No hay dudas de que la aplicación del IVA a los actos cooperativos va a encarecer levemente los créditos para los socios, quizá en un punto porcentual por año, según cálculos de especialistas. Por ejemplo, un préstamo de G. 5 millones con una tasa de 18%, a un plazo de 24 meses, paga un total de G. 990.892 en intereses en esos dos años. Ahora, a ese monto de intereses se le va a aplicar 10% de IVA, es decir que el socio va a pagar G. 99.089 más, un promedio menor a G. 4.130 al mes. ¿Es acaso para pegar un grito al cielo?
Supongamos que sí, que cualquier porcentaje, por mínimo que sea, pesa en el bolsillo de alguien que gana el sueldo mínimo o menos. Si eso es así, entonces es hora de que los socios griten al cielo por otros factores que pesan mucho más en los intereses que le fija su cooperativa.
Entendidos en la materia dicen que son por lo menos cinco los factores que determinan el precio del dinero en esas entidades: 1. el costo promedio del ahorro. 2. los gastos administrativos. 3. las previsiones por créditos incobrables. 4. las depreciaciones de los bienes, y 5. la inflación.
En ese sentido, aseguran que los factores 2 y 3 encarecen “muchísimo más” los préstamos que el IVA a aplicarse. Por ejemplo, si hay un 12% de morosidad, en un universo de 100, 88 deben pagar por los 12 que no pagan (los “gastos” de previsiones se trasladan a los intereses). Y lo mismo con los gastos administrativos, que suben año a año.
Ya lo dijimos varias veces, pero no está demás repetirlo: las cooperativas deben gastar menos en sus directivos, mejorar la concesión y recuperación de créditos y mentir menos a sus socios.
Por Jorge Benítez Cabral
HA… CHE RETÃ PARAGUAY (I) 
CUANDO EL BIEN COMÚN IMPORTA UN COMINO…
Entre los cooperativistas que no quieren pagar el I.V.A y los vecinos que protestan contra el Metrobús, realmente no sabemos con quién quedarnos.
Los primeros son tan caraduras que hace tiempo empezaron sus “protestas fashion”, cerrando avenidas importantes en horas pico, causando un caos fenomenal, soportado con paciencia de Job, por los automovilistas, que en cualquier otra parte del mundo los habrían corrido a bocinazos y empellones. Que se vayan a joder a otra parte.
Realmente, uno se pregunta cómo se atreven a molestar a los demás enarbolando una causa tan injusta como la que pretenden perpetuar, es decir no pagar el IVA, como cualquier hijo de vecino, so pretexto, de que las cooperativas son entidades solidarias, sin fines de lucro y sarta de sandeces conexas. En realidad, quieren mantener un privilegio indebido que se les concedió en mala hora para promocionar la creación de este tipo de asociaciones, pero nada más. Así como están las cosas ellos son ciudadanos de primera, que no deben pagar este impuesto y el resto, ciudadanos de segunda, que tienen que “ponerse” y se acabó la historia.
Esta es su “causa”. Y con esta razón tan impopular se atreven a cerrar rutas y ¡¡¡la gente los tolera!!! Increíble, este país es divino como decía el recordado Sotero Ledesma.
Los segundos son los puercos, nos disculpan el término, frentistas de la avenida Eusebio Ayala, principalmente. Basta darse un paseíto por el sitio para ver lo desastroso de sus veredas sucias de basuras, con aguas servidas, canaletas rotas, olor nauseabundo y vehículos estacionados cómodamente sobre las veredas.
Por supuesto que no van querer alterar estas reglas del juego que suponen la ley del embudo: Para mí lo ancho para ti lo agudo. Estos son directamente chantajistas, extorsionadores que están buscando beneficios indebidos con este proyecto que resultará una maravilla para el ciudadano de a pie, el que tiene que viajar en colectivo todos los días desde las ciudades aledañas a la capital. A ellos esto les importa un corno. Y ayer, estos caraduras, cerraron la avenida Eusebio Ayala, los dos carriles, a la altura del viaducto de Madame Lynch, en el horario de mayor tráfico de autos. Se produjo un embotellamiento descomunal y todo el mundo nervioso, aguardando en el auto que estos vándalos- eso es lo que son- franquearan el paso a los vehículos. Nadie se bajó a apostrofarlos o a sacarlos a empellones que es lo que merecían. La Policía por supuesto, brilló por su ausencia ya que saben bien que si utilizan la fuerza, les saltarán encima las organizaciones de derechos humanos denunciando la “represión salvaje”.
De pronto que sólo se lo ve al gobierno impulsando estos planes que son de primera importancia para toda la ciudadanía. Encima con un Parlamento atento para obrar con displicencia y estropear planes de bien común, de lo más serios.
En fin, a aplicar el IVA cuando antes a los señores fashion que no son, pese a lo que ellos creen, ciudadanos de primera. Y a construir el Metrobús cuanto antes, a como dé lugar. Que los avivados instigados por ABC Color, metan violín en bolsa y dejen que el país progrese en paz.
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No más paciencia con los cooperativistas violentos
El grupúsculo de cooperativistas que está protestando cada vez con mayor violencia sobre la aplicación del IVA a las operaciones financieras de esas entidades, está jugando con fuego y no cae en la cuenta que colman la paciencia de la gente, que en cualquier momento podría reaccionar de igual manera-con violencia- contra los mismos.
No estamos haciendo una apología del delito, pero estos delincuentes no pueden seguir saliéndose con la suya, tras el caos que protagonizaron en la jornada de ayer, en la que incluso arrojaron petardos contra los edificios circundantes, con muy buena puntería en el caso de la financiera Paraguayo-Japonesa, cuyos ventanales terminaron destrozados y con empleados huyendo despavoridos ante el estrepito de los vidrios rotos y la incertidumbre acerca de lo que estaba pasando.
Y efectivamente, “estaban pasando”, los cooperativistas fashion, con su impopular protesta y no encontraron mejor forma de “hacerse notar”, que arrojando sus bombas de estruendo contra los locales cercanos, con el consabido resultado.
Lo peor de todo es que están envalentonados con la impunidad de la que disfrutan y anuncian una nueva jornada de protesta para este lunes, de modo que los “pobres infelices” ciudadanos se deben preparar para el caos vehicular consiguiente, en los puntos más críticos, en la hora más crítica, cuando todos están apurados para llegar al trabajo o llevar a los niños al colegio. ¿Qué derecho tienen? Todavía de los campesinos, por la falta de información, se espera este atropello a la libertad de los demás. Pero de estos ciudadanos acomodados, que tienen dinero para ahorrarlo en cooperativas, realmente es un insulto, que no debería pasar más desapercibido.
La Policía debería obrar con toda energía este lunes. No permitirles que importunen de nuevo a ningún solo automovilista con su demencial protesta. La Fiscalía igualmente debe estar lado a lado con los agentes para imputarlos severamente de modo que nadie se atreva nuevamente a efectuar este tipo de “marchas”. Esto es lo que quiere la mayoría silenciosa del país. Que vayan a protestar a las plazas, que se inmolen a lo Bonzo, pero que no molesten a los demás, que nada tienen que ver con su problema.
Lo reiteramos, no debe haber más paciencia. En los medios apareció un tal Loblein, primer ejecutivo de la Cencopan, seguro un adinerado hombre de negocios, muy enojado, instando a la gente a sumarse a su incomprensible causa.
El gobierno no debe dar ni un paso atrás. Que se les aplique el IVA como a Juan Pueblo y listo. Y que sepan que se terminó la paciencia con quienes se están pasando de la raya y que llegó la hora de asumir las consecuencias de sus actos.
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Las cooperativas deben pagar IVA
Por: José Rojas.
La dirigencia que maneja las cooperativas no quiere pagar impuestos. Exige transparencia en la gestión del Estado, pero sus mandatos ‘no necesitan controles’. Los dirigentes cooperativistas están en posición de lucha y reclamo por la entrada en vigencia de la ley que grava con el IVA los intereses de los créditos que otorgan a sus asociados. El hecho se presta para la reflexión sobre la predisposición negativa del paraguayo a pagar impuestos y la folclórica tendencia a evadir las obligaciones tributarias y siempre bajo la excusa que no ve los efectos de su tributo.
Para poder afrontar los gastos que demanda la administración pública, el Estado percibe los impuestos que pagan los ciudadanos y las empresas en general. Esto se conoce como “presión tributaria” al dividir el producto interno bruto (PIB) por la totalidad de los impuestos cobrados por el fisco.
En los países europeos de mayor desarrollo social, cultural y económico la presión tributaria es alta: Dinamarca y Suecia 49%, Francia 45%, Alemania 40%, etc., acorde a datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En América Latina el promedio de la presión tributaria es 21%. Las economías más grandes de la región presentan cifras altas: Argentina es la mayor recaudadora de impuestos con 38% y Brasil con 36%, en tanto que Paraguay apenas llega al 14%.
Los cooperativistas se manifestaron en contra de un proceso gubernamental de generalizar o democratizar el pago de este gravamen. Si un banco tributa, ¿Por qué no una cooperativa?
La reacción de los cooperativistas, cerrando calles, impidiendo a la gente llegar a sus lugares de trabajo es típica expresión de una rabieta de un chico caprichoso que se niega a cumplir sus obligaciones. El pago del IVA es una obligación y los cooperativistas lo saben. A diferencia del chico tarambana, los dirigentes se encaprichan porque no quieren ser controlados; porque saben que el IVA transparentará sus gestiones; las mismas que ellos exigen al Estado.
Pero no es privativo del sector. Desde la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) manifestaron su desacuerdo con los planes de Hacienda de elevar los impuestos, tanto IVA como el selectivo al consumo. El paraguayo no quiere pagar impuestos, pero exige que el país se desarrolle. Lo mismo pasa con los sojeros y ganaderos.
Pero este mal de muchos debe acabar y comenzar con las cooperativas puede ser un buen inicio; porque no?
Señores cooperativistas, tomen ejemplo de los cuidacoches que quieren pagar impuestos; pero aclaro que no estoy tan seguro que esa sea la solución para estos trabajadores informales. Un representante de los trabajadores informales dijo que están buscando obtener la personería jurídica, luego formar una cooperativa y cumplir con compromisos tributarios.
Las cuentas nacionales necesitan que todos los sectores que hacen la economía se formalicen. Ya no es solución aumentar o crear más impuestos para recaudar de la misma gente que siempre paga.
Las cooperativas ya no son aquellas que se crearon para solidarizarse con el vecino o con el productor y todos juntos financiar proyectos comunitarios. Hoy las cooperativas, sobre todo las de ahorro y crédito son casi financieras o bancos con algunos detalles que aun los diferencian de aquellos.
Las cooperativas de producción han demostrado que no lleva a quiebra alguna a nadie por pagar el IVA. Se acabaron las excusas señores cooperativistas; pónganse a trabajar y producir bienes, que este país necesita más desarrollo y menos cerrar calles e impedir que la gente acuda a sus puestos trabajo. Ovalema!
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Cooperativas
El 1 de abril entró en vigor la ley que grava con el impuesto al valor agregado (IVA) los créditos otorgados por las cooperativas y obliga a estas organizaciones intermedias a elegir a sus autoridades según el sistema de representación proporcional. Tuvo que haber regido ya desde el 1 de octubre del año pasado, pero el Ministerio de Hacienda postergó su ejecución a instancias de las cooperativas de ahorro y crédito, so pretexto de que necesitarían más tiempo para realizar ajustes administrativos. Recurriendo a una nueva maniobra dilatoria, exigieron luego que el gravamen se aplique recién desde el 1 de julio, pretensión que en buena hora fue rechazada por el ministerio. Ahora reclaman lisa y llanamente la derogación de una ley que responde al principio de igualdad, que poco incidirá en el costo de los préstamos y que permitirá a los asociados controlar mejor la gestión de sus dirigentes. En otras palabras, los directivos de las cooperativas quieren que se deje sin efecto la ley incluso antes de que se perciban sus consecuencias, las que sin duda serán beneficiosas para el país.
De entrada, es justo que todas las cooperativas paguen el IVA, al decir de Edwin Reimer, titular de la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod). Estas ya vienen aplicando “voluntariamente” el tributo en todos sus productos y servicios, lo que les permite recurrir a la compensación mediante créditos fiscales y transparentar toda la cadena de pagos. La exoneración del IVA era un privilegio que impedía generalizar el impuesto para formalizar cada vez más la economía, lo que permitía que las transacciones realizadas entre el prestador y el prestatario escaparan al control fiscal. Es de pensar que el temor oculto de quienes protestan es que ahora ellas salgan a la luz.
Si bien es cierto que con el IVA se espera recaudar más, también se pretende evitar eventuales evasiones impositivas favorecidas por las lagunas en las cadenas de pago. Su impacto sobre los prestatarios equivaldrá a solo el 1% anual, según cálculos realizados por especialistas publicados en estos días. Es decir, un préstamo de 10 millones de guaraníes, a un año de plazo y a una tasa del 20%, obligaría al socio a pagar 200.000 guaraníes más, suma que resulta del 10% de IVA aplicado a los intereses de 2.000.000 de guaraníes. La moderada imposición recaerá sobre el prestatario y no sobre las cooperativas de ahorro y crédito, pero servirá al Ministerio de Hacienda para la trazabilidad de las operaciones.
Los gastos de administración y las previsiones por créditos incobrables incidirán mucho más que el IVA en el precio del dinero, como bien lo saben los dirigentes cooperativistas que se movilizan con tanta persistencia y agresividad.
En cuanto al sistema electoral, el que estaba en vigencia permitía que las claques que controlan las cooperativas permanecieran indefinidamente mediante una simple rotación de sus miembros en los cargos, evitando así los cuestionamientos que pudieran surgir en el Consejo de Administración y en la Junta de Vigilancia. El art. 118 de la Constitución dispone que el sufragio se funda, entre otras cosas, en el sistema de representación proporcional, y el 119 establece que para las elecciones de las organizaciones intermedias, como lo son las cooperativas, rijan los mismos principios y normas del sufragio. Esta representación proporcional es de aplicación imposible cuando se vota separadamente por cada uno de los cargos en disputa. Como se sabe, este diario se opone a las llamadas “listas sábana”, pero eso no significa que deba apoyar el mecanismo que se aplicaba en las cooperativas para monopolizar el poder, distorsionando el sentido del sufragio.
Por lo demás, las cooperativas seguirán beneficiándose con la exención de todo impuesto que grave su constitución, reconocimiento y registro, del impuesto a los actos y documentos que grave los actos de los socios con ellas, del impuesto a la renta sobre los excedentes y de los aranceles aduaneros por la importación de bienes de capital. La ley que acaba de entrar en vigencia no colisiona en absoluto con el mandato constitucional de promover el cooperativismo. Lo que hace, más bien, es responder a otro que dice que la igualdad es la base del tributo, y fomentar las prácticas democráticas en la elección de sus autoridades.
Las movilizaciones orquestadas por las camarillas de las cooperativas de ahorro y crédito apuntan más bien a defender privilegios, con el argumento de que la nueva ley perjudicará a unos 1.600.000 asociados, que por cierto vienen pagando una tasa efectiva, en promedio, del 23% anual, superando en tres puntos el promedio bancario.
Es perverso mentir a la gente con el propósito de conservar posiciones de poder, que nada tienen que ver con el interés de los cooperativistas ni con el del país. El cooperativismo paraguayo necesita ser depurado de los aprovechados que se benefician descaradamente de un ideal laudable.
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Las cooperativas y el reto de la transparencia
Por Gustavo A. Olmedo B.
Las cooperativas están presionando para evitar la vigencia de la ley que las obliga a gravar con el IVA los créditos otorgados, además de modificar el sistema de elección de sus autoridades. En los últimos días, sus movilizaciones generan caos en el tránsito capitalino como forma de llamar la atención y hacer escuchar sus reclamos.
Pero las críticas hacia estas entidades de gran valor social deben ir más allá de los perjuicios que diariamente ocasionan sus marchas y bloqueos de calles, para llegar hasta el punto central de la cuestión: la apertura hacia la transparencia; ese valor que garantiza la administración honesta y el cumplimiento del fin solidario que las creó.
Expertos consultados por la prensa coinciden en afirmar que la normativa legal del IVA efectivamente ayudará a formalizar la economía en general, fortaleciendo el control fiscal en torno a las transacciones que realizan las cooperativas y sus beneficiarios; algo muy positivo. Además, modificará un punto clave que es el mecanismo de elección, incorporando el sistema D’Hondt, que permitirá cierta renovación de autoridades, ya que otros sectores de socios entrarán a pugnar por cargos.
Muchas cooperativas importantes y de larga trayectoria, con miles de socios y que administran grandes volúmenes de dinero, están siendo manejadas desde hace años por pequeños grupos de directivos, muchos incluso familiares, cuyos integrantes simplemente van rotando en los distintos cargos y comisiones, y hasta en las instancias de control interno, impidiendo la saludable alternancia en el poder, facilitando desprolijidades de la dirigencia y creando suspicacias.
En un contexto en que la ciudadanía está harta del derroche y mal manejo del dinero ajeno, y ante tantos casos de malversaciones que salen a la luz, urge insistir en la necesidad de transparentar estas entidades, fortaleciendo nuevas instancias de control externo, y facilitando la auditoría de organismos ajenos al ambiente cooperativo, incluso del mismo Banco Central, que maneja altos parámetros de calidad.
Por otro lado, es necesario entender que la falta de participación y protagonismo de la mayoría de los socios en asambleas y otros espacios facilita la instalación de estas «roscas», que a la postre replican viejos vicios de la politiquería sucia y destructiva. Las cooperativas son de gran ayuda para miles de personas, algo que debe motivar a la búsqueda permanente de mecanismos de transparencia y rendiciones de cuentas reales y no formales.
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El Gobierno debe dialogar para evitar un caos social
El gran calvario que sufren en estos días los ciudadanos que intentan ingresar o salir de la capital para cumplir sus labores cotidianas se podría haber evitado, o al menos atenuado, si los principales referentes del Gobierno y de la clase política tuviesen una mayor apertura y capacidad de diálogo con las organizaciones sociales y los grupos afectados, para poder negociar, hallar puntos de coincidencia y buscar destrabar los conflictos. Lograr un equilibrio para garantizar tanto el derecho a la manifestación como el derecho al libre tránsito de terceros es el principal desafío al que hasta ahora las autoridades se muestran incapaces de responder.
Para miles de ciudadanos que buscan llegar hasta su lugar de trabajo en Asunción y otras ciudades circunvecinas, esta fue una semana terrible. El tráfico automotor, normalmente colapsado en calles y avenidas, se ha visto cortado en varios puntos, durante largas horas, por las sucesivas marchas y movilizaciones de grupos sociales diversos, que se han sumado y han coincidido en los mismos espacios, provocando situaciones de caos, molestias y reclamos contra quienes, a su vez, reclaman sus reivindicaciones sectoriales.
Aunque las demandas de los manifestantes puedan ser discutibles, según los diferentes puntos de vista, hay que asumir que tienen todo el derecho a movilizarse y a pedir que se atiendan sus exigencias.
Igualmente, hay que consignar que este derecho constitucional a la manifestación no debe cercenar otros derechos igualmente consagrados por la Carta Magna y por las leyes, como el derecho del libre tránsito de las demás personas.
Cuando estos derechos fundamentales entran en colisión, como ocurre en estos días, los organismos de seguridad del Estado deben actuar para garantizar el debido respeto y cumplimiento, de modo que las situaciones de conflicto no impidan el normal desenvolvimiento del país.
Esto no ocurre, sin embargo, debido a la poca predisposición o a la incapacidad del Gobierno para reconocer a los sectores en protesta, para entablar con los manifestantes mesas de diálogo, buscando una negociación apropiada y puntos de coincidencia que permitan superar la crisis.
Por el contrario, todo se reduce a una confrontación política y mediática, que solo exacerba aún más los ánimos. Voceros del Poder Ejecutivo —como el ministro del Interior, Francisco De Vargas, principal referente político del Gabinete— exhiben una actitud principalmente hostil contra los manifestantes, al declarar que cuentan con supuestos «informes de inteligencia», en los que se asegura que los mismos solo buscan crear «un segundo caso Curuguaty» (por la masacre que acabó en 17 muertes, en el 2012). Es una acusación muy grave, sobre la que no se exhibe ninguna evidencia. Si fuera verdad, habría que detener y procesar a los responsables, con las debidas pruebas. De lo contrario, todo queda en una bravata política que no ayuda para nada a resolver la alta conflictividad social que todos sufrimos en estos días.
El propio presidente de la República, Horacio Cartes, contribuyó ayer a aumentar esta confrontación, al acusar a los campesinos manifestantes de «sinvergüenzas».
Hace falta parar la mano, abrir el diálogo y buscar salidas a la alta conflictividad social que se vive en estos días. La responsabilidad mayor queda en manos del Gobierno; pero para ello sus referentes deben apearse de la soberbia y aprender a dialogar.
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En la misma vereda
08 Abr 2016
pero que no hace más que maquillar una condición que pueda aparentar empática, para sustentar una defensa feroz de sus intereses. Aquel que simula estar compartiendo intereses en común, pero que en realidad lo que hace es introducirse en una trinchera para resguardarse ante condiciones que puedan aparentar adversas. Esos son los adversarios que deberíamos desenmascarar para avanzar como sociedad, exhibiéndolos de cuerpo completo para que dejen de presentarse como los grandes defensores de los intereses de la ciudadanía.
Es lo que en estos días sucede con los sectores cooperativistas que dicen defender a los asociados, que exponen argumentos en donde dicen sustentarse en la legalidad, entre los que buscan posicionarse como víctimas, cuando en realidad una desapasionada mirada global demuestra que otros son los condicionantes que facilitan la movilización de sus empleados.
Detenerse en el caos vehicular derivado de sus manifestaciones sería entrar en un terreno, que no es menor, pero no tiene el alcance general de la gravedad del asunto. Es más que evidente que perjudicar a una importante cantidad de ciudadanos que intentan llegar a sus destinos todos los días ya es un drama digno de destaque, solo que la cuestión trasciende a este inconveniente que se sufre ahora coyunturalmente.
El verdadero problema del sector cooperativo tampoco tiene que ver con un sistema impositivo con el que se tenga un mayor control sobre sus acciones. Esta acción, de mantener bajo resguardo la actividad de las cooperativas, que en muchos casos se convirtieron en verdaderos entes financieros de gran porte, también es una cuestión absolutamente necesaria.
No obstante, y sin pretender restar gravedad a los factores expuestos anteriormente, el tema de fondo que debe analizarse en el punto de las cooperativas es su funcionamiento. Las mismas dejaron de ser simples organizaciones cargadas de valores para transformarse en botines políticos y comerciales de gran porte, con una lógica de conformación similar a la de cualquier organización en nuestro país.
Si la política partidaria es harto criticada por sus manejos poco serios y muy turbios, las cooperativas cayeron en esa misma lógica, en donde directivos y claques se perpetúan para defender sus intereses. La finalidad social, las facilidades y ventajas para socios, son solamente la cara bonita de un negocio usurpado por grupos de poder que pretenden vivir en la más absoluta impunidad, al margen de todo tipo de control.
Que los dirigentes hayan reconocido que las manifestaciones se financian con recursos de los excedentes de los asociados es la prueba más clara de esta deformación de los valores que deben defender los cooperativistas. Porque quienes están en las calles son los afectados de manera directa, directivos y empleados, pero no tienen el respaldo del socio, que mira de reojo y con mucho desinterés que esta situación se decante en favor de los que dicen defender sus beneficios.
Este tiempo, en el que el tema cooperativo salta al tapete y es observado por la opinión pública es favorable para que podamos poner en la mesa de análisis todos los elementos que entran a tallar, para encontrar una solución definitiva. No podemos esperar que el sistema financiero, muy dependiente de los actos cooperativos, colapse por negligencia, o irresponsabilidad de muchos de los directivos que no están dispuestos a ser controlados por los organismos estatales encargados del asunto.
Las cooperativas deberían comenzar a recuperar su espíritu comunitario, transparentando y democratizando el acceso a cargos directivos para todos los asociados, eliminando las malditas roscas. Estos grupos que cuando se ven en aprietos dicen estar transitando por el camino de la transparencia, cuando en realidad van por la misma vereda de aquellos políticos que tanto cuestionan.
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Querida Rosa…
Rosa Pereira. Su perfil en Facebook revela que es una persona normal. Una ciudadana avispada. Profesional arquitecta. Con fotos de hijos felices, etc.
Escribió algo en su Facebook que nos llamó la atención. La gente usa las redes para putear más que nada. Son pocos, aunque cada vez más, quienes se animan a decir simplemente lo que está bien, aunque de pronto ello les cueste un disgusto por las cosas que escriben los otros, los que lo ven todo negro y sin posibilidades de redención.
Rosa dijo simplemente que había escuchado a campesinos y gente agradecida por la acción del gobierno en San Pedro, que es real, la presencia estatal en la región se ha multiplicado extraordinariamente respecto a otros gobiernos. Se entendió bien claro y fuerte que la pobreza no se va a eliminar con represiones y “corralitos”, sino ayudando efectivamente a desarrollar a la región, sacando a la gente de los cinturones de pobreza extrema, donde pueden ser manipulados fácilmente por inescrupulosos, como los encabezados por los operadores del terror del Frente Guasu.
Pero Rosa Pereira, arquitecta, dijo algo más que nos llamó poderosamente la atención. Lo ponemos en mayúscula por la importancia que tiene: ESTE GOBIERNO HABLA POCO Y HACE MUCHO.
Cierto. Muy cierto. Y es bueno que haga mucho. Pero es muy malo que hable poco. El gobierno, pese a todos los esfuerzos que se hicieron para incorporar a comunicadores con algún oficio, a asesores en la materia, etc., sigue comunicándose muy mal. La gente pobre, por ejemplo, sigue con la impresión de que se trabaja solamente para los ricos, un estigma muy inmerecido porque más que nunca se hacen cosas por los“sectores vulnerables”, como se dice ahora, pero resulta que nadie refuta esa leyenda negra que rebota de boca en boca, de medio a medio y finalmente se convierte en una mancha de aceite que desvirtúa ante el pueblo todo lo bueno que se está haciendo.
Ayer nomás la SENAVITAT, mostró sus números. Fueron irrebatibles. Silenciooo total en las redes. La jovenzuela al frente de la institución debe ser un ejemplo para los demás organismos del Estado que le están poniendo el pecho a los programas sociales.
Que uno por uno, muestren sus números. Cuánto hicieron los anteriores gobiernos. Y cuánto se ha hecho en el presente. Y cuánto implica el aumento logrado. Cuánto dinero se ha invertido en ello. Así, entidad por entidad, hasta que la gente se canse de ver cuál es la realidad.
Por qué el gobierno no habla, se calla, cuando tiene tanto que mostrar. Ahora con las manifestaciones espurias de los cooperativistas chuchis, todos ellos con sus camisetas nuevitas, que no quieren pagar impuestos como cualquier hijo de vecino y los frentistas de Eusebio Ayala, comerciantes negreros, acicateados por ABC, que intentan chantajear al gobierno con el tema de Metrobús, hay incluso una sensación ciudadana de zozobra, totalmente artificial, que nadie se ocupa se disipar.
De modo que Querida Rosa, quizás no haya más remedio que salir a hablar. Que se escuche en las redes el repique de los violentos, pero también de la gente que quiere sinceramente, sin chupamedismo, elogiar lo que se está haciendo bien. A lo mejor se puede remediar en algo que el gobierno “no hable”.
De paso alejar los fantasmas que están sembrando discordia en las calles en estos días de extraña canícula, intentando hacer prevalecer sus sucios intereses, al bien de la mayoría absoluta de la gente común como vos y yo.
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COHERENCIA
Andrés Granje
Está visto que la incoherencia es un atributo ligado a la forma de ser del paraguayo, en todos los niveles, tanto en las autoridades nacionales, deportivas, sociales, inclusive en la prensa se ve esa incoherencia en muchas formas, pregonamos como verdades absolutas algunas premisas pero cuando nuestros intereses están en juego somos los primeros que criticamos y atacamos la implementación de ciertos principios. Algo de eso está pasando ahora con la marcha y la movilización de los campesinos, los cooperativistas, los médicos, los vecinos y comerciantes de la Avenida Eusebio Ayala y su continuación la ruta Mariscal Estigarribia, en el corredor de Asunción Fernando de la Mora y San Lorenzo, como consecuencia de la próxima construcción del metrobús,
Fíjense, que en nota editoriales los diarios fustigaban a la ciudadanía sobre la importancia y necesidad de la población a movilizarse, a organizarse, siempre se pregonó que la sociedad debía estar atenta, vigilante y dispuesta a ejercer su derecho constitucional a la protesta, que una opinión pública informada, alerta y movilizada para reclamar sus derechos era el mejor método para evitar las injusticias, combatir la corrupción y evitar los excesos autoritarios. Siempre se mencionó que la indolencia y la falta de interés de la ciudadanía era la causa fundamental de muchos de los males que sufrimos los paraguayos.
Por eso no se entiende tanto ataque a la manifestación de los cooperativistas y los campesinos por el micro centro, tienen un motivo para movilizarse, sencillo les quieren tocar el bolsillo y ustedes saben que hasta las confrontaciones bélicas tienen como trasfondo y causa principal conflictos económicos entre las partes, lo mismo ocurre en el sector campesino y su pedido de condonar la deuda que tienen con el estado, se presta a muchas interpretaciones y a pesar de toda la polémica generada hasta el momento no existe un pensamiento o uniforme al respecto y en todo caso la gente opina en diferentes. Nosotros por ejemplo estamos en contra de la movilización de los frentistas porque queremos el metrobús, pero jamás nos opondremos a que la gente se movilice para defender lo que consideran una conculcación de sus derechos.
Cuestionan que no se respetan derechos de tercero y es relativo, sabido es que cuando se realiza una movilización existen invariablemente grupos de ciudadanos, terceros a la movilización que serán molestados, por eso justamente se solicita con anticipación permiso para la marcha y se comunica la dirección a seguir hasta llegar al punto de concentración. Si así no se hace es problema de los organizadores y también de las autoridades por no tomar los recaudos, pero actualmente se carga toda la responsabilidad sobre los manifestantes tratando de mal disponerlos ante la opinión pública poniéndoles como los malos de la película.
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El segundo Curuguaty
Por Andrés Colmán Gutiérrez – T
Desde que los periodistas de investigación andan escudriñando con lupa los contratos sobre cocidos y botellitas de oro, a los del Gobierno no les quedan rubros para libretistas que ayuden a renovar el discurso oficial. Así que andan reciclando el mismo viejo argumento para explicar las movilizaciones sociales que los mantienen en jaque.
Veamos. El 30 de marzo de 2015, tras un ataque a la estancia Pindó, en Canindeyú, el ministro del Interior, Francisco De Vargas, dijo en una entrevista con la emisora 780 AM que poseía «informes de inteligencia» sobre personas que «buscan manipular los intereses colectivos de grupos sociales» para crear «un segundo Curuguaty», refiriéndose a los hasta ahora no aclarados episodios de junio de 2012, que ocasionaron la muerte de 17 personas (11 campesinos y 6 policías).
Pueden leer lo que el ministro dijo aquella vez, escribiendo en Google el título de la nota publicada en Última Hora: «De Vargas afirma que se busca replicar la masacre de Curuguaty».
Pero no se confundan, porque el buscador de internet les mostrará otros títulos de prensa muy parecidos, aunque con fecha abril de 2016: «Manifestantes quieren un Curuguaty 2, según De Vargas».
Si entran a leer este reportaje más nuevo, verán que el ministro dice más o menos lo mismo que dijo hace más de un año, pero esta vez refiriéndose a otra gente: los productores campesinos y los cooperativistas que en estos días se manifiestan por las plazas y calles de Asunción, cortando el tráfico y causando la molestia de los automovilistas, ante la falta de respuestas del Gobierno.
Esto es lo que dijo ahora De Vargas, en declaraciones a Radio Monumental: «El objetivo oculto, y lo que están logrando obviamente (los manifestantes) es generar un caos vehicular y crispación en la ciudadanía que desemboque en una presión para la represión policial, ellos buscan replicar un Curuguaty 2». Ah, y que tienen los famosos «informes de inteligencia» sobre el tema, pero que por supuesto «son secretos».
Sensación de «deja vu», disco rayado, película repetida. ¿Tanto quieren un «segundo Curuguaty», que se lo pasan augurando ante los más diversos conflictos sociales, que se originan por su incapacidad de dialogar y negociar?
Se puede estar o no de acuerdo con lo que reclaman los miles de manifestantes (campesinos, cooperativistas, médicos, frentistas anti-Metrobús y hasta los músicos anti-APA), pero tienen todo el derecho a manifestarse. Corresponde al Gobierno garantizar ese derecho y buscar resolver los conflictos, pero también garantizar el derecho de los demás al libre tránsito, a que no te impidan llegar al trabajo o a donde sea.
Aquí, en lugar de ayudar a buscar las soluciones, se desentienden del caos creado, mientras buscan asustar con el chake sobre el «segundo Curuguaty». Como se puede ver, ni siquiera son originales.
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¿Quién más quiere que le paguemos su deuda?
Por Luis Bareiro
El presidente Horacio Cartes está cosechando la tormenta que sembró cuando usó dinero público para pagar deudas de una empresa privada.
Pretextando el riesgo de un estallido social, echó mano de los impuestos que pagamos todos para saldar los compromisos de Azucarera Iturbe con los cañicultores.
Muchos se lo advirtieron entonces; es populismo y terminará reventándole en la cara. No los escuchó.
Por el contrario, le sumó otra perla; un subsidio directo para los empresarios transportistas que compraran colectivos nuevos. Fueron 30 mil dólares de nuestros impuestos por cada bus. El argumento de defensa, por supuesto, hizo hincapié en la cuestión social; «es solo un estímulo para modernizar el transporte público».
Lo cierto es que en economía no hay merienda gratis. El populismo, en cualquiera de sus formas, lo paga el contribuyente, y sus consecuencias terminan, más tarde o más temprano, alcanzando a quien hizo uso de esta vieja práctica política.
Hoy, muchos de esos mismos cañicultores que ya recuperaron acreencias de la mano del Estado quieren que el fisco se haga cargo también de los préstamos que tomaron y no pueden pagar. Y si lo piden los cañicultores, ¿por qué no los otros productores para quienes también fue un mal año?
Y acá están, acampando en Asunción, esperando que los contribuyentes, pobres y ricos, hagamos por ellos lo que el Gobierno nos obligó a hacer –sin preguntarnos– por los accionistas de la Azucarera Iturbe y por los empresarios del transporte.
Una nueva concesión abrirá más compuertas. Las lluvias paralizaron obras, ¿por qué no pagarles sus deudas a los albañiles que no pudieron trabajar en esos días? Hay una contracción económica, ¿no tendríamos que hacernos cargo de los pasivos de los pequeños comerciantes que venden menos, de los limpiavidrios a los que una ordenanza pretende sacar de las calles, de vos, que probablemente sos un trabajador privado que hace tres o cuatro o cinco años no tiene un aumento de salario?
¿Por qué tendría derecho a que le paguen su deuda o le regalen dinero público un accionista azucarero, un transportista o un cañicultor, y no un taxista, una maestra o una cajera de supermercado?
El populismo económico, a más de ser un monstruo inmanejable, alimenta la dependencia de la clase política. Nada produce más placer en nuestra rancia dirigencia que ver filas de campesinos esperando que una decisión magnánima del Congreso los salve de la quiebra.
Los países con verdadera sensibilidad social jamás apelan a estos trucos miserables de la política. Ellos establecen un seguro agrícola, un fondo de contingencia y educan en la producción cooperativa. Un Estado sensible crea condiciones para que el productor sea un éxito o un fracaso, dependiendo de sus propias decisiones.
Si queremos respetar la dignidad del campesino hay que dejar de ver su trabajo como un apostolado y restituirle su condición de actor económico. El agricultor pretende que su actividad sea lucrativa. Quiere ganar plata, pagar sus gastos y vivir bien, no que le compongan versos.
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Comprar legitimidad con “rentabilidad social”
10 Abr 2016
La protesta social se va degradando vertiginosamente ante el uso y abuso de grupos poco o nada representativos que, para defender intereses minoritarios, cada vez más frecuentemente se embanderan con el “interés” social o los intereses nacionales, tomándose la atribución de perjudicar a los sectores mayoritarios, en pro de intereses minoritarios y hasta elitistas: es el caso de la autopista a la que se pretendió poner franjas peatonales –propuesta tan disparatada que puede aspirar al récord Guinness– en nombre de unos cuantos vecinos, disfrazando el reclamo en “los de a pie” contra los privilegiados automovilistas, como argumentaron algunos urbanistas, cuando la gran mayoría a ser beneficiada con el flujo de tránsito viaja proletariamente en colectivo y tiene que marcar tarjeta de entrada en su trabajo.
Sin duda, estas “expresiones populares”, con escaso pueblo, amparadas e impulsadas en propaganda mediática, responden a otros intereses, a veces ingenuamente, otras, en base a prebendas y beneficios coyunturales de financistas de turno que promueven el río revuelto, para proteger o pescar beneficios.
El objetivo, fácil de instalar, es ir contra el “poder”, cuando, en realidad, las marchas se obstinan en perjudicar a la ciudadanía común, obstaculizándole su desplazamiento, que sufre la prepotencia, en este caso, de los de “abajo”, impulsada por algunos de arriba.
El caso de la protesta de las cooperativas, hay que hablar de las de ahorro y crédito y solo con participación de algunas de ellas, porque un gran sector ha aceptado el IVA y lo consideran útil a su funcionamiento, ni, mucho menos, a favor de la ciudadanía en general; tampoco se puede hablar de “los” cooperativistas, porque la marcha muestra que son una minoría los manifestantes, mayoritariamente de empleados, para lo que se han cerrado las oficinas; es decir, los cooperativistas protestatarios están reclamando un privilegio para ellos en contra del resto de la nación; su protesta social es para su élite. En fin, que estamos frente a una marcha “popular” en pro de los privilegios de una cúpula.
De tan grosera, “la protesta” sólo generó protestas en contra de la gran mayoría ciudadana, hasta el punto que tuvo que “contratar” a sectores más proclives a la “sensibilidad” popular, de forma a darle cierto sustento. Fue así que sumaron a un “pelotón”, no muchos más, de campesinos, manipulados por ciertos líderes, conocidos por sus inclinaciones crematísticas, parasitarios de sectores políticos que basan su proselitismo en agitar el río revuelto en pro de su ganancia como pescadores de fondos, votos y cargos.
Para culminar, terminaron acoplando a los comerciantes del “frente estrecho” contra el metrobús, protestarios, de nuevo, contra un proyecto de beneficio público en contra de intereses particulares que, supuestamente, se verían afectados por el proyecto renovador que ha tenido éxito en la región y en otras latitudes.
En fin, tenemos una marcha que cada vez queda más claro que defiende privilegios de un sector contra la gran mayoría; que está de acuerdo en que la mayoría paguemos IVA, siempre y cuando ellos no lo paguen.
Paralelamente, estos cooperativistas que pretenden mantener sus privilegios, esconden el otro tema capital: que tampoco quieren cumplir la ley de D’hondt, que democratiza todas las instituciones que se rigen por el voto, obligando a la participación de las minorías en los gobiernos.
La “protesta popular” que estamos sufriendo es una muestra de cómo manejan el poder a su manera estas nuevas élites “sociales”: la “rentabilidad social” que reclaman, que consta en la Constitución, les permite contar con fondos abundantes y dulces para comprar manifestantes, movilizar empleados y derrochar dinero en bombas y otros gastos superfluos que los demás ciudadanos que quieran manifestarse tienen que pagar de sus bolsillo. De la misma manera que, con esos “excedentes”, pueden arrear a sus votantes en las elecciones para eternizarse en el poder y el control de la administración sin que haya en el directorio ni un solo contralor de otro sector, ni una voz disidente.
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El huevo de la serpiente…
Perdido por perdido. Que se vaya todo al diablo. A sacudir el arbolito, que se vaya todo a la p…, que se arme el k…del siglo, qué más da…
Podríamos equivocarnos por milímetros, pero es casi seguro que esto es lo que estarían pensando estos señores…
Claro. Usted adivinó. Nos referimos a los grandes “popes” de las cooperativas que ordenaron el gran desbarajuste de los últimos días. Todo el prestigio de estas entidades, siempre tan atildadas, se fue al tacho. Se tiró todo por la borda. Sin clase. Despertando la ira ciudadana como nunca. Pero a ellos…psstt…les dio por las alturas. Que pase lo que pase…total.
Por qué tanta “pálida” como dirían nuestros hermanos argentinos. ¿Cómo que se acabó el negocio? Las cooperativas seguirán operando, claro. ¿Y entonces?…se acabaron los negocios turbios…ése y no otro, es el trasfondo de tanto disparate.
Todo el mundo lo comentaba entre dientes, pero como era un asunto demasiado delicado, preferían callarlo. Lo anotamos ahora con todas las letras: La mayoría de las cooperativas, incluso las más grandes, están manejadas, prácticamente desde su creación, hace dos décadas en algunos casos, por “roscas” corruptas, que se turnan en los cargos, cotos de caza cerrados,donde no entra nadie, y están los mismos de siempre cometiendo todo tipo de tropelías.
Por milagro y por la enorme cantidad de dinero que manejan, aun no sucumbió alguna de estas entidades, ya que estos señores son dueños y señores de los cargos en las directivas, y nadie puede batirlos en asambleas, porque tienen todo bajo control. Como en la época de Stroessner.
Para que se entienda mejor. El grupo va rotando en los cargos, en un periodo uno de ellos, es titular del Consejo de Administración…cuando concluye su mandato, pasa a la Junta de Vigilancia y sube otro del grupo, posteriormentevuelve a subir el que estuvo antes y asísucesivamente en untiovivo infernal que maneja los números a su antojo.Sehabla de préstamos sobre préstamos sinque se hayan pagado otros, bicicleteo salvaje del dinero de los socios, etc. Como siempre queda algún “excedente” que repartir, la gente aguanta…
Pero eseparaíso está por terminar. Y no tienen argumentos para destruirlo. Entonces están queriendo crear el caos por si las moscas se que de todo como está. Resulta que entrará a regir el sistema D-Hondt próximamente loque los obligará a meter proporcionalmente “contreras” de otras listas, dentro de su círculo cerrado y entonces las consecuencias podrían ser desastrosas.
Sin duda, el fin de los buenos tiempos.
Si su odiosa manifestación en la que incluso “alquilaron” a campesinos, sirvió para que la ciudadanía abra los ojos ante esta realidad, pues en hora buena. Que sigan protestando…
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Protestas y más protestas
En las últimas semanas, Asunción se ha visto como protagonista de multitudinarias protestas, no todas con los mismos protagonistas, pero con una misma finalidad “Exigir, exigir y exigir”.
Cooperativistas, campesinos, gremios médicos, frentistas en contra del metrobús, todos ellos ciudadanos de la República del Paraguay, dejaron sus aposentos y se levantaron a manifestar sus inquietudes contra el gobierno.
No todos ellos tal vez tengan razón en sus reclamos, pero me pregunto ¿Es irreal para el Estado las necesidades de su población o simplemente hacen la “vista gorda” a todo lo que acontece y ya no se conmueven con los pedidos de su pueblo?
Me tocó de cerca la situación de los campesinos, con quienes debía cruzarme algunas tardes y noches sobre la calle Independencia Nacional, realmente comparé la época de la burguesía y el proletariado, esta comparación la realice ya que, podía observar desde un segundo piso a esos campesinos, quienes estaban tirados en sus colchones, algunos cocinando la famosa “olla popular” , pero a mi como ciudadana me golpeo, estar viéndolos de arriba y ellos ahí abajo, y pensándolo más profundamente, mucho de lo que somos nosotros se lo debemos a ellos. El error de generalizar es algo típico, como lo cometió el Presidente de la República, cuando se refería que “Sea acabo el negocio” para los campesinos, no todos ellos son sinvergüenzas, muchos son trabajadores, que no conocen el descanso ni las comodidades.
Y los cooperativistas, personas que también de algún modo u otro, sienten que sus derechos están siendo pisoteados, como muchos paraguayos. ¿Qué está pasando en nuestro país que nuestras autoridades ya no tienen pudor y permiten que quienes les dimos el poder suframos cada día más?
Van a seguir surgiendo mas grupos, gremios, organizaciones civiles que salgan a las calles a reclamar lo que es suyo, y no todos lograran sus objetivos, como por ejemplo logro el gremio médico con la suspensión de la condena a dos médicas acusadas de mala praxis, en el año 2009.
Continuarán las quejas generalizadas mientras las máximas autoridades no den respuestas concretas.
Ma.Lorena Galeano
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Generoso excedente
Por Edwin Brítez
Lo que se manejaba como simple conjetura es ahora una realidad, a confesión de parte: las cooperativas financian las movilizaciones propias y la de campesinos que buscan subvención estatal. La explicación es que pagan de una parte de los excedentes, nombre oficial que se da a las ganancias de estas instituciones que deben repartirse entre los socios.
De esta manera se van redondeando las intenciones políticas de algunos “cooperativistas profesionales”, que se ubican en planos directivos y desde allí hacen campañas de visibilidad para adquirir protagonismo y convertirse en “actores sociales”, que a la hora de hacer listas de candidatos para cargos electivos exhiben como currículum estas movilizaciones.
Está claro, entonces, que las grandes cooperativas entran al negocio de la militancia política disfrazada de militancia social y que, para ello, los interesados en llegar a las candidaturas a cargos electivos utilizan dinero de los cooperativistas.
Esto de fingir activismo social para adquirir notoriedad política es un viejo truco. Gente que milita en el sindicalismo, el gremialismo, los derechos humanos, el periodismo, entre otros, para hacerse visibles y, si es posible, adquirir fama y celebridad para luego dar el salto a la política es una constante, pero no por ello deja de tener ilegitimidad.
La experiencia en América Latina es común por dos cuestiones fundamentales: los partidos políticos se volvieron obsoletos y cerrados a la inclusión y, por otro lado, el desprestigio de los partidos, aun cuando permitan la participación sin previa militancia, hace que mucha gente llegue a la política con banderas solamente sociales, pero luego se olvidan de ellas y se transforman netamente en actores políticos.
El problema no radica en el truco de la partida de nacimiento, sino en dónde se mete la mano para financiar la previa del escenario político. En este caso, la lata son los excedentes de las cooperativas. A manera de ejemplo, extraigo de un informe oficial de la Cooperativa Universitaria el total de excedente del año 2015: G. 41.869.525.132.
De este monto se reparten las ganancias a los socios, pero el art. 41 de la ley autoriza también a destinar a “otros fondos específicos que señale el estatuto social o que resuelva la asamblea para fines determinados”. De esto se agarrarán seguro para usar estos excedentes y financiar movilizaciones discutibles.
¿Está en los estatutos de las cooperativas paganinis que pueden financiar a la gente de Elvio Benítez, o lo resolvieron en asambleas, como dice la ley? Averígüelo, Vargas.
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Arco libre
En todos los hechos de agitación política como el que está teniendo lugar en las calles del microcentro de Asunción se visualizan siempre dos aristas, de acuerdo a los manuales más elementales del marketing especializado. Primero el hecho en sí, la acción, lo que está teniendo lugar, y segundo, la comunicación del acontecimiento, la forma como el mismo llega a la opinión pública, al grueso de la ciudadanía, que resulta absolutamente clave.
Para nada estamos en plan de descubrir la guayaba. Se sabe todo esto. Sin la comunicación efectiva, nada de lo que está pasando tendría importancia.
A la vista entonces de lo que está ocurriendo, marchas y contramarchas, la gente podrida de tener problemas con sus quehaceres diarios, nada menos que en el centro de Asunción copado por esta gente…¡¡¡qué están haciendo los gabinetes de comunicación del gobierno!!!…y el tendal de asesores en materia de comunicación de Cartes que le cuestan bien caro al erario público o a él mismo. Indudablemente…se rascan, o dan opiniones rimbombantes, en pose de doctores, cuando lo que deberían hacer es meterse en el “qui…” y generar reacciones mediáticas inmediatas, valga el juego de palabras.
Lo reiteramos, ¿¿¿qué están haciendo??? Los medios de comunicación están en lo suyo, desde el gran “destape” luego del cerrojo stronista, los jefes de prensa y ni que decir los cronistas callejeros, le meten con todo a las manifestaciones y a las posibilidades de “represión salvaje” por parte de la Policía, etc., etc. Lo consabido, y esto no ha cambiado. En realidad ningún gobierno de la democracia, salvo tal vez el impresentable Lugo, tuvo un buen manejo de los medios del Estado para contrarrestar la mala prensa que lamentablemente reina en nuestro país.
Contrarrestar…que decimos, ¡¡no!! por lo menos hacer escuchar la “otra campana”, lo que dice el sector oficial ante las protestas. Pero no una vez, aisladamente y luego a callarse todos a ver si la lluvia no cesa sola…; una y otra vez, todos los días,en todos los acontecimientos, se debe batallar para que las cosas queden por lo menos “empatadas”, o sino, como dice frecuentemente el jefe de Estado, se pierde el partido en la percepción ciudadana. Los manifestantes son los “pobres campesinos”, que portan garrotes “simbólicos” como llegó a decir cierto connotado comunicador y los “simpáticos cooperativistas” y el gobierno el ogro que quiere recaudar más para la corrupción y criminaliza las luchas campesinas, por tanto tiempo postergadas.
¿Dónde está la política comunicacional de contingencia que debe echar a andar de inmediato en estos casos? No se aprendió acaso nada de la experiencia del tilingo de Nicanor, que hizo un gobierno aceptable pero tuvo que irse como rata por tirante por la forma en que manejó la comunicación de su gobierno.
Y lo peor es que los señorones de la comunicación oficial tienen todo a su favor. Obras que mostrar y números que cantan. Pero se callan. O por lo menos no se los escucha.
Alguna vez igualmente, los dueños de los grandes medios de comunicación,deberían ocuparse de la formación de sus periodistas. Que digan absolutamente lo que quieran, no se trata aquí de coartarles su libertad de acción, pero que hablen con rigor, que sean personas calificadas, preparadas, no más aquello de que el periodismo es la “profesión de los que no tienen profesión”.
Ellos no pueden estar oficiando de operadores de cuanto protestón sale a la calle supuestamente a reivindicar sus derechos, atropellandolos de los demás.
Ayer lunes toda la ciudadanía se desayunó con entradas en vivo y en directo por todos los canales de TV, “acompañando” como dijo uno de ellos, las marchas por el microcentro. Es cierto. Es una información importante sobre todo para eludir el cierre de calles e intentar llegar al trabajo a hora. Pero de ahí a “acompañar” el asunto por 10 minutos, transmitiéndolo como un partidode fútbol…ya hay demasiado trecho. Pero eso no es todo. Lo más perjudicial quizás sea la forma de preguntar sobre cómo van a dar continuidad a las protestas …perooo…¿y cómo va a seguir esto? El entrevistado no lo había pensado evidentemente. Se detuvo un instante y dijo, saliendo del paso,…buenooo, vamos a evaluar y ver qué acciones tomar. El otro, periodista perspicaz, según él, insistió… pero si los diputados le rechazan el jueves…van a seguir las manifestaciones, ¿verdad? De nuevo el entrevistado no tenía ni idea, pero dijo algo así como vamos a presentar un nuevo proyecto y vamos a insistir.
La periodista, jovencita ella y con una “pinta” muy humilde, debido a los “rigores” de su empleo, finalmente se dio por vencida y cerró su “entrada” muy satisfecha.
La anécdota anterior es cosa de todos los días. Los medios juegan bárbaramente su papel, imponen la agenda y nadie sale a enfrentarlos. Así de sencillo. Así fue siempre y no ha cambiado nada.
La prensa seguirá “tóxica” por falta de buenas prácticas periodísticas y por supuesto una buena dosis de manipulación política por parte de los dueños de medios. Y el gobierno seguirá callaaadooo, y como uno de sus antecesores,si las cosas siguen así, culminará en un par de años una gran gestión….pero muy criticada por el pueblo.
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La paciencia tiene un límite
Hoy se cumplen 8 días de la presencia en la Capital de grupos campesinos y cooperativistas, o mejor, dirigentes de estas instituciones financieras y los funcionarios que trabajan en ellas. Son 8 días de sistemáticos atropellos a los derechos de los ciudadanos que, impiadosamente, son castigados con marchas improvisadas que paralizan el tránsito. Ahora, como si nada, anuncian que extenderán la medida “gremial” -que de gremial no tiene nada y sí mucho de política- a otras ciudades del país, a las que azotarán con la misma pesadilla que vienen sufriendo los que deben transitar por el centro de Asunción. Pero a los manifestantes nada de eso les importa. Exigen una respuesta que ya se les dio. No habrá condonación de deudas, porque eso sería una estafa a quienes terminarían cargando con el fardo, es decir a los contribuyentes, y las cooperativas tendrán que abonar el IVA como lo hacen todas las empresas. Pero insisten en sus reclamos, de la peor forma imaginable: violando la Ley impunemente.
La situación está cambiando de castaño a oscuro. Lo que observamos nada tiene que ver con las usuales demandas sociales que protagonizan con frecuencia diversos sectores y en el gobierno que fuere. Es un plan orquestado por organizaciones que tienen el fin evidente de generar caos e inestabilidad política, las cuales actúan bajo la directriz de grupos y partidos que además las financian, con el Frente Guasu a la cabeza.
Son hacedores de violencia. Políticos patoteros disfrazados de gremialistas, que no tienen la menor idea de lo que significa la convivencia democrática, o bien no les interesa y por eso pisotean con alevosía las normas establecidas y el derecho de los terceros a transitar libremente por todo el territorio. El “plan” es provocar la reacción de la fuerza pública para salir a gritar “represión salvaje” o cosas por el estilo, responsabilizándole del hecho al presidente, por supuesto, y acto seguido pedir su enjuiciamiento político.
El problema es serio y tiende a agravarse. Por un lado, un sector minoritario se lleva por delante las normas vigentes y sus dirigentes lo reconocen sin ruborizarse en lo más mínimo. Por el otro, una gran cantidad de ciudadanos ya hartos de que sus derechos sean constantemente pisoteados en frente mismo de los uniformados, que no intervienen, como tampoco lo hace el Ministerio Público.
Hasta ahora, la inacción policial y de la Fiscalía se podría justificar por el hecho de no caer en el juego de estos maleantes. Hasta ahora. Pero después de estos 8 días de constantes abusos, está sobradamente demostrado que a esta gente no le interesa otra cosa que no sea generar “lío”, cuanto más grande mejor, por más que el principal afectado sea todo aquel que anda en ómnibus, circula en automóvil o hasta en moto, exponiéndose a sus amenazantes garrotes, como divulgó la prensa en los últimos días.
De aquí en adelante, el imperativo es hacer respetar la Constitución y recuperar el microcentro de Asunción para todos los paraguayos, labor que corresponde a la Fiscalía y a las fuerzas del orden. Caso contrario, la bronca que fundadamente hoy se concentra en estos inescrupulosos se dirigirá contra las autoridades nacionales, pues hasta la paciencia tiene un límite, que fue superada por aquellos con creces.
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Pretensión indecente
Los diputados tratarán mañana, jueves, un proyecto de ley de sus colegas Óscar González Drakeford, Celso Kennedy, Édgar Acosta y Marcial Lezcano, por el que se pretende eliminar el impuesto al valor agregado (IVA) a los créditos otorgados por las cooperativas y la obligación que ellas tienen de elegir a sus autoridades empleando el sistema de representación proporcional. A la fecha, 292 cooperativas de producción, de un total de 683 cooperativas de todo tipo registradas en el país, ya vienen pagando voluntariamente el IVA.
El proyecto de ley fue presentado el 31 de marzo, es decir, un día antes de que entraran en vigor los cambios introducidos el año pasado a la Ley de Cooperativas, y en coincidencia con las movilizaciones impulsadas por dirigentes gremiales celosos de mantener sus privilegios, los mismos que financian las manifestaciones simultáneas de campesinos que exigen la condonación de sus deudas, según lo admitió el conocido agitador Elvio Benítez.
Aparece así que esos objetores nada desinteresados están desviando fondos para acentuar la presión que desde setiembre de 2015 vienen ejerciendo sobre los Poderes del Estado para impedir que su gestión sea mejor controlada por los asociados, se extienda la base tributaria conforme al principio de igualdad y se formalice cada vez más la economía negra.
En realidad, lo que les preocupa a los dirigentes cooperativos que promueven estas protestas no es tanto que se graven las operaciones crediticias, sino que se posibilite que los Consejos de Administración, las Juntas de Vigilancia y las Juntas Electorales también sean integrados por cooperativistas ajenos a las claques allí atornilladas.
Ocurre que los dueños actuales del poder en las cooperativas quieren seguir excluyendo de los órganos directivos a quienes puedan cuestionarlos, aplicando un sistema electoral –votaciones por cada cargo en disputa– opuesto al art. 119 de la Constitución, concordante con el 118, que dispone que las organizaciones intermedias, políticas, sociales y sindicales se rijan por el sistema D’Hondt de representación proporcional.
En la exposición de motivos del proyecto de ley a ser estudiado este jueves se lee que la elección conjunta del Presidente y del Vicepresidente de la República demuestra que “sí existe democracia y constitucionalidad sin la representación proporcional ni el Sistema D’Hont (sic)”. Resulta increíble que los diputados proyectistas ignoren que el Presidente y el Vicepresidente de la República no conforman un órgano colegiado y que, por lo tanto, el sistema de representación proporcional en tal caso es inaplicable, salvo que crean que el segundo más votado como candidato a Presidente de la República podría ocupar la Vicepresidencia. Los órganos de las cooperativas sí son colegiados, como tampoco deberían ignorarlo los legisladores que se han prestado a los intereses de quienes desean seguir manejando las cooperativas de ahorro y crédito a su antojo.
Por su parte, las cooperativas de producción no se han plegado a la tenaz y agresiva campaña desatada contra el gravamen a las operaciones crediticias y contra el sistema de elección de las autoridades, porque muchas de ellas ya vienen tranquilamente aplicando el IVA en todos sus productos y servicios, desde hace al menos diez años, lo que les permite recurrir a la compensación mediante créditos fiscales y, a la vez, transparentar la cadena de pagos. Esta última cuestión es de lo más importante: al ampliar la base tributaria incorporando a las cooperativas de ahorro y préstamo, el gravamen formalizará cada vez más la economía, ya que va a permitir al Ministerio de Hacienda realizar un control cruzado. Solo quienes tienen algo o mucho que ocultar pueden oponerse a la transparencia del IVA, que va a permitir un mayor control por parte de los asociados y del fisco. Como ocurre en toda transacción bancaria o financiera, el IVA no afectará en última instancia a las cooperativas de ahorro y crédito, sino a los prestatarios, muchos de los cuales, a su vez, podrán descargarlo, porque son pequeños o medianos empresarios.
Por lo demás, el impacto en el bolsillo de los prestatarios será insignificante, como surge del siguiente ejemplo del Ministerio de Hacienda: un crédito de un millón de guaraníes, a doce meses de plazo y con una tasa de interés del 20%, obligará al pago adicional de solo 1.666,7 guaraníes mensuales, dado que el IVA recaerá sobre el interés y no sobre el crédito.
Los mandamases de las cooperativas de ahorro y crédito dirán que esta ilustración es ilusoria y no les faltará razón, pues ellos cobran una tasa de interés superior a la del promedio bancario del 18%, según los registros del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop). Si no quieren ser tildados de hipócritas, quienes invocan a los prestatarios como supuestas víctimas de un pesado gravamen deberían apresurarse a reducir sus desmesuradas tasas de interés.
La aplicación del IVA no implica que el Estado deje de fomentar la empresa cooperativa, tal como lo ordena el art. 113 de la Constitución, ya que ella seguirá exenta de una serie de tributos. Las cooperativas de producción lo saben, y por eso no se han acoplado a una campaña engañosa, que apunta a conservar posiciones de poder de larga data antes que a proteger a los asociados.
El proyecto de ley en cuestión no responde al interés general, sino al de unas camarillas acostumbradas a manejar las cooperativas como si fueran de su propiedad. Debe ser rechazado en nombre del control democrático, de la expansión de la base impositiva y de la formalización de la economía.
Es de esperar que en el plenario de los diputados predomine la cordura para desterrar viejos esquemas que perpetúan privilegios indebidos, opuestos a la transparencia.
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Postales del microcentro y del país
Por Marcos Cáceres Amarilla
La manifestación en las plazas frente al Congreso y las marchas en la zona del microcentro asunceno de estos días adquieren diferentes significaciones, según sea el punto de vista de los actores y los intereses que estos representan.
Desde el Ejecutivo parece hasta ahora querer minimizar las consecuencias de esta disputa, definitivamente política, sin advertir que tienen mucho que perder.
Como ha ocurrido en la historia política reciente del país, es posible que, con esa actitud, el oficialismo esté ayudando a crear un adversario político-electoral que hasta ahora no tenía símbolos alrededor de los que agruparse.
Los representantes del Gobierno cuestionan la suma variopinta de manifestantes que se fue y se va dando, con reclamos de todo tipo, sumada a una actitud que consideran de provocación y el hecho de empeorar el ya caótico tránsito cotidiano en la Capital.
Del lado de los líderes de la manifestación, resulta lógico que las acciones que realizan apunten a hacerse notar y, por eso mismo, mejor es para ellos si se juntan cada vez más sectores, organizados o no, de la ciudadanía, con sus reclamos particulares.
El oficialismo quiere instalar la idea de que estos reclamos que se van sumando en las plazas frente al Congreso son fruto de un oportunismo político y que tienen un componente de desorden e irracionalidad. Sostienen que sus demandas se refieren a cuestiones tan dispersas que requieren, cada una de ellas, de una atención específica.
Desde otro punto de vista, las características de esta manifestación pueden leerse como un síntoma que se corporiza en las plazas de un malestar ciudadano por la falta de resultados y de ejecutividad de parte del Gobierno.
La percepción es que el Poder Ejecutivo quiere hacer pero, por su incapacidad, no hace. Lamentablemente para esta administración, el culpable a señalar no puede ser, como tantas veces, el Congreso, que ha aprobado casi todos los préstamos internacionales, bonos soberanos y leyes que quiso el Ejecutivo en los primeros dos años de su gestión.
La versión que se maneja hasta ahora en el ambiente político es que el Jefe del Ejecutivo solamente espera que se concreten los resultados en los próximos meses para lanzar después su plan de reelección.
Sin embargo y debido al cariz que ha tomado la actual manifestación, la forma en que resuelva el Gobierno esta coyuntura puede condicionar sus planes políticos y partidarios futuros.
El Ejecutivo preferiría que la protesta se vaya desinflando sin consecuencias. En particular, sin que tenga que acudir a la represión, algo que tiene siempre consecuencias impredecibles. Pero tampoco se puede dar el lujo de brindar una imagen de debilidad que puede afectar su capacidad de negociación y de gobernabilidad inmediatas.
Actualmente, la zona del microcentro asunceno, en las plazas frente al Poder Legislativo, dan la imagen de que muchos problemas se han concentrado en el espacio de unas pocas cuadras. Están ahí las precarias casas de los damnificados, están los campesinos y cooperativistas, están las carpas de alumnos de la zona del bañado en el patio del Congreso.
Son fotografías muy distantes del “nuevo rumbo” que el Jefe de Gobierno anunciaba durante la campaña proselitista y en los primeros días de sus intentos de gestión.
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Fueron utilizados
Por Edwin Brítez
Las personas que se manifiestan frente al Congreso son de lo que se conoce como el sector social: campesinos, cooperativistas, estudiantes, educadores, limpiavidrios, choferes, frentistas etc., todos ellos electores y potenciales votantes (no todos concurren a votar). En consecuencia, el colectivo reunido en la plaza es un interesante mercado electoral para cualquier potencial candidato.
Al mismo tiempo, el momento en que se plantea el evento es propicio para montar un showroom donde se barajan todo tipo de intereses planteados erróneamente como derechos inalienables exigibles al Estado, con los cuales coincidentemente están de acuerdo todos los oradores en ese momento, claro, porque no cuesta nada prometer solución cuando ninguno de estos participantes calificados tiene la responsabilidad de encontrar esa solución.
Cada uno de los stands montados en el showroom tiene una demanda, tales como condonación de la deuda de los campesinos, que no interesa a los cooperativistas; el no pago de IVA en actos cooperativos que no interesa a los limpiavidrios; el empleo en la función pública solicitado por los limpiavidrios para dejar la calle, que no interesa a los campesinos; la renuncia de la ministra de Educación que no interesa a los choferes, o el no pago de doble peaje que no importa a los estudiantes, o el problema de los frentistas que no interesa a los docentes.
Sin embargo, todos estos intereses dispersos reunidos en una masa plural es lo que comúnmente se conoce como grupos de presión, donde cada grupo defiende legítimamente sus intereses y lucha a su manera por lograr el objetivo. No es, en teoría por lo menos, la búsqueda del poder porque el poder es el medio (no el fin) al cual pretenden convencer para que cada uno o todos juntos puedan llegar a la meta.
Inútilmente, creo, algunos políticos buscaron incidir sobre el atractivo mercado electoral para un futuro compromiso. Por ahí desfilaron liberales, Lugo y luguistas, colorados disidentes y hasta precandidatos independientes, intentando resumir las voces de reclamo en un solo rugido de malestar.
Los políticos de afuera, no los que están dentro del showroom, piensan sacar una tajada de esa masa humana y no piensan que para cada uno de los manifestantes, ellos (los oradores políticos) no son sino uno más en la causa, porque en la mente de los movilizados solo están sus demandas y, muy lejos, el momento de votar.
El hecho de que digan que coincidan con ellos y prometen apoyarlos no les asegura que voten por ellos, porque si no fuera así el Gobierno supondría (equivocadamente también) que condonando la deuda y concediendo a todos los demás sus demandas, ya cuenta con el voto de todos ellos para su próximo candidato.
Desde este punto de vista creo que, contrariamente a lo que se dice, Lugo y los demás políticos que pasaron por el escenario del showroom fueron utilizados esta vez. Lo mitã ko ndaivyrovéima.
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Riesgosa percepción ciudadana de ausencia de justicia social
La presencia de campesinos y cooperativistas, a los que se están sumando otros sectores como transportistas, jóvenes y docentes es la manifestación del malestar que genera vivir en un país donde las políticas públicas no solo no han podido reducir las profundas desigualdades económicas, sino que en muchos casos las han profundizado como es el problema de la concentración de la tierra. La evidencia en todos los países muestra que no es la pobreza la que genera mayores niveles de conflictividad social y política, sino las desigualdades. Frente a la actual situación en la plaza, el Gobierno tiene que dar señales claras de que ejerce su poder para todos y no solo para una minoría.
Esta percepción no está desvinculada de hechos reales. En el último año, las estadísticas muestran que los ingresos de los más ricos crecieron mucho más que los demás. Se evidencian importantes incrementos en la inversión social y de obras, pero estos recursos no están llegando a la ciudadanía, ya que aumentan los gastos en salud y los hospitales están desabastecidos, el empleo no mejora sustancialmente su calidad y las escuelas no cuentan con los insumos básicos ni con una infraestructura mínima.
Ni hablar de los recursos dirigidos a la agricultura campesina que no fueron capaces hasta ahora de mejorar la oferta de verduras y hortalizas, necesaria para aumentar los ingresos campesinos y reducir los costos de la canasta familiar.
Nunca un gobierno tuvo tantos recursos como este. Las autoridades deberían preguntarse qué es lo que está pasando con su gestión. Después de casi tres años, son pocas las mejoras.
A la falta de resultados se agregan medidas que generaron críticas desde muchos sectores, no solo de los campesinos o pobres como lo fueron el veto al impuesto a la soja, el pago de la deuda de una empresa azucarera, el subsidio a los transportistas.
Todo esto en el marco de despilfarro de recursos con alta probabilidad de conductas corruptas de empleados públicos. Si no hubo corrupción, seguro hay desidia y falta de compromiso y responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Las autoridades afectadas no tuvieron mejor salida que pelearse entre sí e incluso una de ellas fue confirmada en su cargo.
La promesa de esta gestión era la eficiencia y el combate a la corrupción. La primera pareciera que no se cumplió y la segunda se limitó a colgar las listas de funcionarios y sus salarios en las páginas web oficiales.
En este contexto, no se puede negar que los sectores movilizados tienen razones para hacerlo y para demandar medidas que les beneficien. Se podrá estar de acuerdo o no con las medidas, pero lo cierto es que las desigualdades existen y los privilegios permanecen. Este Gobierno no ha dado señales claras sobre sus objetivos de reducción de las desigualdades.
En este momento de la historia paraguaya, después de años de crecimiento sostenido y de importantes políticas públicas que incluso generan un endeudamiento a largo plazo, es insostenible social, política y económicamente un Estado que beneficia demasiado a pocos y deja al resto en la sobrevivencia y vulnerabilidad permanentes.
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Atrapados en el tráfico
14 Abr 2016
Por Clari Arias
Escribo este artículo en el auto, esperando que la interminable fila de vehículos avance por lo menos unos pocos metros. Hace ya casi una hora que estoy atrapado, junto con otros esclavos modernos, en el tráfico infernal de las calles de Asunción. Desde afuera me llega el inconfundible olor de la pólvora de los petardos y el insoportable estruendo de éstos. Logro divisar a un compacto grupo de gente que con precisión de orfebrería está causando el caos en el centro de la ciudad, marchando en horas laborales por causas casi imposibles.
Hace once días que cooperativistas y campesinos se unieron para protestar por sus pedidos al Gobierno. Los primeros quieren dejar sin efecto una ley que los obliga a pagar el IVA sobre los productos financieros que generen ganancias a las mismas, y la conformación de sus consejos de Administración a través de elecciones con representación proporcional (el famoso sistema D’Hondt). Los campesinos, financiados por los cooperativistas para soportar este largo peregrinar por la capital, piden la condonación de distintas deudas asumidas por ellos en sus actividades de campo (agrícolas principalmente), con la banca pública y la banca privada. Sigo en el auto, todavía atrapado por el mal tráfico que generan estos manifestantes, mientras escucho hablar al vocero de los campesinos, un tal Jorge Galeano, luego de reunirse con los obispos católicos diciendo que más de 250.000 familias esperan que sus deudas sean asumidas por el Gobierno, a través del dinero obtenido por la colocación de los bonos soberanos. Estoy en el auto y tengo ganas de matar y matarme, por lo que enciendo un cigarrillo para frenar la ansiedad. “Condonación de deuda” me digo a mi mismo. “Y a mí, quién carajos me condona nada”.
Este es el preciso instante en donde, por fin, la fila de autos se mueve algo. Lo suficiente para ver más de cerca a los campesinos marchantes: casi todos ellos portan palos tipo garrote, que para alguien de la ciudad como yo, por supuesto, es un arma amenazante. Después de ver decenas de manifestaciones como estas, y de participar en algunas de ellas, me pregunto, ¿por qué la Policía los deja andar con esos garrotes en la mano? ¿Es para infundirnos miedo? ¿Es para defenderse ante una posible represión policial? ¿Es un símbolo? Con sinceridad, no lo sé, pero tengo la certeza de que no necesitan palos/garrote para manifestarse.
Llegué a destino después de perder una hora de mi existencia en el endiablado embotellamiento creado por los cooperativistas/campesinos. Perdí también mi reunión de trabajo, así que me instalo con comodidad en el auto para así terminar estas líneas. Quiero entender a los manifestantes que me fastidian todas las mañanas (y ahora también las tardes). Estoy en contra del IVA a las cooperativas; estoy en contra de la condonación de cualquier deuda a los campesinos. Y no termino de entender cómo se juntaron dos grupos con solicitudes tan diferentes: ¡unos piden dinero, los otros no quieren dar dinero!
Lo que más me enerva de esta vaina es la inutilidad de las fuerzas públicas del orden (Ministerio del Interior, Policía, Fiscalía) que ante el miedo de una tapa de diario o de algunas críticas de los sectores de la izquierda, están totalmente paralizados ante la grosera violación de la Ley del Marchódromo y de la propia Constitución Nacional. Es intolerable la lenidad de las fuerzas del orden en los últimos años, dejando que cualquier grupo medianamente organizado haga lo que se le antoja en la calle, en desmedro de los derechos de la mayoría.
Sepan los manifestantes de estos días que el acto violento de no dejarnos circular libremente por las calles de Asunción engendrará cada día más rabia. Y que si siguen en su tentativa de mortificarnos la existencia, pronto serán utilizados como pretexto para que las voces más conservadoras vuelvan con el discurso de la mano dura. Y muchos nos adheriremos a ese discurso, lamentablemente.
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Privilegios
Por Wendy Marton –
El Estado destina aproximadamente USD 467,6 millones al año a «gastos tributarios» (exoneraciones y tratos diferenciados), lo que representa casi 2% del PIB, según un informe elaborado por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), a pedido del Ministerio de Hacienda. De este total, las exoneraciones otorgadas al sector cooperativo cuestan aproximadamente USD 8 millones, es decir, 0,03% del PIB.
El CIAT define a los gastos tributarios como los recursos monetarios dejados de percibir por el Estado, a causa de la existencia de incentivos o beneficios que reducen la carga tributaria directa o indirecta de determinados sectores, industrias o tipo de personas –con relación a un sistema tributario de referencia– con el fin de alcanzar ciertos objetivos de política económica o social.
Los gastos tributarios incluyen exenciones (exoneraciones) y exclusiones (hechos no gravados), deducciones, alícuotas (tasas o tipos) reducidas, créditos, diferimientos, regímenes tributarios simplificados, especiales o promocionales (tax holidays) y reintegros. De acuerdo con los datos de Hacienda, en Paraguay hay 64 tipos de gastos tributarios, de los cuales 32 corresponden al IVA, por combustible, educación, créditos al agro y alícuotas reducidas de medicamentos, entre otros; seis corresponden al IRP; 23 al impuesto a las actividades económicas (cooperativas, créditos, zonas francas, entre otros); y tres a derechos aduaneros.
Es decir, todos estos sectores tienen algún tipo de privilegio, y no pagan la totalidad de los impuestos que los demás sí estamos obligados a pagar.
Por qué el Estado fue primero a la caza de las cooperativas donde se aglutina a una población mayoritariamente de clase media y baja y no a la clase más favorecida. Ya después de aprobarse el IVA a las cooperativas, cuando se intentó poner fin a los privilegios del sector más rico tratando de eliminar la posibilidad de que ya no puedan deducir gastos de compra de aviones y yates para disminuir (o no pagar directamente) el IRP, los más poderosos apenas parpadearon y el presidente Horacio Cartes ordenó detener cualquier análisis.
Mientras por un lado el discurso oficial sostiene que no se puede seguir castigando a la gente más pobre con impuestos indirectos, por el otro recurre precisamente a este tipo de tributos para poder solventar la gigantesca estructura estatal que dilapida el dinero de los contribuyentes en gastos de oro.
La idea de gravar con IVA a cooperativas tiene como objetivo cobrar solo a cinco de ellas (las más grandes), sin importar que en ese camino se perjudique al resto. El Gobierno debería buscar mecanismos no solo para cobrar a los más ricos, sino también para mejorar el gasto público.
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Democracia “buenuda”
Los cooperativistas y campesinos que se están manifestando en Asunción, se burlan de todo el mundo. De la ciudadanía, del gobierno, de las leyes, de la Policía, del municipio, de lo que les dé la santa gana en realidad, según lo que está pasando últimamente.
“Tomaron” literalmente nada menos que el centro de la capital, donde activan todas las oficinas públicas, los bancos, la sede del gobierno, del Congreso, etc. y nadie les dijo esta boca es mía.
Luego para provocar más caos, “desinformaron” a la Policía de Tránsito sobre el itinerario de sus marchas, de modo a bloquear por más tiempo las calles lo que provocó descomunales embotellamientos.
Y los asuncenos, estoicos, aguantando la vela dentro de sus respectivos vehículos. Se creería que estaban de acuerdo con los propósitos de los manifestantes, pero no, cuando fueron entrevistados, todos… “put…”, contra la medida de fuerza. Dijeron que lo hagan, pero en las plazas, etc., sin joderle la vida a nadie.
Pero nadie reaccionó.
Ayer mismo, el gobierno los llamó por enésima vez al diálogo. Los esperaron, en el caso de los campesinos, la plana mayor de los ministerios del ramo, etc., gente con poder de decisión para arribar a soluciones. Y nuevamente se burlaron de la iniciativa.
No. Decidieron no concurrir, porque ñandeco no se le hizo llegar en forma la invitación, sino que se enteraron por los medios de prensa. No sirvió de nada que los mismos ministros se comunicaran luego telefónicamente con ellos. No querían ir y listo.
Ahora están exigiendo una “cumbre” de poderes para que les solucione sus problemas a ellos, por supuesto la condonación de las deudas figura en primer lugar, y también a los miserables sindicalistas, que no desean pagar el IVA que serán responsables luego del cerrojo que les aplicará el gobierno a sus entidades que hasta hoy día jugaron con el “arco libre”. Seguro que los titulares de los tres poderes saldrán corriendo a atenderles su reclamo. Así pues está planteado el tema.
Sencillo. Se aprovechan de la democracia. Este es un país traumado por la dictadura. Nadie quiere poner mano dura, por el recuerdo de las represiones salvajes del stronismo. Y eso, está provocando que se produzcan estos desbordes. La autoridad tiene que ser ejercida, con la ley en la mano por supuesto, pero nadie debe violar impunemente como está ocurriendo normas elementales de convivencia ciudadana.
Están apareciendo también como moscas a la miel los politiqueros que buscan sacar réditos a la situación. Los luguistas entre ellos. En realidad, son los propiciadores de todo el problema con la fabulosa promesa que le hicieron a la pobre gente a la que utilizan: Perdonarles sus deudas. ¿Por qué no lo hicieron ellos cuando eran gobierno?
También los liberales aportan lo suyo. Sin pueblo y sin afectos, buscan cobijarse bajo estas circunstancias, sin que les importe un pito el devenir futuro de la nación.
Democracia “buenuda”·, que tiene que ser replanteada. A los sinvergüenzas y politiqueros nada, a quienes desean trabajar, todo. En el marco de ley. Pero con energía, sin traumas del, pasado, con fuerza, con dureza, sin excesos. No más tibieza de la que se aprovechan los pillos en desmedro de las grandes mayorías del país.
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¿Qué esconden los “cooperativistas”?
Casi tan belicosos como los grupos campesinos que se apropiaron del centro de Asunción desde hace 12 días, los cooperativistas, muy “indignados” ellos, anunciaron que seguirán movilizados por al menos una semana más, aunque aclarando que están preparados para continuar atropellando impunemente los derechos de la ciudadanía por otros 30 días. Lloraban por la herida. Fue a pocos minutos de que Diputados rechazara el proyecto de Ley que tenía por finalidad eximir a las cooperativas de pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los intereses de los créditos que otorgan a sus asociados, tal como establece la normativa sancionada por el Congreso en el anterior periodo legislativo. Ahora “exigen” a la Cámara Baja que trate con carácter de urgencia otro proyecto que les permita mantener el absurdo privilegio del que gozaron por años, suspendiendo la aplicación del tributo, que entró en vigencia el 1 de abril, nada menos que por otros seis meses. Habiéndose demostrado que el impacto en el bolsillo de los prestatarios será ínfimo, poco más de 3.000 guaraníes por cada 5 millones, cabe que nos preguntemos por qué tanta obstinación de parte de estos “señores”. ¿Acaso tienen algo grave que esconder?
Todos los economistas, de la corriente ideológica que fueren, coinciden en que el IVA es un tributo que influye decididamente a transparentar y formalizar la actividad económica. Entonces, por una cuestión de lógica formal, lo que hacen los dirigentes de las cooperativas crediticias al rechazar con tanta tenacidad dicho impuesto es oponerse a que sus actividades se transparenten, lo cual resulta más que sospechoso.
Para que el lector tenga una ligera idea de cuán poderosas son estas entidades, basta con señalar que representan el 20% del sistema financiero en su conjunto y que desde ellas se financia 1/3 de la producción de soja, girasol y otros granos. No hablamos, pues, de “pancheros” ni de vendedores de “pohã ñana”, sino de instituciones poderosas que, sin razón alguna, se sienten “merecedoras” de ser dispensadas de cumplir con una obligación de la que ningún otro mortal puede escapar.
Lo paradójico del caso y que refuerza las dudas sobre la verdadera causa de la férrea oposición, es que los sujetos de crédito no dijeron una palabra al respecto, pero los directivos de estas instituciones equiparan la aplicación del IVA a dicho sector como si se tratara del fin del mundo, cuando a lo sumo podría significar el fin…de sus “chanchullos”.
Durante años fueron una cofradía privilegiada y eso está llegando a su fin. Por un principio básico de equidad tributaria, tendrán que pagar lo que pagamos todos los paraguayos, pero tan o más importante que eso, se verán obligados a que sus operaciones se realicen en un marco de transparencia, lo que hasta ahora nunca sucedió.
¿Qué quieren seguir escondiendo? Aún no lo sabemos, pero con certeza nada bueno, por eso tanta “histeriqueada” y desesperación.
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Diálogo sincero para una sociedad más justa
15 Abr 2016
La construcción de una sociedad equitativa en la que todos los ciudadanos se sientan representados, con derechos a los cuales aferrarse y obligaciones que deben cumplir, es un compromiso que escapa a la coyuntura puntual en un tiempo y lugar específicos. Los grandes acuerdos deben debatirse a cara descubierta, presentando en la mesa todos los factores que intervienen en la arquitectura de este desafío.
Pensar en un país que solamente tenga una mirada puesta en ciertos sectores es un error, ya que se rompe todo principio de equidad. Privilegiar a unos sobre otros tampoco es admisible, cuando convivimos en un entorno en donde la interacción es constante y la convivencia un imperativo en el que se debe coexistir positivamente.
Paraguay requiere de un esfuerzo mancomunado entre los diversos actores sociales para empezar este proceso de acercamiento que es necesario. Ese reto debe ser incorporado como base fundamental de todo tipo de emprendimientos que tenga como fin el bosquejo de una alternativa de salida a las discusiones que se presentan en cada momento de la dinámica social.
Para lograr este objetivo, el primer paso debe sustentarse en el diálogo amplio en donde los referentes puedan expresar ideas, pensamientos, intenciones, temores y expectativas. Una vez establecido este punto de partida, el panorama es mucho más claro, puesto que las reglas de juego están definidas y no se puede embarullar el sistema con factores externos a la meta establecida.
Es imprescindible que este proceso de negociación sea constante y sincero, evitando posturas radicalizadas que solo intenten forzar una tensión que pretenda justificar una agenda propia, establecida para privilegiar intereses sectarios. Esta situación es harto conocida por diversos protagonistas de la realidad paraguaya, que la tienen incorporada como parte inicial de todo proceso, disfrazado de acercamiento, aunque en realidad es para legitimar posiciones que no favorezcan la confluencia de ideas.
Es imposible creer que en un proceso de estas características se conseguirá un pensamiento único, que se impondrán pareceres, que se unificarán posturas. Lo enriquecedor de la democracia es justamente esta múltiple cantidad de voces que pueden opinar libremente sobre lo que consideran mejor para resolver un asunto. Respetar las diferencias y buscar puntos comunes de acuerdos mínimos para cimentar políticas públicas que encuentren la salida a los dramas sociales es el camino.
La mezquindad y el oportunismo partidario debe dejarse de lado, aunque pensar en eliminarlo es aferrarse a una utopía. Entonces, se debe minimizar el impacto de este accionar basando las discusiones en proyectos y en ideas, dejando de lado los colores y sectarismos, que tanto tiempo perjudicaron el desarrollo del país.
En la medida en que incorporemos este ejercicio a la convivencia periódica de la ciudadanía, comenzaremos a esbozar un destino mejor para nuestro país. Campesinos, empresarios, cooperativistas, estudiantes, políticos, maestros, trabajadores, todos al final de cuentas hacen a la vida cotidiana de nuestra sociedad y es imposible intentar edificar un país distinto sin el aporte de cada uno de ellos desde sus diferentes especialidades.
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Derechos, de los unos y de los otros
16 Abr 2016
Por Antonio López
Los derechos de unos terminan donde comienzan los derechos de los demás. Esto más que un principio de urbanidad es, o tendría que ser, sin dudas, una regla de vida, pero por lo que se está observando en estos días con las manifestaciones de cooperativistas y campesinos, esa premisa está muy lejos de ser cumplida.
Y es que llegar hasta el centro capitalino o siquiera alcanzar las calles cercanas a las céntricas y tradicionales arterias se está volviendo una aventura peligrosa para quienes solo pretenden llegar a sus lugares de trabajo o hacer uno que otro trámite por esos sitios. Una aventura peligrosa, puesto que los manifestantes solo quieren imponer sus razones, no entienden otras y de ahí parte la violencia; una violencia que el jueves quedó demostrado con el “ataque” de los labriegos a un joven que intentaba hacer su tarea diaria.
No pretendo entrar a discutir si los labriegos y cooperativistas u otros sectores que no están de acuerdo con el Gobierno tienen razón o no en sus protestas, porque en realidad ese no es el tema que busco tocar, sino el porqué de la violencia con que actúan cuando un gran sector de la ciudadanía no está con ellos, o no los apoya de una u otra forma. Y es en este punto donde el principio de los derechos de unos y otros deben entrar a tallar. Pero parece que no.
Tratar de imponer una razón a la fuerza no es, desde ningún punto de vista, lo ideal, y eso es lo que quienes se están manifestando desde hace semanas en el centro capitalino no quieren entender. Y está todo bien con las protestas, porque cada quien tiene el derecho de manifestarse contra una medida, una resolución, un decreto o lo que sea con el que no está de acuerdo, pero en el país hay otros ciudadanos que también tienen sus derechos a trabajar, a movilizarse por todo el territorio, en esta caso la capital, sin tener trabas de ningún tipo, y es ahí donde se nota la intransigencia de un sector que cree que solo ellos, y nadie más que ellos, son los que tienen el “derecho de protestar por sus derechos”.
Se puede discutir si los políticos (quienes no son santo de mi devoción) son corruptos o no, se puede disentir con el gobierno actual, se puede hacer cualquier tipo de pedidos, de exigencias, argumentando miles de cosas, pero lo que no se puede es cercenar el derecho de los demás, y sobre todo si es con violencia. Y es en este punto donde los que están ocupando desde hace semanas las calles de Asunción no entran en razones. Es así de simple, no es algo que está disfrazado de otra cosa, está ahí, a la vista de todos.
Son miles los ciudadanos que se manifiestan, pero también son miles los que deben cumplir una tarea, no importa qué tipo de tareas, y que deben transitar por el centro capitalino, pero no pueden hacer. Son cercenados en sus derechos por otros ciudadanos que, lamentablemente, actúan con violencia; una violencia que de no parar podría tener graves consecuencias.
Y así como reitero que no le doy ni le quito la razón a los que se manifiestan, a los que dicen luchar por sus derechos, por sus reivindicaciones, así también sostengo que nadie, bajo ningún argumento, debe impedir que cualquier ciudadano pueda movilizarse por los sitios que quiere dentro de todo el territorio del país.
Lo de la agresión al joven trabajador no debe repetirse. El lamentable hecho ocurrido en el centro capitalino, quizás ya no se pueda borrar como antecedente, pero no puede de ninguna manera convertirse en un precedente de otras agresiones que en nada contribuye para el país.
Todo bien con las protestas pero también debe estar todo bien con quienes solo quieren cumplir con sus obligaciones diarias y por qué no, con quienes solo quieren dar una vuelta por las inmediaciones del Palacio de Gobierno o el Congreso. No es difícil, solo hay que saber ubicarse.
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Aprendizajes sobre el reclamo de las cooperativas
Por Alberto Acosta Garbarino
La semana pasada las calles de Asunción fueron un verdadero infierno, como consecuencia de las marchas, realizadas por diferentes manifestantes, en reclamo de varias cuestiones.
Uno de los temas más importantes y polémicos ha sido la exigencia de los cooperativistas de mantener la exoneración del cobro del impuesto al valor agregado (IVA) sobre los intereses percibidos por sus instituciones.
El debate –acalorado y violento por momentos– entre los que estaban a favor y los que estaban en contra del cobro de dicho impuesto, trajo más oscuridad que luz a este tema tan complejo e importante.
Los que estaban a favor indicaban, con razón, que actualmente existen numerosas excepciones en el cobro del IVA; mientras que los que estaban en contra indicaban, también con razón, que si queremos formalizar nuestra economía y disminuir la evasión, es fundamental que todos paguemos el IVA.
No puedo dejar pasar la semana sin expresar mi opinión sobre esta cuestión, que a su vez está basada en mis convicciones sobre el tema impositivo.
Una convicción que tengo es que tanto por razones económicas como por razones éticas, todos los habitantes de un país deben pagar todos los impuestos que afectan a cada una de las actividades, sin excepción.
Por ejemplo: si existe un impuesto que grava las ventas, todo aquel que vende algo debe pagarlo; si existe un impuesto que grava la tierra, todo aquel que tiene tierra debe pagarlo.
Y en todos los casos debe pagarse el mismo porcentual sobre la base imponible. Solamente en el impuesto a la renta estoy de acuerdo con un sistema porcentualmente progresivo, donde las rentas mayores deben pagar un impuesto porcentualmente mayor que el de las rentas menores.
Otra convicción que tengo es que si existen sectores sociales menos favorecidos o sectores económicos que necesitan estímulos para su desarrollo, se justifica plenamente algún tipo de ayuda o subsidio por parte del Estado… es decir por parte de todos nosotros.
Pero también tengo la convicción de que este subsidio nunca debe darse por medio de la exoneración del pago del impuesto y por lo tanto afectando los ingresos del Estado, sino que debe darse por medio del gasto público, por medio de un subsidio aprobado por un tiempo determinado y por un monto de gasto definido en el presupuesto del Estado.
Basándome en estas convicciones, no puedo estar a favor del reclamo de los cooperativistas de no pagar IVA, pero sí puedo estar a favor de evaluar si existen sectores dentro del cooperativismo que se encuentren en situación de pobreza y que necesitan ser beneficiarios con algún tipo de subsidio.
En resumen, mi posición es que TODOS debemos pagar TODOS los impuestos, sin excepción y que los subsidios a los sectores que lo requieren deben darse por el lado del gasto público.
Esperemos que los reclamos de la semana pasada nos lleven a revisar TODAS las exenciones impositivas que hoy tiene el IVA, tanto aquellas que exoneran la totalidad del pago como aquellas que permiten pagar un porcentaje menor al diez por ciento.
Por otro lado, también espero que si existen sectores sociales a los que atender o sectores económicos a los que estimular, hagámoslo por el lado del gasto público con un subsidio bien determinado.
Creo que el Gobierno (Ejecutivo y Legislativo) debe sacar lecciones de los caóticos reclamos de las semanas pasadas y una de ellas debería ser que en el cobro de impuestos deben acabarse las odiosas exenciones.
Si la ciudadanía toma conocimiento de que por medio de alguna ley aprobada «entre gallos y medianoche», algún sector obtuvo algún beneficio impositivo, casi aseguraría que la reacción ciudadana va a ser mucho más violenta que la de la semana pasada.
Ese es el aprendizaje que nos ha dejado el reclamo de los cooperativistas.
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Recogerás tu siembra
Por Mabel Rehnfeldt
La semana que se va pasé como 23 horas trancada en el tráfico. Cuando estaba por plaguearme públicamente, me tocó quedarme exactamente detrás de la marcha y tuve más de una hora para verlos. Entre los pocos cooperativistas sobresalían humildes campesinos y campesinas que a esa altura ya lucían más cansados que quienes estábamos trancados.
Rostros hastiados, ropas raídas, zapatillas, mochilas desteñidas en sus espaldas… Caminaban cuando les ordenaban, paraban cuando les decían, todo bajo el sol de 36 grados… mientras muchos los mirábamos desde el aire acondicionado.
Allí se me fueron las ganas de quejarme: Ellos lucían más cansados y hartos que quienes esperábamos poder pasar.
Sacando a los avivados de siempre –entre los que nombro primero a Elvio Benítez–, muchos de los que están marchando hoy por Asunción y “quebrantando” nuestras cómodas vidas urbanas son paraguayos y paraguayas a los que les han venido mintiendo desde el advenimiento de la democracia en 1989. Ese ciudadano campesino, pequeño productor, padre o madre de familia, que en los últimos años estuvo cerrando rutas pidiendo asistencia, caminos, ayuda crediticia, ese al que en cada mesa de trabajo de todos los gobiernos que pasaron –incluyendo Lugo que ahora fue a discursearles– le prometieron que tuviera más paciencia porque estaba en camino LA solución.
Y LA solución que vienen prometiendo gobiernos democráticos no llegó ni llega. Ese sistema ideal que les permita vivir con dignidad, trabajando para producir, produciendo para vender, vendiendo para ganar el dinero que necesitan para alimentar, educar y vestir a sus hijos.
El sistema ideal no tiene grandes secretos: Necesitan un plan que se sustente en el tiempo con asistencia crediticia para cultivar, buenos caminos y elementos de transporte para sacar sus productos al mercado. Necesitan no ser abandonados.
Hasta ahora, las promesas duran lo suficiente para sacarlos de las rutas y evitar que sigan cerrándolas. Y el olvido pronto llega hasta la siguiente manifestación, cierre y corte de ruta del cual nos enteraremos por los medios de comunicación. Con todos nosotros gritando porque se violan nuestros derechos a transitar y el de ellos porque se violan sus derechos a vivir dignamente.
Se ha creado un sistema tan miserable que parece diseñado para tenerlos así, obligarlos a mendigar y aceptar la limosna de autoridades de turno, algunas veces con líderes tan corruptos como el sistema. Y es todo tan perverso que siempre tuvieron que salir a cerrar rutas para que apareciera alguien que se sentara a hablar con ellos.
Mientras, pareciera que está bien que se use el dinero para las cosas que algunos deciden que está bien que se use: No hay problema para que carguemos con la deuda de Azucarera Iturbe como tampoco hubo problema con que pagáramos el desfalco de la financiera ARA. En su momento nos hicimos cargo de las deudas de los transportistas con el BNF y también ayudamos a comprar los ómnibus. ¿Quién decide en qué sí está bien que usemos el dinero estatal y en qué no? ¿Está bien cuando pagamos el servicio doméstico de Wapenka, los obreros de José María Ibáñez, la niñera de Víctor Bogado, los viajes a Cancún del titular de Defensa al Consumidor, los viáticos de la ministra Bacigalupo, el cocido y el agua de oro, el dinero de Perlita, los viáticos del viaje que no hizo Portillo, las amantes y sus familias?
Hasta ayer estas manifestaciones eran rurales; todo indica que estamos en presencia de un fenómeno nuevo y sin retorno, con el que Cartes deberá lidiar: Los reclamos han llegado a Asunción. Y esto no es nada bueno porque se han juntado la nafta y el fósforo, una mezcla que ya nos ha enseñado que no es nada buena para el país. Por si las moscas, recordemos qué pasó en 1999 cuando renunció Raúl Cubas Grau y en el 2012 cuando un juicio político se llevó a Fernando Lugo…
Recogerás tu siembra, así le dicen en la literatura.
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Facho, caviar y el profe
Por Guillermo Domaniczky
– Estos tipos están locos, un buen garrote les hace falta. Piden que se les regale todo lo que deben, cierran las calles y encima son agresivos.
La sentencia instaló el debate sobre el tema del momento, en el escenario de siempre. La mesa del bar en la que el grupo de amigos era capaz de resolver todos los problemas del mundo en una noche.
La respuesta fue casi inmediata.
– Para vos es muy cómodo, tenés para comer y vestirte, pero esta gente está luchando por su vida y la de su familia contra un gobierno insensible y corrupto.
– ¿Entonces vos justificás que cierren las calles y que sean violentos?
– No se trata de justif…
– ¡Claro que sí! Para vos es fácil escribir en tus redes sociales desde un teléfono o un teclado como toda la zurda caviar que no trabaja luego y no tiene que pasar por lo que pasamos los que tenemos que trabajar.
– Y vos sos un facho egoísta al que no le calienta nada de lo que pasa…
– Y vos un paranoico que pensás que solo ustedes tienen la verdad y que el mundo conspira contra ustedes.
El debate se transformó rápidamente en un intercambio de descalificaciones “ad hominem”, viejo recurso hijo de la impotencia del fallido intento de imponer ideas.
Una vez más tuvo que intervenir el profe, quien seguía calladamente la discusión, con la sabiduría del que sabe escuchar antes de abrir fuego.
– Pasa que los dos tienen un poco de razón. En general tendemos a ver las cosas de manera muy simple y binaria, o negro o blanco, pero la democracia tiene muchos más tonos grises.
El profe siguió explicando.
– Para mí los manifestantes actuaron mal, al no comunicar por dónde iban a marchar, para causar el caos en el tránsito y presionar al gobierno. Además hubo algunas agresiones, van a decir que fueron mínimas, pero ese suele ser justamente el error de los dirigentes, el minimizar y negar algo, en lugar de reconocer las cosas que están mal y ofrecer un liderazgo más positivo. Pero miremos el tema de fondo también. En ese grupo de campesinos hay gente que se endeudó para producir y trabajar la tierra, con una expectativa y una política de producción determinada por el gobierno. Como sabemos, esa política generalmente fue errática y solo se limitó al asistencialismo abonado por la corrupción. Hoy lo que estamos viendo es cómo esta bomba revienta en la cara de este gobierno, pero la realidad es que son décadas de mantener un mismo modelo.
¿Qué hay corrupción de los dirigentes campesinos? Claro que puede haber, así como puede haber también avivados entre los morosos. Por eso mismo creo que el Presidente se equivocó. Hubiese tomado el toro por las astas desde un comienzo. Creo que minimizó la movilización, basándose en los antecedentes de algunos de los dirigentes, por lo que ya tarde entendió que los problemas son reales y que nadie deja el lugar en el que vive si está viviendo bien y sin necesidades. Un presidente tiene la obligación de sentarse a dialogar con todos, de abrir las puertas. Inclusive eso lo beneficia para conocer el detalle de las cosas, e ir sobre ese detalle a contarle luego al país que gobierna si lo que se está pidiendo al gobierno es justo o no.
Pero acá hubo una negación del problema, en la creencia de que todo se acabaría como una de esas marchas que rutinariamente se hacen sobre la capital, terminó diciendo el profe.
El grupo lo escuchaba con atención. Antes de pasar a otro tema, uno de los integrantes propuso un brindis para superar el momento tenso.
Brindemos –dijo el profe– por la movilización ciudadana. Que, en un país generalmente desmovilizado, es un motivo para celebrar.
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Marcha atrás
Por Carlos Morales –
Desde hace un tiempo se viene observando una fuerte radicalización en la sociedad paraguaya. Esto no tiene que ver con que a los «zurdos» «contreras» «no les gusta luego nada». No, esta actitud está presente en ese segmento citadino, sobre todo de la capital, que se considera en posición de juzgar y criminalizar a cualquier grupo que reivindica sus derechos o realiza un reclamo específico.
Como ejemplo tenemos en las últimas semanas la marcha campesina y su pedido de condonación de deudas. Al referirse a ellos, muchos de los opinantes repetían al unísono, y sin pestañear (y menos analizarlos), calificativos como haraganes, con o sin hache, vividores, sinvergüenzas, etc.
Muchos de los que lanzaban el grito al cielo por los inconvenientes en el tránsito eran los mismos que cada mañana propician el caos vehicular al dejar a sus hijos en el colegio, evitando caminar unos metros. En las redes sociales, no faltaron quienes pedían represión hasta la aniquilación física de los manifestantes.
Mágicamente los problemas del país, desde la deuda externa, la presencia de Farías o los penales regalados a Olimpia, eran a causa de la manifestación campesina.
Actualmente, para esa parte de la sociedad, donde figuran desde personas pudientes hasta el trabajador de a pie del día a día y también comunicadores, el problema radica en la presencia de los pobladores de tierra adentro. Hace un tiempo la mira estaba puesta en los limpiavidrios y damnificados que tampoco, según su punto de vista, merecían consideración alguna.
A la indignación selectiva del ciudadano de «bien» no le importa saber ni entender la causa de los reclamos o las carencias de cada sector y menos aún el contexto que los propicia, más allá de las actitudes individuales. Solo le importa demostrar su rechazo visceral hacia ellos y nada más. Todo análisis queda de lado ante el prejuicio, la falta de empatía y solidaridad, aun aunque la protesta lo beneficie. Estamos viviendo desde hace unos tres años, con mayor fuerza, la marcha atrás como sociedad. Ha emergido un sector que ante cada reclamo tiene como respuesta la intolerancia y prepotencia. Un segmento de la ciudadanía que sigue teniendo bien dentro suyo el gen dictatorial que demuestra como el autoritarismo sigue tan vigente.
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TODO SIGUE IGUAL
Andrés Granje
Persiste el problema, la crisis y las manifestaciones campesinas se seguirán teniendo en la capital por el tiempo de un mes aun, según anuncian las diferentes organizaciones que participan de las protestas masivas de este mes de abril en la capital. Si al menos algo se puede destacar de positivo, es que mal o bien a comenzado el diálogo y la primera reunión entre las partes, donde asistieron representantes del legislativo, del ejecutivo y obviamente la dirigencia del interior del país. Si bien hasta el momento no existen acuerdos positivos o definitivos que celebrar el solo hecho que comience las negociaciones ya genera una sensación distinta por la expectativa que despierta que se pueda hallar alguna solución para satisfacer los intereses de la ciudadanía.
Lo que se espera es que no sea un diálogo de sordos en donde todos vociferan y nadie escucha o en donde todos ya tienen un libreto que desarrollar independientemente de buscar el consenso para arribar a soluciones satisfactorias para todas las partes. Aquí el problema es muy sencillo y complejo a la vez, por una parte los campesinos quieren la condonación de las cuantiosas deudas que tienen embargadas y al borde del remate sus propiedades, deudas contraídas según ellos por campañas agrícolas nefastas donde los precios fueron para abajo y no salvaron ni el envase y el flete de lo producido y enviados a los mercados. En tanto el estado por una cuestión de principio no quiere la condonación pues sería un mal ejemplo y luego ya nadie honraría sus compromisos crediticios.
Esta posición del estado es coherente con doctrinas económicas irrefutables basadas sobre la confianza y el cumplimiento de compromisos contraídos, así funcionan los países organizados, solamente que en el nuestro y para llegar a esta situación critica y lamentable, a esta pauperización constante del sector rural hubo muchos errores criminales, falta de política agraria, inequidades abominables y abandono a los deberes como gobernantes de generaciones de autoridades que derivaron en una situación critica que coloca al país al borde de una grave explosión social, que puede tener consecuencias catastróficas en contra de la nación. Las injusticias y los privilegios fiscales a los sectores agro empresariales fueron constantes, oprimiendo y expulsando de sus tierras a los campesinos minifundiarios.
Todo esto derivó en esta critica situación en donde todos los sectores sociales deben colaborar para zanjar el problema no es posible que tanta extensión de tierra fértil para la agricultura esté en 70 % de su extensión sin cultivarse, que en tierra tan ubérrima haya familias que tenga apenas una ingesta de alimento por día con las consecuencias de raquitismo y mala formación física de los niños. Es momento de corregir errores y en ese sentido el sector oficial no puede seguir con el autismo y la mudez que demostró en los últimos días en plena crisis en donde los principales voceros del gobierno no aparecieron, como si la preocupación ciudadana no aconteciera en el Paraguay. Basta de soberbias ultrajantes de los gobernantes la nación es una sola y en ella no debe haber divisiones en ciudadanos de primera y de segunda categoría.
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El camino de la concertación
22 Abr 2016
Por Carlos Talavera
Socio de ADEC
Las protestas de campesinos, cooperativistas y otros sectores afines han agravado la confusión y el desatino, tanto de los políticos como de los movimientos sociales – y ni qué hablar de los medios de comunicación y las redes sociales–. Rescatar algunos elementos de racionalidad de ese caos se vuelve una tarea impostergable para encontrar soluciones viables.
Se han instalado mesas de diálogo y concertación – por no usar la palabra “negociación”, que para muchos tiene olor a concesiones bajo la mesa, pero que es perfectamente legítima si se la usa en el sentido de buscar soluciones en conjunto donde todas las partes ganen y mejoren su relación–. Desafortunadamente, ese no parece ser el enfoque con el que las partes –el Gobierno y los actores sociales– están buscando salidas, y sí aparenta justificar aquel sentido fraudulento de buscar las máximas ventajas con el mínimo de concesiones.
Las acciones incoherentes que ha encarado el Gobierno en esta materia no son diferentes a otros empeños bien intencionados, pero carentes de una visión y un sentido de propósito en otras áreas de la gestión pública. Tampoco se trata de crear expectativas desmesuradas, porque soluciones definitivas no existen, sino un proceso progresivo de búsqueda, experimentación y evaluación.
En ese sentido, la discusión sobre condonación o refinanciación de la deuda campesina desvía la atención de los problemas reales de la agricultura familiar, y propone alternativas que por sí solas no son sostenibles. La condonación hará que los favorecidos dejen de ser sujetos de crédito en el futuro, y por ende incapacitados para progresar económicamente; o deberán depender de adelantos de intermediarios y acopiadores que imponen condiciones asfixiantes.
El campo paraguayo está marcado por 2 realidades diferentes: una agricultura tecnificada avanzada, altamente productiva y con rendimientos crecientes, y una agricultura no tecnificada, con baja productividad y rendimiento estancado o decreciente. La diferencia entre ambas no es el tamaño de los terrenos, sino la sostenibilidad económica y ambiental, que está vinculada a la incorporación de tecnología en todas las fases del proceso, agrícola de comercialización y de gestión.
Solamente entre 1992 y 2007, se canalizaron a los pequeños productores recursos de organismos internacionales del orden de los 4.500 millones de dólares americanos, sin resultados significativos. Otros recursos del Presupuesto de Gastos de la Nación registran una ejecución que oscila, según los casos, entre el 2% y el 32% de los gastos presupuestados, lo que implica que hay recursos, pero no se ejecutan.
Las soluciones pasan, entre otras, por la concertación de actores institucionales públicos y privados, y por la integración de pequeños productores en cadenas productivas más amplias. Cualquier tipo de solución debe encaminarse a superar la cultura asistencialista para incorporar a los productores en los procesos decisorios, mediando una óptima información y capacitación en cuestiones técnicas, económicas y de gestión, además de la práctica de la negociación colectiva en beneficio de todas las partes, construyendo una cultura de colaboración.
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Agua, sándwiches y zapatillas
Por Andrés Colmán Gutiérrez
A veces, un pequeño gesto humano dice mucho más que cualquier discurso político.
El martes último, cuando los campesinos que desde hace tres semanas acampan en Asunción, salieron a realizar su habitual marcha por las calles del microcentro, buscando ejercer presión para obtener respuestas a sus reclamos, sucedió algo que no estaba contemplado en el libreto de la protesta social.
A uno de los agentes de tránsito que se ocupaban de desviar los autos para intentar aliviar el gran atasco que provocaba la marea humana, le llamó la atención un niño pequeño que marchaba junto a los mayores, completamente descalzo sobre el negro pavimento de la calle Montevideo.
Era un día de mucho calor, con una sensación térmica de casi 40 grados. A Milciades Orué, inspector de la Unidad Motorizada de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción, le dolió en el alma el contacto de esos pies diminutos, curtidos y cuarteados, con el asfalto calcinante. Entonces entró en una tienda céntrica y compró un par de zapatillas, del tipo hawaianas.
Alguien pudo grabar con la cámara de un teléfono celular el momento en que el agente de la PMT alcanzó al niño, se arrodilló junto a él y le ayudó a calzarse el par de zapatillas. Fue apenas un instante, pero allí algo cambió. El mita’i siguió marchando, ya con sus nuevas zapatillas, con una sonrisa iluminándole el rostro. El inspector Orué se quedó a un costado, viéndolo alejarse, y enseguida retornó a cumplir su trabajo.
Ese gesto mínimo, registrado en un video que luego se hizo viral, fue quizás la respuesta más contundente a muchos prejuicios instalados en la sociedad.
En la misma semana hubo otro gesto admirable, que tampoco pasó inadvertido. Fue cuando la marcha pasó por las cercanías del Colegio Cristo Rey y los alumnos salieron al paso, repartiendo vasos de agua y sándwiches a los manifestantes. Las fotos de los campesinos que se detenían un momento, para beber y alimentarse, son las mejores imágenes de la solidaridad.
A tres semanas de la mayor movilización campesina y cooperativista, no es mucho lo que han conseguido como respuesta a sus reclamos. Aunque se ha abierto una mesa de diálogo con el Gobierno y los referentes de la clase política, la actitud hacia los campesinos sigue siendo muy distinta de la que se suele mostrar cuando se habla con los sojeros o con los empresarios transportistas. Pero se siente que desde sectores de la sociedad y desde los medios de comunicación hay como una mirada nueva, más solidaria, en respaldo a la lucha social, que trasciende el clima de confrontación inicial. Habrá que avanzar juntos en ese camino abierto con agua, sándwiches y zapatillas.
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Clanes perpetuos en cooperativas
Por Ilde Silvero
La ya prolongada discusión sobre la legalidad o inconstitucionalidad de que las cooperativas paguen el IVA cuando realizan operaciones con sus asociados esconde otro tema de mayor importancia para quienes las dirigen. Los cooperativistas rechazan el sistema D’Hondt (distribución proporcional de cargos según votos) para las asambleas electivas. Este es el tema de fondo que se niegan a aceptar los manifestantes dueños de las calles céntricas desde hace tres semanas.
El sistema D’Hondt es el mecanismo habitual de integración de entes colegiados como el Parlamento, las juntas municipales, los partidos políticos y asociaciones cívicas en general. El modelo obliga a integrar los organismos y las comisiones directivas según la cantidad de votos que hayan obtenido las diversas listas de candidatos. Esto garantiza que los ganadores ocupen los principales cargos y los perdedores, en minoría, accedan también a algunos lugares en los cuadros directivos.
Pero en las cooperativas no es así. Se votan listas cerradas y los movimientos ganadores se quedan con todos los cargos; no admiten a representantes de otros movimientos en los consejos de administración.
¿Qué ha ocasionado este mecanismo en muchas cooperativas? Que algunos socios se agrupan en un movimiento determinado, se apropian de los cargos directivos y de allí no los saca nadie, se quedan para siempre. Como la ley de cooperativas prohíbe la reelección en los cargos directivos, el clan gobernante utiliza un mecanismo simple para perpetuarse en el poder: rotan entre sí los diversos cargos. La comisión directiva se renueva en cuanto a los cargos, pero son siempre las mismas personas que intercambian posiciones.
De esta manera, hay clanes que controlan desde hace añares las principales cooperativas del país. En Asunción, hay cooperativas de graduados universitarios, de profesionales de la salud, de policías y gente del barrio San Cristóbal, los pobladores de Luque, los de Fernando de la Mora, etc., en donde hay clanes familiares o claques de amigos que controlan bajo monopolio sus respectivas asociaciones.
Estos grupos exclusivos y excluyentes, una vez afirmados en el poder, organizan, financian y controlan las asambleas electivas, para asegurar que ningún extraño meta sus narices en su administración y así poder seguir haciendo sus negocios con el dinero de los socios aportantes. El lema “todos para uno y uno para todos” se convierte en todo para nosotros y punto.
Por supuesto que este sistema que orilla la ilegalidad y se burla de la esencia del espíritu del cooperativismo no es universal, ya que en el país hay cooperativas que funcionan normalmente con una renovación periódica y democrática de sus cuadros directivos. Pero el perverso esquema está presente en algunas cooperativas grandes e importantes que mueven fondos multimillonarios y en las cuales la introducción del sistema D’Hondt en las elecciones podría transparentar y mejorar sustancialmente el manejo administrativo de las organizaciones. En consecuencia, de ninguna manera el Congreso debería rever la decisión ya adoptada y en vigencia que busca eliminar el manejo monopólico de las cooperativas por parte de clanes familiares o sectoriales.
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De incapacidades y actitudes necias
Por Rolando Niella
De un tiempo a esta parte casi no puede pasar una semana sin que haya algún engorroso conflicto en ebullición, algún sector tratando de hacer oír sus reclamos y lograr sus objetivos tomando plazas, bloqueando calles, deteniendo el tráfico en carreteras y puentes internacionales, etc. El más reciente de estos episodios es el protagonizado por cooperativistas y campesinos.
Sin duda, muchos de esos manifestantes tendrán buenos motivos para sus protestas. De hecho si todos los paraguayos que tenemos algunas razones valederas para quejarnos y reclamar saliéramos a la vía pública, muy pocas personas estarían en sus casas y todas las calles, carreteras y puentes del país estarían obstruidos.
Pero estas líneas no son a propósito de quién tiene razón y quién no la tiene, sino de la gravísima incapacidad que demuestran nuestras autoridades de prever, también administrar y resolver situaciones conflictivas, pero sobre todo de prever los conflictos.
Estas líneas son también, por supuesto, sobre la igualmente grave desmesura de los manifestantes, a quienes cada vez les importa menos quebrantar la ley y pisotear los derechos de los demás ciudadanos con tal de lograr sus objetivos.
En prácticamente todos los conflictos la tensión se agrava, porque el Poder Ejecutivo parece incapaz de atender los reclamos sectoriales hasta que estos no han reventado en una algarada furiosa de manifestaciones y medidas de fuerza.
Los correspondientes ministerios no anticipan los problemas; ni siquiera aquellos que todos sabemos que existen y que en algún momento explotarán. No proponen soluciones, no diseñan estrategias, no se sientan a la mesa de negociación hasta que no tienen una vocinglera multitud enojada en la calle; nunca atienden un fuego hasta que no se ha transformado en un incendio incontrolable.
La otra cara de la moneda es la irracionalidad y desmesura de las manifestaciones. Todos sabemos que los campesinos son un sector muy golpeado y abandonado, pero eso no les da derecho, por poner un ejemplo muy significativo y que hemos visto todos en televisión, a apalear a un pobre repartidor motorizado que está simplemente tratando de ganarse el sustento con su modesto trabajo.
Esa irracionalidad y esa desmesura son completamente contraproducentes, porque para tener éxito y lograr objetivos lo más importante es conseguir la simpatía y el apoyo de los ciudadanos; como demostraron más que de sobra el año pasado las inteligentes y mesuradas medidas de fuerza de los estudiantes secundarios y universitarios.
Pero, hoy por hoy, los ciudadanos, en lugar de apoyar a los manifestantes, están furiosos contra ellos por mucha justificación que puedan tener en sus reclamos; ante los desmanes, ante la falta de respeto y la agresión continua a las demás personas, ante la sistemática actitud de molestar, incomodar, obstruir y agredir las actividades de quienes nada tienen que ver en el conflicto.
¡Qué dañino, qué falto de inteligencia es pensar que una movilización tiene más éxito cuanto más molesta resulta para todos los demás ciudadanos! ¡Qué triste imagen de no tener argumentos, de matonismo, de agresividad y violencia innecesaria marchar enarbolando palos! El choque de la incapacidad de administrar de las autoridades con la necia desproporción de las protestas contribuye además a promover que oportunistas políticos pesquen en el río revuelto, caldeando aún más los ánimos y volviendo aún más difíciles las soluciones negociadas.
Ese desasosiego social, esa sensación de que todo se resuelve por la fuerza y nada por la negociación, ese enrarecido ambiente de conflicto permanente es, por otra parte, el caldo de cultivo para cualquier aventura autoritaria, como lo hemos visto suceder no solamente en uno sino en casi todos los países de la región, incluyendo al Paraguay; y no solo una vez sino reiteradas veces a lo largo de la historia reciente.
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Proselitismo cooperativo
Por Marvin Duerksen
Las cooperativas menonitas del Chaco Central siempre insisten en que no forman parte de ninguna clase de actividad política partidaria. Pero no siempre cumplen con este principio fundamental cooperativo, sobre todo en los últimos tiempos.
Cuando el mes pasado la dupla oficialista de los precandidatos colorados conformada por el Santiago Peña-Luis Gneiting realizó un acto proselitista en la zona, el siempre polémico político menonita Peter Siemens de Neuland dijo públicamente que las cooperativas del Chaco y los demás que integran la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod), les votarán todos en pleno, según le había dicho Edwin Reimer, presidente de Fecoprod.
Hasta ahora, ni Fecoprod ni cooperativa alguna ha marcado distancia de esta afirmación proselitista. Está demás decir que recuerda a los viejos y mejores tiempos del gobierno de Alfredo Stroessner, cuando la población de las colonias menonitas en su conjunto fue anotada como votante a favor del dictador, como afirman directivos de aquella época. Aunque, luego nadie acudió a votar y tan siquiera había urnas en la zona.
Recientemente, el precandidato Santiago Peña habló en la Fecoprod, agradeciendo la invitación para conversar juntos sobre proyectos de producción para la zona. Es decir, Fecoprod no espera hasta que un precandidato sea ungido como oficial, sino ya lo invita antes, lo que equivale a realizar un proselitismo interno partidario. En este caso, a favor de la Asociación Nacional Republicana (ANR).
Inclusive, se comenta, que hace un tiempo hubo opiniones de algunos directivos de Fecoprod, en el sentido de crear un propio partido, para promover políticas cooperativas y candidaturas políticas, lo que otros rechazaron enérgicamente. Y recordemos, hace dos años, algunos directivos de la cooperativa Chortitzer escogieron y promovieron su propio candidato colorado para la intendencia de Loma Plata, aunque después lo negaron, faltando a la verdad. Estos son solo algunos ejemplos presagiando una peligrosa corrosión del principio cooperativo a la neutralidad, garante histórico de credibilidad, producción y crecimiento.
Algunos directivos aprovechan el peso económico que tienen las cooperativas, para convertirlo en peso político, mercadean con esto y creen que esto debe ser el nuevo rumbo. Pero, olvidan que la actividad política, sea visible u oculta, ya destruyó a muchas cooperativas en este país y el mundo.
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Cooperativas, entre pecados propios y ajenos
La mayoría de las cooperativas de ahorro y crédito del país arrastran diversos vicios, tanto en el ámbito de la administración como de su organización “política”, algunas incluso directamente política, sin comillas.
Esos vicios debilitan los recursos económicos y los principios que deberían sustentar a entidades de este tipo.
El tema saltó de nuevo al tapete en los últimos días con la intervención de la Cooperativa Medalla, ordenada por el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), que alegó desórdenes administrativos que llevaron a la entidad afectada a superar ampliamente los límites de gastos establecidos.
Por suerte, al parecer la situación de Medalla no ha llegado todavía al punto de poder generar pánico y corridas de ahorristas, y estaría muy lejos aún de situarse en el final de los finales, como sí ya ha ocurrido con cooperativas como Coopemag, General Artigas o Cooperalba, cerradas y liquidadas, o Coofedelmo, que no termina de dar señales de recuperación y permanece bajo medidas de reanimación, al igual que varias otras.
Una de las primeras acciones que suelen tomar los interventores es la supresión de sucursales. Llama la atención la facilidad con que las cooperativas multiplican estos locales “auxiliares”, que representan una importante sangría de dinero, por su equipamiento y número de personal. Medalla es justamente un ejemplo de ello. El último informe de los fiscalizadores indica que cuenta con un total de 11 agencias, y como si estas no fueran suficientes, habilitaron también cuatro “centros de atención y cobranzas”.
La casa central de la cooperativa está en Fernando de la Mora, pero posee locales en sitios lejanos como Concepción, Ciudad del Este y Carapeguá, hasta donde seguramente llegaron para captar socios, lo que en realidad posiblemente ni siquiera les hacía falta, ya los tiene en exceso: al cierre del 2016 eran 180.301 socios.
El Incoop ha puesto también la mirada en la cantidad de personal. Hasta junio pasado figuraban en planilla un total de 549 empleados. A eso hay que agregar 23 puestos de dirigentes electos, más 115 dirigentes que componen los diversos “comités” (18 en total). Todos ellos cobran dietas.
Tampoco se pueden ignorar los datos que arrojan dudas o sospechas sobre multimillonarios contratos con algunas empresas, de las que uno no puede dejar de pensar, como mínimo, que son muy privilegiadas, exageradamente privilegiadas. Por ahora están en una lista a verificar.
Los pagos a dichas firmas, proveedoras de servicios y productos varios, llegaron en los últimos tres años y medio a cifras de miles y hasta millones de dólares: US$ 5,4 millones en un caso; US$ 812.000, US$ 688.000 y US$ 762.000, en otros, por citar solo algunos de los mayores montos.
Todo esto les sacaron ahora en cara a los directivos de Medalla. A primera vista pareciera justificarse la intervención. Y al conocer esta situación, uno no puede dejar de preguntarse sobre si las demás cooperativas están libres de estos vicios, de estas exageraciones de gastos.
A favor, uno de los dirigentes de Medalla defenestrados recientemente, Valentín Galeano (expresidente del Incoop), alegó que quedaron en una especie de offside financiero, porque el presupuesto anual tiene gastos rígidos y las proyecciones de créditos quedaron cortas, porque hoy les es difícil colocar préstamos. Para peor les surgió una nueva competencia, las llamadas “casas de créditos”, que proliferan enormemente.
Pero, ya sea porque están sufriendo las consecuencias de sus propios vicios o los efectos de pecados ajenos, las cooperativas deberían tomarse en serio la necesidad de sanearse. El hecho de que los socios sean “embromables”, ya sea porque no van a las asambleas o directamente no tienen opciones de influir en las decisiones, ya no debería ser un motivo para no hacerlo.
Por Jorge Benítez Cabral
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/cooperativas-entre-pecados-propios-y-ajenos-1636730.html
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Supervisión de cooperativas
Cuando la bienvenida furia moralizadora del Congreso haya alcanzado sus objetivos y amaine, cosa que ocurrirá necesariamente durante el próximo período parlamentario, hay tareas pendientes que deberán emprender ya sin excusas ni postergaciones. Las iremos enumerando a partir de ahora y ya ingresado 2018.
Una de esas tareas es la creación por ley de la Superintendencia de Cooperativas, pendiente hace años y resistida por vastos sectores de quienes deberían ser regulados. Se trata de un capítulo delicado que levanta muchas suspicacias, pero que apunta esencialmente a tener a las entidades cooperativas bajo un sistema independiente de vigilancia, contralor, fiscalización pública y de eventual intervención administrativa. Hasta el momento, esa función es cumplida por el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) que se constituye a partir de representantes de las propias cooperativas. Ya lo tenemos dicho: como si los gerentes generales de los bancos y las financieras integraran la Superintendencia de Bancos y se supervisaran a sí mismos.
En un documento titulado El control de las cooperativas en América Latina, publicado en 2015 por la Red de Revistas Científicas de América Latina, se expresa: “son comunes los casos en los que el ente de supervisión se halla a cargo de un directorio o consejo mixto, es decir integrado con representantes del Gobierno y del movimiento cooperativo, tales como Guatemala, El Salvador y Honduras, llegando a darse casos en que los representantes de las cooperativas constituyen la mayoría del órgano directivo del ente, como sucede en Costa Rica y Argentina. En otros casos existen órganos de asesoramiento del ente de supervisión, integrados por representantes de las cooperativas, como ocurre en Paraguay y Venezuela”. Esto evidencia que no existe un modelo único de gestión y control de cooperativas sino que éste varía según el organismo que lo considere. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en sus pautas para la creación de un contexto adecuado para el desarrollo de las cooperativas adoptadas en 2001, se puntualiza “la necesidad del reconocimiento de la completa autonomía de las cooperativas y de que la injerencia de los gobiernos en sus asuntos debe ser estrictamente limitada a las medidas aplicables con carácter general a todas las asociaciones y empresas en orden a asegurar el cumplimiento de la ley. Asimismo, se pone énfasis en el respeto a la capacidad de autocontrol del movimiento cooperativo”.
Otro ejemplo divergente. En su recomendación sobre la promoción de las cooperativas, emitida en 2002, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que deben adoptarse medidas especiales al desarrollo de las cooperativas “como empresas autónomas y autogestionadas” y se indica que los gobiernos “deben tomar medidas para la supervisión de las cooperativas en concordancia con su naturaleza y funciones, respetando su autonomía y en conformidad con la legislación, asegurando que tales medidas no sean menos favorables que las aplicables a otras formas de empresa”.
El movimiento cooperativo ha nacido y se ha desarrollado como un modelo de economía solidaria dirigido a dar soluciones prácticas a vastos sectores de la población fuera de los circuitos bancarios comerciales. En la Declaración de Identidad Cooperativa, adoptada en Manchester en 1995, se reafirma el modelo cooperativo como “una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada”. Pero también puntualiza que “las cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo la tradición de sus fundadores, sus miembros creen en los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás”.
En varios ejemplos que están cobrando estado público vemos que muchos de esos principios son violados por jerarcas cooperativos inescrupulosos y deshonestos, quienes burlando todo mecanismo de autocontrol han maniobrado para enriquecerse a costa de los asociados. Y si hay organizaciones cooperativas incapaces de auto controlarse en forma eficiente, alguien de afuera tiene que prever la manera de hacerlo.
http://www.5dias.com.py/supervision-de-cooperativas/
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Cooperativas: ¿saben los socios cuánto pierden?
¿Saben los socios de las cooperativas que algunas de dichas entidades –catorce en total, para ser más exactos– tuvieron fuertes pérdidas en el primer semestre de este año 2018? ¿Han preguntado o confirmado si la cooperativa en la que tienen su ahorro figura en la lista? ¿Saben que si las pérdidas se mantienen o aumentan, a fin de año perderán una parte de sus aportes?
Sendas informaciones sobre el tema fueron publicadas los pasados días 7 y 8 de setiembre, y ninguna voz de preocupación se ha escuchado en el sector, ni de parte de socios individualmente ni de grupos de socios ni de dirigentes; ni siquiera del órgano de control, el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), que, por el contrario, ha buscado la forma de justificar las fuertes pérdidas y restar gravedad al hecho en cierto sentido.
¿Es mucho dinero? Sí es mucho dinero. ¿Apeligra la estabilidad de las entidades afectadas? Eso se sabrá con los balances que se presenten en las respectivas asambleas a comienzos del 2019. ¿Es para preocuparse? Toda pérdida es para preocuparse, y más si es cuantiosa.
Pero también puede juzgar eso cada quien. Pongamos las cifras de nuevo sobre la mesa. El informe dado a conocer por el Incoop recientemente sobre la situación de las “Cooperativas de ahorro y crédito Tipo A, a junio de 2018” dice que catorce de ellas “obtuvieron resultados negativos”, y menciona a ocho de las entidades que registraron “las pérdidas más elevadas”. Estas ocho cooperativas perdieron entre enero y junio pasados por lo menos G. 29.068 millones (un poco más de 5 millones de dólares al cambio actual), de acuerdo a los datos aportados por el Incoop.
Y por lejos, según se deduce del mismo análisis oficial, la lista es encabezada por la Coop. San Cristóbal, con un resultado negativo de G. 9.911 millones (nada menos que 1,7 millones de dólares). La “memoria y balance 2017” de esta entidad indica que cerró el año pasado con un total de 84.641 socios (tenía más, pero se retiraron 14.875 en el 2016 y 13.763 en el 2017). Si las pérdidas se mantuvieran en las mismas cifras del primer semestre, al cierre del presente periodo administrativo a cada socio se le deberá restar alrededor de G. 117.000 de sus aportes, que constituyen el capital de una cooperativa.
Para tener mejor idea de lo que representa el monto de la pérdida (G. 9.011 millones), también se puede citar que en todo el 2017 esta cooperativa tuvo un excedente global de G. 3.942 millones.
No son menos graves las condiciones en que terminaron el primer semestre del 2018 las cooperativas Ayacapé Ltda. y Coopersanjuba, con pérdidas de G. 5.007 millones y G. 3.515 millones, respectivamente. Luego se ubican casi en el mismo rango de resultados negativos cuatro entidades: Luque Ltda. (G. 2.673 millones), Serrana Ltda. (G. 2.529 millones), Coopafiol Ltda. (G. 2.213 millones) y Coopec Ltda. (G. 2.131 millones). La octava en la lista dada por el Incoop es Coosofan Ltda. (G. 1.089 millones).
En el hipotético caso de que los socios de las cooperativas tuvieran en promedio un aporte per cápita de G. 3 millones, el monto global de las pérdidas de estas ocho entidades (G. 29.068 millones) equivaldría a todo el dinero que tienen aportado casi 10.000 personas.
¿Qué ha causado esto? Según información aparecida en nuestra edición del pasado día 8, Pág. 15, sección “Economía, energía y negocios”, el Incoop atribuye la situación a que el sector cooperativo no ha podido sacar provecho como se esperaba de su principal producto, que es el crédito, y apuntó a una “fuerte competencia de bancos donde ofertan préstamos con tasas promedio del 15% y tarjetas en 13%”.
El mismo informe dice que ya se están tomando medidas y que el 30% de las cooperativas afectadas “ya muestran mejoras”. Es decir que el 70%, no.
¿Y de gastos (más aun los superfluos) cómo andamos? ¿Está mirando el Incoop cuánto gastan los directivos, las comisiones? ¿O va a seguir echando nomás la culpa a las tasas bancarias?
Por Jorge Benítez Cabral
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/cooperativas-saben-los-socios-cuanto-pierden-1741310.html
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Hora de poner fin a los cuentos chinos
Con el argumento de que no es lo mismo un banco comercial que una cooperativa (chocolate por la noticia), los cerriles opositores a la creación de una instancia de superintendencia independiente de entidades cooperativas agitan el ambiente confiando en desanimar a los legisladores a avanzar con alguna iniciativa en esa dirección. Vivimos en el atraso y la opacidad porque nos repugna ser auditados y supervisados.
Cada vez que se intenta hacer caminar un proyecto destinado a crear organismos de supervisión para fondos previsionales, cajas mutuales o cooperativas, la reacción es instantánea, violenta y calculada para aplastar cualquier nuevo intento. ¿Qué buscan ocultar, por qué tanta oposición a instrumentar métodos que en el resto de América Latina funcionan hace años y con evidentes resultados positivos?
Veamos uno. En Colombia han puesto en marcha la denominada Superintendencia de la Economía Solidaria, que tiene por objeto supervisar la actividad financiera del cooperativismo así como los servicios de ahorro y crédito de los fondos de empleados y asociaciones mutualistas y, en general, vigilar el aprovechamiento o inversión de los recursos captados de los asociados por parte de las organizaciones de la economía solidaria. El papel gravitante de esta institución se comprende desde el momento en que el sistema cooperativo colombiano manejó en 2018 activos por US$ 5.800 millones, alrededor del 1,9% del PIB total de ese año. Los colombianos no juegan ni se andan con vueltas cuando de regular y vigilar entidades captadoras de dinero del público se trata.
Este año, el Poder Ejecutivo y el Congreso deben cerrar filas y hacer andar de una buena vez las superintendencias que están faltando. Es hora de poner punto final a los cuentos chinos.
https://www.5dias.com.py/2019/01/hora-de-poner-fin-a-los-cuentos-chinos/
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