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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

Entre Curuguaty y la narcopolítica

La política de los malos políticos marca nuestra vida nacional de las formas más trágicas y perversas. Por estos días se definirá la suerte –cantada– de 11 compatriotas en la causa de la masacre en Curuguaty –un juicio ignominioso y lleno de falsedades–, y ayer, el Congreso eligió su conducción para el siguiente periodo de un año y entronizó, como no es de sorprenderse, a los sospechados de nadar en las corrientes de la narcopolítica.

En ambos casos, el denominador común es el mismo: el poder, la política y el narcotráfico. Un poco más o un poco menos, pero esos condimentos están, estuvieron y seguirán estando en la escena, aunque muchos quieran negarlo o justificarlo.
El caso Curuguaty viene de hace cuatro años en medio de mentiras y falsedades desde la Fiscalía y la propia Justicia. Ineptitud, perversión y engaños son la constante. Los argumentos judiciales no se sustentan en hechos verificables ni pruebas concretas, reales y fehacientes ni en testimonios claros y sin contradicciones. Todo tiene la trama de un gran montaje. Cada vez cobran más solidez las denuncias de las organizaciones que reclaman juicio justo y que indican la existencia de una acción orquestada desde el inicio para derrumbar a un gobierno constitucional y tratar de sostener hasta el final la farsa de fiscales de bajo y pobre desempeño y de prepotente actitud contra cualquier rigor científico y profesional.
Los 11 campesinos recibirán condena. De ellos los que serán usados como chivo expiatorio serán Rubén Villalba y Luis Olmedo. Los demás tendrán posiblemente tratamientos dispares de atenuantes y algunos etcéteras para zafar la ineptitud del Ministerio Público.
La verdad, en ningún caso hay pruebas. Si las hubiera ya las habrían exhibido en estos cuatro años. No las tienen y si ahora las dicen tener, son sencillamente fabricadas. Este es un claro caso que terminará en tribunales internacionales con altos costos para el Estado, es decir, la población, y no para los fiscales y jueces que faltaron a líneas básicas del debido proceso.
En paralelo, en el Senado –dentro de una perversa lógica de anticartismo–, la cabeza de uno de los poderes políticos más poderosos (me admiten la redundancia) está ocupada –en su mayoría– por personas sospechadas de vinculaciones con el narcotráfico y otros entuertos. Tanto el progresismo (mal llamado izquierda) y la derecha variopinta están atrás. No digo que pongan a un cartista, que sería lo peor, pero tampoco una línea espuria como la de ahora.
La situación describe un claro mapa de en dónde estamos anclados, o estancados o hundiéndonos de a poco…

Por Miguel H. López

http://m.ultimahora.com/el-deterioro-la-oea-y-la-cultura-del-encuentro-n1000159.html

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

6 comentarios en “Entre Curuguaty y la narcopolítica

  1. La ajenidad en Curuguaty

    Por Guido Rodríguez Alcalá
    Según el diccionario de la Real Academia Española, ajenidad significa trabajo “por cuenta ajena, en contraposición a trabajo autónomo” (independiente). Pero estamos en el Paraguay, tenemos un castellano paraguayo y, sobre todo, un sistema judicial paraguayo; aquí uno puede ir preso por ajenidad. Veamos.

    La tragedia de Marina Cué (Curuguaty) se originó en que, en 2012, un grupo de campesinos pidió al Gobierno ese terreno fiscal para establecer una colonia agrícola. El terreno fue ocupado por la Marina paraguaya hasta 2004, cuando Nicanor Duarte Frutos decidió destinarlo a la reforma agraria, una decisión sostenida luego por Fernando Lugo. El Indert apoyaba a los campesinos, quienes ocuparon el lugar, a la espera del título de propiedad. Chocaron con Blas N. Riquelme, que también lo ocupaba, y que lo reclamó como suyo a partir de 2005, poco después de que Duarte Frutos decidiera destinarlo a la reforma agraria. Riquelme inició una interminable acción judicial sobre la propiedad del inmueble, aún no terminada en el fuero civil.

    Sin embargo, la división de los poderes del Estado ha degenerado en anarquía. En junio de 2012 la fiscala Ninfa Aguilar decretó que el terreno era de Riquelme y, a pedido de él, presidió una comitiva fiscal y policial para desalojar a los campesinos. Riquelme ni tenía ni podía tener el título de propiedad, pero Aguilar allanó Marina Cué el 15 de junio; en el operativo murieron once campesinos y seis policías.

    Aguilar fue reemplazada por Rachid Lichi, quien repitió que Marina Cué era de Riquelme, y amplió la imputación contra los campesinos sobrevivientes del operativo fiscal-policial. La defensa de los campesinos y la prensa han señalado que el terreno no es de Riquelme (fallecido en 2012) ni de sus herederos. Para los fiscales que reemplazaron a Rachid eso no tiene importancia porque, aunque no sea de Riquelme, de alguien ha de ser, y no de los campesinos.

    Ajenearon muchos, se castiga solamente a quienes no aprovecharon el gobierno de Stroessner para hacerse con un campito, como el finado Blas N. Por ajenear y otras fechorías (homicidio) piden 40 años de cárcel para Rubén Villalba. No está probado que él hubiera disparado ningún arma aquel 15 de junio, pero, según la Fiscalía, “los revólveres fueron sometidos a peritaje y todos pueden efectuar disparos excepto uno, no como las mentiras que escuchamos en los medios”. Los medios no se refirieron al revólver sino a las escopetas: tres de ellas no habían sido disparadas y una estaba rota, según la pericia agregada al expediente.

    “Todas las vainas servidas del calibre .38 fueron percutidas al igual por el arma de calibre .12”, dice la Fiscalía. Si no fue un arma multiuso y se disculpa la gramática, el .38 es el que le habían robado, supuestamente, a un empleado de Riquelme, lo cual ha despertado dudas: para algunos, fue una prueba plantada; para otros, hubo una plantación, un sojal de pruebas. No quedan dudas sobre la escopeta 12 plantada y regada como un OGM: “Escopeta presentada como evidencia fue robada 7 días después de la masacre” (Abc, 2-8-13). Entre las pruebas incriminatorias está que “Rubén (Villalba) solía hacer críticas al Gobierno, a los invasores brasileños, al imperialismo yanqui, también alababa al mariscal López”. Sin ser lopista, no me parece bien que se persiga a alguien por lopista.

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    Publicado por Anónimo | 26 junio, 2016, 8:42 am
  2. Un juicio sin juicio

    Por Miguel H. Lopez
    Empieza hoy la etapa final de los alegatos en la causa de la masacre en Curuguaty, en medio de un proceso contaminado, manipulado y mentido como no conoce la historia jurídica en el país desde el inicio de la transición.

    La sentencia, como en una final anticipada, está tácitamente escrita desde que se produjo la matanza, aquella media mañana del 15 de junio de 2012. Un día que marcó el inicio de un juicio político –un golpe parlamentario– que tumbó un gobierno constitucional y entronizó en el poder a lo más oscuro y siniestro del oportunismo y los parapoderes en el país.

    Cinco abogados alegarán, desde temprano, en defensa de los 11 procesados. Una exposición en donde los detalles fácticos, la lógica jurídica y la dialéctica del discurso no harán otra cosa más que explicar lo mismo que la opinión pública ya sabe: en el caso Curuguaty no hay modo ni medio –si fuera un juicio justo– para que los campesinos presos reciban alguna condena. No hay pruebas.

    Sin embargo, a juzgar por cómo actúa el Ministerio Público desde el principio, con Jalil Rachid antes y ahora con Liliana Zayas y Nelson Ruiz, el accionar del juzgado no distará mucho de esa línea, que pese a haber faltado al debido proceso y cometido una serie de irregularidades que invalidan la causa, dictará sentencia y condenará a cárcel a los procesados. Todos inocentes, porque en la práctica no es demostrable su culpabilidad.

    Rubén Villalba es contra quien la tienen jurada. Eso lo evidenció Rachid y le hizo el coro el entonces vicepresidente venido a presidente espurio, Federico Franco, cuando ambos lo calificaron de asesino, como mínimo. El segundo en saga es Luis Olmedo. Según la Fiscalía, ellos son quienes abrieron fuego contra los policías. Los demás que podrían recibir condena diferenciadas son Felipe Benítez Balmori, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, Fani Olmedo, Dolores López, Alcides Ramírez y Juan Tillería. Algunas conmutaciones también podrían haber para aligerar el castigo.

    El caso de seguro llegará a tribunales internacionales, por falta de justicia en Paraguay. Y el Estado –nosotros– pagaremos por la perversión y negligencia del sistema judicial.

    Por lo demás, solo un rayo de independencia y racionalidad haría que los jueces los absuelvan a todos –como debería ser– en justicia.

    El caso Curuguaty constituye así la peor muestra de la manipulación política y judicial en contra de un grupo de campesinos sintierra que, en un legítimo reclamo, en tierras del Estado usurpadas por privados, fueron masacrados por el poder público y usados como chivo expiatorio para tumbar un gobierno.

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    Publicado por Anónimo | 23 junio, 2016, 7:43 am
  3. Curuguaty: Nada hemos aprendido

    Por Sergio Cáceres

    La esperanza es lo último que se pierde. Imaginemos que alguna vez en Paraguay la Justicia será igual para todos. Cuando alguna vez eso ocurra recordaremos, para nunca jamás repetirlos, los momentos de ignominia que pasó nuestro pueblo por culpa de fiscales y jueces que se aliaron a poderosos en vez de actuar imparcialmente; uno de esos mojones de vergüenza será el caso Curuguaty.

    Por muchos motivos el caso de Curuguaty quedará como un símbolo en nuestra historia. Los expertos nos lo dicen ahora y lo dirán en el futuro: el proceso estuvo plagado de irregularidades. Como nunca, fue más que evidente que los procesados ya estaban condenados de antemano.

    En estos tiempos los actos de injusticia hasta nos parecen normales; venalidad, parcialidad, son términos cotidianos. ¿Que los agentes de Justicia inclinan siempre la balanza hacia sus intereses o a los de sus jefes de turno? ¿Por qué sorprenderse?, es el pan nuestro de cada día. O ¿cuál cree usted que sea la explicación última de toda nuestra situación como nación, como sociedad? Todo anda torcido en nuestro país porque los encargados de enderezar las cosas están torcidos ellos mismos, corrompidos hasta la médula. Los ciudadanos estamos inermes, pues nuestros defensores oficiales desoyen el mandato constitucional.

    No debe extrañarnos que este Gobierno apañe lo que está ocurriendo en el juicio por el caso Curuguaty. Sus protagonistas estuvieron metidos también aquella vez como lo están hoy. Los campesinos que no se alinean a sus intereses nunca fueron de su agrado. Tienen fiscales y jueves a su servicio y con el poder de condenar a cualquiera que ose oponérseles. Ahora no les pesa la conciencia, pero saben que en el futuro quedarán como malos ejemplos, como aquellos que mancharon a la Justicia paraguaya con sus actos. Se los estudiará en las universidades como casos a no ser imitados, como mal ejercicio profesional, como vergüenza nacional. Hoy parece no interesarles lo que dirán de ellos mañana, pero sus hijos y nietos llevarán la pesada carga que por inconciencia ahora no parecen percibir.

    Como los reos en tiempos antiguos o medievales, la impotencia es una segunda piel; saberse desde ya rumbo al cadalso era una certeza porque no había poder que pudiera salvarlos. Ser pobre ya anticipaba el resultado final. Hoy no quiero estar en la piel de los campesinos que están por ser condenados por el caso Curuguaty, la impotencia que sentirán de seguro es igual a aquellos que en la historia pasaron sin ninguna chance de poder demostrar su inocencia. Quién lo diría, los Sacco y Vanzetti se siguen dando hasta hoy. Nada hemos aprendido.

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    Publicado por Anónimo | 20 junio, 2016, 7:58 am
  4. Plomo en Curuguaty

    Por Guido Rodríguez Alcalá

    Luis Olmedo dio positivo en la prueba de plomo; por eso, quieren condenarlo a 25 años de cárcel por homicidio.

    Rubén Villalba dio negativo en la prueba de plomo, en la misma causa; por eso, quieren condenarlo a 40 años de cárcel.

    Si la prueba del plomo es un criterio absoluto, deberían dejar en paz a Villalba, pero no: palos porque bogas y palos porque no bogas. Más suerte tuvieron Arnaldo Quintana y Néstor Castro, también negativos y en la misma causa, porque los quieren condenar a 20 años. ¿Cómo se entiende esto? No se entiende ni me pueden pedir explicaciones sobre el alegato fiscal en el caso Curuguaty.

    La prueba del plomo ya se había hecho en 2012, inmediatamente después de la matanza de Curuguaty, pero el fiscal de la causa Jalil Rachid no la tomó en serio; no podía ser de otro modo en las circunstancias del caso. Rachid dejó el empleo y sus sucesores, hace unos días, decidieron utilizar la vieja prueba para pedir penas más severas para los imputados.

    En términos procesales, cambiaron la calificación del delito a contrapelo del Código de Procedimientos Penales del Paraguay. Rachid había imputado a Villalba, Olmedo, Castro y Quintana por tentativa de homicidio, reconociendo que no tenía pruebas de que ninguno de ellos hubiese matado a nadie (“Caso contra campesinos desnuda las fallas del sistema judicial paraguayo”, Ultima Hora, 13/4/14).

    Los nuevos fiscales, sin presentar nuevas pruebas y cuando por lo demás ya había vencido el plazo para presentarlas, decidieron acusarlos de homicidio.

    De todos modos, los fiscales reflotaron la prueba del plomo. Esa prueba, en términos generales, sirve para verificar si uno ha disparado un arma de fuego. Cuando uno dispara, le quedan en la mano y la ropa partículas de plomo, como consecuencia de la explosión de la espoleta o fulminante de la bala, que contiene azida de plomo; la prueba detecta dichas partículas. Ahora bien, no solamente quien dispara, sino también quien recibe un tiro a corta distancia, o quien está al lado del tirador, puede dar positivo en la prueba. Lo mismo vale para quien manipuló un objeto de plomo (plomadas para pescar), o que contiene ese mineral (baterías, pinturas, lubricantes, insecticidas, revestimiento de cables). Por supuesto, tirar un tiro no es lo mismo que acertar un tiro.

    Tanto Olmedo como los demás imputados dieron negativo en las pruebas de nitratos y nitritos, que detectan la explosión de la pólvora (de distintos tipos de pólvora). Es abusar de la inteligencia del lector decir que una bala tiene pólvora, y que la pólvora explota por la explosión de la espoleta; o explotan juntas o no sale la bala, nadie puede dar positivo en plomo y negativo en nitrato/nitrito. Sin embargo, esto es lo que nos quieren hacer creer los acusadores, que por momentos han sido sinceros en el juicio oral. “Queremos que se dicte una sentencia justa en estricto derecho para que a su vez pueda resultar un actor persuasivo para cualquier otro sector o grupo de campesinos”, dijo el fiscal Nelson Ruiz. Una sentencia no puede ser un actor, pero se entiende: lo que pretende la Fiscalía es escarmentar a los campesinos que reclamen tierras malhabidas. Por la boca cae el pez.

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    Publicado por Anónimo | 19 junio, 2016, 8:46 pm
  5. Derecho a la desobediencia civil

    En una sociedad moderna donde se pretende tener todo ordenado de acuerdo a los presupuestos de una democracia representativa, plural y participativa, este mismo orden puede convertirse por la corrupción de algunos en una burocracia que nos arrebate lo más importante que tenemos todos los ciudadanos, que es la libertad de información, expresión y de acción en la vida.
    Un caso concreto lo tenemos ahora en lo referente a la masacre de Curuguaty en Marina Kue. Allí fueron asesinados 17 paraguayos, presos otros 12 e imputados casi un centenar.

    La Justicia es la que debe descubrir la verdad sobre este hecho, pero cuando la Justicia se compra y se vende y está al servicio del más poderoso y abandona a los empobrecidos, el ciudadano se encuentra preso de esta injusticia y entonces la desobediencia civil es una necesidad y una obligación moral.

    La Fiscalía ha dado sentencias exageradas y al margen del sentir del pueblo soberano. Repetimos, en este estado de cosas, es necesaria, y una obligación moral, la desobediencia civil.

    Desobediencia que engloba acciones efectivas (no cualquier acción). Acciones públicas, no violentas, realizadas con la intención de frustrar leyes –al menos una– para promover un cambio social que no se puede lograr de otra manera.

    Es injusto que los campesinos de Curuguaty en Marina Kue, siendo inocentes, sean condenados a penas de 40, 25, 20, 8 y 5 años. Por eso proclamamos la desobediencia civil para que haya justicia.

    Ahora queda ponernos de acuerdo sobre qué acción pública y no violenta pueda conseguir con su presión que sea reconocida la inocencia de estos compañeros campesinos de Marina Kue.

    Sería una desobediencia civil indirecta. No tenemos poder para directamente echar por tierra la injusta sentencia de la Fiscalía. Pero, sí podemos hacer una acción pública, no violenta, que obligue al Gobierno a anular esas sentencias injustas.

    Proponga alguna como tenemos derecho.

    Pai Oliva

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    Publicado por Anónimo | 18 junio, 2016, 10:35 am
  6. Con Rachid daba más gusto
    Por Alfredo Boccia Paz –

    Después de sostener una versión durante cuatro años, el nuevo trío de fiscales del caso Curuguaty presentó sus alegatos con notables cambios. Ya no hablan de la genérica e imprecisa “tentativa de homicidio”, sino de “homicidio doloso”. Cambiaron de relato, porque el anterior hacía agua por todas partes, perforado por mil contradicciones.
    Pero, aun así, la versión de Jalil Rachid era mejor que esta. El entonces fiscal diagnosticó el complejo episodio a partir de una hipótesis que –según aseguró– probaría en el juicio y de eso no se apartó nunca. Hubo una emboscada de los campesinos a una incauta y desarmada comitiva policial, los invasores de tierras privadas mataron a seis policías y los compañeros de estos se defendieron, matando a su vez a once campesinos. Por eso, a Rachid solo le interesó estudiar las seis primeras muertes, las restantes eran una consecuencia natural de la violencia campesina.
    Solo que Rachid no sopesó bien lo vigilado que estaría este juicio dentro y fuera del país. Por eso, cada vez, que se ponían en evidencia sus incongruencias, sus falsedades y sus lagunas, lo único que podía decir era que en el momento procesal adecuado presentaría pruebas que respaldarían su acusación.
    Solo que cuando ese momento llegó, Jalil Rachid ya no era fiscal. Fue ascendido a viceministro de Seguridad y los nuevos fiscales se encontraron con una causa que olía a pescado podrido. Intentaron rectificar los argumentos, pero no podían cambiar demasiado lo que se venía sosteniendo desde hace cuatro años. Decidieron identificar claramente a Rubén Villalba y a Luis Olmedo como los asesinos del subcomisario Lovera. Y establecieron las culpas de cada uno de los otros imputados de acuerdo con su grado de responsabilidad. Explicaron que eran campesinos que se habían asociado con fines criminales y planificaron en detalles el atentado contra los policías.
    Es un relato interesante, quizás en parte posible, pero que necesita ser probado. A los jueces no debería importarles tanto la teoría que está en la mente de los acusadores, sino en las evidencias que demuestren su veracidad. Y es allí donde la argumentación de los fiscales es de una fragilidad temeraria. Muchas de sus supuestas pruebas no fueron demostradas en el juicio. Quedan en el terreno de lo especulativo o literario, pero no tienen peso jurídico.
    Es cierto que estos fiscales heredaron las ideas de Rachid y no podían salirse mucho del molde impuesto de antemano. Lo que me parece un exceso es que tuvieran la soberbia de adornar sus insípidos alegatos finales con argumentos ideológicos ridículamente sesgados en contra del campesinado. La sociedad esperaba que aporten pruebas de la historia que sostienen, no una clase de sociología conservadora básica. Rachid tampoco mostró pruebas pero, por lo menos, no nos agobiaba con ínfulas seudoacadémicas.

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    Publicado por Anónimo | 18 junio, 2016, 6:38 am

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