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Acabar con las ONG ladronas

Se volvió bastante frecuente en nuestro país que gobernaciones, municipalidades y aun instituciones del Gobierno central otorguen concesiones o contraten a estas sociedades conocidas genéricamente como “organizaciones no gubernamentales (ONG)” para la realización de obras o prestación de servicios públicos. Tenemos, por ejemplo, el caso de la perforación de pozos artesianos, obra de interés general que corresponde ejecutar al Indert y que este, en vez de proceder a llamar a licitaciones, como se hace habitualmente en el ámbito de las obras estatales, “encarga” el trabajo a ONG.

La llamada ONG es una modalidad de asociación que forma parte de las que el Código Civil define como “sin fines de lucro”, es decir, que entre sus objetivos no pueden figurar actividades económicas que produzcan rentas o dividendos y, mucho menos, que tales beneficios lucrativos (aunque sean producidos bajo otro título disimulado) sean repartidos entre sus consocios. Por este mismo motivo están exentas de los tributos que se cargan a las sociedades comerciales.

Pero como en este país no hay regla que no se viole, ni principio que se sostenga ni definición que no se desvirtúe, resulta que tenemos casi mil ONG registradas oficialmente. Esta cifra colosal e inaudita significa que en este país existe una gran multitud de personas que sintió el llamado a la solidaridad social, a la cooperación comunitaria, a dedicarse al servicio del semejante, y que se asocia con esas finalidades, dedicándoles a sus actividades filantrópicas gran parte de su tiempo y esfuerzo, renunciando, incluso, a sus labores económicamente redituables; o bien, la versión es mucho menos noble y admirable: que dentro de estas asociaciones se están cocinando brutos negociados, que están causando el entusiasmo febril con el que se multiplican.

Dadas y aprendidas las lecciones de la experiencia, nos inclinamos por dar crédito a esta segunda posibilidad. Para decirlo sin vueltas: muchas de estas organizaciones no gubernamentales, si no la mayoría de ellas, son creadas adrede para robar dinero al Estado mediante contratos semirregulares, semilícitos, en connivencia con altos funcionarios del Gobierno, intendentes y gobernadores, y con mayorías de concejales de sus respectivas Juntas, principalmente.

Esta idea es precisamente la que sugiere el hecho insólito de que Indert, haciendo renuncia a sus atribuciones orgánicas, haya declinado en trece ONG la responsabilidad de contratar a las empresas constructoras de los sistemas de agua potable destinadas a varias poblaciones del interior. Pero aquí no acaba toda esta farsa: “como los fondos no alcanzaban” para contratar fiscales de obras independientes, también se les concedió a las ONG la atribución de fiscalizar las obras que ellas mismas contrataron. Según la información publicada, serían unos 672 millones de guaraníes los que Indert distribuyó entre sus ONG. ¡Qué gran jauja! Los mismos que gastan la plata del Estado se fiscalizan a sí mismos pero no rinden cuenta al Estado sino a sus socios particulares, obviamente, porque con estos tienen que repartirse el botín.

La Ley N° 1618/00 “De concesiones de obras y servicios públicos” establece que “La persona física o jurídica que participe en una licitación pública para la concesión de una obra o servicio público deberá indicar la fuente de financiamiento y su origen, a los efectos de cumplir con las responsabilidades que emerjan del cumplimiento del contrato de concesión, debiendo acompañar la constancia de compromiso o garantía de la entidad que proveerá los fondos necesarios para el objeto de la concesión de que se trate, y los estudios correspondientes de la forma de pago del crédito o recursos que se utilizarán con dicho fin”.

A la luz de esta disposición, cabe preguntarse: ¿Cómo una ONG podría cumplir con este requisito? ¿Qué acceso a fuentes de financiamiento podría tener una sociedad sin fines de lucro? Y luego, ¿cómo una ONG podría garantizar las obras o servicios cuya concesión le otorgó una entidad estatal y responder económica y técnicamente por ellos? La ley citada dice también que “La garantía será emitida por una entidad del sistema financiero debidamente autorizada por el Banco Central del Paraguay, con las formas, montos, plazos y demás condiciones que establezcan la reglamentación de esta ley, los documentos de la licitación y el contrato”.

¿En qué lugar de este conglomerado administrativo se podría mover una ONG? ¿Qué clase de banco, financiera o compañía de seguros se arriesgaría a prestar fianza de buen cumplimiento a una sociedad que carece de respaldo económico propio, porque no tiene finalidad lucrativa? La única posibilidad de que esto sucediera sería que los directivos de la entidad garante también participen de la comilona.

Para peor, el artículo 15 de la ley citada dice, escuetamente: “La adjudicación del contrato se efectuará obligatoriamente al proponente que formule la mejor oferta económica”. ¿Cómo formularía su oferta económica, para competir con otras, un tipo de asociación como la ONG, cuyo estatuto, por principio y definición jurídica, le excluye de toda actividad de índole económica? Desde luego, estas ONG de las que hablamos no compiten con nadie porque reciben contratos directos.

Las contradicciones, dudas y sinrazones que rodean a las participaciones que tienen actualmente estas ONG en operaciones con organismos públicos son tantas, que la situación amerita la intervención de autoridades de mayor peso, como la Contraloría General, para averiguar qué negociados están haciendo gobernadores, intendentes y otros funcionarios públicos con estas asociaciones, para saber si no fueron creadas exclusivamente para hacer negociados, aunque en sus nombres pongan palabras engañosas como “desarrollo comunitario”, “preservación ambiental”, “promoción social”, “fomento cooperativo”, etc., etc., destinadas, obviamente, a disfrazar su verdadera finalidad lucrativa de ser engranajes de la corrupción político-administrativa.

Los investigadores de la Contraloría se enterarán también de que las ONG a las que las instituciones gubernamentales, municipalidades y gobernaciones les conceden la perforación de pozos de agua y otras obras y servicios suelen estar formadas por amigos, parientes, socios comerciales y correligionarios de las autoridades concedentes. Estas obras no están pensadas para ser concursadas limpiamente. Si se hicieran las cosas de este modo, no serían ONG “ambientalistas”, “cooperativistas”, “de promoción de talentos humanos”, etc., las que estarían perforando pozos de agua, sino que serían, como la lógica establece, las empresas de ingeniería especializadas, equipadas adecuadamente, con experiencia profesional y respaldo financiero y de seguros comerciales exigidos por la ley, las que aún no se han pronunciado sobre esta anomalía como corresponde.

¿Se conoce algún caso de que, por causa de las pésimas obras efectuadas en perforaciones de pozos destinados a la prestación del servicio de agua potable a alguna comunidad, en el interior del país, alguna ONG contratada haya sido demandada judicialmente y obligada a indemnizar o rehacer lo mal hecho? No hay noticias de esto. Y aunque se las demandara, ¿cuál es el respaldo económico que una ONG puede tener?

Los negociados del tipo que se comenta se están multiplicando de tal manera en todo el país por una causa fácil de comprender: que lo que ciertas autoridades nacionales, departamentales y municipales contratan con sus propios amigos y socios son negocios redondos; si las obras se hacen mal, nadie reclama a nadie. Se gana dinero a montones y sin correr ningún riesgo. Para que la trampa no sea demasiado burda, solo se necesita de una ONG. Y como este tipo de sociedades son fáciles de formar, se las puede crear en pocos días, carecen de exigencias legales importantes y resultan muy baratas de mantener y usar como fachada, son ideales.

Pero todo el que reciba y use recursos públicos debe someterse a la exigencia del principio constitucional de la rendición de cuentas. En verdad, nuestros legisladores han sido, hasta ahora, muy displicentes a la hora de establecer regulaciones estrictas para estas famosas ONG, que ya no deben seguir regulándose por las generalidades del Código Civil, instrumento jurídico que, en su momento, fue forzosamente incapaz de prever que el ingenio de los corruptos rebasaría fácilmente las débiles exigencias que estableció para las sociedades sin fines de lucro.

Habrá también muchos legisladores con sus ONG propias y esto, sin duda, constituirá un gran obstáculo para reformarlas, como sucede con numerosas universidades privadas; pero aún podemos esperar que alguna vez nuestro Congreso pueda establecer reglas jurídicas adecuadas y convenientes al interés general aunque perjudiquen al interés particular de algunos de sus miembros.

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/acabar-con-las-ong-ladronas-1493006.html

 

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

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