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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

Presunción de inocencia

Uno de los tantos derechos consagrados en la Constitución Nacional, que se pisotea todos los días, se refiere a la presunción de inocencia. Según la carta magna, en los procesos penales, toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia, hasta que una sentencia firme declare lo contrario. También el Código Procesal Penal establece entre sus garantías que, “ninguna autoridad pública presentará a un imputado como culpable o brindará información sobre él en ese sentido a los medios de comunicación social”. Sin embargo, esto dista y mucho de la realidad.

Con la revocación de la prisión decretada contra un joven de 22 años, implicado en un homicidio doloso ocurrido en Santa Rita, nuevamente saltó al tapete el debate sobre el trato que se le da a un procesado en nuestro país, divulgando sus datos personales y su imagen, sometiéndolo a la condena pública, antes que haya una sentencia judicial.
No se respetan en lo más mínimo los derechos y las garantías del procesado. Comenzando por la misma Policía Nacional, donde desde las oficinas de relaciones públicas se reparten boletines oficiales a los periodistas con detalles de nombres, apellidos y hasta número telefónico de los procesados. Cuando es imputado, también desde el Ministerio Público se divulgan gacetillas con estos datos y otros detalles del procesado. Y para completar desde los medios de comunicación se da amplio destaque en portadas, titulares en radios y televisión.
Es una realidad lamentable, la irresponsabilidad de todos en el manejo de información sobre los procesados.
Solo al otro lado del puente de la Amistad, en Brasil por ejemplo, los datos de los procesados ni la imagen son divulgados por las autoridades policiales.
Es comprensible muchas veces la sed de justicia, pero nada justifica la violación de los derechos de los sospechosos y sobre todo el respeto a las normas que tenemos como sociedad. Como siempre, en nuestro país, una cosa es lo que dicen las normas y otra es la manera que actuamos todos como sociedad.

//www.vanguardia.com.py/v1/index.php/component/k2/item/44475-presuncion-de-inocencia#sthash.os7sfbjT.dpuf

 

 

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

11 comentarios en “Presunción de inocencia

  1. ¡Culpable!

    Los medios de prensa (y me incluyo porque trabajo en uno) muchas veces cometemos el error de condenar sin dar oportunidad a la defensa. Muchas veces sacrificamos “la presunción” a favor de nuestra propia impotencia o sobrepasados por situaciones que atentan contra nuestro entendimiento. Entonces priman las emociones por sobre la razón.

    Y aunque está mal, trato de justificarme en que somos humanos, trabajamos cada día en mejorar eso.

    Esta semana nos tocó muy de cerca. El abuso de niños es sin dudas el crimen más horrible y condenable. No existe perdón ni castigo que borre la huella que deja el abuso. No se discute.

    El titular daba cuenta que un bebé de 5 meses había sido abusado por su padre. Muchos medios condenaron al hombre. En las redes se pasó de la condena a la lapidación. Saturados por la tecnología, la información se masifica en un tiempo record. Vivimos tiempos frenéticos.

    Sin embargo, en la letra chica se afirmaba que un primer análisis no fue concluyente, y que era necesaria una segunda evaluación. Pero hay motivos para la sospecha. El chico queda a cargo del padre mientras la madre trabaja.

    El hombre se presentó en la comisaría y dijo ser inocente. ¿Quién le va a creer ahora?. Ya fue condenado y repudiado.

    El caso me recordó a otro un poco más grave en Uruguay. Hace unos años una nena fue encontrada muerta. Una pediatra aseguraba entonces que había sido violada al confundir una pomada para las paspaduras de la colita con semen. Un periodista encendió la mecha y el padre salió en todos los medios como sospechoso del terrible crimen. No hizo falta más.

    La autopsia develó el error, pero ya era tarde para el padre de la nena.

    Muchas veces puede que las situaciones no nos dejen lugar a dudas, pero la presunción es un derecho universal. “Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario”…pese a que todo nos lleve a pensar que sí.

    Una vez que apretamos el gatillo la bala no va a detenerse.

    Carlos Mariano Nin

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    Publicado por jotaefeb | 27 febrero, 2017, 2:34 pm
  2. Dr. Villar Cataldo

    “Ahora cuando salgo a la calle tengo ganas de mirar para abajo, siento pena y vergüenza por lo ocurrido, yo fui formado para salvar vidas, no para matar”. Doctor Lino Villar Cataldo, médico compatriota radicado con su familia en la Argentina, quien se vio obligado a diparar ante el ataque de un asaltante que le golpeó la cabeza con un arma, le sacó el vehículo, con el cual del delincuente trató de embestirlo. El ladrón murió en esa circunstancia.

    Villar Cataldo es uno de los tantos que fue llevado de niño desde nuestro país a la Argentina por sus padres en busca de una vida mejor. Vivía en Iturbe en una vivienda con paredes de barro y techo de paja, pero cuando tuvo 12 años, toda la familia se mudó a Buenos Aires, a una villa miseria.

    Contrariamente al prejuicio de que el pobre es fermento de la delincuencia, él salió a trabajar a los 15 años y estudió luego Medicina. Un día se desató un incendio en la villa y su casa comenzó a arder también. Se sintió perdido porque el producto de todo su esfuerzo laboral estaba ahí, por lo que desafíó el peligro de las llamas y se metió en medio del fuego. Así logró salvar sus cuatro libros de Anatonmía, con los cuales -algunos de ellos semicarbonizados- fue entrevistado por un canal de televisión para relatar su tragedia.

    Se recibió de médico y ese día su padre lo felicitó y le pidió hacer un juramento: “si tus pacientes pobres no tienen para abonar el servicio, por favor atiéndelos aunque no paguen”. Y así lo vino haciendo, junto a su esposa que es catequista en las penitenciarias, hasta que fue, una vez más, víctima de la delincuencia, pero en esta oportundiad el hecho le cambiaría totalmente la vida.

    Desde entonces, Lino Villar recibe amenazas de muerte, tanto él como su familia. Está procesado por “homicidio agravado por uso de arma” y no sabe si continuar viviendo en su casa o mandarse mudar a otro país o al interior de la Argentina. El ruega a sus hijos que haga lo mismo, antes de que la amenaza se cumpla, pero es fácil comprender que no es una cuestión fácil.

    En su relato al entrevistador, Lino Villar confesó que tiene mucho miedo. Antes por lo menos podía sobrevivir, tomando precauciones o resignándose a asaltos y robos menores, propios del ambiente de inseguridad de nuestros países, a lo que ahora se sumaron la sesación de muerte en el momento del asalto, la prepotencia polilcial durante el procedimiento, la rigurosidad judicial con las víctimas de la delincuencia y la incertidumbre respecto a su futuro profesional, el de sus pacientes y el de su familia.

    Su situación refleja de manera inmejorable la posición en que queda una persona y todos los miembros de su familia frente al poder oculto y fáctico de la delincuencia, en alianza tenebrosa con los organismos del estado. Es resultado del ejercicio natural de defenderse, de negarse a ser foco y objetivo de un crimen. El Dr. Lino Villar Cataldo, por su trayectoria de vida dejó bien parado el prestigio de los paraguayos en la Argentina, pero debe vivir la pesadilla de este suceso por el resto de su vida. La entrevista en TV puede encontrarla en http://www.abc.com.py/internacionales/medico-teme-que-maten-a-sus-hijos-1514454.html

    Posteado por Edwin Britez el 02-09-2016

    http://www.abc.com.py/blogs/derecho-viejo-74/dr-villar-cataldo-2938.html

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    Publicado por Anónimo | 5 septiembre, 2016, 5:36 am
  3. Santa Rita lo merece

    Por Mariana Ladaga

    Brutalmente asesinada y con signos de abuso sexual fue encontrada Jessica Lovatto, de 19 años, en la madrugada del 8 de mayo. Casi un año antes, el 25 de mayo de 2015, en similares circunstancias fue hallada Yennifer Lezcano, quien también tenía 19 años y había desaparecido tres días antes. Hace siete años, se halló el cuerpo de Vanessa Miller, muerta en condiciones parecidas, enterrada debajo del piso de madera de su propia casa. Todas mujeres jóvenes, bellas, que vivían en Santa Rita y sus alrededores, en la zona Sur del Alto Paraná. Crímenes estos por los cuales no hay ningún detenido ni procesado.

    Tampoco está aclarado quién asesinó a Carlos Ibáñez. Fue muerto a tiros en su casa, en el barrio Jardín América. Extraoficialmente dicen en la Fiscalía que el trasfondo sería el narcotráfico, pero ni aunque así ocurriera, esa no es excusa para no investigar, identificar, detener y procesar a los sicarios, porque nada justifica un homicidio.

    El dolor, el llanto, la impotencia de familiares, amigos, vecinos, se convirtieron en la organización “Santa Rita Merece Justicia”, que dio a conocer el abuso sexual al que venían siendo sometidas sistemáticamente las mujeres santarriteñas, como si las muertes impunes no bastaran.

    Relataron el caso de una mujer que fue abusada el 12 de marzo por un hombre que la amenazó con un cuchillo. Ella hizo la denuncia, pero el violador seguía por las calles y ella se lo encontró un día, mientras paseaba con su hija de cinco años. Quienes identificaron al supuesto autor de este hecho fueron los pobladores; ellos consiguieron una foto del hombre, encontraron otras víctimas del mismo violador, las acompañaron hasta la Fiscalía, exigieron que les tomen las declaraciones correspondientes y presionaron para que se ordene su captura. Detenido este miércoles, Ariel Ortiz fue reconocido por cuatro mujeres más, víctimas todas de coacción sexual.

    Excusas por la inacción pueden dar muchas en la Fiscalía y en la Policía Nacional, pero las evidencias hablan por sí solas.

    Ahora, los familiares de los muertos, las víctimas de abuso sexual, los que todos los días van a trabajar, a estudiar, a bailar, todos piden (y merecen) justicia en Santa Rita.

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    Publicado por Anónimo | 5 junio, 2016, 6:33 am
  4. EL REINO DE LA MEDIOCRIDAD
    Andrés Granje
    La mediocridad en la función pública tiene costos altos para la república, en ocasiones producen errores que pueden ser lamentables y hasta criminales, fruto de la ineptitud de los funcionarios puestos en cargos encumbrados. Muchos dirán la culpa no tiene el chancho, sino quien le da de comer , y tienen razón pues la responsabilidad mayor tienen aquellos políticos que colocan en estos sitios a parientes, familiares cercanos, amigos paniaguados que gracias a estos privilegios disfrutan de cargos altos sin tener ninguna actitud para ejercerlo y obviamente con resultados catastróficos para la nación.
    Una prueba al canto es lo sucedido con el primer fiscal que intervino en la muerte de Jessica Lobato en Santa Rita, el tratamiento que dio al caso de la limpiadora el agente fiscal Érico Avalos, es lamentable, también la actuación policial de la comisaría local se une al concierto de errores y chambonada que ya no se puede admitir en un estado de derecho que necesita una fuerza de seguridad y un poder judicial más eficiente, profesional y mucho menos mediáticos que estos personajes que priorizan salir en las noticias de radios y televisión concediendo entrevistas que trabajar con dedicación para llegar a la verdad y aclarar el crimen.
    Sucede que ahora el Fiscal General del Estado tuvo que remover a Avalos, por tanto desatino en la investigación entregando el caso al fiscal Cazenave que ahora tiene que comenzar todo de vuelta, después de 15 días de cometerse el crimen, deberá, según sus propias expresiones, volver a llamar a todos los testigos incluso aquellos que ya declararon, realizar una nueva necropsia del cuerpo de la joven mujer, lo que significa un contratiempo y una pérdida de confianza en la gestión pública por parte de la población que ve como la policía y la fiscalía en vez de aclarar el crimen embarran el terreno y llena de brumas la investigación. Con todo el costo adicional que tiene para el estado comenzar todo de nuevo.
    Usualmente los llamados y sentados en el banquillo de los acusados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, no son estos fiscales, ni los corruptos que tienen sentencias complacientes o cómplices con los poderosos narcotraficantes y delincuentes económicos, denominados peces gordos, sino aquellos fiscales como Blanca Agüero de Lambaré y jueces honestos que persiguen con fundamentos valederos a políticos corruptos. Entonces la mafia política reacciona con saña feroz y ejemplar, como para que nadie más se atreva a cometer tamaña osadía. Obviamente en el reino de la mediocridad, la corrupción y la impunidad, las autoridades no se inmutan ante el fiasco cometido por la fiscalía y la policía en Santa Rita.

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    Publicado por jotaefeb | 26 mayo, 2016, 3:38 pm
  5. Imputa, imputa. Algo te ensuciará
    26 May 2016

    Por Clari Arias

    A lo largo de nuestra interminable transición democrática hemos sido testigos todos los paraguayos del actuar del Ministerio Púbico en miles de casos dados a conocer a través de los medios de comunicación. Otros miles de hechos han trasuntado el silencio del anonimato, en expedientes que nunca llegan al interés público, salvo que éstos se conviertan en denuncias, cuando las situaciones irregulares son irreversibles o sus perjuicios hacia inocentes se hayan convertido, también, en irreversibles.

    Hoy quiero dejar sentada una postura para los tiempos que vendrán, advirtiendo a la sociedad acerca del poder casi irrestricto que ostentan los fiscales en la actualidad. Sostenidos por otros poderes ocultos (partidos políticos, masonería) y hasta por relaciones personales de índole afectivo, hay una caterva de jóvenes que se convierten en fiscales, llegando a sus cargos comprometidos y abyectos. Imputaciones sin razón, falta al rigor profesional en los casos investigados y una vulgar búsqueda de protagonismo (vedetismo) marcan el rumbo de algunos malos fiscales. Los que deberían velar y proteger a la sociedad están más atentos al llamado del político amigo/patrón de turno, que es obvio, llama al estilo “padrino” para pedir le devuelvan pequeños favorcitos.

    ¿Por qué fiscales pondría usted la mano en el fuego? Sí, usted, ciudadano común, ¿podría arriesgar su pellejo por la integridad de 20 fiscales? ¡Vio que no es fácil jugarse por ellos! ¿Cómo podría un ciudadano pobre y descalzado, sin apoyo político, sin amigos influyentes, lograr interés por una investigación que para él es de vida o muerte? No lo logrará nunca, o mejor digamos que casi nunca, para así dejar abierta una pequeña ventana de esperanza por los fiscales que sí hacen su trabajo. Cómo confiar en ellos, si hay uno que le consiguió trabajo a su mujer luego de desestimar la investigación que llevaba en contra de los que serían empleadores de su señora. Otro fiscal, conocido como prepotente y altanero en su ciudad, fue filmado negociando una coima en el club donde jugaba al tenis (no sé si lo expulsaron del club después de ese bochorno).

    En las últimas semanas, un brutal asesinato sacudió a la ciudad de Santa Rita. Una hermosa mujer de apenas 19 años fue salvajemente violada, torturada y arrojada a los desagües de la ciudad. Al fiscal que inicialmente investigaba la causa no le tembló el pulso para imputar –apenas horas después de hallado el cadáver– a un joven cuyo único pecado fue haber bailado con la víctima en la fiesta donde se la vio con vida por última vez. Lo tuvieron 10 días preso para luego liberarlo por falta de pruebas en su contra. “La imputación no causa agravio” se cansan de repetir los malos fiscales, justificando así un accionar mediocre, al utilizar la figura de la imputación como un paliativo (por falta de resultados) ante la sociedad y por sobre todo ante la prensa, que se ha encargado de generar a sus “favoritos mediáticos” dentro del Ministerio Público (Giuzzio, Arregui, por citar a algunos que, llamativamente, ahora se dedican a la política).

    Al rememorar los casos irregulares del Ministerio Público, caigo en la cuenta de lo permisivos que hemos sido como sociedad: una fiscala –que al día de hoy sigue en funciones– se enamoró de su investigado (un tal “Papo”), a tal punto que le costó su matrimonio y por supuesto la investigación. Otra fiscala, más desquiciada aún, le mandaba mensajes de amor a su acusado, ¡minutos antes del juicio oral!

    No es de paranoicos pensar que algunos en la Fiscalía se han de estar relamiendo esperando que este servidor meta la pata en algo, aunque sea un accidente de tránsito, para así cobrar dulce venganza. Pueden esperar mucho tiempo, y tendrán que tolerar mucha más crítica por venir, porque la mayoría son deficientes en sus tareas de representar a la sociedad. Mientras tanto, ¡marche una imputación para este escriba!

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    Publicado por jotaefeb | 26 mayo, 2016, 5:39 am
  6. Poner fin a la injerencia de los políticos en la Policía

    La injerencia de políticos en la Policía Nacional para ubicar a leales a sus intereses, o para remover a quienes no lo son, es una práctica que la institución necesita erradicar para ganar autoridad y credibilidad. Escuchar y obedecer a los poderes fácticos externos a su natural cadena de mando hacen que el organismo encargado de la seguridad y de la cooperación con la Justicia se vuelva aún más vulnerable de lo que ya es. El reciente caso de Ciudad del Este demuestra que todavía falta mucho camino por recorrer para que la Policía esté principalmente al servicio de la ciudadanía y no de quienes la reducen a simple marioneta.

    En tiempos de la dictadura stronista, la Policía de la Capital y las alcaldías del interior –dependientes de las delegaciones de gobierno– eran simples apéndices del poder político que los utilizaba como brazos largos de sus intereses.

    En democracia, al menos en teoría, se ha tratado de superar esa subalternización que no sirve a los intereses ciudadanos y degrada a la institución responsable de garantizar la seguridad de la población.

    Pese a los avances en materia de independencia de la Policía ante el abuso de los políticos, que pretenden que los agentes sean funcionales a sus propósitos, todavía siguen existiendo expresiones del antiguo mal a erradicar. Ello refleja una fragilidad institucional que debilita los logros.

    La última manifestación, aunque no la única, de ese comportamiento que ya debió ser superado, se ha dado en Ciudad del Este, donde un sector crítico de la ciudadanía ha denunciado que un comisario y otros dos agentes fueron removidos de sus puestos por no actuar conforme a las intenciones de algunos políticos.

    Aunque el vocero de la Policía Nacional en el lugar lo niegue, es evidente que la práctica continúa gozando de buena salud en algunos lugares y en ciertas coyunturas conflictivas.

    Si después de determinadas acciones contrarias a los intereses de algunos sectores políticos se producen cambios fuera del esquema habitual de traslados de la institución, es evidente que hubo intervención de voluntades ajenas a su manejo orgánico habitual.

    Mientras la Policía Nacional no se ponga los pantalones largos y deje de obedecer a los políticos, la ciudadanía seguirá sufriendo las consecuencias de esa fragilidad.

    Es obvio que el interés principal de la institución debe estar en la comprobación de si sus agentes actuaron conforme a las disposiciones del organismo, o si lo hicieron al margen de las mismas.

    Ese es el único análisis que tendría que tener validez para tomar o dejar de tomar medidas disciplinarias. Que perjudiquen o favorezcan a determinadas facciones políticas es un factor que no tendría que entrar en el juzgamiento de la conducta de los agentes policiales.

    La función esencial de la Policía es brindar seguridad a las personas y a sus bienes. Aquellos que estén pendientes de si su actuación puede o no favorecer a determinados actores políticos y obren en consecuencia, para no sufrir represalias de los poderes fácticos, mal pueden estar completamente al servicio de la comunidad.

    El Ministerio del Interior debe actuar con mayor firmeza para que los policías tengan la certeza de que si intervienen conforme a las normas institucionales, nadie les va a remover sorpresivamente de sus cargos.

    Si no lo hace, si no se decide a dar el paso decisivo, los políticos continuarán siendo los verdaderos jefes de las comisarías del país, con el consiguiente perjuicio que ello conlleva para la seguridad ciudadana. Al final, con esta injerencia, terminamos perdiendo todos.

    http://www.ultimahora.com/poner-fin-la-injerencia-los-politicos-la-policia-n992860.html

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    Publicado por jotaefeb | 22 mayo, 2016, 11:45 am
  7. ¿Y si llamamos a los detectives de la TV?
    22 mayo, 2016
    Por Sergio Etcheverry

    Haciendo alarde de dosis parejas de osadía, sapiencia y sudor empleados de manera equivocada, unos audaces ladrones casi lograron entrar a la bóveda del banco Continental y asestar un golpe maestro. Un pequeño error, ya a lo último, les impidió concretar su “hazaña”. (Reconozcámosles a estos cacos tuneleros la deferencia que han tenido hacia los diarios, ávidos de noticias los sábados y domingos).

    Entrando ya en el tiempo de las investigaciones, aparecen los indicios de las endebles e improvisadas investigaciones a las que estamos acostumbrados: detenciones y liberaciones rápidas, tanteos y pruebas, “se habla de”, búsqueda de videos, declaraciones de “ya sabíamos luego que habían entrado delincuentes y estaban preparando algo” y miles de etcéteras.

    Igual pasó en el triste caso de Santa Rita, de la promotora asesinada no sabemos por quién y víctima, luego de su muerte, de una lamentable investigación policial y de un triste estrellato, sin piedad ni mesura, en las páginas policiales de los diarios.

    De hecho, hace unos días, el 16 de mayo, fue egreso de los primeros 33 miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas de la Nación que culminaron el “Curso de Diplomado de Inteligencia”, disertado por especialistas de la Dirección de Inteligencia de la República de Colombia.

    Ojalá que alguna vez tengamos policías formados en inteligencia, atentos a las necesidades de los ciudadanos. Ojalá que el dinero que se dilapida en tantas otras cuestiones se vuelquen en dotarlos de las herramientas necesarias, pagándoles dignamente para no empujarlos a hacer sus “rebusques”.

    En ese momento quizás, cuando alguien denuncie el robo en su casa o negocio, el accionar de la comisaría del barrio no se limite a salir de recorrida por el barrio a buscar videos de los vecinos y a decir que “ya sabemos quiénes son”. La ciudadanía estará en ese momento, agradecida; mientras tanto, estaremos a merced de los “topos” y otros animales.

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    Publicado por jotaefeb | 22 mayo, 2016, 11:23 am
  8. Culpable pero inocente

    Por Guillermo Domaniczky

    Ocho mujeres lo reconocieron como el hombre que las violó. Ya no quedaban dudas, habían encontrado al abusador.

    Las mujeres identificaron además su vehículo, el que utilizaba para raptarlas; una camioneta blanca, de cabina simple, en la que les ofrecía acercarlas a sus casas.

    El perfil de las víctimas era siempre el mismo, mujeres que esperaban colectivos solas, por las tardes o noches, al salir del trabajo.

    La justicia y la policía presentaron al hombre como culpable, la sociedad se indignó, y varios medios de prensa lo popularizaron con el mote de “violador serial”.

    Ocurrió entre abril y mayo de 1991. El hombre pasó las dos primeras noches en el cuartel central de Policía y las siguientes dieciocho en la cárcel de Tacumbú.

    Estuvo preso tres semanas, y vivió veintiún días de infierno, entre el 23 de abril y el 13 de mayo, en los que fue condenado socialmente, con algunas voces que incluso pedían reflotar la pena de muerte en el país.

    Pero ocurrió entonces algo inesperado. Otra mujer fue violada mientras el hombre estaba detenido, y las características del violador eran las mismas que las suyas.

    La policía buscó a otros sospechosos, y tras otra detención, declaraciones de testigos, cruces de datos y nuevos careos, el hombre de nuestra historia fue desvinculado del caso.

    El verdadero violador se llamaba Mario Enciso y era muy parecido físicamente, además de otro detalle sorprendentemente coincidente, la camioneta de ambos era de la misma marca, modelo y color. Enciso fue condenado, salió en libertad, volvió a violar a una mujer y escapó luego a Brasil, donde fue asesinado hace unos años.

    Y aunque estoy seguro de que la gran mayoría recuerda la identidad del hombre víctima de esta historia, omito su nombre en esta columna para no seguir causando daño sobre el daño.

    Su caso volvió a mi mente en estos días, cuando la fiscalía y la policía presentaron en poco más de una semana a tres personas diferentes, como las supuestas responsables del asesinato de una joven en Santa Rita. Primero, al último joven que bailó con ella en público, que perdió más de una semana de su vida detenido, luego a un músico brasileño, y finalmente a un joven que tuvo la mala fortuna de salir caminando detrás de ella esa madrugada.

    Los tres escraches hubiesen sido evitados con mayor responsabilidad del fiscal y la policía, al presentar la información ante los medios de prensa, a los que el fiscal Erico Ávalos llegó a decir incluso que la joven habría sido asesinada en el bus de los músicos brasileños porque las grabaciones no registraban que ella había bajado del vehículo. Dato falso conforme a las imágenes que la misma policía luego difundió.

    En síntesis, una investigación que si se hubiese hecho con rigor profesional no se hubiese convertido en una especie de tiro al blanco con los ojos vendados, en medio de la ansiedad periodística por la información y el escaso espíritu crítico ante la versión fiscal-policial, que se convierte generalmente en el único insumo al informar de estos casos criminales.

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    Publicado por jotaefeb | 22 mayo, 2016, 9:13 am
  9. Clamor de justicia

    Los recientes sucesos criminales en la ciudad de Santa Rita revela el manejo poco serio de las investigaciones y la falta de interés de las autoridades de esclarecer las ilicitudes. En una manifestación de ayer, varias familias, con diferentes historias, revelaron cuan impune han quedado atroces asesinatos y violaciones. La iniciativa es a raíz de los cambios bruscos en el rumbo de las investigaciones sobre el asesinato de una joven de 19 años, que incluso desencadenó en el encarcelamiento de un joven que terminó libre poco después de descartase las primeras hipótesis que le sindicaban como autor.
    La impunidad es la garantía máxima de la criminalidad. Un Estado que no castiga a los ciudadanos que atentan contra otros, ya sea menoscabando su bien, su integridad e incluso sacándole la vida, está destinado a perder el control.
    El escaso seguimiento que se le da a los crímenes, sin esclarecerlos, sin detenciones y sin procesar a los responsables, terminaron colmando la paciencia de los pobladores de esta ciudad. Esto ocurre cuando el Estado no da ninguna garantía de brindar seguridad.
    El total demérito del sistema judicial debe ser analizado con detención para buscar soluciones a corto, mediano y largo plazo. Se debe encontrar la manera que las sanciones sean aplicadas de manera tan conveniente que sirva de ejemplo a los demás ciudadanos, para que se abstengan de cometer algún ilícito.
    Estos sucesos que sacan al tapete las deficiencias, tanto de la Policía Nacional como del Ministerio Público y el Poder Judicial debe ser motivo para iniciar un proceso de reforma de todo el sistema de administración de justicia, de tal manera a que la ciudadanía tenga tranquilidad.
    Se debe iniciar por depurar las causas, darle el trámite debido, hacer cumplir las leyes procesales a rajatabla y excluir a los funcionarios públicos que mercan con la desgracia ajena.
    Este clamor de justicia es signo de alerta para empezar a buscar soluciones a la criminalidad, la mora judicial y la corrupción imperante que entorpecen la administración de justicia.

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    Publicado por jotaefeb | 21 mayo, 2016, 11:27 am
  10. Las muchas muertes de Jessica
    Por Andrés Colmán Gutiérrez

    El interminable desfile de sospechosos que la Policía, la Fiscalía y algunos medios de prensa presentaron como involucrados en el asesinato de la joven Jessica L., en Santa Rita, podría ser tema de una comedia de humor negro, si no se tratara de una realidad tan trágica que envuelve al dolor de una familia, lesiona derechos fundamentales de personas y desnuda –una vez más– las graves falencias del sistema de investigación criminal en Paraguay, así como la irresponsabilidad ética de un sector del periodismo.

    Aun con los primeros indicios, todo parece apuntar a que el asesinato de Jessica es un caso más de feminicidio, violencia ejercida contra las mujeres por razón de su sexo, que se suma a muchos casos similares. Entre el 2010 y el 2015, 359 mujeres fueron asesinadas en el país, número considerado alarmante por la organización ONU Mujeres.

    Por las características que rodean a la muerte de la joven promotora de la Expo Santa Rita, cuyo cadáver fue hallado en un pozo de desagüe, el caso debería haber sido tratado con más cuidado y responsabilidad, pero la noticia se difundió con detalles escabrosos, con versiones sin confirmar reveladas por los propios investigadores, con un tono sensacionalista que alimentó el morbo colectivo.

    Se omitieron cuestiones básicas para este tipo de homicidios, como el análisis de fluidos corporales, pero lo más burdo fue presentar como presunto culpable del crimen a cualquiera que aparecía junto a la mujer antes de su muerte en los videos de seguridad, como el joven tractorista Denis Rodríguez, a quien se ve bailando en algún momento con Jessica y por ello ligó 10 días de prisión, sin poder trabajar, obligado a sacar un préstamo para solventar los gastos judiciales, hasta que lo liberaron porque en los videos apareció un músico brasileño acompañando a la chica, a quien todos sindicaron como el potencial nuevo asesino, sin siquiera corroborar antes si tenía alguna coartada.

    Ahora resulta que el músico brasileño también quedó descartado como sospechoso y la atención se dirige a un misterioso motociclista. ¿Será él, o habrá otro próximo?

    En el tratamiento de la información hubo errores graves de los investigadores, que parecen más interesados en aparecer ante cámaras que en aclarar el crimen, pero también se cometieron faltas legales y éticas en algunos medios de prensa, que nuevamente ignoraron el derecho a la presunción de inocencia.

    Pero el daño más grave sigue siendo el de la condena social impuesta por los prejuicios de una cultura machista, que juzga desde la superficialidad hipócrita las actitudes de la mujer víctima, hasta acabar convirtiéndola en la culpable de su propia tragedia, justificando de algún modo a sus asesinos. Así logramos que Jessica vuelva a morir, una y otra vez.

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    Publicado por jotaefeb | 21 mayo, 2016, 11:10 am
  11. La policía y la prensa contra la presunción de inocencia

    Lo que está ocurriendo con el caso de la joven asesinada y luego arrojada en una alcantarilla -Jessica, 19 años, en Santa Rita- es el ejemplo claro de porqué NO es conveniente publicar las fotografías ni los nombres completos de sospechosos de un crimen, hasta tanto una investigación policial seria, y la propia justicia, den con los verdaderos responsables.
    En este caso hubo un joven de 22 años preso desde las primeras horas posteriores al crimen. Sin embargo, las investigaciones policiales apuntaron después a integrantes de un grupo musical brasileño. Y, ahora, en un nuevo giro “hay otros sospechosos”…
    Tanto en el caso del joven detenido como del grupo brasileño, la prensa –amparada en la “investigación” policial– publicó sendas fotografías. Incluso, un lapidario titular muy concluyente: “Asesinada en el bus de la banda musical”. Los medios empezaron a especular incluso con el hecho de que los integrantes de la banda musical, no podrían ser juzgados en Paraguay: Debían ser juzgados en el Brasil.
    Como siempre sucede, la policía detiene a alguien y la prensa accede a la información y se regodea con la noticia, exhibiendo fotos, vídeos y todos los datos del aprehendido. Si ya la policía es poco seria para exponer a simples sospechosos ante los medios, los medios contribuyen con la falta de seriedad al divulgar las imágenes y los datos.
    Este es otro asunto en el que, desde los medios, se debería empezar a debatir. En algunos países, los códigos deontológicos determinan que no se deben publicar fotografías de simples sospechosos, como tampoco sus nombres y apellidos completos. Se utilizan las iniciales. Y se censuran los rostros de los investigados. Hasta tanto, sean condenados por un tribunal.
    En esta política de la prensa de países europeos, imperan algunos conceptos jurídicos universales, como la invasión a la intimidad y, sobre todo, la presunción de inocencia.
    Se recomienda especialmente extremar cuidados en los asuntos de detención policial, obviando la mención íntegra de los nombres. El argumento es tan simple de entender, que no se puede concebir cómo es que se sigue abusando de la exposición pública: La detención no implica imputación ni culpabilidad. Y porque, muchas veces, desde los medios no se hace el seguimiento de la noticia y resulta que el sospechoso dejó de serlo pero quedó condenado con su nombre, sus apellidos y su fotografía en las páginas de los diarios.
    Hay que asumir que la identidad está en el nombre, pero también en la imagen.
    No es fácil, se sabe. Hay discusiones. Pero como alguien siempre publica los nombres y las fotos, el resto se excusa en ese pretexto y también los publica. El daño puede ser enorme: Se entiende que la publicación fomenta la sensación de culpabilidad. Y la condena social, no tiene jueces imparciales.
    Las prevenciones más inteligentes son las de dar los nombres solo con iniciales. O simplemente, no darlos.
    Josep Rovirosa, defensor del lector del diario La Vanguardia, de Catalunya, comenta: “En un estudio hecho por cuatro universidades españolas sobre La ética periodística vista por los ciudadanos (UOC, 2010), Carlos Maciá señala que algunos ciudadanos “consideran más duros los juicios de la sociedad que los judiciales” y que la prensa entra en el juego del sensacionalismo. Quizá sea verdad. Pero mientras se aclara el debate, la prensa de calidad debe evitar las contradicciones y, en palabras del profesor de Derecho Constitucional Abraham Ortega, ser “una garantía democrática para el procesado y para la acusación” (Juicios paralelos y Constitución, revista Ámbitos, 6)”.
    No se trata solo de acceder al derecho a la información. Sino del derecho más amplio de toda la ciudadanía. En palabras de Francesc Barata, en su ensayo “La devaluación de la presunción de inocencia en el periodismo”, sostiene: “Se defiende la idea de que el derecho a la información tiene que ser respetuoso con los derechos de toda la ciudadanía, incluso de la que está sometida a un proceso penal. Las demandas informativas no pueden devaluar los derechos fundamentales, ni crear juicios paralelos. Encontrar un equilibrio entre la información y las garantías procesales continúa siendo un reto pendiente en la actividad periodística”.
    El caso de Jéssica, donde la información va cambiando varias veces en un mismo día, es en estos momentos la expresión más cercana de lo alejado que estamos en el Paraguay de ese respeto necesario.
    Y si se trata de que estamos ante vacíos legales, llenemos ese vacío con sentido común.

    Hugo Vigray

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    Publicado por jotaefeb | 19 mayo, 2016, 1:48 pm

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