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Urge educación financiera para toda la ciudadanía

Una nueva modalidad de estafa a la ciudadanía se está evidenciando. La existencia de préstamos usurarios por parte de empresas que supuestamente venden electrodomésticos salió a luz la semana pasada, mostrando la debilidad de los mecanismos públicos para prevenir este tipo de delitos. Los costos son altísimos tanto para los consumidores como para las instituciones públicas que deben destinar tiempo y recursos en perseguir un delito que ni siquiera se hubiera planificado. Esto es posible solo en contextos de vacíos legales, debilidades estructurales en la protección a los consumidores y alta percepción de impunidad.

Resulta impensable que a esta altura del desarrollo de instituciones reguladoras en el Paraguay y de la experiencia pasada en crisis financieras todavía exista en nuestro país la posibilidad de gestar negocios y avanzar en los mismos con tanta facilidad.

¿Cómo es posible que se hayan podido crear empresas, contratar trabajadores, convencerlos de vender un producto ilegal, encontrar clientes y cobrar dinero por la vía de débitos automáticos sin que se haya encendido una luz de alarma en las instituciones públicas antes de que se convierta en un problema de tanto alcance? Algo no está funcionando en la institucionalidad pública, en el sector privado y en los consumidores. Por un lado, las expresiones de los funcionarios que están trabajando en el tema revela que el flujo de información entre instituciones públicas tiene cortocircuitos. El Banco Central del Paraguay, la Secretaría de Tributación y el Ministerio de Industria y Comercio deberían contar con información al día de las empresas que ofrecen productos financieros.

Estas empresas y las casas de créditos que abundan en el mercado pueden estar haciéndole un gran daño a la economía, con efectos irreversibles y a largo plazo. La desconfianza en el sistema financiero sigue presente en la memoria de los paraguayos después de haber pasado muchos años de las crisis de los noventa. Es urgente que el marco legal y la institucionalidad financiera mejoren para garantizar a los consumidores cantidad y calidad de información, fluidez en los mecanismos de denuncias y rapidez en la solución de las denuncias. De esta manera, se podrá prevenir la situación y reducir los costos de eventuales fraudes.

Tampoco funcionan los incentivos negativos a delinquir. El sistema punitivo actual al parecer no es suficiente, por eso el bajo apego a la ley. La percepción de impunidad es tan alta que justifica el riesgo de delinquir.

Las autoridades encargadas deben revisar la pertinencia de los incentivos negativos: multas, cierres de negocios, castigos en el ámbito penal de manera a aumentar el riesgo de impulsar este tipo de negocios. Si los costos fueran más altos, probablemente disminuiría el incentivo.

Pero también llama la atención el desconocimiento, la falta de información y la vulnerabilidad de los clientes. A lo que se suma un sistema financiero que no cuenta con productos financieros acorde con la demanda de mercado y con la debida protección al consumidor. Es urgente avanzar en la educación financiera a la ciudadanía. El Banco Central cuenta con una estrategia que debe ser implementada no solo con adultos, sino fundamentalmente en el sistema educativo para crear desde la adolescencia conciencia sobre los derechos y las obligaciones en este tema.

Urge que se tomen las medidas necesarias. El mal funcionamiento del sistema financiero tiene un gran impacto negativo a corto, mediano y largo plazo, por lo que las soluciones deben ser implementadas también en ese marco de tiempo.

http://www.ultimahora.com/urge-educacion-financiera-toda-la-ciudadania-n995766.html

 

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

4 comentarios en “Urge educación financiera para toda la ciudadanía

  1. El primer desafío de la Comisión Nacional de la Competencia
    27 May 2016

    Por Econ. Mario Aníbal Romero Lévera

    Socio ADEC

    La Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), que tiene el gran desafío de defender y promover la libre competencia, y cuyos directores fueron nombrados por el poder ejecutivo el 28 de julio del 2015, es una entidad de derecho público, con personalidad y capacidad jurídica propia para actuar en ámbitos del derecho público y privado, que se rige por la Ley Nº 4.956/13 y sus resoluciones. La comisión actúa en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines con autonomía orgánica y funcional, patrimonio propio y plena independencia, y se relaciona con el poder ejecutivo por medio del Ministerio de Industria y Comercio.

    La libre competencia (promovida por la Conacom) y la defensa del consumidor (promovida por la Sedeco1) son políticas diferentes pero complementarias, eso es así, toda vez que, si bien, la libre competencia busca regular las relaciones entre proveedores que luchan por una posición en el mercado y el acceso a éste, y no necesariamente el beneficio directo del consumidor.

    No puede negarse que un mercado aun teniendo reglas de competencia claras, para alcanzar una verdadera competencia y liberación, precisa de consumidores activos y educados, que con sus decisiones de compra, promuevan el enfrentamiento comercial de bienes y servicios, prefiriendo aquellos bienes de mayor calidad y mejor precio, y viceversa. Poco podría lograrse a favor de los consumidores, si el flujo de productos en el mercado está determinado por proveedores y políticas monopolistas que limitan el acceso de nuevos productos y oferentes que tienen control sobre el precio global y condiciones de calidad de los productos existentes.

    Entendido de esta forma, el punto de contacto y complementos entre ambas políticas públicas, vale la pena preguntarse ¿por qué en Paraguay, a pesar de existir una regulación de libre competencia y de protección al consumidor, con normas formalmente aceptables, nuestro mercado de bienes y servicios continúa en la práctica, equidistante de una verdadera liberalización con plena competencia entre los productos basada en la calidad y precios?

    La respuesta es: educación.

    En la medida en que la población sea educada en sus hábitos y decisiones de consumo, no tendrán lugar en el mercado los proveedores inescrupulosos o poco veraces en la comunicación de sus productos y servicios.

    Si los consumidores asumen conciencia de sus derechos y los mecanismos para su reclamo, los organismos especializados en la materia recibirán, con la debida frecuencia e insistencia, las reclamaciones judiciales para el cumplimiento de sus derechos y los organismos administrativos encargados de la protección al consumidor contarán con consumidores y asociaciones de ellos fiscalizadoras del mercado.

    De esta manera, si Paraguay aspira a tener un mercado realmente libre, donde la libre competencia sea la guía del éxito o fracaso de las compañías, urge implementar serias medidas de educación al consumidor como la inclusión efectiva en el currículum escolar de los temas de educación para el consumo y los derechos de los consumidores; la realización de campañas masivas de educación a la población, en sus derechos en el consumo de productos y servicios; la promoción de una ética empresarial de respeto a los consumidores y la promoción, subsidio y fortalecimiento de las asociaciones de consumidores.

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    Publicado por Anónimo | 1 junio, 2016, 10:06 am
  2. (Mal) Educados

    La información fragmentada y la falta de educación financiera adecuada están acogotando hoy a decenas de familias paraguayas que están sobreendeudadas. El problema principal es que el sector financiero no comparte sus datos con el sector cooperativo, y estos a su vez no comparten su información con las casas de crédito ni con las empresas que ofrecen electrodomésticos a cuotas.

    Como resultado de ello, los asalariados –principalmente– son víctimas de empresas que se aprovechan de la necesidad financiera de las personas, y les cobran el triple o más de lo que cuesta un electrodoméstico o un crédito en el sector formal.

    Las publicaciones de Última Hora están desnudando el modo en que operan las empresas y la falta de control que hay sobre ellas.

    Acostumbradas a otorgar créditos solamente, las entidades financieras y las empresas no entendieron la necesidad de educar a las personas y explicarles cuáles son las tasas más convenientes, a qué plazos y hasta qué porcentaje es recomendable destinar el salario a pagar compromisos crediticios.

    Producto de esta desidia, el nivel de morosidad es más elevado en las entidades que otorgan créditos de consumo en el interior del país, donde la falta de acceso a una educación mejor atada a la distancia y la necesidad de las personas imposibilita a quienes solicitan créditos medir sus gastos. Así, las tasas de morosidad más elevadas son más visibles en las entidades que exigen mínimos requisitos para otorgar un préstamo.

    La cara más notoria de esta desatención está en el sector docente, un gremio que debería estar capacitado para enseñar a los alumnos de las escuelas y colegios cuestiones básicas de endeudamiento y financiamiento.

    Parte del bajón económico que sienten hoy los comercios es producto del sobreendeudamiento de las personas, quienes accedieron a préstamos sin control, principalmente a través de las tarjetas de crédito, superando varias veces sus ingresos mensuales.

    Por ello, es necesario que las entidades de supervisión y control exijan a las entidades financieras, cooperativas y casas de crédito destinar parte de sus recursos financieros y humanos a capacitar a las personas que serán tomadoras de crédito. Y es necesario, además, que el Congreso apruebe una legislación que permita unificar la información crediticia de las personas, donde los que otorgan préstamos puedan acceder a la misma información de una central de riesgo.

    Por Wendy Marton

    http://www.ultimahora.com/mal-educados-n994725.html

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    Publicado por Anónimo | 1 junio, 2016, 10:06 am
  3. Incluido, sí, pero también educado

    Se oye hablar con frecuencia sobre algo que se define como “inclusión financiera”. ¿Qué debe entenderse por este concepto?. Es el acceso a un conjunto de productos y servicios que incluyen crédito, ahorro, seguros, sistema de pagos y pensiones. Bajo esta figura se impulsan planes bastante agresivos dirigidos a meter dentro del circuito financiero a la mayor cantidad posible de gente convirtiéndola en lo que las instituciones del ramo gustan llamar “sujetos de crédito”.

    La inclusión financiera tiene grados que a medida que van subiendo, perfilan otro indicador también vinculado al sector y que se denomina “bancarización”. Según datos de 2015 de BS Latam, consultora que investiga el comportamiento de la banca y los seguros en América Latina, los países con mayor grado de bancarización eran Brasil, Chile y Costa Rica mientras que Perú, Paraguay y Nicaragua compartían el fondo de la tabla. Por eso oímos hablar con mucha insistencia sobre inclusión financiera, para tratar de subir unos puntos en el marcador continental.

    Pero, ¿basta conque la mayor parte posible de la población tenga capacidad para gestionar créditos o usar todos los servicios que la banca ofrece hoy en día?.

    Los últimos sucesos protagonizados por personas que -al menos en apariencia- serían pequeños productores agrícolas, indican que aunque tuvieron acceso a créditos, fracasaron en su empleo, ya sea porque carecían de un plan para utilizar el dinero o simplemente lo usaron para otro fin al que originalmente le reservaban. Esto marca a las claras que no basta con tener acceso al crédito sino que además el nuevo “incluido” debe ingresar a un programa de educación que lo instruya sobre la manera más apropiada de manejar los recursos de crédito. Este no es un problema exclusivamente paraguayo, ni siquiera latinoamericano. El denominado Comité Económico y Social Europeo debió ocuparse de la protección de los consumidores de productos financieros estableciendo una mesa de diálogo entre el sector financiero y las organizaciones de la sociedad civil sobre educación financiera y acceso a lo que definió como “productos y servicios financieros transparentes”. El organismo cree firmemente que “sólo así se establecerán las bases necesarias para un modelo bancario sostenible”.

    La alta tasa de créditos fallidos en el sistema bancario local, en especial en la banca de habilitación y desarrollo, dice a las claras que a la campaña de inclusión debe acompañarla un programa intenso y sostenido de educación financiera que transforme a simples “sujetos de crédito” en cumplidores responsables de obligaciones.

    Y entre estas últimas, la palabra “condonar” (perdonar, borrar del registro) está terminantemente prohibida pues ningún sistema económico exitoso puede basarse en la negación de compromisos.

    Salvo que el fracaso no sea una preocupación.

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    Publicado por Anónimo | 1 junio, 2016, 9:40 am
  4. Créditos disfrazados: Alguien tiene que parar

    Por Samuel Acosta –

    Las primeras denuncias del esquema de créditos usurarios disfrazados como venta de electrodomésticos datan desde el 2014.

    Y si bien, la Secretaría de Defensa al Consumidor (Sedeco) presentó los antecedentes ante el Ministerio Público, dentro de la competencia que le otorga su Ley marco, la Nº 1334, no se ha multado a la fecha a ni una sola de las empresas denunciadas.

    Teniendo esto como un dato de la realidad, la mencionada ley que debería servir para sancionar a quienes violan los derechos de los consumidores, en la práctica, es letra muerta.

    La agente fiscal que investiga unos 500 casos, Teresa Sosa, manifestaba que el año pasado se había informado de la situación al ministro del Trabajo, Guillermo Sosa, y la respuesta que se recibió de él fue una escueta nota recordando lo que indica la ley sobre el embargo. Nada más.

    También en junio del año pasado la Fiscalía urgió al Ministerio de Hacienda buscar un mecanismo para blindar por lo menos 50% del salario de los funcionarios que habían caído en el esquema. La respuesta de la cartera de Estado fue el silencio.

    Y es que hasta los Juzgados de Paz avalaron groseramente notificaciones ficticias a los deudores de estas casas comerciales, para dar curso a una serie de embargos que dejan abierta la sospecha de complicidad con estos comercios, según la propia Fiscalía.

    El poder económico detrás de las firmas denunciadas genera –con justa razón– el temor de las personas que se vieron afectadas por la usura, y han estado en silencio todo este tiempo.

    Maestras que perdieron propiedades, enfermeros padres de familia desesperados porque a fin de mes en su tarjeta de débito del BNF el saldo es de cero guaraníes, y hasta militares que pagaron cuatro veces más el valor del crédito que tomaron relataron a nuestro diario sus historias con esperanza de justicia.

    –”Me estaba divorciando, necesitaba dinero porque tuve que empezar de cero”;

    –”A mi mamá le detectaron cáncer, nos urgía la plata para la quimioterapia”;

    –”Mi hijo sufrió un accidente, y mi cooperativa no me quiso ayudar”;

    Son algunos de los ejemplos de personas a las que –en un momento de desesperación– se les hizo firmar pagarés duplicados.

    Un proyecto de ley de libranzas que fije un tope a las autorizaciones de descuento salarial y establezca una central de riesgo crediticio podría ser parte de la solución; no obstante, deberá enfrentar a sectores a quienes conviene se mantenga el vacío legal.

    Iniciar una fuerte campaña de educación financiera en todos los niveles sociales es una materia impostergable.

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    Publicado por Anónimo | 31 mayo, 2016, 5:29 am

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