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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

Incontenible podredumbre política

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia Sindulfo Blanco, Miguel Óscar Bajac y César Garay tienen la espada de Damocles sobre la cabeza, ya que podrían ser destituidos mediante el juicio político promovido por los diputados en diciembre de 2014, siempre que los senadores, en grotesca componenda, acuerden a qué agrupaciones políticas van a corresponder las eventuales vacancias. Como aún no se ha afinado el contubernio, los tres miembros de la máxima instancia judicial seguirán sometidos a lo que el asesor jurídico de la Presidencia de la República, Sergio Godoy, y el titular de la Cámara Baja, Hugo Velázquez, llegaron a calificar de “extorsión”, y el diputado Óscar Tuma, de vulgar “negocio” de algunos senadores, sin que ninguno de estos se tomara la molestia de indignarse siquiera.

Las víctimas de la presión están siendo el Gobierno, partidario de la destitución de los tres ministros, así como cada uno de los mencionados magistrados, que están en un estado de tensión permanente y más vulnerables que nunca a las presiones políticas.

Lo más inquietante de estas conjeturas es que afectan a quienes administran justicia, dado que pueden ser inducidos al prevaricato o al prebendarismo en beneficio de ciertos políticos, en especial de senadores y diputados. No sería raro, por lo tanto, que el ministro Sindulfo Blanco –de cuyo caso empezó a ocuparse la Cámara Alta recién el último 6 de abril, sin que hasta la fecha haya sentenciado porque en dos ocasiones “faltó” el quorum necesario– esté siendo sometido a serias exigencias. Es comprensible, entonces, que su abogado, Jorge Bogarín, haya anunciado que pedirá el archivamiento del juicio porque, de acuerdo a pactos internacionales, todo ciudadano tendría derecho a ser escuchado dentro de un plazo razonable. Sin embargo, el ministro Blanco no está detenido, ni enfrenta una acusación penal, ni está a la espera de que se definan sus derechos y obligaciones, ya que estamos ante un juicio político, cuya duración máxima no está determinada en la Constitución ni en ninguna ley reglamentaria.

Dado que el Senado carece hoy de la mayoría absoluta de dos tercios de votos requerida para destituir al enjuiciado, quienes buscan su alejamiento estarían a la espera de las elecciones internas del PLRA, previstas para el 26 de junio, confiados en que si ganara cierto sector, lograrían los votos liberales que les faltan para conseguir la mayoría calificada que se requiere. Por su parte, los senadores del Partido Democrático Popular (PDP) y del Frente Guasu están dispuestos a votar incluso por la destitución de los ministros Bajac y Garay, siempre que los diputados acusen también a sus colegas Gladys Bareiro de Módica, Raúl Torres Kirmser, Antonio Fretes y Alicia Pucheta de Ortega. Es decir, para ellos es irrelevante que un ministro sea o no culpable de los cargos que se le imputan, tanto que la senadora Desirée Masi (PDP) llegó a revelar que su partido solo cuestiona a los ministros Fretes y Bareiro de Módica, pero de todos modos exige que también sean acusados otros colegas suyos para votar a favor de la destitución de Sindulfo Blanco.

La evidente amoralidad de la exigencia apunta a que se aumente el número de vacancias en la Corte para que el “cuoteo” posterior para la repartija sea más amplio y el Presidente de la República no inicie el copamiento de la cúpula del Poder Judicial imponiendo a un candidato en reemplazo del primer destituido. Más aún, es muy probable que se pretenda extender aún más el marco de las negociaciones, para incluir en ellas la Contraloría General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Defensoría del Pueblo.

Al margen de estas especulaciones, nada descabelladas, cabe subrayar que lo menos importante para muchos senadores es que un ministro de la Corte ejerza bien o mal sus funciones: lo que les interesa sobremanera es obtener una tajada en la repartija de altos cargos de origen constitucional.

Entretanto, la indefinición del juicio político permite que continúe el marco propicio para la extorsión contra el Gobierno, contra los ministros Blanco, Bajac y Garay y, por qué no, contra los demás ministros, cuyos nombres también han ingresado en el mercado de las negociaciones políticas.

Urge que se ponga fin a este espectáculo mafioso, que enloda aún más a nuestra ya desprestigiada justicia y convierte a los ministros de la Corte Suprema en rehenes y monedas de cambio de las ambiciones políticas.

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/incontenible-podredumbre-politica-1481668.html

 

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

11 comentarios en “Incontenible podredumbre política

  1. La ley versus decisión política

    Quisiera saber en qué libro jurídico, de que autoría, está eso que a menudo dicen sobre todo nuestras autoridades políticas: “Le dimos una salida o una solución política” a tal o cual situación, que exige o está dentro de un tratamiento legal, muchas veces está bien especificada en una ley la solución del caso; pero los políticos gobernantes, por “a o b” motivo salen del cauce legal.

    Una “decisión política no puede contra la ley”, esta toma de decisión es una falacia cometida en contra de un ordenamiento jurídico. Generalmente llegan a esta decisión nuestros “empleados públicos” (para no mencionar sus rangos jerárquicos), anteponiendo intereses personales o de un pequeño sector económico o político (partidario). Reitero, es un gran engaño y estafa en contra de los intereses del pueblo. Es una decisión mediocre de personas incapaces o sinvergüenzas que tuercen el objeto y la objetividad de una ley. Por qué, si encuentran alguna incongruencia en la misma, no utilizan la figura de “la inconstitucionalidad”, solicitando los que desean conseguir, y así darle una “decisión legal” y no “política”, al tema en cuestión; o que modifiquen la ley en el artículo correspondiente ante que ser violada. Repito lo que ya dije en una publicación anterior, “los mismos legisladores no cumplen las leyes que promulgaron y sancionaron”, en esto habría “prevaricato alevoso y premeditado”, que es más grave aún, porqué como se dice en la jerga de los profesionales del derecho, es no solo “doloso”, sino “dolo directo”. Se comete a sabiendas que es incorrecto, malicioso y perjudicial para los protegidos y sujetos principales de una ley.

    Mientras se siga imponiendo una “decisión Política” sobre la ley, utilizando el paño que oculta el rostro de la justicia para cometer actos jurídicos y políticos espurios e ilegales, no llegaremos a tener el “Paraguay soñado”.

    Yo creo que ya es hora que los principales de los 3 poderes del estado se arrimen a una mesa de dialogo y decidan de una vez por toda ponerse a trabajar en forma coordinada, sin necesidad de inmiscuirse uno en el campo del otro, hasta el ciudadano común sabe que legalmente son independientes y autónomos; sin embargo pueden en forma conjunta articular los mejores proyectos que al convertirlos en leyes conseguirían el bienestar del pueblo paraguayo; se disminuiría el límite de la pobreza extrema, inclusive la media; se mejoraría la educación; la salud; habría más fuente de trabajo y los gobernantes estarían más liberados de las preocupaciones, esto si es que las tienen, porque a veces demuestran que les conviene los problemas.

    Heraldo Rojas

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    Publicado por Anónimo | 28 septiembre, 2016, 5:21 am
  2. Los políticos tienen de rehén a la Justicia

    La convención del PLRA decidió que los senadores que pertenecen a ese partido se opongan a la destitución de los ministros de la Corte Suprema de Justicia Sindulfo Blanco, Miguel Óscar Bajac y César Garay, acusados por la Cámara Baja, el 10 de diciembre de 2014, de mal desempeño de funciones. Si los senadores obedecieran el mandato, no se alcanzaría la mayoría absoluta de dos tercios que se requiere para que el juicio político culmine con la condena. La decisión pondría así fin al chantaje al que durante tanto tiempo estuvieron sometidos los ministros y al que aludió una vez el presidente de la Cámara acusadora, Hugo Velázquez.

    En efecto, la prolongada indefinición del juicio político exponía a los magistrados a fuertes presiones para obtener algún fallo de favor, en beneficio de los propios senadores, de sus allegados o de sus correligionarios. Pero es notorio que la decisión institucional de los liberales obedece más a motivos políticos que a un interés en sanear nuestra putrefacta Justicia.

    En efecto, es curioso que el tema haya sido tratado en un ámbito ajeno al Congreso, y que se haya emitido al respecto una resolución que omitió cualquier alusión a la inocencia o la culpabilidad de los enjuiciados políticamente. Ella se fundó en que, según el diputado y rector de la Universidad Nacional de Pilar, Víctor Ríos, hay que encarar una “reforma integral y completa” del Poder Judicial, que incluya la remoción de los nueve ministros de la Corte y de los tres miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). A criterio de los dirigentes liberales, la remoción de los ministros Blanco, Bajac y Garay solo serviría para que el Presidente de la República cope la máxima autoridad judicial con los reemplazantes.

    Una vez más, el análisis de la culpabilidad o la inocencia de los ministros de la Corte indiciados de mal desempeño, escapa a toda consideración jurídica. La razón por la que hasta ahora no se ha tomado ninguna decisión sobre los mismos es que no se llegó a ningún acuerdo entre todos los partidos para la consabida repartija de cargos, lo que desde luego también se buscaría en el improbable caso de que se realizara la vasta recomposición pretextada por el PLRA para desestimar la acusación formulada por una gran mayoría de diputados, incluidos veinte legisladores de ese partido.

    El “cuoteo” tiene que ver con el control que los políticos ejercen sobre los magistrados, dado que ni la honorabilidad ni la idoneidad son los factores decisivos a la hora de que el Senado designe a los ministros de la Corte y a los miembros del TSJE, con acuerdo del presidente de República. Lo determinante es la filiación partidaria, y esto lo sabe el Consejo de la Magistratura, integrado también por un diputado y un senador, que elabora las ternas de candidatos. Quien sea nombrado debe ser consciente de que sus méritos y aptitudes pesaron mucho menos que su carnet partidario y de que, por lo tanto, debe retribuir oportunamente el favor recibido de los políticos que negociaron la composición de los referidos órganos jurisdiccionales. Algo similar ocurre con la designación de los camaristas, de los jueces y de los agentes fiscales, con el agregado de que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que cuenta entre sus miembros con dos diputados y dos senadores, puede actuar de oficio para castigar a aquellos que se atrevan a afectar los intereses de los políticos y de sus allegados.

    De hecho, el Ministerio Público y la magistratura están sometidos al Congreso y al Poder Ejecutivo, pese a que el art. 3º de la Constitución habla del equilibrio y del control recíproco entre los Poderes del Estado. Conste que el diputado Ríos no se limitó a proclamar la necesidad de la “reforma integral y completa” del Poder Judicial, sino que también incluyó en el futuro cuoteo al Ministerio Público. Precisamente, el mandato del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, vence en noviembre próximo, de modo que su apetecible cargo puede ser una de las tantas monedas de cambio, entre las que también figuran la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República. Entretanto, los ministros Blanco, Bajac y Garay pueden seguir torciendo la ley y la moral, gracias a que los convencionales liberales y los senadores que les acaten, prefieren no arriesgar el espacio de poder que tienen en la Corte. Acaso los líderes del PLRA también consideraron que los tres ministros podrían brindar, en señal de agradecimiento, cierta protección judicial al senador procesado Enzo Cardozo y al exministro imputado Salyn Buzarquis, lo mismo que a otros dirigentes que hubieran cometido hechos de corrupción.

    La “partidocracia” socava el Estado de derecho en la medida en que pervierte su funcionamiento de acuerdo a los intereses políticos. La convención del PLRA fue una expresión cabal de la aberrante influencia político-partidaria en las instituciones republicanas, algo que también practican los demás partidos.

    Los ciudadanos y las ciudadanas –sobre todo los jóvenes– deben tomar conciencia de esta viciosa manera de manejar la política y la Justicia, y deben comenzar a salir a las calles a exigir que los dirigentes de todos los partidos dejen de tener de rehenes a los integrantes de la Justicia y del Ministerio Público.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/los-politicos-tienen-de-rehen-a-la-justicia-1521978.html

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    Publicado por Anónimo | 27 septiembre, 2016, 7:31 am
  3. Manoseo de un recurso constitucional

    La forma como en el Parlamento y en general en el ámbito político se utiliza la figura del juicio político ha hecho que este recurso constitucional, que debería garantizar a la ciudadanía que quienes ocupan altos cargos serán castigados si no cumplen correctamente con su labor, se haya convertido en una mascarada que solo sirve para amedrentar a quienes molestan a los legisladores, o para proteger a esos que sirven a su conveniencia.

    En 3 años de mandato, los únicos juicios políticos que se hicieron correctamente fueron los que afectaron al entonces contralor general de la República, Óscar Velázquez, y a la subcontralora, Nancy Torreblanca. El procedimiento fue correcto, no hubo pérdidas de tiempo y si no hubo condena y separación del cargo fue simplemente porque ambos prefirieron renunciar antes de que se diera a conocer la sentencia.

    A partir de allí, todo fue show. A fines del 2014, la Cámara de Diputados consiguió la mayoría necesaria para formular la acusación en contra de 3 ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco, Óscar Bajac y César Garay Zuccolillo. Con esto debía iniciarse la anunciada reforma judicial. Pero luego de casi un año y medio, recién en abril de este año la Cámara Alta decidió iniciar el juzgamiento de uno de ellos, Blanco, pretendiendo que los juicios se hicieran por separado, con lo cual se dilatarían hasta el infinito.

    Antes de tomar esta decisión, varios legisladores fueron denunciados por utilizar el juicio político como una medida de presión y chantaje a los ministros, a fin de conseguir ventajas personales en los procesos que tienen en la Justicia Ordinaria. Recién luego de esta denuncia y pretendiendo taparla, iniciaron el proceso a Blanco. Pero como era de esperar, no pasó nada. La disidencia colorada y la izquierda no quieren enjuiciar a ninguno de los 3 ministros porque ellos o algún familiar tienen casos pendientes en el Poder Judicial y les conviene tener a los magistrados de su lado.

    Para ensuciar más la cancha, mientras se oponían al enjuiciamiento de estos 3, sectores de la oposición pedían el juzgamiento de otros 2 ministros, mostrando una incoherencia vergonzosa y vergonzante.

    Hasta hoy no hay sentencia en el caso Blanco y no se avizora en el panorama a mediano plazo que pudiera haber algún avance.

    A partir de allí, fueron varios los funcionarios amenazados con juicio político. Mucho se habló de que iban a juzgar a los 3 miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral –algo absolutamente necesario y urgente- sin que ningún parlamentario se haya animado a presentar oficialmente el pedido, hasta ahora.

    También fueron amenazados el fiscal general del Estado y varios ministros, uno de los cuales, el del Interior, es ahora la nueva víctima del chaque. Ayer nomás, en la Cámara de Diputados, un sector de la oposición presentó el pedido de juicio político a Francisco de Vargas, a quien se responsabiliza por el asesinato de 8 militares de la Fuerza de Tarea Conjunta, ocurrido hace 2 semanas. Dicen que el combate al EPP es un fracaso, y culpan de ello al secretario de Estado.

    No queda claro que es lo que pretenden conseguir los opositores con este pedido, puesto que resulta evidente que no tendrán la mayoría necesaria ni siquiera para iniciar el proceso con la aprobación del libelo acusatorio en la Cámara respectiva. Por lo tanto, otra vez el juicio político no servirá para nada más que para amenazar y pretender amedrentar a funcionarios del Gobierno cuando a algún legislador le molesta su actuación.

    Es indignante que una figura constitucional que debiera servir para castigar a quienes no cumplen con sus funciones y evitar que se resguarden en la impunidad, sea manoseada de esta manera. El juicio político ha dejado de ser un recurso válido para la República y se ha convertido en un chiste y motivo de burla por culpa, otra vez, de la irresponsabilidad de los legisladores.

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    Publicado por Anónimo | 18 septiembre, 2016, 6:19 am
  4. Quieren, pero no pueden…
    31 agosto, 2016

    Por tercera vez, los opositores encabezados por Desirée Masi no pudieron blanquear al ministro de la Corte Sindulfo Blanco y conseguir su impunidad. La decisión del oficialismo colorado de no permitir que continúe el juicio político hasta tanto no se consigan los 30 votos que se necesitan para condenarlo volvieron a pincharles el globo y sus ambiciones terminaron de bruces contra la pared.

    Desde que se recibió el libelo acusatorio de la Cámara de Diputados contra 3 ministros de la Corte, Blanco, Óscar Bajac y César Garay, quedó claro que de buenas a primeras faltaban 3 votos para lograr la cantidad necesaria para que sean condenados y separados de su cargo.

    El juicio político tiene un procedimiento diferente al ordinario, puesto que en éste, quienes tienen a su cargo el juzgamiento del acusado –los senadores- preopinan y negocian los resultados. Es por eso que ya antes de iniciado el proceso se conoce el resultado, porque la negociación es política.

    Así que desde el vamos se supo que la oposición no apoyaría el juicio a los ministros. Dijeron en su momento que no lo iban a hacer porque este acuerdo entre Horacio Cartes y Blas Llano –entonces presidente del Senado- no tenía otra intención de conformar una Corte Suprema a medida del jefe de Estado.

    Esto fue desmentido por ellos mismos hace unos meses, cuando un diputado del Partido Democrático Popular (propiedad de Masi y su marido, Rafael Filizzola) presentó un pedido de juicio político a otros 2 ministros, algo que solo puede ser fruto de una mentalidad alucinante, puesto que mientras que rechazaban el enjuiciamiento de unos, solicitaban el de otros.

    En realidad no querían el juicio político de ninguno; lo que pretendieron en todo momento fue bloquear cualquier posibilidad de enjuiciar a los ministros de la Corte embarrando la cancha de tal manera que fuera imposible continuar con el proceso que ya había terminado en Diputados y estaba en poder del Senado.

    Parece un absurdo ver cómo estos opositores, que toda la vida mantuvieron una actitud contraria no solo al Gobierno sino al Poder Judicial, al que denunciaron por corrupción y otros miles de delitos desde la dictadura hasta hace poco, ahora se hayan convertido en los paladines defensores de los ministros de la Corte. Pero esto es una prueba más de que la vida da vueltas y no hay nada que permanezca inmóvil, menos aún en política.

    Lo que ocurre es que estos señores fueron impolutos hasta que llegaron al poder. Una vez allí demostraron que eran tan venales y corruptos como esos a los que siempre criticaron. Por supuesto, el nombre que destaca como con luces de neón es el del marido de la Masi, el exministro del Interior de Fernando Lugo, Rafael Filizzola, quien está imputado por lesión de confianza y otros fuertes y graves delitos. Y como el expediente está en poder del ministro Garay y los demás pueden intervenir en algún momento, resulta fundamental que los integrantes de la Corte sepan a las claras que su impunidad se la deben al matrimonio Filizzola.

    Esos son los planes de esta gente, pero hasta ahora no pudieron concretarlos porque los colorados no lo han permitido. Ya quedó claro que mientras no se tengan los votos necesarios para condenar a Blanco y echarlo del cargo, no habrá juicio político. Aunque Desirée grite más fuerte que lo habitual.

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    Publicado por Anónimo | 4 septiembre, 2016, 4:24 pm
  5. Cambiando seis por media docena

    El Consejo de la Magistratura, un organismo hibrido, creado por la Constitución de 1992, con el propósito de sustraer de las influencias político-partidarias la designación de jueces y fiscales, cuyo nombramiento se encontraba – antes – en manos del Poder Ejecutivo.

    Desde la Constitución de 1870, que comenzó a delinear con claridad la división de los poderes, los miembros de la Corte Suprema, el Fiscal General y los demás integrantes del Poder Judicial, eran nombrados por el Poder Ejecutivo.

    El Art. 113 de la Constitución de 1870, el 84 de la Constitución de 1940 y el 180 de la Constitución de 1967, otorgaban al Presidente de la República la facultad de nombrar a magistrados, con la intervención del Senado o de la Corte Suprema de Justicia, según el caso.

    Desaciertos, abusos y desvíos en el ejercicio de dichas funciones, cometidos a través de años, impidieron la construcción de un Poder Judicial independiente, integrado por hombres probos y capaces, excepto contadas excepciones, en determinados periodos de tiempo.

    El Poder Judicial paraguayo se vio incapaz de resolver los conflictos jurídicos que se fueron planteando a través de su historia, y sus fallos y sentencias no han trascendido, ni han servido para la elaboración de una doctrina judicial que se proyecte al futuro.

    Con el advenimiento de un régimen de libertades públicas, posterior al derrocamiento de Stroessner, se supuso que la modificación del procedimiento de selección y nombramiento de magistrados resolvería el problema.

    Era –entonces- necesario diseñar un Poder Judicial “competente, independiente e imparcial”, y ello fue proclamado como Derecho garantizado por el Art. 16 de la nueva ley fundamental de la Nación.

    La fórmula empleada, escasa en sus términos -sin embargo- era rica en sus propósitos. Al decir que “…Toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales y jueces competentes…”, no se limitaba al aspecto jurídico-legal del término “competente”, entendido como el ámbito legal de atribuciones que corresponden a cada juez, sea por razones de materia, territorio, grado, turno, cuantía, conexidad, etc.

    Su significado era y es mucho más amplio. Refiere a la “Pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado” (Diccionario de la Lengua Española).

    A su vez, para hacer efectivo el derecho de todos los habitantes de la República a ser juzgados por jueces competentes, idóneos, aptos, se creyó era suficiente establecer un procedimiento de selección y nombramiento alejado de las influencias político-partidarias, que (se pensó) podría alcanzarse, con la creación del Consejo de la Magistratura, como órgano encargado de “…proponer las ternas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia, previa selección basada en la idoneidad, con consideración de méritos y aptitudes…” (Art. 264.1 de la CN), y aplicar el mismo procedimiento y criterio de selección y examen a los candidatos a ocupar cargos en las Magistraturas Inferiores y el Ministerio Público.

    Las dificultades se presentaron desde el principio, y la conformación del primer Poder Judicial generó conflictos que requirieron de la intervención de la anterior Corte Suprema de Justicia y la negociación de los más encumbrados exponentes de distintos partidos políticos.

    Se destrabaron las dificultades iniciales y se lograron acuerdos que permitieron la conformación de lo que –quizás- fue la mejor Corte Suprema de Justicia de la época democrática.

    Pero, no se resolvieron todos los problemas, pues faltaba aún integrar las Magistraturas Inferiores (Jueces y Fiscales), lo que llevó tiempo durante el cual, los retardatarios, los que no se resignaban a perder sus influencias y posiciones de privilegio, cambiaron de estrategia. Ocupar plaza en el Consejo de la Magistratura se convirtió en el objetivo.

    La elección de integrantes del Consejo se tiño con los colores de los partidos políticos, y el órgano técnico destinado a la selección de los mejores, fue desplazado por una simple oficina de empleos para promocionar a correligionarios, amigos, clientes políticos y afines.

    La derecho a ser juzgado por “…tribunales y jueces competentes, independientes e imparciales…” que garantiza el Art. 16 de la Constitución Nacional, quedó limitado a una mera expresión de deseo, y la “competencia” reclamada, hoy solo tiene la reducida connotación jurídica.

    Para repoblar el Poder Judicial con magistrados de cualidades excepcionales de honestidad, honorabilidad, valores morales, e intelectuales, pero sobre todo de acrisolada independencia personal, debemos pensar en cambiar nuestros criterios de elección de integrantes del Consejo de la Magistratura, o sencillamente buscar otros mecanismos de selección y nombramiento de jueces y fiscales, recurriendo –inclusive- a la elección popular, como en otros sistemas republicanos. De lo contrario, seguiremos siendo espectadores de “Juicios Políticos” cuyo único objetivo es generar vacancias para permitir la incorporación de leales, previo cumplimiento del “rito” de una selección, vacía de contenido y alejada del verdadero propósito que la norma constitucional le ha reservado. De lo contrario, seguiremos cambiando seis, por media docena.

    Por: Abog. Jorge Rubén Vasconcellos

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    Publicado por Anónimo | 4 septiembre, 2016, 4:24 pm
  6. Las chicanas judiciales van en contra de la Justicia

    Las chicanas –o abusar de los incidentes procesales que retrasan los procedimientos judiciales– son toda una institución en nuestro país. Hace unos meses, el Ministerio Público había solicitado al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia que abriera una investigación sobre tres abogados que dilataban los procesos del caso Tribunal Superior de Justicia Electoral. Ahora, por fin, el Consejo de Superintendencia abrió una causa disciplinaria contra tres profesionales denunciados por las chicanas en el marco de la causa a Alberto Ramírez Zambonini y presuntos planilleros del TSJE, lo cual es un importante avance.

    La Corte Suprema de Justicia abrió un proceso administrativo a tres abogados denunciados por la Fiscalía, por supuestamente trabar con chicanas la investigación al ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

    Los abogados son: Osvaldo Bittar, José Domingo Almada y Fátima Jacqueline Méndez Báez, y fueron denunciados ante el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema en noviembre del año pasado por el fiscal general del Estado porque “buscaron afanosamente, por todos los medios posibles, entorpecer la actividad investigativa”.

    De acuerdo con los antecedentes, a pocas horas de que la Fiscalía abriera una investigación a los presuntos planilleros del TSJE –la investigación periodística fue iniciada por ÚH– los abogados Almada y Bittar, como patrocinantes de las investigadas Clara Haydée Silveira de Radice, su hermana Gloria y su madre, Ana Arza, recusaron a un total de 14 fiscales en menos de 48 horas, por su supuesta falta de objetividad. Después de ese recurso, una vez que la recusación fue rechazada por el fiscal general, la abogada Fátima Méndez impugnó la resolución ante la Sala Penal de la Corte Suprema. Meses después, la impugnación también fue rechazada.

    Desde octubre del pasado año, Última Hora vino publicando una investigación sobre irregularidades en el Tribunal Superior Electoral, por presencia de presuntos planilleros, salarios privilegiados para el círculo de amigos y familiares de un cercano amigo del ministro Ramírez Zambonini, y otras denuncias más.

    La Fiscalía General procesó al ministro Ramírez Zambonini, así como a otros funcionarios de la institución: Clara Haydée Silveira Arza, María Gloria Silveira Arza, Ana Catalina Arza y Luis María López Benítez, por los delitos de cobro indebido de honorarios y uso de certificado de méritos y servicios de contenido falso. También imputó a Mayra Abdo Benítez, por cobro indebido de honorarios; Modesto Núñez, Víctor Báez Alfonso, María Isabel Quintana Ríos y Manuel Radice Zárate, quienes son indagados por los delitos de cobro indebido de honorarios y uso de certificado de méritos y servicios de contenido falso. En el mismo proceso fueron incluidos la ex diputada de Avanza País, Karina Rodríguez, y su asesor español en la Cámara de Diputados, Lino Xavier Valencia.

    La decisión de la Superintendencia de la Corte Suprema es un atisbo de esperanza en medio de la maraña de chicanerías con que los abogados de los procesados por diversos casos de presunta corrupción marean a la Justicia.

    En el caso TSJE no es el único en el que –por el momento– viene ganando la impunidad. Pero la Corte Suprema de Justicia puede darle al país un ejemplo que haga posible que los casos no queden en el tan impopular oparei.

    El abuso de los recursos procesales tiene el exclusivo objetivo de dilatar o extinguir juicios, y mientras eso siga sucediendo, en el Paraguay seguirán triunfando la impunidad y la injusticia.

    http://www.ultimahora.com/las-chicanas-judiciales-van-contra-la-justicia-n998282.html

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    Publicado por Anónimo | 20 junio, 2016, 11:29 am
  7. Urge desalojar mercaderes a latigazos

    Si hiciéramos un inventario de los hechos negativos que se registran en nuestro sistema judicial, posiblemente se nos escaparían muchos de ellos, por una razón muy sencilla: la rapidez con que se suceden es tal, que el siguiente hace que el anterior pase a segundo plano y – muchas veces – al olvido.

    Del mismo modo, los órganos y funcionarios salpicados o involucrados en estos hechos son tan diversos, que en la evaluación comparativa, resulta muy difícil determinar cuál de ellos marcha peor. Si es la Corte Suprema, son los Tribunales de Apelación, los Jueces Inferiores, o el Ministerio Público, aunque tampoco debemos excluir al Consejo de la Magistratura, y al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

    Tampoco resulta fácil la tarea de procurar identificar las causas que expliquen, por lo menos, desde el punto de vista formal, la gran cantidad de irregularidades, ilicitudes e inmoralidades que, de modo extendido y generalizado se registran cotidianamente en la Administración de Justicia.

    En efecto, una visión de conjunto, una fotografía panorámica del sistema judicial actual, refleja a Ministros de Corte salpicados por graves hechos de corrupción, e inclusive delitos, en pleno ejercicio de sus funciones, sin expectativas serias que en el futuro próximo pudieran producirse destituciones.

    Los protagonistas de las irregularidades, ilicitudes e inmoralidades, siguen en el ejercicio de sus cargos, gozando de todos sus privilegios, sin que se pudiera avizorar – siquiera – la imposición de castigos, aun los más leves.

    Y, si el más alto Tribunal, el que ejerce la última instancia en el sistema judicial, el que cumple la función de “superintendente” de los Tribunales y Juzgados Inferiores, incurre en actos como los señalados, pierde la vergüenza, pierde también autoridad moral para exigir una conducta distinta a los demás integrantes del sistema.

    La esperanza de un futuro distinto, de una administración de justicia saneada, resulta – apenas – una ilusión inalcanzable, en gran medida, gracias a un Ministerio Público que se encuentra inmerso en los mismos vicios y las mismas prácticas.

    Una Fiscalía, que organiza campañas publicitarias promoviendo el autoelogio de sus responsables, repartiendo “donaciones” que no son más que el producto del chantaje y la extorsión a la que someten a indefensos ciudadanos por supuestas o pretendidas conductas ilícitas, mientras se muestran complacientes, condescendientes y hasta cómplices encubridores de los poderosos.

    Para completar el cuadro, el Consejo de la Magistratura, sigue promoviendo a los amigos, compadres, correligionarios, compañeros de fiesta, amantes, integrantes de hermandades o sectas religiosas, quedando al Jurado de Enjuiciamiento la labor de proteger a los “elegidos”, y castigar a aquellos pocos que después de su nombramiento pretenden ejercer sus funciones con algún margen de independencia o atisbo de honestidad.

    Si aplicáramos aquella frase bíblica: “por sus frutos los conoceréis”, para evaluar el resultado de la labor del Consejo de la Magistratura, no debiéramos detenernos en la revisión formal de los procesos aplicados en los concursos, sino en la calidad de los ternados, y sobre todo en el desempeño de los que son nombrados para ejercer funciones en el Poder Judicial y el Ministerio Público.

    Si utilizáramos el mismo criterio para el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el resultado no sería distinto, pues encontraríamos algunas “absoluciones” que resultarían inexplicables desde la perspectiva de la vigencia del derecho y los valores morales, frente a “condenas” que sugieren – nada más – que se tratan de la consecuencia lógica del castigo destinado a servir de ejemplo a aquellos que pretendan salirse del complejo entramado de intereses, amiguismo y complicidad.

    En el medio de estas dos instituciones, el Ministerio Público investiga, imputa y procesa a indefensos ciudadanos, muchos de ellos – inclusive – inocentes, con la colaboración eficaz de jueces, que toleran excesos y convalidan injusticias. Porque después de todo, los Tribunales de Apelación confirmarán sus desaciertos y la Corte Suprema cerrará definitivamente el círculo que impide el acceso a la Justicia y la Tutela Judicial efectiva.

    Es difícil establecer si el problema es del método, del sistema, de los órganos o de las personas, pero el resultado será siempre el mismo, condenas o absoluciones conforme la “cara del cliente”.

    Joseph K., protagonista de la obra El Proceso, de Franz Kafka, vive y se multiplica en el Paraguay, todos los días, pues, hay cientos, que – como dice la novela – “…sin que éste hubiera hecho nada censurable fue detenido una buena mañana…”, mientras otros, que se enriquecen a costa de esfuerzo de la sociedad, de sus impuestos, de sus recursos, disfrutan de sus privilegios como miembros destacados de la sociedad, de la función pública, de la política, de la industria y la banca privada.

    Entonces, si no se alinea y se somete pacíficamente a los caprichos de sus acusadores, si no negocia con ellos, si no acepta mansamente sus exigencias, Joseph K., podrá ser conducido a la cárcel, sin que hubiera hecho nada censurable.

    En definitiva, para que podamos romper este círculo vicioso, y transformarlo en virtuoso; para que nuestro sistema judicial deje de perseguir ladrones de gallinas y ciudadanos incautos, resulta imprescindible que la sociedad entienda que urge exigir a sus gobernantes, pongan en práctica el ejemplo bíblico y comiencen a desalojar del templo a los mercaderes, a latigazos.

    Abog. Jorge Rubén Vasconcellos

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    Publicado por Anónimo | 3 junio, 2016, 8:51 am
  8. Sinvergüencía en la máxima instancia

    La sinvergüencía se apoderó de una gran mayoría de nuestros servidores públicos. Todos los días salen a la luz casos en que acomodados familiares y de amiguismos permiten a unos privilegiados ostentar una vida cómoda a costa del dinero del pueblo. Una vez más, salta a la luz un caso de planillerismo. Nada más y nada menos, el ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Raúl Torres Kirmser, tenía a dos de sus hijas -sin trabajar- como funcionarias del Estado.
    María José Torres Ferreira y Valeria Eliana Torres Espínola son las privilegiadas, con permisos con goce de sueldos para largos y frecuentes viajes que duran de 20 a 96 días. La primera es “asesora” y cobra un sueldo de G. 9 millones sin aparecer a trabajar. La segunda gana G. 7,3 millones y empezó a asistir a su lugar de trabajo desde hace solo unos dos meses al estallar los escándalos de planillerismo en varios entes públicos. Además de todo esto, la última tiene de chofer a un policía.
    Parece hasta un chiste de mal gusto que el ministro de la Corte, la máxima autoridad a cargo de impartir justicia en representación del Estado, sea el autor de ilicitudes como la de cobrar sin trabajar, el mismo que en su carácter de presidente de la máxima instancia judicial firmaba los permisos de sus hijas.
    Por actos como estos es que tenemos instituciones públicas con pésimos servicios, pese a costar mensualmente millones al Estado. Los funcionarios contratados son parientes, familiares y amigos de los que ostentan el poder, quienes no cumplen con su labor y convierten en inútiles los servicios públicos.
    Llevará mucho tiempo, pero se debe empezar a desterrar las instituciones públicas de las sanguijuelas, que solo aparecen para cobrar sin contraprestación alguna. En todos los casos, de una comprobación efectiva no solo bastará con sacarlos del puesto, sino deben ser punidos, conforme a las leyes penales. Solo así, pensarán dos veces antes de acomodar a sus cercanos en las institucionales públicas para cobrar sin hacer nada.

    http://www.vanguardia.com.py/v1/index.php/component/k2/item/44449-sinvergueencia-en-la-maxima-instancia#sthash.HThty0QW.dpuf

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    Publicado por jotaefeb | 23 mayo, 2016, 6:39 am
  9. Indebida imputación fiscal contra un ministro de la Corte Suprema de Justicia

    La imputación fiscal por prevaricato que fue presentada por agentes fiscales de la Unidad de Delitos Económicos contra el Ministro de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco, obliga a un riguroso análisis de las normas constitucionales, lo que indefectiblemente nos conducirá a afirmar que el requerimiento fiscal quebranta normas constitucionales que han sido groseramente ignoradas por los agentes fiscales que presentaron dicha imputación.

    Al respecto, debe tenerse presente que, si bien todos los ministros de la Corte Suprema de Justicia son magistrados judiciales, no todos los magistrados judiciales son ministros de la Corte. Específicamente, el artículo 225 de la Constitución Nacional establece que: “El Presidente de la República, el Vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el Subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, sólo podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes. La acusación será formulada por la Cámara de Diputados, por mayoría de dos tercios. Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en caso, declararlos culpables, al sólo efecto de separarlos de sus cargos. En los casos de supuesta comisión de delitos, se pasarán los antecedentes a la justicia ordinaria”.

    La norma precedentemente transcripta, pone en evidencia que el acta de imputación fiscal por prevaricato constituye una apropiación indebida de potestades y competencias claramente definidas en la Constitución Nacional y que han sido inobservadas y violentadas en el requerimiento de imputación planteado.

    Dentro de nuestro sistema constitucional vigente, sólo a través del juicio político un ministro de la Corte Suprema de Justicia podrá ser removido del cargo por mal cumplimiento de sus funciones o por comisión de delitos, y sólo en esta hipótesis el ministro removido podrá ser puesto a disposición del Ministerio Público, para que éste presente las imputaciones que correspondan.

    Sólo con la acusación de la Cámara de Diputados y el voto de la mayoría absoluta de dos tercios de los miembros de la Cámara de Senadores, un ministro de la Corte Suprema de Justicia puede ser removido del cargo y, si la causal es la de comisión de delito, recién entonces el Ministerio Público estará legal y constitucionalmente habilitado para imputar a los ministros de la Corte Suprema de Justicia removidos.

    El acta de imputación fiscal aparece así como un indiscutible quebrantamiento del sistema constitucional vigente y hasta resulta sorprendente por el desconocimiento de esas normas constitucionales que han sido groseramente quebrantadas.

    A mi criterio, lo que jurídicamente correspondería en este caso es que los agentes fiscales que formularon el acta de imputación presenten una formal denuncia ante la Cámara de Diputados, para que sus integrantes puedan examinar si existe mérito para presentar formalmente una acusación por comisión de delitos o mal cumplimiento de funciones ante la Cámara de Senadores y así evitar este verdadero adefesio jurídico que se ha generado con el acta de imputación fiscal.

    Ciertamente, no recuerdo algún juicio político a un ministro de la Corte Suprema de Justicia en el que se haya observado estrictamente las disposiciones constitucionales vigentes en la materia, a lo que debo agregar que en el actual juicio político al que está siendo sometido precisamente el ministro Sindulfo Blanco, ni siquiera se está dando observancia al quorum para que la Cámara de Senadores inicie el juzgamiento, con la presencia de la mayoría absoluta de dos tercios de sus miembros, que es el mínimo que la Constitución Nacional establece para que ese juzgamiento cumpla con una de las condiciones de validez.

    Por Óscar Germán Latorre

    http://www.lanacion.com.py/2016/05/16/indebida-imputacion-fiscal-contra-un-ministro-de-la-corte-suprema-de-justicia/

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    Publicado por jotaefeb | 23 mayo, 2016, 6:39 am
  10. Desvergonzado nepotismo

    El ministro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Torres Kirmser se vale del dinero público para pagar salarios en el Poder Judicial a sus tres hijos y hasta a las esposas de sus custodios-choferes policiales, aparte de trasladar a su propio domicilio el puesto de “trabajo” de tres funcionarios allegados a él. El desvergonzado personaje, que ya no puede alegar a su favor la “notoria honorabilidad” que la Constitución exige a quienes integran la máxima autoridad judicial, cometió tales fechorías gracias a la complicidad o el encubrimiento de sus colegas, uno de los cuales –Sindulfo Blanco– está sometido a juicio político, en tanto que otros dos –Miguel Óscar Bajac y César Garay– se hallan en una “lista de espera” para el mismo proceso.

    A tales desmanejos contribuyó el hecho de que Torres Kirmser integra el Consejo de Superintendencia de la Corte, encargado de fiscalizar al personal del Poder Judicial, y que además allí no rige la Ley de la Función Pública, debido a una acción de inconstitucionalidad promovida por la propia Corte.

    La citada ley tampoco vale para el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), que promovió una acción similar.

    En consecuencia, esas dos importantes entidades ignoran las normas sobre el concurso público de oposición para seleccionar y promover a sus funcionarios, así como las referidas a los requisitos para la contratación temporal de personas. Resulta así que el Poder Judicial y la Justicia Electoral se ciñen a sus propias reglas, si las tienen, sin que puedan ser sometidos a control alguno por parte de la Secretaría de la Función Pública. De esta manera, cualquiera puede ingresar en esas instituciones y ascender sin someterse a un concurso de oposición, o ser contratado al margen de la ley. No debe extrañar, entonces, que en el Poder Judicial y en la Justicia Electoral se sucedan los escándalos de nepotismo, “planillerismo” y empleo del personal en servicios particulares, tal como ocurre en el caso de Torres Kirmser.

    La Ley Nº 5295/14 prohíbe a los ministros de la Corte Suprema y a los miembros del TSJE, entre otros, nombrar o contratar a parientes cercanos, salvo que cumplan con las normas legales que regulan el acceso a la función pública. Estas no existen para esos organismos, de modo que los nepotistas no podrían ampararse en la excepción referida. Torres Kirmser alegó que su hijo José Miguel, que funge como asesor suyo y llegó a cobrar por horas extras estando en España, ocupa un “cargo de confianza”, definido en la Ley de la Función Pública, que no rige para el Poder Judicial y que invoca el desfachatado ministro. Aunque alguna acordada de la Corte le diera tal carácter al cargo de su hijo, el inescrupuloso magistrado incurrió en una grave inmoralidad al designarlo como su “asesor”, con un sueldo de 28,6 millones de guaraníes.

    En cuanto al “planillerismo” de sus hijas María José y Valeria, nombradas “a dedo”, es de recordar que el indigno Alberto Ramírez Zambonini, miembro del TSJE, está imputado por inducir a varios subordinados a cometer el delito de cobro indebido de honorarios.

    El caso de los funcionarios que servían en la casa de Torres Kirmser no difiere en nada del de los “caseros” particulares del hoy acusado legislador José María Ibáñez, que figuraban en la nómina de la Cámara Baja y cobraban allí sus salarios. Cuando la Corte Suprema se enteró de la corruptela de su ministro, a través de la prensa, abrió una pesquisa contra los funcionarios involucrados, y luego la Fiscalía inició causa penal contra los mismos, incluidos los hijos del magistrado, por cobro indebido de honorarios y enriquecimiento ilícito. Es de esperar que la Fiscalía tenga también el coraje de abrir una investigación contra Torres Kirmser, el principal beneficiario de este bochornoso asunto.

    Es un verdadero escándalo que justamente instituciones como la Corte Suprema y el TSJE, que se supone están para velar por el estricto cumplimiento de las leyes, hayan atacado de inconstitucionalidad la Ley de la Función Pública, dictada precisamente para mejorar la calidad del funcionariado y optimizar su desempeño. Ante estas lamentables prácticas de conocimiento público, a esta altura puede pensarse inclusive que los altos magistrados de esos cuerpos colegiados, al recurrir contra dicha ley, han pensado desde el comienzo seguir teniendo las manos libres para continuar con los mismos deleznables hábitos corruptos de larga data, como el clientelismo y el nepotismo.

    Sin duda, el ministro Torres Kirmser, cuya sed de dinero público parece insaciable, ha hecho méritos suficientes para ser imputado, como lo fue el magistrado Ramírez Zambonini, o sometido a un juicio político. Ambos constituyen una vergüenza para la Justicia paraguaya, y si es que esta no les alcanza, la ciudadanía debería demostrarles su repudio allí donde se encuentren.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/desvergonzado-nepotismo-1482475.html

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    Publicado por jotaefeb | 23 mayo, 2016, 6:38 am
  11. Astuta jugada

    La decisión del sector colorado oficialista del Senado de dejar sin quórum las sesiones, que tenían como objetivo continuar el juicio político al ministro de la Corte Sindulfo Blanco, ha sido propicia y adecuada, ya que de no hacerlo el proceso iba a terminar en impunidad para un personaje que tiene demasiadas denuncias en contra.

    Cada vez resulta más evidente que hay una abrumadora mayoría de personas que llegan a un alto cargo y lo utilizan para su beneficio personal; sin importar a qué partido político pertenezcan. La venalidad pareciera una característica común de esta gente que viene perjudicando a la ciudadanía desde hace demasiado tiempo.

    Blanco no es el único ministro con oscuras sospechas en contra suya. Tampoco su remoción hará que cambie la administración de Justicia en el país. Pero sería un primer paso fundamental para enviar señales claras a los otros de que hay un Parlamento dispuesto a dar respuestas positivas y concretas a una sociedad que permanece atenta y contralora de sus actos.

    Pero nada de esto hubiera pasado en este circo montado con nombre de juicio político, orquestado por el mismo presidente del Senado, Mario Abdo Benítez, al solo efecto de ir en contra de los deseos del presidente de la República, Horacio Cartes. Porque de eso se trata todo esto, es inútil que intentemos buscar otras excusas. El único motivo por el cual la disidencia colorada y algunas bancadas minoritarias de la cámara no quieren votar a favor de la condena de Blanco es porque Cartes quiere que sea condenado.

    Poco les importa el hecho de que las denuncias en contra suya son abrumadoras y las pruebas contundentes. Tampoco les mueve el pelo la seguridad de que con su decisión permitirán que siga gozando de los privilegios que corresponden a un ministro de la Corte Suprema de Justicia un sujeto que más bien debiera estar en la cárcel, pero tras las rejas y no de visita, como suele ir.

    Por eso el juicio político en el Senado desde el comienzo no fue más que un circo. Porque estos sectores que actúan por capricho y no por una decisión racional y conveniente para la ciudadanía, sabían que no habría votos suficientes para condenar al acusado, quien habría quedado libre de culpa y pena, sin importar que eso fuera una bofetada para todos nosotros.

    Contra 18 inescrupulosos, hay 27 senadores dispuestos a condenar al ministro Blanco y, posiblemente, hacer lo mismo con los otros 2 acusados, Óscar Bajac y César Garay. Aunque parezca injusto que una minoría tan notoria sea la que imponga su criterio, la Constitución así lo dispone al exigir la mayoría absoluta de 2 tercios de votos para condenar y separar del cargo a un enjuiciado.

    Para lograr este objetivo faltan 3 votos y la bancada colorada oficialista hizo lo único que se podía hacer en este momento para frenar el descontrol de un juicio político que no tenía ninguna razón de ser tal como estaban las cosas. Evitar que el proceso pudiera continuar al dejar sin quórum a las sesiones convocadas para el efecto.

    La idea es aguardar los resultados de las elecciones internas liberales para negociar con la nueva cúpula del PLRA. El objetivo es conseguir los 3 votos faltantes para terminar por fin con tanto circo y sacar del escenario a un personaje que no tiene ningún derecho a seguir estando donde está. Fue, sin lugar a dudas, una astuta y bien pensada decisión.

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    Publicado por jotaefeb | 22 mayo, 2016, 11:16 am

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