Una vez más, un trabajador de prensa fue sometido a una brutal golpiza cuando realizaba su labor periodística. Ocurrió el miércoles pasado en la plaza de la Paz de Ciudad del Este, donde los seguidores de los Zacarías festejaban el rechazo de la Cámara de Diputados al pedido de intervención. Con este nuevo caso, suman cuatro los atentados que se registran en esta zona del país en poco más de un mes.
Uno de los logros más importantes de la democracia paraguaya es la libertad de prensa y de expresión, una garantía constitucional, contemplada en la carta de los Derechos Humanos, que constituye uno de los pilares fundamentales de la democracia. La sociedad paraguaya pagó muy caro el precio de la libertad y de la democracia.
El derrocamiento de la dictadura y el destierro del autoritarismo, significó la pérdida de cientos de vidas humanas. Miles de compatriotas lucharon por la libertad. Cientos de familias perdieron un padre un hermano o una hermana en esa lucha contra la opresión. Es por ello que como sociedad, la defensa de la libertad de expresión y de prensa debe ser celosamente custodiada por la sociedad.
La agresión a un trabajador de prensa no es una simple golpiza. Es un atentado contra la liberad de prensa y de expresión y viene precisamente de aquellos que quieren seguir oprimiendo a la sociedad, a través del miedo y la amenaza. El libre ejercicio del periodismo es el mayor enemigo de aquellos que pretenden permanecer en la sombra y que quieren someter al silencio y al miedo a la sociedad.
No se trata de un simple robo o intento de robo de equipo de trabajo, como pretenden hacer creer los fiscales seudos representantes de la ciudadanía, que hacen gala de una supina ignorancia de los derechos fundamentales. Se trata del secuestro de un material periodístico y un atentado a la libertad prensa, porque se pretende impedir que la información llegue a la ciudadanía.
Es inconcebible que el Ministerio Público minimice los hechos y quiera presentarlos como simples agresiones cuando que a todas luces se trata de coaccionar a los trabajadores de prensa para que dejen de informar, a través del miedo.
Por ignorancia o por complicidad, quienes ejercen la representación de la sociedad y del estado paraguayo están poniendo en peligro uno de los pilares fundamentales de la democracia, y una de las conquistas más importantes de la sociedad. Es un motivo para alarmarse.
http://www.vanguardia.com.py/v1/index.php/component/k2/item/47102-libertad-de-prensa
HA… CHE RETÃ PARAGUAY (I) 
Ambiente deviolencia y crispación social en Ciudad del Este debe acabar
Tras decidirse el rechazo de la intervención de la municipalidad de Ciudad del Este, es importante que vuelvan la paz y tranquilidad a la capital departamental, muy sacudida últimamente por dos grupos polarizados, antagónicos e intolerantes, enfrascados en una encarnizada lucha por el poder.
Es fundamental que los mentores del pedido de intervención, los concejales municipales integrantes del denominado “G-7”, ahora se pongan a trabajar y cumplir con el mandato que les dio la ciudadanía que confió en ellos para tan importante cargo. De ninguna manera, se pretende desmerecer la función del legislador comunal, entre cuyas obligaciones figura supervisar y controlar la gestión del Ejecutivo Municipal, sin embargo, no debe hacerlo de mala fe, ni con mentiras o meramente con la intención de sacar a la persona que por medio del voto supremo del pueblo ocupa el sillón de intendente. Para eso están las elecciones municipales, en donde la ciudadanía decide quién será intendente por un periodo de cinco años.
Desde que asumieron sus funciones, los integrantes del G-7 hablaban de la intervención de la comuna y del “raje” de la intendenta Sandra Zacarías. Empezaron a denunciar a diestra y siniestra, todos los días surgieron supuestos “escándalos de corrupción”, ampliamente divulgados en algunos medios de prensa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que resulta muy fácil “denunciar” y atacar la gestión y la honorabilidad de alguien, pero sin presentar pruebas y datos concretos sobre los presuntos “ilícitos” que se está denunciando. La ciudadanía esteña, tan confundida en los últimos tiempos por estos “acusadores”, que más bien actúan como inquisidores de la edad media, debe tener en cuenta algunos factores, antes de dejarse convencer de que realmente la gestión de Sandra Zacarías ha sido tan “desastrosa” como los concejales del G-7 pretenden ilustrar. En primer lugar, todos los que están hoy en la Junta Municipal, ocupando una banca, son políticos, con aspiraciones políticas que van más allá de la J.M. Resulta más que evidente que las denuncias que vienen haciendo tienen una connotación política, con un claro objetivo. Sandra Zacarías está en su segundo periodo como jefa comunal; si realmente existieran tantas pruebas sobre sus “fechorías”, hay muchos organismos estatales, como el tribunal de cuenta, la Contraloría General de la República, la Auditoría del Poder Ejecutivo e incluso el Ministerio Público, que pueden controlar, auditar, verificar y, en caso de existir irregularidades, arrimar estos datos a las supremas instancias donde puede decidirse la destitución de la intendenta. No obstante, hasta el momento los únicos que denuncian son los concejales opositores, apoyados por otros políticos de oposición, empresarios, sindicalistas y algunos periodistas, quienes casualmente tienen “cuentas pendientes” con los Zacarías, por A o B motivo.
Los diputados comprendieron esta situación, aquellos que afirman que el propio presidente de la República hizo lobby para evitar la intervención, mienten descaradamente. Muestra de ello es que dos diputados colorados dieron su apoyo al pedido del G-7, uno incluso del Alto Paraná. En definitiva, este rechazo (de la intervención) debe marcar un antes y después, en el sentido de buscar la pacificación de los ánimos. No se puede seguir en este estado de “guerra permanente”; la intendenta y los ediles deben sentarse y trabajar juntos, con transparencia, honestidad, tolerancia, respeto y ganas de servir a la ciudadanía. De ninguna manera puede permitirse que se siga creando un ambiente de caos y violencia, que poco favor le hace a la capital departamental, que ya de por sí enfrenta un mal momento económico, por lo que requiere de paz, tranquilidad, trabajo y responsabilidad, de parte de sus autoridades y demás actores políticos y sociales.
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Victoria pírrica
Como estaba anunciado, no hubo sorpresa. Los diputados colorados blindaron una vez más la administración de Sandra McLeod de Zacarías. Durante la sesión de la Cámara Baja se escucharon los argumentos que siempre esgrime la intendente y sus defensores. El resultado deja en claro que los colorados, que responden a los dictados del presidente Horacio Cartes, intentaron vanamente engañar a la opinión pública con el cuento de la liberación de votos. Algunos parlamentarios, en un acto de sincericidio, argumentaron su voto con la frase “por recomendación de la bancada”.
La intendenta Sandra Zacarías y sus seguidores incluso festejaron como un triunfo el rechazo del pedido de intervención. Sin embargo, esto puede considerarse como una verdadera victoria pírrica, porque el más perjudicado con este nuevo blindaje es el grupo político que lidera Javier Zacarías Irún, que tiene aspiraciones presidenciales y de extender su liderazgo a nivel nacional. El rechazo en la Cámara de Diputados deja la sensación de que existen manejos irregulares en la administración de su esposa, por lo que a toda costa quieren evitar la intervención.
Si realmente el matrimonio Zacarías-McLeod tiene un manejo honesto, transparente y eficiente, la intervención solamente hubiera servido para demostrar las bondades de su gestión. Con ello hubieran quedado absolutamente desacreditados los concejales opositores. Sin embargo, con este rechazo, se genera una oposición mucho más fortalecida, que logró llamar la atención de la opinión pública a nivel nacional con sus denuncias.
Se rechazó la intervención y no podría decirse que la ciudad sale perdiendo, porque seguirá la disputa entre concejales y la intendencia, postergando la discusión sobre los temas trascendentales, que son de interés para la ciudadanía. La ciudad no pierde, al contrario, gana porque por primera vez en sus largos años de historia se genera un debate sobre el manejo del dinero de los contribuyentes.
Es un debate más que trascendente para una sociedad sometida por años a la corrupción, la ilegalidad y la impunidad y donde los sinvergüenzas son los que más alto levantan la voz para acallar a los decentes. Las viejas prácticas de la violencia, el amedrentamiento y las amenazas, ya no pueden sustentar el poder. El contexto social actual exige apertura, información y transparencia, más allá del simple discurso y las medias verdades.
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La “voluntad popular” stronista
Por Marcos Cáceres Amarilla
Resulta revelador que los diputados contrarios a la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este afirmaran en la sesión del pasado miércoles que el problema real de los concejales y de quienes impulsaron esa medida es que desde hace 15 años no pueden ganarle elecciones al “clan” Zacarías. Un argumento que hubieran suscrito con mucho entusiasmo los militantes stronistas en los años de la dictadura.
La idea de que quien gana las elecciones puede hacer lo que le venga en gana, sin hacer caso de los reclamos ciudadanos y sin fiscalización ni control de ninguna institución, es comprensible dentro de la concepción autoritaria del poder que algunos dirigentes políticos conservan en estos tiempos democráticos.
Es lógico también que algunos dirigentes oficialistas sostengan esa postura teniendo en cuenta que su partido se ha transformado sobre todo en una aceitada maquinaria electoral que hasta inclusive logró en 2013 que un colorado de fachada como Horacio Cartes obtuviese los votos para llegar a presidente.
Así como los Zacarías, muchos políticos paraguayos que llegan al poder desearían que instituciones como la Contraloría, el Ministerio Público, el Poder Judicial e inclusive órganos colegiados como la Junta Municipal y el Congreso estén a su servicio o conformadas por una mayoría de amigos o aliados que los libren de tener que dar explicaciones sobre cuestiones que los llevarían a la cárcel.
La Comuna de Ciudad del Este, que antes se llamaba “Presidente Stroessner”, siempre se manejó, aún antes del cambio de 1989, con sus propias reglas. Conservaron y conservan similitudes al régimen anterior, desechando las nuevas reglas democráticas.
Aun quienes no residen ahí y no conocen directamente el manejo de las actuales autoridades de la capital altoparanaense, alguna vez habrán accedido en las redes sociales a vídeos en los que se ve a intendenta y consorte exhibiendo sin pudor gestos autoritarios, dando órdenes en tono humillante a cualquier persona a la que califican de “gentuza” y otras lindezas similares, por no inclinarse ante ellos.
Aquel grotesco himno que hacían cantar a los niños del Centro Municipal de Ciudad del Este, el cual hacía loas a la intendenta y calificaba al distrito como un “edén”, no fue una mera anécdota sino una muestra cabal de cómo ese lugar del país quedó, de manera particular en la mente de sus autoridades y acólitos, anclado en alguna década de la dictadura pasada.
Otra excusa de la mayoría colorada para no aprobar la intervención fue que más de la mitad de las municipalidades del país incurrieron en faltas como las que se denunciaban de Ciudad del Este. El argumento suena a aquello de que todos somos “nomás” corruptos, que entre bomberos no nos pisemos la manguera y es mejor que las cosas queden así y nunca mejore nada.
Ese tipo de manifestaciones muestra la infinita mezquindad de quienes las exponen y su falta de voluntad para que nuestro país consolide, aunque sea de a poco, sus instituciones democráticas.
Si uno quitara conclusiones por lo que ocurrió esta semana en la Cámara de Diputados, se inclinaría a ser pesimista.
Sin embargo, a pesar de que algunos dirigentes y parlamentarios reiteran cada tanto su nefasta conducta, muchos paraguayos y paraguayas siguen reaccionando, reclamando y peleando para que se respeten sus derechos y para que tengamos una democracia verdadera.
En la actitud de esa gente y en los que por contagio les acompañemos podemos confiar para creer que no volveremos a los tiempos del mbarete, de los pyrague y los chupamedias, como quieren unos cuantos vividores, parásitos y mediocres.
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También una buena noticia
Por Alcibiades González Delvalle
El país está de nuevo conmocionado por dos hechos: La acción criminal del EPP con el secuestro de un joven de 17 años, y el amparo de los colorados a una posible gran corrupción en la comuna de Ciudad del Este.
En el primer caso, frente a la desolación y el dolor de los padres por el plagio y la elevada suma por el rescate, es un disparate la afirmación de que los delincuentes accionan por razones ideológicas. Encontraron la manera fácil de vivir con el cuento de la “lucha social”. Esta lucha se da con el trabajo, el respeto a los derechos humanos, la solidaridad. Con lágrimas de inocentes no se construye un país.
En el segundo caso, tiene que ser demasiado grande lo que se quiere ocultar en la comuna de Ciudad del Este a juzgar por la costosa movilización de los “hurreros” en favor de la no intervención. Pero el apoyo de los diputados evita aclarar las denuncias. La sospecha de los malos manejos administrativos va a continuar hasta tanto se pronuncie una instancia distinta de la intendencia.
Los hechos denunciados han de tener una dimensión gigantesca para que los colorados ni siquiera se hayan preocupado en guardar las apariencias. Podían haber permitido la intervención y nombrar a interventores que, con una buena propina, den un informe favorable a las gestiones de la intendenta. Pero ni eso. Tenían que demostrar su fuerza con el resultado de que la desconfianza va a continuar. Además, solo consiguen aplazar el tiempo de la transparencia que llegará en el algún momento.
Se equivocan los colorados que están en la corrupción que nuestro país seguirá por siempre indiferente. Hay fuertes indicios de cambios. Tenemos una ciudadanía, cada vez mejor informada, que irá reaccionando contra los corruptos y sus sostenedores.
Mientras estas calamidades ocurren, hay también hechos que merecen nuestra atención por su aporte cultural y educativo.
Con la edición de la fecha ABC Color, en el inicio de la serie de obras clásicas, lanza “Las aventuras de Robinson Crusoe”. Es uno de esos libros excepcionalmente útiles para quienes desean iniciarse en el hábito de la lectura. Su autor, el inglés Daniel Defoe (1660 – 1731) inmortalizó su nombre con esta creación junto con “Diario del año de la peste”, hasta hoy un ejemplo de periodismo literario.
En mi opinión, suelen hacerse recomendaciones erradas a los jóvenes con libros cuya lectura nada, o muy poco, podrían decirles todavía por el tema que trata, el argumento o la complejidad de la técnica narrativa. En este caso se conseguiría un efecto contrario a lo deseado. Es posible que se aburran o no pasen de las primeras páginas. Hasta podrían sentirse engañados con la “propaganda” de que la lectura es un placer, como debe serlo. Con “Robinson Crusoe” no van a tener ese desengaño. Con toda certeza les dejará las ganas de repetir la experiencia de leer.
El premio nobel de literatura, el turco Orhan Pamuk, dice: “Las novelas logran su poder evocativo inspirándose en nuestras experiencias cotidianas, captando las características básicas de la vida. Las novelas también conforman un archivo muy rico y poderoso: de sentimientos humanos comunes, nuestras percepciones de objetos cotidianos, nuestros gestos, nuestras actitudes y lo que decimos”.
La lectura de “Robinson Crusoe”, y de cualquier otro libro que nos ayude a comprender el mundo y el tiempo en que vivimos, nos ayudará a ser mejores ciudadanos, a prestar un mejor servicio al país desde cualquier sitio. Nos ayudará también a reaccionar en contra de las autoridades que roban y dejan que se robe el dinero público.
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Canonización a golpes en el Edén
Por Marta Escurra
Si será predecible la política paraguaya que desde el momento en que se presentó ante al Parlamento el pedido de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este –liderada por el clan Zacarías (Javier y Sandra) desde hace quince años– ya sabíamos que no tendría curso favorable.
Sin embargo, nos sirvió de barómetro para medir cuánto ha crecido la oposición en esa parte del país, la que, con el hecho de haber propiciado este movimiento telúrico, nos da indicios de que anda en pasos ciertos cuando de luchar contra la corrupción se trata. Aunque, seamos realistas, no debemos perder de vista que todavía les falta mucho por aprender de política y manejo estratégico.
El curso de los hechos que discurrieron en el “Edén-Gate” tiene diversos puntos que llamaron la atención y son motivo de reflexión que nos ayudan a interpretar la coyuntura política y las formas en que los parlamentarios se lavaron las manos dejando a la ciudadanía esteña a merced de la prepotencia y los antojos de quienes hoy llevan las riendas del municipio y la gobernación del Este.
También nos mostró cómo de la manera más sutil posible el presidente Horacio Cartes trata de sobrellevar el matrimonio de conveniencia con Zacarías, a quien no puede pedir el divorcio mas tampoco quiere, aparentemente, seguir casado con él.
Pero, ojo, hay otros hechos, mucho más graves y puntuales, que van más allá de las inconveniencias políticas coloradas y que tienen que ver con la legitimidad de un Estado, como por ejemplo el incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información, letra muerta para el clan, así como un nuevo episodio de violencia hacia trabajadores de la prensa. Llama la atención cómo de manera sistemática los adherentes del zacariismo agreden e intentan despojar de su elemento de trabajo (cámaras y grabadoras) a periodistas y reporteros gráficos que mantienen una postura no complaciente para con ellos. Esto volvió a pasar en el “festejo” de la canonización de los líderes del “Edén”.
Pese a que los agresores han sido convenientemente individualizados y denunciados, la tibia reacción de la fiscalía se traduce en los comentarios que hacen a los abogados que realizan las presentaciones: “ni moretones tienen”, dicen minimizando un hecho que a todas luces constituye una grave lesión al estado de derecho.
Es cierto que si vemos como algo puntual estamos ante un hecho de acción penal privada (la agresión) y de acción penal pública (el intento de sustracción de su elemento de trabajo). No menos cierto es que los fiscales están obligados a investigar ante la presentación de una denuncia como esta. Lo sorprendente de esto son la pasividad y hasta el ninguneo de los fiscales ante el grave atentado hacia la libertad de expresión, uno de los pilares fundamentales de la democracia.
Estos señores, que para las fotos prometen indagar y llegar al fondo de las cosas, parecen haber perdido de vista que lo preocupante de esto es que se tratan de agresiones a trabajadores de prensa de parte de un grupo que no respeta la ley, que no respeta la transparencia y cuyo único lenguaje es el golpe. Después de esto qué se viene, ¿un asesinato de periodista?
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¿Terrorismo?
Un vehículo cargado de bombas molotov fue hallado el pasado martes en las inmediaciones de la rotonda Reloj, el día en que se realizaba la movilización pidiendo la transparencia en la Municipalidad de Ciudad del Este. En la noche del jueves, el director del canal Paraná TV (PTV) Nery Peña, denunció que desconocidos habrían disparado contra la estación de televisión.
Al mismo tiempo, la intendente Sandra McLeod de Zacarías denunció que teme por su vida porque está recibiendo amenazas. La misma declaración había hecho su marido Javier Zacarías a un medio de la capital.
La intendente McLeod inclusive llegó a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado solicitando acciones ante supuestos hechos de violencia, perpetrados durante las manifestaciones. El día anterior a la referida manifestación también el diario Hoy, propiedad de Sara Cartes, difundió un audio que supuestamente estaba circulando en las redes sociales, en el que se escucha a dos personas hablando sobre un supuesto plan para tomar a la fuerza el local de la municipalidad.
Lo más llamativo de todo esto es que las páginas de las redes sociales, que defienden a la administración municipal, un día antes ya estaban hablando de supuestos atentados y bombas molotov.
Son denuncias extremadamente graves, como para que la policía y la fiscalía no actúen para individualizar a los responsables. ¿De dónde salió el vehículo con bombas molotov? ¿A nombre de quién está registrado? ¿Cómo llegó hasta ese lugar, una zona por demás sensible, a pocos metros del Puente de la Amistad? Es una zona por demás custodiada, porque a cualquier hora del día hay policías de tránsito, policía nacional, un poco más allá está la base de la Armada. Es absolutamente inexplicable que un vehículo cargado con productos peligrosos llegue hasta allí sin que nadie se de cuenta.
Todavía hay más preguntas. ¿Cuáles son las acciones que hizo por ejemplo la fiscalía, a cargo de Alejo Vera, para determinar la responsabilidad sobre un supuesto plan de atentado? ¿Quién es la mente criminal que pone un vehículo con productos peligrosos en una zona por demás concurrida? Estamos hablando de hechos extremadamente graves, lisa y llanamente de terrorismo, como para que los organismos de seguridad del Estado no actúen para aclararlo convenientemente.
¿De dónde salió la grabación de una conversación? ¿Existe acaso espionaje telefónico en la ciudad? Si existiere, ¿quién lo está haciendo?
De los hechos mencionados, se puede colegir que mentes perversas, a través de estas acciones, están tratando de generar un estado de conmoción para infundir terror en la sociedad esteña. Un motivo más que suficiente para que los organismos de seguridad del Estado actúen con firmeza para garantizar la tranquilidad de la población. Si no lo hacen, la sociedad sacará sus conclusiones…
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Periodismo y RR.PP.
Por Desiré E. Cabrera
“Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás es relaciones públicas” (George Orwell). Su función es poner a la vista lo que está oculto, dar testimonio y, por lo tanto, molestar. Tiene fuentes, pero no amigos.
La frase es contundente y muy clara, no requiere explicaciones. Hoy en día la ciudadanía exige estar enterada de todo lo que se hace con los recursos públicos y la forma en que son administrados. También requiere estar al tanto de las gestiones y formas de vida de las autoridades y saber si realiza o no las funciones para las cuales fueron elegidas.
La excusa preferida de los políticos cuando se publican sus trapisondas es que son “perseguidos políticos”. Se olvidan de que un hombre público está expuesto al escudriño constante de la ciudadanía, a través de la prensa
El artículo 26 de la Constitución Nacional garantiza la libertad de prensa y de expresión, sin censura alguna. Ni la democracia ni el Estado de Derecho pueden ser concebibles sin este valor fundamental, pilar de todas las otras libertades que enaltecen la condición humana. Lamentablemente, en pleno siglo XXI, no faltan algunas autoridades que, víctimas de su propia intolerancia, siguen buscando acallar a la prensa crítica e independiente.
Cualquier herramienta es válida para restringir la libertad de prensa, para amordazar opiniones que molestan a los oídos del poder y para disfrazar la realidad. Desde descalificaciones personales a periodistas hasta maniobras intimidatorias como demandas judiciales sin fundamento alguno, amedrentamientos y asesinatos de trabajadores de prensa.
Dieciséis asesinatos de periodistas en los últimos 23 años de “democracia” después de la dictadura de Stroessner señalan con claridad la inseguridad que representa la falta de respeto a la libertad de prensa y de expresión garantizada en la Carta Magna de nuestro país. También es una muestra de que la administración de justicia paraguaya está al servicio de quienes usan el poder político para delinquir.
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No nos callan ni a balazos
11 septiembre, 2016
Por Fernanda Robles
Tal como decía Gabriel García Márquez, “El periodismo es una pasión insaciable que solo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. Nadie que no la haya padecido puede imaginarse esa servidumbre que se alimenta de las imprevisiones de la vida”.
Hoy, las imprevisiones que vivimos se vieron envueltas en ataques de mafiosos que creen poder dominar nuestra agenda. En un mismo día, fuimos testigos de dos ataques contra medios de comunicación.
Más allá de que el blanco no haya sido precisamente los trabajadores de la prensa, fueron los únicos afectados. Con bombas, y a balazos, intentaron cerrar bocas, como una especie de muestra del poder que tienen. Nos queda claro que están muy bien muñidos, y muy bien protegidos.
En Pedro Juan Caballero, donde la Radio Amambay sufrió su tercer atentado, la zona entera está prácticamente sitiada por miembros de grandes grupos mafiosos, y narcotraficantes. Ya es bien sabido que en ese lugar el único código es la muerte, donde prohíben hasta respirar sin que ellos estuvieran de acuerdo.
El año pasado murieron 66 reporteros en todo el mundo mientras trabajaban informando. Según la organización Reporteros sin Fronteras, en total, 720 periodistas han perdido la vida ejerciendo su labor desde el 2005.
La violencia contra la libertad de expresión continúa y se transforma con el objetivo de impedir que exista una información independiente y de disuadir las miradas. No pasa un día sin que manejen el sistema a su manera, a sangre fría, sin que nadie haga algo para luchar contra ellos.
Estamos cansados de ser parte del ajuste de cuenta de sus negocios; pero estamos orgullosos de ser los únicos en animarnos a luchar contra ustedes. Van ganando la guerra, contra la seguridad, contra la tranquilidad, y entre ellos mismos, pero jamás contra las libertades.
Nos queda dejarles en claro que estos ataques lo tomamos muy personalmente, pero lejos de callarnos, alzaremos más nuestras voces, hasta que caigan todos.
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La máquina de escribir que dejó Roa Bastos
Muy cerca de donde ahora escribo en una funcional notebook, Augusto Roa Bastos escribía hace casi 70 años en una metálica y ruidosa Remington, en el segundo piso de la casona de Benjamín Constant casi 15 de Agosto, cuando un obrero subió a avisar que unos matones estaban destruyendo la imprenta en el taller de abajo, a golpes de hacha y martillo.
Era una tarde gris de marzo de 1947. La guerra civil estaba en ebullición y Roa no era todavía el celebrado novelista, apenas el joven secretario de Redacción de El País, el diario dirigido por Policarpo Artaza, pero sus columnas satíricas, firmadas como El viejito del acordeón, ya provocaban enojos entre los dueños del poder, sobre todo en J. Natalicio González, entonces ministro del dictador Higinio Morínigo, quien envió a una horda del Guión Rojo –grupo paramilitar del Partido Colorado– a destrozar el diario y a traer maniatado al irreverente escriba ante su presencia.
Los periodistas huyeron corriendo encima de los techos de las casas vecinas. Cuando llegaron a buscar a Roa Bastos a su casa de Villa Morra, él tuvo que ocultarse dentro de un tanque de agua, para luego buscar asilo en la Embajada brasileña, iniciando el largo exilio que lo llevó primero a la Argentina, donde empezaría a convertirse en nuestro escritor más universal.
Hay quienes aseguran que la antigua máquina de escribir que dejó en aquella Redacción asaltada por los Guión Rojo, es la que hoy se exhibe en la recepción de Última Hora como una pieza de museo. No creo que sea exactamente la misma, aunque sí es de la época, pero es reconfortante creer en ese símbolo.
En esta antigua casa editorial, que aún conserva el histórico nombre de aquel combativo diario El País, se han editado muchos diarios y semanarios. No hay otro edificio que guarde tanta historia periodística –que en gran parte aún falta rescatar y contar mejor– desde que se imprimió por primera vez el vespertino La Tarde, dirigido por Ernesto J. Montero, el 9 de marzo de 1903. Le siguieron El Tiempo, El Orden, El Estudiante, La Lucha, La Mañana, otra vez La Tarde y varios más, hasta que el 8 de octubre de 1973 apareció por primera vez Última Hora, impreso con las mismas máquinas de la época de Gutenberg, bajo la dirección de Isaac Kostianovsky, el recordado Kostia.
Esa gloriosa época de diarios casi artesanales quedó atrás. Ahora ya no hay matones destrozando imprentas, ni periodistas obligados a huir sobre los techos ante paramilitares enviados por algún gobierno, pero sí hay sicarios narcos que disparan ráfagas de muerte o arrojan granadas sobre los informadores, así como policías y políticos cómplices, fiscales y jueces corruptos que traban cualquier acción de justicia.
Última Hora celebra hoy 43 años de vida. En lo personal y profesional, he compartido 37 años de esa historia y me gusta creer que la misma máquina de escribir que dejó Roa Bastos nos recibe a todos quienes cotidianamente ingresamos a esta remozada casa periodística, como un desafío para que la sigamos haciendo funcionar con la misma actitud de valentía, claridad y dignidad de aquellos duros años de trinchera.
¡Feliz cumple, ÚH!
Por Andrés Colmán Gutiérrez
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“¿Se puede matar a la gente con la opinión pública?”
Por Antonio Carmona
Periodista
La inquietante pregunta, que plantea el corresponsal de la agencia EFE en una crónica desde Moscú, publicada por el diario El País, es cada día más frecuente y más inquietante; y, aún más, la respuesta que nos da la crónica de «una muerte anunciada» que relata el cronista.
El capitán Andréi Nikitin viajaba en el metro de San Petesburgo el día en el que un asesino convertido en bomba asesinó a 15 personas, él mismo entre las víctimas, aunque algunos dirán que se «inmoló», una palabra que los fanatismos, y los manipuladores han convertido en «mística» para justificar asesinatos en la lucha política, de sectas y de claques que poco tienen que ver con las religiones ni con la política y, mucho menos, con la mística.
Andréi Nikitin, ciudadano ruso, convertido al Islam, vestía con «abrigo oscuro, gorro turco y la larga barba correspondiente a su manera cultural, la que hoy, por esos efectos paradójicos de la moda, está al uso de una gran parte de los occidentales, sobre todo los glamorosos faranduleros y peloteros, entre otros.
Valga el caso terrorífico para mirarnos en el espejo, pues, en nombre de la competencia con la informaciones, en base a los compromisos políticos mediáticos cada vez más escandalosos y escandalizantes, justificando la violencia en base a prejuicios, informaciones tendenciosas, títulos catástrofes y opiniones interesadas se está conformando una tendencia de opinión que más tiene que ver con las campañas electorales que con la realidad.
Los medios de comunicación, los formales y los informales, los profesionales y los particulares se encargaron del resto, pese a que se supo enseguida quién era el asesino y víctima, pronto él pasó a ser el «sospechoso» del atentado, a pesar de que se presentó a las autoridades y que quedó fuera de toda sospecha… falsa realidad de las autoridades que decretaron la inocencia… falsa desconexión de la alarma en nuestros tiempos del cólera mediático, en que todos nos convertimos fácilmente en jueces y fiscales sin tener los conocimientos ni los elementos para ejercer tal función que, por cierto, constitucionalmente está bien determinado quiénes deben ejercerla… es decir, que tantos juzgadores se convierten en violadores de la Constitución todos los días, en Moscú, en San Petesburgo, en Asunción y en Ciudad del Este…
Pocos días después, tuvo que viajar, pero, identificado por la abundancia de medios informativos mal informados, al subir al avión fue escrachado y bajado violentamente por la policía. Tuvo que viajar a su valle por tierra, donde, de paso, se enteró que le habían echado de su trabajo.
Consecuencias del acoso de los medios
La jefatura de Interior en San Petersburgo ha iniciado una investigación interna en busca del responsable de la difusión de la foto del capitán como principal sospechoso del acto terrorista. Probablemente, anticipo, no habrá un medio, ni dos ni tres… miles de medios de comunicación formales e informales, profesionales y aficionados, juzgadores y condenadores.
Lo más inquietante del título es lo que se planta la víctima, denunciada de victimario: «Se puede matar a la gente con la opinión pública», dice Nikitin, según el cual quienes creyeron que era el «supuesto asesino» después «no quisieron averiguar más, se quedaron con eso y comenzaron a matarme a mí».
Otro acto criminal de asesinato «social y políticamente correcto». Irresponsablemente irracional e incorrecto, es decir, criminal, en nombre de, supuestamente, todo lo contrario.
Valga el caso terrorífico para mirarnos en el espejo, pues, en nombre de la competencia con la informaciones, en base a los compromisos políticos mediáticos cada vez más escandalosos y escandalizantes, justificando la violencia en base a prejuicios, informaciones tendenciosas, títulos catástrofes y opiniones interesadas se está conformando una tendencia de opinión que más tiene que ver con las campañas electorales que con la realidad.
La burbuja política mediática se está queriendo imponer incluso para generar violencia, si resulta necesario para los fines electoralistas, con la justificación pública de la violencia, expresamente prohibida por la Constitución; con la justificación pública y mediática de la agresión a personas y a sus bienes, expresamente prohibida por la Constitución.
Como en los tiempos de las dictaduras: a los amigos, todo; a los enemigos, con todo. Ya se sabe que los sectarismos se pueden acoplar fácilmente a los tiempos que corren, ya sean dictaduras o democracias. Los poderes fácticos saben convivir con la política, y manipularla y sacarle provecho.
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No necesitamos una ley especial
La Cámara de Diputados tratará hoy un proyecto de ley de “protección a periodistas, trabajadores de prensa y defensores de derechos humanos”, presentado por los diputados Olga Ferreira de López (independiente) y Ramón Duarte (Frente Guasu), que cuenta con dictámenes favorables de las comisiones asesoras respectivas. La iniciativa apunta a “garantizar la vida, la integridad, la libertad, la seguridad y la estabilidad laboral” de esas personas que estarían “en situación de riesgo” por las tareas que realizan, beneficiando también a los miembros de su “núcleo familiar o social más cercano”. Para ello, crea un “Mecanismo Nacional”, compuesto por seis miembros titulares y tres suplentes, que durarán cinco años en sus funciones y que no podrán ejercer otro empleo, cargo o comisión, salvo la docencia a tiempo parcial. Esa entidad “fungirá como órgano de toma de decisiones, coordinación, consulta y auxilio técnico para las autoridades competentes en la implementación de las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de las personas beneficiarias”. Sus decisiones serán aplicadas por una Secretaría Ejecutiva y el Presupuesto nacional deberá incluir las partidas necesarias para su buen funcionamiento y para la “contratación del personal necesario”.
Cuándo no: para encarar cualquier problema, la solución está en crear una nueva estructura burocrática para los amigos, como si el funcionariado no estuviera ya suficientemente obeso en la actualidad. Total, los proponentes no van a pagarles el sueldo de sus bolsillos.
Y bien, en la exposición de motivos se destaca que el proyecto de ley implica un “reconocimiento específico al colectivo de periodistas, como suministradores de información a la sociedad, como catalizadores de denuncias ciudadanas, pero también como verdaderos defensores de los derechos humanos”. Justamente por eso, porque se pretende otorgar una protección especial a los periodistas, diferenciándonos de los demás trabajadores, es que la iniciativa debe ser rechazada íntegramente.
Quienes nos dedicamos al periodismo no somos personas de primera categoría que debamos gozar de un tratamiento privilegiado. Hemos escogido libremente la profesión, a sabiendas de los riesgos que implica, como también lo saben quienes eligieron ser policías, por ejemplo, sin que los mismos gocen de ninguna garantía especial.
La Constitución ya es suficientemente garantista en este sentido, al establecer que toda persona tiene derecho a ser protegida en su libertad y en su seguridad, y que la Policía Nacional tiene la misión, entre otras cosas, de preservar los derechos y la seguridad de las personas y entidades y de sus bienes. Si ella no distingue entre las personas según la profesión que ejercen o la actividad que realizan, no hay razón para sancionar una ley especial que ampare a algunas de ellas, so pretexto de que corren algún riesgo. Dada la inseguridad reinante en el país, también los ganaderos, los comerciantes o los transeúntes están en peligro de ser asaltados, secuestrados o asesinados, pero a nadie se le ocurriría promover una ley singular que establezca un órgano burocrático para atender los requerimientos de cada uno de esos colectivos.
A lo que los periodistas sí tenemos derecho, como todos los ciudadanos, es a que los agentes de policía, los fiscales, los jueces y la Defensoría del Pueblo cumplan con sus respectivas obligaciones, con honestidad y eficiencia. El dinero público que se vaya a destinar al “Mecanismo Nacional” debería ser empleado, más bien, para precautelar la vida, la libertad y los bienes de todos los habitantes del país, entre ellos, los periodistas, sin distinción alguna.
También se podría poner en tela de juicio qué protección podría dar el “Mecanismo Nacional” si la amenaza o la agresión que sufrimos los periodistas proviene de las propias autoridades o de los narcotraficantes instalados en los tres Poderes del Estado. Lo que nosotros requerimos para trabajar en libertad son garantías reales proveídas por los organismos existentes en el marco de la legislación en vigor, es decir, lo mismo que precisan nuestros conciudadanos en general para ganarse el pan sin miedo a ser víctimas de algún delito.
En la exposición de motivos del proyecto de ley se subraya, con toda razón, la importancia de la labor periodística, pero de ella no se infiere que quienes la realizamos debamos estar mejor protegidos que los médicos o los docentes, cuya función social también es muy útil, imprescindible, si se quiere.
Los proyectistas señalan que “prevalece la falta de esclarecimiento de los crímenes” cometidos en perjuicio de periodistas y “la consolidación de una situación de impunidad, en muchos casos, con origen en los mecanismos dilatorios que facilita el proceso judicial”, tanto que la falta de investigaciones concluidas impediría conocer con exactitud las causas y los responsables de estos crímenes. Pero los delitos impunes no solo nos afectan a los periodistas, sino también a muchos otros ciudadanos, sobre todo cuando están involucrados altos personajes en delitos de corrupción.
La iniciativa en estudio no se ocupa ni puede ocuparse de estas graves cuestiones, que son atribuibles más bien a la venalidad o a la indolencia de los agentes policiales, de los fiscales y de los jueces. Pero la objeción de fondo tiene que ver con la igualdad, que incluso es vulnerada cuando se dispone que uno de los aspectos que el “Mecanismo Nacional” debe considerar para autorizar la inclusión de alguien en un Plan de Protección es “la relevancia de las actividades de la persona beneficiaria”, es decir que no todos los periodistas mereceríamos igual protección por el solo hecho de serlo: se consagra así la desigualdad dentro de la desigualdad, que torna inviable el proyecto en cuestión por vulnerar disposiciones constitucionales.
En suma, lo que hace falta es que las autoridades nacionales combatan en serio las organizaciones delictivas, que atentan no solo contra los periodistas, sino contra los ciudadanos y las ciudadanas sin distinción.
La mejor defensa que podamos tener los periodistas es que la libertad de expresión sea garantizada a todos los habitantes del país, como manda la Constitución, y que para el efecto los trabajadores de la prensa tengamos garantizado el libre acceso a las fuentes de información.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/no-necesitamos-una-ley-especial-1624959.html
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Ya no existen los “impublicables”
Por Jorge Torres Romero
«La única ética del periodista es su compromiso con la verdad». Esto repetía con frecuencia un gran hombre trabajador de la prensa. Mientras no difundas mentiras, el resto es historia. Recordaba esta frase en estos días porque me tocó desde este diario ventilar los números expuestos en la serie denominada «El Zar de las Cajetillas».
Es obvio que cada uno recibe una información y la lee e interpreta como se le antoja, influenciado sólo por lo que a uno le afecta. No existe un manual de cómo entender y analizar las noticias que uno procesa.
Los periodistas nos debemos a nuestro trabajo, no a quienes nos pagan el sueldo. Por lo tanto, acá y en cualquier parte del mundo, revelar los hilos de los negocios, por más lícitos que sean, de quienes tienen el poder de influenciar en la gente a través de sus medios de comunicación, es absolutamente oportuno y no habría que escandalizarse por ello.
El ejercicio del periodismo en el Paraguay es libre. Es la gente quien finalmente determina el producto que desea consumir. Por eso, cuanta más información se tenga a disposición, más poder de discernimiento sobre cómo funcionan las cosas en nuestro país vamos a tener.
Hay una tendencia a creer que solo lo que algunos publican es periodismo y lo que otros difunden es ataque, campañas orquestadas o promoción. Sin embargo, mientras aporten datos, es periodismo al fin.
Todos somos vulnerables al escrutinio público, sobre todo si detentamos algún poder, que no solo deviene del poder político como algunos genios del periodismo sostienen, y reducen su mirada crítica exclusivamente a quienes tienen algún cargo público, amparados en el concepto de «la prensa contrapoder». Esta es una definición reduccionista de la misma, cuando si bien el concepto es válido, pero con un alcance mucho más amplio y abarcante, como llegar al poder de los dueños de los medios, por ejemplo.
En Paraguay ya no existen, afortunadamente, los «impublicables». Aquellas castas sagradas que con poder político y económico evitaban ser sometidos a un escaneo mediático. Hoy ya sabemos de dónde vienen, qué hacen y qué fines persiguen los Cartes, Vierci y los Zuccolillo. Cuanto más sepamos de todos, más podremos comprender cómo funciona el país.
La «primavera de la transparencia» de la que tanto alardeamos nos toca a todos. El acceso a información como un derecho fundamental nos beneficia a todos. Y si gracias a las peleas de los poderosos vamos a ir accediendo a más información, pues bienvenidas sean. Los periodistas vivimos pendientes de las «viudas del poder». Ese que quedó fuera del negocio y tiene la información de primera mano para revelarnos, con precisión, cómo se arreglan y se «cocinan» los grandes negocios.
Ya nadie es tan importante para no ser indagado y nadie tan pequeño para no tener derecho a estar informado. Ya queda a criterio de cada uno determinar, calificar y emitir un juicio al respecto, precisamente, a partir de los elementos que obtuvo para crearlos.
Ventilar los negocios de los Zuccolillo no significa que estén incurriendo precisamente en cuestiones turbias, es aportar información para que la ciudadanía conozca cómo opera uno de los grupos económicos más poderosos del país. Si lo actuado es ético, amoral o chantajista ya queda a criterio de cada uno determinar. Nosotros contribuimos en poner todos los elementos sobre la mesa. Al final, siempre será la ciudadanía quien sacará sus conclusiones y para eso abrazamos este oficio. Ventilar lo que el poder (en toda su concepción) siempre quiso mantener oculto. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.
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El derecho a la réplica y el deber de la enmienda
Por Antonio Carmona
El Artículo 28 de la Constitución Nacional “Del derecho a informarse” establece que “Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime”. Es decir, un deber que recae sobre las instituciones públicas, pero también sobre la información en general, sobre todos los que producimos y difundimos información.
Y Añade, «Las fuentes públicas de información son libres para todos. La ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas, a fin de que este derecho sea efectivo».
Y establece a continuación de estos mandatos generales, uno fundamental que atañe principalmente a los ciudadanos comunes: «Toda persona afectada por la difusión de una información falsa, distorsionada o ambigua tiene derecho a exigir su rectificación o su aclaración por el mismo medio y en las mismas condiciones que haya sido divulgada, sin perjuicio de los demás derechos compensatorios».
Y este mandato constitucional inapelable ha ser uno de los artículos más violados de la Constitución; y, en este caso, no precisamente por las autoridades o los políticos, sino por los medios de comunicación y por los profesionales de la comunicación, un mandato que tendríamos que tener más en cuenta los medios, los propietarios y los periodistas, con mayor o menor responsabilidad de acuerdo al cargo y la función que ejercemos, pero que nos concierne y nos compromete a todos los profesionales del periodismo, ya sea por el inclumplimiento a cabalidad, por la distorsión, el ninguneo o el menoscabo de la réplica de los afectados por una información equivocada, falsa y hasta manipulada.
El mandato constitucional es claro, preciso e inapelable: «La rectificación o aclaración debe ser realizada por el mismo medio y en las mismas condiciones en que haya sido divulgada».
Hablando en términos periodísticos prácticos y concretos, esto significa que si la información falsa, trucha, manipulada o equivocada salió en tapa de un diario, la rectificación debe estar en la tapa con el mismo destaque que tuvo la información falsa, trucha, manipulada o equivocada. Ni más ni menos.
Es decir, no se trata de publicar un «sueltito» o una minúscula gacetilla en cualquier parte del diario, sino de reparar el daño informativo con el mismo destaque con que se lo produjo, ya sea por error o por malicia. Y si fuera necesario, con el reconocimiento de culpa y las disculpas del caso.
La norma, lamentable, y vergonzosa para el oficio de informar, es que la «réplica» sea minimizada en su publicación, cuando no, incluso replicada, relegada a espacios menos destacados y sin el reconocimiento debido y la reparación del error, con el pedido de las disculpas del caso.
Lo habitual es leer, ver, escuchar diatribas y menoscabos, con gran destaque y disculpas que hay que rastrear con lupa en los medios.
Es un tema grave para la credibilidad del oficio periodístico, porque es fácil bombardear con misiles y gran destaque la respetabilidad de personas e instituciones y después pedir disculpas en el estricto y recoleto silencio del confesionario de una minúscula gacetilla, perdida en una oscura página.
Los periodistas tenemos, como todos, derecho a equivocarnos, pero, por el impacto público de nuestros errores, cuando, sobre todo, son reiterados y «escandalizados» debemos dar la aclaración correspondiente, sin dejar lugar a la duda. Y sobre todo, cumpliendo con la Constitución, a la que con tanta frecuencia invocamos.
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Litigio estratégico
En democracia existen diversas formas en las que la sociedad se expresa ante los abusos del Estado. Las más conocidas son las manifestaciones. Sin embargo, hay otras vías. Un ejemplo es Rosa Parks, quien en 1955 con el simple gesto de no levantarse para ceder su asiento a un “blanco” en un bus inició una reacción en cadena que significó el fin de una práctica de segregación racial en el sur de los Estados Unidos. Así comenzó un proceso que llevó a que, 50 años después, viéramos a Barack Obama como el primer afroamericano en llegar a la Casa Blanca. La reflexión viene a cuento en días en que el Consejo de la Magistratura (CM) cedió ante otra modalidad de presión ciudadana: el litigio estratégico. La poca transparencia que hubo en la designación de la nueva titular de la Fiscalía General del Estado hizo que los miembros del CM pensaran mejor las cosas, luego de que una acción judicial de parte de organizaciones civiles les dejara en evidencia. La iniciativa, en lo formal, fue una victoria parcial. No se consiguió todo lo que se había reclamado. Entendamos que litigio estratégico no necesariamente se lleva adelante para “ganar”. La victoria se da desde el mismo momento en que se presenta el caso en tribunales. ¿Cómo? Instalando el tema en la opinión pública. Parks, por ejemplo, fue encarcelada.
“Perdió”, pero generó tal tumulto que todo el sistema tuvo que reacomodarse y generar un cambio. De ahí que algunas “derrotas” son victorias porque sirven para demostrar que las cosas no están funcionando. Lo importante del litigio estratégico no son las vicisitudes procesales, sino los cambios que se logran litigando. Ejemplos locales: Caso Vargas: Nos abrió la primavera de la transparencia. Caso Rehnfeldt vs. comandante de las FF.MM.: mostró quiénes lo asesoraban, mostró que la Ley 5282 funciona y, como consecuencia no esperada, le costó el puesto al ahora excomandante. Caso CM para la elección de nuevo titular de FGE: le generó un problema de legitimidad a Sandra Quiñónez y mostró que las ternas históricamente carecieron de fundamentos. Gracias a las falencias que se pusieron en evidencia en un expediente en el que solo se pretendía obtener información pública, el CM modificó su reglamento y las nuevas ternas tendrán los fundamentos que esgrimirán los consejeros y se publicarán los resultados de los tests psicotécnicos de los ternados en todo cuanto no afecte su intimidad familiar. Y esto llega en un momento en el que se viene la elección de varios de los futuros ministros de la Corte. Es el primer paso. La sociedad civil se mantuvo firme y no cedió su asiento en el colectivo de los poco blancos manejos. Esperemos que no tengan que pasar 50 años para que la transparencia en el Paraguay pase de opaca a legítimamente transparente.
Por Marta Escurra
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/litigio-estrategico-1688821.html
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Prensa y poder
Por Rafael Montiel
La prensa es contrapoder. Sea cual fuere el Gobierno que asume, la prensa debe estar en la vereda de enfrente, del lado de la ciudadanía y cumplir con sus roles de informar, orientar, educar, entretener, investigar y denunciar la corrupción en todas sus formas.
En todas las épocas, sea en la dictadura y en la democracia, la prensa tiene los mismos roles. Nada ha cambiado, si vamos a desarrollar una prensa objetiva que procura construir una sociedad más justa y civilizada.
Los medios de comunicación no pueden comprometerse con ningún sector político ni gremios que defienden sus propios intereses, a veces mezquinos e injustos.
En la actualidad surgieron nuevas formas de corrupción: el blindaje y el tráfico de influencias, sumado al clientelismo y prebendarismo que se repiten en cada acto eleccionario.
Pero, en forma llamativa, siempre está latente la idea de cercenar la labor de los periodistas. Este proyecto contradice los principios filosóficos de los partidos políticos.
La doctrina del Partido Liberal, por ejemplo, está cimentada sobre la libertad de prensa, de expresión y el libre pensamiento. Sus ideas se fundan en las diversas libertades humanas desde la misma concepción.
Con su propuesta de reflotar la ley de censura, el diputado Víctor Ríos (PLRA) se aparta de la doctrina de su partido.
Por su parte, el Partido Colorado, de acuerdo a su idea filosófica, es una asociación de hombres libres que busca promover el bienestar del pueblo paraguayo sobre la base de la igualdad, la justicia, la soberanía popular, manifestada en forma republicana y democrática.
En su programa, la ANR defiende “las libertades públicas, la libre asociación, de reunión, la libertad de palabra, de prensa, de conciencia y de culto”. Sin embargo, las autoridades que asumirán el Gobierno se abrogan derechos y quieren direccionar la labor de la prensa.
Por ello, es una obligación de las autoridades electas promover el desarrollo y buscar el bien común. No hay que olvidar que la libertad de prensa es uno de los pilares de la democracia y un derecho del ciudadano.
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La libertad de prensa es la protectora de todas las demás libertades
Hoy se celebra en el mundo el Día Internacional de la Libertad de Prensa, una conmemoración que nos resulta útil para destacar cuánta diferencia existe en el mundo, entre los sistemas políticos que la respetan rigurosamente, la promueven y la protegen, con los que las conculcan. Cuán distintos son los gobiernos y sociedades democráticas que conviven con la libertad de prensa con aquellos regímenes opresores y sociedades oprimidas que no la pueden disfrutar, con dictadores que la temen, que la aborrecen y que realizan toda clase de piruetas protocolares para aparentar ante el mundo poseer una prensa libre cuando en realidad la conculcan diariamente, tratando por todos los medios de ahogarlas, como son los conocidos casos de Venezuela y Nicaragua, en América Latina y en decenas de otros Estados absolutistas en Asia, África y hasta bajo una tiranía europea, como Bielorrusia. Y no se hable de Cuba, ¡la pobre Cuba!, cuyas tres últimas generaciones desconocen de qué trata esta libertad y cómo se siente vivir en comunidad practicándola.
En el Paraguay conocemos muy bien el valor del ejercicio de la libertad de prensa, porque muchos periodistas tuvieron el coraje y la determinación de practicarla contra todo riesgo en el pasado, especialmente en tiempos de la dictadura de Stroessner, aún bajo represalias, intimidaciones y apresamientos.
Todos los habitantes de este país que hayamos nacido hace más de treinta años sabemos valorar lo que significa en nuestras existencias, individuales y comunitarias, tener la posibilidad de expresar nuestras ideas por la prensa y oírlas expresar a los demás con toda libertad. Podemos aquilatar el peso que esta formidable ventaja posee en la construcción de nuestra armónica convivencia social y en el control de la conducta de nuestros gobernantes, para hacer cumplir la ley, para denunciar a los corruptos y réprobos, para instar a los jueces y magistrados a cumplir con su deber, y para divulgar el sentido y el valor de lo que es legítimo y moralmente correcto.
Los habitantes del Paraguay actual, en mucha más destacada medida que en décadas anteriores, vienen siendo testigos de los beneficios de la libertad de expresión y de prensa. Precisamente ahora, en momentos de tensión y suspicacia, de confrontación electoral y de agitación de los temperamentos, el ciudadano común no tiene ni busca mejor fuente de información de la que le proporciona la prensa, una institución que, además de intercomunicarle con el interior de su sociedad, también le es indispensable para recoger y difundir sus preocupaciones y denuncias, exponerlas a la luz pública y hasta presionar sobre las autoridades con el fin de lograr que las mismas sean aclaradas o rectificadas.
“El cuarto poder”, como se ha dado en llamar a la prensa en países donde la libertad de prensa es tradicional e irrestricta, es un concepto que proviene de la certeza que la gente tiene acerca de la influencia importante que los medios de comunicación masiva poseen sobre las autoridades políticas, sea porque controlan eficazmente las conductas de los gobernantes y les recuerdan sus compromisos y promesas, sea porque a los funcionarios corruptos y a los pusilánimes no les agrada leer o escuchar sus nombres o ver sus caras en reportes periodísticos negativos, judiciales o policiales.
Aun así, es conveniente hacer notar que, en nuestra sociedad, no es aprovechada por completo la vigencia efectiva de la libertad de expresión y la apertura de los medios al pueblo paraguayo; la ciudadanía no obtiene de ella todavía todo el provecho que puede y debe a esas libertades y a esas herramientas que están puestas a su disposición por la prensa. La prensa libre paraguaya podría lograr mucho mejores resultados en la gestión de los asuntos de interés general, si las personas adoptaran la disciplina de denunciar diariamente todo lo malo, irregular o ilícito que constata a su alrededor.
Es cierto, hoy en día hay mucha mayor participación de la gente común en los asuntos públicos mediante el empleo de su derecho a opinar, denunciar, criticar o apoyar que la existente dos décadas atrás, por ejemplo. Este es el gran resultado positivo que tuvo para todos el que los gobiernos y las comunidades se hayan comprometido exitosamente con la determinación y la voluntad invariable de sostener la libertad de prensa a todo costo.
Los dirigentes gremiales o sindicales habitualmente utilizan los medios de prensa para dirimir sus diferencias internas, pero mucho más que eso, tendrían que aprovecharla para denunciar las maniobras malintencionadas e ilícitas, los negociados, las conspiraciones contra el interés general. Tendrían que poner en las páginas y micrófonos periodísticos a los políticos, como contra el paredón, uno tras otro, hasta que estos se den cuenta, de una vez por todas, que el hecho de que haber sido escogidos para ser hombres públicos implica que admitieron también ser observados, vigilados, denunciados y acusados, si fuese el caso.
La prensa libre, a medida que se vuelve más y más eficiente en la protección de los derechos colectivos de las sociedades, se va tornando más y más incómoda y riesgosa para quienes decidieron vivir al margen de la legalidad y de la moral. Por este motivo es que en tantos lugares del mundo se exige que los trabajadores de prensa reciban cobertura de seguridad especial de parte del Gobierno, que sean protegidos por leyes especiales y eficaces, a fin de que ese bien tan preciado por todos, cual es la libertad de prensa, no acabe convertido en mera declaración retórica en constituciones y discursos políticos.
Valoremos la libertad de prensa porque nos hace mejores ciudadanos, y estemos dispuestos a defenderla con uñas y dientes ante cualquier atisbo de menoscabo por obra de los intolerantes de siempre, que no pueden convivir más que con adulones de toda laya.
Deseemos larga vida a la libertad de prensa en nuestro país, porque ella es la protectora de todas las demás libertades de los paraguayos y las paraguayas.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/la-libertad-de-prensa-es-la-protectora-de-todas-las-demas-libertades-1699238.html
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Peligrosas medidas
Jun 11, 2018
Se está volviendo una práctica común y a la vez peligrosa, en el poder judicial del Alto Paraná el otorgamiento de medidas cautelares que ponen en serio riesgo la libertad de expresión y de prensa, derechos consagrados en la Constitución Nacional. Hace algunos meses, un político hernandariense, ahora electo concejal departamental, consiguió un amparo para evitar que la prensa se ocupe de un litigio que mantenía con su expareja por la tenencia de una niña. Por tratarse de un menor era hasta casi entendible la disposición judicial, por ser un tema sensible, aunque fue el mismo promotor quien groseramente exhibió a la niña por las redes sociales.
A este caso se sumó el de la rectora de una universidad privada que recurrió a un juez para evitar que nuestro diario publique un caso de acoso contra una docente en el que estuvo involucrado nada menos que un directivo de la casa de estudios. En ese mismo sentido, la semana pasada el juez penal de la Adolescencia, Marino Méndez libró un oficio que señala “ordénese el cese de toda divulgación publicación, generación y alteración de contenido multimedia relacionada al Sr. Gustavo Ramón Duarte”. En este caso, ya se trata de un caso grave de censura previa pues la disposición judicial es absolutamente genérica y afecta a todos los medios de comunicación.
Los jueces que otorgaron las medidas cautelares hasta ahora son Amilcar Marecos y Marino Méndez, curiosamente ambos a diario son cuestionados por los medios de comunicación de la zona por sus resoluciones la mayoría de las veces benevolentes con políticos de dudosa reputación.
Marecos en el 2017 procesó al senador electo Paraguayo Cubas, uno de los pocos políticos que osó enfrentarse al mencionado al poder regional; mientras Méndez hace una semana nada más remitió al archivo una grave denuncia de millonario faltante en la comuna local.
Nuestra Constitución en su Artículo 26 – DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE PRENSA, señala: “Se garantizan la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y de la opinión, sin censura alguna, sin más limitaciones que las dispuestas en esta Constitución; en consecuencia, no se dictará ninguna ley que las imposibilite o las restrinja. No habrá delitos de prensa, sino delitos comunes cometidos por medio de la prensa”.
Es preocupante la seguidilla de actuaciones contra los medios de comunicación que vienen perpetrando los jueces de la zona. Solo hace una semana una supuesta Asociación de Magistrados, lanzó un comunicado en tono de amenaza hacia el diario regional La Clave. La libertad de expresión y de prensa es uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática y uno de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución. Los magistrados judiciales tienen que ser los primeros celosos custodios de preservar estos derechos y garantizar el ejercicio del periodismo y la libertad de prensa y de expresión.
http://www.vanguardia.com.py/2018/06/11/peligrosas-medidas/
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Me ha gustado esta nota en https://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/2020/03/15/una-radiografia-de-la-prensa/
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