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Caso Curuguaty, un desafío histórico para la Justicia

Si no se registran incidentes, en los próximos días concluirá el juicio oral sobre la masacre de Curuguaty, el más grave conflicto agrario en la historia reciente del Paraguay, que dejó 17 muertos en controvertidas circunstancias y facilitó la caída de un presidente de la República.
La cuestionada manera en que se desenvolvió la investigación fiscal sobre el caso ha instalado la sospecha de que la sentencia final podría resultar parcial y politizada. En la medida en que se demuestre o no un criterio ecuánime en esta etapa final, el Poder Judicial expone su credibilidad ante la ciudadanía y la observación internacional.

Tras un prolongado, laberíntico y cuestionado proceso judicial, se espera que en los próximos días concluya el juzgamiento del llamado caso Curuguaty, acerca de la masacre ocurrida el 15 de junio de 2012 en el lugar llamado Marina Cué, en un intento de desalojo de unos 70 campesinos que ocupaban unas tierras cuya verdadera propiedad no ha sido resuelta judicialmente hasta la fecha.

El operativo fiscal y policial había terminado en un verdadero baño de sangre, con la muerte de 17 personas, entre ellas 11 campesinos ocupantes y 6 policías, además de una gran cantidad de heridos.

El escándalo político que siguió a la masacre fue aprovechado por sectores partidarios para impulsar un acelerado juicio político en el Parlamento, que acabó con la destitución del presidente Fernando Lugo, el 22 de junio, quien fue sustituido por el vicepresidente Federico Franco, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Se evidenciaron graves defectos de procedimiento del propio operativo fiscal y policial, ya que se partió de la base de que era una propiedad privada de la empresa Campos Morombí, pero surgieron suficientes elementos que permiten suponer que las tierras seguían perteneciendo al Estado paraguayo, ya que fueron donadas por la empresa La Industrial Paraguaya SA en 1967, y nunca fueron transferidas. Es una cuestión aún pendiente de resolución judicial.

Pero el principal cuestionamiento de organizaciones de derechos humanos y de organismos internacionales es que la Fiscalía no investigó todos los hechos ocurridos, partiendo de una teoría anticipada, parcial y sesgada. Hay 12 campesinos acusados por invasión de inmuebles, asociación criminal y homicidio doloso de los 6 policías, pero ningún agente policial fue investigado por las muertes de los 11 campesinos.

A los cuestionamientos técnicos de ocultamiento de evidencias, sospechas de ejecuciones extrajudiciales y otras graves acusaciones, se han agregado acciones de politización del caso desde diferentes sectores.

Los defensores de los campesinos acusados han presentado también diversas acciones que han sido interpretadas como chicanas para suspender en varias ocasiones el proceso y actualmente llevan a cabo una campaña política y mediática denominada #AbsoluciónYa, que busca invalidar el juicio, por considerar que el mismo está totalmente viciado y buscan proclamar la inocencia de los campesinos acusados.

Este es el panorama que convierte al caso Curuguaty en un desafío histórico y en una prueba de fuego para la Justicia paraguaya. Su desacreditada imagen, con los reiterados ejemplos de corrupción y de vulnerabilidad ante las presiones políticas, la exponen a una posibilidad de deterioro aún mayor ante los ojos de la ciudadanía y de la observación internacional, si el fallo en este caso resulta sospechosamente parcial.

http://www.ultimahora.com/caso-curuguaty-un-desafio-historico-la-justicia-n998011.html

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

4 comentarios en “Caso Curuguaty, un desafío histórico para la Justicia

  1. Manifestación por la paz en “tierra de nadie”

    Por Mariana Ladaga

    La Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP) convoca para este miércoles a una manifestación por la paz en el campo. Lejos estamos, sin embargo, de alcanzar la armonía en zonas del interior del Alto Paraná y Canindeyú, como Itakyry, Minga Porã y Troncal III, donde ocurrieron los dos asesinatos de agricultores, que motivan esta próxima movilización.

    Esa región se convirtió en “tierra de nadie” hace tiempo. Plantaciones de marihuana, pistas clandestinas, tala de árboles, procesamiento de carbón, paso de mercaderías de contrabando, son solo algunas de las actividades ilegales que organizaciones criminales instauraron, sin más complicaciones que pagar coimas a quienes tienen la representación del Gobierno nacional.

    Ocurre porque se trata de distritos económicamente pobres, con escasa asistencia del Gobierno, que no provee ni la capacitación ni las herramientas necesarias para que la gente pueda desarrollar su tierra. A tal punto llega la necesidad que comunidades indígenas, imposibilitadas de producir alimentos, terminan alquilando sus parcelas por irrisorios montos a “productores” que deforestan todo para dar paso al monocultivo, contaminando cauces hídricos y comunidades cercanas, porque tampoco existe el Estado cuando se trata de proteger el medio ambiente.

    Negligente fue el Gobierno cuando permitió que funcionarios corruptos vendieran títulos de propiedad a personas que no eran sujetos de la reforma agraria. Y hubo muchos problemas con los campesinos que sí merecían esas parcelas y que por no tener para pagar “extras”, acabaron perdiéndolas.

    En medio de este “polvorín” metió la mano el Gobierno para empeorarlo. Llevaron a los campesinos que “molestaban” en Ñacunday hasta Itakyry, asentándolos en tierras que el propio Estado ya había otorgado a otra gente. Los campesinos de “Marina Cue”, Canindeyú, también migraron hacia la misma zona. En Troncal III ocupan una propiedad privada donde, aseveran, hay un excedente.

    De este modo es imposible la paz. No puede darse porque se trata de una zona donde se aplica la “ley del mbarete”.

    Mandan el dinero y las mafias organizadas, que permiten a unos cuantos llenarse los bolsillos, mientras otros se desesperan porque les falta pan para dar de comer a sus hijos.

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    Publicado por Anónimo | 13 noviembre, 2016, 7:01 am
  2. Curuguaty, misión cumplida

    Por Guido Rodríguez Alcalá
    Para la Fiscalía, fue un éxito rotundo la reconstrucción del hecho. La reconstrucción realizada el 2 de junio pasado, en Marina Cué (Curuguaty), a casi cuatro años del tiroteo en que murieron 11 campesinos y seis policías (17 personas en total). Aquello ocurrió el 15 de junio de 2012, cuando unos 320 policías armados con armas semiautomáticas y automáticas desalojaron del terreno fiscal de Marina Cué a unos 60 campesinos desarmados, incluyendo ancianos, mujeres y niños. Hay 12 campesinos procesados (hombres y mujeres) en el llamado caso Curuguaty.

    La reconstrucción del hecho, en un proceso criminal, es una repetición artificial de lo sucedido. Supongamos que un testigo dice que él vio al asesino, parado debajo del mango, cuando disparaba contra la víctima, que estaba en la orilla del arroyo.

    El juez debe ir al lugar para constatar si era posible; no lo sería si el arroyo tuviera una barranca de tres metros, que protegiera a quien estuviera en su orilla como una trinchera. La reconstrucción –según el profesor Rodolfo Centurión Ortiz– debe explicar la participación de una persona (o personas) en un hecho ilícito.

    En la reconstrucción de Marina Cué participó un batallón de policías y ningún campesino; por supuesto, todos los policías declararon en contra de los campesinos. Para la Fiscalía, con eso ganaron por goleada.

    Para un amigo, un jurista con experiencia, los fiscales repitieron el error de George W. Bush. ¿Y por qué?, le pregunté yo. Porque Bush dijo misión cumplida, o sea terminó la guerra de Irak, en mayo de 2003, y la guerra sigue hasta nuestros días; los fiscales dicen que ya han probado todo y no han probado nada. ¿No valen los testimonios de los policías?, pregunté. Mi amigo fue categórico: no valen ni pueden valer, porque ninguno de los policías dio el nombre de ninguno de los procesados; en un proceso serio, no basta decir, como dijeron: vi a un tipo con camisa colorada.

    En realidad, prosiguió mi amigo, no hubiera podido ser de otra manera. Esa reconstrucción, en condiciones normales, debía corroborar la coherencia de los testimonios presentados en el tribunal de Asunción, pero esos testimonios eran tan incoherentes, que no se los podía arreglar llevándolos a Marina Cué. En el tribunal, el suboficial Rolando Insfrán dijo que los ocupantes de Marina Cué, aquel triste 15 de junio, eran entre 40 o 50 personas, mientras para el comisario Miguel Anoni eran unas 200, todas con capuchas y armadas. Según la Fiscalía, los campesinos estaban emboscados, que en términos bélicos significa escondidos; obviamente, no se puede reconocer, ni tampoco imputar, a quien no se ha visto.

    ¡Esto es un absurdo!, exclamé. Cuidado con lo que digas, porque al doctor Amelio Sisco, abogado defensor, el tribunal le aplicó una multa de 14 millones de guaraníes por irrespeto a la autoridad. ¿Y qué hay de las armas? De las pocas armas presentadas por la Fiscalía como instrumentos del homicidio, algunas no habían disparado y otras no podían disparar o no eran de los acusados. ¿Y es cierto que ninguno de los acusados estuvo en el lugar del tiroteo? Sí, pero no digas que yo te dije, porque estamos en el Paraguay del nuevo rumbo y no quiero pagar ninguna multa.

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    Publicado por Anónimo | 12 junio, 2016, 8:52 am
  3. El caso Curuguaty, un juicio nulo y perverso
    Por Miguel H. Lopez

    Muy a pesar del poder político y los políticos –y los poderes en la sombra que son muchos y siniestros– el caso Curuguaty (la masacre) marca y marcará en la historia nacional un punto de inflexión y de vergüenza en el proceso –largo y desesperante– de construcción de la democracia en Paraguay. En estos días la causa judicial llegará a su fin tras 4 años de mentiras, engorrosos trámites, abusivas acusaciones y maltratos a los afectados. Lo que resulte, a favor o en contra, será la demostración de que en el país ni importan justicia, leyes, personas ni derechos.

    Desde el principio la Justicia y el Ministerio Público, en su defecto, actuaron de modo ilegal y parcial. Sobre una ocupación campesina de propiedad del Estado –definida ya en los documentos históricos para la reforma agraria– libra un juez una orden de allanamiento. Una orden que los policías transforman en “orden de desalojo”. Y entran pelotones enteros, armados (aunque lo negaron, ahora queda claro que sí estaban artillados) para lo que en teoría debió ser sencillamente una inspección. El hecho terminó en un baño de sangre con un saldo de 17 muertos: 11 campesinos y 6 policías, un presidente constitucional derrocado (vía golpe parlamentario denominado juicio político exprés) y un proceso judicial inconsistente, lleno de falsedades y omisiones aborrecibles. El fiscal inicial, Jalil Rachid, produjo una causa que en cualquier tribunal serio no resiste un análisis de forma y menos de fondo. Sin embargo prosigue, porque nunca fue un caso judicial, sino político. Demostrar y asumir que no existen las razones por las que se sigue el proceso sería asumir que el poder político permeó otro poder y maniobró para obtener un resultado favorable para el retorno del Partido Colorado al poder. No debe olvidarse que el primero que habla de juicio político al presidente Lugo fue Horacio Cartes (titular del Ejecutivo), precandidato en ese tiempo.

    Curuguaty es y será una marca de sangre en la historia contemporánea de Paraguay. El monumento más ignominioso de falta de justicia y de ley en una República de último mundo por la incapacidad y venalidad de sus instituciones y de los hombres y mujeres al frente.

    El juicio es ilegal y es nulo. Los 11 campesinos procesados (ningún policía), cuya culpabilidad será imposible demostrar con pruebas reales, deben quedar absueltos. Esa es la única justicia admisible y posible.

    El caso es cuestionado, aparte de grupos locales, por comisiones de la ONU, parlamentarios europeos y estadounidenses y una pléyade de grandes figuras del mundo. Está muy claro entonces quiénes están en el error; deliberadamente equivocados…

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    Publicado por Anónimo | 9 junio, 2016, 8:55 am
  4. Asentamiento Joaju

    Por Guido Rodríguez Alcalá

    Hacia 1975, con el recordado monseñor Aníbal Maricevich, visité la colonia Jejuí, que formaba parte del movimiento de las Ligas Agrarias Cristianas (LAC). Los colonos de Jejuí eran pobres, pero no se encontraban en una situación de indigencia, porque habían hecho lo necesario para sobrevivir: formar una colonia. Trabajando en conjunto y organizando un almacén comunitario, producían más y se libraban del intermediario, el gran abusador rural desde los tiempos coloniales. También había allí una escuela, dirigida por los principios educativos de Pablo Freyre. Se hubiera podido progresar si Stroessner no hubiera decidido acabar con la colonia destruyendo sus viviendas, sus cultivos y apresando a sus dirigentes. A Stroessner no le gustaba que pudiera surgir un modelo de vida campesina alternativo, que diera más independencia a los campesinos. Él consideraba que no estar con él era estar contra él.

    Entonces la represión se debía a motivos básicamente políticos; hoy se debe a motivos básicamente económicos. Con la globalización, la especulación con la propiedad de la tierra (rural o urbana) ha aumentado enormemente. Tanto, que el Banco Mundial ha llamado la atención sobre el acaparamiento de la tierra en los países pobres por los fondos especulativos. En vez de tener dinero en dólares o en euros, que pueden devaluarse, los especuladores prefieren comprar tierra, que siempre aumenta de valor. Como consecuencia, hay cada vez menos agricultores independientes y más campesinos desplazados viviendo en los suburbios. Esto ocurre en Asia, África y América, y es un hecho evidente en el Paraguay.

    No es un hecho inevitable ni irremediable, porque existe conciencia y resistencia. Lo digo después de haber visitado el lugar llamado Joaju (en Curuguaty), donde unas trescientas treinta familias quieren consolidarse como colonia y reclaman la tierra al Indert. El Indert les ha dicho que sí, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. La concesión de la tierra se discute en el Congreso, donde todo puede alargarse; mientras tanto, fuerzas policiales han intervenido ya tres veces en Joaju, para destruir cultivos y viviendas. Sin embargo, los campesinos resisten, pese a las penurias y fatigas. No viven bien, son pobres pero no son indigentes: la solidaridad, el trabajo en común y el almacén comunitario les permiten superar las dificultades y conservar la dignidad.

    Curiosamente, una buena parte de ellos son campesinos que habían ido a la ciudad por falta de trabajo en el campo y luego decidieron volver para trabajar en el campo de nuevo. En la ciudad no tenían nada; en el campo tienen algo, y pueden tener más si reciben el debido apoyo del Congreso. No necesitan mucho apoyo y, si lo reciben, podrán superar la pobreza y mostrar cómo puede superarse la pobreza.

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    Publicado por Anónimo | 8 junio, 2016, 8:47 am

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