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Urge investigar prostitución de mujeres en cárceles

La sociedad paraguaya se acostumbró a convivir con ciertas realidades que padecen las personas en las cárceles, como el hacinamiento y la escasa infraestructura, así como con la ausencia de elementos que les otorguen un mínimo de bienestar a los reclusos. Pero una situación, como la que publica Última Hora, sobre las condiciones degradantes en que viven las mujeres privadas de libertad en San Pedro, Misiones y Oviedo es algo inédito. Estas mujeres son obligadas a vender su cuerpo a funcionarios y reos para poder acceder a alimentos, a elementos de aseo y hasta para recibir un colchón donde dormir. En este sentido, preocupa la respuesta tibia del Ministerio de Justicia, que incumple un mandato constitucional al permitir este tipo de reclusorios.

El esquema de degradación sexual aplicado en los centros de detención mixtos –donde conviven hombres y mujeres– es tan escandaloso como inaceptable.

El hecho de que mujeres privadas de su libertad deban recurrir como única alternativa a la prostitución, para acceder a un mínimo nivel de bienestar (conseguir comida, jabones, toallas o champú) dentro de la penitenciaría, representa el fracaso del Estado.

Es inaceptable la existencia de cárceles mixtas, donde los acercamientos no son difíciles, pues solo existen frágiles vallados de tejido metálico o estrechos pasillos que separan los pabellones masculino y femenino.

De acuerdo con los informes presentados por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), los encuentros normalmente se dan en los cuartos de visitas íntimas y hay casos en que los baños son utilizados para este fin.

El documento del Mecanismo relata que en una ocasión una funcionaria llegó a recibir G. 500.000 por facilitar una noche íntima entre una reclusa y otro funcionario.

Y en la cárcel de San Pedro hay una mujer embarazada de 4 meses, que está hace 9 meses en la penitenciaría. Lo curioso de este caso es que ella no recibió una sola visita en esos 9 meses. Entonces, la pregunta inquietante es: ¿cómo se embarazó?

La Constitución Nacional establece muy claramente en su artículo 20 que: “Las personas privadas de su libertad serán recluidas en establecimientos adecuados, evitando la promiscuidad de sexos”.

Sin embargo, solo el Buen Pastor, en Asunción, y Juana de Lara, en Ciudad del Este, son exclusivamente para mujeres. En el resto de las cárceles del país las mujeres deben compartir su reclusión con los hombres.

Sumado a esto, la denuncia relata que existen tortura y malos tratos del personal penitenciario hacia las personas privadas de libertad, lo cual no puede ser tolerado.

Asimismo, se debe insistir en la responsabilidad del Estado en cumplir con su función de garantizar la integridad de las personas privadas de libertad. Las mismas deben poder vivir en condiciones dignas. Para esto, uno de los requisitos indispensables es la división bien definida de los sectores entre varones y mujeres. De esta manera se podrá evitar la extrema condición de vulnerabilidad a la que están sometidas actualmente las mujeres. Además, ya no se puede tolerar que las reclusas subsistan hacinadas y duerman en el piso.

En las cárceles el Estado se debe poder garantizar el acceso a los cuidados de la salud y una adecuada alimentación, ambos derechos fundamentales. El Ministerio de Justicia, por su parte, está obligado a hacer esto realidad en todos los casos y a ampliar los programas de capacitación para las internas, implementando talleres de trabajo que permitan a las mujeres contar con ingresos, pues es bien conocido que ellas son jefas de familia, y su permanencia en la penitenciaría les demanda gastos hasta para su subsistencia.

Es inaceptable que se sigan violando los derechos de las reclusas en las cárceles paraguayas. El Ministerio de Justicia debe dar respuestas contundentes a la aterradora denuncia que se recoge en los informes del Mecanismo de Prevención de la Tortura. Ya no es tiempo de discursos ni excusas. Las autoridades deben actuar inmediatamente.

 

http://www.ultimahora.com/urge-investigar-prostitucion-mujeres-carceles-n997709.html

 

 

 

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

3 comentarios en “Urge investigar prostitución de mujeres en cárceles

  1. El espejo que no queremos mirar

    Por Fernando Boccia
    El reciente censo a las mujeres encarceladas en Paraguay arrojó datos reveladores sobre lo que significa ser una presa en este país.

    Más de la mitad de las presas están recluidas por delitos vinculados al narcotráfico y a la tenencia de drogas ilegales. Desde hace poco menos de una década que el chespi viene arrasando las calles y llenando las prisiones. ¿Cuáles fueron los esfuerzos reales desde el Estado para evitar que cada vez más niños y adolescentes caigan en el crac? En el 2012 se lanzó el Plan Nacional de Lucha al Microtráfico, y así las incautaciones y operativos aumentaron. A la par, aumentaron los adictos. El Centro Nacional de Adicciones se ve rebasado por la cantidad de jóvenes para tratar, que crece ante la vista impávida de todos.

    Otro aspecto que ya no asombra es el de la prisión preventiva. Tres de cada cuatro mujeres presas no tienen condena. Cifras similares se dan con los hombres recluidos. Quizás estas sean las cifras que mejor representan la política criminal que desde hace muchos años y gobiernos está en marcha: La encarcelación masiva como mejor respuesta a la inseguridad.

    El documento del censo señala un dato que muestra hasta qué punto la prisión preventiva se salió de las manos del Poder Judicial. Paraguay ocupa el décimo lugar a nivel mundial en la proporción de presos sin condena y el segundo lugar en ese mismo indicador en Sudamérica. De nuevo las cifras nos enfrentan a la misma paradoja: más presos no se tradujo en menos delitos, así como más microtraficantes encarcelados tampoco significó menos adictos.

    Para entender qué implica el hacinamiento en una cárcel, cabe recordar que hace unos meses el Mecanismo reveló cómo internas de distintas penitenciarías debieron recurrir a la prostitución para acceder a dinero, elementos de higiene personal, medicamentos y necesidades básicas. Este año, una presa incluso relató a ÚH cómo vendió su cuerpo para sobrevivir en un penal. La violencia sexual a las reclusas también es una realidad denunciada por el censo.

    Cuando hablamos de cárceles, estamos acostumbrados a hablar de hacinamiento, tortura, malos tratos y un sinfín de irregularidades: El sistema penitenciario ya nos sacó hasta la capacidad de asombro.

    No obstante, la información de este estudio publicado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura debe ser tenida en cuenta para entendernos como ciudadanos y como país. Quizás refleje nuestra peor faceta, pero la cárcel no deja de ser un espejo de la sociedad.

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    Publicado por Anónimo | 20 diciembre, 2016, 8:26 am
  2. Mujeres en las cárceles
    La vulnerabilidad de las mujeres en nuestro país se registra en diferentes ámbitos, principalmente en el de la violencia de género, pero también en situaciones procesales. De acuerdo con un estudio presentado por el Mecanismo Nacional de Prevención y Tortura (MNPT), el 74% de las mujeres privadas de la libertad aún no cuenta con una condena, lo que representa un porcentaje realmente alto. Los datos corresponden a un trabajo realizado en el 2015, pero se estima que el nivel no fue disminuido este año, brindando así un panorama nada alentador del trabajo de la Justicia en este campo, el de la definición de los casos judiciales, que también se da en la penitenciarías de varones.

    Precisamente este punto es considerado en el estudio, en el que se menciona que, en este sentido, la situación de las mujeres se alinea con la situación que se observa en el resto del sistema penitenciario de la República, en el que una alta proporción de “presos sin condena” (77,5% del total de la población adulta privada de la libertad para octubre del 2015) caracteriza la situación de los establecimientos penales.

    Estos datos indudablemente deben generan una discusión profunda sobre el sistema judicial, que sigue causando dudas respecto a su funcionamiento.

    El indicador de “presos o presas sin condena” revela el preocupante abuso de la prisión preventiva como un instrumento de seguridad y de control interno, a despecho del derecho de las personas a ser juzgadas sin demora o –en su defecto– ser puestas en libertad, puntualiza el estudio realizado por el MNPT, haciendo énfasis en la necesidad de encontrar un equilibrio más justo para impartir justicia.

    En este mismo contexto, cabe recordar que Paraguay –detalla el estudio– se ubica en el décimo lugar a nivel mundial en la proporción de presos sin condena y en el segundo lugar en ese mismo indicador a nivel sudamericano, de acuerdo a un reporte del año 2012.

    Respecto al caso de las mujeres en prisión, se detalla que mayormente se encuentran privadas de libertad por hechos punibles definidos en la Ley N° 1.340/88 y sus modificaciones, es decir por casos de microtráfico, posesión de sustancias estupefacientes y similares. Seis de cada diez mujeres se encuentran recluidas en el sistema penitenciario por una causa de narcotráfico y esta tendencia se observa en casi todas las penitenciarías y circunscripciones judiciales de la República, dice el informe.

    Llama poderosamente la atención este dato y es para un análisis profundo sobre las causas por las que las mujeres se involucran en este delito. En el aspecto de ayuda social, el 17,2% de las mujeres privadas de la libertad manifestó ser beneficiaria o pertenecer a un hogar en el que algún miembro recibe al menos 1 programa de transferencia, como ser Tekoporã, Abrazo o Adultos Mayores, lo que destaca que este tipo de ayudas puede ser un alivio para las familias que caen en desgracia por las situaciones penales de sus integrantes.

    Otro dato relevante del informe es que las penitenciarías que albergan las mayores cantidades de niños y niñas que están con sus madres son las penitenciarías de Pedro Juan Caballero con el 20%, San Pedro con 17,6% y Misiones con el 11,1%. Aunque es un dato desgarrador, se convierte en una realidad que debe ser tomada como punto de análisis para considerar qué tipo de acciones se pueden realizar para que los menores estén en condiciones adecuadas.

    Entre los aspectos más negativos planteados en el informe, además del alto porcentaje de mujeres sin condena, se encuentran los castigos. Sobre el punto, se describe que en cuatro establecimientos penitenciarios se dieron alegaciones de traslados de penitenciaría como forma de castigo. Detalla que los casos de suspensión de visitas llegaron a un 37%, encierro en celdas 31%, aislamiento 9%, trabajo forzoso 8% y traslado a otra penitenciaría 5%.

    La situación de las mujeres en las cárceles debe ser analizada de una manera transversal por las instituciones del Estado, para impulsar acciones que permitan la reinserción de las mismas. Los esfuerzos que se puedan desarrollar desde un solo ámbito, como el del sistema penitenciario, no bastarán para dar solución a este drama. El trabajo debe ser integral, no solo en el trato y las condiciones en las que están, sino por sobre todo con el cumplimiento de la responsabilidad de la Justicia en dirimir los casos judiciales en los plazos procesales que corresponden.

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    Publicado por Anónimo | 20 diciembre, 2016, 8:26 am
  3. Cárceles podridas

    Por Susana Oviedo

    En el 2010 se descubrió que en la cárcel más grande del país, la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, se producían videos con contenido de pornografía infantil. Desde el mismo penal, unos reclusos coaccionaban a adolescentes a través de Facebook, y así llegaron a obligar a algunas a concurrir a la prisión, bajo diversas amenazas, abusar de ellas, grabar el sometimiento sexual y luego comercializar el material.

    La noticia había dejado perpleja a la ciudadanía. Nadie podía creer que tan aberrante hecho pudiera tener lugar en el mismísimo penal, y que las autoridades penitenciarias y los guardiacárceles no se hayan percatado. Pero ocurrió y se demostró en un juicio en el que dos reclusos fueron condenados a 20 años de prisión, más 10 como medida de seguridad. El director de la prisión también resultó condenado a 2 años con suspensión a prueba de la condena.

    Después de esto y de casos de descuartizamientos, de violaciones, de celdas vips, de extorsiones que se operan a través de teléfonos móviles desde la cárcel, de la comercialización y consumo de drogas, del fraccionamiento y arrendamiento de cada metro cuadrado de la penitenciaría, quedó esta pregunta: ¿si esto ocurre en la principal cárcel del país, qué otras atrocidades se estarán cometiendo en las cárceles regionales?

    El domingo, Última Hora respondió en cierta medida a esta inquietud al publicar, en base a informes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), que en las cárceles regionales de Coronel Oviedo, San Juan Misiones) y San Pedro funciona un sistema de explotación sexual, que tiene por víctimas a las mujeres de la población penal. Ellas son obligadas a prostituirse hasta para acceder a la comida y son sometidas a todo tipo de vulneraciones a sus derechos.

    Dentro de estas prisiones, de carácter mixto, se reproducen las peores conductas que tienen lugar en la sociedad paraguaya, pero agravadas por la situación de encierro y una absoluta indefensión y lejos de cualquier intento de reinserción social.

    Si el Gobierno pretende, por fin, cambiar de raíz toda esta podredumbre institucional del sistema penitenciario, que no pasa solo por mejorar la infraestructura, debe profesionalizar a los guardiacárceles. Esto implica crear una escuela de formación y un escalafón para el ascenso de estos, en base a concursos periódicos de méritos y criterios salariales actualizados.

    También tiene que poner fin a la privatización de los espacios, y a los privilegios estipulados dentro del penal, según la capacidad económica del recluso, e incluir programas de formación e inserción laboral permanentes.

    Las prisiones paraguayas no pueden seguir siendo depósitos humanos y escuelas de perfeccionamiento criminal. Esto no se compadece con la imagen que busca proyectar el país, que ha ratificado los principales tratados sobre la materia, e integra el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

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    Publicado por Anónimo | 8 junio, 2016, 8:49 am

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