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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

Laxo o nulo control…

Los paraguayos debemos tomar conciencia clara de lo que esto significa, escrito en un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que analiza, a escala mundial, el impacto del narcotráfico y el lavado de dinero como delitos asociados capaces de producir una sinergia destructiva de consecuencias impredecibles.

Este “control laxo o nulo” no se limita a estas formas ya descritas de delincuencia. En el caso paraguayo, se extiende como una ver­dadera plaga en todos los órdenes de la vida. El sortear los contro­les y meterse en los circuitos de ilegalidad con virtualmente cual­quier cosa pasible de ser comerciada es un deporte que se practica a diario en todos los órdenes sociales conocidos. Contrabandear es un verbo que se conjuga desde los primeros días de la colonia, cuando los grandes apellidos y las grandes familias de la Metró­poli ejercían los monopolios que el monarca les entregaba como una suerte de extensión del “derecho de pernada” – el derecho de acceso carnal que el señor tenía sobre cualquier doncella sierva de su feudo- que ponía además todos los bienes materiales bajo la tutela y propiedad del señor feudal.

El contrabando, en la América colo­nial, nació como una reacción del hombre común a los abusos del señor que ponía precios a su antojo a todo bien de prime­ra o segunda necesi­dad. Y el tiempo no ha logrado restaurar las cosas. Aún hoy en virtualmente to­das las capas de la sociedad todavía no se alcanza a enten­der el contrabando como un delito sino como una forma de vida no sólo para el contrabandista de pequeña escala sino hasta para los gran­des peces gordos que labran fortunas esta­fando al Estado y al ciudadano. Cuando al “laxo o al nulo control” sucede una admi­nistración rigurosa, el fenómeno se lo analiza en silencio como una dificultad a vencer –en el caso de los “altos bajos fondos” del delito económico- y se lo considera una virtual “traición de cla­se” por parte del contrabando hormiga.

Los primeros lo resuelven aumentando la coima que dobla la mano y la conciencia del aduanero, mientras que los segundos se amotinan contra cualquier intento de decomiso de sus artículos al margen de la ley.

Ya sea desde el directorio del Banco Central hasta el último adua­nero, la laxitud en la aplicación de normas y controles es una constante que nos presenta muy mal en sociedad y nos define como un escenario favorable al tránsito de capitales negros, dro­gas, armas, vehículos robados hasta aceites vencidos y gallinas ponedoras desechadas en países vecinos que se rematan aquí a vil precio con grandes riesgos sanitarios.

La formalidad nos cuesta no sólo aplicarla sino esencialmen­te entenderla como una forma de vida civilizada. Preferimos la transada, “joder” al Estado y vivir como príncipes del producto de la estafa y el contrabando, conducta socialmente viciosa que nos costará aún mucho superar.

http://www.5dias.com.py/45595-laxo-o-nulo-control

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

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6 comentarios en “Laxo o nulo control…

  1. El lavado de capitales: Señal de debilidad institucional

    El caso de lavado de capitales dado a conocer la semana pasada se suma a otro que ya se encuentra en el Poder Judicial. Dos casos en un año, con montos involucrados de alrededor de 2.000 millones de dólares, deben llamar la atención de las autoridades con competencias en el ámbito. Está claro que hay un grave problema de debilidad institucional. Cómo es posible que habiendo normas internacionales y mecanismos de control exitosos en otros países, en Paraguay todavía sea posible lavar dinero en estas proporciones. Se puede presumir una conducta casi negligente de nuestras autoridades teniendo en cuenta los vacíos en la política vigente y la falta de propuestas que aborden los problemas estructurales.
    Los dos casos más publicitados del año suman un monto equivalente a un tercio de la deuda externa o de los ingresos tributarios. Es decir, no es una cifra que podríamos considerar menor teniendo en cuenta el tamaño de nuestra economía.

    Es lamentable que existiendo instituciones con competencia para proteger los intereses nacionales, como el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria y Comercio, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), el Poder Judicial y el Poder Legislativo, el país no cuente con normativas e instituciones modernas y adecuadas a los desafíos que impone la globalización.

    El lavado de dólares tiene fuertes implicancias económicas y políticas. Por un lado, es el resultado de actividades generalmente ilícitas, que involucran pérdida de ingresos tributarios, economía informal, competencia desleal, entre otros problemas. Por otro lado, implica corrupción tanto en el sector privado como en el sector público.

    En cualquiera de los casos, el lavado de capitales y todo lo que ello trae aparejado resquebraja los cimientos éticos y morales de una Nación, e impide la construcción de un modelo económico que se traduzca en desarrollo y bienestar.

    Luego del escándalo suscitado por el nuevo caso vuelven a surgir desde el propio sector público propuestas de leyes a las apuradas, como actualmente es el caso del anteproyecto para modificar la constitución de las sociedades anónimas. Esta ley, junto con la de bancos, puede ayudar a enfrentar el problema. Sin embargo se requiere más que eso.

    Paraguay es el país de las buenas normas. Lejos está el cumplimiento de las mismas por parte del sector privado y, más lejos todavía, la responsabilidad de las autoridades públicas para enfrentar el problema con efectividad.

    El caso que ya se encuentra en el Poder Judicial –Forex– revela la importante maquinaria delictiva en el que confluyen “empresarios” que crean empresas fantasmas, bancos que transfieren fondos, sector público que no es capaz de cruzar información y detectar la existencia de empresas y de operaciones de dudosa legalidad.

    En este problema se unen la delincuencia organizada y la negligencia del sector financiero y del sector público. Aunque se aprueben leyes dirigidas a regular la actividad privada, como la Ley de Bancos y la de Sociedades Anónimas, si las conductas negligentes no son duramente penalizadas y no existan mecanismos fuertes de control y fiscalización, el lavado no solo continuará sino que se corre el riesgo de que aumente.

    Las autoridades deben diseñar las normas e instituciones necesarias para enfrentar este problema de manera estructural.

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    Publicado por Anónimo | 20 noviembre, 2016, 6:54 am
  2. Investigación sobre lavado no debe hacerse solo bajo presión

    Hasta el 2008, el Paraguay figuraba en la lista negra de países que permitían impunemente las operaciones ilegales de lavado de dinero y por unos años más se mantuvo en la lista gris, hasta lograr quedar fuera en 2012. Sin embargo, las dificultades para transparentar la lucha contra este delito han continuado, principalmente con la Ley de Bancos, que intentó blindar los fondos provenientes del narcotráfico y que fue vetada parcialmente por el Ejecutivo. La actual investigación del mayor caso de lavado en el país implica un paso importante, pero no debe ser realizada solamente ante la presión internacional, sino respondiendo a un verdadero deseo de transparentar el origen y manejo de los fondos, incluyendo a los que financian a la actividad política.
    La investigación iniciada sobre el caso considerado hasta ahora como el más grande de lavado de dinero en el Paraguay, involucrando a más de 20 empresas de fachada situadas en Ciudad del Este y Asunción, que habrían realizado movimientos bancarios con transferencias al exterior por valor de aproximadamente USD 1.200.000.000, constituye un gran paso en el proceso de combatir a esta ilegalidad, aunque el propio fiscal adjunto de Delitos Económicos y Anticorrupción, Federico Espinoza, ha reconocido que la acción se lleva adelante más bien ante la presión internacional, para que nuestro país “ya no aparezca más” en la lista negra de países lavadores de dinero.

    Hasta el 2008, el Paraguay figuraba en la lista negra de los países que permitían impunemente las operaciones ilegales de lavado de dinero, elaborada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y durante unos años más se mantuvo en la llamada lista gris, hasta lograr quedar fuera en 2012, mediante varios procedimientos de investigación y persecución a casos detectados.

    Hasta entonces, nuestro país estuvo a punto de quedar fuera del sistema financiero mundial a raíz de sanciones de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se hablaba de más de 8.000 denuncias sobre casos de presunto lavado de dinero que no eran investigadas ni por la Fiscalía, ni por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

    A nivel legislativo, la mayoría de los intentos por crear leyes que permitan un mejor control sobre los manejos financieros han tenido una fuerte oposición y muchas maniobras de bloqueo por parte de algunos diputados y senadores, aparentemente vinculados a la narcopolítica. Un proyecto de ley de extinción de dominio, que busca que el Estado pueda confiscar y administrar los bienes de los narcotraficantes, no pudo prosperar hasta ahora en el Congreso.

    Otro caso preocupante se dio con la aprobación en el Congreso de la Ley General de Bancos y Financieras, que incluía el polémico artículo 86, considerado “de blindaje a narcos”, que buscaba evitar que el Ministerio Público y la Seprelad puedan acceder a datos que permitan detectar los casos de lavado de dinero. En abril de este año, la ley fue vetada parcialmente por el Poder Ejecutivo y aún necesita ser corregida.

    La actual investigación del presunto megalavado, en el que aparecen involucrados los empresarios Ricardo Galeano y Walid Amine Sweid, como parte de una red en la que también surgen conexiones con conocidos políticos y autoridades, sin duda implica un paso muy importante, pero no debería ser realizada solamente ante la presión internacional para no volver a figurar en una lista negra o gris, sino respondiendo a un verdadero deseo de transparentar el origen y el manejo de los fondos, incluyendo a los que financian a la actividad política.

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    Publicado por Anónimo | 19 noviembre, 2016, 3:01 pm
  3. No hemos aprendido nada

    Es probable que el 2016 pase a la historia como uno de los años más nefastos en materia de lavado de dinero, al menos desde la nueva etapa de regulación financiera tras el terremoto sistémico de 1995 y sus derivaciones.

    A pocos meses de que cobrara estado público el denominado “caso Forex” –con centenares de millones de dólares remesados a través de empresas fantasma- saltan otras operaciones de tinte similar que involucran cantidades masivas de dinero enviadas a destinos en el exterior y ejecutadas al margen de la ley 1015/97 que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes. Esta disposición establece los procedimientos que permiten detectar movimientos sospechosos de divisas hacia y desde el Paraguay. ¿Cómo lo hace? Es tan elemental que hasta causa indignación tener que repetirlo: toda operación que supere los 10.000 dólares americanos o su equivalente en otras monedas debe ser reportada a la autoridad regulatoria. ¿Qué entidades están comprendidas en esta norma? Bancos, financieras, compañías de seguro, casas de cambio, bolsas de valores, sociedades de inversión, etc. Incluso las inmobiliarias, las cooperativas y hasta las organizaciones no gubernamentales deben ajustarse a lo estipulado. La proliferación de estas operaciones en negro habla a las claras que el músculo supervisor del Banco Central del Paraguay está dormido y que la Seprelad va siempre varias cuadras detrás del delito. Con ignorar su ocurrencia o mirar a otro lado no se logra nada. El informe del Departamento de Estado de EEUU del que dábamos cuenta a principios de año, titulado “Informe sobre la estrategia de control internacional de narcóticos” deja muy mal parado a nuestro país. Dice en uno de sus tramos: “Es difícil determinar qué porcentaje de los fondos lavados es generado por la venta de narcóticos o es controlado por organizaciones domésticas o internacionales de narcotraficantes, crimen organizado o grupos terroristas”. Agrega que eso se ve agravado “por débiles controles en el sector financiero, casas de cambio desreguladas… y controles extremadamente laxos en el transporte transfronterizo de monedas…”. Si el informe fuera más crudo sería ofensivo, pero guarda el exacto equilibrio que le permite describir un Estado de débil a ausente y en algunos tramos hasta directamente cómplice de las maniobras de reducción de dinero proveniente de distintas operaciones ilícitas. Como si eso no alcanzara, el documento describe Tres Fronteras como el escenario ideal para el lavado de dinero a través de operaciones comerciales. Agrega que allí se concentra el mayor volumen del contrabando de cigarrillos (10% del total mundial), falsificación de documentos y de marcas registradas con violación de los derechos de la propiedad intelectual. Mientras la fiscalía investiga, el BCP y Seprelad se encierran en el silencio. Algo que no contribuye a aclarar las cosas y que nos dice a las claras que, como Estado, estamos perdiendo la batalla contra el delito de lavado de dinero.

    http://www.5dias.com.py/51373-no-hemos-aprendido-nada

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    Publicado por Anónimo | 19 noviembre, 2016, 3:01 pm
  4. Gobierno debe hacer más para combatir el lavado de dinero

    En otros tiempos, los ladrones de todo el mundo ligados al poder político depositaban su dinero en cuentas suizas bien protegidas por el secreto bancario. Más tarde diversificaron sus “inversiones” y recurrieron a los llamados “paraísos fiscales” en los que creaban empresas de portafolio. Cabe preguntarse a cuántas maniobras habrán recurrido quienes en las últimas décadas han venido saqueando el país –y muchos lo siguen haciendo– desde algún cargo público, gracias a la impunidad otorgada por un Poder Judicial también corrupto, y cuántas otras hoy mismo se estarán realizando, de las que nos enteraremos solo dentro de algunos años, en el mejor de los casos.

    No es ningún delito abrir una cuenta para transferir dinero al extranjero, pero sí lo es recurrir a los paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos o lavar el dinero obtenido ilícitamente. En lo que a la segunda fechoría respecta, el Paraguay tiene una mala fama internacional muy bien ganada. Los reportes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, correspondientes a 2015 y 2016, lo califican de “país central de tránsito de droga y centro de lavado de dinero”, debido a que los controles sobre el sector financiero son débiles, a que las casas de cambio no están reguladas, a que apenas se fiscaliza el transporte fronterizo de activos y a que las autoridades son ineficientes o corruptas. Por su parte, el Basel Institute on Governance, entidad suiza especializada en el estudio del lavado de dinero, entre otras cosas, ubica a nuestro país entre los 20 más vulnerables al respecto. El caso de la casa de cambios Forex revela, por cierto, que las empresas de portafolio también pueden ser creadas en el país, para transferir el dinero proveniente del narcotráfico a paraísos fiscales, incluso con la intermediación de importantes bancos de plaza.
    Ante estos alarmantes datos, a los que se suman otros que vinculan a numerosos paraguayos con empresas de portafolio de los paraísos fiscales, el presidente del Banco Central, Carlos Fernández Valdovinos, y el jefe de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, se han limitado a eludir sus respectivas responsabilidades, tirándose la pelota uno al otro, como se dice, algo que ya es un deporte nacional en nuestra poblada burocracia. El primero negó que el Banco se ocupe de “regular” la lucha contra el lavado de dinero, función que correspondería a la Seprelad. Por su parte, el titular de esta Secretaría sostuvo que quien debe “supervisar” es el Banco Central.
    Esta situación evidencia, de hecho, que no existe ningún organismo que impida que el dinero generado por hechos punibles sea blanqueado en el país o transferido al exterior con el mismo objeto. En otras palabras, los delincuentes pueden realizar todo tipo de transacciones financieras, sin que nadie les controle, salvo que, excepcionalmente, algún empleado patriota las denuncie ante el Ministerio Público.
    Si queremos limpiar la cara del Paraguay una cosa está clara: los ladrones no deben seguir lavando su dinero sucio y los evasores no deben seguir defraudando al fisco con toda impunidad. Es de esperar que nuestro Gobierno haga algo al respecto.

    http://diariolajornada.com.py/v6/category/editorial/

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    Publicado por jotaefeb | 1 mayo, 2016, 4:16 pm
  5. Saúl, el de los dólares

    Las redes sociales y muchos amigos de opinión fundada se mostraron sorprendidos y maravillados por el curioso hecho de un niño de 7 años que llevó un fajo de 9.000 dólares (de a 100) y repartió en una escuela de Asunción entre sus compañeros.

    Claro. Es lógico. Como hecho resulta, aparte de raro, sumamente cautivante y de mucho impacto.

    El niño se llama Saúl y se convirtió pronto en una suerte de ícono de la generosidad, una especie de Robin Hood de estos días (aquel que robaba a los ricos y a la Corona para repartir el botín entre los pobres del pueblo).

    Más allá de la mirada romántica y hasta farandulera del caso, lo ocurrido pone en escena un aspecto más de lo que sucede en el país y deja al descubierto hasta dónde lo desembozado de la situación, del escandaloso mal manejo de la cosa pública y de la distribución inequitativa de la riqueza, que llega a mostrarse por un lado como un exceso de recursos y, en otros lugares, ni mil guaraníes para un pan.

    Sin quitarle la gracia que muchos quisieran hallar en el hecho, lo que queda en la trastienda es terriblemente triste y jodido, como decimos por estas latitudes.

    ¿Quién guarda 9.000 dólares en su casa sin ninguna seguridad y de modo tan descuidado para que un niño lo tome, lo lleve y disponga de él, sin que siquiera se percaten de que la plata no está?

    ¿Por qué alguien tiene tanto dinero –casi G. 50.000.000– en el hogar y no en un banco, como corresponde en estos tiempos y sin que se preocupen por ello?

    ¿Cuál debe ser el origen del fajo de billetes en dólares que se tenía como al descuido o de un modo poco prolijo que hasta un nene de corta edad lo toma y lo guarda sin que nadie se dé cuenta?

    Las preguntas pueden ser muchas. Y las respuestas también, tal vez.

    Los familiares recuperaron en parte el dinero, dicen las noticias. Pero no trascendieron más informaciones. No hubo denuncias ni nada. Todo quedó en una nebulosa fantástica. Se instauró la anécdota y hasta ahí. ¿Qué hay en el fondo de esta historia? ¿Quiénes son los familiares del niño? ¿A quién realmente pertenece el dinero? ¿A qué se dedica el dueño de los dólares? ¿Cómo hace uno para tener 9.000 de los verdes y dejarlos por ahí como si uno no necesitara gastarlos? Dijeron que era para un viaje a Disney o pagar cuentas del mes, etc.

    Más allá de lo que cualquiera pueda especular, el asunto es que hay gente con mucha plata que hasta la deja en la casa y otra –mucha, muchísima– que se muere de hambre en el país, que no tiene dónde caerse muerta, o que muere sin esperanza porque no logra llegar a una asistencia médica básica.

    Lo de Saúl es una triste historia por lo que desnuda, y que pone feliz –provisoriamente– solo a quienes se quedaron con los 100 dólares…

    Por Miguel H. Lopez

    http://www.ultimahora.com/saul-el-los-dolares-n981188.html

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    Publicado por jotaefeb | 8 abril, 2016, 5:49 am
  6. Recuperar lo robado

    El enriquecimiento ilícito es un mal enraizado en la cultura paraguaya desde épocas remotas y probablemente perfeccionado y perpetrado con mayor magnitud en la época de la dictadura stronista. Unas cuantas familias hicieron fortuna a costa del infortunio de la mayoría de la población. Hoy siguen disfrutando tranquilamente de la riqueza malhabida, algunos inclusive dando lecciones de moralidad, sin el más mínimo rubor.
    Con la filtración de documentos denominado “Papeles del Panamá”, también saltó al tapete cómo los descendientes del dictadura y uno de sus ministros, Augusto Montanaro, también crearon empresas de maletín para ocultar parte de estas fortunas.
    El Estado paraguayo nunca emprendió ninguna investigación para identificar todo el patrimonio malhabido de esa época y muchos menos accionó para recuperarlos. Se permitió que los beneficiarios y sus descendientes sigan ostentando la riqueza acumulada, a costa de los padecimientos de la mayoría.
    La impunidad de los corruptos no solo es herencia de la dictadura. Aún hoy en día vemos cómo se desvalijan instituciones enteras y cómo los sinvergüenzas gozan de la impunidad, gracias a la complicidad de los fiscales y jueces, quienes deberían actuar como representantes de la sociedad para la recuperación de estos recursos y el castigo a los responsables.
    Treinta años después seguimos lamentándonos de la dictadura, pero como sociedad, no hemos demostrado el coraje suficiente para mandar a la cárcel a quienes destruyeron la República. Treinta años después seguimos siendo testigo de cómo los caciques de turno malversan recursos, sobrefacturan obras y se roban hasta la merienda de los niños, para luego hacer ostentaciones de su buena vida, a expensas de la postergación de generaciones enteras de paraguayos.
    La filtración de los documentos de Panamá está demostrando cómo siguen agrandando sus patrimonios, los sinvergüenzas. Es saludable la ola de transparencia que viene sacudiendo a la sociedad global. Es necesario, que a nivel local también empecemos como sociedad a exigir, que aquellos que se presentan como grandes señores, comiencen a explicar el origen de sus riqueza, más todavía, cuando administran el dinero de los contribuyentes.

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    Publicado por jotaefeb | 7 abril, 2016, 5:26 am

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