Continúa el derroche del dinero público

Un día después de haber revelado que la evasión impositiva es del 30% al 40%, el ministro de Hacienda, Santiago Peña, gratificó por su presunto buen desempeño a 2.240 subordinados, que recibieron en total 9.000 millones de guaraníes. El próximo octubre volverá a premiar a cada uno de ellos con una suma similar, que en el caso de los funcionarios equivaldrá al sueldo de un mes y en el de los contratados al salario mínimo vigente. El generoso ministro es el mismo que, con toda razón, suele quejarse de que los “servicios personales” consumen una gran parte de la recaudación fiscal, lo que obliga al Estado a emitir bonos para amortizar la deuda pública y encarar la construcción de obras de infraestructura. Y conste que el déficit fiscal acumulado al primer cuatrimestre de este año es de 63 millones de dólares.

Mientras la sobrecargada burocracia de Hacienda es agasajada con un inmerecido premio, un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte también de deficiencias en la inversión pública en nuestro país.

Entonces, lo primero que cabe preguntarse es por qué habría que otorgar una remuneración adicional al funcionario o al contratado que cumple con su deber. Es cierto que el Ministerio de Hacienda no les paga por su “presentismo”, es decir por concurrir puntualmente a su lugar de trabajo, tal como se estilaba en otros organismos, pero es indudable que lo que hace es abonar un sobresueldo disfrazado de gratificación, al que debe sumarse el aguinaldo de fin de año. Esa remuneración adicional, mantenida por lo visto en la nueva “matriz salarial”, tiene un carácter colectivo, es decir, se premia por igual al haragán y al laborioso, al torpe y al eficiente. El director administrativo del Ministerio, Jaime Escobar, informó que el plantel recibió el 60% de la gratificación en forma directa y que lo restante se le pagará según una escala de calificación de desempeño, lo que significa que la mayor parte de la recompensa ya fue otorgada sin evaluación alguna. La recibieron todos, los funcionarios y contratados, incluso los de la Subsecretaría de Estado de Tributación, pese a que esta sección del Ministerio es incapaz hasta ahora de reducir la enorme evasión impositiva.

De esta manera, el ministro pierde autoridad moral para exigir a los máximos responsables de otros órganos que dejen de pagar sobresueldos. ¿Por qué habrían de escucharle, si quien debe combatir el derroche es justamente manirroto con el dinero del pueblo? Es decir, el ministro Peña no teme a los contribuyentes sino a los sindicalistas del Ministerio de Hacienda; no quiere que se enfaden, aunque ello implique privilegiar indebidamente a sus funcionarios y contratados a costa de la salud o de la educación públicas. Por cierto, en el momento de premiar al plantel ministerial no se discrimina a los contratados, pese a que todos ellos fueron incorporados en contra de lo dispuesto en la Ley de la Función Pública.

Se debe poner fin al derroche del dinero público. Si es que en verdad se quiere un nuevo rumbo, el Ministerio de Hacienda debe encabezar la cruzada y no constituirse en la primera canilla para continuar desangrando las arcas del Estado.

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/continua-el-derroche-del-dinero-publico-1480676.html

 

 

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12 comentarios en “Continúa el derroche del dinero público”

  1. Violación de la Constitución

    El Art. 105 de la Constitución Nacional habla de la prohibición de la doble remuneración. “Ninguna persona podrá percibir como funcionario o empleado público, más de un sueldo o remuneración simultáneamente, con excepción de los que provengan de la docencia”. El Ministerio de Hacienda –Poder Ejecutivo– a través de su ministro sigue violando sistemáticamente la Constitución al establecer aguinaldos extras a ciertos empleados de la administración pública. Esto ha sido una constante en nuestra reciente historia política, y nadie, ni siquiera el Partido Liberal como partido opositor, ha dado un paso para tratar de corregir esta odiosa desigualdad ante otros sectores. Se asignó la suma de aproximadamente G. 9.000 millones, o US$ 1,6 millones para este concepto. Se pagó el primer aguinaldo extra del año; luego en octubre se pagará el segundo, y el tercero en diciembre. Independientemente de la ilicitud del hecho y la inaceptable discriminación para con otros sectores como el de los docentes, por ejemplo, este hecho no hace otra cosa sino ensanchar la brecha existente entre los distintos segmentos laborales.

    Y ¿cómo no nombrar en este momento a las postergadas víctimas de la dictadura que ofrendaron sus vidas en pro de sus ideales libertarios para zafarnos de la oprobiosa dictadura de Stroessner cuando paradójicamente ellas ni siquiera pueden recibir prontamente sus asignaciones? Pisotean sus derechos. Las humillan con las postergaciones. Dilatan los pagos utilizando el tortuoso sistema burocrático que incentiva la desilusión y el abandono. Ningún gobierno posterior al de la dictadura ha hecho, lo que en justicia corresponde, la recuperación de los bienes mal habidos. El pasado mes de abril, el ministro Santiago Peña nos anuncia que no habrá aumentos en 2017 “argumentando que no están dadas las condiciones exigidas por la Ley de Responsabilidad Fiscal “ABC del 27 de abril de 2016”. ¡Injusto! También expresó que: “El modelo que queremos como sociedad es el de ser un país con baja presión impositiva y baja deuda pública” (ABC, 27 de mayo de 2016, pág. 18) ¿Baja presión impositiva y baja deuda pública ? ¿No le parece un contrasentido Sr. Ministro cuando ya estamos sufriendo los efectos negativos del desmesurado y “bárbaro” aumento de algunos impuestos y que la deuda pública en el año 2013 fue de US$ 4.174,2 millones y de US$ 6.143,5 millones en el 2016? Fuente: Ministerio de Hacienda. Finalmente, ¿cómo el Sr. ministro Peña podrá explicar públicamente a la ciudadanía, por ejemplo: (1º) Sobre la discriminatoria, injustificada e ilegal remuneración para beneficio de algunos privilegiados con tres aguinaldos, negando por otra parte aumento salarial en el año 2017 para otros sectores. (2º) Sobre el desmesurado aumento del impuesto del 2016? No podrá hacerlo porque hay incoherencia total en lo que dice. Sus declaraciones carecen de lógica y argumento creíble.

    Alberto Granada

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  2. Sucedió en un café

    Por Paula Carro

    Era jueves y hacía frío. Cuando salí del diario fui hasta un shopping con la intención de comprar un obsequio que darle a mi madre el domingo. Una vez hecha la compra me dirigí a un café y me dispuse a hacer una llamada mientras esperaba el menú. Minutos después de haber iniciado la conversación me percaté de que en la mesa contigua se encontraban sentadas las planilleras de apellido Arza. Una de ellas era la actual esposa de un conocido abogado, famoso por entregar como dote a las familias de sus novias cargos con jugosos salarios en la Justicia Electoral. La fórmula parece dar buenos resultados, tomando en cuenta que este es el tercer matrimonio del galán. Sin duda la mayor de las Arza y él hacen una pareja perfecta; están hechos de la misma materia.

    Las hermanas Arza y la madre, que en ese momento les acompañaba, fueron titulares de diarios durante semanas después de que se comprobara que percibían salarios de la Justicia Electoral, sin cumplir horario, incluso mientras se encontraban de viaje, y con el beneplácito de uno de sus ministros. Y como el descaro no tenía límites, una de ellas con menos de 20 años, habiendo culminado recién sus estudios secundarios, ya figuraba como “asesora”.

    En cuestión de pocos segundos una sensación de impotencia y tristeza me invadió y supongo que también a mi interlocutor a quien había intentado transmitirle con la precisión de un relator de fútbol y la teatralidad de un guionista frustrado todo lo que acontecía a mi alrededor. No estaba segura de qué había pasado o estaba sucediendo en el proceso judicial que se abrió para investigar el caso, solo sabía una cosa en ese momento: aquello era demasiado para la cena, era excesivo para mí, era intolerable para cualquiera.

    Sin más, me levanté y le dije a la persona con quien hablaba que iba a cambiarme de mesa, y dirigiéndoles a ellas la mirada más denigrante de la que pude ser capaz seguí diciendo: “No voy a cenar al lado de unas planilleras”. Era cierto. Una golondrina no hace primavera, pero no podía insultar así mi pobre inteligencia.

    Cuando terminé de acomodarme a varios metros de distancia, siempre con el teléfono pegado a la oreja, volví a mirarlas por última vez y entonces ocurrió algo que hasta ese momento me parecía poco probable, algo inesperado: la vergüenza había desfigurado sus rostros. Principalmente el de la tristemente afamada asesora viajera. Me di por satisfecha y pude cenar en paz. La comida estuvo tan deliciosa que casi olvidé que pedí una insípida ensalada; aquello parecía un manjar.

    No tardaron en irse y lo que minutos antes se presentaba como una cena incómoda, se tornó de pronto en una conclusión osada y épica para un día que no había tenido nada fascinante que se pueda recordar o que haya sido digno de narrar.

    Cuando los diarios nos mostraron sus rostros sonrientes, incapaces de ruborizarse en medio del escándalo que a cualquier mortal humillaría para siempre, pensamos que la vergüenza y la deshonra eran sentimientos demasiado humanos para algunas personas, para ellas por ejemplo.

    Yo no las vi sonrientes. Las vi avergonzadas y no saqué una cámara para retratarlas, pero ahora intento encontrar las palabras para decirles a todos que no se callen, que la sanción social a viles planilleros no es solamente un consuelo, que sí les duele. Yo pude verlo.

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  3. Sin lugar a deudas
    20 May 2016

    Existe una constante presión social que recae sobre las gestiones gubernamentales por el alto grado de necesidad en el país y, principalmente, porque quienes resultan electos para ocupar los puestos de representación en democracia proyectan en sus propuestas las alternativas que consideran serán válidas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Como en el Paraguay hay mucho por hacer, muchas veces estos planteamientos quedan a mitad de camino o son casi invisibilizados por otras urgencias que van surgiendo en la agenda periódica.

    Sin embargo, la mirada no solo puede reducirse a las gestiones oficiales, porque como es harto sabido que en una sociedad convivimos con diferentes instituciones, las cuales, desde sus lugares, ejercen una influencia que impacta en un porcentaje importante de la población. Entonces, si queremos proyectar un desarrollo comunitario sustentable y sostenido, todos los organismos deben estar embarcados en un proyecto en el que los derechos y obligaciones queden claramente definidos.

    En este escenario, resulta imperdonable que existan vacíos injustificables en otros actores que no pueden ser dejados de lado en un análisis que incluya a protagonistas de nuestra sociedad. Uno de estos puntos es la multimillonaria deuda de empresas del sector privado al Instituto de Previsión Social, que actualmente alcanza los US$ 91 millones de dólares.

    Este contexto no solo deja en una situación de reducción de recursos al ente encargado de la seguridad social, sino que expone a un montón de trabajadores a una baja calidad de atención médica, una inseguridad mirando a su futuro, ya que se pone en juego la jubilación de los mismos. En contrapartida, se expone a las autoridades del IPS como las únicas responsables de las carencias que son frecuentes cuando los usuarios no reciben los servicios que pagan mensualmente a través de sus empleadores.

    El Paraguay en su conjunto celebra pequeños grandes logros que se valoran como avances que son realmente muy significativos. Uno de ellos es la transparencia, en donde se exige a los administradores que se muestre la honestidad y claridad en la gestión de recursos que no fue habitual en la historia reciente del país. Esa misma vara de exigencia para las autoridades nacionales debería ser la que marque la pauta en otros ámbitos, como lo es indudablemente aquellos que adeudan multimillonarios recursos al IPS, por citar un ejemplo que es motivo de preocupación en estos días.

    Las grandes transformaciones de un país requieren de un esfuerzo sostenido de todos los protagonistas, independientemente al sitio que coyunturalmente estén ocupando en un momento histórico. Si solamente nos ponemos a hurgar en gestiones de algunos y hacemos caso omiso a otros, como mínimo somos cómplices por omisión. Una responsabilidad que no siempre queremos asumir, porque es mucho más simple el ejercicio de mirar el defecto del otro, sin profundizar en los dramas que tienen como punto de partida nuestra apatía.

    Una vez que se consiga este paso cualitativo será mucho más fácil exigir a que los demás también comiencen a ofrecer resultados de gestión. La credibilidad se construye desde un esfuerzo individual que es transparente en todos los sentidos, y no llenándose la boca con discursos grandilocuentes, pero que al final están vacíos porque no tienen una consistencia interna, con una foja de vida que está cargada de vicios, que no siempre podrán ser ocultos.

    La construcción de una República sólida implica un esfuerzo de todos los protagonistas. Para alcanzar este nivel deseable, el control mutuo es fundamental. La participación de la ciudadanía es clave como contralora de este proceso, en el que todo saldremos beneficiados

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  4. Ellos comen, nosotros miramos
    19 mayo, 2016
    Por Mariano Nin

    Esta semana se publicaba que el Ministerio de Industria otorga un bono de 38.500 guaraníes por día, para almuerzo a sus funcionarios, sin importar cargos ni salarios (algunos, incluso, con casi 20.000.000 de sueldo). Pero, si te vas a asombrar, leé lo que sigue: el Ministerio pone, además, a disposición de los trabajadores tres vehículos, para que sean trasladados desde sus oficinas hasta el restaurante asignado para el almuerzo.

    Pocas cosas ya nos asombran, pero esta, raya la burla. Es dinero que sale de nuestros impuestos. De tu bolsillo, incluso de esa gente que hace magia para pagar el pasaje de los chicos para ir a la escuela, y que hoy quizás no tengan almuerzo escolar porque el dinero del Estado “no alcanza.”

    La justificación fue una bofetada. El MIC argumenta que el almuerzo gratis motiva y fomenta el compañerismo. Eso lo sabe Juan, mi vecino. Barriga llena, corazón contento. Pero Juan tiene que salir a ganarse el pan, muchas veces sin desayunar y confiado en que un compañero le preste algo de dinero para el pasaje y llegar a su casa con un kilo de galletas para sus hijos. Esa es la realidad.

    Un estudio de la Central Nacional de Trabajadores revela que, una familia de cinco miembros, gasta para todos en almuerzo unos 35.000 guaraníes diarios. SÍ, 35 MIL PARA CINCO PERSONAS. Esa es la realidad del común de la gente.

    Pero el Ministerio de Industria es solo una muestra. El robo se multiplica y nos desangra. La semana pasada, el Ministerio de Hacienda destinaba 9.000 millones, NUEVE MIL, a sus funcionarios como “primer aguinaldo” (tienen tres) y conste que existe una evasión de entre el 30 y el 40%.

    En estos últimos meses no solo descubrimos que les pagamos sus viajes, sus “secretarias privadas” sus vehículos lujosos y sus propiedades, sus empleados personales y suS combustibleS, también les pagamos la comida mientras nos roban la esperanza. Ellos van por el nuevo rumbo, nosotros por el mismo camino.

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  5. Recuperar lo robado

    Es encomiable que la Procuraduría General de la República haya cumplido con su obligación de defender los intereses patrimoniales del Estado al promover una demanda civil contra los expolicías Francisco Benítez, Hermes García, Juan Melgarejo y Carlos Sánchez y el empresario Milciades Sanabria, condenados por un delito de lesión de confianza que en 2008 le causó a la Policía Nacional un perjuicio de 1.100 millones de guaraníes. No será fácil hacer efectiva su plena responsabilidad civil, ya que es presumible que los bienes mal habidos hayan sido enajenados o puestos a nombre de otras personas, sin olvidar su depreciación con el paso de los años.

    Como ejemplo de la impunidad que prevaleció en la materia hasta ahora, se puede recordar el caso de los exfuncionarios aduaneros Hilarión Osorio y Arnaldo Abegg, condenados por varios delitos que en 2003 le provocaron al fisco un daño patrimonial de casi 7.000 millones de guaraníes, de los que hasta hoy no se ha recuperado ni un solo centavo, de modo que el perjuicio persiste. Empero, la Procuraduría debe hacer el mayor esfuerzo para que el Estado sea resarcido y para que los delincuentes sepan que, en adelante, la sociedad no quedará satisfecha con la simple condena del ladrón público, ni mucho menos con su traslado, comisionamiento o destitución, que suelen ser las únicas medidas tomadas hasta hoy.

    Quienes se enriquecen ilícitamente con el dinero público deben ir a la cárcel y devolver, con intereses, las sumas sustraídas o no ingresadas. La Procuraduría anunció que se propone trabajar en todos los casos de desvío de fondos públicos y que para ello ha firmado un acuerdo con la Fiscalía para estar informada y empezar a preparar las demandas civiles. Antes ni siquiera se enteraba, según su titular Roberto Moreno. Si no se hacía efectiva la responsabilidad civil, que deriva de la penal, no era tanto por negligencia de la Procuraduría, sino porque reinaba y sigue reinando la impunidad.

    Es de esperar, entonces, que ahora esa entidad proceda contra la exministra de la Secretaría de Acción Social, Judith Andraschko, y contra el expresidente del Instituto Paraguayo del Indígena, Rubén Quesnel, sentenciados a cinco y a seis años y medio de cárcel, respectivamente, para recuperar lo desviado, y que este ejemplo se siga en relación con tantos otros altos funcionarios públicos que hoy aparecen rapiñando las arcas del pueblo a través de diferentes artimañas.

    Es inadmisible que quienes hayan purgado una condena por ladrones salgan en libertad para disfrutar tranquilamente de lo que le robaron al Estado. Deben “devolver lo robado”, como dijo hace poco la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, al anunciar una serie de medidas. Parece una perogrullada, pero no lo es tanto, al menos hasta ahora en nuestro país. Aquí no se registra un solo caso en las últimas décadas, de delincuentes disfrazados de funcionarios que hayan devuelto el fruto de sus latrocinios tras haber sido condenados.

    La Procuraduría debe imbuirse de mucho coraje y patriotismo para abrir un “nuevo rumbo” en la materia, de modo que la “responsabilidad civil”, contemplada en nuestras leyes, sea efectivamente aplicada y recuperar así los cuantiosos bienes públicos de los que los buitres se han apropiado y continúan disfrutando tranquilamente.

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  6. Se requiere más austeridad en manejo de fondos públicos

    Las revelaciones periodísticas sobre la existencia de un director por cada cuatro funcionarios en el Ministerio de Industria y Comercio –y conste que disminuyeron los jefes en los últimos años–, y los numerosos privilegios que se les asignan, como los vales de comida dados a funcionarios con sueldos muy altos, ponen nuevamente de resalto la necesidad de un manejo más austero de los recursos en la administración del Estado. En un país en donde sigue habiendo sentidas carencias en el área social, en donde 687.406 paraguayos son pobres extremos y pasan hambre, se impone un llamado de mayor atención a los administradores del dinero público.
    Cuando los propios datos oficiales, recientemente revelados por la Secretaría Técnica de Planificación, dan cuenta de que los índices de pobreza en el Paraguay siguen siendo muy elevados, ya que más de 1.500.000 paraguayos son pobres y 687.406 están en la pobreza extrema, es inevitable que la difusión de datos sobre los elevados precios que se pagan por productos y servicios en algunas instituciones públicas, o sobre los privilegios que se otorgan a sus directivos y funcionarios, despierten la indignación de los sectores ciudadanos.

    Es lo que sucedió recientemente con el caso del llamado cocido de oro en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), en donde una investigación de Última Hora reveló que se estaban adquiriendo termos de cocido por 80 mil guaraníes, o botellitas de agua a G. 10.000, mientras se descuidaban otras necesidades más esenciales, como el mantenimiento de escuelas y colegios, que se derrumbaban sobre los alumnos. El malestar causado por esta constatación fue una de las motivaciones para la última revuelta estudiantil, que obligó a la renuncia de la ministra Marta Lafuente y generó acciones de respuesta para intentar corregir los errores.

    De un modo distinto, otra serie de publicaciones periodísticas sobre privilegios en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) están provocando también mucha polémica, por la sensación de derroche del dinero público, que no acompaña a la realidad social.

    Una serie de reportajes de este diario han puesto de resalto que en el MIC existe un director por cada cuatro funcionarios, que perciben altos salarios, y que además acceden a una serie de privilegios. Es decir, de un plantel de 450 funcionarios, 67 son directores y otros 30 son jefes de secciones. Llamativamente, los directivos con más altos sueldos, que incluso superan los G. 18 millones, también reciben diariamente vales de comida por valor de 38.500 guaraníes, y además disponen de servicios de transporte gratuito para acudir al sitio de almuerzo.

    ¿Se necesitan tantos jefes para la cantidad de funcionarios que existen? ¿Es justificable que quienes tienen altos salarios también se beneficien con los vales de almuerzo y el servicio de transporte? Aunque la situación comprobada en el MIC no constituya una irregularidad desde el punto de vista legal, se puede entender la indignación que provoca en la ciudadanía, ya que los privilegios se pagan con el dinero que todos aportan. Además, tampoco se ven resultados extraordinarios de buena gestión pública de parte de quienes son beneficiados.

    Una vez más, se pone de resalto la necesidad de mayor austeridad en el manejo de los fondos públicos. La ciudadanía ya no parece dispuesta a tolerar el derroche en casos como el del cocido de oro ni en privilegios abusivos con el dinero de todos.

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  7. No pague sus impuestos

    Posteado por Alberto Candia

    Con motivo de las publicaciones de los “Papeles de Panamá”, los recaudadores oficiales del gobierno paraguayo han aprovechado la coyuntura para evocar e inducir a la población al abono de sus impuestos o al simple cumplimiento de “sus deberes”. De hecho, la obligación se volvió alienante, atormentadora y agonizante para una población paraguaya que noche y día se debate desesperadamente por el esquelético sustento.

    Tamaña desfachatez de los personeros gubernamentales ya no sorprende y, muy especialmente, cuando los enfoques provienen directamente de las fuentes oficiales del estado. Radio ABC Cardinal entrevistó a la viceministra de la SET Marta González Ayala. Esta, en su entelequia aseveró: “el caso ‘Papeles de Panamá’ es una prueba de que la evasión tributaria es un mal endémico mundial”; y concluyó: “tenemos que perfeccionar nuestro sistema tributario”.

    Aseguró además: “La Ley paraguaya dice que toda la renta generada en el país es la que debe tributar en impuestos. Hay antecedentes donde las empresas venden al costo, con lo cual evaden impuestos”.

    Bien, cuando la base de la recaudación -la confianza- se pierde, se hunde la patria.

    Expliquemos el fenómeno. En la problemática impositiva del país, la “evasión de impuestos” es el EFECTO y no la CAUSA. Es natural y hasta ecuánime que todos quieran evadir cuando las organizaciones del estado, las estructuras republicanas, el funcionariado público y las autoridades constituidas, se dedican a DESVIAR y MALVERSAR las recaudaciones provenientes del impuesto. A una ACCIÓN, se consagra una REACCIÓN.

    Esa colecta llevada a cabo por los cobradores, se adjudica al beneficio exclusivo del funcionariado y los mandamases de turno, no para el provecho de la ciudadanía en general. El destino de lo aportado por el contribuyente, se escamotea, se oculta y se desnaturaliza. Se “formaliza” el país para el soporte de los parásitos. Esto nos recuerda un episodio de la dictadura cuando el fruto del “peaje rutero” se depositaba en una “cuenta especial” manejada exclusivamente por Alfredo Stroessner, sin conocerse su uso ni destino.

    Este ejemplo, igual a otros, cundió en las nuevas generaciones, llegando la prostitución a ribetes insostenibles. La gente, cansada de pagar para mantener holgazanes, zánganos, vividores y forajidos, prefiere esquivar (no pagar, no aportar) esas “obligaciones inventadas” bajo la invocación del “amor a la patria”. El gesto de la “buena voluntad” del contribuyente tributario, se ha evaporado por completo.

    Y ante la situación imperante, la exigencia al habitante, pasó a ser inquisitoria, dictatorial, arbitraria y delincuencial, la conducta oficial es un acto de “terrorismo de estado” que acogota y engrilla a la ciudadanía, martirizada por verdugos sanguinarios como lo son Aduana, Hacienda, Tributación y otras reparticiones creadas al solo efecto de percibir y acopiar.

    Por consiguiente, el “mal endémico” está en el sistema estructural y no en el contribuyente. Precisamente, fueron los políticos y su régimen clientelar quienes se encargaron de sublevar a los ciudadanos laboriosos en contra de la doctrina impositiva deformada, los métodos y las organizaciones montadas, proyectadas para desplumar a los emprendedores económicos.

    Es el caso del PGN (Presupuesto General de la Nación), donde se infla, se manosea y se maquilla para disponer -legalmente- de fondos que pasarán a destinos funestos, totalmente desvirtuados y ajenos a los fines de su estipulación. Millones (el 80%) van a parar en gastos superfluos y apócrifos, exigiéndose criminalmente a los habitantes el abono de sus impuestos, no para mejorar la república ni para realizar obras en su beneficio, sino para repartir y complacer los vicios y caprichos de “garzones estatales”.

    Entonces, las imposiciones establecidas pasaron a ser una “mafia montada” por una clase de pobladores hampones, enquistados en los gobiernos. La “evasión de impuesto” es un mero EFECTO, siendo la CAUSA la mafia oficial instalada para acogotar y condenar. Ante esta realidad dominante, es una actitud positiva de la ciudadanía no pagar impuesto. Esta postura global del contribuyente enerva, entonces echan mano a la persecución, el estado a través de sus “agentes gorilas” ametrallan a los comercios e industrias.

    Los timbrados son trabados, las auditorías por venta mínima inalcanzadas no son dadas de baja, los anticipos o multas obstaculizan y cesan el flujo, paralizando autorizaciones como documentos para la confección de “notas de venta” y otros, todo esto a los efectos de generar imposibilidades al trabajador o mercader, una inhabilitación de facto a los que operan legalmente. Es por eso que la población está harta de pagar impuestos y es entendible no querer nutrir a las garrapatas.

    La rebelión es una realidad, el descontento abrumador y la negación unánime. La predica de los gobiernos no se refuerza con el ejemplo, paradigmas no concedidos al común. La clase política está corrupta y enajenada, los estamentos estatales ni que decir, motivando a la ciudadanía a soliviantarse con toda justicia.

    El estado paraguayo podía haber sido un vergel si hubiera honestidad, solidaridad y patriotismo. ¡Qué país hubiésemos tenido si los recursos se destinaban íntegramente a planificar, construir y modernizar el estado!

    Actualmente, el ánimo y la sicología del contribuyente es eludir, es decir, no pagar impuesto. Este es el caso en que la víctima se levanta contra su agresor y, está bien que así sea, antes que ocurra su inanición y muerte. Se trata de salvar y honrar la vida. En este caso, el EFECTO es noble, ahogando a la CAUSA y con el único recurso disponible: no pagando impuestos.

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  8. Las hijas del ministro

    Bendita ley de transparencia y de acceso a la información pública, mediante la cual se pudo descubrir casos tan sonados de corrupción en la función publica como este nuevo caso descubierto luego de un exhaustivo trabajo de periodistas de ABC Color y que involucra a las hijas del Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de María José Torres Ferreira y Valeria Eliana Torres Espínola, hijas del ministro Torres Kirmser, quienes son funcionarias privilegiadas del Poder Judicial. La primera ostenta el cargo de “asesora” y cobra un sueldo de G. 9 millones sin aparecer a trabajar. La segunda gana G. 7,3 millones, empezó a asistir desde hace solo unos dos meses al estallar los escándalos de planillerismo en varios entes públicos y tiene de chofer a un policía comisionado.

    La información indica que tras conocerse el caso a través de una investigación de ABC Color, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alicia Pucheta, quienes es además titular del Consejo de Superintendencias de la institución, anunció la apertura de un sumario para verificar si las hijas de su colega Torres Kirmser son planilleras o no. A pesar que la investigación comenzará recién el seguimiento que realizó la investigadora periodístico de ABC, Rosana Escobar es contundente y muestra fotografías del chofer policía que lleva a todas partes a la hija del Ministro de la Corte en una evidente demostración de los privilegios inaceptables que tienen, mofándose de la ciudadanía que todos los días debe matarse para llegar al trabajo, abordando los vehículos del transporte público.
    Qué bueno sería tener el testimonio del Ministro de la Corte dando explicaciones sobre el porqué de los privilegios para sus hijas, si es que puede haber una explicación lógica par algo tan aberrante e indignante para la población. También es humillante para la sociedad tener un magistrado sin ética que procede de esta forma. Por eso comenzábamos agradeciendo esta herramienta poderosísima que la sociedad tiene para controlar a sus funcionarios públicos la ley de acceso a la información de los entes del estado, lo malo es la impunidad, como en este caso en donde desconfiar es hasta un imperativo porque los que están involucrados son hijas de un ministro de la corte.
    De igual manera como se podrá confiar en el fallo del Ministro Torres en un situación controversial si tuviera que intervenir en el juicio de algún planillero, al recordar que sus hijas fueron denunciada con argumentos sólidos y pruebas irrebatibles del poco apego demostrado al trabajo. Por estas circunstancias es que existe tanta impunidad en el poder judicial, lo único que le queda al Ministro es pedir disculpas a la ciudadanía en nombre de sus hijas y renunciar, cualquier atisbo de credibilidad que hubiera tenido en la población se fue con el descubrimiento de los privilegios que recibían sus hijas trabajando en el mismo sitio donde su padre ocupa un alto cargo ahora, el caso ya ganó estado publico y lo que puede pasar es incierto.

    Andrés Granje

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  9. Hay que desmantelar la mafia que desangra a la Cancillería

    El Ministerio de Relaciones Exteriores se ve desangrado por algunos de sus funcionarios que han recurrido a instancias judiciales para alzarse con montos multimillonarios. La institución sigue pagando indemnizaciones vinculadas a cuestiones laborales y al ingreso en el escalafón diplomático por vía judicial. Esta problemática no es nueva y aunque el canciller Eladio Loizaga levante ahora el grito al cielo por esa situación, es indudable que hace rato debieron implementarse los mecanismos para desarticular lo que llama “cadena de mafias” vigente. No bastan las palabras, lo que hay que ver son acciones eficaces contra los elementos que desangran a nuestra Cancillería.

    El ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga, acaba de volver a poner el dedo en la llaga. Alarmantemente dijo que la cantidad de funcionarios que reclaman indemnizaciones por despido o pago por escalafonamiento ha subido, en los últimos tres años, de 72 a 119. De ellos –dijo– 80 se hallan en trámite actualmente.

    De más está señalar que, dada la ya habitual desidia e incapacidad de los abogados que tendrían que defender los intereses públicos, lo más seguro es que estas acciones se pierdan.

    El aumento de demandas demuestra también que no se han tomado las medidas pertinentes en tiempo y forma para evitar que este tipo de maniobras siga perjudicando al erario público. Solo a modo ilustrativo, podemos mencionar que en apenas dos casos perdidos el Ministerio deberá pagar USD 600 mil.

    El canciller habló de una “cadena de mafias”, lo cual hace suponer que hay eslabones de delincuencias dentro de la administración pública, con ladrones oportunistas que se ponen de acuerdo para reclamar sumas multimillonarias, para posteriormente llegar a repartirse lo que el pueblo paraguayo terminará abonando.

    Relaciones Exteriores afronta así una lacra de demandas que succionan sus recursos. Pero Loizaga no puede contentarse solamente con denunciar cada tanto el próspero negocio de unos cuantos que desangran a una secretaría de Estado que necesita utilizar mejor sus recursos y no estar pagando millones para que unos pocos se llenen los bolsillos inescrupulosamente.

    La obligación del canciller, como administrador de un bien público esencial de la República, es implementar mecanismos que puedan frenar a quienes han hallado en Relaciones Exteriores una mina de oro para enriquecerse. Y, para colmo, en algunos casos, con irreverencia extrema, estos elementos que él denomina “de la mafia” siguen siendo funcionarios de la esquilmada cartera.

    El dinero asignado por el Presupuesto General de Gastos de la Nación debería invertirse para atraer capitales, incentivar intercambios culturales, colocar productos nacionales de exportación y abrir oportunidades de becas para la formación de grado y posgrado de profesionales de las diversas áreas del saber. Es inadmisible que a través de esta cartera se siga alimentando el apetito voraz de unos pocos, utilizando los resortes legales para tal objetivo.

    Es de esperar que el titular de la Cancillería pase de la denuncia a las acciones, estableciendo los mecanismos necesarios para parar esta sangría.

    http://www.ultimahora.com/hay-que-desmantelar-la-mafia-que-desangra-la-cancilleria-n991017.html

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  10. Funcionarios “de visita”

    Funcionarios del Hospital Nacional de Itauguá visitaron en horas laborales al diputado Pedro Alliana, presidente de la ANR, para quejarse de que la directora administrativa haya sido reemplazada. Esperan que su amable anfitrión incurra en el uso indebido de influencias, previsto en la Constitución como una de las causales de la pérdida de la investidura de los legisladores, para que el ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Antonio Barrios, revoque la medida cuestionada.

    Los antecedentes del diputado, que no se privó de posar con ellos en la sede partidaria, sugieren que la confianza no es infundada. La visita no tuvo nada de insólita: es de sobra conocido que muchos funcionarios tienen poco apego al trabajo, que deben sus nombramientos al patrocinio de algún dirigente partidario y que están políticamente organizados en diversas instituciones. Como en los viejos tiempos de la dictadura, el aparato estatal sigue marcado por la partidización, entre cuyas deplorables consecuencias figuran el sectarismo y la quiebra de la cadena de mando dentro de la entidad pública.

    El art. 101 de la Constitución dice que los funcionarios están al servicio del país, y el art. 60 de la Ley de la Función Pública les prohíbe realizar durante la jornada laboral actividades ajenas a las del organismo que integran y, “en especial, ejercer cualquier actividad política partidaria dentro del mismo”. Estas normas son letra muerta: su incumplimiento, que implica la comisión de una falta grave, no ha conllevado hasta hoy la instrucción de ningún sumario administrativo. En el caso comentado, los funcionarios abandonaron lisa y llanamente sus puestos de trabajo para trasladarse a Asunción y entrevistarse con el presidente de su partido con el fin de impugnar un acto administrativo dictado por el propio ministro.

    La evidente indisciplina –cohonestada por el presidente de la ANR– no debe quedar impune. ¿Tendrá Antonio Barrios o, en su defecto, el director general del hospital, Hernán Martínez, el coraje de iniciar el procedimiento legal para sancionar a esos funcionarios haraganes e insolentes? El funcionariado debe acatar las decisiones de los superiores jerárquicos que no se opongan a las leyes ni a los reglamentos y no tiene el derecho de imponer nombramientos. Lo que aquí está en juego es el principio de autoridad, que se pretende socavar mediante la intervención política.

    Es obvio que el diputado Alliana no debe inmiscuirse en la esfera de atribuciones de ningún ministro. El de Salud Pública y Bienestar Social estuvo en Mburuvicha Róga cuando su excolega Marta Lafuente se despidió del cargo, mencionando entre sus logros la despartidización del Ministerio de Educación y Cultura, “aplicando las normas correspondientes a los bandidos disfrazados de políticos que robaban la educación para sacar provecho personal”. También hay bandidos que roban a la salud pública, invocando su filiación partidaria.

    Confiamos en que Antonio Barrios tome las medidas pertinentes, poniendo su condición de ministro por encima de la de miembro de la Junta de Gobierno de la ANR. En cuanto al titular del Poder Ejecutivo, convendría que ponga en su sitio al diputado, a quien apoyó abiertamente en las elecciones internas de su partido, para que no se diga que también él cree que el partido es más importante que el Estado y que la salud pública.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/funcionarios-de-visita-1479224.html

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  11. ¿Sabés cuánta plata recibió tu intendente?

    Cargados de promesas a fines de diciembre pasado asumían el cargo 250 nuevos intendentes a nivel país. Un grupo importante, pese a su cuestionada gestión anterior, iniciaba su segundo y hasta tercer periodo en la intendencia.

    os millonarios recursos en concepto de royalties vienen siendo transferidos por el Ministerio de Hacienda mensualmente desde febrero de este año a todos los distritos sin excepción, inclusive, pese a que en algunos casos –según un reciente informe de la Contraloría General de la República– no se rindió cuenta.

    ¿Cuánta plata ya recibieron? y sobre todo… ¿qué están haciendo con ese dinero?

    Los datos de Hacienda indican que al mes de abril ya le fue transferida a la administración capitalina del intendente Mario Ferreiro la suma de 4.199 millones de guaraníes.

    El intendente de San Lorenzo, Albino Ferrer, quien logró ser reelecto –pese a las críticas sobre su pésima gestión anterior–, recibió 2.136 millones de guaraníes en lo que va de este año.

    Sandra McLeod, la intendenta de Ciudad de Este, es una de las administraciones que más plata recibió; al mes de abril la suma alcanza 4.895 millones de guaraníes, inclusive más superando a la propia capital del país.

    No obstante estos extraordinarios recursos, aún está muy lejos esta ciudad de ser el edén, del que habla el patético himno que le entonan a la esteña jefa comunal.

    En Limpio, el nuevo intendente Carlos Palacios, quien logró destronar a la familia Verlangieri que se turnó por décadas la administración municipal, ya recibió en lo que va del año 1.222 millones de guaraníes.

    Cito algunos ejemplos que me parecen emblemáticos, y le invito a usted a acceder a la lista completa en la página del Ministerio de Hacienda e informarse sobre el dinero que recibió su municipio.

    Es fundamental profundizar en estos datos para exigir a nuestras autoridades locales que estos recursos que nos pertenecen como ciudadanos, se vean traducidos en obras de beneficio común. Que no nos vengan con el cuento de que “no hay recursos”, cuando que existen documentos oficiales que certifican que el dinero les fue transferido.

    Los recursos por royalties provienen del dinero que se genera por la energía que producen las hidroeléctricas binacionales y, por Ley Nº 4758/12, deben ser destinados a proyectos de inversión.

    En lo que va del año en total se han transferido 128.390 millones de guaraníes en concepto de royalties a los 250 municipios del país. Por ello insisto: ¿Qué están haciendo las nuevas autoridades municipales con todo ese dinero?

    ¿Permitiremos de nuevo ante el despilfarro o, en el peor de los casos, el descarado robo de administradores anteriores que hoy siguen impunes?

    De nosotros depende exigir que esa oscura historia no se vuelva a repetir.

    Por Samuel Acosta

    http://www.ultimahora.com/sabes-cuanta-plata-recibio-tu-intendente-n990717.html

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  12. Seguir eliminando a los que están acostumbrados a rapiñar al Estado

    Estados fallidos y corruptos posibilitaron que Paraguay entrara en una oscura etapa en la que se convirtió en una actividad hasta común desplegar artimañas administrativas e incluso legales con el objetivo de vaciar las arcas públicas para llenar con dinero público los bolsillos de los administradores de turno. Con la falta de transparencia y sin castigo a los corruptos, la función pública y la política pasaron a ser una suerte de seguro para lograr beneficios económicos sin mucho esfuerzo, formando así un esquema corrupto que lo único que hace es castigar a los más necesitados.
    Tras la caída de la dictadura, que permitió la participación abierta de actores políticos no afines al gobierno de ocasión y, sobre todo, de una ciudadanía hambrienta de libertad y espacios de participación, generó una mayor conciencia sobre la obligación de ubicar a la transparencia como uno de los ejes principales para el fortalecimiento del Estado.
    En esta época de libertades y de herramientas que permiten una mayor contrastación de las informaciones, incluso las que están ocultas, no podemos imaginar un Estado que no mire al pueblo sin el condimento de la transparencia pública. Solo con una gestión controlada por sus administradores y por los propios ciudadanos permitirá que las acciones gubernamentales logren sus objetivos. No hay otro camino. Por ello, sin contemplación alguna, se tiene que seguir eliminando a aquellos personajes acostumbrados a rapiñar al Estado.
    En la tarea de lograr mayor transparencia pública, a consideración de las autoridades gubernamentales, Paraguay está avanzando en ese camino gracias a la implementación del programa denominado “Gobierno Abierto”, que va llegando a su culminación en una primera etapa. La primera parte culminará el 30 de junio y para dar continuidad al programa, la Secretaría Técnica de Planificación (STP) elabora un nuevo plan de reformas para el período 2016-2018.
    De lograr su objetivo, el programa permitirá que en Paraguay funcione un Estado más abierto, que no oculte datos y que no esté ajeno a la rendición de cuentas. La tarea no es sencilla, y no depende exclusivamente de un excelente plan, porque la política de ocultamiento de datos, generalmente bajo protección política, es un esquema que sigue vigente en el país y está metido en la propia cultura de muchos paraguayos que ven como algo común beneficiarse con el amiguismo o parentesco partidario. El festín con dinero público es una práctica que no fue vencida en las reparticiones públicas. Solo con la transparencia, el control y participación podrá ser desterrado. Se tendrán detractores que serán aquellos que no desean perder la comodidad de lograr beneficios a costa de la práctica del ocultamiento.
    Los esfuerzos, tanto del propio Estado como de la sociedad, deben estar centrados en obligar a las autoridades de cualquier estamento público a presentar informes de gastos permanentes, a castigarlos en caso de que no lo hagan y que la Justicia aplique sanciones si existen desvíos de fondos. A la vez, fortalecer las instituciones de control con funcionarios honestos y legislaciones de acceso a la información que ayuden a la transparencia. Estas acciones deben estar acompañadas por mecanismos que logren una verdadera participación ciudadana. De no ser así, cualquier programa que se desarrolle quedará en saco roto y la falta de transparencia seguirá siendo solo un sueño de los que esperan un mejor país para todos.

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