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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

Dos presidentes, un gran negociado

En el mes de abril del año 2007, en ocasión de celebrarse la primera Cumbre Energética Sudamericana, en Venezuela, participando el entonces presidente Nicanor Duarte Frutos, suscribió con el mandamás venezolano Hugo Chávez un convenio por el cual se instalaría una refinería de petróleo en Villa Elisa, en el predio de Petropar SA.
Se iba a tratar de un ente binacional que demandaría unos 600 millones de dólares, lo que entonces representaba una tercera parte de las reservas internacionales de nuestro país, tal como en ese momento denunció nuestro diario. Lo más grave era que los términos del convenio se mantuvieron en secreto.

Preguntábamos en aquel momento –¡hace ya nueve años!– “si no es factible exportar los combustibles refinados, ¿qué sentido tendría invertir 600 millones de dólares en una gigantesca refinería en Paraguay solamente para suministrar al minúsculo mercado interno? Para esto, obviamente, lo más rentable es importar directamente las naftas y el gasoil de los distintos mercados internacionales, con la participación de empresas privadas. Los costos financieros de la inversión prevista estarán en el orden de 50 millones de dólares anuales, que una vez más la población paraguaya deberá solventar inútilmente. A estas desventajas debemos agregarles la peligrosa e inaceptable dependencia del Paraguay del Gobierno venezolano que ello traerá aparejada”. Parecerían palabras proféticas si no fuesen porque emanaban directamente del sentido común.

Un año y poco después apareció subrepticiamente por aquí –su presencia no fue anunciada pero fue descubierta por la prensa– el presidente de PDVSA, Asdrúval Chávez, acompañado del entonces canciller Nicolás Maduro, para una reunión tan misteriosa como las que se hacían entonces, a la que Fernando Lugo describió posteriormente como “una visita para fortalecer esos lazos de relaciones con Paraguay” y, sobre todo, “el tema del suministro de petróleo que era un tema que veníamos conversando de hace tiempo”.

Lo cierto era que Paraguay no necesitaba que nadie en particular, como PDVSA o ninguna otra empresa de ese tipo, le suministrara petróleo ni nos financiara su adquisición. Nuestro país importaba libremente y vendía el combustible al contado a los consumidores internos y, por consiguiente, tenía dinero efectivo, contante y sonante, para ir a comprar derivados del petróleo donde le fuese más conveniente. Pero Duarte Frutos primero, y Lugo después, nos ataron a Venezuela, a PDVSA, a Chávez y a su sucesor en el mando, Nicolás Maduro, y, ahora, al desastre que este está provocando en su país y a su alrededor.

En el año 2009, expertos del Banco Mundial consultados sobre el “gran negocio” PDVSA-Petropar”, manifestaron que “el financiamiento ofrecido (por Chávez) resultaría en una acumulación adicional de deuda externa en función de las fluctuaciones del mercado mundial de petróleo en vez de en función de un plan de financiación preestablecido por el Gobierno en consistencia con las necesidades financieras del Paraguay”. Esta opinión vino a reforzar la que se originaba en el sentido común: ¿para qué volverse tributario de una entidad extranjera si se podía continuar comprando al contado sin quedar debiendo a nadie?

Pero el negociado ya se puso en marcha y se concretó, al menos en lo que al suministro de petróleo “al fiado” se refería, porque lo de la refinería no pasó de los discursos y papeles. El primer resultado del negociado de Duarte Frutos y Lugo con los chavistas venezolanos fue que el Paraguay pasó, poco tiempo después, a adeudar a PDVSA unos 300 millones de dólares. Nos convertimos en deudores de la noche a la mañana, sin ninguna ventaja a la vista, siquiera para intentar convencer a algunos incautos. Mientras tanto, el dinero pagado al contado por los automovilistas en las estaciones de servicio, y con seguridad pagado por los estacioneros a Petropar, se esfumó. ¿Quién se aprovechó de tan cuantiosa suma?

Cuando Fernando Lugo subió al poder, ya en su día inaugural y dando un toque de atención acerca de cuál sería su orientación en materia de política exterior regional, se sentó a firmar con el régimen venezolano un “Tratado de seguridad energética”, en el que aparece el nombre de una entidad a ser creada: PETROSURAMÉRICA. Por algún motivo, este proyecto nunca fue remitido a nuestro Congreso. Pero era obvia ya la intención de los bolivarianos, crear un bloque de raíz económica e ideológica simultáneamente, como dos caras de la misma moneda. Ese mismo día, el súbitamente ágil Fernando Lugo suscribe, con los mismos venezolanos, un “protocolo de enmienda al acuerdo de cooperación energética”, que es el mismo documento que Duarte Frutos negoció, pero esta vez con algunos ajustes, por ejemplo, incrementando la cantidad de petróleo que PDVSA nos suministraría, elevando de 90.000 a 120.000 metros cúbicos mensuales, cifra que era del 50% al 100% superior al consumo paraguayo de la época, que orillaba 61.000 metros cúbicos.

Nuestro diario denunció también, en aquella ocasión, que el convenio que Lugo suscribió con Chávez ponía a Petropar en manos de PDVSA, al convertir a esta en su proveedora exclusiva. Además, esta empresa le imponía a Petropar un precio más alto que el que en ese momento ofrecían las competidoras, bajo el argumento de que el volumen del combustible ya fue comprometido anteriormente (o sea, con Duarte Frutos).

Hoy sabemos, por información liberada por los actuales directivos de Petropar, que en aquel momento Fernando Lugo hizo que adquiriéramos petróleo venezolano a 1.100 dólares el metro cúbico, estando el precio de mercado en 400 dólares. A ese paso y con el tiempo, la deuda de Petropar trepó a 1.800 millones de dólares, que fue decreciendo hasta la cifra actual, que según esta empresa es de 273 millones de dólares y según PDVSA, que nos emplazó por diez días para pagarla, es de 287 millones.

Cuánta comisión habrían ganado Duarte Frutos y Lugo en esas operaciones concertadas y proseguidas desde el gobierno del primero al segundo, y cuán ricos salieron ambos y sus claques, es algo que, por supuesto, será muy difícil averiguar. Lo cierto, real, concreto y palpable es que hoy, en un momento en que la veleta ideológica está cambiando rápidamente en América del Sur, que el régimen de Maduro se está descalabrando por efecto de su propia ineptitud, prepotencia y corrupción; ahora que finalmente el Gobierno paraguayo parece asumir una actitud crítica más viril que la que venía exhibiendo respecto a la dictadura chavista fallida, Nicolás Maduro –el mismo que vino a negociar personalmente con Nicanor el negociado descripto– se enoja con Paraguay, se “picha”, e intenta una represalia, con una reacción típicamente infantil, aunque no por eso menos agraviante.

Lo cierto en este momento es que le debemos dinero de PDVSA por combustible, que antes del negociado de Nicanor y Lugo no le debíamos a nadie. Ahora tendremos que pedir dinero prestado a alguien para frenar al tilingo de Maduro, y evitar que sus manotazos desesperados nos metan en el “informconf” mundial y quedemos como país moroso, poco serio con sus compromisos internacionales.

Este es el resultado de un timo que anunciamos ya al momento de darse los primeros pasos del negociado. Esta es otra historia que nos alerta acerca de cómo es posible traicionar miserablemente al propio país guiado por la ambición de dinero, por tontas simpatías ideológicas y por ser irresponsable en el manejo de los intereses superiores de la colectividad nacional. Ahora estamos frente a las consecuencias de lo anunciado desde el inicio de las operaciones.

Los responsables de tamaño negociado deben rendir cuentas al pueblo por sus actos.

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/dos-presidentes-un-gran-negociado-1487049.html

 

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

9 comentarios en “Dos presidentes, un gran negociado

  1. Simples charlatanes
    5 agosto, 2016

    Uno de los principales “delfines” de Fernando Lugo, el senador por el Frente Guasu, Hugo Richer, “denunció” a los gritos ante sus colegas de la Cámara Alta a periodistas y todos aquellos que pretenden darle“credencial democráticas” al presidente Horacio Cartes y lo acusó de buscar acabar con el Mercosur. Y hasta lo hizo en tono ofuscado, como si eso infundiera temor alguno. Sin embargo, en otro momento de su alocución, hizo una defensa acérrima de la presidencia pro témpore del bloque para Nicolás Maduro y no le tembló la voz al decir que su agrupación exige a todos los gobiernos el respeto a los Derechos Humanos, “sean capitalistas o socialistas”, invitando a los que opinan que dichas garantías son violentadas en Venezuela, a “que presenten las denuncias que correspondan”. ¿Cómo pueden conceptuarse tales afirmaciones? ¿Cómo un acto de hipocresía, cinismo o insania?

    Vayamos por parte. Primero, los periodistas, como cualquier ciudadano, tienen derecho a ser “cartistas”, “maristas”, “llanistas”, “efrainistas”, “nadistas” y…hasta “luguistas”, como los hay, y no son pocos. Y segundo, por qué razón los trabajadores de prensa deberían retirar las “credenciales democráticas” al presidente? ¿Porque hay presos políticos, como en Venezuela? NO. ¿Porque se persigue a la oposición, se amenaza con echarla del Congreso y se la reprime ferozmente cuando se manifiesta, como lo hace Maduro? NO. ¿Porque tiene más de 40 muertos en su haber, como sí los tiene el gobierno “bolivariano”?. NO. ¿Porque controla férreamente los sindicatos y las organizaciones sociales, al igual que el chavismo? NO. Entonces, Richer tiene que explicar el motivo por el cual habría que aplazar a Cartes en materia democrática y ni siquiera poner en duda la “buena” calificación de los “socialistas” del Siglo XXI.

    Claro está que los ahijados de Lugo, como el senador en cuestión, tienen una larga historia de apoyo a regímenes dictatoriales. Han defendido por siempre al castrismo y su “revolución”, la perpetuidad en el poder, el sistema de partido único, la proscripción de la oposición y el “pyraguereato” como mecanismo de control social, por citar algunos rasgos del “modelo” defendido por estos carentes de autoridad moral para tan siquiera hablar de democracia. Pero mucho ojo con criticar a Fidel, a su hermano Raúl, a Nicolás o al golpista de Daniel Ortega, porque quien lo hiciere será calificado automáticamente como “empleadito” de HC y/o agente del “imperio”.

    La desfachatez de Richer alcanza niveles superlativos cuando afirma que Cartes pretende destruir el Mercosur. Algo de lógica podría encontrarse en sus expresiones si nos retrotraemos al 2013-2014, cuando el Mercosur era un “club de amigos” del mismo signo político, con Dilma, Cristina, Mujica y Maduro. Sin embargo, el gobierno paraguayo se reintegró inmediatamente al bloque, después de la arbitraria suspensión de la que fue objeto tras la destitución de Lugo, y no hubo ningún problema de funcionamiento, más allá de los que vienen sucediéndose desde la suscripción del Tratado de Asunción. Consecuentemente, si en aquella época la política fue impulsar la integración, sería de idiotas abandonarla en el presente, cuando cambió el escenario político y el gobierno tiene afinidades con el de Argentina y Brasil.

    La realidad es exactamente la opuesta a la que pinta el senador. Los conflictos se iniciaron precisamente cuando se integró Venezuela al Mercosur. Su gobierno es el principal responsable de la crisis por la que atraviesa y, junto con éste, sus últimos parientes políticos que se mantienen en el organismo, es decir Uruguay, que obstruye toda posible salida al laberinto en el que se encuentra.

    Para desgracia del legislador luguista, del exobispo y de toda su pandilla, ni la inmensa mayoría de la sociedad piensa como ellos, ni tampoco la comunidad internacional. Y en cualquier foro que sostengan lo manifestado por Richer ante el pleno del Senado, solo harán el ridículo, dejando al desnudo lo que en esencia son: simples charlatanes, sin ningún apego al régimen democrático.

    http://www.adndigital.com.py/simples-charlatanes/

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    Publicado por Anónimo | 11 agosto, 2016, 6:16 am
  2. Otro fato que pagará Juan Pueblo

    El presidente de la República, Horacio Cartes; el presidente de Petropar, Eddie Jara; y el procurador general, Roberto Moreno, se reunieron para considerar cómo encarar el juicio entablado por el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, contra el Paraguay, para cobrar la deuda que tiene la estatal paraguaya Petropar con su similar venezolana PDVSA, por el monto de 265.000.000 de dólares, más el interés moratorio del 2%. El caso se ventilará ante un tribunal arbitral de París, según acuerdo contractual de las partes.

    Resulta que, en representación de nuestro país, ese trámite deberá ser llevado por un estudio jurídico con experiencia en la materia, a ser contratado para el efecto, cuyo costo en honorarios llegará a un millón de dólares, a los que habrá que sumar 300.000 más para gastos de justicia, cuando menos, según estimaciones oficiales.

    ¿Cómo se originó este nuevo clavo para nuestro país? Hay dos causas reconocibles para el hombre común: una, la corrupción; otra, la politiquería.

    Hasta el aciago momento en que el expresidente Nicanor Duarte Frutos celebró este contrato con PDVSA, el negocio se realizaba de la siguiente manera: los paraguayos adquiríamos el combustible al contado en las estaciones de servicio. Petropar recibía de las gasolineras el pago al contado y, por supuesto, pagaba a sus proveedores al contado. Todo claro, todo ordenado, todo sencillo.

    Pero al entonces presidente Nicanor Duarte Frutos se le ocurrió que podía hacer un “brillante” acuerdo con Hugo Chávez y comprarle el petróleo a crédito, con una financiación calificada entonces de “muy conveniente” para nuestro país. Pero, ¿para qué comprar al fiado algo que ya adquiríamos al contado sin ningún problema? El producto no pasó a ser más barato, es decir, el arreglo Nicanor-Hugo Chávez no favorecía en nada al común y callejero consumidor de combustibles. ¿A quién entonces?

    La explicación es sencilla: el dinero contante y sonante que pagábamos los consumidores en las gasolineras pasaron a los bolsillos de las autoridades de turno; “se olvidaron” de transferir el monto correspondiente a la petrolera venezolana, lo que fue acumulando una gigantesca deuda.

    Así, esos montos multimillonarios de dinero contante y sonante desaparecieron en los agujeros negros de las administraciones de Nicanor y de Fernando Lugo, ¿Qué hicieron estos dos “próceres de la patria” con tales fortunas que chorreaban todos los días en las arcas de Petropar? ¿Será que es tan difícil la cosa que el procurador general, el contralor general o algún fiscal no puedan agarrar la punta del ovillo para desenredar el hilo que conduzca al lugar en donde desapareció tan cuantioso monto? Los documentos de las operaciones han de estar ahí y será simple cuestión de buscarlos. La pregunta entonces es: ¿por qué no pueden –o no quieren– llegar a los responsables del fatazo?

    En aquel momento, cuando se anunció el “espectacular” arreglo que Duarte Frutos suscribía con Chávez, nuestro diario opinó, premonitoriamente, advirtiendo a la ciudadanía que se trataba de un pésimo negocio destinado a fracasar económicamente, a convertir a nuestro país en deudor eterno de Venezuela, y de abrir otra ancha vía para la corrupción en nuestros gobiernos. ¿Quién o quiénes se quedaron con el dinero que no se pagó a Venezuela por el combustible que ya utilizamos? ¿Se lo llevó Nicanor a sus cuentas en el extranjero o pagó con ellas sus grandes adquisiciones inmobiliarias? ¿Lo puso Fernando Lugo a buen recaudo en alguna caja de ahorro en paraísos fiscales? ¿Gastaron una parte en sus campañas electorales o contribuyeron con campañas de correligionarios en el país o en países vecinos?

    Quienes tienen la autoridad, los recursos y la obligación legal y ética de averiguar y responder a estas interrogantes son los titulares y agentes de la Procuraduría General, de la Contraloría General, del Ministerio Público y del Poder Judicial. Que sepamos, ninguna de estas oficinas se ha preocupado por investigar en serio este escandaloso robo al erario, mientras el Gobierno ya se prepara para discutir con los acreedores la forma de pagar la deuda, a costa de Juan Pueblo, por supuesto.

    De esta manera, una vez más el Gobierno terminará metiendo la mano en el bolsillo del contribuyente –como ocurrió en el célebre “caso Gramont”– para cubrir una deuda generada por gobernantes inescrupulosos, que no solamente no son molestados sino que tranquilamente se preparan de nuevo para pugnar por la Presidencia de la República, invocando dudosos atajos legales para el efecto.

    Los ciudadanos y las ciudadanas deben oponerse firme y públicamente a seguir financiando el carnaval de gobiernos corruptos, porque así como van las cosas, serán nuevamente ellos quienes pagarán atrasos, multas, honorarios y gastos judiciales, mientras seguirán esperando que se les arreglen sus escuelas que caen a pedazos, que les mejoren sus caminos y que se provean de medicamentos a los hospitales públicos.

    Es hora de que los bandidos de guante blanco se sientan en el banquillo de los acusados en los tribunales.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/otro-fato-que-pagara-juan-pueblo-1505769.html

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    Publicado por Anónimo | 11 agosto, 2016, 6:15 am
  3. Deben dar la cara

    El ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga, aseguró recientemente que la Cancillería nacional desconoce que la petrolera estatal venezolana PDVSA haya presentado una demanda por US$ 500 millones contra el Paraguay ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) de París, por la deuda de Petropar. “Nosotros no tenemos ninguna comunicación oficial”, expresó el canciller, alegando que eso está en el marco de Petropar y PDVSA, la petrolera estatal venezolana. Irónicamente, dijo que se enteró del caso por publicaciones de nuestro diario, al que calificó de paso como siendo “el nuevo corresponsal oficioso de la demanda de PDVSA”.

    No debe sorprender la renuencia del canciller nacional a tocar el delicado asunto de la deuda de Petropar con PDVSA, habida cuenta de que el presidente Horacio Cartes no ha movido un dedo para impulsar una investigación al más alto nivel institucional de la República a fin de esclarecer los entretelones de esa descomunal estafa contra los intereses del Estado perpetrada bajo las administraciones de los expresidentes Nicanor Duarte Frutos y Fernando Lugo.

    Una cosa es clara: la deuda contraída por Petropar con PDVSA por la provisión de derivados de petróleo existe y hay que pagarla. Lo que no está claro para la gente es qué hicieron ambos gobernantes con la plata que recibieron de la venta al contado del combustible y que no utilizaron para pagar la deuda, como correspondía.

    Ambos exmandatarios están ahí en carne y hueso, vivitos y coleando. Extrañamente, hasta ahora no han sido molestados en absoluto por alguna investigación judicial. Tanto es así que hasta tienen la desfachatez de buscar atajos de “certeza constitucional” que les posibiliten presentarse de nuevo como candidatos a presidente de la República. Orondamente se han limitado a decir que ellos actuaron correctamente y que “allí están los papeles”. ¿Qué papeles? Los papeles que están allí y que ahora se nos vienen encima son los de la deuda.

    La situación abre la puerta para sospechar que la fortuna que piensan gastar en sus próximas campañas electorales bien pudiera provenir de la falta de pago de la deuda, por lo que ambos, con papeles en la mano, deben arrimar a donde corresponda un pormenorizado informe de por qué se originó tan cuantioso compromiso incumplido con la petrolera estatal venezolana.

    Tiene que llegar la hora de que el pueblo vote para Presidente de la República a un candidato que se comprometa realmente a poner fin a la costumbre de los funcionarios de robar a mansalva, ya sea para financiar después la compra de una banca en un órgano electivo, para intimidar a fiscales, sobornar a jueces o hasta para financiar una campaña presidencial.

    Decimos esto, porque el rol del Estado es mantener a raya el crimen y prevenir que el mismo se convierta en una amenaza a la autoridad y los ciudadanos. Lamentablemente, tenemos una justicia lenta, corrupta e ineficiente en la que la noción prevaleciente es la impunidad para los poderosos, quienes pueden hacer lo que quieren, perseguir a quienes los denuncian, robar al Estado y hasta matar, sin consecuencias. El frágil sistema político que tiene nuestro país ha abierto la puerta a una cultura de ilegalidad para robar al Estado. Las débiles fronteras que existen entre prácticas ilegales e informales permiten la difusión del crimen organizado. Con la “narcopolítica” en auge, corremos el riesgo de tener el peor escenario político que existe: un gobierno elegido democráticamente que ha sido financiado por el crimen organizado y penetrado por la corrupción que crean las condiciones para posteriores ineficiencias convirtiendo al país en un “Estado fallido”.

    Desde hace más de un cuarto de siglo en libertad, los gobiernos que han sucedido al dictador Alfredo Stroessner no se han preocupado por consolidar las instituciones democráticas que garantizan la honestidad en la función pública y la responsabilidad de los gobernantes ante el pueblo soberano que los consagró en el poder para servir al bien común. Así, Juan Carlos Wasmosy prometió hacer progresar al país “cincuenta años en cinco”, pero en la práctica hizo todo lo contrario: lo atrasó con una administración corrupta cuyo peor resultado fue la debacle financiera que afectó la economía nacional y dejó en el desamparo a millares de ahorristas que, confiados en la promesa del Gobierno, depositaron sus ahorros en los bancos fraudulentamente quebrados con indudable complicidad gubernamental.

    Tras el efímero gobierno de Raúl Cubas, asumió de facto el de Luis Ángel González Macchi, quien en un año de gestión despilfarró US$ 400 millones del empréstito obtenido por Cubas de bancos de Taiwán, dejando ricos a connotados políticos colorados, liberales y encuentristas que sirvieron en su gobierno. A este le siguió el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, quien prestamente se dejó seducir por el canto de sirena del “socialismo del siglo 21”, impulsado por Hugo Chávez con los petrodólares cuya falta actualmente hambrea al pueblo venezolano. Con la gorra bolivariana puesta, obtuvo del Mandatario venezolano como prebenda política la provisión a crédito de combustible derivado de petróleo por parte de PDVSA a Petropar, origen de la abultada deuda cuyo perentorio pago hoy demanda el gobierno de su sucesor, Nicolás Maduro.

    Como nuestro diario advirtió repetidamente en su oportunidad, la compra a crédito era totalmente injustificada, pues tales productos se comercializan al contado en el mercado local.

    Este enigmático entendimiento comercial con el Gobierno venezolano fue consolidado por su sucesor, Fernando Lugo –otro admirador del autoritario gobernante venezolano–, quien recientemente declaró muy suelto de cuerpo que él recibió de su antecesor una deuda de US$ 265 millones de Petropar con PDVSA, que su gobierno no incrementó, aunque tampoco amortizó. Esta explicación nada aclara acerca del meollo del asunto. Si Lugo no incrementó la deuda, ¿quién lo hizo, para que actualmente la misma ascienda a unos US$ 300 millones? Una vez más estamos ante eso tan común en el Paraguay: se perpetra un delito pero no hay delincuentes.

    Esta deuda la tienen que aclarar al pueblo los responsables que la contrajeron. En tal sentido, el presidente Horacio Cartes, como representante de todos los paraguayos y paraguayas, tiene la responsabilidad política de impulsar una investigación para esclarecer qué hicieron los expresidentes Duarte Frutos, Lugo y eventualmente Franco, con los US$ 300 millones reclamados inicialmente por PDVSA y aumentado a US$ 500 millones en la demanda interpuesta por el Gobierno venezolano contra el Paraguay en el CCI de París. En caso contrario, el nombre del actual Primer Mandatario también quedará pegado a este escándalo de succión de las arcas públicas que hoy arrastra el nombre de nuestro país por el mundo.

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    Publicado por jotaefeb | 10 julio, 2016, 7:49 am
  4. Un progresismo que atrasa más de cien años
    12 Jun 2016

    La política del Gran Garrote, propuesta por el presidente Teodoro Roosvelt allá por el 1900, es decir hace bastante más de un siglo, consistía, en una expresión tan elemental como contundente: “habla suave, pero mostrando el gran garrote”; hablando clara y toscamente: si no aceptan el discurso amoroso, aplica el de la violencia, es decir, de la diplomacia de la seducción pasa a la diplomacia del garrotazo.

    Los mafiosos, a lo largo de la historia, la aplicaron con mayor sinceridad y crudeza: elija plata o bala. En cierta medida, debe ser la consigna diplomática más antigua de la humanidad: o transa o lo transitamos al más allá.

    En síntesis, la política del Garrote consiste en amenazar a la contraparte, si no acepta los términos de la parte, con aplicar medidas de fuerza. Su perniciosa vigencia en las relaciones internacionales en el continente americano tiene consecuencias hasta hoy, pese a que la política exterior estadounidense ha evolucionado a privilegiar la negociación sobre el garrotazo, que se traducía muchas veces en apoyar los golpes de Estado para beneficiar al “imperio”, cambiando incluso a apoyar a quienes combatieron a las dictaduras, privilegiando los principios democráticos: en el Paraguay vivimos ese proceso a favor de la oposición, que Stroessner no pudo entender hasta su caída.

    La República bolivariana de Chávez se benefició justamente con esa política, que se prolongó, tras el mandato del presidente Cartes, con el Carter Center, institución que intervino en el “referéndum revocatorio” en el 2004, ratificando la legitimidad del gobierno chavista. El mismo procedimiento democrático que hoy rechaza Maduro, pese al contundente reclamo popular.

    La posición paraguaya en este conflicto ha radicado justamente en seguir el proceso de referéndum, aceptando el masivo reclamo popular, y recurriendo al arbitrio internacional, dado que las circunstancias internas de la nación venezolana no garantizan el proceso democrático, ante un violento abuso del poder y de la represión salvajemente violenta.

    La respuesta del “madurismo” ha sido inmediata, ante la posición crítica del Paraguay: emplazar a Paraguay garrote en mano a pagar de inmediato una deuda cuya negociación debe transitar por los cauces naturales diplomáticos y comerciales y no por la “Ley del Mbarete”.

    Afortunadamente, de hecho, la amenaza “cavernaria” no tiene mucho margen de amedrentamiento, sino que se debe regir por la negociación del requerimiento. Los tiempos del garrotazo se han terminado mundialmente, aunque, ahora, internamente, haya una corriente que trata de imponer en base a chantajes comerciales la política “bolivariana” en la región.

    La Venezuela de Chávez y Maduro ha privilegiado las prebendas internacionales, en detrimento del pueblo venezolano, sometido a la extrema pobreza, para imponer su hegemonía a “petrodolarazo” limpio. Y algún resultado tiene, habiendo ganado cierta condescendencia cómplice a sus abusos a causa de las “deudas” prebendarias que ha regado por la región.

    La comunidad americana debe actuar de acuerdo con el derecho y la integridad.

    Es norma en todos los sistemas democráticos: el hecho de ser elegido para administrar el gobierno no autoriza a abusar del gobierno. En eso consiste el Referéndum Revocatorio que reclaman los venezolanos y que se resisten a aceptar los bolivarianos, quienes, entre otros abusos, pretenden ser los dueños del pensamiento del libertador Simón Bolivar, monopolizándolo a su propio discurso.

    El pedido de tal referéndum está en la Constitución Bolivariana, y en los principios en general de los estados democráticos. De hecho, el gobierno de Chávez, y sus sucesores, fue ratificado por este procedimiento en el 2004, cuando se ponía en cuestión su legitimidad democrática. El dictamen internacional “cartista” lo confirmó como presidente y el mandato chavista siguió vigente.

    Maduro no lo ve tan claro; de ahí la recurrencia a la política del Gran Garrote, en un lamentable sinsentido de su discurso antiimperialista. Resulta más que lamentable y vergonzoso que una corriente que se autodenomina “progresista” atrase más de un siglo en su planteamiento político y que trate de imponer el chantaje para sostener el insostenible fracaso de un gobierno; y, sobre todo, que encuentre aliados o, mejor dicho, cómplices, en su intento de mantener el poder a costa de un pueblo.

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    Publicado por Anónimo | 12 junio, 2016, 9:00 am
  5. Del discurso al hecho
    10 Jun 2016

    Durante un tiempo histórico cercano, los gobernantes de la región, coincidentes en una ideología progresista, llenaron todos los espacios políticos y mediáticos con un discurso incluyente, en donde se resaltaban los valores de la integración de los pueblos por encima de las banderías políticas. Esta etapa con características muy particulares, y que seguramente ocupará un lugar en la historia que será ampliamente debatido, se erigió como un paradigma en el que las coincidencias de retórica y práctica política eran la constante en las diferentes gestiones de gobierno.

    Aquel libreto, cargado de emotividad y grandilocuencia, recordaba pasajes comunes de la historia latinoamericana y buscaba factores que aúnen a pueblos con características similares, con un idioma común y con expectativas y necesidades para nada diferentes entre una comunidad y otra. Esas palabras buscaban instalarse en el corazón de la población apelando a los sentimientos fraternos que con matices marcaron nuestro pasado desde tiempo de los aborígenes y que se consolidó con la conquista española.

    Del discurso al hecho hubo siempre una distancia enorme, ya que los que se embanderaron como representantes del pueblo no pudieron tapar graves denuncias de corrupción y abusos que derivaron en que sus gobiernos tuvieran que dar lentamente un paso al costado por las vías democráticas de representatividad popular, ya que la gente, harta de palabras vacías de contenido, instaló en la mayoría de los países otro tipo de gestión para la administración de sus recursos.

    Mientras la argumentación apuntaba al factor emocional, la fortaleza del dinero era el elemento que conjugaba lealtades, como una rúbrica innegable de la poderosa y convincente manera de gestión como política internacional. En ese universo, el petróleo fue una moneda poderosa de cambio, y Venezuela se mostraba como el líder regional, imponiendo gracias a sus onerosas negociaciones, la pauta de la agenda en los países.

    Hoy, con otros actores, sin el carisma del entonces comandante Hugo Chávez, con una caída de los precios internacionales del crudo, el escenario interno alborotado, el hermano país caribeño vive una profunda crisis política y social, producto de aquellos tiempos que en espacio y tiempo son cercanos, pero que aparentan ya no tener retorno.

    Paraguay, que legítimamente defendió sus intereses, incluso cuando los mismos se vieron violentados por gobiernos de países hermanos, ahora sufre los embates de una situación que está radicalmente distante de lo que siempre se había presentado como premisa, la hermandad de las naciones.

    La multimillonaria deuda con Petróleos de Venezuela SA es una pesada carga heredada de aquellos tiempos. Ese esquema de alquiler de lealtades, que siempre fue denunciado por entonces opositores y negado por otrora oficialistas, muestra su cara en una coyuntura muy peculiar. Ante el primer amague de exigir la restitución de la democracia y el respeto de los derechos humanos en una nación avasallada por la miseria, se exige el pago de una deuda que existe por la situación antes expuesta.

    A nadie importa la hermandad de pueblos. Ya quedó en el olvido la premisa de unidad entre pueblos con sufrimientos similares, y necesidades reales. En la actualidad se busca acallar todo tipo de pensamiento que pueda perjudicar el pensamiento único que se instaló en Venezuela, de la peor forma, pidiendo que se honre una deuda que jamás fue desconocida y que nunca se aseguró que no será saldada.

    Lo que sí se había pedido, tomando casos similares en la región, como lo que ocurrió en Uruguay y República Dominicana, es que se tenga una consideración especial para que el golpe no lo tengan que amortiguar los inocentes, el pueblo que requiere de otro tipo de respuestas a sus problemas cotidianos.

    No obstante, de lo que se dijo, ya solo quedan hojas amarillas que esperan ser llevadas por el viento. La hermandad entre pares forma parte del pasado, opacada por una práctica evidente: solo favorecer a quienes coinciden con nuestro pensamiento. Todo lo demás no merece la más mínima consideración. En las últimas semanas, esta historia quedó en evidencia.

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    Publicado por Anónimo | 10 junio, 2016, 10:01 am
  6. ¡Vendepatrias!

    Buitres y “avivados” siempre merodean las economías de todos los países. Los hay de todos los pelajes y tamaños. Algunos consiguen sus objetivos, otros no. Ayer, por ejemplo, tomamos conocimiento de que un empresario paraguayo, César Addario, entabló una demanda contra el Estado paraguayo reclamando más de US$ 10 millones. El motivo que aduce es que no se concretó la negociación, o mejor, el negociado que el gobierno de Fernando Lugo, del cual era gestor, pretendía llevar a cabo con el de Venezuela en los “paraísos” fiscales, a través de Petropar y PDVSA. En principio pareciera que se trata de un intento de manotazo a las arcas del Tesoro por parte de un aprovechador y evidentemente hay algo de eso, pero estamos ante un hecho infinitamente más grave. Lo que Addario dejó muy en claro entre los fundamentos de su presentación, es que el exobispo y todos los que formaron parte de esa operación que estuvo a punto de consumarse, maquinaron una ingeniería destinada a propinarle un fenomenal zarpazo a las finanzas públicas, lo cual supera con creces a la actitud de simples “avivados” y los retrata como son: Vendepatrias, sobre los cuales debe caer todo el peso de la Ley.

    Parte de esta historia ya es conocida. Petropar, en la “era” Lugo, deliberadamente dejó de pagar la deuda de los contratos leoninos que, así como antes Nicanor Duarte Frutos, había suscrito con la petrolera venezolana. Nadie entendía el porqué, pues el gasoil se recibió y se vendió, pero la plata recaudada nunca se destinó a saldar la deuda y tampoco nadie, hasta hoy, sabe dónde fue a parar.

    Pero luego las cosas fueron ganando claridad. Primero se supo de un “preacuerdo” suscritos entre ambas petroleras para “renegociar” lo adeudado por medio de un banco “offshore” situado en las Islas Caimán, activándose así las alarmas por lo que tan mal comenzaba a oler. Y ahora, el “gestor” termina, sin querer, por poner todas las piezas en su lugar.

    Lo que hizo el gobierno del exobispo fue negociar el depósito de más de 280 millones de dólares en un fideicomiso operado por un banco del Caribe, seleccionado por PDVSA, a ser pagados por Petropar en tres años, de los cuales los “gestores” debían embolsarse el 30%. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se cerró el “negocio”? Por la simple razón de que se fueron del poder anticipadamente.

    Los montos en cuestión echan por tierra los discursos acerca de las “bondades” de aquel preacuerdo. Paraguay iba a ser “clavado”, en cuatro capítulos, por una suma multimillonaria, un tercio de la cual se iban a repartir entre “los muchachos” en Islas Caimán.

    Parece algo salido del arsenal de los más grandes traidores dispuestos a perpetrar una mega estafa a nuestro país y a nuestro pueblo, aunque paradójicamente, el caso hasta ahora solo está siendo encarado con seriedad por el Poder Ejecutivo, no así por el Congreso, ni por el Ministerio Público, que debería intervenir de oficio para investigar, imputar y acusar a esta pandilla devendepatrias.

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    Publicado por Anónimo | 10 junio, 2016, 9:51 am
  7. ¿Cuál es la defensa de Lugo?
    9 junio, 2016

    Bastó que aparecieran datos que involucran a los gobiernos de Nicanor Duarte Frutos y Fernando Lugo como los responsables de la feroz deuda de 280 millones de dólares que nuestro gobierno mantiene con la petrolera venezolana PDVSA para que el senador de Frente Guasu hiciera mutis por el foro y desapareciera de todas partes hasta ayer, cuando habló en algunas emisoras, pero fue incapaz de argumentar alguna defensa sobre las acusaciones en contra suya.

    Esto resulta bastante extraño puesto que no es la primera vez que se acusa al gobierno de Lugo por algún negociado que hubiera causado grandes perjuicios al Estado, y en todo momento ha mostrado una caradurez digna de admiración. Sin embargo, con este tema de PDVSA y el negociado que empezó en la época de Nicanor y se concretó con Lugo, las cosas parecen ser diferentes y el exobispo parece no tener una sola defensa ante las graves acusaciones.

    No hay ningún argumento válido que pudiera utilizar Lugo para no sentar una postura ante las graves acusaciones en contra suya. Mucho menos si, como parece, sigue teniendo ambiciones políticas que van mucho más allá de una banca en el Senado. Así que tendrá que dar la cara e intentar convencer a la ciudadanía de que no es cierto eso de lo que se le acusa.

    Por lo menos el otro implicado, Duarte Frutos, está dando patadas de ahogado, intentando justificar lo que hizo su gobierno con la petrolera venezolana, aunque su estrategia se basa más en culpar a los siguientes presidentes, Lugo y Horacio Cartes, que en dar explicaciones de su actuación.

    Justamente son Duarte Frutos y Lugo los expresidentes que más ganas tienen de volver a postularse para un segundo mandato. En este momento no pueden hacerlo, pero alguna vez se concretará la reforma constitucional y eso les habilitará a volver a competir. Si pretenden algún éxito en su segundo intento, lo menos que pueden hacer es garantizar a la ciudadanía de que sus gobiernos no estuvieron implicados en negociados como el de PDVSA, cuya monumental deuda tiene que pagar la ciudadanía hipotecando su futuro.

    Durante el gobierno de Nicanor se generaron facturas por un total de 87 millones de dólares. Pero apenas un día después de que asumiera Lugo, uno de sus primeros actos de gobierno fue firmar con Hugo Chávez una enmienda al acuerdo que había concretado Duarte Frutos en 2004, para que continuara la compra de combustible a PDVSA, lo que hizo que en los años siguientes la deuda aumentara hasta casi 300 millones de dólares, que están impagos porque, por lo visto, la intención de Lugo jamás fue devolverlos, quizás por haber llegado a algún oscuro acuerdo con el presidente venezolano.

    Lo cierto es que la deuda no desapareció y tampoco puede desaparecer Fernando Lugo. Esperemos que en los próximos días decida hablar y dar respuestas concretas, en lugar de lanzar acusaciones a funcionarios del gobierno actual, que no tienen nada que ver con el tema PDVSA. Por lo menos, si sigue pensando que tiene alguna chance política en el futuro.

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    Publicado por Anónimo | 9 junio, 2016, 9:28 am
  8. Nicanor “ijapu”, Lugo “okañy”
    8 junio, 2016

    Dos expresidentes de la República se hallan envueltos en lo que puede convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción de toda la etapa democrática. Ellos son Nicanor Duarte Frutos y Fernando Lugo Méndez, responsables de suscribir contratos con la petrolera estatal venezolana (PDVSA) para la compra de gasoil, violando groseramente lo establecido en el “Acuerdo de Caracas” -que tiene rango de Tratado Internacional- y ocasionando un enorme perjuicio económico a la Nación. Mientras el “Acuerdo” fijaba un interés del 2% sobre la deuda adquirida, sea de corto, mediano o largo plazo, en los contratos que firmaron elevaron la tasa 9 veces más, es decir al 18%, además de comprometerse a pagar precios que estaban muy por encima del mercado, por un producto de malísima calidad. Nicanor ayer hizo un “tour” por todos los medios de prensa que le fue posible, pero “ijapu”, en tanto que Lugo sencillamente “okañy”.

    Apelando a sus habilidades retóricas, Duarte Frutos aplicó la política del “Tero”, que pone los huevos en un lugar y hace mucho ruido en otro, para confundir a los potenciales predadores. Se rasgó las vestiduras desmintiendo que durante su gestión haya quedado alguna factura pendiente de pago, como publicaron los medios y retó a medio mundo a que muestre un solo documento, so pena de jubilarse como político y renunciar a Olimpia si así lo hicieren.

    Al margen de que aparecieron facturas impagas por valor de 21 millones de dólares, ese tema está muy lejos del principal, de donde en realidad “puso los huevos”, que son los contratos leoninos y antinacionales que en su época suscribió Petropar con PDVSA de manera completamente ilegal, ya que en nuestro ordenamiento jurídico, un Tratado entre dos Estados está infinitamente por encima de un contrato entre dos empresas y apenas un escalón por debajo de la Constitución Nacional.

    Lugo, a su estilo, no dio la cara. Ni siquiera tuvo la capacidad de responder a tan graves acusaciones con alguna mentira, como lo hizo su antecesor. Y es que su caso es aún peor que el de Nicanor, porque mientras éste suscribió contratos por valor de US$ 87 millones, en las condiciones ya descritas, él lo hizo por… 181 millones de dólares, no pagó casi nada del capital durante más de tres años, sí los intereses usurarios, y se preparaba para dar el zarpazo final: renegociar el total de la deuda en los “paraísos” fiscales, por medio de un banco “offshore” de las Islas Caimán, tal como indica el preacuerdo al que había arribado con la petrolera venezolana.

    Resulta por demás evidente que estamos ante un caso de corrupción monumental, que en términos proporcionales es similar o mayor al escándalo en la brasilera Petrobras, conocido como “Lava Jato”, por el volumen de dinero del que estamos hablando y porque tiene como principales responsables nada menos que a dos expresidentes.

    Como venimos sosteniendo desde que se hizo público el tema, “el combustible se encargó, se recibió, se vendió y la cuenta no se pagó. La pregunta es entonces ¿y dónde está el dinero?

    Es eso lo que deben investigar tanto el Ministerio Público como la Contraloría General de la República. Sería inadmisible que haya una pizca de impunidad para los culpables de dejar un clavo de casi 180 millones de dólares a todos y cada uno de los paraguayos y que, los muy cara duras, encima quieran volver a ser presidente, cuando el lugar que les corresponde no es el Palacio de López, sino la cárcel.

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    Publicado por Anónimo | 8 junio, 2016, 8:59 am
  9. Los piratas del Caribe

    Al término de la reunión que mantuvo ayer con el presidente Horacio Cartes, el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, reveló entretelones verdaderamente escandalosos de la deuda que Petropar acumuló en muy poco tiempo con la pretrolera venezolana PDVSA. Primero fue de la mano de Nicanor Duarte Frutos, quien, “sugestivamente”, a pocos días de entregar el bastón de mando hizo una compra de combustible por valor de 87 millones de dólares. Poco después procedió del mismo modo su sucesor, Fernando Lugo, pero en esa ocasión por el monto de US$ 181 millones. A estas inexplicables operaciones efectuadas por uno que se estaba yendo y el otro que recién llegaba, se suma otro hecho cuyos responsables merecen ir a la cárcel por muchos años: se pagaron intereses no solo del 2%, como establecía el contrato, sino en algunos casos hasta el 15%, lo que representa un manotazo bestial a las arcas del Estado. Y como remate, el exobispo y sus secuaces pergeñaron la macabra idea de renegociar el total de la deuda en los “paraísos” fiscales para recibir a cambio una jugosa “cometa”, pero felizmente fueron desalojados del poder antes de que esto suceda.

    La Fiscalía de delitos económicos debe tomar cartas en el asunto de manera inmediata. Duarte Frutos debe explicar con muy buenas razones el porqué de la urgencia de la compra, siendo que él ya tenía las maletas listas para mudarse a su domicilio particular y que Petropar, en una semana, no corría el menor riesgo de quedar desabastecida. Y Lugo porqué realizó una nueva compra en tiempo récord, casi por el doble de la anterior, si la estatal ya sería proveída por la firma venezolana.

    Amén de lo señalado, el ministro Leite también lanzó otras interrogantes tales como, por ejemplo, las razones del sobreevaluado precio que se comprometió pagar por el producto, que además era de pésima calidad y un peligro cierto para la salud de las personas por su alto componente cancerígeno.

    La cuestión no acaba allí. Durante el gobierno del exobispo, Petropar vendió el combustible que había adquirido, sin embargo, “misteriosamente”no pagó casi nada del capital de la deuda, pero si efectuó desembolsos en concepto de intereses, de hasta el 15%, lo que correctamente fue calificado por Leite como “una traición a la Patria”, pues, como señalamos, el contrato fijaba una tasa de solo 2%.

    El “misterio” comienza a develarse cuando aparece en escena otra figura, los “offshore”. Según Sergio Escobar, expresidente de Petropar, durante la gestión de Lugo se llegó a firmar un preacuerdo con PDVSA que incluía operar con un banco de esas características situado en las Islas Caimán. He ahí el porqué de la despreocupación de ir pagando antes lo adeudado y si bien la maniobra no llegó a concretarse, fue solo por el hecho de que Lugo resultó destituido antes de cerrar el “negocio”.

    Como puede observarse, el escándalo es de vastas proporciones y afecta nada menos que a dos expresidentes, para comenzar, quienes se comportaron, junto con sus amigos bolivarianos, como vulgares “piratas del Caribe”, en donde pretendían ocultar el fruto de tan bárbaro saqueo.

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    Publicado por Anónimo | 7 junio, 2016, 8:44 am

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