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Polémica concesión sobre ruta debe ser revisada y corregida

Las múltiples acusaciones sobre la irregular manera en que una mayoría de senadores decidió ampliar anticipadamente la concesión de la ruta 7 al consorcio Tape Porã, por 30 años más, exige una investigación a fondo sobre lo actuado. Si se confirman las sospechas, se debe proceder a una urgente corrección del caso.
Lo más llamativo es que la renovación se realiza 7 años antes de que venza el plazo establecido y sin que se convoque a licitación pública. A ello se suman las versiones sobre compras de votos y alteraciones en el registro de votaciones, además de presuntos nexos de la empresa con instancias del Gobierno, todo lo cual genera sospechas de corrupción, enturbiando aún más la deteriorada imagen del Congreso.

Un verdadero escándalo ha generado la noticia de que senadores del oficialismo colorado, aliados a sus pares oviedistas y a varios liberales, obtuvieron una mayoría de 20 votos contra 18 en la sesión de la Cámara Alta del pasado miércoles, para aprobar una ampliación anticipada de la concesión de la ruta nacional Nº 7, Dr. Gaspar Rodríguez de Francia, al consorcio Tape Porã, por 30 años más, es decir hasta el 2053.

Uno de los puntos más cuestionados es que la ampliación de la concesión –aprobada previamente en la Cámara de Diputados– se realiza sin ningún llamado a licitación, lo cual viola la libertad de competencia o participación de otras empresas interesadas.

Igualmente resulta llamativo que la concesión se renueve 7 años antes de que venza el plazo establecido, que se inició en 1998 y concluye recién en el 2023.

Pero lo que realmente agravó las sospechas de que la decisión parlamentaria habría sido irregular fueron las fuertes acusaciones del propio presidente del Congreso, el senador Mario Abdo Benítez, quien sugirió que hubo compra de votos de los legisladores que votaron a favor de la empresa adjudicada, llegando a comparar al senado con “un prostíbulo” donde los votos se ofertan al mejor postor.

Como para ahondar aun más el escándalo, el viernes salió a luz el registro de la votación durante la sesión en que se aprobó la polémica concesión, en la cual consta que la diferencia no fue de 20 votos contra 18, sino que en realidad hubo un empate de 20 votos contra 20, y que se habrían modificado los resultados en el momento de darlos a conocer.

Otro elemento que agrega presunciones de favoritismo hacia la empresa Tape Porã, vinculada en sus orígenes con el ex presidente Juan Carlos Wasmosy, es que uno de sus ex directivos, el ingeniero Ramón M. Jiménez Gaona, es el padre del actual ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona. El ingeniero Jiménez Gaona se desvinculó legalmente del directorio de Tape Porã días antes de que esta haga una oferta de inversión al Estado paraguayo en 2015, a través de la ley de Alianza Público Privada (APP), pero sigue siendo presidente de Conempa, empresa que retiene gran parte de las acciones de Tape Porã.

Todo este cuadro de situaciones, sumado a las denuncias de irregularidades en la primera concesión a Tape Porã, hechas por la propia Contraloría General de la República, plantean la necesidad de que lo resuelto por el Senado sea revisado antes de que se vuelva ley por sanción automática este 2 de junio.

Es imprescindible que el tema se investigue a fondo, y en caso de confirmarse las irregularidades, la decisión sea debidamente corregida en todos sus aspectos. De lo contrario, se estaría avalando otro escandaloso negociado a costa de la ciudadanía.

http://www.ultimahora.com/polemica-concesion-ruta-debe-ser-revisada-y-corregida-n995466.html

 

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

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18 comentarios en “Polémica concesión sobre ruta debe ser revisada y corregida

  1. Una herramienta para el desarrollo

    El Gobierno anunció el último viernes que un consorcio de dos empresas extranjeras (la española Sacyr y la portuguesa Mota-Engil) junto con la paraguaya Ocho A era el adjudicado para ejecutar la importantísima obra que duplicará las calzadas de las rutas 2 y 7. Una obra que tendrá una inversión total de 520 millones de dólares y una concesión de 30 años.

    La 2 y la 7 son dos vías fundamentales que integran el eje que une la capital, Asunción, con la rica zona este del país, una región con un gran potencial y un factor decisivo en la economía local; por tanto, este es un emprendimiento que beneficiará a miles de personas que habitan en las ciudades emplazadas a lo largo de estas dos rutas estratégicas.

    Las condiciones a nivel macroeconómico del Paraguay se mantendrán favorables hasta por lo menos 10 años más según el Banco Central, y es por ello que las inversiones en materia de infraestructura deben ser acordes al desarrollo que experimentará la República. Por esta razón, esta obra de casi 150 kilómetros de extensión es clave no solo para el desarrollo de la zona comprendida, sino para el resto del país que experimentará beneficios en su red vial.

    La duplicación de las rutas 2 y 7 representa además un hito, pues es la primera concreción bajo la modalidad de la Ley de Promoción de la Inversión en Infraestructura Pública y Ampliación y Mejoramiento de los Bienes y Servicios del Estado (Ley 5.102/13), más conocida como la Alianza Público-Privada (APP), que es una poderosa herramienta que el gobierno de Horacio Cartes –impulsor de esta normativa– espera que sea el acceso fundamental para lograr el desarrollo del país.

    El Estado es consciente de sus limitaciones y de que ya no puede ofrecer soluciones para todos los problemas y las necesidades que arrastra de décadas de desidia o de omisiones. Es por esta razón que abre el campo de acción a la inversión privada, así como lo han hecho de manera exitosa otros países de la región con medidas similares que han disparado para arriba los niveles de progreso.

    A las antiguas dificultades, a aquellos enormes obstáculos a los avances, hoy esta alianza de progreso, en la que ambas partes salen beneficiadas y fortalecidas, se ha convertido en una genuina ocasión para avanzar.

    Pero el compromiso del Estado paraguayo en la aplicación de las APPs debe hacerse con responsabilidad y con prudencia; su aporte debe ser complementario sin pretender reemplazar la ya mediana inversión pública en esta materia, tomando provecho de la inversión proveniente desde el sector privado. No cabe duda que la empresa privada puede proveer con mayor solvencia y quizás mayor eficiencia la ejecución de ciertos servicios o proveer de infraestructura acorde, pero el Estado debe insistir en su rol de contralor y de gestor de las reglas de juego como autoridad pública.

    No cabe duda que con el actual escenario económico mundial es apremiante una mayor conexión entre el sector público y el privado para afrontar los actuales retos y consolidar los avances, en especial en cuanto a aquellos aciertos alcanzados en la reducción de la pobreza y las desigualdades.

    La alianza público-privada, que podría sumar la próxima semana el proyecto de ampliación del aeropuerto Silvio Pettirossi, simplemente viene a ratificar que para que el país pueda crecer, desarrollarse, pasar a constituirse en el hogar de todos los paraguayos, es necesario el aporte de la inversión privada, pero con reglas públicas transparentes y sujetas a fiscalizaciones.

    El mensaje claro que traen inherentes las APPs es que representan una formidable oportunidad para el desarrollo. Paraguay está en un momento crucial de su historia y en que el verdadero progreso solo podrá ser alcanzado con el aporte de todos.

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    Publicado por Anónimo | 25 octubre, 2016, 9:25 am
  2. Riesgos en alianzas público- privadas parecen confirmarse

    Los datos recientemente publicados sobre el aporte estatal que requerirá la alianza público-privada para las rutas 2 y 7, que unen a Asunción con Ciudad del Este, parecen confirmar los miedos y la desconfianza manifestados por determinados sectores de la ciudadanía, junto con la evidencia internacional existente sobre los riesgos de esta modalidad de inversión. El Gobierno debe transparentar todo el proceso y proveer toda la información necesaria para que el país sepa cuáles serán los resultados a largo plazo de esta nueva modalidad de financiamiento que se empieza a implementar en el Paraguay. El afán coyuntural de ganar rédito político no puede estar por encima del interés general ni de la sostenibilidad del desarrollo a largo plazo.
    Las alianzas público privadas como mecanismo de financiamiento de infraestructura llevan alrededor de 30 años de implementación en el mundo.

    A pesar de ello se tienen pocas evaluaciones que aseguren sus beneficios de manera integral. Las evaluaciones de eficiencia muestran casos positivos y negativos, ya que no siempre el mercado es tan eficiente como supone la teoría.

    Un hecho confirmado es que el financiamiento recibido por el sector privado para realizar estas obras suele ser más costoso que el financiamiento del sector público. Las tasas que debe pagar un privado a la banca comercial suelen ser más altas que las tasas pagadas por los gobiernos a través de créditos con garantía soberana o al emitir bonos.

    Un vacío importante es la información sobre el impacto fiscal. No se sabe con exactitud cuánto les están costando a los estados, sobre todo a largo plazo, las APP. Por otro lado, existe evidencia de sobrecostos.

    Otro de los riesgos es el de la generación de pasivos contingentes derivados del mal diseño de los proyectos que terminan generando obligaciones al Estado que no estaban calculados previamente.

    Los casos emblemáticos señalados por la bibliografía son España y Portugal, donde el uso extensivo de las APP llevó al exceso de inversión en infraestructura doméstica, contribuyendo a las crisis financieras de estos países.

    La Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) señala que los países deben contar con un conjunto riguroso de proyectos y un buen clima de inversión para garantizar una competencia suficiente en el mercado para lograr buenos resultados con las APP. Por lo pronto, en el caso de la actual propuesta de APP ya no hubo suficiente competencia.

    Un reciente informe para Paraguay del Fondo Monetario Internacional señaló la importancia de asegurar la transparencia de los contratos y la evaluación prudente de los riesgos contingentes como parte del proceso presupuestario.

    El factor común de las APP exitosas en aumento de la cobertura y eficiencia a la vez fue la existencia de un sector público fuerte en capacidad de supervisión y con un servicio civil profesionalizado.

    Hay que recordar que Paraguay, en los indicadores internacionales, se encuentra en los últimos lugares cuando se trata de calidad institucional en materia de servicio civil.

    Los datos preliminares acerca de los costos para el Estado de las rutas 2 y 7 parecen confirmar la alta probabilidad de que los riesgos señalados por la evidencia empírica internacional se conviertan en realidad en Paraguay, con las implicancias negativas que ello significa para el futuro del país. El Gobierno debe ser cuidadoso en las obras que pretende implementar y en la forma en que las va a financiar. El afán coyuntural de ganar rédito político no puede estar por encima del interés general ni de la sostenibilidad del desarrollo a largo plazo.

    http://www.ultimahora.com/riesgos-alianzas-publico-privadas-parecen-confirmarse-n1024977.html

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    Publicado por Anónimo | 18 septiembre, 2016, 4:30 pm
  3. La obra pública no se impulsa manipulando

    La ley de concesión de ‘‘Tape Porã’’ habla de “obras principales”, es decir la duplicación, recuperación, etc. y de “obras complementarias” que son las de recapado y otros. Pero ahora resulta que los términos de esta concesión primigenia han sido alterados.
    Cuando el Estado paraguayo otorgó en concesión un tramo de la ruta VII en las cercanías de Ciudad del Este para eje­cutar diversas obras de mejoramiento, la ley que la aprobó –la 1018 del 13 de diciembre de 1996- especificaba con ab­soluta claridad de qué se trataba. La concesión comprendía “un llamado a licitación para la duplicación, recuperación, adecuación, conservación, operación y explotación, bajo el régimen de concesión, del tramo de la ruta VII compren­dido entre el empalme con la ruta VI (kilómetro 296,8) y el empalme con la supercarretera a Itaipú (kilómetro 323)”. La ley además otorgaba “la ejecución de obras de recapa­do con banquinas pavimentadas en el tramo comprendido entre el kilómetro 296,8 y el kilómetro 183, Caaguazú, de dicha ruta”. La ley habla de “obras principales”, es decir la duplicación, recuperación, etc. y de “obras complementa­rias” que son las de recapado y construcción de banquinas en el tramo que va a hasta Caaguazú.

    Pero ahora resulta que los términos de esta concesión pri­migenia han sido alterados y la “du­plicación, recupe­ración, adecuación, conservación, ope­ración y explotación bajo concesión” da un salto y se extien­de hasta el kilómetro 183 (Caaguazú), di­ciendo que eso está acordado en los tér­minos de la ley antes citada.

    O aquí alguien se olvidó de citar alguna ley modificatoria de la 1018 –que no se cita en la ley que pretende extender la concesión- o se trata de una grosera sobreinterpretación de la norma, para no afirmar que es una directa alteración de sus términos que volvería totalmente nula la nueva ley. En los prolegómenos del proyecto se habla de la realización de “trabajos relativos a la realización del proyecto definitivo”. ¿De qué proyecto definitivo se está hablando, en qué parte de la ley de concesión se describe tal cosa?

    Allí se habla claramente de lo que ha sido concesionado y no se cita proyecto inicial o definitivo alguno. ¿De qué galera ha salido el tal proyecto definitivo? Sería bueno que quienes trataron con tanta ligereza este proyecto de ley, hoy puesto a disposición del Poder Ejecutivo mediante el artilugio de dejar sin quorum la cámara y abrir paso a la sanción ficta, explicaran por cual arte de birlibirloque le hicieron decir a la ley de concesión promulgada en 1996 una cosa totalmen­te distinta a la que expresa en su texto.

    El presidente Cartes debe saber que le han puesto a la firma una ley groseramente manipulada y sobre la cual debería pedir el parecer de sus asesores en legislación. Esta manio­bra ya es analizada por la opinión pública como producto de la codicia de los grupos de poder agavillados para apo­derarse de los canteros más ricos de las obras públicas de infraestructura.

    Si Cartes no veta esta ley, quedará pegado a una de las ope­raciones que presenta rastros de la más flagrante ilegalidad en lo que va de su mandato.

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    Publicado por Anónimo | 7 junio, 2016, 8:49 am
  4. La cámara de la vergüenza
    6 junio, 2016
    Por Santiago González

    Tape Porã se encargó de recordarnos cómo opera la política paraguaya, por si alguien se haya olvidado y creído que algo cambió. Colorados, liberales, sacerdotes, empresarios, de derecha o de izquierda, todos terminaron rendidos a los pies de Horacio Cartes. Algunos no sorprenden; rastreros como de costumbre los del Unace pescando en río revuelto jugaron a lo seguro y se pusieron en la columna del presidente.

    Gustavo Alfonso, colorado disidente arrepentido, luego de un gol en contra al no poder dejar sin quórum la sesión del Senado en la que se rectificó el acta de la vergonzosa votación, se reivindicó con el tendota y cedió su lugar, bajó del avión que lo llevaba a París y permitió que Carlos Núñez, un voto originalmente en contra de Tape Porã, no pueda rendirse ante la oferta de HC de viajar en su regazo y asegurar a su hermano Humberto Núñez más de 30 millones mensuales en Itaipú.

    Castiglioni se enfermó como el nene que alega dolor de panza justo cuando hay que rendir el examen para el que no estudió. El colorado demostró por qué nunca logró llegar a la presidencia de la República. El que nació para pito nunca llega a trompeta y el que nació para segundón nunca llega a ser primero.

    Un pueblo sumiso siempre es bueno que reciba una cachetada para despertar. La violación a la Ley 1.618 fue abierta y alevosa y daba pena escuchar a los oficialistas argumentar a favor de la violación. Jiménez Gaona solo atinó a decir que, si el legislativo aprueba algo irregular ellos solo pueden acatar, como si no existiera el veto presidencial.

    Parafraseando a Estela Ruiz Díaz, analista de temas políticos, el discurso de la transparencia y la lucha contra la corrupción terminó por desplomarse en el gobierno de Cartes. Para que eso no ocurra solo queda un improbable camino y es que Cartes vete el propio proyecto que promovió.

    De buenas a primeras es imposible porque el compromiso con muchos poderosos está asumido, pero conociendo a Cartes no sería raro que instalado el problema salga a jugar de salvador.

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    Publicado por Anónimo | 7 junio, 2016, 8:46 am
  5. Algo huele mal

    Algo olía mal. No en Dinamarca sino en el Congreso paraguayo. El asunto se dilucidó. Unos pocos avasallaron toda legalidad para imponer sus caprichos. El fracaso de unas votaciones fue el detonante.

    Para amedrentar a los victoriosos no se escatimó calificativos afectando incluso a terceros. Que son coimeros, vendidos, ladrones y lo peor, se equiparó al propio Senado a un prostíbulo.

    La sabiduría recuerda que lo que sale de la boca delata lo que uno es. El consentido, el resentido y cojijoso nunca es buen timonel porque a decir del proverbio el que siembra para la carne segará corrupción. Los frustrados por una derrota deben comprender que las formalidades no son trampas a la buena fe, sino instrumento para buscar la seguridad de los intereses en conflicto.

    Facilitan el descubrimiento de la verdad en forma económica. Las reiteradas sesiones extra para elucubrar atajos de forma a imponer veleidades, antes que beneficiar al pueblo lo somete a inútiles sacrificios. La desvergüenza y la desfachatez del accionar de los mandatarios hipotecan el futuro de todos los ciudadanos que, con esfuerzo y sacrificio, ilusionan un mejor vivir.

    El Paraguay es pobre en infraestructura y no tiene recursos por mala administración de los políticos. Honorables senadores, dejen de jodernos la vida. No a las aprobaciones masivas de préstamo de organismos internacionales y fortalecer a los inversores paraguayos, que en definitiva no girarán al exterior sus rentas.

    Eliseo Martín Álvarez

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    Publicado por Anónimo | 7 junio, 2016, 8:13 am
  6. Juez y parte

    El no deber favores habilita a exponer libremente. Los vínculos de amistad deberían demandar sinceridad y las relaciones de parentesco obran generalmente como uniones encubridoras y contra las cuales poco o nada se desea hacer. Aquella persona que no se encuentra atada a ningún lazo mencionado puede emitir su parecer sin temor a perder privilegios, ofender o herir sentimientos. Al tener las manos libres y no estar sujeta a intereses personales su opinión será mas objetiva, realista y sobre todo no manipulada, porque su fin no busca excusas o ventajas para provecho propio.

    Lo único que puede incidir en un juicio es tener una información inexacta, pero cuando las noticias se hacen eco abierta y reiteradamente de una revelación , la misma llega al ciudadano. Sin tener el conocimiento técnico o legal de un sinfín de cosas se tienen ojos , oídos y sobre todo sentido común, por lo que no es tan fácil vender espejitos. Si lo hacen no es gracias a su ingeniosidad, sino a la poca vergüenza y al abuso de su circunstancial poder. Todos sus movimientos están direccionados, con un trasfondo de desmedida ambición. Si no fuera así deberían, por ética, apartarse. La lectura que nos dan es que quieren asegurar el futuro de hijos, nietos, bisnietos y si fuera posible hasta de tataranietos. Al ministro de Obras Públicas le va muy bien el refrán que dice: “El que parte y reparte se lleva la mejor parte”. El mismo no debería permitir, por modo propio, que a algún miembro de su familia se lo vincule con obras estatales mientras que él ocupe un cargo dentro de la administración de gobierno.

    Por el otro lado considero que el doble pasaje recientemente implementado es una manera disfrazada de fabricar innecesarios puestos de trabajo. Si antes dos personas trabajaban 8 horas en tres turnos teníamos 6 salarios a pagar. Hoy en día hay 6 cajas habilitadas, tres de ida y tres de vuelta, en tres turnos, dando trabajo a 12 nuevos funcionarios en un solo lugar (total 18). ¿Es esto necesario? Hace mucho cruzo el puente Remanso y jamás hubo una demora en el cobro del peaje. Veo venir que dentro de poquito subirán el monto a cobrar, porque el innecesario despilfarro debe cubrirse. Claro está que si al ciudadano se lo echa al agua hirviendo, saltará como la rana. Por ello es necesario adaptarlo e ir calentando el agua de a poquito, de manera que cuando esté hirviendo, el ciudadano, así como la rana, se encuentra debilitado y sin fuerzas para protestar. Por último, solo como anécdota, jamás vi una obra pública ejecutada con tanta celeridad y prolijidad como la construcción del puesto de peaje. El dinero cautiva mientras que el trabajo ahuyenta, por eso para recaudar se mueven en jet de lujo y para lo demás a paso de tortuga.

    Helga Behage

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    Publicado por Anónimo | 7 junio, 2016, 8:09 am
  7. Tape Porã

    Este pseudoproyecto de ley viola la Ley 1618/2000 y los artículos 46, 47 y 107 de la CN. Por consiguiente, carece de validez (CN/137). Es irrelevante que diputados y senadores lo aprueben o que el Presidente de la República promulgue este pseudoproyecto de ley. Seguirá siendo eso: un pseudoproyecto de ley carente de validez jurídica.

    Ningún contrato que se base en este pseudoproyecto de ley tendrá validez: ni para cobrar, ni para pagar, ni para reclamar… ni siquiera tendrán derecho a cobrar peaje. Y si los legisladores que aprobaron esto ya están cometiendo un delito penado con la cárcel, también el Presidente de la República estaría cometiendo el mismo delito si llega a promulgar este pseudoproyecto de ley.

    Como ciudadana, amparada en la CN/137 y 138, repudio y rechazo esta usurpación: no reconozco la validez de este pseudoproyecto de ley. Es una usurpación, ni más ni menos y quienes la han perpetrado: usurpadores.

    Hoy, se instaló en el Paraguay una dictadura parlamentaria. Si el Presidente de la República promulga este pseudoproyecto de ley convirtiéndolo en pseudoley, tendremos una dictadura del Ejecutivo… al mejor estilo venezolano.

    Olivia González

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    Publicado por Anónimo | 7 junio, 2016, 8:07 am
  8. La perversión de la política

    No hay nada que nos robe más la ilusión de que las cosas cambien de manera profunda en el país que ver a la clase política metida en un lodazal, desprendida de cualquier sentimiento de patriotismo. Cuando vemos la forma en que nuestros representantes se alían para delinquir y no pueden hacerlo para buscar el beneficio ciudadano, pareciera que la impotencia nos gana y derrumba.

    Hace tiempo que el Senado viene siendo protagonista de todo tipo de vandalismo legal por estar manejado por la mayoría circunstancial de un sector que está acostumbrado a ser perdedor y disfruta de este poder pasajero cometiendo todo tipo de tropelías, sintiéndose por encima de las leyes y de nosotros, las personas comunes, que ni siquiera figuramos en el mapa de sus intereses.

    Esta semana hemos visto como esa perversión alcanzó su punto más álgido. Disidentes e izquierdistas decidieron que el Senado debía evitar la sanción de la ley que prorroga el plazo de concesión de un tramo de la ruta 7 para el consorcio Tape Porâ por 30 años más. Aducían que la pretensión del Ejecutivo y el sector oficialista del Congreso era inconstitucional, pero lo que realmente les molestaba era que HC pudiera concretar un acuerdo cuyos beneficios para la ciudadanía durarían mucho más que su mandato.

    Cuando el caso se les escapó de las manos y la ley fue sancionada a pesar de sus entuertos, entraron en corto circuito y armaron un circo tan burdo que si no fuera porque este país y su gente soportan cualquier cosa, estos legisladores habrían sido escrachados públicamente.

    Y fue allí donde los vimos como en realidad son, ventajistas, prepotentes y sin ningún respeto a la institucionalidad que dicen defender. Convocaron a una sesión extraordinaria al solo efecto de modificar el acta de la sesión en la que la ley había quedado sancionada con 20 votos contra 18. Y en esa sesión extra tacharon el resultado y pusieron que hubo empate de 20 a 20. Cuando se votó esta aberración, ni siquiera había quórum, pero eso no les importó. Absolutamente descontrolado, el presidente de la cámara, que aspira a ser presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ordenó a los gritos que se vote, cortando el debate de manera abrupta, pretendiendo que no se note que no estaba la cantidad de senadores necesaria para siquiera sesionar.

    El martes pasado, los disidentes y sus aliados violaron de manera alevosa la Constitución y el reglamento interno de la cámara. Justamente ellos, que gritaron a los 4 vientos que se oponían a la prórroga a Tape Porâ por ser inconstitucional demostraron lo poco que les importan las normas vigentes si es que estorban a sus oscuros intereses.

    La gran lección que nos deja el caso Tape Porâ es que el sector que presume de democrático y honesto es tan venal y corrupto como ese al que siempre criticó. Con esto nos referimos a las bancadas de izquierda de la Cámara de Senadores, porque la disidencia colorada proviene del stronismo, así que eso de violar leyes y abusar del poder es algo a lo que sus representantes están acostumbrados. De hecho, están demostrando ser excelentes maestros de sus socios de ocasión.

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    Publicado por Anónimo | 6 junio, 2016, 5:40 am
  9. Tape vai

    Por Arnaldo Alegre

    La concesión por 30 años más de la explotación de la ruta 7 para el consorcio Tape Porã es legal, pero profunda y aviesamente ilegítima.

    Es ilegítima porque está basada en una trampa perpetrada en el que debería ser el más importante cuerpo deliberativo del país: el Senado.

    En la Cámara Alta se montó un esquema de absoluta desvergüenza. Se hizo pasar por verdad una mentira. Jamás existió la mayoría que necesitaba la empresa para gozar de este monopolio de hecho.

    Bajo el peregrino argumento de que no se pudieron contar bien los votos porque se hacía a mano alzada, se cometió un acto que bordea el expolio. En plena era informática no se puede producir semejante error. (si es que lo fue). Ahora, todas las votaciones donde hubo un resultado ajustado y que se hicieron a mano alzada están, como mínimo, sospechadas. Si no fuese por la tardía avivada de los senadores opositores al cartismo, la mentira iba a quedar como verdad indiscutible.

    De todos modos, por acción, omisión o soberana estupidez (es ridículo que el secretario del Senado no llame a un miembro del supernumerario cuerpo de funcionarios para que le ayude a contar) todo el Senado es cómplice de semejante vergüenza institucional que es una afrenta a la Constitución, al sentido común y a la democracia.

    Claro que la Cámara de Diputados no se salva. El proyecto fue aprobado en menos de quince días, pues se presentó el 4 de diciembre de 2015 y para el 16 de diciembre, en la última sesión del año, ya tenía media sanción. Sin duda había mucha urgencia en la Cámara Baja porque la ampliación de la concesión se dio siete años antes del vencimiento del contrato y con algunas mayorías que no se alcanzan ni cuando el cuerpo quiere hacer una declaración para felicitar a las madres en su día.

    En Paraguay existe un capitalismo de amigos impulsado por Horacio Cartes. Para unos la ley y para otros, los beneficios del poder usado discrecionalmente.

    Cartes fue el verdadero operador de este desaguisado. Obligó a los diputados a una aprobación a tambor batiente y maniobró en el Senado (con cargos, viajes y enfermedades repentinas) para dejar sin cuórum la sesión y forzar una sanción automática, ya que la espúrea fue pillada.

    El presidente del Congreso aseguró que el Senado se semeja a un prostíbulo. Se equivocó, a las pupilas se les paga una vez por un servicio específico; a los parlamentarios parece que no.

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    Publicado por Anónimo | 5 junio, 2016, 7:38 am
  10. Leyes a la carta

    Por Benjamín Fernández Bogado

    Una de las grandes virtudes de la democracia es su previsibilidad.

    Un país donde las normas se cumplen en tiempo y plazo estimula a la sociedad a comportarse rectamente dentro de un estado de derecho.

    Por el contrario, cuando los plazos se alteran, los tiempos de contrato se reducen o amplían a simple criterio de los interesados con recursos, la imagen que proyectamos hacia adentro y hacia afuera es que todavía no somos una República guiada por normas previsibles y cumplibles.

    Tape Porã. La concesión a Tape Porã del usufructo de una ruta nacional construida con el aporte de todos y luego mantenida por el consorcio privado desde 1993 desnudó todas las falencias que tenemos.

    No se cumplieron los plazos ni los modos; el ministro de Obras reconoció la participación de su padre en el negocio; el Ejecutivo dijo que no tenía nada que ver con el proyecto originado en Diputados; demostró no ser cierta la debilidad institucional del Senado, que tuvo que corregir su acta anterior por no contar correctamente los que estaban a favor o en contra; la bajada del avión de un adherente y cargar a un opositor en el vuelo a París con el presidente, previo contrato en Itaipú hasta diciembre del hermano del legislador… y además, que todo acontezca cuando Paraguay pide ser miembro de la OCDE –que condena estos actos–, nos desnuda como país.

    ALINEADOS. La oposición se alineó mayoritariamente al apoyar el proyecto del Ejecutivo al punto que el olor a podrido de la votación llevó a una senadora a pensar en abandonar el PLRA.

    Finalmente, dejaron sin cuórum la sesión del jueves y pasa la ley a Cartes para sancionarla.

    Pero no acaba el escándalo con eso.

    Las reglas de juego. Un legislador liberal afirmó muy suelto de cuerpo y de lengua que “la ley puede ser modificada y cambiada por el mismo procedimiento en cualquier momento”, con lo cual abrió las compuertas de la codicia de otro Congreso que podría –previo pago– cambiar las reglas del juego.

    El que ganó puede haber pavimentado la ruta de su derrota posterior con el beneplácito de la población.

    La señal a los inversores es pésima. Nadie vendrá a invertir local ni internacionalmente a un país sin previsibilidad jurídica, donde los plazos ni modos se cumplen y en donde la ley es simplemente una proclama de buenas intenciones.

    De nada sirve invertir en viajes de promoción del Paraguay cuando ni nosotros nos creemos el cuento.

    Estado de derecho. Si queremos que los de afuera inviertan en el Paraguay, los paraguayos tenemos que estar seguros de que vivimos en un estado de derecho, con un Congreso, Justicia y Ejecutivo confiables. De lo contrario, como lo dijo Riera, solo Belcebú y Al Capone se sentirán cómodos en el país construyendo escuelas y… república.

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    Publicado por Anónimo | 5 junio, 2016, 7:36 am
  11. El revelador tramo político de Tape Porã
    Por Estela Ruíz Díaz

    La polémica y dudosa aprobación de la ley que decidió la extensión hasta el 2053 de la concesión al consorcio privado Tape Porã de una de las rutas más importantes del país dibujó un nuevo escenario político, por un lado, y por otro, lo más grave: el sabor amargo de las sospechas de sobornos a los legisladores.

    La concesión desató polémica desde el principio. Los diputados, encabezados por Ramón Romero Roa, del Alto Paraná y del riñón cartista, lideró el proyecto y la Cámara aprobó en la última sesión del año por amplia mayoría, cuyo contrato vigente se firmó el 3 de marzo de 1998 por un plazo de 25 años y debía finalizar el 3 de marzo de 2023. Es decir, se aprobó una concesión por 30 años 7 años antes de la finalización del contrato. Se argumentó que esta vía rápida legal era la mejor alternativa para posibilitar a corto plazo la realización de los trabajos de duplicación porque el Estado no tiene la plata ni la capacidad para hacerlo rápido. El progreso fue la otra bandera agitada, como argumentó un enojado Blas Llano, líder del PLRA: “Nunca vamos a salir adelante si no atendemos mínimamente la necesidad que tenemos. Nuestras rutas son lamentables; a veces da ganas de decir que se dejen las cosas así como están y nos jodemos todos. No queremos progresar”.

    Pero los argumentos bondadosos del proyecto chocan con la falta de coraje de los defensores del tema. En Senado no se animaron a defender públicamente y optaron por dejar sin cuórum la sesión y así lograr la sanción automática de la ley.

    QUIéN ES QUIÉN. Tras la polémica por las dudas sobre la cantidad de votos, el martes se aprobó una nueva votación para el jueves 2, pero el oficialismo y su satélite Unace, más el PLRA llanista, efrainista y otros no participaron en la sesión. Entre los ausentes resaltaron 13 colorados que simpatizan con el oficialismo del total de 19 que tiene la bancada de la ANR; 11 de 12 liberales; los 2 oviedistas y Adolfo Ferreiro, de Avanza País.

    En nuevo y definitivo round sirvió para graficar los reacomodos. Luis Castiglioni, quien argumentó en contra del proyecto incluso calificándolo de inconstitucional, se ausentó alegando reposo médico. Carlos Núñez pasó de la disidencia al cartismo con la velocidad de un avión. Cartes lo llevó a París para asegurar su lealtad. Llamativas ausencias de los disidentes Juan C. Galaverna y Silvio Ovelar, a los que se sumó Ferreiro, que anda coqueteando con el cartismo en las negociaciones para la mesa directiva.

    Entre los liberales no sorprende la postura llanista, que sigue dando soporte al presidente. Efraín Alegre enterró momentáneamente el hacha en su partido y sus senadores se sumaron al asunto. Hasta Luis Wagner, feroz crítico del cartismo, se alineó.

    Emilia Alfaro fue el solitario voto liberal en contra.

    VALE TODO. La aprobación vía sanción automática de la concesión revela un nuevo escenario favorable a Cartes, que como nunca operó a favor de la ley que le beneficia por dos vías: le resuelve una obra pública de envergadura y asesta un duro golpe a Mario Abdo Benítez. Va recuperando terreno en el Senado, y en Palacio ya se habla en tono triunfal del bloque H 13 en Senado (colorados más los dos oviedistas). Sumando a los liberales llanistas y votos ocasionales de Avanza País, puede imponerse cómodamente.

    Ahora la presidencia del Senado es el objetivo. Esta votación de Tape Porã le dio bríos para pelear con más fuerza el cargo. Y si corre la nueva mayoría, la agenda continúa con el varado juicio a la Corte Suprema, la Contraloría y otros asuntos.

    MANIOBRA PELIGROSA. La votación a favor de la concesión dejó mal parados a casi todos. Nadie cree que los senadores apoyaron la ley por el progreso en abierta violación a las leyes y el sentido común.

    La gran victoria política del presidente, sin embargo, echa por tierra su discurso de la transparencia y la legalidad que vino construyendo estos años para operar a la vieja usanza política: aparte de llevarse a París un voto disidente, usó Itaipú para darle un cargo al hermano del senador Núñez y obligando a Castiglioni a cambiar groseramente de posición. Los liberales ratificaron su condición y algunas llamativas ausencias no hacen sino aumentar las sospechas.

    En términos estrictamente políticos, Cartes se llevó una gran victoria aunque el gol lo haya hecho con la mano. Tanto, que algunos ultracartistas se frotan las manos con la idea de la reelección.

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    Publicado por Anónimo | 5 junio, 2016, 7:30 am
  12. El PLRA y Tape Porã
    05 Jun 2016

    Por Enrique Vargas Peña

    El PLRA (Partido Liberal Radical Auténtico) fue, en esta discusión sobre la concesión a la empresa Tape Porã de los derechos de administrar la Ruta 7 “José Gaspar Rodríguez de Francia” hasta el 2053, uno de los principales soportes de la empresa en el Congreso, sumado al oficialismo colorado.

    Lo señalo particularmente porque en lo que sigue a continuación discuto lo lejos que se encuentra la mayoría de los miembros liberales del Congreso de las razones por las que en Occidente se generó una corriente de ideas que, tras la inauguración de las Cortes de Cádiz el 24 de setiembre de 1810, se conocen universalmente como “liberales” (http://bit.ly/1r6OqnY) (http://bit.ly/1TTYApC).

    John Locke (http://bit.ly/1OHUn3X), a quien se atribuye la primera sistematización de los argumentos que luego se conocerían como “liberalismo”, sostuvo que la seguridad jurídica, el “Estado de Derecho”, era no sólo uno de los principales bienes que podía alcanzar una sociedad, sino el elemento central del progreso económico.

    En el capítulo V de su “Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil”, Locke desarrolló las razones por las que la seguridad jurídica es la piedra angular del desarrollo de las sociedades (http://amzn.to/25FY4Rx).

    Locke no sacó esas ideas del aire, ni las publicó como una abstracción teórica, sino como resultado del tremendo debate que existía entonces en Inglaterra sobre los riesgos que tendría para el país la eventual asunción al trono (poder Ejecutivo) del futuro Jacobo II, pues este príncipe, hermano del gobernante Carlos II, era partidario de la monarquía absoluta (autoritarismo), amenazando los contratos y derechos otorgados por su hermano.

    Pronto, los hechos le dieron la razón a Locke: Sin seguridad jurídica no hay progreso, porque nadie hace inversiones importantes si existe riesgo de que se las vayan a expropiar o menoscabar.

    Tras la “Gloriosa Revolución” de 1688 que derrocó a Jacobo II, los sucesivos gobiernos británicos trabajaron, en general, sobre las observaciones de Locke, cimentando la prosperidad británica y la Revolución Industrial que dieron a Inglaterra la hegemonía mundial por un siglo y medio.

    Sobre esas mismas observaciones, y dadas las pruebas generadas por el progreso británico, Samuel Adams, Benjamin Franklin y Thomas Jefferson construyeron su república, Estados Unidos, con resultados todavía mejores.

    Las comprobadas ideas de Locke no son complicadas; al contrario, tienen el mérito de una extraordinaria simplicidad: Los gobiernos deben tener el menor margen posible para actuar arbitrariamente; la discrecionalidad debe estar constreñida a su mínimo irreductible; las leyes, el derecho, deben ser la base sobre la que los ciudadanos y las empresas trabajen, sin importar el color del gobierno y sin que ese gobierno los pueda molestar al margen de esas leyes.

    Los diputados y senadores del PLRA que están a favor de extender la concesión a Tape Porã hasta 2053 votaron todo lo contrario a esas ideas de Locke, que son la piedra angular del “liberalismo” en Occidente.

    Votaron a favor de mantener en el Congreso la facultad de otorgar o revocar discrecionalmente las concesiones del Estado, dejando al margen las resalvas constitucionales para limitar la arbitrariedad, establecidas en los artículos 46, 47 y 107 de nuestra Constitución y sostenidas por la vigente Ley 1618, “de Concesiones” del 2000.

    Voy a pasar por alto en este artículo el hecho notorio de que ningún referente del PLRA, ni de dentro ni de fuera del Congreso, fue capaz de explicar razonablemente qué sustento jurídico construyó para defender lo que votó –ya hablé la semana pasada de Blanca Fonseca y Luis Wagner (http://bit.ly/1TXDm8h)– y voy a pasar por alto que el presidente del partido, senador Miguel Abdón Saguier, principal referente liberal para cuestiones constitucionales y legales, explicó que votaron por Tape Porã en virtud de la atribución mencionada en el inciso b del artículo 55 de la Ley 2051 (http://bit.ly/1t8hxJE), ley que en su artículo 2 establece estentóreamente que no rige para las concesiones, como lo dejó en claro el propio asesor jurídico de Tape Porã, Enrique Sosa Arrúa, en la entrevista que concedió a la 9.70 AM el jueves 2 de junio a la tarde (http://bit.ly/20XcC8I).

    Me voy a atener a los fundamentos de Sosa Arrúa, que son los de la empresa, porque me parece evidente que los legisladores liberales sólo tratan de defender un libreto que nunca lograron aprender bien.

    El asesor de Tape Porã comenzó aclarando que la Ley 2051 “de Contrataciones” no es aplicable a concesiones como la de Tape Porã y que según su parecer la Ley 1618 “de Concesiones” sería aplicable plenamente a la Ley 1018 que otorgó el contrato a Tape Porã en 1996, “si fuera orgánica, pero no existe esa figura en Paraguay”.

    Sosa Arrúa admitió, sin embargo, que la 1618 es una ley general de concesiones y que para entender su impacto en la 1018 se aplican artículos 2 y 7 del Código Civil, pero sostuvo que, a pesar de ellos, hay precedentes de “derogaciones” realizadas por leyes particulares anteriores a leyes generales posteriores, citando como ejemplo las modificaciones de la Ley de Administración Financiera.

    El asesor de Tape Porã explicó además que el Congreso también tiene precedentes de concesiones directas, las de hidrocarburos y puertos, y reconoció que el proyecto aprobado por el Congreso se basa en esos precedentes de “derogaciones” y en el de concesiones directas otorgadas por el Legislativo.

    Sosa Arrúa admitió finalmente que la aprobación del proyecto de Tape Porã abre puerta a que otra mayoría lo derogue en el futuro con igual argumento (http://bit.ly/20XcC8I). Hay una reflexión muy interesante del ex presidente Juan Carlos Wasmosy sobre el tema (http://bit.ly/1RTFgBa), en Última Hora de ayer.

    En efecto, aunque los precedentes que cita Sosa Arrúa están allí, al no atenerse la mayoría en el Congreso, y en particular sus integrantes liberales, a las disposiciones aplicables de la Ley 1618 como estaba en su poder hacerlo, optaron por mantener en el Legislativo la facultad discrecional de otorgar concesiones al margen de las exigencias establecidas en los artículos 46, 47 y 107 de nuestra Constitución, arbitrariamente.

    Al hacerlo, liberaron a cualquier futura mayoría de la obligación de atenerse a la ley y, por tanto, destruyeron la seguridad jurídica para los empresarios vialeros, justamente lo contrario de lo que propugnaron John Locke y todos los subsiguientes constructores del liberalismo.

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    Publicado por Anónimo | 5 junio, 2016, 7:05 am
  13. Desorbitada, Desirée

    Cada vez resulta más obvio que la mayoría –no todos, gracias a Dios-de quienes llegan a ocupar un cargo público no basan su actuación en el bien común, sino en sus apetencias personales. Y nos referimos a ciudadanos de cualquier color, porque eso es algo que aprendimos durante el gobierno de la oposición que no duró más que 5 años pero que nos demostró que el prebendarismo y los negociados no son cualidad exclusiva de un solo partido.

    En el Parlamento, este manoseo a los intereses ciudadanos se siente con más fuerza que en otros lugares, quizá porque allí están representados todos los sectores y casi ninguno destaca con alguna diferencia que lo coloque por encima del resto.

    Allí tenemos por ejemplo a Desirée Masi, con un pasado de lucha y compromiso social contra el stronismo, difíciles de ignorar, y que fueron posiblemente los atributos que permitieron su elección como diputada en el período anterior y como senadora en el actual. Nadie hubiera podido dudar hasta no hace mucho que sus decisiones y elecciones estaban inspiradas por las necesidades ciudadanas.

    Pero todo cambió en el momento en el que su marido fue imputado por un negociado con la compra de helicópteros para la Policía, cuando era ministro del Interior de Fernando Lugo. Desde ese momento apareció otra Desirée, calculadora, interesada y enojada con el mundo, dispuesta a transar con quien fuere con tal de que Rafael Filizzola no termine con sus huesos en la cárcel, en donde posiblemente ya hubiera estado, si no fuera por las interminables chicanas a las que está recurriendo su defensa.

    Parece que la senadora Masi está convencida de que HC está detrás de la imputación a su marido. Así que todo su odio va dirigido al oficialismo, intentando bloquear cualquier iniciativa que provenga del Ejecutivo, sin importar un comino que su aplicación pudiera beneficiar a muchísima gente.

    A Desirée ya no le interesa nada; por lo menos ya no como cuando era directora del Hospital de Clínicas y bregaba por dar una buena atención a los miles de pobres que tenían a ese nosocomio como única esperanza de vida.

    Lo único que ahora le interesa a Desirée es que Rafael no termine en la cárcel. Y para eso utiliza todo lo que tiene a mano, desde sus influencias como senadora hasta su muro en las redes sociales, en donde pretende engañar a sus seguidores mostrándose como la mujeraza que se enfrentaba al poder buscando el bienestar de la mayoría. Todo eso quedó muy atrás.

    Nunca sabremos qué clase de legisladora hubiera sido Desirée si su marido no se hubiera metido en los turbios negociados de los que se le acusa, en su época de ministro.

    Una sombra enfurruñada y resentida, es lo que queda de esa legisladora que hoy ocupa una banca en el Senado y negocia con el stronismo, ¡increíble!, ese al que ella misma denunciaba hasta no hace mucho, ese que los persiguió, a ella y sus colegas de Clínicas, durante la dictadura. Que los torturó e hizo “desaparecer” a muchos de sus amigos, que hoy se revolcarán en sus tumbas al verla obrando en la misma dirección que los resabios del tirano, representados por el inefable “Marito”.

    En realidad, hace unos años que Masi empezó a dar muestras de incoherencia, específicamente cuando participó del sepelio de Lino Oviedo y se mostró como uno de sus dolidos deudos, cuando poco antes lo denunciaba por golpista, entre otros delitos.

    Totalmente desorbitada Desirée Masi. Haciendo daño al país, desde su océano de resentimiento e impotencia. Posiblemente cuando su marido vaya preso, que es hacia donde se dirige derechito, sugiera prenderle fuego al Parlamento…

    http://www.adndigital.com.py/desorbitada-desiree/

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    Publicado por Anónimo | 4 junio, 2016, 11:09 am
  14. Pocas certezas y muchos riesgos

    Por Osmar Gómez

    El Gobierno avanza en su intención de conformar un bloque afín en la Cámara de Senadores. Por ahora los acuerdos parecen ir por buen camino, pero todavía falta mucho.

    A mitad de semana el presidente de la República reunió a los senadores oficialistas y a sus aliados oviedistas para cerrar filas, reconocer a los que están con el Gobierno y lo más importante para el oficialismo, identificar quiénes no están.

    Antes de esa reunión el Ejecutivo logró quebrar, a último momento, un acuerdo de disidentes y opositores para quedarse con la presidencia del Senado. La disputa es diaria y la definición todavía parece lejana.

    Identificadas las fuerzas propias, el presidente Cartes empezó a trabajar para sumar votos. El primero en volver fue Luis Castiglioni, en estos días le siguió Carlos Núñez.

    Hoy los opositores dejaron de tener la mayoría para controlar las sesiones de la Cámara de Senadores. La última reunión graficó la situación. Solo estuvieron presentes 18 senadores, hacían falta al menos 23 para iniciar la sesión.

    Sin embargo, eso no asegura que el oficialismo haya logrado tener una mayoría propia. Solo muestra que las negociaciones están casi en su punto más alto, que la coyuntura hace que los alineamientos ya no sean tan fáciles y que el PLRA buscará sacar la mejor tajada en esta disputa.

    Son tiempos complicados y sumamente inestables. Las decisiones de ahora podrían tener consecuencias a largo plazo. Los grupos de izquierda, en la voz del senador Richer, lanzaron la primera advertencia para los liberales. Indicó que en estas condiciones un acuerdo para el 2018 se complica.

    Richer asume que el PLRA buscará repetir su acuerdo con la izquierda; pero no necesariamente todos los liberales piensan lo mismo. A puertas de una interna, con candidatos que ven más allá de la presidencia del partido y la necesidad de mantener espacios de poder, el PLRA todavía está lejos de tener claro cómo llegará al 2018. Por ahora los acuerdos y negociaciones son de corto plazo. Apenas llegan a la presidencia de la Cámara de Senadores; después se verá.

    La disidencia colorada, de la mano de Mario Abdo, también se mostró alterada por el avance del oficialismo. No vieron venir la movida y de pronto se quedaron sin mayoría. A partir de ahora tendrán la difícil tarea de recomponer sus filas; al menos por los próximos meses. Seguramente la cercanía de las internas partidarias y la necesidad de algunos senadores de seguir manteniendo espacios podría beneficiarlos, pero todo dependerá de las movidas del Gobierno.

    La intención del Ejecutivo no necesariamente es poner a un colorado oficialista en la presidencia del Senado. El objetivo es evitar que los adversarios se queden de vuelta con el cargo y utilicen ese espacio para crecer políticamente golpeando al Ejecutivo. Vienen dos años de pura contienda partidaria, donde las necesidades políticas marcarán la gestión de los tres poderes del Estado.

    En medio de esta vorágine política, el Congreso sancionó la extensión por 30 años la concesión de la Ruta VII a la empresa Tape Porã. Una decisión que viola abiertamente leyes que regulan este tipo de contratos y que disponen que ninguna concesión puede renovarse sin hacer una licitación. Además involucra a una empresa ligada al padre de un secretario de Estado. El texto del proyecto de ley pasó al Ejecutivo para su promulgación.

    Es una dura prueba para el Gobierno que necesita imperiosamente llevar adelante obras públicas, algo que hasta ahora, a pesar de los millones de dólares a disposición, son esquivas; pero aprobar la norma se contrapone con el discurso oficial de transparencia y podría tirar abajo toda la buena imagen que intentó construir en estos años.

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    Publicado por Anónimo | 4 junio, 2016, 6:43 am
  15. Cae el telón, no un bastión

    Es notable como los intolerantes, cuando tienen la sartén por el mango, atropellan sin dudar todo lo que encuentran a su paso, pero cuando no, son incapaces de asumir su condición de minoría y pegan el grito al cielo si sus puntos de vista no son tenidos en cuenta. Generalmente adornan sus discursos con frases grandilocuentes sobre las bondades de la pluralidad y la reivindicación del sistema republicano, que los niegan abiertamente con sus prácticas tan alejadas del respeto a la institucionalidad como el Sol de Marte. Fueron “mayoría” por casi un año. Se pasaron obstruyendo todos los proyectos del Ejecutivo que pudieron, incluyendo el inicio de la necesaria reforma del Poder Judicial, impensable sin el juicio y destitución de varios ministros de la Corte, que boicotearon todo el tiempo. Y ahora, que los números le son desfavorables, que de G-15 se redujeron a G…5, que no pudieron impedir la duplicación de las rutas 2 y 7 y que muy probablemente queden fuera de la mesa directiva a partir de julio, proclaman a los cuatro vientos que “está a punto de caer el último bastión de la democracia”, que sería el Senado, cuando en realidad lo que está cayendo, junto con ellos, es el telón de una mala comedia de la que fueron sus principales actores.

    El autor de la pomposa frase referida “al último bastión” es Mario Abdo Benítez (h), presidente saliente del Senado y, en consecuencia, del Congreso. En su despedida no hace más que mostrar su desapego a la auténtica democracia, no a la que él profesa, defendiendo las “luces” que supuestamente brillaron en el país durante la tenebrosa dictadura de Stroessner, de la cual nunca tomó distancia.

    Ayer concluyó el tercer acto de una parodia que no podía tener otro final más que la sanción de la ley que para la concreción de una obra de gran envergadura, como la duplicación de la ruta internacional más importante del país, que al ejecutarse por medio de una Alianza Público-Privada (APP), no representará costo alguno para el Estado paraguayo.

    La Ley ya debió quedar sancionada en la sesión ordinaria del jueves de la semana anterior. Pero entonces, con la sartén por el mango, los intolerantes decidieron pisotear el reglamento de la Cámara y convocaron a una extraordinaria en la que dejaron sin efecto lo que se había resuelto. Acto seguido, incorporaron nuevamente el estudio del tema en la agenda de la sesión de ayer, pero como no tuvieron el quórum necesario para consumar la maniobra, la normativa recibió sanción “ficta”.

    Claro, además de atribuir el hecho a que “todo el mundo se vendió al oro de Cartes”, ahora vienen con el cuento de que eso, así como la próxima asunción de una mesa directiva de otro signo político, hace parte de la estrategia oficialista para “copar todas las instituciones del Estado”. O sea, cuando la mayoría no le es afín, el resultado es que ésta “copó” el organismo en cuestión; algo que no resiste la menor lógica.

    Los demócratas de verdad no se hacen mala sangre cuando están en minoría. Es parte de las reglas del juego, en democracia, que les da la posibilidad de volver a ser mayoría en el futuro, si hicieran bien las cosas, no descalificando y lanzando todo tipo de improperios contra los que tuvieron la capacidad de derrotarlos en los marcos del Estado de Derecho.

    Marito debiera comprender que no cae un bastión de la democracia, sino el bastión del otrora G-15. Y debería sacar las conclusiones políticas, no emocionales, ni infantiles, del porqué.

    http://www.adndigital.com.py/cae-el-telon-no-un-bastion/

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    Publicado por Anónimo | 3 junio, 2016, 8:46 am
  16. Caperucita Roja

    Posteado por Edwin Britez el 01-06-2016

    Había una vez una niña a quien la madre le hizo una capa, y aunque la misma era de colores rojo y azul, fue conocida en la comunidad como caperucita roja. Un día la madre decide encomendarle una tarea: llevar algo a la abuelita enferma para lo cual le recomendó lo siguiente: tienes que ir por el rumbo que ya conoces y no por la ruta VII porque es peligroso y puede que te encuentres con el lobo feroz.

    La niña desobedeció el consejo de la madre y fue igual por la ruta VII viendo todo tipo de maravillas a su paso, pero en un descuido le apareció el lobo feroz y le dijo: “¿Adónde va esta bella niña?”. “A la casa de mi abuela”, respondió Caperucita. Y el lobo desapareció del lugar.

    Mientras la niña continuaba transitando maravillada por la ruta VII, el lobo llegó a destino y luego de adormecer a la abuela, se vestió con sus ropas y se sentó en la barra a esperar que Caperucita llegara a la sesión. Esta llegó y se extrañó de ver a su abuelita muy cambiada.

    Abuelita -le dijo- ¿por qué tienes los ojos muy grandes?. Para ver cómo se vota, le dijo.

    Abuelita, ¿por qué tiene las orejas muy grandes?. Para hacer escuchas y adivinar cómo van a votar.

    Abuelita, ¿por qué tienes la chequera muy abultada? Le preguntó. Para comprarte mejor, respondió el lobo y se avalanzó sobre ella.

    Pero felizmente en los alrededores había suficiente cámaras de circuito cerrado y un leñador retirado de la caminera pudo percatarse e impidió que la abuelita y Caperucita fueran tragadas por el Lobo Feroz. El leñador espantó al lobo y le dijo, la próxima vez que quieras alimento, ve y participa de una licitación. Aclaración: versiones modernas del cuento dicen que caperucita se dividió y una parte de ella hizo un arreglo con el lobo feroz antes de que llegara el leñador.

    Referencias: Donde dice la madre, léase Constitución. Donde dice caperucita roja, léase Senadores. Donde dice lobo feroz, léase Tapé Porá SA. Donde dice leñador retirado de la Caminera, léase Petta.

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    Publicado por Anónimo | 2 junio, 2016, 5:27 am
  17. “Cambalache” senatorial

    Muchas veces creemos haber agotado por completo nuestra capacidad de sorprendernos, pero luego la realidad se encarga de demostrarnos cuán equivocados estábamos. Es lo que pasa muy frecuentemente con el Congreso, como lo confirmó nuevamente ayer la Cámara de Senadores. En una inusual sesión extraordinaria, convocada para reconsiderar la ley de duplicación de las rutas 2 y 7 que la misma instancia había sancionado el día antes, y ya sin quorum, un grupo de legisladores decidió volver a tratar el tema en la sesión ordinaria de este jueves. La medida, que además de insólita es de muy dudosa legalidad, no tendría mayores efectos, pues si para dicha ocasión no están presentes en la sala la cantidad de senadores que exige el reglamento, como todo indica que sucederá, la normativa quedaría aprobada vía “sanción ficta”. Sin embargo, estas prácticas demuestran que a nuestros políticos, o a buena parte de ellos, les importa poco o nada el respeto a la institucionalidad, a la que degradan constantemente.

    La legislación en cuestión fue aprobada el pasado lunes en el mismo sentido de lo resuelto antes por Diputados, es decir sin modificaciones. En la oportunidad, el senador Carlos Filizzola, en el ejercicio de la presidencia, repitió varias veces la votación, para contabilizar correctamente la forma en que se expidieron sus colegas. En todas ellas se constató una mayoría de 20 votos, contra 18 que proponían aceptar el proyecto de la Cámara Baja con modificaciones. Y allí tendría que haber acabado todo, pero como se trata del Senado, de este Senado, no fue así.

    Como si se tratara de una comedia teatral, aunque con malos actores, en el primer acto la minoría cayó repentinamente en la cuenta que no era tal y que en lugar de 18 en realidad fueron 20, que todas las veces se contó mal y que, por tanto, la votación fue nula. Seguidamente, para embarrar más la cancha, los senadores Eduardo Petta, de la “multibancada”, y Juan Carlos Galaverna, de la disidencia colorada, salieron a afirmar que en realidad no hubo mayoría para sancionar la Ley, ya que para eso se requerían 21 votos y no 20, lo cual significaría que “no corrió” la versión de Diputados.

    Pero hubo un segundo acto, bastante grotesco por cierto. Este se produjo en la sesión extraordinaria de la víspera, cuando el sector oficialista anunció que se retiraba de la Sala, quedando así sin quorum. A pesar de ello, el presidente del Senado, “Marito” Abdo Benítez, puso rápidamente a votación la moción de dejar sin efecto la aprobación de la norma, tal como fue resuelto.

    La burda maniobra fue reconocida por el propio Galaverna en entrevista mantenida con Mina Feliciángeli, en radio1000. El senador reconoció que cuando el oficialismo estaba abandonando el pleno y él hacía uso de la palabra, notó que su colega Enrique Bacchetta se acercó a la presidencia para que apure la votación, razón por la cual prefirió guardar silencio de manera a que la misma se lleve a la práctica, para retomar inmediatamente su alocución.

    Galaverna presentó el hecho como una “picardía”, fruto de la “viveza criolla” de quienes aprovecharon la “lentitud” de sus adversarios. Pero en realidad no fue más que un acto ilegal protagonizado por vulgares patoteros, quienes a lo largo de este periodo legislativo –que felizmente se está despidiendo- convirtieron al Senado de la Nación en un simple cambalache político.

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    Publicado por Anónimo | 1 junio, 2016, 9:42 am
  18. “Tapé Porá” y el desarrollo
    29 May 2016

    Por Enrique Vargas Peña

    La élite paraguaya, entendiendo el concepto “élite” como “minoría rectora”, desde que apoyó el establecimiento de la dictadura de José Gaspar Rodríguez de Francia en el Congreso del 4 de octubre de 1814 hasta hoy, cuando sostiene que la construcción de rutas justifica violar las leyes, como lo aclararon la senadora Blanca Fonseca en la 9.70 AM ((http://bit.ly/1TGx6R5) o el senador Luis Alberto Wagner en la 6.50 AM (http://bit.ly/1XFbAih), cree tozudamente que una sociedad puede desarrollarse mediante atajos que encuentra fuera del Estado de Derecho.

    La evidencia fáctica muestra que el recurrente resultado de esa creencia de la élite paraguaya es el atraso, la corrupción y la dictadura y nunca el desarrollo, y llama poderosamente la atención que sus actuales integrantes, supuestamente mejor educados y mejor preparados que el resto de nosotros, insista machaconamente en un camino que lleva fracasando doscientos largos años. Ni siquiera leyeron el “best seller” “Por qué fracasan las naciones” (http://amzn.to/1XXBaPL).

    Nuestros índices muestran la magnitud del fracaso de esa receta de la élite paraguaya: Somos la sociedad con peor moral pública, peor educación, con peor salud, con peores servicios y, llamativa y especialmente, con peor infraestructura del Continente americano, con la lamentable excepción de Haití.

    La excusa de la necesidad de acelerar la construcción de infraestructura vial es el más reciente capítulo de esta larga y trágica actuación de la élite paraguaya.

    En el 2015, un grupo multipartidario de diputados presentó un proyecto de ley que “Autoriza la modificación y ampliación del contrato para la ejecución de trabajos relativos a la realización del proyecto definitivo, verificación de los proyectos existentes, duplicación, recuperación, adecuación, conservación, operación y explotación bajo concesión, del tramo de la ruta no. 7 -Doctor José Gaspar Rodríguez de Francia- situado entre el empalme con la supercarretera a Itapúa (km. 323), y el km. 183 (Caaguazú) de la misma ruta, firmado entre el ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC), en los términos de la Ley N° 1.018 de fecha 13 de diciembre de 1996, y la concesionaria consorcio Tapé Porá SA”.

    Muchos legisladores, de los partidos Colorado y Liberal, que apoyan este proyecto, sostienen que el mismo es una nueva concesión a Tapé Porá, puesto que se refiere a la duplicación del tramo comprendido entre el km 183 hasta el km 323, mientras que la concesión original era desde el centro de Ciudad del Este hasta el km 323, por lo que lo que aprobaron ahora no extiende, según ellos, la primera concesión.

    Pero eso que sostienen los mencionados diputados y senadores no es lo que dice el acápite del proyecto que aprobaron, que claramente habla de “modificación y ampliación del contrato… firmado entre el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC), en los términos de la Ley N° 1.018 de fecha 13 de diciembre de 1996, y la concesionaria consorcio Tapé Porá SA”

    Supongamos, sin embargo, que sí es una nueva concesión.

    El Artículo 202 de nuestra Constitución deposita en el Congreso la atribución de “autorizar, por tiempo determinado, concesiones para la explotación de servicios públicos nacionales, multinacionales o de bienes del Estado…” -inciso 11-.

    Pero para ejercer el inciso 11 del Artículo 202 de nuestra Constitución, el Congreso está obligado a obrar de acuerdo con nuestra Constitución y, por tanto, no puede ejercer su mencionada atribución, como indica el dictamen realizado por José Casañas Levi, fuera de las regulaciones de los Artículos 46, 47 y 107 de nuestra Carta Magna, que garantizan la igualdad de oportunidades para todos los interesados en una concesión.

    Al efecto de cumplir esas exigencias para el ejercicio de sus atribuciones, el Congreso dictó una ley marco, reguladora de todos los procesos de concesión, la 1.618, vigente desde el 2 de noviembre de 2000, “De Concesiones de Obras y Servicios Públicos”, que en su artículo 5 dispone que “ El otorgamiento de toda concesión de servicio público, precedida o no por la ejecución de obra pública, se hará obligatoriamente por licitación pública, de conformidad con lo establecido en la presente ley y su reglamentación. Podrán participar en las licitaciones que trata la presente ley, todas las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras que cumplan con los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones”.

    Es decir, si el proyecto que beneficia a “Tapé Porá” es una nueva concesión como sostienen, violaron el artículo 5 de la Ley 1.618 y, por tanto, los artículos 46, 47 y 107 de nuestra Constitución. Si el proyecto es una nueva concesión, debió haber obligatoriamente una licitación pública, pero el proyecto no la convoca ni realiza.

    Pero si estamos por el acápite del proyecto que beneficia a “Tapé Porá” transcripto más arriba, el mismo no es una nueva concesión sino “una modificación y ampliación del contrato…”, en cuyo caso viola el artículo 20 de la Ley 1.618, que dice que “cuanto menos dos años antes del fin del plazo de concesión de obra o servicio público, el concedente deberá decidir entre asumir el servicio por sí o volver a licitar su concesión. En ningún caso se podrá prorrogar el contrato de concesión en favor del mismo concesionario, u otorgarlo directamente en favor de otro, sin cumplirse el requisito previo de la licitación pública, abierta a todos los oferentes. La correspondiente licitación deberá efectuarse con la debida anticipación para asegurar la continuidad del servicio”.

    No sé qué parte de la frase “En ningún caso se podrá prorrogar el contrato de concesión en favor del mismo concesionario, u otorgarlo directamente en favor de otro, sin cumplirse el requisito previo de la licitación pública, abierta a todos los oferentes” no entienden los diputados y senadores que votaron a favor del proyecto que beneficia a “Tapé Porá”, porque parece muy claro el texto de la Ley 1.618.

    Me parece evidente que todos los senadores y diputados que votaron a favor del proyecto que ahora beneficia a “Tapé Porá” estaban obligados a conocer la Ley 1.618, pues todos ellos juraron, al asumir sus cargos “desempeñarse debidamente en el cargo y de obrar de conformidad con lo que prescribe esta Constitución”.

    Estos diputados y senadores que aprobaron el proyecto que beneficia a “Tapé Porá” violando los textos claros e indubitables de la Ley 1.618 y de nuestra Constitución argumentan que como la concesión tienen costo cero para el Estado, se justifican las violaciones que cometieron, es decir, la construcción de rutas justifica para ellos la destrucción del Estado de Derecho, repitiendo la conducta de la élite desde el establecimiento de la dictadura de Rodríguez de Francia, definida en el discurso con el que José Félix Estigarribia inauguró la noche autoritaria que se abatió sobre nosotros hasta el 3 de febrero de 1989 (http://bit.ly/24b7oH1).

    El resultado no será diferente. Tendremos una ruta, pero al precio de destruir el Estado de Derecho, el camino verdadero y probado del desarrollo.

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    Publicado por Anónimo | 30 mayo, 2016, 7:40 am

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