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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

Eliminar la rampante corrupción en el Indert

El Estado paraguayo sigue siendo el dueño de la mayor parte de las tierras que empezó a distribuir en 1940. En efecto, 1.974.303 hectáreas –lo que equivale al 62%– aún figuran en el Sistema Nacional de Catastro como pertenecientes al Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Solo 1.211.674 hectáreas, es decir, el 38% restante, están tituladas a nombre de los sujetos de la “reforma agraria”.

Esto significa que, desde hace varias generaciones, numerosas familias campesinas ocupan en forma precaria el campo que cultivan. Como carecen de un título de propiedad, no pueden solicitar un crédito para aumentar su productividad o acceder con mayor rapidez al mercado. Es que también el Banco Nacional de Fomento y el Crédito Agrícola de Habilitación exigen que la devolución del préstamo esté garantizada por un título de propiedad.
El hecho de que no se pueda obtener un préstamo porque la tierra cultivada no está titulada a favor del agricultor implica que hay un gran capital ocioso, del que se podría obtener mucho provecho si los funcionarios del Indert fueran diligentes y honrados. No solo aumentaría la capacidad productiva del campesino, sino que también circularía más dinero, con un apreciable efecto multiplicador. Como los inmuebles pertenecientes al Estado no pueden ser adquiridos por el mero paso del tiempo, a través de la figura jurídica de la prescripción, la condición de ocupante precario se mantiene. Los campesinos afectados, que ya cancelaron su deuda con el Estado, podrían promover contra este una demanda de obligación de hacer escritura pública, pero, como la Justicia no es pronta ni barata, parece ilusorio que se arriesguen a dar ese paso. El hecho de que una entidad pública cobre un dinero sin otorgar a cambio el título de propiedad es un verdadero escándalo. Más aún, podría configurar una estafa si el Indert otorgara el mismo lote a otro agricultor, lo que no sería de extrañar porque carece de un Catastro Agrario y Ambiental actualizado y coordinado con el Servicio Nacional de Catastro.
Solo quien se sabe dueño de la tierra que cultiva se arraiga en ella y tiene más ganas de introducir mejoras. La propiedad privada, garantizada por la ley y los tribunales, es el principal estímulo para generar riqueza. El auténtico campesino quiere tener el instrumento público que certifica su condición de dueño de la tierra que labra. No quiere sentirse un intruso, sino el amo y señor del espacio en que vive y trabaja. Es indignante que, mientras no obtenga del Indert el título de propiedad al que ya tiene derecho, quede expuesto a la intervención de facinerosos que se ofrecen para acelerar su entrega a cambio de un ilícito “incentivo”. No debe sorprender que entre esos intermediarios figuren funcionarios del propio Indert, un organismo en que la corrupción ha echado profundas raíces.
La demora en la titulación puede responder tanto a la ineficiencia de los agentes del Indert como a su interés por despojar de su dinero a los campesinos desesperados. Unos deben ser destituidos por ineptos y haraganes, y otros encarcelados por sinvergüenzas y delincuentes.

Eliminar la rampante corrupción en el Indert

 

Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

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4 comentarios en “Eliminar la rampante corrupción en el Indert

  1. Desarrollo rural ausente

    Hace un par de meses, el problema se presentó con el tomate. Ahora, el drama se repite con la cebolla. Se tratan de dos rubros de consumo masivo que han comenzado a alcanzar buen nivel de producción nacional pero que aún no consiguen pesar significativamente en el mercado con una oferta constante, de calidad y sustentable.

    La primera reacción del productor local ante esta realidad es culpar de todos sus males al contrabando el cual, sin duda, causa enorme daño no sólo a los agricultores sino a todo el aparato productivo.

    Pero hay ejemplos de que al contrabando no se lo derrota con esquemas represivos sino con una producción competitiva. Es el caso de los productos lácteos que, luego de atravesar un periodo de inestabilidad entre los años ‘60 y ‘80, han logrado imponerse al punto de que sus similares argentinos y brasileños prácticamente han desaparecido de las cadenas de comercialización. Lo mismo puede decirse del rubro avícola y también de la carne vacuna, esta última contrabandeada desde Argentina hasta hace un par de décadas con el legendario rótulo de “costilla de Santa Fé”. Hoy, todo eso es historia. ¿Cómo se venció al contrabando en esos rubros? Con inversión y mucha perseverancia, sobre todo, con procesos de cooperativización, capitalización y una permanente incorporación de tecnologías de producción.

    La siguiente pregunta es por qué no se ha logrado alcanzar estos niveles de competitividad en rubros fruti-hortícolas, en especial el combo de la cocina diaria compuesto por papa, cebolla, tomate, locote, lechuga, etc. Por qué sigue floreciendo el contrabando mientras los productores paraguayos languidecen. En un documento elaborado por la Unión de Gremios de la Producción (UGP) y el Instituto Desarrollo se analizan las variables de este problema. En él se relata cómo en el complejo de producción de granos –altamente tecnificado y eficientemente gestionado- se registró una expansión de más del 740% en dos décadas. Mientras tanto, en la pequeña agricultura siguen subsistiendo viejas carencias tanto en lo económico-productivo como en lo político-institucional. Se señala como causas directas del escaso desarrollo rural el bajo nivel de inversiones en investigación agropecuaria y la falta de acceso a paquetes tecnológicos apropiados para los productores. También cita la falta de sistemas participativos en la definición de objetivos y prioridades para el desarrollo rural con ausencia casi total de representación de los gobiernos departamentales y municipales. Tampoco deja de lado el documento el enfoque socio-cultural, afirmando que a la deficiente educación formal se suma la ausencia de promoción de esquemas asociativos que mantiene al pequeño productor aislado y fuertemente vulnerable a los vaivenes del mercado. Todos estos son aspectos que vale la pena seguir abordando en busca de respuestas al desarrollo rural ausente, cosa que haremos en siguientes ediciones.

    http://www.5dias.com.py/51560-desarrollo-rural-ausente

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    Publicado por Anónimo | 24 noviembre, 2016, 8:33 am
  2. El injusto Indert

    Cuando la cabeza de una institución se llena de reclamos, por antecedentes en contra comprobados es cuando todos nos preguntamos qué tiene de eficiencia para que sea mantenida por sus superiores. Solo resta pensar que se trata de alguien piadoso, rebosante de bondad o de picotear algún presupuesto junto a sus superiores. No se me ocurre otro motivo y, más aún, siendo un paisanito más y tan empapado de las cosas adversas y torcidas que ocurren en el Paraguay.
    Cuando alguien es tan vapuleado por todos los medios de prensa, por la manera inverosímil de cumplir con una función que debe ser eficaz, y continúa tan campantemente en el cargo es cuando todos los paraguayos y extranjeros que pisan y viven en este país nos preguntamos: ¿quién será el padrino de este funcionario que no es despedido de un plumazo de su cargo?

    Es lo que ocurre con el actual presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) que comenzó a ridiculizar al Gobierno Nacional y a todos los paraguayos con la supuesta provisión de agua potable con el sistema de pozos artesianos que solo consistió en hacer buracos con el arte de embromar a todo el Paraguay.

    Los millonarios desembolsos del Indert y entregados a las ONG para la provisión de agua potable a los campesinos fue una joda que se sintetiza en lo que ocurrió en la fronteriza zona de Puentesiño, del departamento de Concepción, en donde se habilitaron, con costos sobredimensionados, dos pozos juntos sin que ninguna comunidad ni gente existiera para que tomen agua. Más claro agua, pero sin gente que la pueda tomar.

    La entrega a las ONG, llamadas de maletines, porque solo sirven para cargar el dinero malhabido y mal entregado, y a gente que hace empanadas en algunas comunidades para que construyan pozos artesianos delicados, equivale al vito de la plata dulce que hace el Indert para que agriamente caiga en los bolsillos de sus directivos y fieles sostenedores.

    En un país medianamente serio y en donde los corruptos no están metidos hasta el cuello lo que se hace es empujarlos hacia abajo para que se ahoguen con la expulsión y no salgan a flote para ocupar ningún otro cargo oficial.

    Los enfrentamientos entre agricultores mecanizados y campesinos son una pelea de nunca acabar. El drama de la tenencia de la tierra en el Paraguay es una lucha que lleva años por la roñosa mixtura existente en el manejo populista del Estado, de algunos parlamentarios y miembros de la Iglesia Católica. El Ing. Valique Cubilla contó y cantó la realidad en la manifestación ocurrida el pasado miércoles 16 de noviembre en la Cooperativa Copasan, Km 116 de la colonia Minga Porã.

    El acto sirvió para que todos los gremios productivos como la UIP, ARP, Capeco, UGP, Fecoprod, Feprinco, Capeco, Unicoop, Asoban, parcialidades indígenas, otras asociaciones y las más de 3.000 personas pidieran a través de sus voceros la destitución del titular del Indert y el buen manejo institucional que debe imperar en esa oficina, hoy generadora de invasiones y del mal manejo de las tierras agrícolas del Paraguay. Algunos parlamentarios presentes habrán grabado los discursos del productor de Guahory, de Valique, de Eduardo Felippo, de Héctor Cristaldo, de los cooperativistas, del Dr. Luis Villasanti, de todos los otros y de José Agnegui, representante de la parcialidad Aché de Puerto Barra, quien acotó que ahí se vive gracias a los cultivos mecanizados del maíz, del trigo, de la soja y de la reserva boscosa bien manejada con cultivos como la yerba mate.

    Quedó evidenciada la estafa que comete el Indert al cobrar las tierras a hijos de brasileros que son ya paraguayos que la trabajan y, sin entregarles el título, buscan ceder a campesinos invasores llegados a Guahory de la mano de oportunistas y populistas.

    Por Caio Scavone

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/el-injusto-indert-1539998.html

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    Publicado por Anónimo | 24 noviembre, 2016, 8:33 am
  3. VIVIENDAS Y TÍTULOS

    La responsabilidad y compromiso con la solución de los problemas sociales como el acceso a viviendas dignas y a tierras para campesinos, así como la transparencia en el uso del dinero público, deben seguir siendo pilares de las acciones del Estado para solucionar dos de los graves problemas heredados por mal manejo de administraciones anteriores.

    La población, sobre todo la más carenciada, tiene que seguir recibiendo de parte de las instituciones públicas soluciones concretas y no simples discursos y promesas, monedas comunes cuando desde el poder se busca solo el beneficio personal o la instalación de estructuras políticas pensando en la perpetuidad en los cargos.

    Hace unos días, la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat) hizo entrega de 105 viviendas en la compañía Alemán Cué, del distrito de Yrybukua, del departamento de San Pedro, cumpliendo con los compromisos asumidos con esa población.

    Las viviendas fueron construidas por la empresa Proel Ingeniería, utilizando nueva tecnología, tipo prefabricada, y forma parte de la primera etapa de las 347 casas proyectadas para esta zona del país, de acuerdo con lo detallado por la Secretaría.

    Se indicó que todas las familias que fueron beneficiadas son de escasos recursos económicos y que las viviendas cuentan con 43,50 m2 con 2 dormitorios, baño familiar, cocina, lavadero, sala de estar y comedor. El monto total invertido fue de 7.462.317.880 guaraníes y el costo de cada casa es de 74 millones de guaraníes, según informaron autoridades de la Senavitat.

    Los beneficiarios, como la mayoría de los proyectos impulsados por la Senavitat, formaron parte del plantel de trabajadores que construyeron las viviendas, luego de participar de cursos de formación.

    Para que los pobladores de la zona puedan insertarse en la mano de obra fueron capacitados en varios cursos brindados por la empresa, lo que les permite igualmente estar en condiciones de desarrollar este tipo de labores en otras construcciones. Esta modalidad significó, además, un movimiento económico de alrededor de 3.000 millones de guaraníes en la zona, que ayuda a paliar la situación de numerosas familias.

    La semana pasada, también, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), hizo entrega de más de 500 certificados de adjudicación de tierras a familias de Chino Cué, Itakyry, Alto Paraná, para dar solución a un problema que se arrastraba desde hace 17 años.

    Esta acción de la institución, de acuerdo con lo señalado por su titular, Justo Cárdenas, se enmarca en la línea trazada por el Gobierno, en el sentido de hacer entrega de adjudicaciones de tierras públicas como debe ser y lograr el reordenamiento del patrimonio jurídico del Estado.

    En ese sentido, se especificó que uno de los objetivos principales del Indert es seguir con la intención de que las tierras que forman parte de la reforma agraria sean efectivamente habitadas por personas que califican como sujetos de esa reforma y no por medianos o grandes productores, que ha sido una práctica común por mucho tiempo.

    Las tierras entregadas son parte de las 10.300 hectáreas que se permutaron con la empresa Tierras y Negocios, por otras que pertenecían al Estado paraguayo que se encuentran en situación ociosa en el Chaco paraguayo.

    Se explicó que si el Estado hubiera querido vender las tierras en el Chaco, el precio sería muy inferior. Cárdenas explicó que si se tuviera que pagar en efectivo la deuda del costo de la tierra en Chino Cué, se tendría que haber pagado unos 25.000.000 de dólares, monto que evidentemente el Estado no cuenta para ese tipo de adquisiciones.

    A decir de las autoridades del Poder Ejecutivo, los dos casos mencionados, aunque aún queda mucha necesidad y por hacer sobre todo en el interior del país, ratifica el compromiso asumido por el Gobierno de que el dinero público es de la gente, y que las acciones que se desarrollen deben seguir siendo enfocadas en ese sentido.

    Esto, a pesar de los discursos políticos que solo pretenden desacreditar y no reconocer que si bien pueden darse errores, como en todos los ámbitos, hay aspectos positivos que están marcando un país diferente, con una ruta clara que, sumado a los esfuerzos en el área económica, puede permitir lograr lo que se espera, un Paraguay mucho más justo y próspero.

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    Publicado por jotaefeb | 28 julio, 2016, 9:21 am
  4. NULO APORTE DE LOS SÍNDICOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS

    En veinticuatro entidades estatales existen síndicos designados por la Contraloría General de la República, que tienen la misión de fiscalizarlas, sin intervenir en los actos administrativos propios de ellas, según la Resolución CGR Nº 566/94. Participan con voz, pero sin voto, en las reuniones del Consejo o Directorio; recaban informes y documentos, así como datos estadísticos, económicos y financieros de la institución para enviarlos a la Contraloría; verifican e informan sobre el cumplimiento de la presentación de las declaraciones juradas de bienes y rentas del personal de la institución y de la prohibición de la doble remuneración; examinan, en fin, el acatamiento de las normas legales, fiscales e impositivas relacionadas con las gestiones de la entidad que fiscalizan. Estas son solo algunas de las funciones generales de los síndicos, que desde ya los convierten en los ojos y oídos de la Contraloría. Además, tienen funciones específicas, como la remisión anual de un informe, acompañado de un dictamen, sobre el balance general, los inventarios, las cuentas de resultados y la ejecución presupuestaria de la institución, y la remisión de un informe trimestral, con las observaciones y sugerencias pertinentes, sobre las gestiones de recuperación de créditos y el nivel de morosidad.

    Aunque incompleta, esta enumeración de los importantes deberes y atribuciones de los síndicos basta para concluir que la Contraloría tendría que estar al tanto de los manejos contables, administrativos, legales, económicos y financieros de cada uno de los organismos en donde sus agentes deben hacer oficina, ajustándose al horario normal de trabajo. No necesita de ningún “examen especial”, a cargo de sus funcionarios de planta, para saber cómo se manejan las cosas allí donde tienen a un auditor. Sin embargo, los escándalos en el IPS, en la ANDE, en Petropar o en el Indert se suceden desde hace años, como si los síndicos no hubieran tenido la menor idea de los negociados en torno a las licitaciones públicas, a los endeudamientos o a la compra y venta de tierras.

    Queda claro, entonces, que las decisiones de las máximas autoridades, así como su ejecución, tuvieron que ser conocidas por los síndicos, como se desprende de las funciones antes referidas. Si las ignoraron, fueron ineptos o negligentes y, en consecuencia, tuvieron que ser removidos a más tardar cuando la Contraloría se enteró del asunto a través de la prensa o de la intervención del Ministerio Público. Si tuvieron conocimiento de lo que se tramaba y de lo que se consumó más tarde, pero no informaron al menos al contralor general de la República, encubrieron un hecho punible. Es probable que con los síndicos ocurra lo que con miembros del Consejo de las instituciones, representantes de distintas entidades y sectores, que en vez de defender los intereses de sus representados rápidamente se convierten en meros funcionarios públicos, que gracias a los buenos salarios y otros “beneficios” hacen la vista gorda o participan de las trapisondas de los jefes que estafan al erario.

    Entre las funciones generales de los síndicos aparece también, en la Resolución CGR Nº 566/94, la de “suscribir las actas (de las reuniones del Consejo o del Directorio), con el único efecto de dejar constancia de su participación y sin que ello implique consentimiento alguno de las decisiones asumidas por el ente público”. Si no las consintieron, pero estuvieron enterados de una resolución que implicaba la comisión de un delito de acción penal pública, tenían el deber de denunciarlo conforme al art. 286 del Código Procesal Penal. Esta norma concuerda con el art. 9º de la ley orgánica y funcional de la Contraloría, que la obliga a denunciar a la Justicia Ordinaria y al Poder Ejecutivo todo delito que conozca por sus funciones específicas, siendo solidariamente responsable con los organismos sometidos a su control, cuando estos fueron deficientes o negligentes.

    La responsabilidad de la Contraloría alcanza en particular a los síndicos cuando se convierten en cómplices, ya que el art. 38 de la misma ley dice que “responderán ilimitada y solidariamente con los responsables de la repartición pública cuya auditoría y fiscalización se les confía, por los actos y documentos que verifiquen y autoricen”. O sea que pueden confabularse con los jerarcas a los que deben controlar, aunque la resolución citada –normativa de rango inferior al de la ley– los desliga de las decisiones tomadas por ellos. Así, no solo tendría que estar procesado el expresidente del Indert Luis Ortigoza, por ejemplo, sino también el síndico de la época, Juan Carlos González, que estuvo enterado de sus presuntas actuaciones ilícitas y nada hizo para impedirlas. Si ambos fueran condenados, la Procuraduría General de la República podría exigir al síndico el resarcimiento íntegro del daño patrimonial causado. Se trata de una mera especulación, pero sirve para recordar el papel de esos supervisores que, pese a su importancia, no ha servido para frustrar las operaciones delictivas realizadas en organismos como los antes mencionados. A quienes intervienen en ellos no les ha de costar mucho inducir al síndico a que haga vista gorda o a que guarde silencio, incluso dándole una parte del dinero mal habido.

    La Contraloría no podrá ejercer su rol constitucional si no se preocupa por vigilar de cerca el trabajo de sus funcionarios. Como el control permanente debe empezar por casa, conviene que ponga a sus síndicos bajo la lupa porque, en el mejor de los casos, habrán tenido noticias de los graves hechos de corrupción que en los últimos años han afectado a las entidades a las que están asignados. De vez en cuando, la opinión pública toma nota de que la Contraloría denuncia ciertas malversaciones cometidas por intendentes y gobernadores, pero no así de que ella haya impedido la consumación de un delito de lesión de confianza mediante la oportuna actuación de uno de sus síndicos. El balance de su gestión, que no puede ser más sombrío, permite llegar a la conclusión de que ellos no sirven para nada y de que se integran fácilmente en la estructura corrupta que encuentran. Hasta ahora, la Contraloría proyecta una imagen de que es una de las numerosas instituciones de control que solo sirven de figura decorativa en el Presupuesto nacional.

    La vieja pregunta de quién controla al controlador solo puede tener como respuesta: es la sociedad civil organizada y vigilante la que debe exigir la rendición de cuentas del síndico. Los ciudadanos y las ciudadanas, individualmente o por sus organizaciones civiles, son quienes deben ponerle el ojo encima a ese vecino que funge de síndico en alguna institución pública y muestra un sospechoso bienestar económico.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/nulo-aporte-de-los-sindicos-de-las-entidades-publicas-1502639.html

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    Publicado por jotaefeb | 28 julio, 2016, 9:16 am

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Gracias jakarupa rireguánte.8/12/16

Dejó sin pierna a motociclista y ahora suspenden el proceso

En este país, la Justicia solo trabaja medio día y a veces, ni trabaja.
Moraleja: Si tenés guita no hay problema chera'a. Kore qué injusto!
Justicia paraguaya... Paga 6 millones como "pena" por dejar sin piernas a una persona y casi dejarlo sin vida. Por algo somos la tercer peor justicia del mundo.
Un borracho platudo choca con su autazo a un humilde trabajador, a quien se le amputa su pierna y solo tiene que pagarle 6.000.000 de guaraníes, en cuotitas. Manejas alcoholizado y... Conductor pagará G. 500.000 mensuales tras choque que dejó sin pierna a guardia. Independientemente que haya habido ya un acuerdo con la víctima, qué suaves (¿?) son los castigos para conductores alcoholizados. Después dicen que el dinero no trae la felicidad.

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Banquina llena de botellas plásticas y otros desperdicios arrojados por peregrinantes. Triste realidad! La fe mueve montañas, los peregrinos... Basura #lamentable

La ambición por el poder da amnesia ... 10 años después este es el "nuevo rumbo" de Lugo, los tiempos cambian y los intereses también, jamas los politicos mantienen su palabra empeñada, sencillamente nadie resiste un archivo! Peligro para el país, sólito se está haciendo su tumba, vergüenza me da esta clase de políticos.

En San Lorenzo el cretinismo toma forma de micro que se adelanta en doble línea en pleno cruce... Consuelo: peores cosas hacen con sus chatarras todos los días

Es el primer día del pesebre y el camello ya está harto de todo. (?)

Se le armo el scrache social al borracho Alvarenga. Alto representante legislativo, "de pedo" no mató a nadie. Ndo jerai gueteri, hesa pili'upapeve omoco el guai... por eso que hasta el árbol vio que se le puso en el camino (?) Que imprudente el árbol, imputenlo por exposición al peligro, seguro era un árbol peregrinando! Lo que es la naturaleza, hasta un árbol salió huyendo de un posible accidente. Ha koa la ñande legislador, los primeros en respetarlas las quebrantan... lamentable. Cada idiota que tenemos en el país. Un criminal de raza y harto-peligroso el Diputadete éste, igual a todos los de su camarilla de farsantes y estafadores. Con "chapa cambiable"? En un país serio, estaría preso y sin permiso para conducir de por vida o presentando su renuncia a la Cámara Baja. Es un asesino potencial. Burro, borracho y cobarde. Hombre escombro.

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