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Ministro de Hacienda debería predicar con el buen ejemplo

El ministro de Hacienda, Santiago Peña, es uno de los funcionarios del Gobierno que proyecta una imagen de austeridad y que el primero en criticar cualquier tipo de derroche Estatal. Incluso da a entender que pretende recortar recursos destinados a programas sociales y es un fanático enemigo de la descentralización, como no se cansan en afirmar intendentes y gobernadores de toda la República. No obstante, recientemente el “austero” Peña gratificó por su presunto buen desempeño a 2.240 subordinados, que recibieron en total 9.000 millones de guaraníes.

El próximo octubre volverá a premiar a cada uno de ellos con una suma similar, que en el caso de los funcionarios equivaldrá al sueldo de un mes y en el de los contratados al salario mínimo vigente. El generoso ministro es el mismo que, con toda razón, suele quejarse de que los “servicios personales” consumen una gran parte de la recaudación fiscal, lo que obliga al Estado a emitir bonos para amortizar la deuda pública y encarar la construcción de obras de infraestructura. Y conste que el déficit fiscal acumulado al primer cuatrimestre de este año es de 63 millones de dólares.
Mientras la sobrecargada burocracia de Hacienda es agasajada con un inmerecido premio, un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte también de deficiencias en la inversión pública en nuestro país.
Entonces, lo primero que cabe preguntarse es por qué habría que otorgar una remuneración adicional al funcionario o al contratado que cumple con su deber. Es cierto que el Ministerio de Hacienda no les paga por su “presentismo”, es decir por concurrir puntualmente a su lugar de trabajo, tal como se estilaba en otros organismos, pero es indudable que lo que hace es abonar un sobresueldo disfrazado de gratificación, al que debe sumarse el aguinaldo de fin de año. Esa remuneración adicional, mantenida por lo visto en la nueva “matriz salarial”, tiene un carácter colectivo, es decir, se premia por igual al haragán y al laborioso, al torpe y al eficiente. El director administrativo del Ministerio, Jaime Escobar, informó que el plantel recibió el 60% de la gratificación en forma directa y que lo restante se le pagará según una escala de calificación de desempeño, lo que significa que la mayor parte de la recompensa ya fue otorgada sin evaluación alguna.
De esta manera, el ministro pierde autoridad moral para exigir a los máximos responsables de otros órganos que dejen de pagar sobresueldos. ¿Por qué habrían de escucharle, si quien debe combatir el derroche es justamente manirroto con el dinero del pueblo? Es decir, el ministro Peña no teme a los contribuyentes sino a los sindicalistas del Ministerio de Hacienda; no quiere que se enfaden, aunque ello implique privilegiar indebidamente a sus funcionarios y contratados a costa de la salud o de la educación públicas. Por cierto, en el momento de premiar al plantel ministerial no se discrimina a los contratados, pese a que todos ellos fueron incorporados en contra de lo dispuesto en la Ley de la Función Pública.
Se debe poner fin al derroche del dinero público. Si es que en verdad se quiere un nuevo rumbo, el Ministerio de Hacienda debe encabezar la cruzada y no constituirse en la primera canilla para continuar desangrando las arcas del Estado.

http://diariolajornada.com.py/v6/category/editorial/

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

2 comentarios en “Ministro de Hacienda debería predicar con el buen ejemplo

  1. Verdadero caos

    La realidad cruda de la administración pública es que en materia de recursos humanos resulta un verdadero caos. Nuevos nombramientos implican más funcionarios y los despidos de que generalmente hacen alarde los ejecutivos nombrados no pasan de ser un cambio de más personas que entran por personas que salen. De esta forma, salen por ejemplo 100 para que ingresen 150, y mediante este procedimiento se fue formando el paquidermismo estatal.

    Naturalmente el despido de funcionarios en instituciones que soportan acusaciones de planillerismo o sobrepoblación cuenta con la atención plena de la prensa y el hecho se convierte incluso en un elemento de propaganda positiva para el ejecutivo que ingresa. Sin embargo, pasado el tiempo, ya nadie se acuerda de lo que pasa en esa institución y según el manual del prebendarismo partidario, el nuevo ejecutivo debe dejar pasar cierto tiempo para comenzar a habilitar el ingreso de nuevos funcionarios preferentemente sin que nadie se dé cuenta.

    O por lo menos, para cuando se de cuenta, ya resulte tarde y de nuevo la institución se llena de correligionarios, con la única diferencia de las lealtades. Los que se fueron no eran leales al nuevo jefe y los que entraron sí lo son.

    En estos días a la Contraloría General de la República se le ocurrió hacer una fiscalización en materia de recursos humanos de la Secretaría de la Función Pública, entre los meses de enero y setiembre del año pasado. Su primer descubrimiento no fue lo tradicional: superpoblación y planillerismo sino que había más jefes que empleados.

    El informe dice que el 55% de los funcionarios de esa institución ejercen cargos superiores. Esto significa que cada empleado tiene su propio jefe, con quien seguramente conversa todos los días de modo que problemas de comunicación no creo que exista en esa dependencia estatal.

    Pero la fiscalización de Contraloría no termina en eso. Encontró además que ahí también se utilizan los vehículos del Estado para otros fines que no sean los oficiales y que además estos medios de transporte eran utilizados en días no laborales, como por ejemplo en Año Nuevo, sin que exista documento alguno que acredite la necesidad de usar los vehículos en días feriados.

    La Secretaría de la Función Pública es la institución encargada de velar por el cumplimiento de las leyes referidas a la administración pública siendo sus atribuciones formular políticas de gestión y de desarrollo de las personas que trabajan en el sector público.

    Significa que en este lugar del océano del trabajo público se disipan las dudas, se rectifican los errores y se imponen nuevos patrones culturales en la materia, pero, increíble: ahí se rompió otro récord, el de mayor porcentaje de jefes per cápita.

    No puedo entender cómo es que todavía no se puede arreglar este pastel que se viene arrastrando desde hace décadas. Los funcionarios públicos son servidores del Estado, no son funcionarios del Gobierno de turno y mucho menos empleados del partido de gobierno.

    Se sigue trabajando con la lógica de que hay instituciones pobres e instituciones ricas, y la institución cumbre, Itaipú, se mantiene con sueldos inclusive superiores a los de primer mundo, adonde van a parar unos pocos privilegiados que no se eligen por capacidad, méritos o títulos habilitantes (excepto unos pocos) sino por haber caído en el campo de las negociaciones políticas.

    No creo –como dicen algunos– que sea un tema imposible de resolver. Simplemente casi nadie tiene la voluntad ni la valentía de enfrentar el embrollo porque hasta ahora es un pueblo sumiso el que perdona todas las mentiras, los vicios y abusos de quienes tienen en sus manos las riendas del poder.

    Por Edwin Brítez

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/verdadero-caos-1486435.html

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    Publicado por Anónimo | 7 junio, 2016, 9:02 am
  2. Violación de la Constitución

    El Art. 105 de la Constitución Nacional habla de la prohibición de la doble remuneración. “Ninguna persona podrá percibir como funcionario o empleado público, más de un sueldo o remuneración simultáneamente, con excepción de los que provengan de la docencia”. El Ministerio de Hacienda –Poder Ejecutivo– a través de su ministro sigue violando sistemáticamente la Constitución al establecer aguinaldos extras a ciertos empleados de la administración pública. Esto ha sido una constante en nuestra reciente historia política, y nadie, ni siquiera el Partido Liberal como partido opositor, ha dado un paso para tratar de corregir esta odiosa desigualdad ante otros sectores. Se asignó la suma de aproximadamente G. 9.000 millones, o US$ 1,6 millones para este concepto. Se pagó el primer aguinaldo extra del año; luego en octubre se pagará el segundo, y el tercero en diciembre. Independientemente de la ilicitud del hecho y la inaceptable discriminación para con otros sectores como el de los docentes, por ejemplo, este hecho no hace otra cosa sino ensanchar la brecha existente entre los distintos segmentos laborales.

    Y ¿cómo no nombrar en este momento a las postergadas víctimas de la dictadura que ofrendaron sus vidas en pro de sus ideales libertarios para zafarnos de la oprobiosa dictadura de Stroessner cuando paradójicamente ellas ni siquiera pueden recibir prontamente sus asignaciones? Pisotean sus derechos. Las humillan con las postergaciones. Dilatan los pagos utilizando el tortuoso sistema burocrático que incentiva la desilusión y el abandono. Ningún gobierno posterior al de la dictadura ha hecho, lo que en justicia corresponde, la recuperación de los bienes mal habidos. El pasado mes de abril, el ministro Santiago Peña nos anuncia que no habrá aumentos en 2017 “argumentando que no están dadas las condiciones exigidas por la Ley de Responsabilidad Fiscal “ABC del 27 de abril de 2016”. ¡Injusto! También expresó que: “El modelo que queremos como sociedad es el de ser un país con baja presión impositiva y baja deuda pública” (ABC, 27 de mayo de 2016, pág. 18) ¿Baja presión impositiva y baja deuda pública ? ¿No le parece un contrasentido Sr. Ministro cuando ya estamos sufriendo los efectos negativos del desmesurado y “bárbaro” aumento de algunos impuestos y que la deuda pública en el año 2013 fue de US$ 4.174,2 millones y de US$ 6.143,5 millones en el 2016? Fuente: Ministerio de Hacienda. Finalmente, ¿cómo el Sr. ministro Peña podrá explicar públicamente a la ciudadanía, por ejemplo: (1º) Sobre la discriminatoria, injustificada e ilegal remuneración para beneficio de algunos privilegiados con tres aguinaldos, negando por otra parte aumento salarial en el año 2017 para otros sectores. (2º) Sobre el desmesurado aumento del impuesto del 2016? No podrá hacerlo porque hay incoherencia total en lo que dice. Sus declaraciones carecen de lógica y argumento creíble.

    Alberto Granada

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    Publicado por Anónimo | 7 junio, 2016, 8:48 am

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