El Gobierno del presidente Cartes enfrenta sus días más complicados en sus casi tres años de gestión. Una semana de movilización de campesinos y cooperativistas alcanzó para catalizar enojos de diferentes sectores, disparando las alarmas en el Gobierno.
En apenas unos días la situación se volvió tan volátil que la Iglesia Católica, que desde hace años no interviene en este tipo de situaciones, decidió emitir un comunicado pidiendo a todos los sectores sentarse a dialogar. Desde el Gobierno tuvo que ser el jefe de Gabinete, el esquivo Juan Carlos López Moreira, el encargado de buscar respuestas planteando una mesa de negociación.
Por ahora todo fue inútil. Nada alcanzó para aquietar los ánimos. Antes que mejorar, la situación parece ir camino a complicarse todavía más.
El primer encuentro entre representantes del Ejecutivo y los grupos movilizados terminó en un rotundo fracaso. Apenas alcanzó para que cada sector ratificará posturas. En nada se avanzó. Hasta cierto punto significó un retroceso porque cada uno endureció sus posturas sin tener en cuenta la posición del otro.
Viene una semana aún más complicada para el Poder Ejecutivo. Los campesinos anuncian movilizaciones durante un mes si no se generan respuestas. El Gobierno insiste en cerrarse en su posición. Todo apunta a profundizar la crisis.
El Ejecutivo parece comprender lo delicado de la situación, pero no acaba de entender los efectos que puede tener en el largo plazo. Como ocurre desde el inicio de mandato la visión puramente económica y numérica impide comprender los procesos sociales que comportan gobernar un país. Solo entienden que, como en una empresa, todo se reduce a ajustes; no alcanza a ver la serie de intereses en juego.
No es casualidad que el canal de negociación que eligieron los campesinos haya sido el Parlamento, así como tampoco es casual que el presidente del Senado, el disidente Mario Abdo, sea el que encabece la mesa de negociación. Ambos tienen intereses de cara al futuro. La unidad de ahora podría significar compromisos o resultados electorales en el mediano plazo.
Esas son malas noticias para el Gobierno que si bien cuenta con mayoría propia en la Cámara de Diputados, no tiene lealtades reales en el Congreso. El rechazo a la eliminación del IVA a las cooperativas, que fue aplaudido por el Ejecutivo, no necesariamente fue un apoyo al Gobierno. Fue más que nada la consolidación de espacios en sectores donde hasta ahora la dirigencia política no ha podido ingresar.
Desde la oposición los grupos de izquierda operan intensamente para seguir castigando a la administración Cartes y para capitalizar el descontento. La visita y el cuidado discurso del senador Fernando Lugo ante los manifestantes frente al Congreso a mitad de semana, más que una adhesión fue para probar el nivel de simpatía. Fue para ratificarlo como el líder de los sectores desposeídos de cara a las elecciones generales de 2018. Fue un paso más en la construcción de la candidatura presidencial.
La crisis desatada por campesinos y cooperativistas apunta a tener efectos permanentes para el futuro político del país. En apenas unos días la imagen del Gobierno sufrió más allá de lo aconsejable y complicó las intenciones del oficialismo de ir más allá de 2018. A estas alturas ni siquiera un generoso acuerdo del Ejecutivo alcanza para asegurar lealtades.
En contrapartida, la disidencia colorada y los sectores de oposición imprevistamente se encontraron con una situación que les permite construir con mayor vigor el proyecto político para el 2018. Por primera vez se vislumbra que el oficialismo podría ser derrotado.
Por Osmar Gómez
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/crisis-que-podria-sellar-el-futuro-1471288.html
HA… CHE RETÃ PARAGUAY (I) 
Inútil tras inútil
Ningún Gobierno puede tomar decisiones acertadas si no cuenta con los datos de la realidad. El caso de la condonación de deudas, exigida ahora por campesinos reales o supuestos, evidencia que la administración pública no tiene una idea clara de la problemática. ¿Sabe acaso cuántos auténticos pequeños labriegos están endeudados con el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) o con el Banco Nacional de Fomento? No lo sabe, porque, entre otras cosas, es muy probable que a lo largo de los años pasados también hayan recibido créditos muchas personas que nada tenían que ver con el cultivo de la tierra y que no tenían la menor intención de amortizarlos, pero hoy están entre los que reclaman en la actual marcha.
Según datos oficiales, el CAH tiene 36.372 clientes, pero su presidenta, Amanda León, afirmó hace unos días que la deuda de más de 110.000 productores llega a casi 120 millones de dólares. ¿Cómo sabe la funcionaria cuántos campesinos adeudan a otras entidades públicas o privadas y, por lo demás, cómo está segura de que todos los deudores del CAH son realmente labriegos? No lo sabe, lo mismo que el ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Carlos Baruja, quien simultáneamente informó por su parte que la deuda del campesinado, tanto con el sector privado como con el público, supera los 500 millones de dólares. Para el senador Silvio Ovelar, sin embargo, llega a unos 822 millones, así distribuidos: al CAH se le deberían 115 millones de dólares, al BNF siete y a las entidades privadas 700. En suma, este menjunje de datos demuestra que se ignora cuántos son realmente los deudores y, en consecuencia, a cuánto asciende el monto de las obligaciones con las instituciones crediticias.
Así las cosas, nadie tiene una idea acabada de la magnitud del problema, lo que seguramente impide su tratamiento adecuado y, a la vez, favorece la impunidad de quienes desde un cargo público cometieron el delito de lesión de confianza al otorgar créditos a parientes, amigos o correligionarios, en contra de la ley.
Este es el problema que se afronta ahora para buscar una solución a la deuda cuya condonación reclaman los campesinos. Toda acción gubernativa será desatinada si no se funda en datos veraces y actualizados, y, en estas condiciones, se presta a los fraudes y a las “tragadas” de los recursos públicos. Por ejemplo, a principios del año pasado, el Ministerio de Agricultura y Ganadería eliminó unos ocho mil nombres de las listas proporcionadas por “dirigentes campesinos” para cobrar un subsidio de 300 dólares disfrazado de “microcapitalización productiva”, pues unos aparecían hasta siete veces y otros correspondían a funcionarios, policías y maestras. No debería sorprender, entonces, que entre los deudores de las entidades públicas que actualmente reclaman la condonación de sus deudas figuren muchísimos aprovechados que nunca debieron haber recibido un crédito.
Se entiende que la problemática en cuestión no es de reciente data, sino que se viene arrastrando desde hace décadas, lo que revela que al frente de nuestras principales instituciones se ha sucedido inútil tras inútil. A ningún Gobierno le ha interesado hacer un relevamiento acabado de las necesidades sectoriales para, en consecuencia, tomar las decisiones oportunas. Los ineptos que se han venido sucediendo en la cúpula estatal han preferido manejarse a tientas, aunque ello impidiera solucionar los problemas “sociales”, acaso porque la oscuridad favorece precisamente a la corrupción. Y en vez de tomar en el momento las medidas convenientes tras un examen realista de la situación, han preferido dilatar las soluciones, dejando a cargo de sus sucesores una bomba de tiempo cuyo potencial explosivo no se puede determinar con precisión por la carencia absoluta de datos confiables.
Naturalmente, el vacío reinante en materia de censos y estadísticas favorece también la actuación de grupos populistas, proclives a la propaganda mentirosa. Como el Gobierno no tiene informaciones precisas acerca de las deudas de los campesinos o de la tenencia de la tierra, entre otras cosas, se pueden formular a bulto las exigencias más extravagantes –como está ocurriendo ahora con la marcha de la MCNOC–, con la certidumbre por parte de los líderes de que quienes deberán tomar alguna decisión a su planteamiento no están en condiciones de refutarlos con contundencia porque no tienen datos concretos.
De esta manera, los diversos gobiernos han venido dando palos de ciego, sin atinar a dar una respuesta acabada a las demandas sociales.
Para empezar, urge que en el aparato estatal haya un cruzamiento de datos confiables. ¿Acaso existe uno entre el CAH, el BNF y el Indert que permita identificar a quienes realmente tienen derecho a obtener un crédito para la explotación agrícola? No puede haberlo porque el Indert ni siquiera ha concluido el censo rural. Tampoco vale la pena mencionar a la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, atendiendo que el último censo de población y vivienda fue realizado con la mayor torpeza.
Antes de abrir una “mesa de diálogo” para cualquier tema, lo que hace falta es disponer de informaciones ciertas, porque solo así el diálogo podrá tener algún sentido. Si nadie sabe bien el alcance de lo que se está debatiendo, lo que llegue a acordarse se asentará sobre bases falsas, caldo propicio para nuevas demandas.
Así, pues, es hora de que el presidente Horacio Cartes se aparte de la línea seguida por sus antecesores y pongan –él y sus más de 300.000 empleados públicos– manos a la obra para depurar sus registros de vivos y arribistas, y tomar, en consecuencia, las disposiciones adecuadas. El Presidente debe hacer, en esta oportunidad, todo lo posible para no convertirse en uno más de la serie de inútiles que pasaron por el Palacio de López.
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Deudas acumuladas e impagas
Por Benjamín Fernández Bogado –
Este debe ser el único país que llama a las donaciones «créditos no reembolsables». Desde esta equivocada afirmación de otorgar dinero sin contraer obligaciones de pago, pasamos a las curiosas condonaciones a sectores altamente ineficientes y corruptos como los transportistas o a los sojeros con margen de ganancias anuales superiores al 50% con notables subsidios de parte del Estado. O redefinimos términos e igualamos a todos o seguiremos padeciendo cierres de rutas, calles o avenidas. La deteriorada y fea Asunción es hoy un territorio de batallas que vienen de años de deudas acumuladas e impagas y en donde algunos son subsidiados y otros quieren lo mismo.
El Gobierno se equivocó pagando las cuentas de Azucarera Iturbe con los cañeros y otorgando de nuestros bolsillos el 30% al negocio privado de los transportistas para que compraran nuevas unidades. Si uno hace esto no tiene autoridad moral, financiera ni política para negarse a los otros. Si lo hace, funde el país, y si no lo hace, lo funden al Gobierno. La política tiene que ser igual para todos. Ahora los empresarios del transporte y los cañeros de Iturbe tienen que marchar con los otros pedigüeños al menos por solidaridad condonativa. La medida arbitraria de dar a unos y privar a otros lleva obligatoriamente al conflicto callejero. En un país con instituciones que no funcionan como debieran, una marcha de este tipo pone en jaque a cualquier gobierno, y si además aparece el pa’i Oliva haciendo misa en la plaza, el Gobierno tiembla recordando el Marzo Paraguayo.
La primera gran pregunta es: ¿cómo dejaron acumular semejante deuda? Deberían haberse prendido las luces de alarma en los primeros millones de dólares y no esperar acumular semejante cantidad. Los mismos que subsidiaron y condonaron a los mismos campesinos, y que fueron gobierno, después están repitiendo una película conocida. Esto se inició con Elvio Benítez cuando Lugo era obispo y la amenaza es que los nietos del monseñor –que no son pocos– y los nuestros tengan que pagar la incompetencia de todos por mucho tiempo.
En este país de calor y de humedad que echa técnicos de Cerro, la tormenta que acabe con el Gobierno puede surgir de cosas aun más pequeñas. El presidente y su equipo de gerentes no están acostumbrados al diálogo y carecen de cintura política, y en estos casos con argelería no se resuelve nada. Hay que hablar, pero fundamentalmente hacer una política diferente a la implementada hasta ahora.
No se llevó adelante la idea de comprar la producción agraria para alimentar a policías, militares, presos, escueleros y, fundamentalmente, para hacer de los campesinos otra vez agricultores. El MAG ha sido un fracaso con Gattini y el actual ministro no muestra mucho para resolver el tema. Se necesitan varias cosas: tierras, educación, organización, crédito, honestidad, eficacia y justicia. Todo esto es muy complejo en un país que acumuló deudas impagas no solo con este sector, sino con la sociedad en su conjunto. Así como los sojeros cierran rutas con tractores cuando no les dan lo que quieren… los manifestantes de Asunción hacen lo mismo con similares propósitos.
O se resuelven los temas pendientes o se patean para adelante las soluciones. Lo que tenemos es lo que se ha sembrado desde los gobiernos. Y se sabe muy bien que los que siembran conflictos… cosecharán tempestades.
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Ni campesinos haraganes ni soluciones mágicas
Por Luis Bareiro
Siempre que enfrentamos situaciones controversiales caemos en la peligrosa tentación de razonar con las vísceras y simplificar la controversia calificando a los involucrados en buenos o malos, según sus acciones u opiniones concuerden o no con las nuestras.
La prueba más reciente son los aplausos o descalificaciones que produjeron productores y cooperativistas con sus reclamos. Ante la avalancha de barbaridades que se dijeron conviene poner en el papel algunas aclaraciones básicas.
1) Estos trabajadores del agro –cañicultores– no son haraganes ni desocupados que solo pretenden que les regalen dinero público. Si piden la anulación (condonación) de una deuda, es porque una entidad financiera les prestó, y para que ocurriera necesitaban de una propiedad (su tierra) y de una actividad que les generara ganancias (plantar caña).
2) La agricultura es una actividad económica –no una misión patriótica– cuyos resultados dependen en gran medida de dos factores ajenos al trabajador; el clima y la fijación de los precios en el mercado. Es pues una actividad altamente riesgosa.
3) Los buenos precios de hace dos y tres años (coletazo final del boom de los precios de los alimentos) hicieron que muchos tomaran más préstamos para ampliar sus áreas de cultivo y mejorar ligeramente su calidad de vida comprando cosas, desde ropa hasta electrodomésticos, lo que hace cualquier trabajador.
4) Y les pasó lo que a casi todos los paraguayos; la economía se contrajo y ahora tienen dificultades para enfrentar sus deudas.
5) No es un problema de TODOS los productores. De la cartera de clientes del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) que atiende a los pequeños productores, solo 14 por ciento está en mora. Signi- fica que en promedio 9 de cada 10 clientes están pagando.
6) Del pedido de condonación de los cañicultores en mora, en particular, el reclamo pasó a incluir a TODOS los cañicultores, y luego a TODOS los pequeños productores, estén sus deudas en mora o no. Eso hace, por ejemplo, al ciento por ciento de los clientes del CAH, lo que supone una condonación, solo en esta entidad, de más de cien millones de dólares.
7) Lo más complicado del reclamo es que los productores piden que el beneficio se extienda a los créditos que les concedió la banca privada. Y allí se habla ya de entre 300 y 600 millones de dólares. Un dinero que el Estado debería pagarle al sistema financiero con impuestos.
Y aquí es donde surgen todas las controversias. ¿Deben cubrir los contribuyentes las pérdidas de un sector específico de los productores? ¿Deben cubrir –por una vez– todas las deudas de los pequeños productores? Si se hizo en el pasado con los ahorristas, ¿por qué no con los trabajadores del agro? ¿Es eso económicamente posible? ¿De dónde saldrá el dinero?
Como ven, es un problema económico complejo. Estar a favor o en contra de cualquier propuesta no es ser bueno o malo, sensible o insensible. Si queremos encontrar una solución razonable, primero hay que dejar el maniqueísmo de lado.
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Las protestas de estos días
17 Abr 2016
Por: Enrique Vargas Peña
En una sociedad democrática todos los sectores tienen derecho a buscar la satisfacción de sus intereses particulares y nadie debería olvidar lo que significa el ejercicio de tal derecho tan propio, característico y definidor de aquella naturaleza democrática.
Lamentablemente en nuestra sociedad hay sectores que insisten con la práctica autoritaria, ilegítima, bárbara, brutal, de efectuar sus reclamos mediante la conculcación, el aplastamiento, el desconocimiento de los derechos de terceros y eso es lo que estamos viendo estos días en las protestas de los cooperativistas de Pedro Loblein y las organizaciones lideradas por Elvio Benítez.
No voy a discutir en el presente material los reclamos que realizan quienes protestan, dejando constancia que estoy en contra de gravar con IVA los actos cooperativos y en contra de la condonación de deudas, sino el modo en que esos reclamos se realizan.
Pedro Loblein y Elvio Benítez coinciden en que deben conculcar, aplastar y desconocer derechos de terceros al libre tránsito “para lograr la visibilización de sus reclamos”, en una suerte de aplicación práctica en Paraguay del principio según el cual “el fin justifica los medios”.
Si aceptáramos resignadamente que el fin justifica los medios y que, por tanto, se puede suprimir el derecho de terceros al libre tránsito con el objetivo de lograr visibilización, quedaría expedito el camino para que cualquiera con un poco de fuerza corporativa impusiera al resto de la sociedad el pago de sus privilegios o, peor, de sus meras visiones sobre la organización de la sociedad.
Es el sueño de todo autoritario, de todo mesiánico: Imponerse a los demás, postergar a los demás. Es el punto en común de Loblein y Benítez con Augusto Pinochet, con Jorge Videla, con Fidel Castro, con Kim Jong Il.
Unos tienen tanques y ejércitos, otros tienen manifestantes con palos, pero ambos comparten la decisión común de imponerse, de postergar a los demás. Los diferencia solamente una cuestión de grados, el palo o el tanque, pero nada más. Loblein y Benítez suponen que sus reclamos son más importantes que la necesidad de un motociclista de transitar por una calle determinada. Suponen que son superiores al motociclista. Suponen que pueden aplastar al motociclista, suspenderle su derecho al tránsito.
No sé de dónde sacaron esa idea, si de Mussolini o de Lenin, pero sí sé que no la sacaron de los principios democráticos. De ahí no vienen esas ideas.
En democracia no se discuten imposiciones porque todos somos iguales en derecho. Se discuten prioridades porque los recursos son limitados. Son limitados en Estados Unidos y, con mucha más razón, son limitados en nuestro país.
En consecuencia, cada sector tiene derecho a tratar de convencer a todos los demás sectores que sus intereses merecen ser priorizados. Esa es una de las razones de ser de la libertad de expresión y del sistema parlamentario.
Como los recursos son limitados, nadie puede legítimamente dar por sentado que sus necesidades son las que merecen prioridad. A las prioridades se llega mediante una discusión y mediante consenso y si no hay consenso, mediante elecciones que definen mayorías.
Resulta obvio, en la lógica democrática, que para convencer a los demás sobre las ventajas de priorizar al sector propio, hay que trabajar con números, con cifras, con estadísticas fiables. Y por eso llama muchísimo la atención que Pedro Loblein y Elvio Benítez, además de conculcar derechos de terceros, no hayan realizado mayor esfuerzo por dar a conocer los números, las cifras, las estadísticas en la discusión que plantean (http://bit.ly/22wLRYA) (http://bit.ly/1VpzsX3).
Esto sucede en las democracias porque dada la escasez de recursos, para priorizar a unos se debe cargar a otros. La condonación de la deuda a la agricultura familiar, por ejemplo, implica cargar sobre la sociedad entera ese costo y sobre el sistema financiero en particular. Luego, la sociedad entera y el sistema financiero deben ser convencidos acerca de la conveniencia de asumir esa carga que se les pide.
Los liderados por Elvio, tardíamente presentaron números genéricos que están lejos de satisfacer el detalle requerido por la discusión. Llama la atención que las organizaciones que les apoyan, como la Iglesia Católica, tampoco hayan dado importancia alguna a los números (http://bit.ly/23HTj5s) ni a la violencia ejercida contra terceros.
Es notable que, abierto por iniciativa del presidente del Congreso un diálogo institucional al más alto nivel en el que los costos deberán ser discutidos, al menos si se respetara mínimamente el aporte que deberán hacer todos los que pagan impuestos en nuestro país para solventar el costo de los reclamos, Luis Aguayo de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) haya anunciado que sin condonación de la deuda de la agricultura familiar, las protestas continuarán (http://bit.ly/1ShXtvM).
Algunos referentes de otros sectores anunciaron que se sumarán en lo sucesivo a las protestas, pero tampoco dan importancia alguna a los números, como lo confirmó Eladio Benítez, líder de la Unión Nacional de Educadores (UNE) (http://bit.ly/1SaiHM6), lo que es sintomático del desprecio que tienen estos sectores por la manera en que funciona la democracia.
Lo que tenemos, pues, es una serie de sectores particulares usando la fuerza, hasta la violencia, sin consideración alguna por los derechos de terceros ni por lo que sus reclamos costarán al resto de la sociedad.
Me consta que Pedro Loblein, Elvio Benítez, los obispos católicos, Luis Aguayo o Eladio Benítez, todos, saben perfectamente cómo funciona una democracia. Todos tienen sólida formación, ninguno puede alegar ignorancia. Luego, si sabiendo cómo funciona la democracia desarrollan acciones que nada tienen que ver con ella, parece obvio que los reclamos que presentan sin respaldo estadístico son meras excusas para disfrazar otros objetivos.
Que quede claro lo que estoy reclamando: Yo no discuto el derecho que en una democracia real tiene cualquier sector de trabajar para que el gobierno se vaya a su casa. Lo que creo, sin embargo, es que si alguien quiere que el gobierno se vaya a su casa debe decirlo y no disfrazarlo de reclamos que no puede respaldar con números, con cifras, con estadísticas. Porque mentir a la gente es más de lo mismo, es más de “el fin justifica los medios” que mueve a los émulos paraguayos de Pinochet y Videla. Espero estar equivocado, pero lo que tenemos acá son sectores que usan la fuerza y la mentira para imponerse sin legitimidad, al margen de la democracia, sobre la sociedad paraguaya.
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Más palos a la rueda
Resulta realmente increíble. El país de la sinrazón a la luz de los acontecimientos que están ocurriendo.
El gobierno trabajando-como nunca-denodadamente por combatir la pobreza y ayudar al campesinado, quintuplicando o sextuplicando el caudal de asistencia de los gobiernos anteriores, con números irrebatibles que mostrar….no lo decimos nosotros.
Pero no…un grupo violento de campesinos embarrando la cancha enpleno centro de la capital, sin que nadie levante un dedo para encauzarlos. Un ambiente económico que sobresale sobre el marasmo de los países de la región, con los ojos de los europeos nada menos mirándonos como posible foro de inversiones, pero igualmente no, un grupo de cooperativistas también radicalizados, sale a cortar las calles para proteger sus indebidos privilegios impositivos y todo el mundo callado…
Se forman descomunales embotellamientos….y todo el mundo callado. Inclusive la Fiscalía que se muestra inerme ante lo que está aconteciendo. Luego se suman cuantos desposeídos tiene-lógicamente- toda sociedad que se precie de ello. Y así sube una bola de nieve que solamente podría terminar perjudicando al país. El gobierno, que está haciendo bien sus deberes, está solo y para colmo de males…sin voz.
Todo el mundo tirando para su lado. A nadie le importa un pito el bien más grande, el que alcanza a todos. El caso del Metrobús es patético. Debería ser el orgullo de los asuncenos, pero no, un diario con intereses creados tirotea, envalentona a un grupo de “vivos” comerciantes y los tremendos caraduras hasta se permiten dirigirle una nota al BID, organismo financiero del proyecto, exigiéndole que se aparte del tema. Pero…estamos todos locos.
La ANDE no aguanta el ritmo de crecimiento de la demanda de energía eléctrica. Pero quiere ir a construir una subestación y todo el vecindario se opone. Se plantean recursos de amparo, acciones de inconstitucionalidad, etc.
Hay quejas contra el vertido de basuras en Cateura, que ya no da más. Pero cuando se va a trasladar el tema a Cerrito, por poco los escasos pobladores de la zona no la emprenden a tiros contra los proyectistas.
Ahora se suma una perla más. El senado acaba de ratificar su declaración de “Reserva Ecológica Zeballos Cué”, el ex RC4, lo que puede impedir que se construyan nada menos que mil viviendas-lo ponemos en números también 1.000 viviendas- para los damnificados eternos que todos los veranos y ahora también los otoños etc., importunan a cientos de miles de vecinos saliendo del bañado e instalándose en plazas y parques que quedan destrozados y nauseabundos. Pero no importa nada, total el año que viene van a volver.
Como siempre en la mayoría de los casos esta la mano del Frente Guasu, esa maldición divina que le cayó encima al país de la mano del obispo apóstata que vulneró todos los principios eclesiales y que increíblemente fue aplaudido por la torpe y chupamedia jerarquía obispal del Paraguay.
Los mil damnificados que se podrían quedar sin casas deberían recordar los nombres de los proyectistas que por politiquería los dejaríanen la calle: Carlos Filizzola, Sixto Pereira, Hugo Richer, Fernando Lugo y Esperanza Martínez. Que se los tire de una vez al basurero de la historia de donde no debieron salir nunca.
Después por supuesto nos quejaremos de los damnificados, de la falta de viviendas, de la mala atención del gobierno, etc.
¿Cómo puede andar un país con tantos palos en las ruedas?
http://www.adndigital.com.py/mas-palos-a-la-rueda/
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Un nudo difícil de desatar
Hace 15 días que Asunción es escenario de movilizaciones lideradas por los cooperativistas y los pequeños productores campesinos. Los primeros por la derogación del IVA y los segundos, por la condonación de viejas deudas tanto con la banca pública como la banca privada.
Las marchas diarias generaron caos en el tránsito y tensión con los automovilistas ya que se realizaban en horarios laborales. Un daño colateral que contribuyó en gran medida a menoscabar la movilización.
Las protestas no lograron su objetivo, y por ahora, hay derrota política, especialmente para el sector cooperativo que puso toda la carne al asador.
LAS COOPERATIVAS. El 1 de abril un sector de los cooperativistas salieron a las calles por la eliminación del IVA a los intereses de créditos concedidos. Para ejercer mayor presión invitaron a los cañicultores y movimientos campesinos liderados por el siempre polémico Elvio Benítez, la Mcnoc y el MAP quienes llegaron el 4 a la capital con sus propias reivindicaciones. Juntos tomaron la ciudad y todos los días marcharon en horas pico bloqueando la ciudad.
El reclamo cooperativo terminó con la contundente votación en la Cámara de Diputados (donde hay mayoría cartista), que archivó el proyecto que pretendía dejar sin efecto el IVA a los actos cooperativos.
Sin embargo, en términos políticos, se puede calificar como una derrota. Este pleito fracturó el movimiento cooperativo ya que no solamente se abrieron las de producción sino también otras como la poderosa Universitaria.
Los cooperativistas tuvieron un momento de gloria, cuando por razones netamente partidarias, lograron en setiembre posponer la aplicación del IVA que debía entrar en vigencia en octubre del año pasado, gracias a una negociación con Lilian Samaniego para apoyar al candidato cartista Pedro Alliana. Terminó la interna, ganó el caballo del comisario y se acabó el amor, y así como dijo Hacienda, rigió desde este 1 de abril.
Ese mismo día, algunos diputados prometieron nuevo proyecto, pero el horizonte no favorece a los cooperativistas, que dicen haber perdido una segunda batalla y seguirán dando guerra.
LOS CAMPESINOS. Los pequeños productores vinieron como apoyo a los cooperativistas, pero con sus propias banderas: la condonación de las deudas con el Crédito Agrícola de Habilitación y la banca privada. Al final, tuvo más resonancia la marcha del campo y luego de dos semanas de protestas, lograron la mediación de la Iglesia Católica para una mesa de diálogo y el Gobierno se sentó el jueves a debatir sus reclamos. Con el presidente del Congreso como una especie de réfere del encuentro, el presidente Horacio Cartes envió a su mejor hombre: el jefe de Gabinete, Juan Carlos López Moreira. La reunión empezó bien pero fue subiendo de tono. El Gobierno se mantuvo en su tesis: no habrá perdón de las deudas, sí refinanciación eliminando intereses y refinanciar el capital a 10 años, a una tasa 10% anual. Un punto medio, como calificó el analista económico Amílcar Ferreira. La propuesta es una ley aprobada a fin de año y fue hecha pensando en estas circunstancias. La reunión terminó en un cuarto intermedio, pero a la siesta del viernes, el Ejecutivo ratificó su posición en una conferencia de prensa, cerrando toda negociación ya sin siquiera reunirse con los líderes del campo. La respuesta no se hizo esperar: habrá movilizaciones y por más tiempo.
Este es un nudo de conflicto más difícil que tiene Cartes, quien parece haber mostrado todas sus cartas sobre la mesa.
MEDIADORES. Los cooperativistas y campesinos erraron en su cálculo político en cuanto a la elección de sus mediadores. Los primeros tuvieron insuficiente apoyo en el Congreso y los segundos eligieron al titular del Senado. Pensaron que como adversario de Cartes Mario Abdo se convertiría automáticamente en aliado. Error. El senador colorado fue anfitrión de la mesa de diálogo pero desde el principio marcó distancia del reclamo del campo campesina. “Cuántos sectores de la sociedad están pasando mal. No podemos esperar construir sobre el concepto de la condonación”, acotó.
También en Frente Guasu hay visiones distintas. A diferencia de Sixto, Carlos Filizzola habla de condonación parcial para aquellos en riesgo de perder sus tierras, pero para el resto que se aplique la refinanciación.
Quizá por ello, Luis Aguayo dijo el viernes a la noche que ya no aceptarán mediadores y que quieren diálogo directo con el presidente o al menos el vicepresidente.
Con sabor a triunfo, pero sin cantarlo, en el Gobierno creen que con la derrota de los cooperativistas la movilización languidecerá ya que se cerrará una fuente de ingreso que solventa la protesta.
En tanto continua el tira y afloja sin ganadores pero con perdedores, hay un tema profundo que espera debate y coraje: que el Gobierno decida cobrar más impuestos a una parte al menos de un sector privilegiado para reducir la inequidad ya que a pesar de las contundentes pruebas diarias no se anima a cortar el gigantesco presupuesto político que solventa los pornográficos gastos de una burocracia corrupta que dilapida el dinero sin el mínimo pudor y absoluta impunidad.
Por Estela Ruíz Díaz
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Crisis políticas, causas morales
Por Rolando Niella
Los populismos que han gobernado gran parte de los países de la región durante los últimos años parecen estar en retirada; pero están dejando en herencia un daño perdurable: economías colapsadas y un ambiente social de confrontación, violencia e intolerancia.
Todo ello resulta aún más grave e imperdonable, porque administraron una época de bonanza y buenos precios de las materias primas, que ofreció las mejores oportunidades de desarrollo económico y social que nunca se le habían presentado a nuestros países. Lo tuvieron todo y todo lo malversaron.
Por tratarse de los países de mayor volumen económico y poblacional, los casos de Brasil y Argentina resultan ser los más graves, ya que están arrastrando a su crisis a toda la región, incluyendo lógicamente al Paraguay, que padeció sus arbitrariedades y proteccionismos y que ahora se ve seriamente amenazado por sus crisis.
La causa más evidente de los fracasos de estos gobiernos ha sido en gran medida la sistemática aplicación de políticas equivocadas y la necedad de no corregirlas, por supuestos motivos ideológicos, ni siquiera cuando resultaban claramente catastróficas. Sin embargo, no ha sido este el único motivo de su fracaso.
Me atrevería a afirmar que tanto o más importante que el desenfreno y la necedad ideológica ha sido una profunda crisis moral. Por supuesto que los populismos no tienen el monopolio de la corrupción, por desgracia muy generalizada en prácticamente todos los gobiernos de la región; pero en lo que los populistas han resultado ser campeones es en negarla, inclusive contra pruebas irrefutables, y en justificarla como algo “ideológica y políticamente necesario”, cuando ya resulta imposible negarla.
Ni siquiera me voy a molestar en repetir los ejemplos que todos conocemos de escándalos de corrupción multimillonarios en Argentina y Brasil; quiero en cambio recordar aquella afirmación tan aleccionadora de Néstor Kirchner: “Ser de izquierda da fueros” que, traducida a un lenguaje más directo y claro, quiere decir claramente: “Mi ideología me pone más allá del alcance de la ley”.
Ni ser de izquierda, ni ser de derecha ni ser de centro da fueros ni justifica en absoluto la corrupción y el quebranto de la ley; pero lo real es que, a la vista de los hechos, los gobiernos populistas se han considerado autorizados a no respetar ni las leyes ni las normas morales básicas, imprescindibles para la convivencia social en una democracia.
Esa crisis moral ha tenido efectos tan devastadores en la economía como las políticas equivocadas y, peor aún, ha tenido un impacto social todavía más dañino, ya que ha destruido los cauces de diálogo, y promovido la intolerancia con el que piensa distinto, convirtiendo cualquier desacuerdo político, económico o sectorial en una batalla entre enemigos irreconciliables.
La decisión de quebrar las vías de diálogo no es tampoco casual ni inocente. Es el único mecanismo para defender lo indefendible; para decir y defender a los gritos lo que es imposible sostener con la razón: que se hizo un buen gobierno cuando la realidad muestra todo lo contrario.
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El campesino extranjero
Por Sergio Cáceres
La serie de marchas efectuadas en el microcentro de Asunción por un sector del campesinado paraguayo provocaron la reacción de muchos asuncenos. Claro que dicha forma de protesta afecta, como daño colateral, el trabajo y las actividades cotidianas de miles de compatriotas. Son comprensibles, por un lado, las reacciones airadas de los «locales». Algunos actos de los labriegos fueron reprochables, pero las acusaciones hacia ellos fueron muchas veces injustas. Por ejemplo, una vez más surge la acusación típicamente nuestra de indicarlos como haraganes; es decir, por venir a manifestarse uno ya recibe inmediatamente este apelativo. Sin embargo, los campesinos, con su trabajo, son responsables de movilizar un sensible sector de nuestra economía. Si fueran haraganes hacía rato el país colapsaba.
Muchos otros estaban de acuerdo con su derecho a manifestarse, pero consideraban que debían hacerlo lejos de Asunción, en sus tierras. En primer lugar, es en la capital donde están los gobernantes que solucionarán sus problemas; si no se hacen escuchar con fuerza acá, nadie les hará caso quedándose a protestar cada uno en su chacra. En segundo lugar, la llegada de los campesinos a nuestro hábitat cotidiano siempre es una irrupción sentida con rechazo por los urbanos. Pero esta repentina aparición de nuestros compatriotas debe verse como una oportunidad de saber que Paraguay es ancho y ajeno. Que otras realidades radicalmente distintas a las nuestras se viven en variados puntos de nuestra geografía. La aparición del otro distinto a mí es muchas veces necesaria para entender otras miradas, pero también para relativizar la mía. Generalmente no nos gusta, tienen otras costumbres, pero son paraguayos con los mismos derechos que los nuestros, y han vivido y viven penurias a las cuales nosotros no duraríamos un día posiblemente. Son extranjeros para nosotros; extraños.
Nos gusta repetir sus modismos lingüísticos, incluso algunas de sus costumbres las adoptamos como pintorescas, y nos encanta ir a sus tierras a turistear. Pero, cuando ellos vienen a nuestro ambiente habitual, los rechazamos. Es que vienen siempre a protestar, enojados, pidiendo y pidiendo. Nunca queremos ver todo lo que recibimos de ellos, no solo la matriz cultural, sino económicamente hablando.
He llegado casi una hora tarde para tomar examen en la universidad. Tomé todos los atajos posibles y me costó una hora salir de Asunción. Desde mi auto los veía a cuadras marchar y cantar estribillos. Yo sudaba a chorros en mi auto sin aire. Ellos también caminando bajo el sol y sobre el asfalto. Ellos en su lucha y yo en la mía. Recordé que muchas veces hemos pedido que no nos callemos, que reclamemos, que la democracia vacía surge cuando la participación activa de la ciudadanía es negada, y peor aun cuando esta negación viene de otros conciudadanos. Comprendí que su lucha era también la mía.
Si los campesinos fracasan, fracasamos todos. Y no me refiero estrictamente a la condonación de la deuda. Me refiero a su afán por protestar, por luchar por lo que creen justo. Si en esto decaen, si les cerramos las puertas de la capital, nos estamos condenando a nosotros mismos a la mudez, que es lo que muchos grupos de poder desean.
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No los une el amor sino el espanto
Por Marcos Cáceres Amarilla
El Ejecutivo sigue en jaque por las manifestaciones que se suceden en estos días frente a la sede del Congreso y en las calles céntricas de Asunción. Ante el rechazo a sus propuestas apuesta sobre todo a la división de los diversos sectores que se han unido en sus reclamos.
El Gobierno dice que le molesta el “oportunismo” de algunos sectores de la oposición, que buscan espacio en los medios aprovechando el clima de descontento que va tomando cuerpo en la ciudadanía con la marcha de los cooperativistas, campesinos, sindicalistas y otros sectores.
Paradójicamente, el Ejecutivo apunta también en estos días al acercamiento a figuras políticas de su partido con las que mantenían distancia, cuando no un directo enfrentamiento. El motivo es que necesitará de ellos para sus planes políticos futuros.
El clima que crearon las manifestaciones no solamente fue aprovechado por referentes de la oposición para instalarse políticamente, como el senador y expresidente Fernando Lugo y algunos legisladores disidentes del PLRA. También figuras del mismo oficialismo que buscan proyectarse para el 2018 se tomaron del tema. Es el caso concreto del presidente del Senado Mario Abdo Benítez, líder del movimiento “Colorado Añetete”, que se mostró como interlocutor de los manifestantes.
En gran parte, el Ejecutivo, con su lentitud y su falta de flexibilidad para manejar y dar respuestas políticas a los reclamos, “sirvió en bandeja” el escenario a quienes buscaban motivos para diferenciarse y mostrarse como alternativas válidas a un Ejecutivo que no logra instalar sensaciones optimistas de cara al futuro.
Es difícil pensar en un agrupamiento de figuras del Frente Guazú, el PLRA y la disidencia del Partido Colorado con fines electorales futuros. Pero a todos ellos les conviene dejar en claro, en este momento, que son distintos a Cartes.
Este panorama obligó al equipo presidencial a recurrir nuevamente a algunas figuras que estaban alejadas del entorno palaciego. Es así que en estos días se notaron actitudes inesperadas de un viejo conocido: el senador Juan Carlos Galaverna, quien repentinamente volvió a operar en el Congreso a favor de intereses del Ejecutivo.
La razón de estas movidas políticas en el oficialismo puede buscarse en la próxima instalación de la nueva Junta de Gobierno del Partido Colorado.
El cartismo, más allá de la holgada mayoría conseguida en las elecciones internas del año pasado, precisa dar ahora cierta imagen de consenso y unidad partidaria o, al menos, no hacer demasiado evidente que todas las medidas se tomarán con base en la “orden superior”.
De la misma manera, debe buscar alguna salida para que los reclamos generalizados no continúen en forma indefinida.
Estas necesidades obligan al Mandatario y su entorno a contar con algún veterano estratega, estilo Calé, que ya puso en juego su habilidad para los tejes y manejes cuando Cartes consiguió ser candidato oficial del partido, con la modificación del estatuto partidario.
Posiblemente, en el transcurso de estos meses el Mandatario busque también acercarse a algunas figuras cuestionadas de su partido que hasta ahora evitaba. Las necesidades políticas (léase votos) lo obligarán a hacerlo.
Previamente, el Poder Ejecutivo deberá capear el temporal de las manifestaciones y acompañar además su estrategia en el ámbito político-partidario de algunos logros concretos de su gestión que, por ahora, no asoman en el horizonte.
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JA OVALEMA
El lunes parecía que la situación tendía a descomprimirse. Los cooperativistas dijeron estar satisfechos del encuentro mantenido con altos funcionarios del Poder Ejecutivo, a tal punto que al día siguiente podrían dar por concluida la protesta. El martes se reunieron nuevamente, pero, para sorpresa de muchos, presentaron mayores exigencias, las que además no está en manos del gobierno central poder aprobarlas, como posponer la aplicación del IVA para el sector hasta enero del 2017 y que éste se reduzca al 5%, lo cual en todo caso podría hacerlo el Parlamento. Y ayer ya fueron explícitos: “no hay acuerdo y continuarán las movilizaciones”, demostrando con ello que nunca quisieron negociar, sino solo embarrar la cancha con reclamos de imposible cumplimiento. Idéntica actitud es la de los “líderes” campesinos, a quienes se les hizo propuestas altamente ventajosas para los labriegos, como ningún gobierno les ofreció antes. Pero la respuesta fue increíble. “A partir de ahora ya no negociaremos por separado, sino cooperativistas y campesinos juntos”, siendo que sus problemáticas son tan distintas como el día y la noche. En consecuencia, seguirán las marchas, cuya finalidad hoy salta a la vista de hasta los más distraídos: generar actos de violencia y crear un ambiente de inestabilidad política.
Resulta una obviedad que los cooperativistas se confabularon con la cúpula de los grupos campesinos para, haciendo uso de un buen español, seguir haciendo “quilombo”, y cuanto más grande mejor. Los primeros ya habían quedado fuera de juego, sin la menor capacidad de revertir la situación de no contar con el apoyo de los segundos, quienes priorizan sus planes políticos dirigidos contra el gobierno y dejan de lado los intereses de sus seguidores.
De otra forma no se explica que los Elvio Benítez, Luis Aguayo y compañía se nieguen a avanzar hacia un acuerdo que comprende un conjunto de medidas sumamente positivas para miles de labriegos que efectivamente atraviesan por serios problemas. Hablamos de la refinanciación de la gigantesca deuda que tienen a un plazo de 10 años, la quita de los intereses y un periodo de gracia de dos años. Hablamos también del acceso a nuevos créditos y de paquetes de asistencia destinados, en ambos casos, a reactivar la agricultura familiar. Y como broche, de la remisión al Parlamento de un proyecto de Ley para la creación de un seguro agrícola con el objeto de hacer frente a eventuales desastres naturales y/o crisis regionales.
De persistir en esta “tesitura” realmente enfermiza y anti campesina, tal vez lo que corresponda de parte del Ejecutivo es informar a todos los labriegos de lo que está sucediendo y habilitar canales de negociación directa con quienes quieran acogerse a los beneficios que se les propone, sea a través de las oficinas regionales del Ministerio de Agricultura (MAG), del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), del Banco Nacional de Fomento (BNF) o de los canales institucionales que resulten más prácticos.
No es posible que un puñado de dirigentes ideologizados, de negrísima trayectoria, y de “señores” cooperativistas que nos son blancas palomitas, obstruya la salida a un conflicto que ya no tiene razón de ser. Ni tampoco que los ciudadanos continúen siendo sometidos al calvario al que ellos los condenan diariamente con sus protestas.
Es hora de poner punto final a tanto disparate, haciendo respetar la Constitución y las leyes. ¡Ja ovalema!
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Tensiones que revelan crisis profundas
Por Osmar Gómez
Las tensiones entre el Gobierno, campesinos y cooperativistas van escalando cada día; generando el enojo de los asuncenos que sufren los cortes de calles. Pasaron más de 20 días de marchas pero la solución parece estar todavía muy lejos. Las idas y venidas de propuestas entre uno y otro grupo no terminan de cuajar en una solución que satisfaga a todos.
Nuestra joven democracia ha superado el tiempo de los cuartelazos pero los conflictos sociales dejan ver las imperfecciones que todavía tiene.
En este cruce entre el Gobierno y los sectores sociales los grandes ausentes son los partidos políticos. Después de casi un mes de reclamos de un sector de la sociedad ninguna agrupación política siquiera intentó debatir los problemas que se plantean.
La dirigencia colorada y liberal prefiere mirar otro lado. Apenas se animan a una que otra discusión en el Congreso; pero no mucho más. Dejan todo en manos de un Poder Ejecutivo que maneja la situación conforme visiones bastante singulares.
El conflicto también termina mostrando las enormes diferencias que existen dentro del Ejecutivo. Por un lado esta el presidente de la República, con sus funcionarios y toda la estructura de Gobierno, por el otro el vicepresidente de la República, Juan Afara, arrinconado y desconocido por el entorno presidencial a pesar de que en teoría forma parte del mismo equipo. Claramente el vicepresidente es dejado de lado de las negociaciones para destrabar la crisis. Ni siquiera al asumir la presidencia de la República, con todas las prerrogativas, el entorno del presidente Cartes le reconoce esa autoridad.
Eso explica por qué el jueves Afara, como presidente en funciones, se puso al frente de las negociaciones con los campesinos y al día siguiente era desconocido por el entorno presidencial que convocaba a una reunión con los dirigentes en la residencia presidencial sin siquiera hacerle saber del encuentro.
Los sectores de izquierda tratan de sacar alguna ventaja mirando al futuro. El senador Fernando Lugo, virtual candidato a presidente de la República para el 2018, y el senador Sixto Pereira acompañan permanentemente a los campesinos movilizados. Varios de los dirigentes son viejos conocidos de otras épocas. Se trata de asegurar lealtades; de mostrar que acompañan a los sectores necesitados y que pueden ser la opción para llegar al máximo poder de la República en las próximas contiendas electorales.
La tensión termina por revelar aquello que de algún modo todos saben; que los partidos políticos hace rato dejaron de representar los intereses de la población y pasaron a defender privilegios personales o de determinados grupos con capacidad de generar algún tipo de canonjía. Son una maquinaria aceitada y casi perfecta para perpetuar beneficios de determinados dirigentes que llegaron a los partidos en los primeros años de la caída de la dictadura; a inicios de 1989. Hace tiempo dejaron de ser los espacios donde el ciudadano encontraba eco a sus reclamos y se debatían posturas para encaminar soluciones a problemas que hacían a la vida social del país.
También muestra las fuertes tensiones en una sociedad que ha sabido generar riqueza para buena parte de la población; pero no ha sido capaz de acortar las desigualdades. Muy por el contrario las diferencias van creciendo, el humor social se vuelve inestable y la tolerancia es cada vez mas baja; una combinación explosiva que conduce al país en el camino de la violencia.
Las movilizaciones en Asunción apenas son un síntoma reiterativo de algo mucho más grande; algo que merece la atención de todos los sectores y que precisa del diálogo como herramienta fundamental para encontrar una salida como país.
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