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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

Infierno en Tacumbú

¿No aprendimos? ¿Será que no vamos a aprender nunca…? En la tragedia del supermercado Ycuá Bolaños, en agosto del 2004, murieron calcinadas casi 400 personas, pero todavía existen muchos edificios y locales sin adecuadas salidas de emergencia, ni correctos sistemas de prevención de incendios. En cualquier momento puede volver a ocurrir otro Ycuá Bolaños… pero no aprendimos.

En la entonces cárcel de menores Panchito López, durante tres incendios ocurridos en los años 2000 y 2001, murieron quemados 12 niños y adolescentes, mientras decenas resultaron con graves heridas. El factor detonante fue el hacinamiento inhumano: había 300 internos en un lugar solo preparado para 15. Por este caso, el Estado paraguayo fue sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó su cavernaria política penitenciaria… pero no aprendimos.

En diciembre del 2001, en un incendio desatado tras un motín de los reclusos, en protesta por el hacinamiento en la cárcel regional de Ciudad del Este, murieron calcinados 10 presos y quedaron heridos cerca de medio centenar… pero no aprendimos.

Esta misma semana, una serie de publicaciones de Última Hora, tomando como base los informes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), ponía al desnudo la patética situación penitenciaria. Los datos revelan que nos encontramos en el momento de mayor hacinamiento en la historia carcelaria: Una superpoblación crítica que llega al 97,8% en todo el país.

La Penitenciaría de Tacumbú, con capacidad para 1.687 reclusos, tiene en realidad 3.483, según estadísticas del MNP. Es decir, aloja al triple de su capacidad. Pabellones repletos, gente durmiendo en el piso, en pasillos y corredores. Quizás por ello, en el lenguaje marginal nunca dicen “le mandaron a la cárcel”, sino “le mandaron al infierno”.

Hay quienes dicen que la cárcel no debe ser un hotel cinco estrellas y que quienes caen allí merecen sufrir, pero bien sabemos que los grandes delincuentes nunca caen presos, a ellos no los toca la Justicia. Y si por acaso hacen alguna pasantía carcelaria, obtienen celdas vip, dirigen sus negociados desde allí, hasta montan puestos de comando político para las elecciones.

La tragedia del incendio de este viernes en Tacumbú, que dejó 6 dolorosas muertes y varios heridos, podría haber sido evitada. Las próximas tragedias también podrían evitarse, pero para ello no solo hay que construir mejores cárceles, sino empezar por revisar las bases de una sociedad que fabrica delincuentes, remover a un sistema judicial corrupto que mantiene a casi el 80% de los presos sin condena.

De nada sirve construir nuevos edificios penitenciarios cuando se da luz verde a las mafias carcelarias y las reclusas son obligadas a prostituirse para sobrevivir. Hay mucho por cambiar, pero nada se hará si no hay presión ciudadana. Y para eso… debemos aprender.
Por Andrés Colmán Gutiérrez

http://www.ultimahora.com/infierno-tacumbu-n998867.html

 

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

13 comentarios en “Infierno en Tacumbú

  1. Quién se cree este Ever Martínez
    08 Ago 2016

    Por Augusto dos Santos

    Hace una década, en la Penitenciaría de Coronel Oviedo los muchachos instalaron un taller mecánico. Por unos mangos que compartían con los directores los reclusos mecánicos podían laburar sin drama.

    Llegó a funcionar muy bien, venía gente de todas partes con sus fracturas de homocinéticas o sus carburadores carbonizados y en general eran rápidos y baratos.

    Nadie podía explicar cómo la gente podía entrar sin dramas a reparar sus autos en la penitenciaría y salir de vuelta. Todo funcionó bien hasta que un día a uno de los mecánicos se le fue la mano con su ahínco por probar el buen funcionamiento de un auto en reparación y en vez de dar una vuelta por la ciudad, como solían hacer, fue hasta Pedro Juan Caballero y nunca más volvió. Este hecho pintoresco es el reflejo de cómo funcionaron siempre las instalaciones penitenciarias en el Paraguay.

    A nadie le interesó jamás mejorar las condiciones del sistema penitenciario y mucho menos de la Penitenciaría de Tacumbú. La deficitaria gestión era absolutamente funcional a lo único que andaba eficientemente: el robo.

    Pero no cualquier robo, sino uno vinculado a la más perfecta forma de “mexicaneada”: robarle dinero, en forma de coima, a los delincuentes y criminales de diversas especies, principalmente a los consagrados mafiosos y pudientes caídos en desgracia.

    Hoy se habla de la repartija de beneficios por parte de un director de Penitenciaría que habría generado “buena onda y protección” en base a dádivas destinadas a personas de todos los poderes existentes (incluyendo a algunas del cuarto poder). Pero obviamente la mafia no deja rastros y probar estas contribuciones es harto difícil. (Salvo que sea verdad que hay una lista de aportes por ahí)

    Pero ocurre algo que sería escandaloso en cualquier sitio del mundo, menos en el Paraguay: Tacumbú funciona como una factoría corrupta hace medio siglo y más. Mínimamente desde el inicio de la transición habrían pasado unos 15 ministros por el Ministerio de Justicia.

    Todos ellos fueron testigo de estas irregularidades, de los privilegios y de la mala praxis institucional que allí reinaba. Todos ellos terminaron sus funciones sin producir cambios. Nadie se acuerda de ellos.

    Pero un día llega una persona convertida en ministro, encargado de despacho (o sea, ni siquiera es ministro formalmente) y produce el golpe estructural más importante de la historia.

    Empieza golpeando al más fuerte (Pavão) y sigue con los demás y anuncia que demolerá las celdas. Y cualquiera pensaría que todos estarían aplaudiendo al ministro provisorio que hizo lo que 15 ministros no provisorios que le antecedieron no se animaron; pero no; en realidad lo fusilaron a Martínez.

    Y quien pasea por los medios acusándolo con una santidad digna de mejor suerte es justamente el director que es responsable de la mayor parte del guisado corrupto. Realmente es un supermercado de paradojas.

    Es por ello que el sentido común de uno empieza a desconfiar. Si no nos enojamos con los ministros que protegieron o no se animaron con la corrupción de Tacumbú y si nos agarramos con Martínez es porque en el fondo nos cae bien que todo siga como está.

    Al final, quién se cree este Ever Martínez para venir y patear la vieja olla podrida que tan generosa era alimentando a los muchachos.

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    Publicado por Anónimo | 8 agosto, 2016, 6:18 am
  2. Tacumbú, una peligrosa bomba de tiempo

    El incendio que causó la muerte de cinco reclusos, así como la del jefe de seguridad de la cárcel de Tacumbú, Blas Gaona –gracias a cuya heroica acción no hubo más víctimas que lamentar–, vuelve a evidenciar las condiciones calamitosas e inhumanas en que se halla el sistema penitenciario. A inicios de diciembre del año pasado, la exministra de Justicia Sheila Abed lo calificó de “polvorín”, señalando que se precisaban 60 millones de dólares para reducir el hacinamiento y que la cuestión estaba siendo “postergada”. Su reemplazante, la ministra Carla Bacigalupo, elevó la suma necesaria a 155 millones de dólares e informó que el Presidente de la República había ordenado agilizar el proceso de licitación para construir prisiones modernas. Desde luego, nada se ha hecho aún al respecto, porque, para empezar, no se cuenta con los fondos requeridos, pues quienes en los últimos años sancionaron y promulgaron la ley del presupuesto nacional no incluyeron las partidas correspondientes, pese a que la dramática situación ya era bien conocida.

    Lo sucedido en la mayor cárcel del país sugiere que ni siquiera se previeron los recursos necesarios para reparar los deterioros más peligrosos de su infraestructura o que, habiendo sido previstos, fueron simplemente malversados. En efecto, el siniestro fue el fatal resultado de un cortocircuito en las instalaciones eléctricas, debido a una sobrecarga.

    Conste que, en mayo último, la licenciada Silvia Ruiz Díaz, trabajadora social de la Oficina de Apoyo a los Juzgados de Ejecución, informó a la jueza competente, Yolanda Morel, que los cables estirados y los enchufes improvisados para conectar electrodomésticos, en uno de los sectores que inspeccionó, “aumentan el riesgo de incendios y recalentamiento”. Con base en ese informe, la magistrada admitió un pedido de tutela jurisdiccional de la fiscala Celia Beckelmann y emplazó a la autoridad carcelaria a poner en buenas condiciones el establecimiento, dentro del plazo de noventa días, porque las actuales atentarían contra la dignidad humana.

    Por una trágica ironía, la orden fue emitida menos de veinticuatro horas antes del incendio que, por lo demás, reveló que las instalaciones de la prisión también atentan contra la misma vida humana. Tuvieron que intervenir una fiscala, una trabajadora social y una jueza para que se dicte una resolución que habría sido innecesaria si los responsables hubieran cumplido con su deber de mantener las instalaciones en buen estado.

    El art. 90 del Código de Ejecución Penal obliga a los internos a mantener en buen estado de conservación e higiene el edificio y las instalaciones eléctricas, sanitarias, de comunicación y otras, pero es claro que son la ministra de Justicia, el director de Establecimientos Penitenciarios y Centros Educativos, así como el de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, los principales encargados de que esta se encuentre siempre en condiciones compatibles con la vida y la dignidad de las personas.

    A la opinión pública le gustaría saber si el director del penal, Luis Barreto, al asumir el cargo el 27 de julio de 2015, inspeccionó las instalaciones y si, al hacerlo, advirtió el riesgo de incendios y recalentamiento, apuntado en el informe elevado a la jueza. En caso de que la respuesta fuera negativa, habría incurrido en una negligencia grave; si fuera afirmativa, haría bien en dar a conocer lo que hizo para intentar corregir la situación.

    La ministra Bacigalupo, que prestó juramento el 7 de enero último, habrá tenido tiempo para visitar el penal de Tacumbú y observar sus instalaciones. ¿No creyó que allí debían efectuarse con urgencia algunas reparaciones, sin perjuicio de seguir buscando el dinero requerido para la construcción de más cárceles? Anunció que se reuniría con los directores de los centros penitenciarios “para recordarles la función que tiene cada uno”, como si lo estuvieran olvidando y la desmemoria fuera, en última instancia, la causa del luctuoso acontecimiento. Ella no debería estar recordándole a cada funcionario su función, sino aplicar la ley en caso de negligencia. Suponiendo que ella misma sí recuerde la función que le corresponde y que esté cumpliendo con ella, debería refutar la grave acusación de la jueza de Ejecución Ana María Llanes, según la cual el incendio se produjo por culpa de su “desidia, negligencia y poca voluntad”.

    Según el Departamento de Ingresos Judiciales de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio a cargo de Bacigalupo recibió en 2015 más de 61.342 millones de guaraníes, y, en lo que va de este año, 21.828 millones, pero la magistrada sostiene que “no se hizo absolutamente nada”, pese a que la tragedia ya se veía venir. En verdad, lo llamativo es que lo ocurrido era previsible y que, pese a ello, no se tomaron medidas para impedirlo.

    La ministra, que ya en marzo había dictado una resolución declarando al sistema penitenciario en estado de emergencia, informó que propondrá la sanción de una ley en tal sentido, que le permita “desburocratizar los procesos” para que se puedan implementar las mejoras edilicias en los principales centros penitenciarios. El art. 33 de la Ley de Contrataciones Públicas ya le autoriza hoy mismo a omitir la licitación pública o la de concurso de ofertas, bajo su responsabilidad, cuando existan razones justificadas para adquirir o locar bienes por razones técnicas o urgencias impostergables, como es el caso de las penitenciarías. Como siempre, la citada ley es invocada para excusar la pura y dura ineficiencia de un organismo estatal.

    Lo ocurrido plantea la cuestión de si alguien asumirá alguna responsabilidad por la tragedia. Aquí no hay motivos para el optimismo, ya que ni siquiera unos hechos tan graves como el comentado suelen conllevar una sanción, aunque más no sea la de remoción del funcionario o del ministro responsable. “Gracias a Dios, no fue de una magnitud mayor”, dijo la ministra al referirse al siniestro. Podría haber dicho lo mismo si hubiesen fallecido cien personas, pues la cárcel de Tacumbú, que tiene una capacidad de 1.600 reclusos, alberga a unos 3.460.

    Lo que la ciudadanía espera es que nunca más acontezca algo semejante, gracias a ministros y a funcionarios más honestos, idóneos y laboriosos. Y que quienes han demostrado no serlo sean enviados a sus casas y, si tienen responsabilidades, respondan por ellas.

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    Publicado por Anónimo | 15 junio, 2016, 5:21 am
  3. MUERTES EN TACUMBÚ

    Andrés Granje

    Los últimos sucesos de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, el incendio y la muerte de seis personas, cinco reclusos y el jefe de Seguridad del establecimiento, mostraron por si hiciera falta, más evidencia de las criminales precariedades en que se maneja el penal mayor de la república, la sola mención de saber que el lugar solo puede albergar 1700 personas y allí se alojan más de 3700 reclusos ya habla del estado calamitoso en que se encuentra y cualquiera pudiera pensar que si esa es la realidad penitenciaria en la capital, como será en el Interior. Esperemos que esta tragedia sucedida sirva al menos para modificar las rebasadas estructuras de Tacumbú, de otra forma la mecha de la bomba de tiempo seguirá prendida esperando una desgracia mayor a la acontecida la semana pasada.

    Las denuncias realizadas por la Jueza de Ejecución Ana María Llanes, de las precariedades de las instalaciones en Tacumbú son elocuentes y la magistrada preguntaba dónde fueron a parar los mil millones de guaraníes de la tasa judicial que son remitidos al Ministerio de Justicia para la construcción de nuevas cárceles, en la descripción que la jueza hacía del penal hablaba de gente que por hacinamiento deben dormir en los pasillos sobre hojas de diarios y tapándose con una liviana manta las conocidas como poyvi, que con el frío relente de este otoño atípico debe ser un padecimiento sin fin tener que pasar por estas experiencias lo que hace que nadie en estas condiciones puedan redimirse o readaptarse para ser útil en la sociedad y las cárceles se convierten en meros depósitos de personas.

    Hace tiempo que en el país se debe realizar la mudanza de la Cárcel mayor a otro sitio, algunos hablan de llevar la institución penal hacia la región oriental lejos de los centros urbanos, lo que posibilitará que la influencia del penal en la vida ciudadana fuera escasa y no como ahora que Tacumbú se convirtió en centro de operaciones de algunos delincuentes que desde allí manejan con gran descaro sus actividades irregulares con la complacencia o el nulo control de las autoridades del penal. Aparte se aguarda también que las autoridades judiciales se demoran en exceso en los procesos ya que una alta cantidad de los reclusos no tienen condena vigente lo que hace que no se pueda llevar adelante programas de recuperación para los penados.

    La cárcel de Tacumbú así como está funcionando es una escuela del delito, no una institución que pueda recuperar gente para la sociedad, las precariedades con que se mueve por falta de rubros, poca cantidad de guardia cárceles es temerario, lo único que impide que haya fuga masiva es la cercanía de otras organizaciones de seguridad como la FOPE y la Guardia de Seguridad, porque de otra manera la situación hubiera sido distinta, las criticas van dirigida a la ministra de justicia Carla Bacigalupo y razones no les falta para criticarla a la integrante de la selección de Cartes. Sin embargo esa es una visión simplista pues el problema es mucho más grave y tiene que ver que no existe una política de reinserción de los reclusos en el país.

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    Publicado por Anónimo | 14 junio, 2016, 8:50 am
  4. Intolerancia

    Por Elías Piris

    “Los comentarios en las redes sociales no reflejan precisamente el pensamiento de la mayoría”. Con esta frase, por lo general nos autoconsolamos al leer barbaridades como “Maten a todos los gays, no solamente a los de Orlando” o “Que se quemen todos los presos de Tacumbú”.

    Nos aferramos a la creencia de que las redes son un microclima y que en realidad son mayoritarios quienes practican la empatía y la tolerancia. Pareciera nada más alejado de la realidad.

    Aún suponiendo que la cosa sea así en algún universo paralelo; ver ese tipo de comentarios es una verdadera patada en la boca del estómago. Dirán entonces que quien escribe estas líneas es un intolerante de película por hacerse mala sangre por posteos que incitan al asesinato masivo al estilo nazi o del Ku Klux Klan. Total… ¿qué pio lo que tanto?

    Me considero un hijo de la democracia, y a pesar de sus falencias y debilidades pretendo defenderla hasta que no me den las energías. Sin pensarlo dos veces, prefiero el peor día de este endeble sistema actual al mejor día de uno dictatorial. ¿Se imaginan tan solo un día sin libertad?

    Creo que poner freno a esa retórica fascistoide de odio puro y duro no atenta contra el ejercicio de la libertad de expresión –algo que siempre o casi siempre argumentan quienes sugieren la reinstalación de la pena de muerte o que los milicos vuelvan a salir a las calles– sino todo lo contrario.

    Urge una ley contra toda forma de discriminación, y que la misma sancione a quienes promuevan matar a los indios, los gays, los negros, las mujeres y una larga lista de etcéteras. Y no se trata de una ley que avale la unión homosexual y legalice el aborto como quieren instalar sus detractores.

    Y ya que tanto nos gusta mirarnos en el espejo de los demás, fijémonos en las historias recientes de países como Sudáfrica y los Estados Unidos, donde la legislación no deja impune a la discriminación nuestra de cada día.

    Porque finalmente el odio y el extremismo terminan en una masacre de 50 personas en un lugar, o en hechos más lamentables como la masacre de Ruanda. Una barbarie digna de siglos atrás que pasó hace tan solo veinte y pico años.

    Para fortalecer un poquitito más esta jovenzuela democracia, sus defensores deberíamos ser intolerantes con la intolerancia (y los intolerantes). ¿Me explico?

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    Publicado por Anónimo | 14 junio, 2016, 8:41 am
  5. Tragedia anunciada

    Unas seis personas murieron en un trágico incendio que se registró en el penal de Tacumbú, el viernes pasado. Cinco eran reclusos y uno guardiacárcel. Algunos de ellos murieron asfixiados antes de ser alcanzados por las llamas. Una trágico hecho en el que una vez más tienen que perderse vidas de compatriotas para que toda la sociedad se escandalice de precariedad que todo el mundo conocía.
    La sección paraguaya de Amnistía Internacional (AI) expresó que se trata de una “tragedia anunciada”. Esto considerando las condiciones deplorables de los reclusorios de todo el país.
    Las cárceles están sobrepasadas en su capacidad de albergar a los reos, quienes permanecen en condiciones infrahumanas. Están amontonados en las celdas, duermen en el piso, no reciben buena alimentación y la aglomeración hace que la seguridad sea sencillamente incontrolable, a esto se suma la insalubridad al exponerse en lugares comunes a enfermedades transmisibles.
    Pese a las reiteradas advertencias sobre las condiciones penitenciarías, que se convierten en bomba de tiempo, ninguna autoridad parece inmutarse. Incluso, en este caso con un saldo de seis muertos, la ministra de justicia, Carla Bacigalupo, celebró que la tragedia no haya sido mayor.
    Los registros estadísticos señalan que casi el 80% de la población penitenciaria del país está compuesta por personas con procesos a definir, es decir, con prisión preventiva y no con una condena firme.
    Mientras muchos de los procesados por delitos menores se pudren en las cárceles, capos de la mafia logran su libertad sin mayores inconvenientes. No hay ni el más mínimo respeto por las leyes procesales que señalan que la reclusión preventiva se aplica en caso que no haya otra forma de sujetar al procesado al juicio que se le sigue. Se debe analizar la posibilidad de depurar procesos y darle libertad en los casos que corresponden. Los jueces se dedican a dictar prisión a diestra y siniestra y llamativamente otorgan libertades en dudosas condiciones.
    Las penitenciarías nacionales son máquinas de matar personas. Si no mueren calcinados o asesinados, tienen la muerte en vida al permanecer en un lugar lleno de crueldad y malos tratos y lo único que se está logrando es alejarlos aun más de la sociedad en la que necesitarían reincorporarse cuando recuperen su libertad. Son compatriotas por cuyas vidas se está mostrando el total desprecio. Merecen un trato digno, una atención adecuada como seres humanos y ciudadanos de un país que en su carta magna protege la vida en todas sus esferas.

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    Publicado por Anónimo | 13 junio, 2016, 7:56 am
  6. Tras las rejas
    13 junio, 2016
    Por Santiago González

    Nuestras cárceles no son otra cosa que el reflejo de cómo ve la sociedad paraguaya en general, la finalidad de la reclusión. En nuestra manera de pensar todavía rige aquello del castigo y en las peores condiciones, para aquellos que delinquieron y que tuvieron alguna falta con la ley.

    Si de nosotros dependiera, las cárceles deberían ser lugares de castigos, trabajos forzosos y grilletes. Sin embargo, el artículo 5.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que: “Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”.

    La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos en un análisis hecho a nuestro país tomó en consideración que el Estado no adoptó las medidas de prevención necesarias, para enfrentar la posibilidad de un incendio cuando Panchito López ardió en llamas, a pesar de las advertencias de distintas organizaciones y organismos internacionales.

    Este recinto, que no fue construido originalmente para ser un centro de reclusión, no contaba con alarmas ni extinguidores de incendio y el personal de seguridad no estaba capacitado para enfrentar a este tipo de emergencias. A pesar de la sanción internacional nada cambió y el viernes último Tacumbú, la llamada de manera recurrente “bomba de tiempo” vio morir entre el fuego a 5 reclusos y a 1 guardia.

    El solo mirar el presente nos hace ignorar u olvidar que quienes creemos tienen que cumplir condenas en condiciones infrahumanas, en mayor o menor tiempo volverán a las calles. Quienes entraron por robar gallinas saldrán cargados de resentimiento, odio, rabia y técnicas suficientes para reincidir de una peor manera.

    Es hora de hacernos cargo de nuestros prejuicios y entender el daño que hacemos a toda la sociedad al mirar los acontecimientos desde las emociones y de manera limitada. Necesitamos que las cárceles sean verdaderos centros de rehabilitación social y que sus reclusos salgan de ahí habiendo aprendido la lección y no cargados de resentimiento.

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    Publicado por Anónimo | 13 junio, 2016, 7:54 am
  7. Tacumbú, desde adentro
    12 junio, 2016
    Por Fernanda Robles

    “Por un maldito celular se va a morir”, fue una de las tantas frases que me tocó escuchar entre los desesperados gritos de las madres que estaban frente a Tacumbú, mientras miraban la enorme humareda que salía del penal, y veían salir a un guardia cárcel muerto, se imaginaban lo peor.

    En ese momento, solo les venía a la cabeza las condiciones infrahumanas en que se encuentran sus hijos y otros internos dentro de esa precaria infraestructura. Muchos de ellos, abandonados a su suerte. Con esas palabras, estoy segura que esa mamá no defendía el hecho delictivo que cometió su hijo, sino que al igual que todos, cuestionaba el deficiente sistema judicial que no hace más que acumular presos en las cárceles con sus eternos procesos.

    La tragedia del incendio dejó seis muertos, y pudo haber sido peor. El hacinamiento en Tacumbú, la mayor penitenciaría del país, es el histórico problema. Empezamos por la inseguridad en las calles, el corrupto e inoperante sistema judicial, el abandono de los reos, la infraestructura colapsada por la superpoblación, la miseria en los pasillos, suciedad, pobreza, hambre, enfermedades, la tristeza…. es una cadena que en lugar de mejorar, empeora cada vez más, y pese a resultar cliché, definitivamente es una bomba de tiempo que está con la mecha encendida.

    El castigo por la comisión de un hecho punible, sobrepasó la línea de la privación de libertad. Perdieron la libertad, y la dignidad. Todos sus derechos humanos están siendo violados ante los ojos del Gobierno y de toda la sociedad.

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    Publicado por Anónimo | 12 junio, 2016, 9:03 am
  8. Deben pagar por los muertos
    12 Jun 2016

    Por Enrique Vargas Peña

    El 1 de agosto del 2004 se incendió el supermercado Ycuá Bolaños “Botánico”, causando la muerte a 396 personas en lo que es, hasta ahora, la mayor tragedia civil de nuestra historia.

    Las investigaciones sobre el siniestro permitieron a la sociedad paraguaya entender a cabalidad cómo funcionan nuestros municipios en particular y, sobre todo, el sector público en general, en nuestro país.

    En efecto, los propietarios del supermercado habían presentado los planos con el fin de obtener la habilitación de la obra a la dirección respectiva de la municipalidad de Asunción, la cual se limitó a verificar la corrección formal de los documentos, sin jamás indagar los detalles técnicos del cielorraso ni la de los ductos de ventilación de la cocina del patio de comidas.

    Luego de inaugurado en esas condiciones el supermercado, fue visitado tres veces por “inspectores” municipales que debían verificar el correcto funcionamiento de todas las instalaciones, pero se limitaron a hacer firmar las planillas que certificaban las visitas sin jamás haber revisado los mencionados cielorraso ni ductos.

    El sector público paraguayo le “garantizaba” a los clientes del supermercado Ycuá Bolaños “Botánico”, mediante todos esos documentos, habilitación y certificaciones, que el lugar era seguro.

    Pero los ductos y el cielorraso formaron la bomba de tiempo que estalló aquel fatídico 1 de agosto del 2004.

    Ese día, al precio de 396 vidas, la sociedad paraguaya constató de un modo incontrovertible y trágico, que el sector público paraguayo era una estafa cuyo único propósito era recaudar dinero para pagar los salarios de sus incompetentes y deshonestos integrantes.

    Muchos creímos entonces que tan alto precio obligaría a los delincuentes que pueblan dicho sector público a enmendarse, pero lo cierto es que, con excepción algunos pequeños y aislados hechos, el sector público sigue estafando hoy como en los días previos a la tragedia de Ycuá Bolaños “Botánico” y lo prueba más allá de toda duda razonable el incendio, el pasado viernes 10 de junio, ocurrido en la cárcel de Tacumbú, con el saldo de seis fallecidos.

    Desde el 2 de agosto del 2004, ciertamente, la municipalidad de Asunción exige la presentación de planos de prevención de incendios de forma mucho más rigurosa que antes de esa fecha, aunque las instituciones del Estado sean exigidas con una laxitud que ahora mostró su costo.

    Me decía Carlos Halke, director de prevención de incendios de la municipalidad de Asunción, ese mismo viernes en la 9.70AM, que la cárcel de Tacumbú carece de planos presentados, no ya aprobados, sino siquiera presentados en la municipalidad y que las autoridades penitenciarias alegaron “motivos de seguridad” para no presentar los planos. Aclaro que Halke no pudo precisarme cuándo ocurrió la alegación de “motivos de seguridad” por no tener el expediente a la vista.

    Voy a usar las cifras que mencionó ayer Andrés Colman Gutiérrez en su artículo de Ultima Hora: “La Penitenciaría de Tacumbú, con capacidad para 1.687 reclusos, tiene en realidad 3.483, según estadísticas del MNP. Es decir, aloja al triple de su capacidad (…) el 80% de los presos sin condena” (http://bit.ly/1UrQcYx). La propia ministra de Justicia, Carla Bacigalupo, conocía la situación (http://bit.ly/1OhTLEc).

    En Tacumbú el Estado debía garantizar la seguridad, la integridad y la vida de esas casi tres mil quinientas personas que están bajo su custodia, bajo su cuidado, bajo su responsabilidad, y no lo hizo.

    Y no lo hizo porque no solamente desobedeció las normas legales vigentes desde el 2 de agosto de 2004 para la prevención de incendios sino porque tampoco tomó en cuenta las advertencias que se le hicieron sobre la posibilidad de que suceda lo que finalmente sucedió (http://bit.ly/1U17Lz3) (http://bit.ly/1XfkqEd).

    Es decir, el Estado no cumplió las normas legales, como si fuera una especie de Luis XIV no obligado por ellas, ni tuvo el sentido común de atender las advertencias derivadas de la experiencia.

    Pero en nuestra República del Paraguay el Estado no es Luis XIV. El Artículo 106 de nuestra Constitución aclara perfectamente que “Ningún funcionario o empleado público está exento de responsabilidad. En los casos de transgresiones, delitos o faltas que cometiesen en el desempeño de sus funciones, son personalmente responsables, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado, con derecho de éste a repetir el pago de lo que llegase a abandonar en tal concepto”.

    Las sórdidas trapisondas con las que funcionarios anteriores lograron impunidad no generan derechos, ni jurisprudencia, ni elemento alguno que permita a los actuales funcionarios escudarse en lo que ocurría antes para justificar su propio incumplimiento de las normas.

    Todos los ministros de Justicia desde 2004 en adelante, todos los directores de institutos penales y todos los directores de Tacumbú tienen que dar explicaciones sobre por qué no obedecieron las normas y, eventualmente, ser procesados penalmente.

    Pero la cadena de responsabilidades actual es más simple: La ministra Bacigalupo, el director de Institutos Penales Artemio Vera y el director del penal de Tacumbú Luis Barreto.

    Si la ministra puede probar que dio instrucciones para el cumplimiento de las normas quedaría exonerada y pasaría al primer lugar el señor Vera quien, a su vez, si puede probar que dio instrucciones a Barreto, dejaría a este el primer lugar de las responsabilidades.

    Los datos preliminares que se están publicando no son alentadores para los actuales responsables. La jueza Ana María Llanes denunció que el ministerio de Justicia recibió este año solamente más de veintiún mil millones de guaraníes para arreglo de las penitenciarías (http://bit.ly/1YgMZk0) a pesar de lo cual no se observa ninguna mejora. De hecho, los bomberos atribuyeron el incendio a la pésima red de instalaciones eléctricas (http://bit.ly/1UmtjtH) (http://bit.ly/1U0ICVt).

    No logro adivinar qué tipo de excusas darán los integrantes de la cadena de responsabilidades del incendio de Tacumbú para intentar evitar las culpas, pero el hecho de que el viernes hayan organizado una misa en el lugar, con complicidad del arzobispo Edmundo Valenzuela, en vez de trabajar en aclarar sus participaciones nos da algunas pistas perversas.

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    Publicado por Anónimo | 12 junio, 2016, 9:01 am
  9. Negocios con el peligro y el mal

    Por Benjamín Fernández Bogado –

    Mientras el comandante de la Policía negociaba la entrega de un criminal argentino, quien consiguió documentos de una dependencia a su cargo, previo pago de un cuarto de millón de dólares y le hacía pito catalán a su jefe directo, el ministro del Interior, en Tacumbú un incendio anunciado mataba “solo a un guardiacárcel” –como lo dijo la ministra de Justicia–, haciendo que la sensación de inseguridad recorra todo el cuerpo social paraguayo.

    No pueden seguir en el cargo un comandante de la Policía y un ministro del Interior ante tamaña muestra de connivencia e incapacidad para el ejercicio de los cargos.

    Algo debe hacerse y pronto.

    Hemos ingresado de nuevo en la variable paraguaya de que quienes deben realizar la tarea desde sus bienpagados cargos, solo atinan a describir el problema sin resolverlos.

    Se sabe que la Policía no brinda garantías de seguridad a nadie, pero los que deben llevar adelante políticas eficientes son los más asustados por los resultados.

    Lo acontecido en Salto del Guairá y lo que pasa diariamente en varias comisarías nos llevan a la conclusión de que no existe voluntad para acabar con los negocios del mal porque ellos constituyen evidentemente una fuente de ingresos muy apetecida.

    ¿Qué garantías puede dar Sotelo al abogado del delincuente argentino?

    Eso es como si la policía de Chicago negociara con el defensor de Al Capone sobre las condiciones, posterior a su arresto.

    La imagen que proyectamos es la de un país poco serio y en donde todo depende del dinero que uno tenga para torcer cualquier ley o racionalidad que se oponga.

    Alguien debe decirnos cómo se repartieron los 250.000 dólares pagados por cédulas y pasaportes falsos, y además, cómo el reo argentino siguió teniendo protección policial.

    Lo que pasó en Tacumbú es una extensión de lo mismo.

    Hay más del 80% de los casi 11.000 presos que no tienen condenas.

    Hay más de 60.000 órdenes de captura emitidas por autoridades judiciales. Eso hace dos estadios de los Defensores llenos en un partido de la Selección en buen camino.

    La economía del crimen –como diría Gary Becker– sigue pagando sus buenos dividendos en Paraguay y mientras eso continúe nada está garantizado para nadie.

    Hay que cambiar estos mecanismos de connivencia entre autoridades y delincuentes que nos proyectan como país poco serio y a corto plazo: inviable.

    Debemos organizar un Estado de verdad, castigando a quienes se apartan de la norma y premiando a los que quieren construir una Nación previsible alejada de los peligros y del mal que desafortunadamente hasta ahora solo han hecho que el miedo y la corrupción sean parte de nuestra vida en democracia.

    Eso debe cambiar pronto si queremos algo distinto.

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    Publicado por Anónimo | 12 junio, 2016, 8:56 am
  10. ¿A quién culpamos?

    Por Iván Leguizamón

    La trágica muerte de seis compatriotas en un incendio totalmente evitable en la penitenciaría nacional de Tacumbú deja al descubierto, una vez más, lo atrasado que está nuestro país en todos los sentidos y, fundamentalmente, en cuanto al sistema carcelario.

    Sin embargo, este siniestro ya venía siendo vaticinado desde hace varios años por las propias autoridades penitenciarias, judiciales y hasta por los mismos reclusos, que se quejaban del hacinamiento y las precariedades, no solo en Tacumbú, sino en la mayoría de los otros 16 penales para adultos que hay en todo el país.

    Entonces, ¿a quién culpamos de esta última tragedia?

    La ministra de Justicia, Carla Bacigalupo, recientemente había declarado en emergencia el sistema penitenciario, ordenó el cierre de Tacumbú y anunció un ambicioso proyecto de construcción de seis nuevas y modernas prisiones para 1.000 internos cada una, cuatro en Emboscada y las otras en Coronel Oviedo y Minga Guazú. Incluso habló de una inversión de más de 100 millones de dólares.

    Pero desde aquel pomposo anuncio, hace cuatro meses, ¿qué más hizo la cartera de Estado para solucionar el problema? Al parecer, nada.

    Por otro lado, la jueza de Ejecución, Ana María Llanes también denunció que el Poder Judicial transfiere G. 1.000 millones al mes al Ministerio de Justicia para el mantenimiento de las cárceles, pero insinuó que ese dinero se malgasta.

    Asimismo, la Corte Suprema de Justicia también informó que en los primeros cinco meses de este año entregó casi G. 22.000 millones al Ministerio de Justicia y que durante todo el año pasado la cartera de Estado recibió también más de G. 61.000 millones para inversiones.

    Con este escenario, parecería ser la ministra Bacigalupo la principal culpable. Pero al analizar mejor el problema, también habría que preguntarse qué hizo el Poder Judicial para descomprimir la población penal paraguaya, que en el 80% de los casos sigue sin una condena.

    Mientras los fiscales y jueces igualmente sigan enviando a la cárcel a miles de sospechosos, sin ocuparse después de darles un seguimiento a sus procesos, la morosidad judicial irá en aumento y la situación de hacinamiento va a ser aún peor. A este ritmo, ni 50 presididos serían suficientes.

    Ahora ya es un poco tarde para llorar a los seis paraguayos fallecidos en Tacumbú, pero sí es aún temprano para que las autoridades se pongan de acuerdo y trabajen para mejorar el sistema penitenciario, que componen actualmente más de 13.000 reclusos, algunos de los cuales podrían ser las siguientes víctimas de la desidia.

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    Publicado por Anónimo | 12 junio, 2016, 8:21 am
  11. “Tranquilícense, solo hay un muerto”
    11 junio, 2016
    Por Jorge Paredes

    En la mañana de ayer nos desayunábamos con la noticia que en la cárcel de Tacumbú se vivía un verdadero “infierno”. El fuego, que se inició en el sótano donde se confeccionan ropas, en el pabellón de presos rehabilitados, consumió la vida de seis personas.

    Era de madrugada, de repente, las llamaradas se volvían cada vez más intensas, había densas humaredas por todos lados, no se veía casi nada. En medio del incendio, el jefe de guardia, Blas Gaona, solo pensaba en poner a salvo a cuantos internos podía rescatar.

    El guardia tenía 25 años de antigüedad en su trabajo dentro del penal y conocía al dedillo cada pabellón. Con el coraje que le caracterizaba, según posteos de personas que lo conocían, no dudó un instante para sacar a luz su valentía y salvar a varios. Hubo internos intoxicados con el humo y heridos a causa del incendio que fueron trasladados a centros asistenciales, especialmente, al Hospital del Quemado. Gaona también cayó desvanecido y fue auxiliado, pero su vida se apagó antes que las llamas fueran controladas en la penitenciaría.

    Sin embargo, llamó la atención la declaración, poco feliz, de la titular del Ministerio de Justicia, Carla Bacigalupo, por la tragedia. Esta vez, el caso no era mostrar ropas confeccionadas en el penal de mujeres ni jactarse con los proyectos de reinserción social de los reos. Morían reos atrapados en medio de las llamas.

    Trató de minimizar todo: “el incendio no fue de magnitud”, “gracias a Dios se pudo controlar de forma rápida (el incendio)”, “Blas Gaona es un gran héroe, persona comprometida”, fueron sus declaraciones a la prensa.

    Pero lo peor fue cuando dijo a los familiares de los presos: “Tranquilícense, solo tenemos un fallecido”. ¿Dónde están los otros cinco calcinados?. Y ni aún si fuera solo un muerto. “Todo está controlado, no se va a derrumbar nada”, fue otra frase infeliz. Si sigue en el cargo la ministra y sumado al hacinamiento en el penal, la sobra de la tragedia seguirá en el lugar.

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    Publicado por Anónimo | 11 junio, 2016, 7:42 am
  12. Cárceles y hacinamiento

    El incendio en la Penitenciaría Tacumbú con trágico desenlace trae consigo de vuelta un considerable número de temas a ser analizados por las autoridades de los tres poderes del Estado, que deben velar no solo por una mejor condición carcelaria, sino también tener presente otros aspectos que hacen al tema de fondo del problema, como el hacinamiento debido a una irresponsable actuación judicial y la imperiosa necesidad de disminuir el índice de delincuencia que está directamente relacionado con la condición de vida en el país.

    La situación de las cárceles debe ser considerada desde varias aristas, asumiendo cada una de las partes la responsabilidad que le corresponde. Una de ellas es el hacinamiento no solo en el principal penal, sino en todos los que están distribuidos en el interior que, al igual que Tacumbú, sufren por la falta de infraestructura, por una sobrepoblación de internos y por la carencia de programas con mayor efectividad que permitan la reinserción de los reclusos una vez que obtengan su libertad.

    Este aspecto de hacinamiento está directamente relacionado a la inversión presupuestaria para un área que desde hace décadas está sobrepasada y hasta ahora no pudo obtener un plan a largo plazo para rever el grave problema. La solución definitiva de esta situación no se puede dar en pocos años y debió iniciar hace muchísimo tiempo.

    Se recuerda aún los graves incidentes con incendios que se habían registrado en el antiguo Penal de Menores “Panchito López” que funcionaba a cuadras de la cárcel mayor. Entre los años 2000 y 2001 los internos habían protagonizado protestas por las condiciones infrahumanas en las que estaban en el lugar que albergaba a una cantidad muy superior de su capacidad en un hacinamiento deplorable.

    En una de las protestas, internos prendieron fuego a sus colchones que luego generó un enorme incendio que dejó 12 muertos y numerosos heridos por quemaduras y por inhalación de humo. Fue un punto de inflexión aquella vez, porque luego del trágico suceso se tomaron acciones que posibilitaron destinar fondos y la aprobación de proyectos para el traslado definitivo de los menores. Ese lugar se cerró como correccional quedando atrás una dolorosa historia. Hoy el principal centro de reinserción de jóvenes está en Itauguá, en lo que era antiguamente una unidad militar. De vuelta el hacinamiento se hace preocupante en el lugar, pero de lo que era antes, ahora es otra historia. Al menos existe un mejor control.

    El caso “Panchito López” no solo dejó preocupación y muerte, que ya era mucho. El Estado fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pagar unos 3 millones de dólares, con intereses moratorios, a familiares y víctimas del incendio del llamado correccional. Indudablemente, el caso debió generar conciencia en las autoridades gubernamentales para buscar soluciones definitivas para la grave y dramática crisis en las cárceles. Hubo proyectos, intentos de mejoramiento, pero no fue suficiente y a la vista, con lo que sucedió ayer en Tacumbú, se tiene el ejemplo claro de que lo que se hizo fue poco y que falta mucho para hacer.

    Otro aspecto que no debe pasar desapercibido es el relacionado con el papel que cumple la justicia en esta situación. Desde hace años se denuncia que la mayoría de los internos de las cárceles del país no tiene sentencia e incluso muchos de ellos quedan recluidos por meses o años por la desidia judicial. El sistema no acompaña con celeridad por falta de disposiciones judiciales en tiempo para tratar de disminuir el hacinamiento carcelario. Igualmente, el propio deficiente esquema ha demostrado que es más fácil llenar las cárceles con acusados de delitos menores, como el robo de gallinas, que con aquellos con poderío económico o político.

    Debe analizarse también por qué antes de disminuir la cantidad de ingresos en los penales, los niveles se mantienen o aumentan. Este hecho tiene estrecha vinculación con el problema social y la carencia de un sistema de seguridad que reprima la delincuencia. Es decir, el nivel de pobreza heredado por gobiernos anteriores sigue siendo elevado y es una de las causantes para los actos delictivos, y, para peor, la delincuencia no puede ser frenada y sigue campante por la falta de seguridad, con un sistema judicial cómplice por no castigar a quienes infringen la ley.

    http://www.lanacion.com.py/2016/06/11/carceles-y-hacinamiento/

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    Publicado por Anónimo | 11 junio, 2016, 7:34 am
  13. La tragedia de Tacumbú se debe a la negligencia estatal
    La trágica muerte de 6 personas durante un incendio producido ayer en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú puede considerarse un grave caso de negligencia del Estado, ya que las autoridades habían sido alertadas en reiteradas veces acerca de las precarias instalaciones y el hacinamiento inhumano en que se encuentran los reclusos, con el riesgo que ello supone. La presunta falta de recursos no es un justificativo cuando existen vidas humanas en peligro, ya que los recursos pueden obtenerse con voluntad política y con un trabajo coordinado entre los distintos poderes. Urge adoptar medidas para revisar toda la política penitenciaria y evitar que otra tragedia como esta o una peor vuelva a ocurrir.
    Como diría el gran novelista colombiano Gabriel García Márquez, la información sobre el grave incendio desatado ayer en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, que dejó 6 muertos y varios heridos, se podría considerar como la crónica de una tragedia anunciada.
    En reiteradas oportunidades, en denuncias de los medios periodísticos, como en informes de organismos especializados, se alertó acerca de las graves irregularidades que se vienen arrastrando en el sistema carcelario y las trágicas situaciones que pueden ocasionar.
    El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), institución estatal con autarquía funcional, que ayer calificó el incendio provocado como “una negligencia criminal”, ya había realizado varias advertencias sobre el riesgo de un incendio y de otro tipo de accidentes, debido a la superpoblación carcelaria y al hacinamiento inhumano que se registra en la cárcel de Tacumbú, como en otros establecimientos penales del país.
    Como un hecho aún más llamativo, hay que consignar que ya se produjeron lamentables pérdidas de vidas humanas en anteriores casos de incendios en cárceles, como el registrado en 2001 en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, con 10 reclusos muertos y decenas de heridos, o los tres incendios producidos en 2000 y 2001, en el Instituto de Reeducación del Menor Panchito López, en los que fallecieron 12 niños y adolescentes, y hubo numerosos heridos.
    Por este último caso, el Estado paraguayo recibió una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 2004, obligando a una profunda revisión del sistema carcelario, que se cumplió solo parcialmente.
    En la actualidad, según datos del MNP, las cárceles del Paraguay se encuentran con una sobrepoblación crítica, que en el caso de Emboscada llega al 397% de índice ocupacional, Ciudad del Este 290%, Coronel Oviedo 231%, Buen Pastor 221%, Juana María de Lara (mujeres, Ciudad del Este) 214% y Tacumbú 206%.
    Entre los culpables de esta situación se debe incluir al Poder Judicial, que mantiene a casi un 80% de presos sin condena, con el abuso de la prisión preventiva. El Poder Legislativo y el Ejecutivo comparten la responsabilidad de no proveer los recursos necesarios para mejorar las infraestructuras de las cárceles, evitando las refacciones que hubieran impedido, por ejemplo, que el sótano de Tacumbú se haya convertido en una ratonera mortal.
    Hay que aclarar muy bien lo que ocurrió en esta ocasión, pero sobre todo hay que tener voluntad política para resolver el problema y trabajar de manera coordinada para evitar que una tragedia como esta, o mucho peor, vuelva a ocurrir.

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    Publicado por Anónimo | 11 junio, 2016, 7:31 am

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