Convenios inservibles

Existe una moda de firmar convenios entre las instituciones públicas para hacer tal o cual cosa y de esa forma mostrar que los administradores de las mismas tienen la voluntad de abordar los problemas y juntos llegar a buen puerto en beneficio de usuarios, contribuyentes o afectados por las acciones o inacciones de tales instituciones.

 

De más está decir que los papeles firmados generalmente con toda pomposidad carecen de exigibilidad jurídica y también de grados de reproche por incumplimiento que merezcan algún tipo de sanción para los firmantes. Sin embargo, quien sabe por qué razón misteriosa, los potenciales beneficiarios de estos convenios son retratados con rostros que corresponden a las personas más felices del mundo en el momento de la firma de estos documentos. ¿Documentos?

Hace bastante tiempo que las encuestas y análisis de cultura política de nuestro país advierten sobre la vigencia de un estado de ilegalidad, lo que significa que en vez de buscar que se cumplan la Constitución y las leyes, como corresponde a un estado de derecho, la mayoría prefiere la informalidad y la marginalidad legal.

No sé si acorde a esta realidad la gente opta por creer en los convenios de marketing antes que en las disposiciones legales y constitucionales. El incumplimiento de estas sí puede ser sancionado, sin embargo, hay pocas iniciativas en ese sentido, tal vez por falta de práctica en lo que respecta a un proceso de incidencia sobre quienes tienen la responsabilidad de dar respuestas.

En estos días se habla mucho de un convenio firmado entre Petropar y Banco Nacional de Fomento en 2014 para apoyar a los pequeños cañicultores de Mauricio José Troche. Dicen que Petropar se comprometió a pagar 170.000 guaraníes la tonelada de caña, los cañicultores se endeudaron, pero poco después la empresa que compra la materia prima fijó el precio en 100.000. No obstante, Petropar redujo su compromiso a 140.000 y finalmente dicen que ni siquiera compró el producto.

Consecuencia, los cañicultores quedaron endeudados y el Gobierno terminó pagando la deuda de la empresa que quebró (Azucarera Iturbe) y que estaba sin posibilidad de honrar la deuda con los agricultores. El Estado se metió de esta forma en el pleito judicial con el compromiso de demandar después a la empresa y tratar de recuperar el dinero público.

BNF y Petropar cometieron un error a sabiendas de que es imposible fijar entre tres un precio que depende del vaivén del mercado, los cañicultores cometieron el error de creer que se pueden endeudar con la promesa de pago de un precio fijado a futuro para la materia prima de un producto cuyo precio está sujeto a la libre competencia con contrabando de por medio, y el Gobierno cometió el error de subvencionar la deuda impaga de una empresa en quiebra pensando cobrar luego.

¿Dónde estaban los dirigentes de la gente indefensa mientras se firmaban estos “documentos”? Se seguirán firmando convenios de cumplimiento imposible y de inutilidad comprobada mientras los encargados de las instituciones carezcan de responsabilidad política y la gente común prefiera el canto de sirena y soluciones mágicas a la vigencia del estado de derecho en el país.

Por Edwin Brítez

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/convenios-inservibles-1472413.html

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2 comentarios en “Convenios inservibles”

  1. Cambio de chip
    20 abril, 2016
    Por Sergio Etcheverry

    Ayer estuve por una de las telefónicas, ya que el nuevo teléfono de mi hija llevaba otro chip y no le iba el del anterior. Mientras esperaba la no tan solícita atención del empleado de turno (un mal día, probablemente), me imaginaba qué interesante sería si los “sapiens” pudiéramos cambiarnos el chip para actualizarnos y adaptarnos a un mundo en constante cambio ya que, como dicen que dijo Einstein (nunca se sabe con esto de las frases) es más fácil destruir un átomo que un prejuicio.

    Ciertamente, los “sapiens” somos unos pequeños bichos con ansias de notoriedad y trascendencia con respecto a nuestro paso por este mundo. Mientras estamos en este planeta sacudido por terremotos, inviernos calientes, tsunamis y mosquitos asesinos (y casi todo eso por culpa nuestra) queremos tener las ideas claras y de ser posible, ser los dueños de la verdad; es más, nos aterra la posibilidad de que el otro pueda tenerla y ni nos imaginamos que pudiera estar en el medio. Los que más defendemos nuestro derecho, somos muchas veces los que menos respetamos el ajeno y los que deberían defendernos muchas veces nos atacan.

    Las palabras se lanzan sin ton ni son, las agresiones sin sentido están a la orden del día y las perversas y casi cómicas noticias parecen una tomadura de pelo; por ejemplo, una ministra del TSJE que estaba en el exterior y simultáneamente daba charlas sobre honestidad (y cobraba viáticos) o una directora que dice que no hay que andar con celulares para que no los roben ( o sea, la culpa es de la víctima).

    “Ya está”, me dice el empleado de la telefónica. “Ponelo, por favor, quiero probarlo antes de irme”, le digo. Con indisimulada impaciencia pero, es de reconocer, muy eficientemente, el nada atento muchachito termina su trabajo. “¿Algo más?”, me pregunta, deseando el no. Le agradezco, salgo.

    Le digo a mi hija que cuando trabaje jamás lo haga en un lugar que no le guste; que se sienta realizada, que haga diferente las cosas a como las hemos hecho hasta ahora, que se respete a sí mismo y a los demás. Que cambie el chip.

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  2. Gravar las ganancias y no a la producción

    El tema del impuesto a los agro-negocios ha vuelto al tapete y será tratado en el pleno del Senado en el curso de los próximos días. A buena hora, tratándose de un sector que está muy lejos de aportar al fisco lo que en materia de Justicia tributaria corresponde y, sobre todo, en momentos en que se viene apretando las clavijas a otros sectores que gozaban de similares privilegios. La cuestión a definir es qué tipo de gravamen se les debe establecer. Si es a la exportación de granos en estado natural, léase soja, trigo, maíz y girasol, tal como propone la bancada del Frente Guasu, que como veremos terminaría beneficiando a las grandes transnacionales; o si es sobre el lucro todos los que forman parte de esta actividad económica, como plantean los senadores del PLRA Blanca Lila Mignarro y Fernando Silva Facetti, lo cual parece más razonable, aunque no deja de tener sus “peros”.

    Los promotores de la primera opción afirman que dicho mecanismo sería de fácil implementación y permitiría un ingreso anual seguro a las arcas del Estado de aproximadamente 300 millones de dólares. Un proyecto que parece muy atractivo, pero como dice el refrán, “no todo lo que brilla es oro”. En primer lugar, al tener como centro de la política impositiva la exportación de granos, a cargo de firmas gigantescas como ADM, Cargill, Bunge y otras, lo que hacen estas es agregarles una pizca de valor al producto, para que ya no se encuentren en “estado natural”, con lo cual no tributarán por más del 40% del total de lo que exportan. Pero más grave aún. El 60% restante sencillamente descargarán sobre los intermediarios, éstos sobre los acopiadores, y estos sobre los productores, sean pequeños, medianos o grandes. En consecuencia, el proyecto del Frente Guasu termina siendo altamente beneficioso para las grandes transnacionales y, en términos prácticos, un duro castigo a la producción.

    El proyecto de los senadores liberales resulta más justo y más lógico. Que los importadores de insumos agrícolas, desde insecticidas hasta grandes cosechadoras, tributen sobre sus ganancias. Del mismo modo los productores, según el resultado de la cosecha, los intermediarios que acopian el producto y desde luego los exportadores; es decir que aporten todos los que forman parte de los agro-negocios en función al lucro que obtengan en cada campaña.

    El “pero” o la objeción que se puede hacer a esta propuesta es cómo implementar mecanismos eficientes de control, que tiene a tantos actores como protagonistas. Cómo evitar que se registren altos niveles de evasión fiscal, en un segmento tan amplio y muy “escurridizo” a la hora de asumir obligaciones tributarias. Este es el punto débil del proyecto “Mignarro-Facetti”, quienes deben garantizarnos, disposiciones mediante, que la normativa no se convertirá luego en un fiasco, como lo fue el Iragro hasta el presente.

    Hecha la salvedad, resulta claro que este último es el camino por el cual debemos transitar, para encaminarnos hacia un sistema tributario más justo y equitativo, en el cual quién tenga más, pague más.

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