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El salario y la inflación

Desde principios de este año, cuando el nivel de inflación se disparó a 2,6% se empezó a hablar de un tema por demás sensible, como es la suba o no del salario mínimo legal.

Todos los indicadores nos venían mostrando que el Banco Central cerraría este año dentro de su rango meta de 4,5% anual; sin embargo, nos sorprendió a los que cubrimos el área financiera esta drástica caída del 1% en la inflación que se dio el mes pasado.

Con esto, el nivel acumulado de inflación que estaba en un 8,2%, muy cerca de lo que indica el Código Laboral para el reajuste, se ha vuelto a alejar, y ahora es muy difícil que se alcance el 10% legal para revisar un alza antes de fin del presente año.

En Paraguay unos 477.317 trabajadores perciben el salario mínimo legal, que hoy está fijado en G. 1.824.055.

¿Este nivel de ingreso es suficiente para llevar una calidad de vida mínimamente digna? Absolutamente no.

Fíjense que si usted percibe hoy un salario mínimo, su nivel social se ubica dentro de una situación de “vulnerabilidad”, según el parámetro que establece el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Esto significa que ante cualquier tipo de evento como un deterioro en su salud o la de personas que dependen de su nivel de ingreso, usted pasará directamente a una situación de pobreza.

Participé esta semana en una reunión entre gremios empresariales y autoridades del equipo económico, en la que se propuso bajar del 10% a un 5% de inflación acumulada para el reajuste salarial.

Si llega a prosperar la idea de modificar la ley, esto significará que en vez de esperar casi tres años para subir el salario base en casi la mitad del tiempo, se realizarán los ajustes.

Ahora, hay que tener en claro que serán aumentos graduales menores al 10% y, por ahí también pasa el llamativo acompañamiento que están mostrando los gremios empresariales sobre esta idea.

Lo que preocupa es que el sistema de cálculo se siga haciendo sobre la inflación como hoy la mide el Banco Central, con base en análisis sobre 450 productos que en su mayoría no representan el consumo de una persona con salario base.

Lo ideal sería no solo reducir el porcentaje, sino establecer un cálculo paralelo sobre una canasta más reducida que permita un control inflacionario sobre aquellos insumos que realmente afectan a quienes perciben este nivel de ingreso.

El BCP tiene capacidad para mostrar ambos indicadores, una inflación global para determinar su política monetaria y otra, sobre una canasta básica para el reajuste del salario.

Por Samuel Acosta

http://www.ultimahora.com/el-salario-y-la-inflacion-n1013249.html

Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

7 comentarios en “El salario y la inflación

  1. Salario mínimo, indecencia máxima
    13 Nov 2016

    El sistema de reajuste del salario mínimo de los trabajadores, sometido a un registro de un diez por ciento de inflación –que tenía que ser aprobado por el Banco Central, con un registro de precios caduco que incluía hasta el precio de las velas de sebo, con escasa incidencia en la canasta familiar, pese a la tenacidad de la Ande para retornarnos al pasado–, era un anacronismo histórico de la primera era industrial cuando el trabajador era un elemento desechable en la cadena de producción; increíblemente fue mantenido desde los abusivos tiempos de la dictadura hasta nuestros días, tras casi tres décadas de transición a la democracia.

    Uno de los muchos anacronismos que aún se mantienen gracias a una transición dilatada y a un modernización postergada de acuerdo a las conveniencias de ciertos poderes fácticos aferrados a la explotación; no es casual que Paraguay tenga los salarios más bajos de la región y que gran parte de la fuerza de trabajo nacional vaya a Argentina, o a España, donde, como está siendo muy comentado en estos días, es muy apreciada, a despecho de la depreciación que tiene internamente.

    La nueva propuesta del ajuste salarial anual automático planteada por el Gobierno y consensuada con los sindicatos es una reivindicación esencial y que, en cierta medida, restablece el poder adquisitivo y el respeto a los trabajadores y su categorización como actor fundamental del progreso, progreso que les corresponde también por méritos propios. Sin duda, uno de los logros progresistas del actual gobierno hacia una democracia moderna y justa.

    Afortunadamente, los senadores –mayoritariamente– lo han entendido así y han dado trámite positivo a que la justicia social vaya ganando espacio en este lento proceso de transición hacia la democracia y la modernidad, pese a que algunos, que incluso esgrimen las banderas de las reivindicaciones sociales, hayan estando haciendo lo posible para boicotear el avance reivindicativo, hasta el punto que algunos hayan sido declarados personas no gratas por los gremios laborales.

    El maniobrerismo de ciertos senadores, tratando de boicotear el proyecto para evitar un logro político del Gobierno resulta vergonzante, ya que no se puede especular con el electoralismo cuando se trata de leyes relevantes para gran parte de la sociedad nacional.

    Políticos autocalificados de progresistas y empresarios que se niegan a la modernización, porque supuestamente están preocupados por el bienestar de los trabajadores, están mostrando ante la reivindicación de un salario mínimo ajustable a la realidad su catadura, su pensamiento retardatario, su indecencia máxima irreparable.
    Y hay que aplaudir que gran parte del empresariado haya tomado el proyecto con una visión positiva, aunque sigue también campeando el cinismo de cierto sector empresarial que basa su rechazo en “la realidad” de que solo el 25% de los trabajadores cobran el salario mínimo, con lo que los beneficiados son menos que los perjudicados con el efecto inflacionario; a que hay un alto porcentaje que figuran con el mínimo, aunque ganan más, para pagar menos IPS, y que hay una gran mayoría que están por debajo del mínimo, a los que no les alcanza el beneficio.

    Es un argumento cínico, una declaración pública de falta de acatamiento de la ley por parte de ese sector del empresariado, ya que si hay una gran mayoría que no cobra salario o que figura con menos de lo que cobra, o que directamente no existe en los registros, es porque hay una tremenda falta de acatamiento del empresariado a la ley laboral, es decir, y esto es sabido, que no respetan las leyes laborales, es decir, explotadores de los trabajadores porque hay una gran mayoría de empresarios que no están cumpliendo con la ley, como es sabido y denunciado, y que quieren utilizar su incumplimiento como justificación de que la injusticia sigan campeando.

    Políticos autocalificados de progresistas y empresarios que se niegan a la modernización, porque supuestamente están preocupados por el bienestar de los trabajadores, están mostrando ante la modernización de un salario mínimo ajustable a la realidad su catadura, su pensamiento retardatario, su indecencia máxima irreparable.

    Es una lástima que la asamblea de la Conferencia Episcopal no haya incluido este tema entre sus preocupaciones, cuando se está reparando una injusticia histórica.

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    Publicado por Anónimo | 13 noviembre, 2016, 7:52 am
  2. Será justicia

    El Poder Ejecutivo presentó al Senado un proyecto de ley que dispone que el Consejo Nacional de Salarios Mínimos le sugiera en junio de cada año un reajuste de acuerdo a la variación internanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), sin perjuicio de que, cuando haya una gran alteración de las condiciones económicas o las tasas de inflación sean altas, dicho Consejo ya se reúna para estudiar el porcentaje del aumento, considerando los informes del Banco Central y del Ministerio de Hacienda, así como las perspectivas inflacionarias y económicas.

    La propuesta aludida reforma el art. 255 del Código Laboral, según el cual el salario mínimo rige por dos años, y deroga el art. 256, que prevé su modificación antes de dicho plazo si el costo de vida varía en por lo menos un 10%. La iniciativa es muy sensata, pues un reajuste del 4% –índice de inflación previsto para este año– resultaría mucho menos traumático que uno del 10%, y otorgaría a los empleadores un margen de maniobra más amplio. La propuesta implica que ellos alteren cada año sus cálculos en materia de gasto salarial de la misma forma en que ajustan sus presupuestos de acuerdo a la cotización del dólar o del costo de la materia prima procesada. Es normal que realicen esas actualizaciones más de una vez al año, sin que ello les acarree un descalabro administrativo ni genere una espiral inflacionaria.

    De hecho, la contrapropuesta del empresariado de establecer el reajuste cuando la variación del costo de vida llegue al 7% desmiente su afirmación de que la ley propuesta dispararía los precios y que la gran mayoría de los trabajadores no saldrían beneficiados, pues solo el 30% de ellos estaría percibiendo el salario mínimo. La pregunta que se plantea es por qué una indexación del 7% no tendría estas consecuencias, pero sí uno inferior que se disponga anualmente. En otros términos, ¿por qué, entonces, no cuestionar ya con toda severidad un reajuste del 10%, como el contemplado hoy por el Código Laboral, si dispararía los precios y solo favorecería a un sector minoritario de los asalariados?

    Si los empleadores no incurren en una ilegal concertación de precios, solo algunos encarecerán irracionalmente sus productos y serán castigados por los consumidores. La libre concurrencia pondrá las cosas en su lugar. Si los empresarios honestos alegan que sufrirán la competencia desleal de aquellos que escaparán a la ley porque no pagan el salario mínimo, la respuesta es que ya lo están haciendo y deberían denunciarlos públicamente, incluyendo a aquellos que no registran a sus empleados en el IPS. Con seguridad, no son muchas las firmas que fueron a la quiebra por el aumento decretado hace dos años y medio, pese a que sus competidores desleales hayan eludido abonarlo. En otras palabras, el cumplimiento del decreto correspondiente por parte de los honestos no afecta, o afecta mínimamente, su capacidad competitiva.

    El salario mínimo actual, de 1.824.055 guaraníes, rige desde el 1 de marzo de 2014 e implicó un aumento del 10% con respecto al anterior. Dado que la tasa de inflación de ese año fue del 4,2% y la del siguiente del 3,1%, siendo la acumulada este año del 2,2%, el reajuste no provocó ni siquiera en tres años un aumento equivalente del costo de vida, de lo que se desprende que uno del 4%, por ejemplo, mal podría tener consecuencias funestas en cuanto al nivel de los precios. Si a ello se agrega que en las reducidas tasas de inflación de los últimos años incidieron otros factores, como el costo del dinero, resulta que el reajuste del salario mínimo está muy lejos de tener, por sí solo, el tan nocivo impacto que auguran los objetores del proyecto de ley. El argumento de que el mismo solo hace justicia a quienes trabajan dentro de la ley también podría ser empleado contra la modalidad vigente, en cuyo caso la coherencia exigiría que nunca se indexe el salario mínimo, del que ni siquiera goza el grueso de los asalariados. Se aduce que estos recibirán gratuitamente el ramalazo de la inflación, pero está visto que ese impacto es desdeñable.

    Alguien podría alegar que si el 70% de los trabajadores no cobra el salario mínimo, su reajuste no incidiría tanto en el costo de vida, pues solo afectaría los costes laborales de unos pocos empleadores. Importa más señalar que si el art. 92 de la Constitución dice que “la ley consagrará el salario vital mínimo”, es obvio que su monto debe ser modificado de acuerdo a la variación de precios. Que un derecho de rango constitucional sea ignorado no puede servir para negar un reajuste que tampoco en el futuro sería arbitrario en la medida en que siempre deberán atenderse los datos del Banco Central y del Ministerio de Hacienda.

    El salario mínimo reajustado periódicamente nada tiene que ver con la productividad laboral, por la simple razón de que no se trata de un premio, sino de un derecho constitucional concedido a los trabajadores. No existen, por tanto, razones suficientes para oponerse a una iniciativa que no provocará una escalada de precios ni conllevará un privilegio, ni perjudicará la capacidad competitiva de los empresarios que se ajustan a las leyes, ni dará un tratamiento injusto a los trabajadores. Si se sostiene, en fin, que el proyecto de ley dificultará la creación de empleos, hay que apuntar que la cuestión actual se refiere solo al mecanismo del reajuste y no al salario mínimo en sí, que algunos cuestionan precisamente por ese motivo.

    Por ser de justicia, esta digna iniciativa debe ser aprobada por las Cámaras del Congreso.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/sera-justicia-1527258.html

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    Publicado por Anónimo | 14 octubre, 2016, 6:09 am
  3. ¿Más por nada?

    Los diputados Rocío Casco y Aldo Vera han planteado un proyecto de ley de modificación del régimen del salario mínimo contenido en el Código del Trabajo.
    Los proyectistas tienen en cuenta, en su propuesta, “la protección del poder adquisitivo del salario de los trabajadores, la correspondencia con la justa distribución de riquezas en relación a las variaciones del crecimiento del Producto Interno Bruto y el costo de vida familiar obrera, según el tiempo y el lugar, en sus elementos fundamentales..”. El documento contiene, entre otras numerosas cláusulas, las siguientes: “Para que (el aumento salarial) acompañe el aumento de la producción de las riquezas, será aplicado el porcentual de equivalente a la tasa de crecimiento real del producto interno bruto (PIB), contabilizado por el BCP del año inmediatamente anterior al reajuste que será introducido”. Y añade esta salvaguardia: “Si la variación del Producto Interno Bruto (PIB) y el Índice de Precios del Consumidor (IPC) fuese menor al del año inmediatamente anterior, en ningún caso el reajuste salarial podrá ser inferior al estipulado en el año anterior”.

    La propuesta –cuya sintaxis debieran revisar los proyectistas- establece además otras disposiciones que determinan formas alternativas para medir el IPC, la proporcionalidad de la representación en el Consejo de Salario Mínimo y un misterioso artículo 4° que a la letra dice: “Todo empresario y empleador que usufructúe los servicios de subcontratistas o intermediarios, permanecerá ligado al pago del salario mínimo vigente en caso de que ésta no pague el Salario Mínimo a sus empleados”. Con buena voluntad se podría entender esta última disposición pero en hermenéutica jurídica lo que impera es la precisión.

    Para fijar o modificar regulaciones sobre salarios, aparte del componente de “justa distribución de riquezas” que es un propósito legítimo, los legisladores debieran considerar un componente también esencial que es la calidad del trabajo que se ofrece como contrapartida. Esta calidad es hoy, término medio, baja o inexistente. Tomemos dos ejemplos directos y vigentes. La multinacional JBS, que pone a punto en Belén uno de los frigoríficos más modernos de Sudamérica, ha debido encarar la capacitación de 400 personas para incorporarlas a fin de año. La formación incluye, entre otros ítems, las denominadas “habilidades blandas” o sea, “capacidad comunicativa y de relacionamiento, creatividad, capacidad de trabajar en equipo, responsabilidad, honestidad y compromiso”. Algo parecido solicita la empresa El Harinero, que busca 20 empleados que “demuestren una actitud de compromiso, seriedad, responsabilidad, deseos de superación, capacidad de trabajo en equipo y optimismo”. ¿Se entiende?. Para ganar más, hay que demostrar merecerlo. Hoy las empresas, más que maestrías o postgrados, buscan gente capaz para el trabajo requerido.

    Y es por ese diferencial que pagan mejor.

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    Publicado por Anónimo | 2 septiembre, 2016, 8:32 am
  4. El salario mínimo en el marco del Plan Nacional de Desarrollo

    Cada vez que la inflación llega al 10 por ciento surge el debate acerca del reajuste del salario mínimo. Desde diferentes sectores se debate el tema y a pesar de que nadie queda conforme –ni trabajadores ni empresarios– con los resultados, año a año el país continúa arrastrando un problema cuya falta de solución estructural y de largo plazo termina sin beneficiar a nadie.

    El salario mínimo tiene varios objetivos, entre los que se encuentran garantizar la subsistencia digna del trabajador y de su familia y solucionar fallas de mercado derivadas de la asimetría de información y poder de mercado que pueden ejercer las empresas. Estos dos fines hicieron del salario mínimo una de las políticas económicas más extendidas en el mundo.
    En general, y también en Paraguay, los salarios mínimos se deben establecer dependiendo del costo de vida del trabajador, del nivel de productividad y de las condiciones generales del país y de la rama económica en particular.
    Sin embargo, en nuestro país prevalece la fijación del nivel del salario mínimo solo a partir del aumento del costo de vida medido por la inflación. La ausencia de los demás criterios hizo que el salario mínimo se convirtiera en un techo y no en un piso, por lo que deben establecerse otros mecanismos de ajustes que garanticen que el mejor desempeño económico, traducido en aumentos de la productividad, beneficie también a los trabajadores del sector o rama.
    Con el mecanismo actual, en realidad, no existen aumentos del salario mínimo real, sino reajustes para equiparar la pérdida de nivel adquisitivo ya ocurrido, lo cual puede tener un efecto perverso si el sector empresarial se anticipa y reajusta sus precios antes del aumento salarial.
    En este caso, podría ser beneficioso ajustar con mayor regularidad, ya que la literatura señala que pequeños aumentos no tienen efectos negativos, tal como señalan algunos referentes económicos sobre el riesgo de pérdida de empleos cuando se eleva el salario.
    Más allá del debate coyuntural sobre la inflación actual y el reajuste en el corto plazo, es necesario discutir una política de salario mínimo que proteja al trabajador a la par de vincular efectivamente el salario a la productividad. Este debate debe darse con información veraz y confiable para todos los sectores involucrados, ya que actualmente las opiniones a favor o en contra del aumento salarial se dan en función de percepciones de qué modelo opera en la realidad o del grado de afectación del salario mínimo. Por lo pronto, el dato cierto es que el salario mínimo actual no cubre la línea de pobreza total para una familia de 4 integrantes, según el último informe oficial de pobreza.
    Esta situación, junto con un necesario debate sobre las condiciones y determinantes de la productividad deben ser abordados por el Gobierno para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo: reducción de pobreza, crecimiento económico inclusivo e inserción de Paraguay en el mundo.

    http://diariolajornada.com.py/v6/category/editorial/

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    Publicado por Anónimo | 2 septiembre, 2016, 8:31 am
  5. Mutaciones en el mercado laboral

    En la mayoría de las sociedades actuales, incluidas las de mayor desarrollo, se sigue abordando el tema del empleo con argumentos del siglo XIX, como si no existieran las tendencias cada vez más claras de transformación del mercado de trabajo.
    En el Paraguay, esa faceta está acompañada de un profundo costumbrismo. Basta preguntarle a algún político en campaña cuál es su propuesta para crear empleo que su respuesta será inmediata: “Tenemos que industrializar el país, no podemos seguir exportando materias primas sin procesamiento”. Todos los políticos, con raras excepciones, prefieren ignorar –por conveniencia o pura desinformación- que los principales renglones de exportación del Paraguay, los productos de las cadenas de la soja y de la carne bovina, tienen ya un alto porcentaje industrializado. Cuestión de llevar la cuenta. Hace un par de años, el Presidente de la República inauguraba “el mayor complejo industrial sojero del país” capaz de procesar el 20% de la producción local de la oleaginosa. ¿Empleos directos? 200. En el norte empieza a activar un frigorífico instalado a un costo de US$ 100 millones que puede agregar al país un 30% a su capacidad de faenamiento de ganado bovino para exportación. ¿Empleos? 400. ¿Un ejemplo menos rimbombante? Una industria avícola acaba de invertir un millón de dólares en una planta productora de huevo líquido, un insumo culinario muy demandado por centenares de empresas dedicadas a especialidades gourmet. En su fase inicial, producirá 2.000 litros diarios en unas instalaciones totalmente automatizadas. ¿Empleos generados? Insignificantes. Podríamos seguir dando ejemplos semejantes pero por escasez de espacio, aquí nos detenemos.

    El mercado de trabajo está sufriendo transformaciones drásticas y durante el presente siglo, este proceso se va a profundizar. Un estudio de McKinsey & Company, una consultora estratégica norteamericana, señala que la revolución actual tendría la capacidad de sustituir a corto plazo, por automatización, el 45% de las tareas realizadas manualmente. Un ejemplo dramático: a principios del siglo XX, el 40% de la fuerza laboral en EEUU estaba empleada en el sector agrícola. Hoy no pasa del 2%. Sin embargo, EEUU sigue siendo uno de los más grandes agroproductores del mundo con un desempleo por debajo del 5%.

    Si nuestra dirigencia política es incapaz de percibir este fenómeno que pasa ante sus narices, lo único que lograremos es ir acumulando atraso. Se sigue hablando de reforma agraria como si la producción de alimentos estuviera anclada en el Medioevo. Hoy, un granjero hidropónico produce más lechuga que 100 de sus colegas tradicionales y la agromática, la aplicación de los principios y técnicas de la informática al manejo de los sistemas agropecuarios, va abriéndose paso y generando toda una nueva tendencia en la producción de comida. Cuestión de ver lo que es evidente y actuar en consecuencia.

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    Publicado por Anónimo | 8 agosto, 2016, 9:11 am
  6. Definición del salario mínimo exige mejores reglas de juego

    Cada vez que la inflación llega al 10 por ciento surge el debate acerca del reajuste del salario mínimo. Desde diferentes sectores se debate el tema y a pesar de que nadie queda conforme –ni trabajadores ni empresarios– con los resultados, año a año el país continúa arrastrando un problema cuya falta de solución estructural y de largo plazo termina sin beneficiar a nadie. Este año surge como tema la posibilidad de reajustar cuando la inflación llegue al 5 por ciento, lo cual puede ser beneficioso, ya que actualizará el salario antes de que pierda mucho poder adquisitivo y su impacto negativo será mínimo, según la evidencia existente en la literatura. Pero más allá de una solución coyuntural, el país debe plantear medidas de largo plazo que beneficien tanto al trabajo como a la producción y la productividad.
    El salario mínimo tiene varios objetivos, entre los que se encuentran garantizar la subsistencia digna del trabajador y de su familia y solucionar fallas de mercado derivadas de la asimetría de información y poder de mercado que pueden ejercer las empresas. Estos dos fines hicieron del salario mínimo una de las políticas económicas más extendidas en el mundo.

    En general, y también en Paraguay, los salarios mínimos se deben establecer dependiendo del costo de vida del trabajador, del nivel de productividad y de las condiciones generales del país y de la rama económica en particular.

    Sin embargo, en nuestro país prevalece la fijación del nivel del salario mínimo solo a partir del aumento del costo de vida medido por la inflación.

    La ausencia de los demás criterios hizo que el salario mínimo se convirtiera en un techo y no en un piso, por lo que deben establecerse otros mecanismos de ajustes que garanticen que el mejor desempeño económico, traducido en aumentos de la productividad, beneficie también a los trabajadores del sector o rama.

    Con el mecanismo actual, en realidad, no existen aumentos del salario mínimo real, sino reajustes para equiparar la pérdida de nivel adquisitivo ya ocurrido, lo cual puede tener un efecto perverso si el sector empresarial se anticipa y reajusta sus precios antes del aumento salarial.

    En este caso, podría ser beneficioso ajustar con mayor regularidad, ya que la literatura señala que pequeños aumentos no tienen efectos negativos, tal como señalan algunos referentes económicos sobre el riesgo de pérdida de empleos cuando se eleva el salario.

    Más allá del debate coyuntural sobre la inflación actual y el reajuste en el corto plazo, es necesario discutir una política de salario mínimo que proteja al trabajador a la par de vincular efectivamente el salario a la productividad. Este debate debe darse con información veraz y confiable para todos los sectores involucrados, ya que actualmente las opiniones a favor o en contra del aumento salarial se dan en función de percepciones de qué modelo opera en la realidad o del grado de afectación del salario mínimo.

    Por lo pronto, el dato cierto es que el salario mínimo actual no cubre la línea de pobreza total para una familia de 4 integrantes, según el último informe oficial de pobreza.

    Esta situación, junto con un necesario debate sobre las condiciones y determinantes de la productividad deben ser abordados por el Gobierno para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo: reducción de pobreza, crecimiento económico inclusivo e inserción de Paraguay en el mundo.

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    Publicado por Anónimo | 7 agosto, 2016, 4:25 pm
  7. Fin a la “carrera” sueldo vs. inflación
    4 agosto, 2016

    Cuando de ajuste salarial se habla, muy raramente las instituciones del Estado y, sobre todo, los gremios empresarios, asumen posiciones que favorezcan a los trabajadores. Pues bien, hoy asistimos a una de esas “rarezas”, como lo demuestra la conclusión a la que arribaron el pasado martes autoridades del Ministerio de Hacienda, Banco Central del Paraguay (BCP) y directivos de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), que recomienda aumentar el sueldo mínimo cuando la inflación alcanza el 5% y no el 10%, como es en la actualidad. El Ministerio del Trabajo ya se pronunció a favor de la iniciativa y se aguarda que hagan lo propio las Centrales Sindicales, pues la medida, como veremos, favorecería a todas las partes y a le economía en su conjunto.

    Santiago Peña, titular de Hacienda, explicó que la ley que rige la materia se quedó enclavada en los años 90, cuando la inflación anual giraba en torno al 10%, mientras que desde hace ya algunos años, es del orden del 4%, haciendo que los ajustes se demoren mucho tiempo en producirse, más de 3 años, como fue en el último de los casos. Corregir el desfase es por tanto una cuestión de Justicia social elemental, pues lo que ha venido sucediendo es que como el índice inflacionario nunca llega al techo que exige la normativa, los empleados en la práctica están perdiendo todos los meses una parte del poder adquisitivo de sus salarios, más concretamente alrededor del 8%, que al término de 12 meses representa casi un sueldo completo.

    Pero no solo los trabajadores se beneficiarán con la aplicación de esta recomendación, sino también los empleadores, como bien apuntó durante el mencionado encuentro el titular de la UIP, Eduardo Felippo. El gremialista sostuvo que para los empresarios es conveniente dado que esperar la acumulación del 10% produce tensiones y conflictos sociales, además que cuando se concreta tiene un impacto más fuerte sobre las finanzas de las empresas. Y fue más lejos al afirmar que “sería mejor que los reajustes se puedan dar cada 2% o 3% de incremento de la inflación”, lo que irónicamente casi se equipara con una de las consignas agitadas por la izquierda más radical, cual es la vigencia de la “escala móvil de salarios”, o sea, que éstos suban a la par de la inflación.

    La propuesta en cuestión resultará igualmente provechosa para el comercio en general, pues esos “pequeños” porcentajes que hoy no perciben los asalariados representa globalmente una masa monetaria importante que no circula y, a la inversa, si recibieran, se traduciría en un aumento del consumo, dinamizando así la economía y favoreciendo en última instancia al fisco, que recaudaría algo más en concepto de impuestos.

    Para cerrar el círculo de la inequidad en el tema salarios, hay dos temas que merecen ser tratados a la brevedad. Por un lado, dotar al Ministerio del Trabajo de los recursos humanos necesarios para poder fiscalizar con eficacia el cumplimiento de éste y otros derechos laborales. Y por el otro, que se reconsideren los productos que componen la canasta familiar, en base a los cuales se determina el índice inflacionario, muy cuestionado en el presente.

    Por lo pronto, se trata de una buena noticia para todas las partes que, esperemos, muy pronto se convierta en Ley de la Nación, poniendo fin a la injusta “carrera” entre el salario y la inflación, que históricamente ganó el segundo en detrimento del pueblo trabajador.

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    Publicado por Anónimo | 4 agosto, 2016, 8:22 am

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Gracias jakarupa rireguánte.8/12/16

Dejó sin pierna a motociclista y ahora suspenden el proceso

En este país, la Justicia solo trabaja medio día y a veces, ni trabaja.
Moraleja: Si tenés guita no hay problema chera'a. Kore qué injusto!
Justicia paraguaya... Paga 6 millones como "pena" por dejar sin piernas a una persona y casi dejarlo sin vida. Por algo somos la tercer peor justicia del mundo.
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Se le armo el scrache social al borracho Alvarenga. Alto representante legislativo, "de pedo" no mató a nadie. Ndo jerai gueteri, hesa pili'upapeve omoco el guai... por eso que hasta el árbol vio que se le puso en el camino (?) Que imprudente el árbol, imputenlo por exposición al peligro, seguro era un árbol peregrinando! Lo que es la naturaleza, hasta un árbol salió huyendo de un posible accidente. Ha koa la ñande legislador, los primeros en respetarlas las quebrantan... lamentable. Cada idiota que tenemos en el país. Un criminal de raza y harto-peligroso el Diputadete éste, igual a todos los de su camarilla de farsantes y estafadores. Con "chapa cambiable"? En un país serio, estaría preso y sin permiso para conducir de por vida o presentando su renuncia a la Cámara Baja. Es un asesino potencial. Burro, borracho y cobarde. Hombre escombro.

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