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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

Las deudas de la (in)Justicia

La transición democrática apenas estaba dando sus primeros pasos tras el derrocamiento de la dictadura stronista, cuando sicarios fronterizos asesinaron con 21 balazos al director de Radio Mburucuyá, Santiago Leguizamón, en Pedro Juan Caballero, en el Día del Periodista Paraguayo, el 26 de abril de 1991.

Fue el primer gran acto criminal en que el narcotráfico demostró su verdadero y siniestro poder en las sombras. Fue también la primera oportunidad para que las estructuras del naciente Estado democrático pudieran enfrentarlo, investigando el asesinato y llevando ante la Justicia a los mandantes y ejecutores.

Pero no fue así. La Justicia no solo no investigó y no descubrió a los autores, sino que, por el contrario, los encubrió. El asesinato de Leguizamón quedó impune y desde entonces se fueron sumando otros 16 casos de periodistas asesinados, en su mayoría sin aclarar.

Algo similar sucedió con muchos jóvenes adolescentes arreados para cumplir el Servicio Militar Obligatorio. Un informe del Servicio Paz y Justicia (Serpaj Py) revela que 147 niños soldados y conscriptos murieron en oscuras circunstancias en los cuarteles, entre 1989 y 2012. La Justicia nunca aclaró esas muertes.

Hay otra lista igualmente terrible. Es la que consigna rigurosamente el asesinato de 115 dirigentes campesinos, ocurridos en el marco de la lucha por la tierra, entre 1989 y 2013. Los detalles están consignados en el voluminoso expediente de la investigación llevada a cabo por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), con el nombre de Informe Chokokue. La Justicia nunca aclaró esas muertes.

Existe otra lista aún más densa, que ni siquiera fue tenida en cuenta. Es la de las 154 personas trans (travestis, transgéneros y transexuales) asesinadas entre 1989 y 2015, según una detallada investigación realizada por la organización Panambi. En estos casos, no solo la Justicia nunca aclaró esas muertes. En muchos de ellos, la Policía ni siquiera se tomó el trabajo de registrar las denuncias.

Territorio de la impunidad, país del oparei. El Paraguay se ha ido volviendo célebre como ese lugar donde los crímenes nunca se pagan, o donde se pagan solo a medias, como con los 400 muertos durante el incendio del Supermercado Ycuá Bolaños, o los 8 jóvenes mártires acribillados por francotiradores en el Marzo Paraguayo. O la más terrible ironía: que las víctimas acaben siendo acusadas, o que sus familiares sean condenados a pagar los elevados costos de juicios que dejan en libertad a los verdaderos culpables.

Es larga, muy larga, la lista de las deudas pendientes de la (in)Justicia. Y todo parece indicar –salvo que en una de esas ocurra un milagro jurídico– que esa lista todavía seguirá creciendo, igual que el río escarlata que riega desde hace tiempo esta enajenada tierra.

En los próximos días, un cuestionado Tribunal dictará sentencia en uno de los casos judiciales más polémicos y politizados: el llamado caso Curuguaty, o Marina Cué.

¿Será justicia?

Por Andrés Colmán Gutiérrez

http://www.ultimahora.com/las-deudas-la-injusticia-n1004470.html

Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

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6 comentarios en “Las deudas de la (in)Justicia

  1. Asimetrías de la Justicia
    06 Jul 2016

    Nada lesiona ni corroe tanto la integridad de una República como las marcadas asimetrías de la Justicia, las que excluyen y tornan indefinida la genuina ambición de igualdad. Este es, sin dudas, uno de los grandes déficits, una deuda insoslayable que arrastra el Paraguay desde hace muchos años.

    En tiempos de la dictadura, en el vulgo era muy corriente el rumor que circulaba como una anécdota (o quizás venganza) que tenía como protagonista a un agente del orden en una revisión de rutina. En esos difíciles años, estos controles eran tan rutinarios como arbitrarios.

    Según la anécdota, el policía solicitó la cédula a un ciudadano, pero al tomarlo lo sostuvo al revés; cuando su interlocutor le hizo notar de este hecho, el agente replicó con soberbia que “la autoridad lee como quiere”.

    Más allá de si esta anécdota es real o ficticia, esta frase formaba parte del vasto catálogo de expresiones de carácter abusivo empleado por alguaciles de la dictadura, como el tristemente recordado “por orden superior”, que cuando eran pronunciadas dificultosamente por los agentes infundían el pánico, la angustia y la sensación de una ausencia total de un Estado justo y equilibrado.

    De aquella oscura época a este tiempo, muchas cosas han cambiado en cuanto a libertades individuales.

    Pero aún persiste esa sensación de lejanía, de utopía, de un Estado ausente en materia judicial, especialmente cuando se observan cómo ciertos estamentos usan ejercicios y prácticas que nos remontan a los escenarios más temibles del pasado.

    A través de una serie de artículos que ha publicado La Nación en los últimos días, la carencia de justicia que realza las asimetrías se ha puesto de manifiesto.

    Y en todos los ejemplos trasunta la sensación de que los jueces y fiscales achacan todo el rigor de la ley por delitos ínfimos, y atenúan cuando se trata de personajes influyentes que soportan oprobiosos delitos de corrupción.

    Bajo casos de significancia mínima en cuanto a daño patrimonial, los agentes del Ministerio Público han impulsado procesos penales contra varias personas por haber hurtado, por ejemplo, tres kilos de asado, o el robo de 32 gallinas, delitos considerados “bagatelarios” o de reproche reducido.

    Sin embargo, las denuncias contra ex altos funcionarios de gobiernos anteriores, incluso legisladores que están cumpliendo mandato popular, demandados por supuestamente haberse quedado con dinero del erario público, siguen “estancados” y siguen impunes.

    Entre los casos más emblemáticos se encuentra el del ex ministro de Agricultura y Ganadería, Enzo Cardozo, que soporta dos procesos por lesión de confianza por presuntamente ocasionar perjuicios por valor de 71 mil millones de guaraníes; Rafael Filizzola, ex ministro del Interior, que está a punto de enfrentar juicio oral por supuesta malversación de G. 51 mil millones; Camilo Soares, ex titular de la Secretaría de Emergencia Nacional, acusado por un presunto desfalco de G. 1.224 millones, entre otros sonados casos, pero para ellos la justicia sigue sin aparecer.

    Solo en estas tres causas el perjuicio patrimonial para el Estado paraguayo supera los 123 mil millones de guaraníes (unos 22 millones de dólares al cambio actual). Una cifra colosal.

    Frente a este nivel de daño aparecen casos como el de un humilde parrillero que hurtó 3 kilos de asado, que luego de reconocer su error se comprometió a resarcir el daño. Pese a esta predisposición el mismo fue imputado tras la aplicación severa y rigurosa de la ley de parte de la fiscala del caso.

    Desproporcionalidad, asimetría, desequilibrio. Caben todos los términos aquí, pues casos como éstos encierran una enorme desproporción a la hora de juzgar un hecho y que evidencia que entre uno y otro lo que menos se juzga es el hecho. O simplemente se juzga como se quiere.

    Sobre la actuación y el desempeño de jueces y fiscales, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), por boca de su flamante titular, Óscar González Daher, ha dicho que tomará intervención bajo su mandato de este aspecto en donde los magistrados entienden causas donde por delitos irrisorios se envían personas a la cárcel. Al menos, una instancia busca ofrecer algún tipo de solución, aunque las vías no serán fáciles.

    Por los casos de delitos bagatelarios y la falta de sanción en sonados casos de corrupción resulta más que evidente que en nuestro país el tiempo no ha pasado y que escasos han sido los avances de la autoridad que aplica la ley. O como el caso del policía del régimen estronista, se juzga como a “la autoridad” se le antoje.

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    Publicado por jotaefeb | 6 julio, 2016, 8:24 am
  2. La impunidad

    Con una auditoría externa, una vez más se constató de qué manera se estaba desangrando los recursos de una institución pública. En este caso, la Municipalidad de Hernandarias, donde al igual que las mayorías de los municipios de Alto Paraná, los anteriores intendentes dejaron una administración desastrosa, al decir de las nuevas autoridades.
    Según la investigación administrativa no se justificaron gastos por G. 51.000 millones. Es con relación a obras fantasmas, mala utilización de recursos de Fonacide, Royalties, entre otros gastos durante la administración de Mario Castillo (PLRA), entre 2012 y 2015.
    El actual intendente, Rubén Rojas (ANR), anunció el jueves pasado que ayer iba presentar una denuncia penal por lesión de confianza en contra de su antecesor, pero finalmente no lo hizo, alegando que no completó los documentos.
    Cada vez que se cambian los intendentes y gobernadores, los nuevos que asumen salen a decir a los cuatro vientos lo desastrosos que fueron sus antecesores, pero en la mayoría de los casos no pasan de los meros plagueos. La única condena conocida hasta ahora fue en contra de Romildo Maia (ANR) por su mala gestión en San Alberto, pero tampoco recibió castigo, pues cuando fue condenado, apeló al condena y se fugó al Brasil.
    La principal aliada de la corrupción es la impunidad de los inescrupuloso que se enriquecen con el dinero de la ciudadanía.
    Es una excelente oportunidad de honrar la confianza depositada en las nuevas autoridades, mostrando un comportamiento diferente y haciendo pagar a quienes se embolsillaron la plata de los contribuyentes. De lo contrario, nunca se va cortar el círculo vicioso. Cuando no se castiga a los infractores a la ley cualquiera se cree con derecho de incumplirla. Ese es el precio que seguimos pagando, por la complicidad del sistema de podredumbre que impera en las instituciones.

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    Publicado por jotaefeb | 3 julio, 2016, 7:45 am
  3. Las malas noticias

    Por Alcibiades González Delvalle

    En estos días una señora se quejó contra los medios de comunicación. Dijo a una emisora: “Desde temprano nos amargan el día con malas noticias”. Argumentó su molestia en “el hecho innegable” de que tales noticias “impactan en nuestro ánimo y nos desalientan desde antes de levantarnos de la cama”. Tiene razón la oyente. Las malas noticias debilitan el entusiasmo y nos llenan de malhumor. En vez de comenzar el día con optimismo y con esperanza de una feliz jornada, sentimos que se nos pega una molestia que ya no habrá de abandonarnos.

    En lo que estoy en desacuerdo con la oyente es en la culpa que le atribuye a la prensa. En la antigüedad se mataba al mensajero portador de malas noticias. Es una salvajada. Pero en los tiempos modernos no ha cambiado mucho la reacción contra el mensajero, el periodista. Sigue recibiendo castigos que incluyen asesinato, desaparición, tortura, apresamiento, golpizas, etc. Ahora mismo, en Ciudad del Este, el director del diario “Vanguardia”, Nelson Zapata, fue golpeado por una turba de fanáticos seguidores de la intendenta local. El periodista hizo lo que tiene hacer: estar en el lugar de los hechos. Pero la noticia que iba a difundir no era nada edificante para los manifestantes. De ahí la violencia para acallar la verdad en la creencia bárbara de que es el mejor método para defender a una persona, una familia o una causa.

    De nuevo la justicia paranaense tiene la ocasión de ejercer la honestidad e independencia. Ojalá no las haga pasar, como otras veces, y aplique todo el rigor de la ley en este incidente ligado a la intendenta y a su marido.

    Volviendo a la idea inicial del desánimo que causan las malas noticias, los medios no tienen más remedio que difundirlas porque, aunque fuesen malas, son de interés público. El problema es que esas noticias se originan en los organismos del Estado y no resultaría conveniente para nadie ignorarlas. Todo cuanto sucede en las instituciones públicas tienen que ser de interés prioritario para la ciudadanía que las mantiene.

    No es posible vivir de espaldas, por ejemplo, ante la corrupción que golpea con fuerza al país. Y no es la información la que nos desanima sino la impunidad que la rodea. Vea usted lo que pasa, como todos los días, en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Leemos en ABC Color del martes que el Tribunal Electoral de la Capital, Primera Sala, “registraba hasta la semana pasada una entrada de 49 expedientes de enero a junio, un promedio de ocho expedientes por mes. Por esa ‘sobrecarga’ laboral, los magistrados Hermes Medina y Gilberto Meza pidieron horas extras para sus leales”.

    Ante esta situación, vergonzosa por donde se la mire, la magistrada Patricia Blasco, presidenta del Tribunal Electoral de la Capital, Primera Sala, solicitó la suspensión de las horas extras “por no ser un año electoral”.

    Este hecho demuestra, una vez más, que en el Tribunal Superior de Justicia Electoral hacen lo que se les antoja con el dinero público. Tenemos también a la ministra Wapenka que se fue a España –por las puras ganas de irse con el dinero de los contribuyentes– con el pretexto de los comicios de los liberales en Barcelona donde votaron 25 personas. La ministra se asignó diez millones de guaraníes más el pasaje que habrá costado unos cinco millones.

    La otra noticia de la semana pasada tiene que ver con la fenomenal estafa de la que está acusado, entre varios, el exministro de Agricultura y Ganadería, senador liberal y miembro del Consejo de la Magistratura, Enzo Cardozo. El juez Humberto Otazú fue recusado por el abogado de Cardozo para evitar la audiencia en que se debe resolver el pedido de elevación a juicio oral y público por el “despilfarro” de 3.700 millones de guaraníes. Cardozo, y el que fuera también ministro de Agricultura, el liberal Rody Godoy, tienen pendiente la audiencia preliminar por el “desvío” de 68.000 millones de guaraníes, en otro proceso abierto por lesión de confianza. También la defensa de los acusados recusó a otro juez, Gustavo Amarilla, que fue impugnado ante la sala penal de la Corte Suprema donde el caso duerme con la placidez de los expedientes tribunalicios de los correligionarios, amigos y favorecedores. El proceso se inició hace más de dos años.

    También leemos (ABC Color del miércoles) que la administración del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) dilapidó 21 millones de dólares en transferencias directas a ONGs para construir sistema de agua potable “que se volvió todo un negocio de políticos y amigos del Gobierno”.

    Tiene razón la citada oyente. Estas y otras noticias nos desalientan, nos llenan de desesperanza por la sencilla razón de que se irán repitiendo. A ninguna autoridad administrativa, judicial ni legislativa le importa que la corrupción vaya dejando al país desnudo y en la calle.

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    Publicado por jotaefeb | 3 julio, 2016, 7:12 am
  4. Poder Judicial esclavo

    La magistratura está sometida de hecho al Congreso y al Poder Ejecutivo, pese a que el art. 3° de la Constitución dispone, entre otras cosas, que los Poderes del Estado son ejercidos en un sistema de equilibrio y de recíproco control. No se trata de que el diseño constitucional favorezca esa dependencia, sino de que los procesos de designación y de remoción de los jueces, incluidos los ministros de la Corte Suprema de Justicia, son distorsionados por los intereses político-partidarios y hasta personales de los miembros del Consejo de la Magistratura, del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y del Congreso, sin olvidar los del Presidente de la República.

    En tal sentido, dos de los ocho miembros del citado Consejo, que forma las ternas de candidatos para que el Senado elija de entre ellas a los ministros de la Corte, y para que también esta designe a los magistrados y a los fiscales, representan a los legisladores y uno al Poder Ejecutivo. Se dirá que están en minoría, pero ocurre que los dos abogados nombrados por sus colegas en elección directa siempre responden a un partido político. Era de suponer que los profesionales del Derecho, que deberían ser los más interesados en la correcta administración de justicia, votaran por quienes estén mejor calificados para el cargo que habrán de ejercer, pero resulta que lo determinante entre ellos, en realidad, es el carnet partidario. Así inició su carrera pública, por ejemplo, el actual senador Enrique Bacchetta, quien hoy vuelve a integrar el Consejo, representando a la Cámara Alta.

    Más allá de lo que diga la Constitución, que desconcentra el nombramiento de los jueces y de los fiscales, nuestra deteriorada cultura partidaria hace que las mejores intenciones se bastardeen en beneficio de la clase política. Si el partidismo influye en la composición de las ternas de candidatos, también lo hace en la designación misma, como lo evidencia el abierto “cuoteo” en la Corte, acordado por el Senado y el Poder Ejecutivo. Es infame, por ejemplo, que el ministro Sindulfo Blanco no sea destituido por el pésimo desempeño de sus funciones, vía juicio político, porque no se haya asegurado aún que será sustituido por un correligionario suyo. En otros términos, se espera que el Consejo reciba las instrucciones pertinentes para integrar la terna apropiada, con el “caballo del comisario” y dos candidatos de “relleno”.

    Si quienes llegan a la máxima instancia judicial deben su nombramiento a quienes actúan guiados por la filiación partidaria, es lógico esperar que tengan el mismo criterio a la hora de designar a los jueces y fiscales. Como se deben a los políticos, sabrán escuchar sus “recomendaciones”, lo mismo que más tarde harán los designados por ellos gracias al oportuno padrinazgo. De esta forma, los jueces y fiscales se cuidarán de no tocar los intereses de los políticos y de sus allegados, como ocurre frecuentemente, pues de lo contrario actuará de oficio el Jurado de Enjuiciamiento, integrado por cuatro legisladores, dos miembros del Consejo y dos ministros de la Corte. De nuevo aquí la clase política está en mayoría, pues también los representantes del Consejo responden a ella. Basta recordar que, en tal carácter, el senador Bacchetta llegó a presidir el Jurado.

    Es entendible, entonces, que este organismo haya abierto un proceso contra la fiscala Blanca Agüero por haberse atrevido a imputar por el delito de lesión de confianza al exintendente de Lambaré Roberto Cárdenas, allegado al titular del Poder Ejecutivo. Formalmente, está enjuiciada por su intervención en una causa que afectó a un tercero, pero es indudable que ha sido víctima de una vulgar represalia, que conlleva un claro mensaje a todo fiscal que pretenda perseguir las fechorías de un político.

    Ni los magistrados ni los fiscales son en verdad independientes, salvo honrosas excepciones. El art. 249 de la Constitución ordena que el Presupuesto General de la Nación asigne al Poder Judicial una suma no inferior al 3% del presupuesto de la Administración Central, para impedir que los otros dos Poderes lo amenacen o castiguen mediante la restricción de fondos. La norma está bien inspirada, pero el problema es que la clase política dispone de otros mecanismos, aparte del presupuestario, para vulnerar la independencia de la magistratura. Son mecanismos informales, como el tráfico de influencias, que resultan efectivos porque la gran mayoría de los jueces y de los fiscales deben sus respectivos cargos a los políticos y saben que carecen del peso necesario para desobedecerles.

    Es curioso que, hasta hoy, las Cámaras del Congreso no hayan pedido informes al Poder Judicial sobre una cuestión puramente administrativa, ni hayan constituido una comisión conjunta de investigación sobre la conducta de un magistrado, en materia no jurisdiccional. Ambos instrumentos de control están previstos en los arts. 192 y 195 de la Constitución, pero los legisladores no han hecho uso de ellos para saber algo más de la malversación de viáticos y de la práctica del nepotismo en el Poder Judicial y, en particular, en la Justicia Electoral. Para ellos, estas cuestiones son triviales, pues lo que les importa es que su clientela política sea bien acogida en esos órganos y que una resolución judicial, lo mismo que una pesquisa del Ministerio Público, no les cause ningún disgusto, ni a ellos ni a sus protegidos.

    Si vulneran las reglas no escritas del juego limpio, no habrá Constitución que garantice la independencia del Poder Judicial.

    La manipulación de los órganos encargados de seleccionar y supervisar a los magistrados es una expresión más de la nefasta “partidocracia” que desvirtúa el Estado de derecho al contaminar instituciones ajenas a los poderes políticos. Esta “partidocracia”, a su vez, se fortalece con las “listas sábanas” que en cada elección ubican en los cargos electivos a muchos ejemplares de la escoria política.

    Solo la ciudadanía informada y organizada puede forzar a los políticos, mediante manifestaciones públicas firmes y perseverantes y a través del voto, a que dejen de meter las manos donde no deben. De lo contrario, seguiremos sufriendo la iniquidad de tener unos magistrados y fiscales indignos, sumisos ante los mandones de turno.

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    Publicado por jotaefeb | 3 julio, 2016, 6:53 am
  5. Sin excusas

    Terminaron las elecciones liberales y con ellas los argumentos para seguir postergando el juicio político a Sindulfo Blanco, ministro de la Corte, acusado por varios delitos hace más de un año y medio por la Cámara de Diputados.

    Según el programa inicial, ya a fines de abril debía haber una sentencia para Blanco, y en mayo iniciarse el proceso a Óscar Bajac, para luego terminar con César Garay. Sin embargo, siempre se supo que no alcanzaban los votos para condenarlos, motivo por el cual la disidencia y sus aliados de izquierda pretendían que el enjuiciamiento continuara a tambor batiente, justamente para blanquear a los tres.

    El oficialismo colorado decidió frenar el enjuiciamiento de Blanco, que no era más que un circo, dejando sin quórum dos sesiones consecutivas, en las que se debía escuchar a la defensa del acusado. Y fue lo mejor que se pudo hacer ante el desparpajo con el que la izquierda demostraba querer declararlo inocente y a los dos después, no porque creyeran que lo fueran sino porque la mayoría de ellos tiene cuentas pendientes con la Justicia y que un ministro de la Corte les debiera favores podría resultar muy beneficioso para conseguir sentencias complacientes.

    El argumento, en ese momento, para dilatar la continuidad del juicio era que los oficialistas decidieron esperar las internas liberales, a fin de negociar con el nuevo directorio y conseguir los tres votos que faltan para condenar a Blanco. Sin importar quien fuera el ganador de la contienda, es obvio que el presidente del PLRA tendrá que negociar con los colorados varios espacios de poder, así que tiene lógica que se considere que el juicio político a los ministros de la Corte entre en el paquete.

    Terminaron las internas, sin pena ni gloria, y sin que se haya notado por un momento siquiera que la jornada de ayer era el primer paso para que el PLRA se convirtiera en poder en 2018. Pero eso ya es historia. Aquí lo que importa es que con la elección de las nuevas autoridades liberales, se terminaron las excusas para seguir postergando el juicio político a Blanco.

    Esperemos que esta misma semana se inicien las negociaciones entre los oficialistas colorados y liberales para conseguir los 30 votos necesarios para condenar a Blanco y amarrar esos votos para que, de manera sucesiva, también puedan ser condenados Bajac y Garay.

    No importan los argumentos que utilizaron los disidentes y los izquierdistas del Senado, de que este juicio político no era más que el interés del presidente Cartes de copar la Corte Suprema de Justicia. Luego de conocerse todos los entuertos en los que estuvieron metidos estos tres ministros, es inadmisible que el Poder Judicial siga siendo manejado por una caterva de presuntos delincuentes, acostumbrados a utilizar sus sentencias para favorecer a grupos de poder y a perjudicar a quienes no tienen alguien que los proteja ante los abusos de estos personajes.

    Blanco, Bajac y Garay tienen que dejar de ser ministros de la Corte si pretendemos que la Justicia paraguaya tenga alguna posibilidad de convertirse en esperanza para la ciudadanía. Y ya no hay excusas para que esto no ocurra.

    Por: Marilut Lluis O’Hara

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    Publicado por jotaefeb | 2 julio, 2016, 7:47 am
  6. Honorabilidad y reforma judicial

    Se viene hablando mucho desde hace algún tiempo de la reforma de la justicia, pero así como no hay reforma educativa que pueda tener éxito si no se mejora la calidad de los docentes, no hay reforma judicial imaginable que pueda suponer una mejora sustancial de la justicia si no se mejora la calidad de los magistrados.

    No hay que ser jurista ni abogado para saber que el sistema judicial de nuestro país no funciona; basta con repasar algunos de sus dudosos méritos que incluyen el difícil récord de ser, según todas las encuestas, la institución en la que menos confiamos los ciudadanos paraguayos y hechos tan escandalosos como que seamos uno de los países del mundo con más personas presas sin sentencia. En palabras de un amigo: “En el Paraguay los ciudadanos honrados temen más a la justicia que los delincuentes”.

    Cuando la corrupción prospera y se generaliza es sencillamente porque la justicia no actúa, convirtiéndose en cómplice por omisión o inclusiva en partícipe de los hechos delictivos de los corruptos. Cada vez que se saca a relucir este tema, no faltan las míseras excusas del tipo “todos somos corruptos” o “no estamos tan mal: miren lo que está ocurriendo en Brasil y Argentina”, como si la abundancia de delincuentes hiciera menos ilegal, menos criminal, menos dañino o menos punible un delito.

    Todo esto tiene que ver con un problema de fondo: se ha perdido en sentido de la honorabilidad. ‘Honorabilidad’ parece una palabra antigua, pasada de moda; sin embargo, lo que significa ser honorable es tener conciencia clara del bien y del mal, actuar rectamente y con imparcialidad según esa conciencia, anteponiendo la honestidad a la conveniencia y, finalmente, sentir vergüenza cuando así no lo hacemos.

    Es posible que la palabra haya pasado de moda, pero si las cualidades que se resumen en ese concepto han pasado de moda, entonces vivimos en una sociedad enferma; porque lo contrario de honorabilidad es deshonestidad y desvergüenza. Quizás los legisladores, que llevan el calificativo pegado a su cargo, debieran recordarlo.

    Por otra parte, volviendo a la reforma judicial, el término honorabilidad resume las características que deben tener los magistrados que imparten justicia: actuar con rectitud, aplicar la ley con imparcialidad y actuar de acuerdo a una conciencia clara de lo que está bien y lo que está mal, ganándose así el respeto y la consideración de los ciudadanos.

    Honorables (que también significa “dignos de recibir honores”) serán los jueces capaces de hacer frente a una situación de corrupción generalizada. Poco dignos de recibir honores son los jueces que la única ley que aplican es la del ñembotavy, haciendo lugar a las chicanas y mirando hacia otro lado, a la espera de que las causas se olviden o se desactiven por prescripción.

    Por supuesto, que la justicia funcione requiere de reformas estructurales y no solo de que los magistrados sean honorables; pero la honorabilidad de los jueces es condición indispensable, ‘sine qua non”, porque ¿qué reforma, qué cambios en la estructura del Poder Judicial, qué reorganización puede funcionar mientras la mayoría de los magistrados no sean honorables y lo hayan demostrado claramente, ganándose el respeto y la confianza de los ciudadanos?

    Tal como están las cosas actualmente, esto parece una quimera, a la vista de los presos sin sentencia, los delitos escandalosos, públicos y notorios de políticos y funcionarios que no tienen consecuencias, las sentencias que son unas veces demasiado veloces y otras veces no llegan nunca, el Consejo de la Magistratura desactivando a los fiscales que hacen bien su trabajo de denunciar delitos.

    Sí, realmente en el Paraguay de hoy una justicia honorable parece una quimera. Sin embargo, hace solo unos años también parecía una quimera en Brasil, donde la más decisiva reforma judicial que ha habido es la aparición de magistrados valerosos y honorables.

    Por Rolando Niella

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/honorabilidad-y-reforma-judicial-1493224.html

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    Publicado por jotaefeb | 2 julio, 2016, 7:46 am

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