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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

Terminar con las “recaudaciones” para la corona

Antes que aumentar la carga impositiva, lo que se debe hacer es combatir la evasión fiscal existente, aconsejó el exministro de Hacienda de Chile Felipe Larraín. Se estima que en nuestro país la evasión del impuesto al valor agregado (IVA) llega al 50% y la del impuesto a la renta al 30%. El citado experto –hoy asesor del Ministerio de Hacienda paraguayo– cree que las oficinas recaudadoras deben valerse de recursos tecnológicos, como la factura electrónica y el voucher de la tarjeta de crédito, que en otros países sirvieron para reducir notablemente la evasión impositiva.

Sin negar en absoluto la importancia de la tecnología, puede afirmarse sin lugar a dudas que, en el Paraguay, la enorme porción de la torta que no se tributa va a parar al barril sin fondo de la corrupción rampante, en beneficio de los delincuentes de guante blanco. Por tanto, la moral es prioritaria: sin ella, los más modernos equipos y procedimientos valdrán muy poco. Para frustrar la evasión fiscal no solo conviene incorporar nuevos mecanismos informáticos: es indispensable combatir la corrupción en la administración tributaria de nuestro país, en todas sus dependencias.

En el Paraguay es común que muchos contenedores pasen “en frío” porque los funcionarios aduaneros reciben un soborno, parte del cual llega en “maletines” a los padrinos políticos. Cabe recordar el caso del “maletín” con mil millones de guaraníes hallados el año pasado en el automóvil de un aduanero que sufrió un accidente fatal cerca de Minga Guazú, cuando se dirigía a la capital. La vieja práctica de los “maletines” no tiene que ver tanto con la carencia de equipos modernos, sino más bien con el contubernio entre funcionarios, evasores y políticos delincuentes.

Por si haga falta un ejemplo más de la ineptitud o complicidad de los organismos recaudadores, se puede citar que la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), que tiene ingresos multimillonarios, no tributó un céntimo en el año 2014 y que el año pasado solo pagó 4.700.000 guaraníes (menos de 1.000 dólares), pese a que ya regía la Ley N° 5061/13, que elimina las exoneraciones totales para las “entidades sin fines de lucro”, según la viceministra de Tributación, Marta González Ayala. Para tener una idea de los multimillonarios ingresos de la APF, se puede mencionar que, en los próximos cuatro años, percibirá 60 millones de dólares solo por patrocinios.

Tal como están las cosas, una mayor carga tributaria recaerá otra vez solo sobre las espaldas de los contribuyentes que ya vienen tributando, agravándose la desventaja en que se encuentran frente a quienes burlan al fisco. Recordemos lo que afirmó el presidente de la Fedecámaras de Ciudad del Este, Juan Santamaría, a los senadores de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo: “No queremos que se nos regale nada; queremos pagar impuestos”, tras criticar duramente a los funcionarios aduaneros que son cómplices del contrabando masivo.

Es preciso, entonces, que la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la DNA y el Ministerio Público actúen con todo el rigor de la ley, en vez de hacer la vista gorda –como lo están haciendo– en beneficio de los allegados al poder político o de los que distribuyen coimas.

Para que el Ministerio de Hacienda y la DNA puedan recaudar más, es indispensable también que la calidad del gasto público mejore sustancialmente, de modo que, como contraprestación, los contribuyentes accedan a buenos servicios públicos, porque hoy en día el dinero que aportan se destina, sobre todo, al mantenimiento de una enorme burocracia compuesta por una clientela política insaciable, cuya corrupción e incapacidad, que se leen, se ven y se escuchan diariamente en la prensa, desalientan el pago de impuestos. A nadie le gusta que se le meta la mano en sus bolsillos solo para abultar los de los corruptos de siempre.

El presidente del Banco Central, Carlos Fernández Valdovinos, señaló que los bajos impuestos (no dijo “la baja recaudación”) impiden financiar las obras de infraestructura que el país requiere.

Tiene razón el titular del Banco Central cuando afirma que la “guerra” contra la evasión impositiva también debe ser emprendida por el Poder Judicial, ya que las penas carcelarias tienen un efecto disuasivo: la última condena, dictada este mes, tuvo que ver con una evasión de más de 1.602 millones de guaraníes, ¡cometida entre 2000 y 2003! por un importador de Ciudad del Este. Vale la pena preguntar cuántos casos más de evasión de produjeron desde entonces solo en esa ciudad.

En los últimos años el Ministerio de Hacienda ha venido divulgando cifras astronómicas de evasiones fiscales. Por eso, paralelamente a la labor del ministerio, es necesario que la Procuraduría General de la República trate de hacer efectiva la responsabilidad civil de los condenados.

Es saludable que el ministro de Hacienda, Santiago Peña, haya anunciado que no subirán los impuestos por lo que resta de este periodo de gobierno. Puede ser que así sea este año, porque, entre otras cosas, ya no tienen tiempo. Sin embargo, seguro que el año próximo nos vendrá con la cantinela de siempre, que en el Paraguay se paga poco impuesto. Pero mientras en este país se continúe robando como se está robando, no habrá aumento de impuestos que alcance.

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/terminar-con-las-recaudaciones-para-la-corona-1493244.html

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

5 comentarios en “Terminar con las “recaudaciones” para la corona

  1. (Im)Previsión

    Mbeguekatu es uno de los nombres con que los contadores bautizaron al sistema informático tributario Marangatú, debido a las constantes fallas que presenta. Si bien varias personas buscaron poner un poco de humor a un problema que se repite desde hace tiempo, debido a la imprevisión de las autoridades del Ministerio de Hacienda, el problema demuestra el afán de recaudar que tiene el Poder Ejecutivo sin importar que no se brinden todas las comodidades al contribuyente.

    El sistema Marangatú tiene toda la información tributaria de 700.000 contribuyentes, sean personas o empresas. Además, procesa datos de personas que no están inscriptas (certificado de no ser contribuyente, por ejemplo), para que estas puedan solicitar pasaporte o realizar transacciones de compra y venta.

    Si bien el sistema comenzó a operar en el año 2007, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) iniciará recién hoy los trabajos de mantenimiento y mejora del Marangatú, labor que será realizada por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), durante un plazo de 30 meses. Para ello se destinarán USD 3,6 millones.

    El argumento esgrimido por la Administración Tributaria para no haber adjudicado antes las labores de mantenimiento es que en los años 2010 y 2011 se intentó actualizar el sistema, pero en ambos casos se frustró el trabajo, debido a que las empresas no tenían la capacidad técnica para realizar la labor. Asimismo, sostiene que si bien existen algunos problemas, las operaciones se realizan con normalidad, y prueba de ello es que se procesan cerca de 1.700.000 transacciones al mes.

    No obstante, a pesar de que las autoridades conocían las limitaciones del Marangatú, iniciaron el proceso de migración de datos del papel a la carga electrónica y exigieron más información, sobrecargando al sistema y sin pensar en el mal rato que pasan las personas para cumplir sus obligaciones tributarias.

    Nadie está en contra del mejoramiento de los controles que buscan cerrar el círculo sobre los evasores, pero sí en el menosprecio a quienes cumplen con sus obligaciones tributarias, pues se les obliga a estar todo un día sentado frente a una computadora esperando que el sistema funcione y que haya procesado toda la información requerida.

    Lo recomendable hubiese sido que primero se mejore y amplíe la capacidad del Marangatú y luego se exija a los contribuyentes toda la cantidad de datos que se necesitan para aumentar la recaudación tributaria. No basta con pensar en cómo aumentar los ingresos, también se debe mejorar el trato a quienes sostienen al Estado.

    Por Wendy Marton

    http://www.ultimahora.com/imprevision-n1004190.html

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    Publicado por jotaefeb | 5 julio, 2016, 3:47 pm
  2. La corrupción en la punta de los dedos
    27 Jun 2016

    Ahora, la tecnología exige la especialización, y por ello nacen nuevos expertos en el arte de engañar, dispuestos a poner “los dedos en el fuego” para que la corrupción siga engordando al amparo de la impunidad.

    Cuando parecía que la creatividad puesta al servicio de la corrupción en los diferentes espacios de la administración pública ya no podría sorprendernos, algo ocurre para que sigamos creyendo en la inextinguible capacidad de inventar nuevas maneras de engañar y hacerse con dinero del erario público, sin prestar ningún servicio, de la que hacen alarde muchos funcionarios, sin que les genere ni un poco de vergüenza o culpabilidad.

    A veces nos parece que estamos tan acostumbrados a los hechos de corrupción que solo nos alcanza mirarlos de reojo con gesto resignado y alzarnos de hombros diciendo que “así no más luego es”. Ante nuestros ojos desfilan los funcionarios “fantasma” o el ejército de parientes que los parlamentarios suelen incluir en el menú de cada mes a cuenta de nuestros bolsillos. Casos que sacuden a la opinión pública pocas veces –por no decir casi nunca– han cruzado la barrera de la difusión en los medios de comunicación o las redes sociales para ir a parar a la Justicia. Y, los que han atravesado el umbral de la misma, suelen perderse en los intrincados pasillos y no llegan jamás a sentar a los sospechados en ningún tribunal.

    La creatividad desarrollada por quienes están dispuestos a corromperse y corromper en beneficio propio no tiene límites. Y el Parlamento, aunque no es el único espacio en donde se producen estos hechos, por sus características y funciones, se convierte en el gran espejo en donde saltan a la vista las acciones, los hechos y las diferentes formas de la enfermedad que crece al amparo de la impunidad y carcome cualquier intento de vida democrática.

    En la Cámara Alta, por ejemplo, en la que supuestamente se congregan los exponentes de las fuerzas políticas en su más “alta” expresión, valga la redundancia, ahora se encuentran casos de “presta dedos”, una especie nueva de cultores de las diversas maneras de engañar al Estado y especialmente a la sociedad toda. Ellos se dedican a utilizar en el control biométrico de asistencia, los “otros” dedos de las manos para que sus huellas sirvan para justificar la presencia de quienes jamás fueron a trabajar, pero sí figuran como funcionarios y cobran el salario. Ese salario nada despreciable lo sustenta todo el pueblo con su trabajo y dedicación; con su sacrificio para alcanzar metas de preparación profesional; con sus esfuerzos por prepararse para rendir concursos o aprender técnicas que mejoren la calidad de sus servicios en los más diversos oficios.

    Ya no alcanzan los fantasmas que sobrevuelan los espacios de las oficinas públicas desde hace décadas y que todos los gobiernos prometieron extinguir. Ya no les alcanza con la incorporación en masa de parentela directa o política, sin contar otros vínculos sentimentales que, además, incluyen a la correspondiente parentela de la o el depositario de sus amores. Ahora, la tecnología exige la especialización, y por ello nacen nuevos expertos en el arte de engañar, dispuestos a poner “los dedos en el fuego” para que la corrupción siga engordando al amparo de la impunidad, madre y padre de las postergaciones de cualquier proyecto destinado a mejorar la calidad de vida de la gente común; de quienes aran, siembran, construyen y crean, luchando a diario contra el “no se puede”.

    Es indispensable que se investiguen seriamente los casos denunciados sobre los que utilizan sus huellas para legitimar presencias inexistentes, así como la enorme cantidad de justificativos de ausencias por certificados médicos casi totalmente provenientes de un centro hospitalario y con un diagnóstico idéntico en la enorme mayoría de los casos.

    Pero más importante aún será que la investigación siga la línea de puntos imaginaria que va desde la punta de los dedos de los que se prestan al fraude, hasta las manos de quienes están detrás de ellos como responsables principales del ilícito. Solo así, el Parlamento se ganará la confianza y el respeto de la sociedad a la que dice servir y representar.

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    Publicado por jotaefeb | 1 julio, 2016, 8:20 pm
  3. Creen que el Estado es botín de los funcionarios colorados

    El art. 101 de la Constitución dice claramente que “los funcionarios y empleados públicos están al servicio del país”. Sin embargo, por lo visto muchos de ellos creen estar antes que nada al servicio del Partido Colorado y no del país. Creen que el carnet partidario y el activismo político son los requisitos válidos para ingresar y escalar posiciones en el aparato estatal. Para ellos, el Estado constituye solo un botín que el partido de Gobierno debe distribuir entre sus afiliados, sin atender los requisitos legales.

    Esta mentalidad retrógrada, que traba el desarrollo del país al impedir que tengamos una administración pública eficiente, es la que han exhibido los miembros de una Coordinadora Nacional de Funcionarios Públicos Colorados, Docentes y Jubilados, que en los últimos días se reunieron con el presidente de su partido, el diputado Pedro Alliana, en la sede de la ANR.

    El solo hecho de que exista semejante organización –más bien propia de un partido comunista que tiene “células” en las entidades públicas– ya revela que en el ejercicio de un cargo público esas personas no pueden desligarse de su condición de colorados. De su denominación se desprende, por lo demás, que hay organizaciones similares de primer nivel en numerosos organismos, pese a que el art. 60 de la Ley Nº 1626/00 prohíbe a los funcionarios “trabajar en la organización o administración de actividades políticas en las dependencias del Estado” (inc. b), así como “ejercer cualquier actividad política partidaria” dentro de ellas (inc. d). Que no salgan ahora con el cuento de que actúan como colorados solo fuera de la jornada laboral y de las instalaciones públicas, ya que en los últimos tiempos se han publicado en la prensa varios ejemplos de actividades partidarias en horas de oficina.

    En la reunión con Alliana, el funcionario de la Cámara de Diputados Adriano Ramírez informó que tuvieron unas “planillas paralelas” en las que registraron cuántos funcionarios votaron en los últimos comicios municipales. No sería raro que hayan usado recursos materiales del Estado y distraído horas de trabajo para efectuar ese inadmisible control, propio de un organismo represor. ¿Para qué realizarían dicho control? Puede presumirse que para denunciar ante las autoridades partidarias a quienes no fueron a sufragar, o a quienes no trabajaron por “el caballo del comisario”, vulgar “pyraguereato”.

    El mismo funcionario se lamentó de que bajo el actual gobierno haya un “corte de teléfono” con los ministros y directores de entes públicos, quienes no los recibirían por ser “políticos”. Admiten que, antes que funcionarios, son “políticos” que desean conversar con jerarcas de la burocracia, seguramente en sus propias oficinas y en horas de trabajo. ¿De qué desearían hablar? El despacho de la máxima autoridad de una institución no es el lugar apropiado para tratar con sus subalternos asuntos partidarios; tampoco lo es para tratar cuestiones relativas al personal, fuera de la línea de mando. Está muy bien, pues, que la comunicación “telefónica” se haya interrumpido; beneficia al país y ojalá continúe.

    También fueron bastante llamativos los dichos del funcionario del Ministerio de Educación y Cultura Eduardo Montejano, otro de los miembros de la Coordinadora. Informó, muy suelto de cuerpo, que el objetivo de esa agrupación es “crear espacios” para que sus representantes puedan postularse para ocupar cargos electivos, es decir, para que su sectarismo se agrave aún más. Así, podrían formar un movimiento propio para competir en las elecciones internas de la ANR, lo que significaría, llegado el momento, que los funcionarios colorados ya no estén solo al servicio del partido, sino también –y hasta prioritariamente– de sus propios candidatos. El mismo “servidor público” se quejó de que muchos de sus colegas y correligionarios “capaces” –sin citarlos– deambulen por los pasillos, sin cumplir ninguna función. Debería saber que el principal responsable de que vagos y haraganes pueblen el aparato estatal es su propio partido, mientras él, paradójicamente, procura que sus correligionarios tengan todavía mayor “presencia” en las instituciones públicas.

    Es alarmante que se estén reprisando repudiables prácticas de la dictadura de Alfredo Stroessner, cuando había una verdadera competencia entre los “chupamedias” de entonces en la creación de organizaciones para halagar al dictador, como los “abogados colorados”, los “economistas colorados”, los “ingenieros colorados”, la “motorizada colorada”, la “caballería colorada”; hasta había un “centro de hijos de economistas colorados”.

    Por su parte, el presidente de la ANR se comprometió a “tratar de solucionar los justos reclamos” de los presentes, lo que suscita la pregunta de si pedirá al Presidente de la República que ordene a sus ministros y a los directores de entes públicos que reciban a los funcionarios colorados cuando a ellos se les ocurra, para hablar de lo que les venga en gana, y que instalen en cómodas oficinas y con sueldos a quienes hoy andan por los pasillos.

    Antes que llenar las oficinas del Estado de zánganos, el “nuevo rumbo” que pregona el presidente Horacio Cartes debe procurar que el aparato estatal se libere del perjudicial sectarismo que frena el desarrollo del país.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/creen-que-el-estado-es-botin-de-los-funcionarios-colorados-1493459.html

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    Publicado por jotaefeb | 1 julio, 2016, 8:20 pm
  4. Cinismo organizado

    Por Benjamín Fernández Bogado –

    Las cosas no se están haciendo como debieran.

    Lo público no es de todos, sino de nadie o de algunos privilegiados. Los administradores han llevado al cinismo a una forma de política de Estado, donde solo importa aparentar preocupación y no de ocuparse en resolver las cuestiones de todos.

    Contratamos a un ex ministro de hacienda chileno que periódicamente nos dice lo que todos sabemos que debe hacerse.

    Ruth Richardson tuvo al menos cierta dosis de vergüenza y dejó de venir porque no entendía cómo los paraguayos movían la cabeza de manera afirmativa para terminar comprobando en su siguiente visita que nada habían hecho. Aquí Larraín les dice a los de Hacienda y al BCP lo que hay que hacer, todos sus titulares consienten, pero siguen pagando por presentismo y tres aguinaldos a los suyos. El chileno les repite que eso no puede seguir así, pero sus titulares aparentan entenderlo todo para repetir los mismos errores.

    En medio de las reacciones de la salida de los ingleses de la Unión Europea, nosotros somos el único país que paga 30 millones de guaraníes a 18 parlasurianos para no hacer nada. Tienen fueros para protegerlos de todos los delitos conocidos, y cuando se reúnen en Montevideo (cuando se reúnen), hay que pagarles pasaje en avión, hoteles de 5 estrellas y viáticos.

    Ahí están todos felices. Son como los jueces electorales: muchos y caros, pero en inutilidad iguales a la bocina del avión.

    Cómo pretender que la gente aplauda la integración, si somos el país más pobre del bloque, pero generosamente pagamos desde el 2008 más de cinco millones de dólares anuales en salario para no legislar nada, o para declarar la importancia del molusco en la flora marina del Atlántico Sur.

    Los mismos integrantes del Parlasur son a veces los más severos críticos al dispendio del Gobierno, como el ingeniero Ricardo Canese, quien nunca deja de cobrar el millón diario de su dieta.

    YACARÉS. El MOPC tuvo diez millones de dólares para manejar el cauce hídrico del Pilcomayo. No lo hizo, ni su titular controló las tareas. Hoy tenemos decenas de yacarés y otras especies en peligro de muerte. Sanción: ninguna a nadie.

    La ruta Caazapá-Yuty debería concluir el 30 de junio. Fueron 78 kilómetros para dos años y medio. ¡Se lleva hecho menos del 30%! Si su titular mostrara esos números en las empresas de Cartes, habría que ver si se mantenía en el cargo. Crearon un sistema de peaje para cobrar la mitad de ida y vuelta aumentando el número de quienes cobran.

    IPS. El IPS no tiene medicamentos, no hay cirugías, no hay tomógrafos y el Gobierno pone a sus administradores siendo el mayor moroso del ente. Esto no era lo prometido en el 2013.

    Claramente estamos frente a una manifestación de cinismo organizado para no ocuparse de lo que se debieran ocupar los administradores.

    No se hacen las cosas, se dilata y es lógico que los liberales hagan votar hoy a sus prosélitos solo sobre la base de ganarse una moto o un auto chino porque, de lo contrario, ¿por qué diablos tendrían que votar por los cínicos?

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    Publicado por Anónimo | 26 junio, 2016, 8:48 am
  5. Política fiscal en riesgo

    César Barreto Otazú Miembro de Dende

    Las calificadoras internacionales de riesgo Standard & Poors y Moody’s nos dieron una señal de alerta recientemente. La primera decidió modificar la tendencia positiva de la calificación de la deuda soberana de nuestro país y la segunda decidió mantener la tendencia estable de la calificación actual.

    Mi interpretación de este cambio de actitud respecto al Paraguay es que prefieren tomarse una pausa para observar la gestión de las finanzas públicas en los próximos dos a tres años.

    Si administramos prudentemente el déficit fiscal y la deuda pública en estos años electorales y el próximo gobierno da señales de continuar con una administración responsable, es altamente probable que podamos alcanzar y permanecer en los niveles de grado de inversión.

    Sin embargo, así como las calificadoras de riesgo, tengo mis dudas respecto a que esto sea posible. Las señales no son alentadoras.

    En primer lugar, la débil postura que han mostrado las autoridades para cumplir el límite de déficit previsto en la ley de responsabilidad fiscal ha hecho que este instrumento vaya perdiendo credibilidad como un instrumento de una política fiscal ordenada.

    Incluso, hay intenciones de modificar la ley, flexibilizar el límite del déficit fiscal observado y reemplazarlo por un modelo de déficit fiscal estructural o cíclicamente ajustado similar al utilizado en Chile desde hace varios años.

    Si bien comparto que es un modelo superior como instrumento de política fiscal anticíclica otorgando flexiblidad para utilizar el gasto y la inversión pública como un instrumento de estabilización del crecimiento económico, su aplicación efectiva y exitosa depende críticamente de la madurez institucional del proceso de política fiscal.

    En la actual coyuntura, esta modificación busca mayor flexibilidad para incrementar el déficit fiscal y el ritmo de endeudamiento del país para aumentar la inversión pública y dejará una herencia de un elevado déficit fiscal para el gobierno que asuma en el 2018.

    Segundo, y que refuerza el punto anterior, es la aprobación e implementación de la Ley 5074 de contratación de obras públicas bajo la modalidad llave en mano y con financiamiento del proveedor.

    Con esta ley el Ministerio de Hacienda pierde el control sobre el ritmo de endeudamiento del país y rompe con los principios de una política fiscal ordenada que guían la gestión de las finanzas públicas del país a través de la Ley 1535 de Administración Financiera del Estado y la Ley 5098 de Responsabilidad Fiscal.

    El proceso de endeudamiento para las obras públicas queda en manos de ministerios sectoriales que no tienen la visión sistémica de la administración de las finanzas públicas del Estado.

    De hecho, si bien hay poca claridad respecto a que esta ley sea una autorización para asumir deudas en nombre del Estado sin la aprobación previa del Congreso, en este momento hay proyectos por alrededor de USD 1.500 millones en proceso de adjudicación por parte del MOPC.

    Esta poca claridad de la ley, significará que los inversionistas exijan rendimientos muy superiores a las tasas de interés que el país está pagando por los bonos soberanos actualmente e implicará finalmente mayores costos para los contribuyentes.

    Estas señales inconsistentes son las observadas por las calificadoras de riesgo internacionales y que se suman a las dificultades propias de los años electorales y que generan dudas respecto al futuro de la política fiscal del país.

    Es fundamental que nuestro país persista y mantenga una administración prudente de las finanzas públicas más aún en estos años de dificultades en la economía internacional y regional. Para ello tenemos que evitar estas leyes que ponen en riesgo toda la institucionalidad de la política fiscal del país.

    Ojalá primen la cordura, la prudencia y la visión de largo plazo en las autoridades tanto del Poder Ejecutivo como del Congreso y mantengan una política fiscal creíble que nos permita seguir desarrollándonos ordenadamente y sin sobresaltos en los próximos años.

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    Publicado por Anónimo | 26 junio, 2016, 8:45 am

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