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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

(POLICÍAS) TEMBIGUÁI

Lunes 4 de julio. 10.00. Hombres de la Agrupación Motorizada rompen la monotonía de la avenida Novena, en barrio Obrero. Un par de policías arrancan sus máquinas, aceleran con furia y raudos cierran la calle ante la estupefacta mirada de automovilistas y transeúntes. Estos, azorados por la manifestación sorprendente de los inesperados émulos de Poncherello, tratan de adivinar quiénes eran los vips que salían de la sede social del club Nacional en un bus de larga distancia. Segundos después, por un portón lateral, sale un comisario orondo y lirondo conduciendo en su vehículo particular satisfecho con el deber cumplido.

¿Iba el equipo académico a una nueva final de la Libertadores? ¿Iba Arsenio Erico redivivo para un justificado baño de multitud? No, nada de eso. La verdad es que la comitiva tricolor se dirigía a Caacupé para agradecerle a la Virgen por el fin de la pretemporada. No sabemos si la Madrecita de los paraguayos fue más amorosa por la escolta policiaca. Aunque la verdad parece ser más terrenal. El nuevo presidente de la APF era el titular de Nacional. Y esta innecesaria presencia policial puede ser un favorcito al ilustre nacionalófilo. Pero es, además, otro ejemplo, el más pequeño de todos, del sometimiento de la Policía al poder, y de toda clase y pelaje. Cualquiera con cierta influencia (si esa influencia es generosa, mejor) puede invocar a sus padrinos para torcer la severidad policiaca.

Los policías (así como fiscales, jueces y funcionarios de medio y alto rango) están malsanamente subordinados a la influencia política. Cualquiera de ellos, para conseguir un ascenso u otra canonjía legal o ilegal debe arrodillarse ante los intereses de parlamentarios, autoridades de todos los colores y millonarios inescrupulosos.

Unos tienen estómago para aceptar y beneficiarse de esta penosa realidad. Otros se callan y llegan hasta donde pueden en sus carreras. En verdad, los honestos están solos, sin nadie a quién acudir, rumiando sus penas o doblegándose ante la corruptela. Para crecer en nuestra selva político-administrativa, tenés que saber de qué liana colgarte. O si no, ni Tarzán te ayuda. Salvo que llegue al Congreso.

La Policía debe estar sometida a la ley y regirse solamente por el profesionalismo. La suya es una de las profesiones más nobles y útiles para la sociedad, y van a tener el respeto y solidaridad de ella cuando dejen de comportarse como meros tembiguái de los poderosos.

Por Arnaldo Alegre

http://www.ultimahora.com/tembiguai-n1006560.html

Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

13 comentarios en “(POLICÍAS) TEMBIGUÁI

  1. En Pelopincho sí, a los peces gordos no
    2 agosto, 2016
    Por Carlos Franco

    En la mañana de ayer se vivió un tenso procedimiento policial en el barrio Pelopincho, en el que fue detenida una mujer a quien identificaron como la “Reina del crack”. A su paso, los agentes allanaron viviendas, incautaron nueve gramos de pasta base más conocido como “crack” y detuvieron a tres personas más, entre ellos un menor de edad, según el informe policial.

    La intervención policial no cayó para nada bien a los pobladores, principalmente, a las mujeres que reaccionaron de forma violenta contra periodistas y agentes policiales que se encontraban en el lugar. Las furiosas mujeres fueron filmadas y los videos de los hechos violentos en Pelopincho se viralizaron en las redes sociales.

    “La Reina del crack” y las mujeres que salieron a defenderla parecen extraídas de alguna narconovela colombiana o mexicana, pero no señores, estas mujeres no pertenecen a la ficción, son reales y son paraguayas. Aunque, probablemente, no sean inocentes, ellas no tienen la culpa de que en todo el país circule, libremente, todo tipo de drogas.

    Es cierto, no es agradable ver un violento procedimiento en el cual están involucradas mujeres y niños, pero la Policía y la Fiscalía deben cumplir con su trabajo y desactivar los focos de microtráfico. Pero también nuestras autoridades deberían trabajar en erradicar el verdadero narcotráfico.

    Con la misma mano dura e intensidad con la que las autoridades movilizaron a decenas de policías, para arrestar a una mujer con 9 gramos de crack también se debería investigar el origen de la fortuna de muchos personajes de la política, que levantaron imperios de la noche a la mañana.

    Mientras las autoridades sigan pescando a peces pequeños, como “La Reina del crack”, y sigan dejando impune a los peces gordos de la droga en el Paraguay, los microtraficantes se reproducirán como conejos y seguirán vendiendo todo tipo de sustancias ilícitas como pan caliente en cualquier esquina.

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    Publicado por Anónimo | 6 agosto, 2016, 6:57 am
  2. Se perdió el respeto

    La Policía stronista era brutal. Reprimía a golpes, a patadas, a cachiporrazos, como sea, hasta que finalmente tiraban de cabeza a la gente a la “Caperucita” y desaparecías por un buen tiempo. Tus familiares tenían que ir de comisaria en comisaria apreguntar si no estabas allí. Y le decían “Nooo, aquí no está”. En realidad, estabas… incómodamente alojado en una sucia celda y con un gran interrogante hacia tu futuro. Claro, si no era un problema político, o algún capitoste de la época, que había muchos, no quería joderte la vida, por ahí pagando alguna coimita, salías al poco tiempo y volvías a respirar “aire puro” con un gran suspiro de alivio.

    Si tu “problema” era de otro orden, conspiraticio por ejemplo, estabas sencillamente frito. La Policía desplegaba todas sus “artes oscuras”, una más sanguinaria que la otra, para hundirte, para acabarte, al gusto del dictador.

    Aquellos métodos brutales tenían sin embargo, alguna virtud. El orden público era bastante aceptable. Tanto se temía a la Policía que existían pocos delitos comunes. Famoso. La gente se sentaba en las aceras a la tardecita, sin miedo a nada, podías dormir con las puertas abiertas y no pasaba nada. Por supuesto, los robos existían, pero nunca con el frenesí actual.

    Aquel “miedo a la Policía” era en cierto modo saludable, según lo hemos anotado. Eso, se perdió totalmente en la actualidad. Para muestra un botón que salió a la luz esta mañana. La Policía, fiscales, la prensa, desarrollaban un aséptico operativo en una vivienda, allanada ya tres veces en busca de drogas, en la zona de la Chacarita. Buscaban crack. De pronto apareció una mujer, totalmente exaltada, incontrolable, vociferante, con un bebé en brazos para más, que sostuvo a los gritos que les “habían plantado la droga”. Se mostró de inmediato agresiva con la cronista de Tv que la entrevistaba. Siguió el escándalo hasta que apareció un grupito de mujeres, una de ellas embarazada y empezó a agredir con violencia a la gente de prensa, “porque solamente entrevistaban a los otros”, les tiraron piedras y los corrieron literalmente, por lo que intentaron refugiarse detrás de los uniformados. Vano intento. Atacaron también a los policías. Empujones, golpes, patadas, arañazos, un comisario de alto nivel ya entrado en años, hesitaba sobre qué hacer hasta que ligó lo suyo y se corrió. Todo un escándalo. Increíble.

    Reflexionando a ojo de buen cubero sobre el hecho, se podría concluir que esta falta de respeto a las autoridades, podría ser también una de las causas de la increíble violencia que vivimos cotidianamente. La Policía no sabía qué hacer. Y lo peor, no estaba equipada ni técnica ni materialmente como para sofocar un conato como el que se estaba viviendo. El tema policial debe ser replanteado. Con inteligencia. Acorde a los tiempos que corren. La mano dura justa con la delincuencia y con las actitudes irracionales. Y con las técnicas, que existen miles hoy en día, para volver las cosas a la calma. La impunidad con que actuaron es sencillamente desastrosa. Y por supuesto volverán a hacerlo. El tema es urgente. Revisar todo. Poner al frente a gente preparada que trace el perfil de la Nueva Policía Nacional. Que nos haga olvidar esa triste imagen de impotencia, con que se dejaban agredir impunemente en la Chacarita, por un triste grupo de patoteras.

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    Publicado por Anónimo | 6 agosto, 2016, 6:56 am
  3. A merced de los delincuentes

    Nuevamente, un fin de semana cargado de hechos delictivos sacudió al Alto Paraná. Asaltos, hurtos y homicidios se tornaron el pan nuestro de cada día ante la casi nula acción policial. El sábado a la noche tortoleros hurtaron dinero y autorradios de vehículos estacionados en un complejo de Minga Guazú, donde se realizaba una competencia deportiva, que atrajo a miles de visitantes a la capital del Alto Paraná. Los agentes policiales alegan que no tenían permiso para ingresar al recinto y que ni fueron avisados de la actividad.
    El sábado a la mañana también asaltaron a una joven para despojarle de su celular, en la zona céntrica de Ciudad del Este. A la tarde, asaltantes, a punta de armas robaron su motocicleta a un joven, en el Km 19 también de Minga Guazú.
    En tanto ayer, dos periodistas fueron víctimas de un motochorro, en el Km 5, 5 de la capital departamental. Fue frente al local de la Asociación Japonesa en donde se realizaba la primera Feria Internacional de Comidas. Una hermosa actividad que congregó a cientos de familias, que desde tempranas horas llegaban allí para disfrutar de un momento agradable. A pesar de la gran concentración de personas no había un solo efectivo policial que resguarde el lugar.
    Todos los días, la ciudadanía sufre las consecuencias de la inutilidad policial reflejada en la poca capacidad de combatir los hechos delictivos. El responsable de la seguridad en el departamento es el comisario Darío Aguayo, quien fue condecorado por su supuesta buena gestión por la Junta Departamental y la Junta Municipal de Yguazú. Sin embargo, los asaltantes acechan y la ciudadanía queda absolutamente desprotegida.
    No hace mucho, los pobladores de Minga Guazú debieron salir a las calles para reclamar mayor seguridad y exigir el cambio de autoridades y efectivos policiales de la comisaría agobiados por los constantes ataques de los motochorros. Se sabe en la jerga policial, que muchos de los jefes policiales tienen a su cargo a estos delincuentes y que perpetran sus golpes con la anuencia de los mismos policías, con quienes comparten el botín. En los dos casos en los que se registraron ataques de motochorros, como la actividad desarrollada en el Complejo CIDE y en el de la Asociación Japonesa, llamativamente la excusa policial fue que la actividad no fue informada a la Policía. ¿Acaso los delincuentes manejan esta información, para tener vía libre para sus golpes?
    La Policía Nacional está lejos de cumplir con su misión constitucional de “preservar el orden público legalmente establecido, así como los derechos y la seguridad de las personas y entidades y de sus bienes; ocuparse de la prevención de los delitos; ejecutar los mandatos de la autoridad competente y, bajo dirección judicial, investigar los delitos”.
    Entre tanto, los delincuentes se mueven a sus anchas -con la anuencia, protección y complicidad de los “agentes del orden”- y perpetran sus golpes tranquilamente, en cualquier punto de la ciudad. A diario uno puede encontrarse con retenes policiales realizando supuestos controles. Se sabe que estos operativos tienen como único fin el apriete y la extorsión.
    Mientras, los efectivos, a cargo de Darío Aguayo están realizando una “muy eficiente labor” sometiéndose a los dictados del grupo político en el poder. Las actuaciones complacientes a favor de partidarios de Zacarías e implacables cuando se trata de opositores, muestran a una Policía sometida al poder político; una práctica extremadamente nociva y peligrosa, que ya se creía desterrada de nuestra sociedad.

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    Publicado por Anónimo | 1 agosto, 2016, 7:48 am
  4. Sálvese quien pueda

    Por Juan Augusto Roa

    El nuevo escándalo que sacude a la policía en Itapúa, en el que tres agentes de la División de Investigación de Delitos están sospechados de un grave ataque con fines extorsivos y de robo a una familia en la localidad de Alborada, distrito de San Rafael, requiere de urgente y total esclarecimiento por parte de los mandos institucionales y la justicia ordinaria.

    El departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional interviene en el caso, y la ciudadanía espera una actuación conforme a la ley.

    Hechos en los que agentes del orden aparecen “pegados” a actuaciones ilícitas no son nuevos.

    Algunos “saltan” a la opinión pública porque hubo denuncia, pero muchos otros quedan en el más absoluto silencio porque la víctima tiene miedo a represalias, o porque no confía en que la justicia –fiscales, jueces– harán algo al respecto.

    A menudo el ciudadano de a pie está desprotegido y muy vulnerable al accionar de la mafia y terrorista de funcionarios públicos a quienes el Estado –es decir, todos nosotros–, los entrena, paga un sueldo, provee de recursos técnicos y les otorga el monopolio del uso de la fuerza.

    Podemos decir en favor de la institución que una gran mayoría son honestos y asumen su compromiso ante la ciudadanía, pero a menudo son opacados por las acciones de los mafiosos vestidos de uniforme.

    La otra cara de la misma moneda de violencia, terror e impunidad que suele rodear a este tipo de casos está en el Ministerio Público, institución altamente costosa al erario, pero que está lejos de ser un garante de los derechos ciudadanos.

    Un ejemplo de esa inoperancia está en el nulo avance de una denuncia penal por los presuntos delitos de hurto agravado, coacción, entre otros, donde aparece sindicado el subjefe de Investigaciones, Julio Cabañas, también ligado a los acontecimientos de Alborada.

    A cuatro 4 meses de la denuncia, luego de “dormir” en la unidad del fiscal Alfredo Báez Pedotti, ahora está en la unidad a cargo de Enrique Díaz Alegre, donde apenas está en sus inicios.

    La desidia de la que hace gala la fiscalía no hace sino alentar la impunidad y temeridad con que actúan los elementos corruptos que inficionan las instituciones del Estado, al punto que el ciudadano es empujado a una suerte de “sálvese quien pueda” frente a las mismas instituciones que deberían protegerlo y brindarle garantías.

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    Publicado por jotaefeb | 31 julio, 2016, 6:20 am
  5. Hambre de seguridad
    27 julio, 2016
    Por Hugo Barrios

    El rostro de Gregorio Esteche era el fiel reflejo de la derrota. Mirando al piso y tras reponerse a medias de un desmayo, contaba a un par de mujeres sus penurias. Gregorio venía prestando sus servicios de guardia de seguridad en un supermercado capitalino y se desvaneció, al parecer, porque ya no se alimentaba. Esto es lo que afirmó una de las jóvenes que lo ayudó a sobreponerse.

    “Yo quiero que me paguen nomás ya”, repetía el custodio, que portaba el uniforme de la empresa de seguridad Selous S.A. Las transeúntes lo vieron tirado y recurrieron a un quitaesmalte para despabilarlo. Luego de unos minutos, una ambulancia lo trasladó a un centro médico. La primera versión fue que se desmayó porque ya no venía comiendo desde hace cinco días y que le debían dos meses de sueldo.

    Sin embargo, tanto Esteche como directivos de la firma desmintieron esta afirmación. Esto ocurrió el lunes. El viernes, Cipriano Vera perdió la vida luego de que un asaltante le aplicara cinco balazos.

    El episodio tuvo lugar, vaya coincidencia, en un supermercado. Cipriano, vaya coincidencia, se desempeñaba como guardia de seguridad, pero para la empresa Escolta Privada S.A. Su esposa reveló algo aberrante: el hombre, para velar por la seguridad del súper, portaba solo una pistola de juguete. Esta versión fue desmentida por las autoridades.

    Luego de estos capítulos, el Ministerio de Trabajo decidió intervenir ambas compañías.

    De acuerdo a la Unidad de Delitos Económicos de la Policía, a cuyo cargo está la verificación de la explotación de este tipo de servicios, 276 empresas de seguridad están habilitadas para operar en el país y hay unos 7.788 trabajadores en este rubro.

    El servicio de seguridad privada se convirtió en un gran negocio desde hace décadas. Solo que adolece de las mismas falencias que la Policía: falta de adiestramiento.

    Muchos guardias no reciben capacitación y hasta se los utiliza como jardineros u ordenanzas. Reciben bajos salarios a pesar de poner en riesgo sus vidas. Apremiados por la crisis económica, en un santiamén “aprenden” las estrategias para combatir a delincuentes. Y así, en un país que tiene hambre de seguridad, los encargados de la seguridad pasan hambre. Ya tú sabes.

    http://www.extra.com.py/columnistas/hambre-de-seguridad.html

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    Publicado por jotaefeb | 27 julio, 2016, 11:36 am
  6. Seguridad interna
    27 Jul 2016

    El asunto de la seguridad interna de un país o territorio es de absoluta prioridad para cualquier gobierno. Una de las tareas fundamentales dentro del Estado es preservar y garantizar la seguridad de los ciudadanos, de tal suerte a que los habitantes de la República se sientan protegidos ante cualquier tipo de amenaza.

    Es por ello que para encaminar una adecuada política de seguridad, que responda al criterio de neutralizar la sensación de inseguridad, es clave tener una infraestructura apropiada. Y hacia ese norte se ven orientadas algunas de las últimas acciones llevadas a cabo por el Ministerio del Interior.

    Esta cartera, que ocupa un importante rol en la difusión de la sensación de seguridad, está embarcada en el fortalecimiento institucional de la Policía Nacional, el brazo ejecutor de la ley, que pretende no solo una preeminencia de prácticas y la sana convivencia, sino también la prevención de los hechos punibles.

    Por ello es plausible el esfuerzo que está realizando el Gobierno actual para establecer emprendimientos de infraestructura, mejoras, reformas y ampliaciones edilicias de las sedes policiales, ubicadas en diversos puntos del país.

    Esta semana nada más, el presidente de la República, Horacio Cartes, acompañado de su ministro del Interior, Francisco de Vargas, y altas autoridades policiales, habilitó estas mejoras en varias comisarías de la ciudad de Asunción, como por ejemplo la Tercera, la Undécima y la Décimo Quinta, todas ellas emplazadas en puntos estratégicos de la ciudad.

    En esta inversión que realiza el Estado se han destinado más de 6.600 millones de guaraníes en poner en condiciones precarias dependencias policiales y vetustos emplazamientos en los que se hacía casi imposible prestar un servicio acorde desde la Policía, o acoger a personas privadas de su libertad. Durante décadas eran objeto de un olvido o de una dejadez selectiva. Hoy, esta espinosa dificultad empieza a cambiar.

    Las obras habilitadas en las comisarías representan herramientas de trabajo para el personal policial, que permitirá demandar un mayor compromiso de parte de los uniformados.

    Si bien el Gobierno reconoce que aún falta mucho para tener en condiciones plenas más dependencias del país, es innegable que el mensaje dado con estas obras es de gran valor, en razón de la enorme voluntad política de ofrecer las condiciones mínimas para el personal uniformado.

    El ministro Francisco de Vargas reafirmó esta política de fortalecimiento al anunciar que más dependencias policiales del interior del país recibirán en los próximos meses estos aportes para mejorar sus instalaciones.

    Son 27 reparticiones ubicadas en distintos puntos del país: 5 comisarías en el Área Metropolitana, 4 en el departamento Central, 1 comisaría en Cordillera, 8 en el departamento de Paraguarí, 1 en Caaguazú, varias en San Pedro, 8 en Concepción y 7 en el departamento de Canindeyú.

    Este impulso que se concentra en la infraestructura policial contrasta con la prolongada inacción, desidia o corrupción que eran habituales en administraciones anteriores, que no han tenido el suficiente patriotismo para ofrecer mejores equipamientos y condiciones edilicias mínimas acordes.

    Solo por mencionar un ejemplo, como lo recordó el lunes pasado el propio ministro De Vargas, se refirió a la gestión de Rafael Filizzola, que tuvo a disposición unos 1.300 millones de guaraníes para la readecuación de celdas y baños de 24 comisarías de Asunción, pero las obras, pese a haberse pagado en su totalidad el presupuesto asignado, solo se ejecutaron en un 40%. Cabe apuntar que esta denuncia sobre este hecho irregular fue realizada en el 2013, pero el caso sigue sin poder resolverse.

    Más allá de esta anomalía, y de otros ejemplos más, no cabe duda que la política de seguridad interna enfocada en la actualidad por el Gobierno es la correcta. Contando con infraestructura acorde y personal adecuado es posible permitirse un escenario distinto que logre contrarrestar la sensación de inseguridad que por años ha aquejado a la ciudadanía.

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    Publicado por jotaefeb | 27 julio, 2016, 11:28 am
  7. Nuestra inseguridad

    Por Edwin Brítez

    Uno de los puntos clave del déficit gubernamental es la seguridad en sus distintas variantes. Falta de seguridad jurídica, de seguridad ciudadana y hasta de seguridad en el tránsito, pero abundancia de seguridad pública. El déficit en todos estos órdenes tiene varias y distintas consecuencias funestas para la gobernabilidad de nuestro país, entendiéndose por gobernabilidad la existencia de condiciones que permiten a una administración política concretar sus planes y políticas de gobierno gracias a la aceptación de la legitimidad y el reconocimiento de su autoridad.

    El problema de la inseguridad no parte solamente de un presupuesto básico de precariedad que también le afecta y por ende limita su desarrollo hacia la eficiencia ya que, además de la falta de recursos humanos idóneos y económicos, tropieza también con la corrupción, que si bien es transversal a toda la administración pública, en el campo de la seguridad particularmente la mezcla de corrupción y manejo exclusivo del poder coercitivo se convierte en una bomba de tiempo.

    Se ha publicado en estos días que en la ciudad de Caacupé la comisaría policial cuenta con 90 agentes, de los cuales 60 están destinados a custodiar exclusivamente a políticos y jueces con residencia en ese lugar, mientras aumenta considerablemente el índice de delincuencia que tiene en jaque a la población, tanto urbana como rural.

    El concepto de seguridad evolucionó rápidamente desde la caída del Muro de Berlín. En aquella época la doctrina de seguridad nacional permeaba todas las decisiones que los gobiernos adoptaban de acuerdo con patrones ideológicos en curso, donde había dos tipos de delincuentes: los que cometían delitos comunes y los que las dictaduras inventaban y que en realidad eran políticos que se atrevían a desafiar al sistema.

    Luego de la retirada de los militares a sus cuarteles en la década de los ochenta y noventa; de la doctrina de la seguridad nacional se pasó al concepto de seguridad pública, según el cual el Estado tiene el monopolio del custodio y la prevención de los delitos a través de sus órganos de seguridad y justicia más bien para cuidarse a sí mismo. Luego se desarrolló el concepto de la seguridad ciudadana que implica un involucramiento de la ciudadanía en la tarea de prevención y cuidado, además de forzar al Ministerio Público a bajar hasta los barrios para atender las demandas generadas por las acciones delictivas.

    En Paraguay rige la combinación de los dos conceptos.

    Por un lado el de seguridad pública para el cual es más importante la seguridad del Estado, razón por la cual las fuerzas militares y gran parte también de las policiales se destinan a la custodia de las autoridades, sus familiares y de los propios locales de instituciones públicas.

    Por otro lado la seguridad ciudadana que apenas constituye un ensayo en puntos focales donde la población cuenta con alguna capacidad de organización y gestión para la autodefensa.

    Pero la experiencia de Caacupé, una ciudad relativamente pequeña, donde los pobladores aún se conocen, demuestra que las instituciones de seguridad, en especial la Policía, se aferran al método discriminatorio de privilegiar la seguridad de magistrados, legisladores, gobernadores, intendentes y otros por encima de la igualdad que debe existir entre los miembros de la sociedad.

    Ya sucedió en más de una ocasión que la Policía ha cerrado casos mediante la presión ejercida sobre ella a través de distintos medios y recursos sociales, única forma de priorizar los casos a resolver.

    Sin embargo, en estos días de severo ataque de delincuentes a la ciudadanía se observa que la prioridad de la Policía sigue siendo la seguridad de las autoridades. La ciudadanía puede continuar lidiando con la cotidiana delincuencia que la agobia, la mutila y la mata lentamente.

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    Publicado por jotaefeb | 24 julio, 2016, 6:05 am
  8. No se admiten discriminaciones

    Por Desiré Cabrera

    El Artículo 47 de la Constitución Nacional establece claramente que “todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones…”.

    Cuando hablamos de igualdad, estamos afirmando que las leyes deben regir del mismo modo para todos y es por ello que resulta inaceptable que autoridades y jueces tengan hasta cuatro agentes de policía para su supuesta protección, en detrimento de la seguridad de toda una población de más de 60.000 habitantes.

    Precisamente eso es lo que sucede en la ciudad de Caacupé, teniendo en cuenta que la comisaría local cuenta con 90 agentes de policía asignados, de los cuales 60 prestan servicios de protección a un reducido grupo de personas que ocupan cargos públicos, ya sea electivos o judiciales.

    Mientras, el resto de la población debe conformarse con 15 agentes por turno para su resguardo.

    De acuerdo a los cálculos, equivale un policía para 4.000 personas, una cantidad ínfima para dar protección a 17 compañías y 30 barrios que conforman la “capital espiritual” del país.

    La excusa que brindan las autoridades policiales ante los requerimientos es que ellas no son un órgano deliberante, por lo que solo cumplen órdenes.

    Es decir, si un senador o diputado solicita tener cuatro guardias, se le conceden sin objeciones.

    Ante esto surgen varias interrogantes. ¿Será que las autoridades olvidaron quiénes son sus mandantes? ¿quién les dio el derecho a dejar desprotegidos a miles de habitantes priorizando sus intereses personales? ¿a qué le temen? ¿quién les dijo que el hecho de tener un cargo los convierte en ciudadanos con privilegios?

    Entre tanto, la ciudadanía sufre a diario robos domiciliarios, asaltos violentos, hurtos y todo tipo de hechos delictivos protagonizados por inadaptados.

    Y todo esto por la falta de consistencia en las políticas de seguridad, que se mide por la correspondencia entre hechos punibles y la capacidad de detectarlos, anticiparlos, reprimirlos y analizarlos, proponiendo políticas o estrategias de seguridad acordes con las necesidades específicas, asignando suficientes agentes para ello.

    Ante esto: ¿qué esperan las autoridades para entregar sus custodios a donde corresponde? Es decir, a la ciudadanía que los votó.

    ¿O prefieren ser botados por su inconsciencia?

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    Publicado por jotaefeb | 24 julio, 2016, 5:57 am
  9. Los celulares de la muerte
    21 Jul 2016

    Por Clari Arias

    Decenas de miles de personas han tenido acceso a internet por primera vez en nuestro país a través de los teléfonos celulares. Es fascinante ver que hasta nuestros adultos mayores –reacios a los movimientos tecnológicos– se comunican con sus hijos y nietos a través de la red de mensajería Whatsapp. Sin dudas estamos pasando el momento más efervescente en las comunicaciones mundiales, porque ya no hay barreras ni fronteras que no hayan sido derribadas por el internet en el mundo entero.

    Sin embargo, el Paraguay todavía está en lo que podríamos llamar la edad media del internet en lo que respecta a las prestaciones, ya que según publicaciones de este mismo periódico (17-02-2016), citando a la Agencia Oficial de Medios de China, tenemos la conexión más lenta de toda Latinoamérica (solo superados por Venezuela).

    Más severo que los inconvenientes de velocidad y acceso, la inseguridad es el mayor problema de la gente con respecto a internet. Los que quieren estar comunicados todo el tiempo deben andar por las calles con un smartphone cuyos valores mínimos en el mercado arrancan en unos quinientos mil guaraníes, para trepar a los cinco millones inclusive.

    La ola de asaltos en Asunción y las ciudades que la rodean se debe a que los delincuentes encontraron un lucrativo “negocio” en esto de despojar a la gente de sus teléfonos celulares. En este siglo veintiuno los peatones no andan por las calles con costosos relojes o relucientes joyas, como pudo haber ocurrido en otros tiempos; el objeto más preciado que uno lleva encima hoy día es un teléfono inteligente.

    Cientos de “motochorros” salen al acecho de indefensos ciudadanos que se movilizan, principalmente en transporte público, en el trayecto comprendido entre Asunción y su conurbano.

    Los asaltos ocurren a cualquier hora del día y con total impunidad, ya que muchos de estos ilícitos han sido captados por cámaras de circuito cerrado y las imágenes transmitidas con posterioridad en los noticieros centrales de los canales de TV, para coronar la información con el balbuceo de algún policía que dirá lo mismo de siempre, como pretexto de la inoperancia de la fuerza, “estamos detrás de las pistas de esta gente”.

    Mientras todo esto pasa en colores por la tele, tu teléfono robado ya está camino a la galería San Miguel o al shopping Multiplaza, lugares en donde –dicen los que saben– hay tiendas con técnicos que se dedican a modificar el IMEI (algo así como la cédula de identidad de un teléfono) para luego revender el aparato como si nada hubiera pasado.

    El Gobierno y las empresas de telefonía deberían ponerse más duros con los asaltos callejeros, cuyo principal objetivo es despojar de sus celulares a la gente.

    Las víctimas se endeudan en millones de guaraníes para poder comprarse un teléfono con el que puedan estar conectados hoy día, y en cuestión de segundos ese sacrificio se desvanece en un asalto. Las empresas telefónicas reactivan teléfonos robados con una lenidad que espanta, porque a ellos les importa seguir vendiendo sus chips y sus planes, sin sonrojarse porque el teléfono que están activando está lleno de sangre o de dolor de una víctima de asalto.

    Ahora, el Gobierno ha promulgado hace apenas 48 horas una ley, propiciada por el diputado Édgar Acosta, que obliga a las empresas a bloquear los teléfonos denunciados como robados. Pero debe de hacer mucho más, porque tiene las oficinas para desalentar el bandidaje.

    Por ejemplo, ¿qué espera la SET para arrasar con sus inspectores los locales comerciales en donde todo el Paraguay sabe que se venden celulares robados? ¿Qué hace la Policía al respecto? ¿Qué hace la Fiscalía? Siento responderme a mí mismo: hacen muy poco.

    Estar conectados y comunicados en este mundo globalizado es un derecho tan básico como el acceso a la luz o el agua. Lamentablemente, pretender hacerlo a través de un teléfono puede ser mortal en el Paraguay de los motochorros.

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    Publicado por jotaefeb | 21 julio, 2016, 8:54 am
  10. 17 DE JULIO DE 2016 | SALTO DEL GUAIRÁ
    Sin permiso, no…

    Por Rosendo Duarte

    Cuando alguna vez sosteníamos en esta misma columna que, de un tiempo a esta parte, la Policía pasó a ser la entidad que más coima recauda en el país, nuestra publicación hasta cayó sospechoso en cierto ámbito. El decomiso esta semana de la agenda de un narco donde aparece una lista de jefes y puestos policiales que reciben dinero para permitir el libre tránsito de la marihuana, sin embargo, confirma plenamente lo que en realidad es un “secreto a voces” en todo el país. Tenemos la Policía más corrupta de toda la historia.

    Aquella gastada frase: “Sin permiso no hay fiesta” describe perfectamente la realidad del tráfico de drogas, la criminalidad y la delincuencia en el Paraguay con anuencia policial. Desde un rutinario robo de moto, los sicariatos muy comunes en Pedro Juan Caballero y hasta los más grandes asaltos que ocurren en nuestro país, tienen la bendición de cuanto menos un comisario.

    Los grandes delincuentes, como Ibar Pérez Corradi, viven a sus anchas en nuestro país, no solamente sin ser vistos por la policía, sino documentados y protegidos por ella.

    Es lamentablE ESCUCHAR EL DISCURSO GUBERNAMENTAL EN EL QUE SE UFANAN DE SER EL GOBIERNO DE MENOR ÍNDICE DE CORRUPCIÓN, PERO QUE ES INCAPAZ DE “CORTAR LA MANO” A LOS GRANDES CORRUPTOS DE LA POLICÍA Y DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, DONDE EL SILENCIO CÓMPLICE DE LAS ALTAS ESFERAS SE TORNA ELOCUENTE ANTE LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS.

    Mientras el Estado no corrija este mal, no podremos hablar de seguridad jurídica, ni de bienes ni de personas. Mucho menos de un país serio. ¿Cómo un extranjero puede confiar en el Paraguay cuando les cuentan que aquí los propios policías son asaltantes, o cuanto menos sus protectores?

    En Salto del Guairá no hace mucho un comisario fue filmado dando cobertura a un grupo de asaltantes que desplumó a un empresario oriental. Es un ejemplo de lo que afirmamos.

    De esta manera, la institución encargada de la seguridad interna del país se reduce a una mafia china o rusa de recaudación de dinero sucio de cuantas actividades ilícitas existan en nuestro país, donde cada uno tiene su “kokue” (chacra) para “cosechar”. Y es más que seguro que parte del lucro mal habido llega a la capital. O si no, es hora de demostrar lo contario.

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    Publicado por jotaefeb | 17 julio, 2016, 6:21 am
  11. Una historia de terror
    14 julio, 2016
    Por Mariano Nin

    Voy a contarles una historia que viví el domingo y es de terror. Ivann, mi hijo, venía insistiéndome hace un tiempo para que me vaya a verle jugar a un torneo organizado por los chicos de un colegio en la Seccional 5, a unas cuadras de casa, en Lambaré.

    El domingo nos levantamos temprano y fuimos a verle. Digo fuimos porque lo hicimos en familia, hasta mi papá fue a verle jugar a su nieto. Llegamos y solo había chicos, unos cincuenta, o quizás un poco más. Nosotros estábamos enardecidos porque el equipo de mi hijo ya había ganado por goleada el primer partido, y la eliminación para el que perdía era directa.

    Gritos aquí, gritos allá, cuando pasó lo impensable. De pronto entraron por la puerta tres jóvenes, no debían tener más de 16 años. Entraron gritando y enfilaron hacia las gradas donde estaban otros jóvenes con banderas y batucadas. En ese momento vi que todos corrían y algunos se tiraban al suelo.

    Pensé que era una pelea entre equipos y di unos pasos para tratar de calmar a los chicos cuando vi que estaban armados y a los gritos pedían las banderas. En ese momento se me heló la sangre. Fue cuestión de segundos. Corrieron y cuando salían se llevaron la improvisada caja donde se guardaba la recaudación. Afuera esperaban otros tres en moto. Fue todo.

    No fue una tragedia porque seguro que Dios es grande, pero qué hubiese pasado si alguien reaccionaba, si se les escapaba un disparo o si entre la gente había otra persona armada?

    La comisaría 17 central está solo a unas cuadras, pero tardaron una infinidad en llegar. Fue lo mismo que igual. Es solo una muestra de la inseguridad que toma las calles y contra la que poco o nada se hace. Hoy contamos la historia. ¿Cuántos no tienen esta suerte?

    Vivir inseguros es quizá lo más parecido al miedo al terrorismo que se vive en otras partes del mundo. Hoy salís a la calle, pero no sabés si vas a volver. A mí nadie me lo contó. Yo lo viví.

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    Publicado por jotaefeb | 14 julio, 2016, 8:02 am
  12. Preocupante inseguridad

    El fin de semana último, entre el sábado y el domingo, se registraron cinco asesinatos en diferentes puntos del departamento. De estos violentos crímenes solo en uno de los casos hubo un sospechoso detenido. En los demás, los investigadores ni siquiera manejan pistas certeras. El décimo departamento siempre fue escenarios de violentos homicidios y probablemente también sea la región donde hay mayor cantidad de crímenes impunes.
    En los últimos tiempos nuevamente la ola de asaltos y crímenes está sacudiendo nuevamente a la sociedad altoparanaense y desafortunadamente no hay señales de que se estén tomando medidas para frenar este flagelo. Los delincuentes asedian por todas partes, desde los pequeños asaltos diarios, donde son víctimas ciudadanos trabajadores, que son despojados de sus celulares, carteras, pequeñas sumas de dineros, fruto del sacrificio diario, hasta los grandes golpes que perpetran grupos comandos a plena luz del día, llevándose sumas millonarias.
    A esto se suman los homicidios. Varios crímenes registrados en los últimos tiempos continúan impunes porque es muy fácil cruzar la frontera, o quedar libre a cambio de dinero como lo denunció el presunto homicida y narcotraficante argentino, Ibar Pérez Corradi, quien pagaba una suma mensual para operar tranquilamente, en nuestra zona con la protección de la policía.
    La inseguridad es una sensación, dicen los expertos, y esta se acrecienta, cuando los organismos responsables de combatir se ponen al servicio de los delincuentes. Es precisamente lo que siempre ha pasado lamentablemente en la zona de frontera y muy especialmente en el Alto Paraná, donde las autoridades responsables de combatir la ilegalidad, utilizan sus función para sacar ventajas económicas y ponerse al servicio de organizaciones delictivas.
    Solo limpiando las filas policiales de los inescrupulosos que ensucian el uniforme se podrá lograr avanzar en la lucha contra la delincuencia. Y los jefes policiales deben ser los primeros interesados en demostrar que quieren sanear la institución, para recuperar la confianza de la ciudadanía y devolver la sensación de seguridad a la población.

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    Publicado por jotaefeb | 13 julio, 2016, 7:38 am
  13. La ley en gorra
    Por Luis Bareiro

    Los paraguayos tenemos un serio problema con la ley. Nunca la vimos como garantía de nada, y no estamos seguros de que suponga una obligación, no para todos, cuanto menos.

    La ley sigue siendo para la mayoría de quienes habitamos estas tierras una sustancia viscosa, maleable, ambigua y ajena a la realidad de la vida que se rige por normas no escritas, con roles que no se definen por palabras escritas en el papel, sino por la fuerza contundente de los hechos, la ley del mbarete.

    Y es que somos como animales domesticados a fuerza de recibir palos y premios. La interminable siesta stronista nos enseñó que no teníamos derechos salvo los que el dictador y sus secuaces tuvieran la benevolencia de reconocernos. Así, pues, los límites de lo que teníamos derecho a hacer nada tenían que ver con las fronteras trazadas por la ley.

    Si a la autoridad, representada por cualquier funcionario público o activista partidario, se le antojaba que no podíamos caminar por las calles con una cabellera larga o la barba crecida, no había hábeas corpus que evitara que diéramos con nuestros huesos en prisión por mera portación de pelos.

    En contrapartida, prácticamente no existía un coto para las acciones de quienes detentaban el poder de facto. La ley era solo un elemento ornamental sin uso para la farsa de la democracia stronista.

    Con el advenimiento de las libertades fuimos recuperando terreno en materia de derechos, y el tiempo perdido y la bronca acumulada en pos de reivindicaciones que nunca llegaban nos enseñaron a tomar las calles, organizar sentatas y a gritar cada vez con más fuerza en la cara de los asalariados de la nómina pública, con razón o sin ella.

    Y otra vez los límites de la ley se volvieron difusos, ahora para todos. Las reglas están ahí, pero a nadie parece importarle demasiado. La ley se torna maleable y esquiva en los tribunales, ambigua y extorsiva en manos de legisladores y sumisa ante la contundencia del dinero. Su descomposición desciende por la pirámide jurídica hasta las reglas más básicas.

    No hay ordenamiento que se respete para formar una fila ni para el tránsito ni para cerrar una calle ni para nada. Y cuando la ley y las reglas son vulneradas, los roles se mezclan y confunden.

    Entonces, un fiscal aduce ser autoridad en un control rutero y esgrime su carnet como manto protector para que no le revisen el auto; la policía observa paralizada cómo parientes retiran al autor de un accidente en evidente estado de ebriedad solo porque es famoso y tiene plata; el hijo de un magistrado lanza patadas voladoras a inspectores de tránsito y luego un fiscal los imputa.

    Solo hay una forma de empezar a corregir este entuerto. La reforma judicial no es un reclamo de unos pocos puristas, es el grito desesperado de una democracia que corre el riesgo de ahogarse en una anarquía jurídica en la que la ley se compra, se alquila o se ningunea.

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    Publicado por jotaefeb | 10 julio, 2016, 6:18 pm

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