimiento criminal el modo de resolver sus diferencias con Pimienta, y eso es lo que ocurre cuando se carga de odio a cerebros poco cultivados. Es la dinámica de las barras bravas. Es la que ayudó a Hitler a conquistar Alemania.

    Estamos a tiempo de detener este círculo vicioso que impide escuchar los discursos, las propuestas. Pero no tenemos mucho margen de maniobra.

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    Publicado por Anónimo | 7 agosto, 2016, 4:20 pm
  11. “Demasiados letraditos y Demasiados pocos letrados”
    07 Ago 2016

    Por Antonio Carmona, PERIODISTA

    Aunque parezca mentira, el artículo 2 de la ley Nº 296/95 está impecablemente redactado, con simpleza y claridad meridiana, preciso y contundente; casi una rareza entre nuestras leyes que suelen ser confusas y dejar lugar a las ambigüedades; en la parte que concierne al debate públicamente establecido con tantas interpretaciones que espantan a la gramática y a la semántica, dice así: “Los miembros del Consejo durarán 3 (tres) años en sus funciones y podrán ser reelectos solo por otro período consecutivo o alternativo”.

    ¿Cómo es posible que estemos discutiendo, hasta paralizar el Congreso y congestionar los medios de comunicación, si un miembro del Consejo de la Magistratura puede, dada alguna que otra carambola jurídica estrambótica, ser elegido por un período más?

    Por una sencilla, aunque disparatada sinrazón: porque un miembro del Consejo ya ha sido reelegido por tercera vez.

    En el lenguaje jurídico universal eso constituye un irregularidad o ilegalidad más o menos grave, dependiendo de las circunstancias; en el lenguaje jurídico nacional, como estamos viendo, que una ley haya sido violada o desobedecida o ignorada, constituye ya una norma, una especie de silogismo que puede enunciarse así: si una ley ha sido violada una vez, puede, en adelante, ser violada cuantas veces sea deseada por los violadores. Es decir que, en derecho vernáculo, la violación de la ley sienta jurisprudencia.

    Y es más, si el que incumplió o violó la ley es un ministro de la Corte Suprema, como es el caso, el hecho adquiere ribetes de majestuosidad de autoridad, que en el lenguaje jurídico vernáculo significa que hay impunidad. La autoridad es impune y, detrás de su impunidad, todos, con una pizca de autoridad, adquirida, prestada o asumida de prepo, somos impunes.

    Los bacchetistas defienden un silogismo popularmente inapelable: la ley fue violada, es decir, “cayó en gorra” y puede por lo tanto ser violada por cualquiera. Es el razonamiento de los violadores en todos los ámbitos. “si todo el mundo pasa el semáforo en rojo, ¿por qué yo voy a esperar la luz verde? ¡¡¡¿Yo pio voy a ser acaso el único boludo?!!!.

    El tema ha llegado, sin embargo, a ámbitos supremos donde se hacen las leyes, se las interpreta y se las aplica, y se las hace cumplir o incumplir, lo que lo vuelve más peliagudo. Las decisiones que se toman en las esferas donde se procesa el derecho tienen una repercusión nacional y pueden crear, por contrario a lo que debieran, juris-imprudencia, lo que puede convertirse, y ya andamos cerca, en un principio de anomia, es decir, la ausencia absoluta de la ley: si los que debieran cuidar la ley, pueden violarla, por qué los demás ciudadanos de a pie deberíamos cumplirla a rajatabla.

    Comencé exaltando la claridad meridiana de la ley en discusión, para evitar el principio fundamental del derecho vernáculo: el de la opinabilidad, que toda ley es opinable, principio que se basa en que toda ley está redactada de forma más o menos confusa, aviesa, inextricable, indescifrable, al extremo de que hasta en el Mercado 4 se debate la interpretación de un artículo constitucional y ni qué decir si la disputa adquiere carácter público en los medios, en las calles y en la redes.

    Basta seguir las discusiones públicas, mediáticas y –incluyo el término por considerarlo pertinente- “rediáticas”, ámbitos en los que, por lo menos, debemos concluir que el “español” brilla por su ausencia, hasta el punto que resulta difícil entender, no cómo los leguleyos en disputa obtuvieron el título de abogados, sino cómo lograron pasar de la escuela primaria.

    Claro que no todos alcanzan el vuelo de un Portillo que puede confundirse y confundir en español, inglés y guaraní, pero hay muchos que le andan cerca y hasta compiten en materia de ostentación de cátedras universitarias.

    Alguno que otro alarmista ha dicho que el problema generado por Fretes, reclamado por los chongos como jurisprudencia a favor de Bacchetta, pone en jaque a la Corte; no tiene porqué ser así: solo tiene que obligar a reflexionar a sus miembros, que, a fin de cuentas son humanos y paraguayos, capaces de no haber leído la ley con detenimiento, y corregir el error, con las consecuencias jurídicas que acarree.

    La violación de una ley no habilita a seguir violándola ni a invalidarla.

    Lo que pasa en nuestro país, como decía Don Arce, el campesino analfabeto que le ganó un juicio a la Ande, es que “hay demasiados letraditos y demasiados pocos letrados”.

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    Publicado por Anónimo | 7 agosto, 2016, 4:19 pm

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