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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

Soja: Lejos de la justicia tributaria

“El complejo agroexportador liquidó en cinco jornadas operativas exportaciones por US$ 870 millones entre el 4 y el 8 de enero de este año. Las divisas obtenidas son las más altas en un año y siete meses, desde los US$ 967 millones de la semana del 5 al 9 de mayo de 2014, según datos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC)”.

Estos datos, citados por el portal Infobae, documentan una verdad relevante: en Argentina, cuando aún tienen vigencia las retenciones aplicadas a la exportación del grano en estado na­tural hasta un 30%, la soja sigue siendo un gran negocio y una genuina fuente de financiación para el Estado que se queda con una buena parte de su valor. Esta actividad ha estado rindiendo por año entre US$ 5.000 y 8.000 millones al fisco argentino que hasta el final del gobierno kirchnerista gravaba las expor­taciones en un 35%. Algunos analistas del sector estiman que este peso tributario es desestimulante para un sector que este año espera recoger una cosecha que bordea las 60 millones de toneladas, 1,5 millones por encima de las estimaciones hechas en 2015.

En el otro extre­mo está el Para­guay, en donde la campaña 2015-2016 en la cadena de la soja espera lograr un total de 8,8 millones de toneladas, según estimaciones del Departamento de Agricultura de EEUU (USDA). Sin embargo, hasta el momen­to ha sido impo­sible aplicarle si­quiera un módico impuesto del 5% debido a la fron­tal oposición que se levanta en el Congreso cada vez que el tema intenta ser introducido en la agenda. Argu­mentos tales como las oscilaciones de precios, las plagas, las sequías son esgrimidos por los representantes del sector, que realizan pesados lobbies frente a legisladores incapaces de so­portar la más suave de las presiones. Sería bueno que senado­res y diputados tuvieran en cuenta que el comportamiento de los mercados, las condiciones climáticas y la disponibilidad de créditos accesibles son variables comunes a productores ar­gentinos y paraguayos. Sin embargo, en Argentina el Estado no ha trepidado en imponer un sistema de retenciones que ni el propio Mauricio Macri se ha atrevido a modificar más allá de cierto nivel, porque sabe perfectamente que uno de los secto­res que más puede aportar al fisco es el del complejo sojero.

Lo hemos dicho con frecuencia y lo repetimos. Si este Gobierno no es capaz de introducir aunque sea un primario intento de justicia tributaria gravando una actividad que se beneficia de un bien común como lo son los recursos naturales, es evidente que carecerá de valor para extender dicha reforma a otros ám­bitos, como los juegos de azar, el tabaco, el alcohol y los nego­cios vinculados al fútbol profesional. Por el momento, veamos cómo se comportan los legisladores en el proyecto que deberán analizar esta semana y que busca gravar las exportaciones de soja en estado natural.

http://www.5dias.com.py/45897-soja-lejos-de-la-justicia-tributaria

 

 

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

14 comentarios en “Soja: Lejos de la justicia tributaria

  1. Yvy jára

    El Paraguay es un país agrícola y ganadero, me enseñaron cuando estaba en la escuela. Sigue siéndolo, pero a la agricultura y la ganadería tradicionales han reemplazado la agricultura y la ganadería comerciales orientadas a la exportación y no al consumo interno. El cambio ha significado un aumento de la superficie de la tierra dedicada a producir para la exportación y una disminución de la dedicada a producir para el consumo interno. Hoy la desproporción llega al 92% (exportación) frente al 8% (consumo), según el libro Yvy jára: Los dueños de la tierra en el Paraguay, escrito por Arantxa Guereña y Luis Rojas Villagra, con el auspicio de Oxfam. Oxfam es una prestigiosa ONG internacional consagrada al estudio de la tenencia de la tierra en América Latina.
    El libro presenta lo que se puede saber sobre la tenencia de la tierra en el Paraguay sobre la base de las estadísticas oficiales, que no es todo, por varias razones. Primero: porque el último censo de la propiedad es el 2008, y mucha especulación inmobiliaria se ha dado desde entonces; segundo, porque el registro de la propiedad es confuso; tercero, porque se quiere que sea así.

    La historia es vieja: ya Teodosio González, en su libro Infortunios del Paraguay, lamentaba la confusión deliberada en los títulos de propiedad, consecuencia de la venta (y regalo) de las tierras fiscales efectuada a partir de la promulgación de las leyes de 1883 y 1885. Pese a las tentativas de reforma agraria, y a la Constitución de 1992, que consagraba el imperativo de la reforma agraria, el sistema de tenencia de la tierra no ha cambiado mucho. Yvy jára señala que, entre 1954 y 1988, Stroessner y sus amigos se adjudicaron irregularmente unos siete millones de hectáreas de tierras fiscales y, entre 1989 y 2003, se dilapidaron casi un millón más de tierras fiscales. Lo constató la Comisión de Verdad y Justicia, que entregó su informe a la Procuradoría y a la Fiscalía en 2008, sin que hasta el momento el Estado haya recuperado sus tierras. Eso quizás se deba a que entre los presuntos beneficiados por la reforma agraria se encuentre el propio Horacio Cartes. No lo dice Yvy jára, pero lo dice el refrán popular: entre bueyes no hay cornadas.

    Tomando del censo de 2008, se constata que el Paraguay es el campeón mundial de concentración en la propiedad de la tierra. 12.000 propietarios tienen el 90% de la tierra; el 10% restante queda para los medianos y pequeños propietarios; los pequeños, de más en más, migran a las ciudades para engrosar los suburbios. La aristocracia francesa (25.000 familias, 350.000 personas), tenía solo el 20% de la superficie cultivada de su país en 1789; se quedó con mucho menos porque la revolución les expropió sus tierras. Ya sé que las comparaciones son odiosas, pero algo dice esta comparación sobre la tenencia de la tierra.

    Por Guido Rodríguez Alcalá

    http://www.ultimahora.com/yvy-jara-n1047796.html

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    Publicado por Anónimo | 21 diciembre, 2016, 9:14 am
  2. La naturaleza cobra al contado
    12 diciembre, 2016

    Por: Telmo T. Ibáñez Jara
    Está demostrado que los cambios climáticos obedecen a los delitos ecológicos que viene cometiendo seguidamente el hombre. Las lluvias intensas, tormentas frecuentes y olas de calor son muestras de la reacción que se viene dando de parte de la naturaleza hacia los que intencionalmente han dañado su propio hábitat.

    Cuando el hombre modifica características del terreno que ayudan a direccionar o drenar el agua, los cambios resultantes pueden ocasionar inundaciones. La tala forestal y la pérdida de vegetación como resultado del sobre-pastoreo o del cultivo producen la pérdida de la tierra que separa y limita los ríos, haciendo crecer su lecho, en otras colmantando y ocasionando inundaciones.

    Son los primeros aspectos que debemos considerar ante las atroces consecuencias del gran diluvio que afecta al norte del país y también en otras regiones. Uno de los casos más aleccionadores se dio en la comunidad denominada como “Laguna 7”, en el distrito de Yby Yaú, en un bañado donde existían 7 lagunas, de las cuales solo quedaba una.

    Con el diluvio que afectó al norte del país, las 6 lagunas virtualmente desaparecidas o cubiertas por un interminable pastizal y otros cultivos al recibir de nuevo una gran cantidad de agua como lo experimentaban en otra época, explotaron y avanzaron hacia el campo hasta llegar a la “Lagunaí” la única sobreviviente de las 7 aguadas, ésta no resistió la presión de sus 6 hermanas y avanzó con dirección a la comunidad llevando consigo la escuela, la cancha comunitaria y parte del patio de la capilla. Milagrosamente no sucedió lo mismo con las viviendas.

    El fenómeno también se registró en gran parte de los departamentos de Concepción, Amambay y San Pedro, con innumerables daños dejando rutas y puentes destrozados siempre por la gran presión del agua. Es que los cambios en el canal de un arroyo y más aún cuando su zona de mitigación o protección natural desaparecen por obra y gracia del hombre, también éstos pueden inundar rápidamente su vecindad.

    Los millones de litros de agua caída en una serranía como la del Amambay requieren la amortiguación natural de una exuberante vegetación que a su paso puede absorber una importante cantidad del vital líquido y permitir que lentamente su canal llegue al tope. Al desaparecer los inmensos bosques, las aguas de lluvia llegan a toda velocidad a presionar los terraplenados de rutas y o estructuras de puentes y alcantarillados en muchos casos destruyendo a su paso.

    No es ningún secreto que las estancias e incluso pequeñas granjas tienen sus represas para aprovechar los cauces de agua y utilizarlos durante las sequías que también son cada vez más duras.

    En las ciudades igualmente se cometen los mismos errores, avanzan las poblaciones o ganan parcialmente nuevos terrenos al rellenar o cambiar los canales naturales pero ésta es la hora en que la naturaleza pasa su factura y cobra al contado.

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    Publicado por Anónimo | 21 diciembre, 2016, 9:14 am
  3. Real malicia

    En el programa PPT dirigido por el periodista Jorge Lanata y emitido el domingo 13 por Canal 13 de Argentina, se incluyó lo que pretendió ser un informe periodístico sobre un supuesto contrabando de soja argentina a través de los trenes paraguayos de barcazas que operan en la Hidrovía Paraguay-Paraná-La Plata.
    La malevolencia que impregnó el material es evidente. El domingo anterior ya habían sugerido que por la Hidrovía, y con trenes paraguayos, se transportan hasta 10.000 toneladas anuales de marihuana hacia el mercado argentino. Digamos que aunque la cantidad sea exagerada, que ese tráfico es posible nadie lo discute. Tenemos el triste récord de producir la mejor marihuana del mundo. Pero de ahí a que contrabandeemos soja argentina hacia mercados mundiales solo porque en el Paraguay no existe la figura de la retención tributaria a la exportación es un disparate mayúsculo. Según el programa, las barcazas paraguayas cargan soja en puertos improvisados y la exportan como paraguaya. Sencillamente, imposible. Primero, detener un tren de barcazas y alzar soja en cualquier parte, sin dispositivos de carga a granel, sería tan complicado como caro. Segundo, la soja paraguaya rinde, en planta industrial, entre un 10 y un 12% más de proteína que la soja argentina. Así que mal negocio haría un exportador paraguayo mezclando su carga con un producto de calidad inferior -soja argentina- que sería penalizado por el importador y hasta perdería su preferencia como proveedor. La realidad que por chapuza o real malicia se ignora: los trenes paraguayos de barcazas son obligados por autoridades fluviales argentinas a fraccionarse en dos y tres secciones para navegar por aguas del río Paraná -internacionales y sujetas a tratados estrictos de libre navegación-, todo porque la soja paraguaya ya no se reembarca hacia ultramar como antes en puertos argentinos, encarecidos por una burocracia sindical corrupta protegida por el gobierno anterior y tolerada al parecer por el actual. Los armadores paraguayos prefieren actualmente los puertos uruguayos, en especial Nueva Palmira y Montevideo, que aún cuando sean técnicamente más caros que los argentinos, despachan con mayor celeridad. Y ‘‘time is money’’, ya se sabe. Eso explica que haya barcazas paraguayas amarradas en costas argentinas, no porque sus armadores lo quieran sino porque son obligadas a esperar turno antes de seguir viaje hacia puertos uruguayos.

    Las arbitrariedades argentinas hacia el comercio exterior paraguayo no son siquiera originales ni inventadas hoy. Han estado presentes desde que Buenos Aires se convirtió en capital del virreinato aplicando todo un rosario de gabelas y alcabalas al movimiento comercial hacia y desde Asunción. Lo hacen las autoridades aduaneras y migratorias y las profundizan mafias sindicales enquistadas en puertos y aduanas. Y por si fuera poco, ahora se suman sesudas investigaciones periodísticas contaminadas de chapucería y malevolencia.

    http://www.5dias.com.py/51409-real-malicia

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    Publicado por Anónimo | 18 noviembre, 2016, 9:46 am
  4. Aporte
    Por Wendy Marton

    Entre los años 2014 y 2015 el sector sojero exportó por valor de USD 3.899 millones, mientras que el sector cárnico lo hizo por valor de USD 2.549 millones.

    Sin embargo, según datos de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), en ese mismo periodo de tiempo se recaudaron solamente G. 413.867 millones (USD 74 millones) por el impuesto a la renta agropecuaria (Iragro). Es decir, se recaudó en tributos apenas el 1,1% del total exportado por estos dos sectores.

    Entretanto, por el IVA agropecuario se recaudaron G. 691.364 millones (USD 124,1 millones), en este mismo periodo de tiempo. Pero es difícil saber cuánto fue el aporte real directo tanto del sector sojero como cárnico a las arcas del Estado.

    Hasta el momento no existen en los registros impositivos del sector agropecuario detalles específicos de lo abonado por el rubro sojero o ganadero, debido a que desde 1991, cuando empezó a regir la Ley 125 (que creó el impuesto al sector agrícola), y hasta el año pasado, en los balances presentados a la Administración Tributaria se consignaban solo “ventas de productos agrícolas” o “exportación de productos agrícolas”, sin hacer ninguna discriminación.

    El año pasado, la SET emitió una resolución por la cual se establece que las empresas agropecuarias o agroexportadoras deben presentar, en forma desagregada, datos que consignen el tipo de producto comercializado: “venta de soja”, o “venta de trigo”, o “venta de maíz”, etc. Este dato comenzará a registrarse desde julio de este año y recién allí se podrá comenzar a hacer un seguimiento del aporte real de estos sectores.

    El Iragro, que reemplazó el impuesto a la renta a las actividades agropecuarias (Imagro), hasta el momento aún no dio los USD 250 millones a USD 300 millones prometidos cuando se promovió su creación.

    Es por ello que aún ronda la duda sobre la efectividad de este nuevo impuesto. Sobre todo para aquellos que recuerdan que durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, un decreto permitió a los grandes productores descontar el IVA que pagaban del Imagro, y así acumular créditos fiscales por más de G. 600.000 millones (USD 107,9 millones).

    Mientras no se sepa cuál es el aporte real de los sectores que más ganancias obtienen, no es descabellado pensar que varios sectores estén de acuerdo con aplicar un impuesto a la exportación de granos de soja o elevar la tasa impositiva de la renta que generan.

    El Gobierno de Horacio Cartes tiene la posibilidad de pasar a la historia no solo por hacer saber cuánto es el aporte real de los sojeros y ganaderos, sino por hacer que quienes más tienen, más tributen. Ojalá lo haga pronto y no defraude.

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    Publicado por jotaefeb | 13 mayo, 2016, 8:14 am
  5. El delirio de legislar contra las familias campesinas

    Por Dr. Víctor Pavón

    Dos proyectos de ley se encuentran actualmente en la legislatura y cuyo propósito consiste en gravar específicamente la soja. Si bien se mencionan –para disimular– otros rubros agrícolas en dichos documentos, lo que se busca es aplicar específicamente un impuesto a la soja.

    Los proyectos provienen del partido Frente Guasu, que busca implementar un gravamen del 15% a la exportación de granos en estado natural (soja, maíz y trigo); y otro, presentado por dos senadores del Partido Liberal Radical Auténtico, en el que se establece una tasa del 15% de las utilidades para las personas físicas o jurídicas que exporten soja en grano, aceite y harina de soja.

    Aunque se diga, tal como se afirmó en la Comisión de Hacienda, que ambos documentos colisionan en su misma filosofía, la realidad es que esta aseveración no tiene fundamento. Ambos proyectos tienen la misma finalidad. El que uno grave en estado natural y el otro lo haga de acuerdo a las utilidades, no hace la diferencia. Ambos proyectos en realidad no son más que una muestra de esa manía de legislar todo aquello que de alguna manera u otra está generando ganancias en el sector privado, como si las ganancias fueran perjudiciales para las demás personas y carezcan de efectos positivos sobre la economía en su conjunto.

    Aquel delirio de legislar proviene, entre otros, de una matriz intelectual por la cual se desconoce el beneficioso efecto multiplicador de la actividad empresarial, la que menosprecia; como ocurre en este caso con la soja, el ingreso de divisas, compras y ventas de bienes como semillas, máquinas, fertilizantes, con la movilidad de los factores de producción como el trabajo, el capital y la tierra que, finalmente, también contribuye en todo ese proceso con impuestos para el Estado, como efectivamente buscan los legisladores.

    Pero no les resulta suficiente. ¡Deben pagar más!, dicen, sin argumentos de racionalidad y de sentido común. El delirio por imponer la coerción no tiene límites. La ley que se pretende no hará más que penalizar la movilidad de la inversión en el sector rural para provocar una herida a la producción agrícola. Los legisladores no quieren entender que de los ingresos provenientes de la soja también se destinan hacia otros rubros necesarios para la agricultura familiar, como el poroto y el maíz.

    Tampoco el delirio legislativo deja ver que un impuesto en el sector rural en nuestro país es doblemente dañino que si se lo estableciera en un país con costas al mar. Ese desvarío les deja ciegos para no ver el importante costo que crearán en un país mediterráneo como el nuestro, cuyo valor de incidencia en el comercio internacional repercute en el orden del 30 por ciento sobre el valor del producto.

    Solo este indicador debería ser suficiente para evitar crear más costos sobre la agricultura, más aun debido a la importante caída de los precios de los commodities verificada en la actualidad a nivel mundial, que ya empieza a afectar a los países como el nuestro todavía altamente dependientes del clima y el suelo. El delirio de legislar es tan fuerte que avanza raudamente aun cuando signifique sacar el pan de la boca a las mismas familias campesinas sobre quienes supuestamente se dice estar a favor.

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    Publicado por jotaefeb | 3 mayo, 2016, 5:37 am
  6. ¿Se justifica hacer tanto ruido en torno a un impuesto?
    01 May 2016

    El impuesto al estado natural de un producto, como impuesto directo, afecta al productor, al consumidor y a la economía en su conjunto de la siguiente manera. El productor tendrá un ingreso menor, equivalente a la tasa de impuesto aplicada, debido a que este impuesto se traslada, pagando un menor precio al productor al entregar su productor de soja, trigo, maíz u otros rubros a los que eventualmente se incluya, en el futuro, la aplicación de este impuesto (la disminución de ingresos es exactamente igual a la tasa de impuesto aplicada).

    El productor primario es el último eslabón de la cadena, cuando hay algún cambio de precios, estos en primera instancia se trasladan a uno de los dos extremos de la cadena, al productor y al consumidor. Este impuesto directo a la exportación de productos en estado natural se traslada directamente al productor.

    También un menor ingreso del productor, en el mediano plazo, reducirá la productividad y la producción. Es un factor desestimulante. Paraguay es un país que debe producir y mucho más de lo que está haciendo hoy.

    Hay un enorme potencial de producción en el país, aún falta mucho para su pleno aprovechamiento. Si bien es importante la estrategia de maquila, de ensamble de motos y automóviles, de la venta electrónica, etc,. porque suma a la economía; sin embargo, el centro de la economía y del empleo de Paraguay seguirá siendo aún por mucho tiempo el agronegocio (concepto Agrícola ampliado).

    Nadie puede negar que el ingreso de divisas proviene en gran medida de la exportación agrícola, y precisamente de los rubros que se quieren gravar.

    La tasa cambiaria alta afecta el consumo porque se encarecen los productos importados de los que depende en gran medida el consumidor. El 70% por lo menos de los bienes de consumo son importados (incluye en esta actividad todos los artefactos eléctricos importados en un 100%, enseres del hogar, combustibles, electrónica, alimentos importados, ropas, artículos de primera necesidad, etc.). Un encarecimiento de los bienes sin dudas afecta fuertemente al consumidor quien es principalmente urbano.

    Es un momento oportuno de hacernos conscientemente una pregunta central: ¿Se justifica hacer tanto ruido en torno a un impuesto que perjudica al productor, al consumidor, a la sociedad en su conjunto y al país?

    Gravar un producto en estado natural es lo más inequitativo que puede existir, cargarle al sacrificado productor sobre la venta de su producto, cuando alguna empresa la exporta y traslada este impuesto hacia atrás sin considerar que detrás de la producción hay un enorme costo de producción, relativamente más elevado que su precio de venta, es una injusticia sin límites, sin precedentes.

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    Publicado por jotaefeb | 2 mayo, 2016, 4:51 pm
  7. ¿Senadores o planilleros?

    Por Brigitte Colmán

    Ganan más de 30 millones de guaraníes. Reciben 5 millones de guaraníes al mes para cargar combustible en sus lujosos autos. Reciben comida –gratis– por ir a trabajar una vez a la semana. Tienen inmunidad, tienen poder, son un poder. Son parlamentarios, son el Congreso Nacional, son quienes nos representan.

    El jueves pasado, un grupo de esos senadores abandonaron la sesión para evitar que se trate un tema.

    Nuestros honorables representantes boicotearon el tratamiento de un proyecto de ley sobre el impuesto a la soja. Y como no les dio la gana de hacer su trabajo, se retiraron de la sala de sesiones dejando sin cuórum la reunión. Como tituló Última Hora: “Tributo a soja hizo correr a los senadores”.

    Ñoquis. En la Argentina se denomina ñoquis a esos funcionarios que solo asisten a sus lugares de trabajo para cobrar. Se les llama exactamente como el menú que se come cada 29 del mes.

    A nivel local hablamos usualmente de planilleros, quienes según la RAE, son las personas encargadas de elaborar planillas. Aunque todos sabemos que no hacen ni siquiera eso: son en realidad funcionarios que cuentan con respaldo político para figurar en planilla, pero sin realizar ninguna actividad laboral. El planillero no necesita un título universitario, no requiere calificación especial ni talento, solo debe contar con un padrino y ya está.

    En otras palabras, el pueblo con sus impuestos paga salarios a personas que no trabajan. Eso sí, viven muy bien mantenidos por los contribuyentes.

    Soja. Los senadores huyeron de la soja.

    A nuestros representantes no les preocupa la injusticia tributaria que reina en el Paraguay.

    Injusticia por la cual nosotros los asalariados, los empleaditos, seguiremos pagando más impuestos que Favero, el de las miles hectáreas de soja.

    Los senadores que abandonaron la sesión del congreso tienen muy clarita la película.

    Dejaron la sesión sin cuórum para que no se pueda tratar un tema muy importante. De hecho, este es su modus operandi. Lo hicieron antes y lo volverán a hacer.

    Los parlamentarios hacen lo que les da la gana. Eso de ser representantes del pueblo, lamentablemente, les queda muy grande. Muy pocas veces suelen estar a la altura de sus obligaciones. Y son poquitos los que tratan de marcar una diferencia.

    Con todos los privilegios y la protección que tienen, no se animan a ser verdaderos representantes del pueblo, de esos asalariados que con sus impuestos financian sus privilegios. Y cuando llega el momento de la verdad, en vez de animarse a hacer algo revolucionario –el utópico impuesto a la soja, por ejemplo– abandonan sin más su lugar de trabajo.

    La cuestión no es que ganen más de 30 millones, que tengan combustible y comida gratis, además de la inmunidad, claro.

    La cuestión es que no se lo ganan con el sudor de su frente. Y eso no está bien.

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    Publicado por jotaefeb | 26 abril, 2016, 10:07 am
  8. Impuesto a la soja

    Por Guido Rodríguez Alcalá

    La soja debe pagar impuestos.

    Cuando lo dijo Joseph Stiglitz, muchos se asombraron. Hasta entonces, el asunto se había discutido, sin que interviniera una persona tan autorizada como el ganador del Premio Nobel de Economía. Con aquella conferencia de Stiglitz, venido al Paraguay para la asunción presidencial de Lugo, la idea ganó cierta aceptación.

    En principio, la admiten hasta directivos de la Cámara Paraguaya de Exportación (Capex): “La Capex plantea gravar sobre las ganancias” (Última Hora, 20/4/16).

    Del dicho al hecho, hay mucho trecho.

    El proyecto se presentó al Congreso hace un buen tiempo, todavía no se tiene una decisión; en parte, porque existen proyectos distintos; en parte, porque falta voluntad para aprobarlo. A la hora de pagar, los grupos afectados se defienden como gato panza arriba. No sé cómo terminará la votación, pero los argumentos a favor del impuesto me parecen razonables.

    Durante su visita al Paraguay, Stiglitz manifestó en una conversación informal (según me refirieron), que el impuesto debería aplicarse considerando ciertas cuestiones, como el impacto ecológico.

    Por cierto, esa actividad afecta el ambiente por la gran cantidad de agrotóxicos que utiliza, como el paraquat y el 2,4D. Una cucharada de paraquat mata a un hombre. El 2,4D, tóxico por sí mismo, lo es más por su contaminación con dioxina, un subproducto de su fabricación. Para más, las reglas para la utilización de esos y otros productos peligrosos son muy laxas, y se las ignora con harta frecuencia. Las fumigaciones han destruido cultivos vecinos, enfermado e incluso matado a personas y animales.

    Precisamente, el proyecto de ley contempla utilizar parte de lo recaudado a la atención de las víctimas de la contaminación. Además, el Chaco tiene un índice de deforestación alarmante, según ha comprobado la Universidad de Maryland, y parte de la responsabilidad es de los sojeros.

    El Paraguay tiene uno de los índices de concentración de la tierra más altos del mundo, según el Banco Mundial, que lo considera un impedimento para la superación de la pobreza.

    Otra parte de lo recaudado, si se aprueba la ley, se destinará a la reforma agraria, una exigencia de la Constitución, una pesadilla para ciertos terratenientes. Recordemos que la Comisión de Verdad y Justicia constató que cerca de ocho millones de tierras de propiedad del Estado fueron repartidas indebidamente a los favorecidos políticos de Stroessner.

    Quizás por eso el señor Tranquilo Favero, líder del sector sojero, ha dicho que con Stroessner se sentía mejor. Él tiene derecho a opinar, los paraguayos a recuperar.

    En la discusión no faltan ataques personales, como que los campesinos son unos sinvergüenzas.

    No creo que debamos retirar unos cuantos cajones del Panteón para poner los de don Andrés Rodríguez, don Blas N. Riquelme y otros, que en paz descansen.

    Quiero decir, con el debido respeto a los difuntos que, desde 1811 los terratenientes no se han destacado por lo general como héroes de la patria, filósofos ni filántropos, aunque sí han tenido mucha influencia política, y es hora de darle algo más a la gran mayoría.

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    Publicado por jotaefeb | 24 abril, 2016, 7:04 am
  9. Impuesto a la soja: Recaudar y reducir injusticia tributaria

    En medio de una fuerte crisis económica del sector campesino, de un cambio en el tratamiento tributario a las cooperativas y de manifestaciones de diferentes tipos, un grupo de parlamentarios propuso nuevamente una ley para que tribute la soja. Este tema no es menor teniendo en cuenta las desigualdades que afectan al país, siendo una de las más importantes la tributaria. Mientras gran parte de los impuestos sean indirectos y al consumo, los pobres y asalariados serán los principales perjudicados, a la par de que se mantiene una clase privilegiada que se beneficia desproporcionadamente no solo con el sistema tributario, sino también con el crecimiento económico y la política pública. Un impuesto a la soja constituye una fuente de recaudación para hacer frente a los grandes problemas sociales y económicos que afectan a la mayoría de la población y un mecanismo para reducir las desigualdades.

    Casi cotidianamente estamos viendo cómo una parte importante de los trabajadores sobrevive con salarios bajos y sin seguridad social. A la precariedad del trabajo se agrega la tortura diaria de movilizarse en medios de transporte público que hacen perder horas productivas y de descanso.

    Ante una enfermedad, las familias deben recurrir a su propio bolsillo y a la solidaridad de vecinos y amigos para enfrentar los costos de los tratamientos porque el sistema de salud no cuenta con lo mínimo necesario.

    Miles de niños y niñas trabajan exponiéndose a profundizar su pobreza y reproducirla de adultos. La juventud se debate entre la permanencia en un sistema educativo de baja calidad y la necesidad de trabajar casi desde la adolescencia para financiar los costos de pasajes, libros, alimentación y uniformes.

    El acceso a una vivienda de calidad y con agua potable es todavía una quimera para muchas familias paraguayas.

    Paraguay tiene aún un largo camino por andar para llegar a situarse en el promedio latinoamericano. Estamos lejos de conseguir el nivel de vida de los países que nos rodean, como Argentina, Chile y Uruguay.

    Mientras, un sector de la economía tuvo grandes beneficios derivados de los altos precios internacionales de alimentos como la soja, el trigo, el girasol, entre otros, casi sin pagar impuestos ni a la tierra ni a las ganancias. A lo que se agregan las consecuencias ambientales negativas por el incumplimiento de las normas vigentes.

    No cabe ninguna duda de que es necesario dotarle al Estado paraguayo de herramientas para cambiar esta situación. Por un lado, financiar políticas públicas que mejoren la calidad de vida y, por otro lado, reducir las desigualdades.

    El impuesto a la soja puede cumplir con todos estos objetivos.

    El marco legal que se apruebe debe contribuir a reducir la inequidad tributaria, garantizando bajos costos de recaudaciones y, sobre todo, reduciendo cualquier posibilidad de evasión.

    Paraguay se encuentra entre los 30 países de mayor flujo de capitales ilícitos al exterior, la mayoría de ellos derivados de facturaciones fraudulentas realizadas por empresas transnacionales, entre las que se encuentran las exportadoras de soja, tal como ya lo advirtió una dirigente cooperativa.

    La potencialidad de recaudar y reducir la injusticia tributaria a través del impuesto a la soja depende del diseño de la ley. Esperemos que los parlamentarios sean capaces de aprobar una nueva ley que garantice estos objetivos.

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    Publicado por jotaefeb | 24 abril, 2016, 7:02 am
  10. Impuesto a las exportaciones
    24 Abr 2016

    Enrique Vargas Peña

    Alguna buena gente insiste en que los exportadores de granos deben pagar impuestos a la exportación (http://bit.ly/1pswKT2) para financiar a la denominada “agricultura familiar campesina”, lo cual sostienen seguramente por falta de información o por dogmatismo ideológico.

    El 7 de noviembre del 2007 el gobierno de Néstor Kirchner estableció en Argentina un dispositivo impositivo, las retenciones, que gravaban las exportaciones de granos. No era la primera vez que se hacía en Argentina, pero sería la vez que, variando cada tanto su modalidad específica, tendría mayor impacto económico, social y político.

    El 6 de octubre del 2015, el diario argentino “La Izquierda”, que expone los puntos de vista del grupo liderado por el diputado marxista Nicolás del Caño (http://bit.ly/1T5gPCb), publicó el siguiente material, bajo el título “INDEC: continúa la caída de las exportaciones argentinas”: “Las exportaciones se contrajeron un 17,9 % durante el primer semestre del año y acumula dos años de caída. Avanza la primarización de las exportaciones y la concentración en manos de un puñado de grandes empresas (…) Los mayores retrocesos se dieron en el complejo petroquímico (-52 %), siderúrgico (-46,8 %), y automotriz (-21,7 %), pero también se viene registrando una caída en el complejo sojero (-17,8 %). La exportación de maíz y trigo registraron un alza interanual del 31 % y 47 % respectivamente, pero acumulan una caída del 23 % y 50 % comparado con 2011 (…) Y si comparamos con 2011, la tendencia es a que se reduzca la participación de las exportaciones automotrices (del 12,3 % al 11,9 %), petroquímico (del 8,6 % al 5,5 %), y siderúrgico (del 2,1 % al 1,3 %). Mientras que el complejo oleaginoso viene aumentando en forma sostenida su participación en el total (del 26,5 % al 31 %) (…) A pesar de la caída continua en las exportaciones, o precisamente por esta misma razón, se da al mismo tiempo una mayor concentración de las mismas en las grandes empresas exportadoras. Según la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) en 2010 existían 9.295 pequeñas y medianas empresas exportadoras (PYMEX) que concentraban aproximadamente un 12 % de las exportaciones totales. En 2014, las PYMEX se redujeron hasta llegar a 5.092, es decir que en cuatro años la cantidad de PYMEX se redujeron en un 45 %. Al mismo tiempo se va a profundizar el control monopólico del comercio exterior por parte de las principales multinacionales exportadoras que también controlan el grueso de las divisas que ingresan al país: Cargill, Toepfer, Bunge, Dreyfus, ADM, Nidera, y ACA, concentran el 90 % del total del volumen exportado del complejo sojero y el 85 % del volumen exportado de trigo” (http://bit.ly/1SjtdSC).

    En síntesis, la medida de Kirchner, aunque no únicamente ella pero sí principalmente ella, produjo los efectos señalados más arriba: Caída de las exportaciones, caída de la participación argentina en los mercados mundiales de granos, proceso de concentración de la propiedad, proceso de concentración del comercio exterior.

    Todo eso ocurrió por la sencilla razón de que “los ricos” están mucho mejor preparados que los demás para solventar una carga impositiva que afecte la motivación de cualquier negocio. Tienen la estructura requerida para hacerlo, cosa que para los demás, para los pequeños, los medianos y los emergentes, es costo adicional, pérdida de competitividad y salida del mercado.

    Los impuestos altos son un negocio para los ricos, les ayuda a concentrar; no son oportunidades para los pobres y el caso argentino lo demuestra mejor que los muchos otros que existen.

    Si se aplicara en Paraguay un impuesto a las exportaciones de granos tendríamos repetidos aquí los mismos efectos señalados por el grupo de Nicolás del Caño en Argentina, pero además tendríamos dos efectos adicionales que los argentinos no tienen en el mismo grado que nosotros: Esos efectos primarios sumarían al “costo mediterraneidad”, dado por lo que cuesta transportar nuestros productos hasta puertos marítimos para ponerlos al alcance de los mercados mundiales, y trasladaría recursos de un sector dinámico de la economía (los productores de granos) a un sector perezoso, retardatario (el Estado), cuya ineficiencia proverbial está entre las más notorias del continente americano.

    Y en el dudoso supuesto de que los recursos tomados de los productores de granos no vayan a nuestro ineficiente Estado y sean eficazmente canalizados a la agricultura familiar campesina, también estaríamos transfiriendo recursos de un sector eficiente a un sector estructuralmente incapaz de competir con la agricultura tecnológica norteamericana o brasileña, condenando a la sociedad paraguaya a no vender en el exterior y a comprar en el interior productos más caros y de menos calidad.

    Nosotros estaríamos adoptando el dañino modelo kirchnerista en el mismo momento en que Argentina lo abandona, cargando sobre nosotros todos los elementos de pérdida de competitividad que nuestros competidores (Argentina y Brasil, justamente) necesitan para sacarnos del mercado en el que ellos siempre fueron dominantes y al que tanto nos costó acceder.

    Alguien incluso podría pensar que quienes proponen gravar las exportaciones están pagados por nuestros competidores, pero yo creo que es falta de información o dogmatismo, como lo señalé al inicio.

    La falta de información sobre lo que tales o cuales medidas ocasionan es tremendamente riesgosa porque puede conducirnos a tomar medidas groseramente equivocadas, pero el dogmatismo para sostener tales o cuales medidas es todavía peor, porque desecha los hechos, los hechos no les interesan a los dogmáticos, ellos quieren lo que quieren aunque cueste lo que cueste.

    La equidad que debe garantizar el Estado no puede construirse sobre la destrucción o el menoscabo de las fuerzas económicas y sociales que generan riqueza, sino que debe construirse sobre el mejoramiento de la eficiencia de ese mismo Estado.

    El Estado paraguayo, nuestro Estado, es el principal enemigo de la equidad que debe construir porque usa alrededor del noventa por ciento de sus ingresos tributarios en pagar a los prebendarios contratados por políticos que ahora quieren apoderarse de los recursos de los exportadores (http://bit.ly/1XOpP2v) (http://bit.ly/1WN2tvJ) (http://bit.ly/24aUkDr) y el resto, incluidos los créditos, lo usa para pagar contratos de privilegio como los del ministerio de Educación y la administración pública entera (http://bit.ly/24aVI99), por los que empresarios sinvergüenzas se apropian de ingentes recursos públicos.

    Que dejen de robar los políticos y los empresarios sinvergüenzas es lo que tenemos que lograr en vez de permitirles agrandar la bolsa de la que se apropian sin antifaz.

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    Publicado por jotaefeb | 24 abril, 2016, 7:01 am
  11. CÓMO FUNCIONA LA ECONOMÍA SOJERA EN PARAGUAY

    Por Jorge Villalba Dígalo
    El cultivo de la soja es concentradora de la riqueza. Unos 4.700 empresarios, con 500 hectáreas y más, concentran el 86% de las tierras sojeras y consecuentemente alrededor del 86% de las ganancias que genera. La soja es un negocio fundamentalmente empresarial.

    *De las 3,4 millones de Has. destinadas a la agricultura 3 millones son de cultivos de soja, equivalente al 89%. La expasión de la soja deriva en la menor producción de rubros de consumo aumentando los precios internos de los alimentos y los índices de pobreza extrema en el campo.
    *La exportación de soja en Paraguay no paga impuestos, mientras que en la Argentina de Mauricio Macri soporta una carga del 30% sobre el precio de exportación y el cultivo sigue en aumento.
    *Este año la exportación solamente de la soja rondará los 2.000 millones de dólares. Una exportación así en la Argentina pagaría 600 millones de dólares solamente por exportar. Los sojeros en Argentina además deben pagar los impuestos internos que son más altos que en Paraguay.
    *El aporte fiscal de todo el sector agropecuario el año 2015 rondó 172 millones de dólares, equivalente al 4,9% de los ingresos tributarios y sirvió para solventar los gastos del Estado apenas por cinco días, ya que el Estado ha gastado alrededor de 37 millones de dólares diarios.
    *El Paraguay cuenta con 5.000 kilómetros de rutas asfaltadas cuyo mantenimiento anual demanda una inversión de alrededor de 100 millones de dólares anuales. Los camiones sojeros son los principales responsables del rompimiento de las rutas con el tránsito de camiones pesados violentando el peso máximo permitido.
    *Para que los camiones sojeros rompan las rutas del país los distintos gobiernos en los últimos años impusieron a todos los paraguayos que subsidien el precio del gasoil que utilizan los empresarios de la soja.
    *Petropar debe hoy 300 millones de dólares y según el ex titular Fleming Duarte el 52% del gasoil que se consume va a la producción de soja y el transporte del grano. En consecuencia, el subsidio a los empresarios de la soja, solamente en gasoil, es de 150 millones de dólares. (Sin cuantificar los subsidios crediticios, cambiarios y tributarios que han recibido).
    *Los empresarios de la soja son quienes más ganan, menos tributan y más evaden en un país con una de las menores presiones tributarias de América Latina. Además, son quienes más deforestan, arrasan con la biodiversidad y poblados enteros, contaminan la tierra, el aire, las aguas superficiales y profundas así como a los seres humanos, derramando más de 30 millones de litros anuales de agrotóxicos por toda la geografía patria. A la vez son quienes más rompen las rutas, para lo cual el Estado les vende gasoil subsidiado con el dinero de todos los paraguayos, y como si todo fuese poco, los empresarios de la soja desarrollan sus actividades en su gran mayoría en tierras malhabidas que no permiten siquiera que sean mensuradas.
    *La producción de soja tal como está planteada hoy, no queda la menor duda, es una importante fuente de riqueza para algunos pero al mismo tiempo es una tragedia para el país.

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    Publicado por jotaefeb | 23 abril, 2016, 5:43 am
  12. El árbol que produce hielo

    Por Alfredo Boccia

    En el patio de una vecina de Santa Rosa del Aguaray apareció un árbol que produce hielo. El fenómeno provocó un revuelo entre los pobladores y atrajo a la prensa, que, intentando encontrar una explicación, interpeló a científicos, botánicos y agrónomos. Estos aseguraron que era imposible que aquello fuera hielo y que podría tratarse de un líquido exudado por la corteza, de la espuma secretada por un insecto o una consecuencia del exceso de humedad.

    No estoy de acuerdo. Sostuve muchas veces en esta columna que todo es posible en este país. Incluso, los más inverosímiles sucesos. He visto tantas cosas, que no me animo a descartar nada simplemente porque parece surrealista. El Paraguay es una tierra oníricamente irracional. Por eso creo en la Virgencita de los Milagros que apareció en el interior de un balde de plástico el mes pasado en Altos; creo en las misteriosas imágenes de santos que se forman en las paredes húmedas y creo que los que excavan profundidades buscando tesoros ocultos no son lunáticos obtusos, sino visionarios.

    Pero no estoy loco, sé que hasta el realismo mágico tiene sus límites. Hay cosas que ocurrirían solo por obra de un milagro. Por ejemplo, que los sojeros paraguayos acepten pagar impuestos. Eso sí me sorprendería babilónicamente. O que una gran mayoría de parlamentarios comprendan que es una injusticia tributaria que los que más ganan sean los que menos aportan y voten en consecuencia. Si eso ocurre, podría llegar a tener una lipotimia transitoria.

    O que el presidente reconociera que, como falta dinero para los gastos sociales y las inversiones en infraestructura, es lógico exigirles algo más a los que les va muy bien y no apretar el cinto a los cooperativistas. En ese caso, hasta temería un infarto. Me tranquiliza pensar que es poco probable que suceda algo así a corto plazo.

    Es que, aunque los defensores de un sistema de exportación de soja con 0% de impuestos se van quedando sin argumentos, instalar la idea de la profunda injusticia que eso representa en la conciencia colectiva de una sociedad dura de roer, lleva su tiempo.

    Pero alguna vez habrá una mayoría ciudadana que se indigne de verdad ante la irracionalidad de que una producción con alto costo social, traducido en daño ambiental, deforestación, migración campesina forzada y escasa necesidad de mano de obra, no devuelva al Estado una parte de sus enormes ingresos. Ocurrirá alguna vez. Entonces –y solo entonces– el temor a un escarmiento surgido del malhumor social hará que sojeros, parlamentarios y Ejecutivo cambien de opinión.

    Esto no puede ocurrir sin algún prodigio. Como que el tronco de lapacho metálico que el escultor Hermann Guggiari levantó en el medio de la Plaza de Armas comience a dar frutos, por ejemplo. O, mejor aún, granos. De soja, por supuesto.

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    Publicado por jotaefeb | 23 abril, 2016, 5:30 am
  13. Absurda exigencia

    La Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) no solo sigue con su primera exigencia de condonación de las deudas de los pequeños agricultores, rechazando así la reestructuración planteada por el Gobierno, sino que ahora agrega una nueva reclamando que el Senado apruebe un proyecto de ley, presentado por la bancada del Frente Guasu, que impone un gravamen del 15% a la exportación de soja, maíz y trigo en estado natural. La satisfacción de esta nueva demanda nada tiene que ver con la inicial y escapa a las atribuciones del Poder Ejecutivo, con cuyas autoridades estaban conversando los dirigentes “campesinos”. El planteamiento implica, además, someter a los legisladores a un chantaje, ya que es presumible que las protestas continúen si no se aprueba la mencionada iniciativa.

    Hay que entender, entonces, que se debe hacer lo que a los cabecillas de la movilización se les ocurra en un momento dado. Está quedando en evidencia que la condonación de las deudas es solo parte de un paquete mayor, que se podría ir ampliando con el correr de los días, mediante exigencias ajenas a las necesidades de aquellos a quienes se dice representar. Por supuesto que no se consultó con las “bases” acerca de la conveniencia del proyecto de ley, sino que se sacó de la manga un reclamo adicional para apoyar la postura del Frente Guasu cuyo actual presidente, Luis Aguayo, es también secretario general de la MCNOC. El mismo dirigente político, disfrazado de campesino, pretende también arrastrar a la Corte Suprema de Justicia a una “mesa de diálogo”, en la que las cúpulas de los tres Poderes del Estado negociarían con él y con sus allegados sobre las reivindicaciones que tengan en mente. Cabe preguntarse qué tendría que hacer allí la máxima instancia judicial. ¿Acaso prometer el rechazo de demandas por cobro de guaraníes o de acciones de inconstitucionalidad iniciadas contra una ley o un decreto arrancados a los Poderes políticos mediante la coacción? Los magistrados no dialogan ni preopinan, sino que se limitan a aplicar la ley sancionada por los parlamentarios y promulgada por el presidente de la República.

    Es repudiable invocar las penurias de los labriegos para promover el interés político del Frente Guasu y poner en aprietos al Gobierno y al Congreso.

    La intransigencia demostrada por los organizadores de la protesta y la absurda ampliación del reclamo autorizan a sospechar que el problema de las deudas ha sido solo un pretexto. Nada indica que la MCNOC aceptaría la oferta del Gobierno si los senadores dieran media sanción al proyecto de ley presentado por los compañeros de Luis Aguayo. Una cosa es la condonación o no de las deudas y otra el gravamen a la exportación de granos. Lo resuelto con respecto al proyecto de ley no afectará a los deudores de las entidades públicas, de modo que ellos pueden estar tranquilos. Pero a la ciudadanía sí le debe preocupar que se acepte cualquier condicionamiento impuesto por una “mesa coordinadora”, al solo efecto de que terminen las protestas.

    Ceder a un chantaje constituye un nefasto precedente que podría dar lugar, en el futuro, a cualquier otra campaña que apunte a forzar la sanción de leyes a gusto y paladar de sus organizadores.

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    Publicado por jotaefeb | 22 abril, 2016, 5:12 am
  14. Gravar las ganancias y no a la producción

    El tema del impuesto a los agro-negocios ha vuelto al tapete y será tratado en el pleno del Senado en el curso de los próximos días. A buena hora, tratándose de un sector que está muy lejos de aportar al fisco lo que en materia de Justicia tributaria corresponde y, sobre todo, en momentos en que se viene apretando las clavijas a otros sectores que gozaban de similares privilegios. La cuestión a definir es qué tipo de gravamen se les debe establecer. Si es a la exportación de granos en estado natural, léase soja, trigo, maíz y girasol, tal como propone la bancada del Frente Guasu, que como veremos terminaría beneficiando a las grandes transnacionales; o si es sobre el lucro todos los que forman parte de esta actividad económica, como plantean los senadores del PLRA Blanca Lila Mignarro y Fernando Silva Facetti, lo cual parece más razonable, aunque no deja de tener sus “peros”.

    Los promotores de la primera opción afirman que dicho mecanismo sería de fácil implementación y permitiría un ingreso anual seguro a las arcas del Estado de aproximadamente 300 millones de dólares. Un proyecto que parece muy atractivo, pero como dice el refrán, “no todo lo que brilla es oro”. En primer lugar, al tener como centro de la política impositiva la exportación de granos, a cargo de firmas gigantescas como ADM, Cargill, Bunge y otras, lo que hacen estas es agregarles una pizca de valor al producto, para que ya no se encuentren en “estado natural”, con lo cual no tributarán por más del 40% del total de lo que exportan. Pero más grave aún. El 60% restante sencillamente descargarán sobre los intermediarios, éstos sobre los acopiadores, y estos sobre los productores, sean pequeños, medianos o grandes. En consecuencia, el proyecto del Frente Guasu termina siendo altamente beneficioso para las grandes transnacionales y, en términos prácticos, un duro castigo a la producción.

    El proyecto de los senadores liberales resulta más justo y más lógico. Que los importadores de insumos agrícolas, desde insecticidas hasta grandes cosechadoras, tributen sobre sus ganancias. Del mismo modo los productores, según el resultado de la cosecha, los intermediarios que acopian el producto y desde luego los exportadores; es decir que aporten todos los que forman parte de los agro-negocios en función al lucro que obtengan en cada campaña.

    El “pero” o la objeción que se puede hacer a esta propuesta es cómo implementar mecanismos eficientes de control, que tiene a tantos actores como protagonistas. Cómo evitar que se registren altos niveles de evasión fiscal, en un segmento tan amplio y muy “escurridizo” a la hora de asumir obligaciones tributarias. Este es el punto débil del proyecto “Mignarro-Facetti”, quienes deben garantizarnos, disposiciones mediante, que la normativa no se convertirá luego en un fiasco, como lo fue el Iragro hasta el presente.

    Hecha la salvedad, resulta claro que este último es el camino por el cual debemos transitar, para encaminarnos hacia un sistema tributario más justo y equitativo, en el cual quién tenga más, pague más.

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    Publicado por jotaefeb | 21 abril, 2016, 5:46 am

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