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Tacumbú se incendia y algunos delincuentes mueren inocentes

El incendio del penal del barrio Tacumbú de Asunción, y el homicidio de Jorge Rafaat en Pedro Juan Caballero han marcado la agenda de los medios de prensa, y – lógicamente – han concitado la atención de la sociedad.

El primero de ellos, que arrojó como la muerte de cinco reclusos y un guardia, no constituye un hecho aislado, que no conozca de antecedentes similares.

Los incendios en nuestras cárceles, como consecuencia de la desidia, el abandono, la negligencia y la corrupción de las autoridades del Estado, es posible que en el futuro vuelvan a producirse, porque responden a causas que no han sido atendidas, ni se encuentran entre las prioridades de sus responsables.

La precariedad de la infraestructura carcelaria, que carece de los más mínimos elementos de seguridad, la superpoblación, y la impunidad, no permiten suponer que las cosas vayan a mejorar en el futuro.

La penitenciaría, en nuestro país, es la alfombra debajo de la cual pretendemos esconder nuestros problemas sociales, económicos y culturales. Al mismo tiempo es una gran industria, que sirve para reproducir un modelo de exclusión y violencia. Una escuela del delito y un negocio para sus administradores.

Para asegurar el funcionamiento eficaz de ese perverso complejo industrial, hace falta alimentar de manera selectiva y eficiente la población carcelaria, a cuyo efecto fiscales y jueces endurecen medidas frente a los débiles, excluidos y desamparados, mientras se postran de rodillas ante poderosos e influyentes.

Es fácil advertir que la lista de víctimas del incendio no incluye a empresarios, políticos, ex funcionarios del Estado, banqueros, contrabandistas, lavadores de dinero o usureros.

El sistema penitenciario se ha convertido en el espacio común de aquellos que nada tienen. Ni dinero, ni amistad, ni influencia, ni poder para comprar los favores e impunidad que les permitan evitar la acción de la justicia.

Se ha convertido en el negocio de un sistema judicial que ingresa grandes sumas de dinero para sostener esquemas corruptos. De medidas alternativas a la prisión, de chantajes con ropaje de legalidad, bajo la figura de las donaciones.

Un sistema corrupto que mueve grandes cantidades de dinero en programas de construcción, refacción y ampliación de cárceles, que – sin embargo – siguen padeciendo las mismas carencias y siguen manteniendo la misma condición miserable e infrahumana del siglo pasado.

Para que funcione la perversa industria, deben seguir persiguiendo delitos bagatelarios. Los ladrones de gallinas y lechuga deben ser procesados, porque ellos no tendrán nada que ofrecer para afianzar su libertad, ni siquiera para “pagar medias”, y menos para “reparar el daño social” mediante importantes donaciones.

Para que siga funcionando, el Parlamento debe seguir postergando la aprobación de la ley que autoriza la aplicación de pulseras o “grilletes” electrónicos que permitan descongestionar las cárceles. Que permita reducir el número de procesados privados de libertad con carácter “preventivo”.

Aumentar el presupuesto de las cárceles no es el camino para la solución del problema, por el contrario, solo ayudará a agravarlo, pues su único efecto será profundizar un modelo que ha servido para enriquecer a pocos, pauperizar a muchos y convertir a los reclusorios en la antesala del infierno (o quizás el infierno mismo).

Pero, mientras hay cerca de un 80% de presos sin condena, hay otros que circulan por nuestras calles en vehículos blindados, con escoltas armadas y consideración de empresarios, cuyas historias verdaderas son conocidas por la sociedad, recién después de muertos, porque las autoridades judiciales y administrativas han omitido deliberadamente investigarlos a fondo y someterlos a proceso judicial.

El brutal asesinato de Jorge Rafaat, protagonizado por un grupo comando, puso al desnudo su verdadera historia. La historia de un “exitoso empresario” que carecía de antecedentes en nuestro país, y por lo tanto podía circular con absoluta libertad, sin que ninguna barrera policial lo incomode o perturbe.

La historia de un honorable miembro de la sociedad, condenado a varias penas que, sumadas, totalizan 47 años de prisión en régimen cerrado, además de multa de R$ 403.800, por el juez Federal Odilón de Oliveira, de la 3ª Vara Federal de Ponta Porã, el 30 de abril de 2014, no fue suficiente para que el Ministerio Público paraguayo inicie una investigación sobre el origen de su fortuna y lo enjuicie por lavado de dinero.

Desde luego, Rafaat no tenía el perfil adecuado para que nuestro sistema judicial lo considere un objetivo dentro de sus planes de combate al delito. No era jardinero, secretaria, empleada, ni casero, pero ahora que ya no podrá ser procesado, que ha muerto gozando de la garantía constitucional de la presunción de inocencia, las autoridades – de manera conveniente y al solo efecto de explicar las razones de su brutal asesinato – lo presentan como un peligroso delincuente, pero bien se cuidan de explicar las razones de su injustificada e irritante impunidad.

Abog. Jorge Rubén Vasconcellos

Tacumbú se incendia y algunos delincuentes mueren inocentes

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

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