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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

La Cumbre Judicial ante una coyuntura histórica

La Cumbre Judicial Iberoamericana, realizada en estos días en nuestro país, en un momento coyuntural regional tremendamente conflictivo y delicado, en el que poderes del Estado, Judicial y Parlamentario, están tomando decisiones trascendentes para enjuiciar a gobernantes y dirigentes políticos seriamente implicados en casos de escandalosa corrupción, ha dejado en evidencia la incompetencia y la complicidad con la corrupción de dirigentes políticos partidarios y legisladores, que, tras el generalizado consenso sobre el juicio político de ministros de la Corte, han empezado a minar el proceso, sembrando dudas baladíes, más bien basadas en rumores, en muchos casos propiciados por ellos mismos para evitar el proceso buscando, sin duda, réditos particulares, negociados, como consta públicamente en muchos casos, en los mismos pasillos de la Casa de Astrea, sin el menor pudor.

De hecho, los que se han dado vuelta o los timoratos especuladores no han aportado razones para cambiar de posición o dilatar el proceso, ya estén acordes con la acusación o con la defensa, sino que se han basado en rumores, chismes y trascendidos, tan obvios como groseros.

En fin, después de más de dos años de cabildeo político y parlamentario –por tomar solo esta última etapa de tira y afloja sobre el enjuiciamiento a tres ministros de la Corte Suprema de Justicia– se han esgrimido suficientes argumentos y expuesto denuncias contundentes; después de haberse llegado prácticamente a un acuerdo sobre la obviedad del procesamiento de los magistrados concretos –es decir, de los tres acusados, con denuncias y argumentos de las razones del caso–, empezaron, como suele suceder, a sembrarse las dudas con los vaivenes políticos y, sobre todo, parlamentarios, ya que es en el ámbito del Congreso donde se debe resolver, como establece la Constitución.

Justo en esta coyuntura histórica en que países de la región están reafirmando política y judicialmente la lucha contra la corrupción, sostenida por parlamentarios y jueces que están dando un viraje radical a toda una historia de complacencia con los abusos del poder, aquí, ante un impulso en la dirección regeneradora, se reafirma el camandulerismo y se dilatan las decisiones para sanear al corrupto aparato que arrastramos de largos períodos históricos de caudillismo, oligarquismo y militarismo, que han resurgido en la región de la mano de movimientos populistas que se han convertido en las nuevas oligarquías todopoderosas a costa del saqueo de la riqueza del país.

La Cumbre Judicial Iberoamericana ha proclamado la necesidad de reivindicar principios libertarios y de contraloría del poder para evitar justamente las viejas y las nuevas oligarquías, en base a establecer los principios de transparencia y acceso a la información pública.

El Paraguay cuenta, afortunadamente, después de largos períodos de postergación política y de ocultismo de la información pública, con leyes de transparencia que garantizan que se pueda investigar a los poderes públicos y privados que pretendan someter y explotar a las sociedades; un efecto que ya se ha permeabilizado a través de los medios y de la comunicación social.

La cumbre ha establecido un claro respaldo a la transparencia, contra el oscurantismo. La información debe estar expuesta a la luz pública, no manejada en conventillos de alianzas que pretenden mantener sus cuotas de poder y los beneficios que generan.

La coyuntura histórica reclama que Paraguay se ponga el nivel de sus pares, con representantes que argumenten de cara a la opinión pública, no camanduleros que busquen ampararse y enriquecerse con la corrupción en vez de combatirla.

La trasparencia pública no deja lugar a la duda. Las manipulaciones y abusos del poder quedan fácilmente al descubierto. Solo resta enjuiciar públicamente, a más de a los corruptos que abusan del poder, a los que, en vez de asumir su responsabilidad legislativa y política en este momento histórico, tratan de aprovechar su posición para sacar provecho propio.

http://www.lanacion.com.py/2016/04/17/la-cumbre-judicial-ante-una-coyuntura-historica/

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

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11 comentarios en “La Cumbre Judicial ante una coyuntura histórica

  1. Rafa y Desirée
    04 Ago 2016

    Por Clari Arias

    En las últimas horas miles de internautas fueron testigos de una inusual batalla de “tuits” calientes entre el ex ministro del interior Rafael Filizzola y el periodista Roberto Pérez. En la red social Twitter ocurren peleas mediáticas a cada hora y en cada pueblo en donde haya más de un usuario del pajarito más famoso del mundo.

    Pero esta demostró ciertos niveles de nerviosismo de Filizzola ante las respuestas irónicas del periodista. Por supuesto que ante semejante enfrentamiento no tardaron en llegar, en aluvión, mensajes a favor de uno y de otro “peleador”.

    Pero déjenme referirme a la pareja de mediáticos políticos fundadores del Partido Democrático Progresista, Rafa y Desirée, porque en el mundillo de la política paraguaya son marca registrada por mérito propio, y cuando los llamamos por sus nombres de pila (y hasta por su diminutivo, en el caso de Rafael) sabemos que son ellos y no otros.

    Son una pareja que necesita desesperadamente de la prensa y para tal situación son capaces de cualquier cosa, incluso ofrecer niveles de amistad a periodistas incautos, que, obnubilados por el acercamiento a cierto poder, caen como presas fáciles de las ansias de ser “amigos” del matrimonio Filizzola-Masi.

    Convengamos que no es ningún delito que periodista y político se hagan amigos en el trajín de esa noble batalla de preguntar y responder, pero no deja de ser llamativo el nivel de acercamiento que principalmente ofrece la senadora Masi para con sus “amigos” periodistas, a quienes llena de comentarios afables y simpáticos en sus perfiles de las redes sociales.

    Pero cuando por alguna razón ese “periodista amigo” critica algo de las vidas públicas del matrimonio, ambos son capaces de despotricar hasta perder por completo los estribos (pongo como ejemplo al periodista Vargas Peña, víctima de la “ferocidad” de la senadora).

    Esto fue lo que le pasó a Rafa (así lo llaman sus seguidores) en la tarde-noche del martes cuando escribió en Twitter frases como

    “ñembo macho para maltratar a mujeres. Jajotopáta tape po’ípe algún día”, o la temeraria afirmación “cuando tengas coraje o José Ortiz te permita, sabés dónde estoy”.

    Roberto Pérez que jugó más calmado la partida le devolvía ironías en cada tuit, “tu cuenta es con la justicia, no conmigo, no recules vos. Enfrentala. Éxitos”.

    La desmedida reacción de Filizzola, sin haber escuchado siquiera lo que el periodista dijo en la radio, demuestra su nivel de estrés y nerviosismo por los casos judiciales que le toca enfrentar, después de haber sido ministro del impresentable de Lugo. Lo más doloroso de las respuestas de Rafa es que hace lo mismo que critica (lo que no significa que Pérez haya dicho una mentira) del periodista: difunde sofismas.

    Porque yo sí puedo dar fe de que Roberto Pérez no tuvo jamás relacionamiento alguno con el empresario José Ortiz (presidente de Tabesa, integrante del círculo más cercano al Presidente) y ni siquiera lo conoce personalmente (nunca le ha estrechado la diestra).

    A José me une una amistad respetuosa y recíproca que data de hace unos buenos años, y NUNCA ha levantado el teléfono para darme recomendaciones, instrucciones u órdenes (algo muy dudoso, ya que no estamos en relación de dependencia laboral) sobre temas editoriales que se traten en el Grupo Nación. A Rafa y a Desirée nadie los obligó a trabajar profesionalmente en política.

    Y todo lo que les pase en ese ámbito es absoluta responsabilidad de ellos mismos. Si quieren seguir en el ruedo, deberán deponer esa actitud hostil de creer que todos están en contra de ellos por orden de Cartes.

    Y lo más importante para Filizzola será concentrarse en sus problemas judiciales, para solucionarlos lo antes posible, si es que tienen solución. De su explosiva cónyuge no se puede esperar mucho, porque a veces confunde el Congreso con los pasillos del arrabal, en donde prevalecen los gritos y la patoteada, antes que las argumentaciones de la razón.

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    Publicado por Anónimo | 06/08/2016, 07:00
  2. La Justicia está en venta en el Paraguay

    En una insólita decisión, que abre un ancho campo a la impunidad de los políticos sospechados de delinquir en perjuicio del erario, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia suspendió por unanimidad los efectos de los fallos de primera y segunda instancias que confirmaron la imputación fiscal contra el exministro del Interior Rafael Filizzola, procesado por el delito de lesión de confianza (sobrefacturación) que habría cometido en la construcción de obras de ampliación inconclusas en veintidós comisarías.

    La sorprendente resolución paraliza el juicio, hasta tanto se resuelva la acción de inconstitucionalidad promovida por los defensores del beneficiado para lograr su completa anulación. La gravedad de la decisión se acentúa cuando se considera que no interrumpe los plazos procesales, que en materia penal son perentorios e improrrogables, de modo que podrían operarse la extinción de la acción penal y la prescripción de la sanción. Aunque ello no ocurra, el auto interlocutorio dictado puede interpretarse como un anticipo del fallo que se emitirá con motivo de la citada acción de inconstitucionalidad, pues los ministros Myriam Peña, César Garay y Miguel Óscar Bajac analizaron el fondo del asunto en vez de limitarse a resolver si la medida cautelar solicitada era o no admisible, según el fiscal adjunto de Delitos Económicos, Federico Espinoza. Peor aún, la resolución puede sentar un nefasto precedente en beneficio de otros políticos procesados por hechos de corrupción, como el diputado José María Ibáñez y los senadores Enzo Cardozo y Víctor Bogado, quienes también cuestionan las actuaciones del Ministerio Público en sus respectivas causas.

    De la indignante impunidad que se avizora sería finalmente responsable la máxima instancia judicial, tres de cuyos miembros –Sindulfo Blanco, César Garay y Miguel Óscar Bajac– fueron acusados por la Cámara Baja de mal desempeño de sus funciones, en el marco de un juicio político hoy congelado. No es casual que los dos últimos hayan integrado la Sala Constitucional que favoreció las pretensiones de Rafael Filizzola, marido de la senadora Desirée Masi. Para entender en este asunto, reemplazaron a los ministros Antonio Fretes y Gladys Bareiro de Módica, apartados a instancias del imputado para que la decisión quedara a cargo de dos magistrados cuya continuidad en el cargo depende del voto de su esposa y del de sus colegas. Estos no tuvieron el decoro de inhibirse de entender en una causa en la que la legisladora tiene un interés evidente, en tanto que la recusación planteada por la Fiscalía fue rechazada de plano. O sea que la Sala Constitucional fue conformada a gusto y paladar del exministro del Interior, quien el mismo día en que se dictó el auto interlocutorio asistió a la toma de juramento de una abogada, que estuvo a cargo del ministro Bajac.

    Desde hace tiempo nuestro diario ha venido advirtiendo que la indefinición del juicio político a miembros de la Corte Suprema es como una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de estos, ocasión más que propicia para que los legisladores los tengan con el “cháke” permanente y les manden fallar de acuerdo a sus intereses. A la luz de lo que parece todo un contubernio, es imposible imaginar que la senadora Desirée Masi llegue a votar por la destitución de los ministros Bajac y Garay. De hecho, ya en abril de este año hizo depender su voto en tal sentido de la promoción de un juicio político contra los ministros Antonio Fretes y Gladys Bareiro de Módica, apartados por su esposo del caso en cuestión.

    En declaraciones a la prensa, el fiscal adjunto Federico Espinoza señaló que este es quizá el primer caso en que un proceso es suspendido mediante una inconstitucionalidad. Puede, en efecto, que sea el primero, pero es de temer que no sea el último, sobre todo cuando la imputación alcance a algún político ligado de cierto modo al Congreso. El mecanismo abierto sería más efectivo que el de las descaradas chicanas a las que recurren sistemáticamente los ladrones de fondos públicos, y evidencia hasta qué punto el poder político puede influir en las resoluciones judiciales.

    Garantizando la impunidad de los corruptos, la Corte Suprema de Justicia violará no solo la conciencia moral de nuestros compatriotas, sino también el principio constitucional de igualdad ante la ley: el común de los ciudadanos puede ser sancionado si roba una gallina, pero quien causa un perjuicio al Estado por valor de más de 1.131 millones de guaraníes, como el que se le atribuye al exministro del Interior, puede quedar libre de culpa y pena por el mero transcurso del tiempo, gracias a que la magistratura distingue entre paraguayos de primera y de segunda.

    El mensaje transmitido por la Sala Constitucional, conformada a la medida de un encausado, resulta bastante claro: el contenido de una decisión judicial puede depender de una contraprestación, no necesariamente monetaria, como lo sería un voto favorable en el Senado. Ni siquiera es necesario guardar las formas, puesto que la delicadeza no es una cualidad muy apreciada en la función pública. Lo que importa es “negociar” oportunamente los términos de un acuerdo que beneficie al juzgador y al justiciable: “te doy para que me des”, sin que importen un bledo ni la justicia ni lo que la gente piense del acuerdo. De esta manera, los políticos corruptos pueden sentir ahora, como nunca antes, que tienen las espaldas cubiertas nada menos que por la máxima autoridad judicial, y que, en consecuencia, pueden dedicarse tranquilamente a robar a mansalva el dinero público. En particular, los que hoy están procesados pueden confiar en que, en su momento, el Poder Judicial les tenderá la mano para sacarlos del momentáneo apuro, siempre y cuando, desde luego, tengan un voto oportuno para ofrecer a cambio.

    Por de pronto, los jueces de primera y de segunda instancias del fuero penal ya saben el camino a seguir cuando tengan ante sí a un político estrechamente relacionado con el Congreso. La impunidad está de parabienes.

    Los ciudadanos y las ciudadanas ya no deben quedar callados y salir a las calles para demostrar con acciones concretas su repudio a los integrantes de los tres Poderes del Estado que bastardean tan descaradamente las instituciones públicas en beneficio propio.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/la-justicia-esta-en-venta-en-el-paraguay-1505382.html

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    Publicado por Anónimo | 06/08/2016, 07:00
  3. Los senadores pueden dejar una herencia relevante al país

    El cambio de los miembros de la Corte Suprema de Justicia es un requerimiento ciudadano que ya no puede seguir soportando los internismos de los partidos políticos para seguir postergado. Es imprescindible y urgente dar ese paso para que otros magistrados inicien un proceso de transformación del corrupto sistema judicial imperante. Por eso, los senadores de las distintas bancadas deben honrar su responsabilidad de servir al país estableciendo un acuerdo para enjuiciar a los ministros de la máxima instancia judicial de la República. Si lo hicieren, dejando de lado sus intereses sectoriales particulares, al menos dejarán ese gesto como un legado relevante de su gestión.

    Los intereses políticos mezquinos de algunos sectores de los partidos representados en el Senado, una vez más, perjudican al país al no aportar los votos suficientes para el juicio a tres ministros de la Corte Suprema de Justicia.

    Los argumentos de los que salen en contra del deseo ciudadano no atañen a la evaluación del desempeño de los que deben ser sometidos a juicio político, sino a especulaciones políticas coyunturales con las que creen que van a fortalecer sus posiciones sectarias.

    Es una obligación escuchar el clamor de la gente y actuar en consecuencia. Los senadores que obstruyen el juicio político a los miembros de la Corte, sin embargo, desoyen sistemáticamente el anhelo de sus mandantes que quieren que se inicie una nueva etapa para impulsar modificaciones de actitudes y procedimientos nefastos en la administración de un bien esencial del Estado, como es la administración de Justicia.

    El perjudicial desacuerdo que lleva a no contar con los votos necesarios para enjuiciar y destituir a tres ministros de la Corte debe acabar en base a un diálogo de las diferentes bancadas del Senado para lograr un consenso multipartidario acerca del cambio de los ministros de la Corte.

    Es ya hora de que los partidos políticos representados en el Parlamento se pongan los pantalones largos y actúen con madurez y responsabilidad cívica. La negociación en la que las partes ceden parte de sus pretensiones para alcanzar un beneficio colectivo es un componente esencial de la política concebida como la capacidad para superar escollos y conquistar una mejor calidad de vida para la ciudadanía.

    En el panorama actual se observa el internismo de los partidos políticos y el mero afán de oponerse al cambio, sin fundamentos convincentes. Los contrarios al juicio de los ministros amenazan severamente con premiar con la impunidad a los que –de tener un poco de vergüenza y algún resto de dignidad personal– hace rato debieron renunciar a la Corte.

    Los políticos tendrían que haber leído ya de modo muy claro en las inquietudes de la población que hay un deseo ferviente de cambio en la Justicia, para que acaben los jueces corruptos, la venta de sentencias, el amiguismo, el acatamiento de las presiones de los poderes fácticos y la impunidad para los delincuentes.

    Es necesario, entonces, que revean su posición y pasen al bando de los que sí apuestan a favor del país. De hacerlo, al menos dejarán como herencia de su lamentable gestión parlamentaria un gesto contundente que beneficie a la República.

    http://www.ultimahora.com/los-senadores-pueden-dejar-una-herencia-relevante-al-pais-n989160.html

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    Publicado por jotaefeb | 11/05/2016, 07:40
  4. El juez en zapatillas

    Por: Abog. Jorge Rubén Vasconsellos

    La imputación presentada contra el Ministro de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco, por el supuesto hecho punible de prevaricato, ha generado todo tipo de reacciones y comentarios. Una verdadera guerra de hinchadas, en la que unos manifiestan su contento, mientras otros su desaprobación. Lo único que ha estado ausente es el análisis sereno de la situación, y sus consecuencias.

    Precisamente, es el ministro Blanco quien se encuentra sometido a un Juicio Político ante la Cámara de Senadores, en cuya tramitación se evidencia la absoluta irresponsabilidad de nuestros parlamentarios. Diputados que han incumplido el rol que se les asignara, como fiscales acusadores, y senadores que se ausentan de las sesiones, sin motivo válido.

    Se sospecha –inclusive– que la irresponsabilidad de estos últimos, permitirá la absolución de Blanco, por no reunirse los votos necesarios para su destitución (mayoría absoluta de dos tercios). Es decir, existe el riesgo de que el enjuiciado siga dictando resoluciones judiciales, desde el más alto Tribunal de la República, como consecuencia de una absolución que no proclame su inocencia.

    Por falta de responsabilidad y coraje de nuestros “representantes”, es posible que la ciudadanía deba seguir padeciendo innecesariamente a un juez sobre quien pesan serios indicios de mal desempeño y la comisión de hechos punibles.

    En la acusación formulada por la Cámara de Diputados, contra el ministro Blanco, aprobada por Resolución Nº 1059, del 10 de diciembre de 2014, se incluye expresamente el hecho punible de prevaricato, que – según se sostiene – habría perpetrado en oportunidad de dictar sentencia en el expediente: “Peter David Kennedy s/ apropiación y otros”, tramitado ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

    Como consecuencia de ello, la imputación presentada por el Ministerio Público ante el Poder Judicial, que refiere a los mismos hechos, y atribuye la misma calificación penal, está destinada al fracaso, pues, si tal como se presume, Blanco resulta absuelto por senadores, seguirá ejerciendo el cargo, con todas las prerrogativas que la Constitución le atribuye, inclusive, la inmunidad de proceso, lo que impediría que la imputación prospere.

    Así las cosas, la imputación deberá aguardar, por lo menos, hasta dentro de tres años, cuando Blanco deba abandonar el cargo, por haber alcanzado a la edad límite, establecida por la Constitución, ya que es impensable que pudiera ser sometido nuevamente a otro Juicio Político, por los mismos hechos, desconociéndose la prohibición establecida en el inciso 4 del Art. 17 de la Ley Fundamental de la Nación (ne bis in ídem).

    Sin embargo, como decíamos más arriba, las reacciones no se hicieron esperar, sobre todo, las manifestaciones de solidaridad, bajo la alegada razón de defensa de la independencia judicial, cuando en realidad la debilitan hasta extremos inaceptables.

    Las expresiones de solidaridad con Blanco, que se originan fundamentalmente en la jurisdicción penal del Poder Judicial, la misma que ejerce aquel, como ministro de la Corte Suprema de Justicia, demuestra que se encuentra vigente una eficiente corporación, que ejerce la defensa activa de sus integrantes, sin importarles –en absoluto– que sus acciones y conductas afecten severamente los mismos valores que dicen defender.

    Resulta claro que la posibilidad de que, en los próximos días, Blanco sea sometido a investigación y juzgamiento en sede penal por el hecho punible de prevaricato, dependerá exclusivamente de la voluntad política o la irresponsabilidad de los parlamentarios, como resulta absolutamente claro, que las reacciones, manifestaciones y amenazas de los jueces y camaristas, es de carácter emocional, pues racionalmente carecen de justificación.

    En un comunicado difundido el jueves pasado, los magistrados de la Circunscripción del Alto Paraná, cuya Superintendencia se encuentra a cargo del mismo Blanco, expresaban: “Emitimos este comunicado solicitando el acompañamiento de todos los magistrados y nos declaramos en vigilia por la independencia del Poder Judicial, a fin de que podamos aplicar la Ley según la sana crítica y libre de injerencias de fuerzas oportunistas que buscan socavar los cimientos de la República y convertirla en una tiranía del oscurantismo medieval agazapada en la trinchera mediática como un legado de una tiranía depuesta, pero aún vigente en ciertos actores del Ministerio Público, que antes que construir, violentan y resquebrajan las instituciones de la República. Por estas razones, los Magistrados Judiciales del Alto Paraná, nos declaramos en Sesión Permanente y adoptamos como medida de protesta la comparecencia a nuestros despachos sin el rigorismo correspondiente (vestimenta informal)”.-

    Este comunicado, como otros, antes que procurar la defensa de la independencia del Poder Judicial, delata la falta de confianza que merecen sus miembros, pues, si la imputación contra Blanco carece de fundamentos, se supone, que el juez de la causa (integrante del mismo Poder Judicial) resolverá conforme a derecho. Pero no es así, los propios magistrados no confían en la independencia e imparcialidad de sus colegas, y es por ello que procuran ejercer presión, impidiendo que éste actúe conforme sus convicciones.

    A los mismos que amenazan con colgar saco y corbata, para ejercer sus funciones con rojas informales, podemos decir: No es necesario que los jueces vistan de gala, hace falta que apliquen la ley, que hagan justicia y, si no están en condiciones de hacerlo, es mejor que concurran a sus despachos calzados con zapatillas.

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    Publicado por jotaefeb | 02/05/2016, 14:46
  5. Repudiable falta de ética

    La Asociación de Jueces del Paraguay, presidida por el camarista Delio Vera Navarro, y la Asociación de Magistrados Judiciales del Alto Paraná, presidida por el camarista Isidro González, han dado una cabal demostración de repudiable corporativismo, con motivo de la imputación fiscal formulada contra el ministro de la Corte Suprema de Justicia Sindulfo Blanco por la supuesta comisión del delito de prevaricato, tipificado en el art. 305, inc. 1° del Código Penal. El gremio emitió un comunicado y anunció medidas de protesta porque los agentes fiscales René Fernández, José dos Santos y Lionel Piñánez creyeron que hay indicios suficientes para sostener que, como miembro de la Sala competente, el hoy imputado violó el Derecho para favorecer a una de las partes al admitir un recurso extraordinario de casación contra un fallo de segunda instancia, que había anulado un proceso penal.

    Los jueces “atrincherados” invocan el art. 255 de la Constitución, según el cual “Ningún magistrado judicial podrá ser acusado o interrogado judicialmente por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones”. Si esta norma fuera pertinente, el hecho punible de prevaricato debería ser borrado del Código Penal, pues toda sentencia judicial, aunque violase flagrantemente la ley, podría ser considerada como una mera opinión, aunque de cumplimiento obligatorio. Quienes ahora se movilizan en favor de la impunidad, no solo del ministro Blanco sino de cualquier otro magistrado que podría incurrir en el delito mencionado, ignoran que la prevaricación implica dictar A SABIENDAS una resolución injusta.

    No se trata de interpretar una norma en un sentido u otro, lo que podría ser “opinable”, sino de tener la INTENCIÓN DOLOSA de favorecer o perjudicar a una de las partes en un juicio. Es obvio que la imputación que pesa sobre el ministro Blanco está lejos de ser anticonstitucional, como también que los jueces no se han movilizado en defensa de la ley, sino de inconfesables intereses profesionales y, en particular, de los de un ministro de la Corte en funciones. Llamativamente, no se solidarizan con el exministro Víctor Núñez, imputado por el mismo motivo, sino con quien aún ejerce el poder.

    Sindulfo Blanco –jefe de los hoy “atrincherados”– es uno de los dos ministros superintendentes de la sexta circunscripción judicial de Alto Paraná, caracterizada por la corrupción de los magistrados, según reiteradas denuncias del Colegio de Abogados de ese departamento. Es comprensible, entonces, que los jueces locales hayan lanzado un comunicado especial, en el que expresan su “pleno respaldo” al superintendente, se declaran en “sesión permanente” e informan que, como medida de protesta, asistirán a sus despachos “sin el rigorismo” (sic). Esta última expresión de los agavillados debe entenderse como que no se vestirán adecuadamente para impartir justicia, lo que sin duda sería mucho menos grave que el hecho de que vulneren la ley a cambio de un soborno proveniente del crimen organizado, por ejemplo.

    Causa aún más estupor que la insolente Asociación de Jueces del Paraguay tenga previsto, aunque no se haya atrevido a ponerlo por escrito, que sus miembros realicen una huelga de brazos caídos y se nieguen a entender en el expediente que contiene la imputación contra el ministro Blanco. Por de pronto, respondiendo al aberrante “espíritu de cuerpo”, ya se inhibió el juez penal de Garantías Gustavo Amarilla, quien debía solicitar el desafuero a la Cámara de Diputados si lo estimaba procedente. Sería ocioso traer a colación los arts. 16 del Reglamento Disciplinario del Poder Judicial y 14 de la Ley de Enjuiciamiento de Magistrados, que se refieren, respectivamente, a las faltas graves y a las causales de mal desempeño de funciones. Cabe recordar, más bien, que el art. 292 del Código Penal castiga con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa al que intencionalmente o a sabiendas impidiera que otro fuera condenado a una pena o sometido a una medida por un hecho antijurídico.

    Es imposible que, para inhibirse en serie, todos los jueces alzados contra el ordenamiento jurídico invoquen legítimamente algún inciso del art. 50 del Código Procesal Penal, referido a los motivos de su separación. Acaso se pongan a proferir disparates para alegar haber preopinado sobre la cuestión, demostrando así su absoluta mala fe. El último inciso de la norma citada contempla “cualquier otra causa, fundada en motivos graves, que afecte su imparcialidad o independencia”. ¿Acaso dirán que no podrían ser imparciales o independientes porque la causa afecta a un ministro de la Corte Suprema de Justicia? El art. 248 de la Constitución, que garantiza la independencia del Poder Judicial, ampara a cada uno de los jueces, incluso con relación a los magistrados de mayor rango: someterse a las órdenes de estos, sin que lo obligue la ley, conlleva incurrir en mal desempeño de la función.

    La amenaza de recurrir a medidas de fuerza con el fin de amparar al ministro Blanco revela hasta qué grado de podredumbre ha llegado el Poder Judicial. Por supuesto, sus autores también se están defendiendo en forma preventiva, ante la eventualidad de que a algún agente fiscal se le ocurra un buen día imputarlos por haber violado la ley deliberadamente, en favor o en perjuicio de un justiciable. La proyectada huelga de brazos caídos puede calificarse de canallesca porque afectará a los ciudadanos que reclaman justicia: los quieren utilizar como rehenes para impedir que un delito sea castigado conforme a la ley. De la escandalosa conducta referida se desprende que los prevaricadores pueden confiar en que sus colegas saldrán a defenderlos por las buenas y, sobre todo, por las malas. Así suelen actuar los mafiosos, férreos partidarios de la solidaridad en el delito.

    La ciudadanía se halla estupefacta y repudia el comportamiento atroz de unos magistrados que enlodan su investidura y tienen la osadía de pretender situarse más allá de la ley, fuera del Estado de derecho. Ya están condenados por la opinión pública. Ahora hace falta que el Ministerio Público y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados vean si hay suficientes elementos de juicio para procesarlos.

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    Publicado por jotaefeb | 29/04/2016, 05:25
  6. Las tardanzas de la justicia

    Bajo sospecha de haber pagado a su personal doméstico con dinero del Estado, un embajador español en los países nórdicos, fue llevado ante los tribunales de Madrid. El fiscal pedía, en caso de ser encontrado culpable, catorce años de cárcel. No hay ningún error: catorce años de cárcel. Finalmente fue absuelto, pues no se encontraron pruebas que apoyaran a la acusación.
    Si se pudiera trazar un paralelo entre este caso y los que conocemos (no sabemos si habrá varios otros) en nuestro país, estoy seguro de que se tendría que volver a implantar la prisión perpetua que a muchos no les gusta porque dicen que atenta contra los derechos humanos y que todo ciudadano tiene derecho a que se le dé una segunda oportunidad para poder así reinsertarse en la sociedad. A esta altura de los acontecimientos habría que tratar de averiguar si solo los delincuentes tienen “derechos humanos” mientras que los ciudadanos comunes, los de a pie, no los tenemos. ¿Cómo calificar a quien roba el dinero público, es decir, nuestro dinero, para satisfacer sus caprichos particulares? ¿Será, acaso, que aquí no se violan los derechos humanos de otros?

    Hace ya muchos años, cuando se estaba rodando la película “Cerro Corá”, un empresario relacionado con su producción me dijo que estaban necesitando alguien que se ocupara de la parte de prensa, alguien que fuera informando a los medios de cómo iba el rodaje y otros detalles, para ir preparando el ambiente para el día de su estreno. Me ofreció el trabajo diciéndome que me pagarían muy bien. Le dije que no podía hacerlo pues estaba ya trabajando en un periódico y que allí me pagaban por el trabajo que hacía. “No te hagas problemas –me dijo–. No te preocupes por el dinero si total no es dinero de nadie. Es dinero del Estado, no más”. La persona que me estaba haciendo esta generosa oferta era diputado de la nación.

    Volvamos al tema de los diputados, senadores, jueces, ministros, que están pagando a su servicio doméstico con dinero del Estado, haciéndoles figurar a estos trabajadores en las planillas de diferentes organismos oficiales. Aún más: como el sueldo que perciben es muy alto, los patrones se quedan con una buena parte y le entregan al empleado nada más que una pequeña parte de eso que no es otra cosa más que un robo descarado a dos puntas: le roba al Estado y le roba al trabajador.

    ¿Qué vemos en compensación? Nada. Sencillamente nada. Los culpables recurren a las artimañas más sucias y rebuscadas para burlar su comparecencia ante el juez. Y si la justicia se pone pesada, utilizan toda su influencia para destituir a fiscales y jueces llevándolos ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por causas que no terminamos nunca de comprender.

    Debido a ese robo inmisericorde hemos llegado a un punto en el que muchas instituciones, entre ellas la educación pública y la salud pública, afrontan carestías alarmantes. Tenemos hospitales en los que, por falta de camas, los pacientes se mueren tirados en el suelo, o deben dormir en la camilla de la ambulancia a la espera de que se muera alguien para que deje la cama libre y pueda ser utilizada por otro enfermo. Me pregunto si esta situación tiene que ver o no con los derechos humanos de los demás, con nuestros derechos humanos, mientras los culpables no pueden ir a la cárcel de por vida porque no podemos violar los suyos. Y tenemos que darle una segunda oportunidad de reinsertarse en la sociedad; esta misma sociedad a la que esquilmaron sin misericordia.

    Leí días atrás que se realizó un congreso bajo el título de “Paraguay hacia el primer mundo” o cosa parecida. Uno de los organizadores explicó a la prensa que tenemos todas las condiciones para convertirnos en un país del primer mundo. Creo que esto pueden lograrlo todos los países del planeta siempre y cuando se den ciertas condiciones. Pero dudo mucho que nuestro país pueda llegar a serlo tal como se presentan las cosas en la actualidad: una educación de un nivel atroz, una justicia africanizada, una salud pública ausente en la mayor parte del territorio nacional, una clase gobernante corrompida hasta la médula, un Estado ausente no solo en rincones lejanos del país sino incluso en barrios periféricos de la capital y una falta de compromiso con la legalidad. Quien piense que estamos avanzando es porque está mirando con el largavista por la parte de atrás.

    Por Jesús Ruiz Nestosa

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/las-tardanzas-de-la-justicia-1473878.html

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    Publicado por jotaefeb | 28/04/2016, 05:51
  7. Inoperantes y gallinas

    Por Pablo Gastón Ortiz

    La principal razón de que los fiscales y jueces deben ser removidos por “mal desempeño en sus funciones” es la impunidad producto de la negligencia jurídica. El controvertido caso de Villarrica donde un joven fue acusado de robar 32 gallinas es un claro ejemplo y con diversas aristas.

    Todo el aparato judicial se movilizó para enjuiciarlo y hay quienes consideraron al caso bagatelario por ser un injustificado gasto del erario. Pero la Fiscalía decía que la víctima era una pobre vendedora de huevos y el hurto de sus ponedoras le ocasionó un grave perjuicio económico.

    Sin embargo, lo realmente absurdo fue que a pesar de tanta pompa el caso quedó en el “oparei” La fiscala de Villarrica, Noelia Soto, y el juez penal de garantías de Coronel Martínez, Édgar Martínez, cometieron errores procesales.

    Los abogados del supuesto ladrón de gallinas dieron una cátedra de Derecho durante la apertura del juicio al conseguir el sobreseimiento de su cliente. Se percataron de que la acusación se realizó fuera de plazo.

    La historia es que el sospechoso estaba prófugo y la fiscala esperó la detención para acusar, pero se olvidó de pedir la declaración de rebeldía a fin de congelar los plazos procesales. El juez también fue negligente, pues no advirtió el error y tampoco intimó a la fiscalía adjunta a presentar un requerimiento conclusivo.

    El tribunal de sentencia conformado por los jueces Luis Giménez Sánchez, Loida Alfonso y Víctor Ortigoza no estudió el fondo de la cuestión y jurídicamente hablando nunca se sabrá si el acusado robó o no las gallinas.

    Más allá del juicio tildado de bagatelario, la raíz del problema está en la selección de magistrados y de agentes del Ministerio Público donde el padrinazgo político está sobre la preparación académica y la experiencia de los candidatos.

    El presidente del Consejo de la Magistratura, Enrique Riera, jura y perjura que en las ternas solo ingresan los mejores postulantes. Pero la impunidad nos muestra que la realidad es muy distinta.

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    Publicado por jotaefeb | 24/04/2016, 07:43
  8. Estado como botín de clanes familiares

    La perversa costumbre de utilizar las instituciones públicas como botín político, para privilegiar a amigos correligionarios y amantes, sigue tan arraigada en el país y vergonzosamente se fortaleció en democracia. Lo lamentable es que el acceso a los cargos públicos se siguen entregando a personas no capacitadas cuyo único mérito es tener un “padrino”, replicando así una práctica mafiosa con el dinero de los contribuyentes. En una sola institución, en este caso, en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, once matrimonios privilegiados, percibieron G. 4.180 millones en un año. Una suma bastante considerable para hablar de sueldo.
    En todos los casos, el denominador común en el currículo de los contratados, es que es cónyuge de algún otro funcionario. Esto pesó más que nada para nombrarlos en el cargo con jugosos sueldos, viáticos y otros beneficios.
    De la misma forma en otras instituciones públicas, pese a la vigencia de sistemas de contratación por méritos y aptitudes siempre se encuentra la forma que los recomendados caigan en “paracaídas”. Esto en detrimento de otros profesionales que se preparan e invierten para capacitarse y estar a la altura del cargo. Todos los días se van destapando clanes familiares que maman de las arcas del estado.
    El resultado de esta nefasta práctica es llenar los servicios públicos de personas incapaces, sin preparación suficiente con la única mentalidad de cobrar un buen sueldo, es decir sin considerar lo que implica su labor de servidor público. Por esto tenemos un estado “kachiai”, con instituciones públicas que prestan un lamentable servicio al ciudadano, donde impera la corrupción, y donde los amigos hacen y deshacen la república para mantener su impunidad y sus privilegios.
    La justicia tampoco se salva de esta podredumbre. Es por ello que sigue campante la impunidad, porque los fiscales que deben investigar tienen como padrinos a políticos corruptos. En este lamentable contexto, el único recurso que le queda a la ciudadanía es el pataleo, por lo menos utilizando el escrache público contra aquellos que están desangrando al país.
    http://www.vanguardia.com.py/v1/index.php/component/k2/item/43453-estado-como-bot%C3%ADn-de-clanes-familiares#sthash.EvXrSVIZ.dpuf

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    Publicado por jotaefeb | 18/04/2016, 09:40
  9. Se debe poner fin a las chicanas que aseguran la impunidad

    El caso judicial que envuelve al senador colorado Víctor Bogado es todo un emblema de la chicanería que reina en el actual Poder Judicial. La semana pasada, su audiencia preliminar fue suspendida por cuarta vez. El juez penal de Garantías Óscar Delgado tuvo que posponer una vez más la audiencia de Bogado y de otras tres personas, procesadas en el marco de la causa de la supuesta niñera de oro. Esta vez la suspensión se debió a que el abogado del parlamentario renunció. El legislador está procesado por estafa y cobro indebido de honorarios. La reacción ciudadana que generó este caso no fue suficiente para que se llegue a hacer justicia. Los parlamentarios son funcionarios electos y deben hacer honor a la confianza que el pueblo depositó en ellos. El mecanismo de aplicar chicanas solo apunta a un objetivo: la impunidad.
    El proceso judicial que envuelve el caso del senador Víctor Bogado, plagado de dilaciones, arrastra una larga historia. Son innumerables las excusas que se acumularon para lograr suspender cuatro veces consecutivas la audiencia preliminar del legislador.

    De acuerdo con una investigación periodística iniciada en el año 2013, Víctor Bogado, durante su presidencia en la Cámara Baja, había comisionado a Gabriela Quintana, que en realidad sería la niñera de sus hijos, pero estaba nombrada como funcionaria del Congreso, a prestar servicios en la binacional Itaipú, con un salario millonario.

    Pese a negar su relación con Quintana, fotografías que circularon en redes sociales pusieron en evidencia a la joven cuando cuidaba a los hijos de Bogado, esto le hizo ganarse el sobrenombre de niñera de oro.

    La Fiscalía Anticorrupción había imputado al senador colorado y a la presunta niñera. La acusación sostiene que a través de las influencias del parlamentario la mujer fue contratada en la Itaipú y cobró ilegalmente G. 71.683.460, debido que ya tenía un sueldo en la Cámara de Diputados.

    La ciudadanía en su momento ya expresó clara y decididamente su opinión y su repudio. Pero no bastaron ni la indignación, ni las caravanas de autos, ni los memes en las redes sociales, ni los rollos de papel higiénico lanzados contra el edificio del Congreso nacional. Por el momento, sigue ganando la impunidad.

    Las chicanas hacen posible que el senador haya logrado posponer una audiencia preliminar por cuarta vez, y es evidente que el sistema judicial se lo está permitiendo.

    Por eso, se debe hacer algo para detener el recurso de las chicanas que interfieren en los procesos.

    Lamentablemente, así como está planteado en el Código Procesal Penal, estos recursos dilatorios están permitidos. Nuestro sistema hace posible lo que en otros está prohibido, pero un punto debe quedar absolutamente claro: la Fiscalía debe ser más firme a la hora de defender a la víctima. Por eso es urgente que se limite a los abogados chicaneros, a los que dilatan los procesos, a quienes retardan la llegada de la justicia. En este caso, la víctima es el Estado paraguayo y son los ciudadanos paraguayos que aportan sus impuestos y no se merecen que esos recursos sean mal utilizados.

    Por último, se debe puntualizar que de nada valdrán los avances que ya son grandes hitos para la democracia paraguaya, como las leyes de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, si los hechos de corrupción denunciados van a caer en manos de un sistema judicial que no hace nada por evitar la impunidad.

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    Publicado por jotaefeb | 18/04/2016, 09:30
  10. Animus jodetis

    Por Paula Carro

    Uno de los ejemplos que más se utilizan en las escuelas de leyes para ejemplificar el alcance de lo que se conoce como el “espíritu de la norma” es la historia popularizada por el jurista guatemalteco Recasens Siches, acerca del letrero en la estación, que textualmente prohíbe subir perros al tren. Entonces, el versado profesor, frente a la sala repleta de curiosos estudiantes, lanza al auditorio la pregunta: “¿Puede alguien subir al tren con un oso?”

    Cualquiera haya sido la postura de la clase, que normalmente se divide entre los estrictamente literales o positivistas y los que intentan ir más allá del texto de la regla, desentrañando el espíritu de la norma, el profesor traza un argumento intermedio y hasta ambiguo que deja al estudiante cuestionando el funcionamiento de todo el sistema jurídico.

    Imaginemos una sociedad en la que si el letrero prohíbe subir perros al tren, todos los viajantes sabrían que no deben subir cualquier clase de animales por respeto al orden jurídico.

    Ahora imaginemos otra, en la que si el letrero, en lugar de tener cinco o seis palabras tuviera más de 100 que enumeraran la mayor cantidad de seres vivos que a los viajantes se les podría ocurrir tratar de introducir al tren.

    En este último caso, no faltará quien dispare su creatividad para usar el tren en el que viajan personas para transportar animales que el creador de la norma no tuvo el buen tino de incluir en el listado, o bien otra clase de equipajes que, a sabiendas de que jode al resto, no tiene problemas en transportar por la pura y soberana libertad de su deseo, por su comodidad, para no pagar un flete, o por las razones que sean, y que no consideran ni por casualidad los derechos de los demás.

    Es lo mismo que sucede día tras día en nuestra sociedad acostumbrada a desvirtuar el “animus societatis” en las relaciones contractuales y a desnaturalizar el espíritu de buena fe que debe primar en las relaciones sociales. “Lo que últimamente prima es el animus jodetis”, suele decir en sus clases el doctor en Derecho Julio César Vergara Candia, reconocido tributarista de nuestro medio.

    Aunque en el Derecho de los Contratos se intenta prever la mayor cantidad de circunstancias posibles que podrían sobrevenir durante su ejecución, en la vida de relación en general es imposible aplicar este principio. Porque simple y llanamente no se puede reducir el orden jurídico a la literalidad de un texto, y por encima del sentido común inclusive. O al menos, no en una sociedad en la que los ciudadanos y las instituciones avancen hacia un estadio de verdadera seguridad jurídica.

    Las facultades de derecho, y hasta las escuelas primarias, tienen la responsabilidad de educar en la creencia de que joder a otros, utilizando las “lagunas” de la ley, no es una cualidad elogiable ni intrépida, sino una evidencia del abuso del derecho que se comete en todos los órdenes y al cual hay que combatir formando verdaderos juristas y no terroristas de las normas.

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    Publicado por jotaefeb | 18/04/2016, 09:22
  11. La democracia, de luto en el norte

    Por Edwin Brítez

    “Liberales de Concepción, de luto por el juicio a la Corte” decía el título, y no es que haya sido publicado el día de los inocentes, fecha en que hasta los diarios más serios hacen bromas a sus lectores. Además, la información estaba acompañada de una fotografía del local del comité liberal de la ciudad con varias banderas negras en astas, señal inequívoca de que estaban de luto, por lo menos quienes alzaron y ordenaron alzar esas banderas.

    El asunto es que el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Óscar Bajac, hizo creer a algunos concepcioneros que él era el representante de la población radicada en ese territorio del país ante la Corte. Es probable que algunos se hayan creído el cuento por aquello del cuoteo, mecanismo mediante el cual cada sector cuenta con lo suyo en la cumbre del poder.

    La crónica periodística dice que los liberales de Concepción son los que están de luto porque su gallo, el ministro liberal Óscar Bajac, está en la lista de magistrados a ser enjuiciados. Un dirigente liberal, a quien comenté el hecho diciéndole que el PLRA al parecer perderá dos miembros en la Corte con el juicio político, trató de minimizar lo que se viene con la siguiente aclaración: “Blanco (Sindulfo) nunca respondió al partido y Bajac es hombre de Mirta (Vergara)”. La aclaración no me aclaró absolutamente nada, pero sirvió para entender más o menos que los ministros ingresan a la Corte de la mano de caciques de turno en “representación” de sus partidos. Si no cumplen, se van.

    Pero al parecer los liberales no son los únicos que están tristes y disgustados con el caso Bajac, porque también dieron su apoyo a la causa antijuicio el intendente colorado de Concepción, Arturo Urbieta, y el intendente de Yby Yau, Vidal Argüello.

    El Sr. Blas Pizzani, presidente del comité local, fue entrevistado sobre las razones de las banderas negras y las caras largas de los amigos de Bajac y dijo que la decisión es de los comités de todos los distritos de Concepción, porque el partido “ejerce la defensa de la Constitución Nacional y el Estado de Derecho”.

    Luego afirmó que “no se puede enjuiciar políticamente a un magistrado por sus decisiones jurídicas, y si es así hay que enjuiciar a todos los magistrados que juzgan en contra de nuestros intereses. Si eso ocurre, matamos a la democracia en nuestro país”.

    Hasta ahí la parte jocosa del tema, pero luego el informe da cuenta de que todos los juzgados del primer departamento emitieron comunicados de apoyo al ministro Bajac. Los juzgados… sí, leyeron bien.

    Como todos sabemos, la administración de justicia está a cargo del Poder Judicial, ejercido por la Corte Suprema de Justicia, por los tribunales y por los juzgados. Es lo que dice la Constitución.

    Es la misma Constitución que otorga atribuciones para enjuiciar a los miembros de los demás poderes del Estado y que también garantiza la independencia del Poder Judicial, lo que significa que quienes integran este poder deben alejarse totalmente de las cuestiones partidarias, que dividen a la ciudadanía según sus opiniones e ideologías políticas.

    La confusión que tienen algunos concepcioneros con respecto a la independencia del Poder Judicial es señal de que el señor Bajac nunca se preocupó en realizar algunos cursitos de capacitación sobre el tema y que por el contrario siguió trabajando como político, formando grupos de apoyo con base en prebendas.

    No sé cuál será la reacción emotiva del pueblo concepcionero el día que el señor Bajac ya no pertenezca a este mundo, pero creo que difícilmente tendrá el homenaje que tiene ahora, sobre todo si para entonces ya no pertenece a la Corte Suprema.

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    Publicado por jotaefeb | 18/04/2016, 09:13

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Escuchas publicas

El tema que tiene que ver con este escándalo de las escuchas telefónicas que envuelve el tráfico de influencias, que todos presumiamos que existía de manera clara pero nunca de manera tan desembozada y tan elocuente, como el que hemos tenido la oportunidad de poder comprobarlo. Lo que queda ahora es corregir lo que está mal y eso significa que el Congreso debería suspender a González Daher, en sus funciones como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y hacer un planteo severo en torno a la continuidad de esta institución, además de eso tendríamos que escuchar de manera mucho más valiente y objetiva las denuncias de fiscales y de jueces en torno a este tráfico de influencias, denunciando en los casos en los que habían sido sometido a una situación similar, haciendo que la justicia vuelva a ser creíble, y por sobre todo previsible de este país, que tiene una gran deuda con la sociedad en ese campo. Si la sociedad define la democracia como el estado de derecho, es evidente cuando vemos que ella es sujeta de las manipulaciones, tergiversaciones, chantajes y extorsiones, más claras que las que hemos podido comprobar en las últimas horas, nadie puede estar seguro en este país, y es el tiempo de corregir aquello que está mal y ademas de eso se tiene la oportunidad este domingo de castigar aquellos que se han apartado de lo que se espera debería ser la democracia, es el tiempo de los ciudadanos y en ese sentido nos queda ajustar cuentas con aquellos que se han apartado de manera clara y elocuente del mandato que recibieron de parte de nosotros, sus mandantes. (BFB)

Empresas del Estado

Uno de los grandes desafíos que tenemos en el país es indudablemente el encontrar un modelo económico que nos permita centrar la labor del Estado en lo que le corresponde realizar, cuando vemos mucho de las empresas públicas y especialmente en este verano, en que volveremos a padecer las consecuencias de una empresa monopólica como la ANDE, que no puede garantizar un buen servicio, por diferentes razones, se quejaron este año, porque las tarifas estaban fuera del rango que debieran, se incrementaron  esos números, pero no se mejoró el servicio, ahora aparece el argumento de que vienen de varios años de desfinanciamiento y que por lo tanto llevará todavía una buena cantidad de tiempo, ponerse a la altura y exigencias de la demanda de la gente. Pero si vemos también hay otras empresas públicas como el caso de la INC, que compra una nueva planta para procesar clinker y que ha tenido más de cien fallas, en un período de prueba y que podría ser otro gran elefante blanco, adquirido por el estado a las costas de cada uno de los contribuyentes, vemos de que hay algo mucho más profundo y grave en todo esto, el Estado no sabe hacer bien estas cosas y cada vez nos cuesta mucho más mantener a un personal ocioso y además de todo eso manipulado en tiempos electorales para que voten por que se sigan siendo manteniendo las cosas hasta ahora, nos cuestan mucho las empresas monopólicas del Estado, pero por sobre todo no vemos un rol del estado propiamente, incluso en aquellos sectores en donde debería actuar como elemento regulador del mercado. En definitiva tenemos dificultades filosóficas, administrativas y de gestión. (BFB)

A platazo

Es evidente que las campañas sacan lo mejor y lo peor de las personas, algunos demuestran cual es su verdadera concepción con respecto al poder, que es lo que entienden con respecto al de la prensa, a las encuestas, al twitter. La expresión del presidente Cartes de acusar de muchos de los males del país a los periodistas y especialmente aquellos que son críticos a su gobierno, y afirmar en términos bastantes soeces a la labor que cumplen algunos es una demostración de pobreza de espíritu que dominan a varias personas en estas elecciones. También ha sido noticia el hijo de la dip. Perla de Vazquez, exhibiendo dólares sobre una mesa dispuesto a comprar la voluntad de los votantes santanianos en el dia de los comicios, otras expresiones más se dieron en el transcurso de esto que casi siempre rodea a la práctica electoral y que demuestra, reitero, nuestra pobreza cívica, nuestra pobreza moral y nuestra pobreza argumentativa, no somos un país en el que estamos acostumbrados a debatir sus diferencias y a plantear propuestas, somos más bien personas que responden con insultos y agravios, cualquier afirmación que no sea la que uno comparte o tiene como argumento central. En definitiva las cuestiones electorales han vuelto a mostrar lo peor y pocos casos de lo mejor de nuestra sociedad, y varios de los temores que son permanentes en la vida política nacional, la posibilidad de comprar las voluntades de los votantes o de torcer las voluntades de los trabajadores del sector público, que más de 300mil de ellos, casi siempre son carne de cañón en los procesos electorales.   (BFB)

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