estás leyendo...
HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

Es otra maniobra

Leemos en ABC Color del martes: “Exministros plantean reparar el daño para eludir juicio oral”. La noticia se refiere a Enzo Cardozo y Rody Godoy, extitulares del Ministerio de Agricultura y Ganadería. En la audiencia preliminar no se presentó Cardozo. Justo le tumbó un mosquito transmisor del dengue. Por lo menos así dice el certificado médico. Los abogados de ambos exfuncionarios plantean ahora “reparar el daño causado al Estado paraguayo” con el fin de evitar un eventual juicio oral y público por lesión de confianza y estafa.

Cardozo y Godoy habían transferido a una presunta federación de horticultores la suma de sesenta y ocho mil millones de guaraníes. Leyó usted bien, sesenta y ocho mil millones de guaraníes supuestamente para ayudar a los pequeños productores. De esta inmensa cantidad solo cayeron algunas gotas en las capueras. El resto fue un diluvio para unas veinte personas, algunas de las cuales se beneficiaron mucho más que otras.

La propuesta de reparar el daño es reconocer que hubo daño. Y no puede ser de otro modo ante una copiosa documentación que prueba la lesión de confianza y la estafa. No obstante la montaña de testimonios incuestionables, se dilató por casi dos años la realización de la audiencia preliminar. Los acusados acudieron a los más imaginativos recursos –las famosas chicanas– en procura de escaparse de un posible y merecido castigo.

A partir de las publicaciones del diario ABC Color, la entonces fiscala anticorrupción, Claudia Criscioni, inició una rigurosa investigación que dejó al desnudo una organización mafiosa que desde hacía dos años, por lo menos, venía quedándose con el dinero del Estado a través de burdas maniobras: resoluciones irregulares de los ministros Cardozo y Godoy, facturas con escandalosos sobreprecios, rendiciones de cuentas que no hacían sino ocultar el esquema delictivo, falsificación de las firmas de los supuestos agricultores, persecución y amenazas a los productores que intentaban negarse a la corrupción; en fin, las más de 200 hojas del expediente contienen uno de los mayores casos de robo del dinero público.

El esquema de la corrupción era simple: el presidente de la supuesta federación de horticultores, Silvio Riveros, recibía los cheques del Ministerio de Agricultura que los depositaba en su cuenta y desde ahí disponía a su antojo el dinero público que se convertía en privado. En estos hechos, según la investigación fiscal, están envueltos el vicepresidente de la federación, Lidio Irala; el tesorero y algunos funcionarios de Agricultura, todos procesados.

Hablan de reparar el daño. Esto supone que los responsables deben restituir sesenta y ocho mil millones de guaraníes para que no vayan a la cárcel. ¿Cómo lo harían? El juez determinará cuánto corresponde devolver a cada quién. Esta será una tarea de nunca acabar y es posible que lleve más años de lo que corresponde la pena carcelaria. ¿Con cuánto dinero se quedó Cardozo, o Riveros, o Irala o Godoy? ¿Cuáles son los compromisos reales de quienes pretenden “reparar el daño”? ¿Cuánto ofrecen? ¿La totalidad de lo estafado o solo una partecita?

¿Reparar el daño? Pero si el daño está hecho. Se jugó con la ansiedad, con la esperanza, con las necesidades de los pequeños agricultores que hoy estarían en condiciones económicas distintas si hubieran recibido el dinero.

Ya nada se puede reparar ni siquiera con la devolución del dinero que, por otra parte, nunca será devuelto. Es un intento para burlar a la justicia y se quede en la nada otro ejercicio de la imparable corrupción.

En fin, felices pascuas.

Por Alcibiades González Delvalle

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/es-otra-maniobra-1465255.html

Anuncios

Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

5 comentarios en “Es otra maniobra

  1. Fiscales en la mira

    La idea que la justicia en el Paraguay es una mercancía de bajo precio que se compra y se vende al mejor postor, está en la percepción de la gente, la decepción, el desencanto y la indignación hacia la administración de justicia crece a pasos acelerados, no solamente porque se compruebe que se tiene una justicia venal y corrupta, sino lo más triste dependiente de otros poderes del estado. Esta situación de sumisión total al poder ejecutivo y legislativo contamina todo el ambiente judicial y lleva al país a un callejón sin salidas, un Cul-de-sac, en donde no se puede retroceder ni avanzar pues estamos empantanados como sociedad.

    Lo sucedido con la agente fiscal Blanca Agüero de Lambaré es fiel reflejo de la situación judicial y al mismo tiempo grafica de forma inequívoca como actúa lo que la colega de Agüero La fiscala Victoria Acuña afirmó que es un “claro mensaje del poder político”. “Hay varias causas en el JEM que nunca se resuelven y con la excusa que hay que resolver una causa anterior se desempolva eso. Igualmente señaló que el proceso abierto a la fiscal Agüero es “señal de alerta” y que “siempre se usó al JEM para separar fiscales” que molestan a los políticos. “Es una advertencia”, sentenció. El porqué del ensañamiento contra la fiscal lambareña tiene una razón, la defensa de la ciudadanía y el estudiantado que hizo ante las tropelías del ex intendente Cárdenas.
    La agente fiscal luego de hacer un trabajo impecable desenmascarando al ex intendente lambareño Roberto Cárdenas, que por tercera vez quería la reelección, como premio por parte del poder político, recibe esta afrenta de la resurrección por un milagro de un caso que según explico es cosa juzgada y ya no se puede tratar en la justicia, sucede que la férrea investigación hecha por Agüero, a pesar de advertencias y “consejos” de poderosos políticos, cuando investigaba las razones de la caída del techo del Colegio Nacional de Lambaré, en horas de clase, lo que felizmente no arrojo victimas esta obra fue mal hecho por la Intendencia con recursos económicos del FONACIDE, que fueron dilapidados por el impresentable Cárdenas, no surtió efecto en ella y avanzó hasta demostrar las irregularidades.
    Más que poder político es una mafia política – judicial, que envía señales tan claras a los jueces y fiscales y a toda la sociedad, que son intocables y que pueden hacer lo que quieren en este país, igualmente que los que osan enfrentarlos conocerán como escarmiento todo lo que hoy día les están haciendo pasar a la agente fiscal. Creemos que los que primeros deben reaccionar y no seguir con una postura de pusilanimidad son los magistrados y los fiscales colegas, como lo hizo Victoria Acuña, después toda la ciudadanía que debe movilizarse en defensa de la autonomía judicial y de tal forma que los que se creen amos de esta nación, al punto que no deben ser molestados sus adláteres, como en el caso de Cárdenas, entiendan que ya no se quiere una sociedad con privilegiados e intocables.

    Andrés Granje

    Me gusta

    Publicado por jotaefeb | 27 abril, 2016, 11:16 am
  2. El JEM y la fiscala
    24 Abr 2016

    En una medida cuanto menos llamativa, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) determinó procesar la última semana por mal desempeño de sus funciones a la fiscala de Lambaré, Blanca Agüero, luego de una denuncia realizada por un ciudadano oriental en febrero del 2015. Es decir, hace más de un año.

    Agüero no es una funcionaria menor del Ministerio Público. Desde el 30 de septiembre del año pasado, cuando se desplomó parcialmente el techo del Colegio Nacional de Lambaré, episodio que dejó como saldo una docena de alumnos heridos, se ha convertido en una incómoda piedra en el zapato del ex intendente lambareño Roberto Cárdenas. El ex jefe comunal demás soporta sendos procesos por diversos hechos punibles y se lo sindica como uno de los responsables del incidente en el citado colegio que de milagro no dejó fallecidos.

    La decisión tomada por el JEM si bien no implica el apartamiento de sus funciones, porque la fiscala de hecho seguirá ejerciendo su rol, sí vislumbra un inconcebible hostigamiento a la labor de la representante de la sociedad, considerada por sus pares y superiores como uno de los mejores y más probos elementos del Ministerio Público.

    La resolución del Jurado no sólo entorpece el trabajo de la agente fiscal sino que además, y esto es probablemente lo más grave, genera un nefasto precedente ya que se convierte en un instrumento de amedrentamiento, en una amenaza permanente contra aquellos magistrados que se atreven a investigar o a procesar a los políticos.

    Desde el JEM, en palabras de su propio presidente, Adrián Salas, se señala que esta decisión no representa una represalia contra la fiscala por el caso Cárdenas. Sin embargo, el momento en que deciden investigarla –cuando la tenaza fiscal empieza a oprimir sobre el ex intendente– resulta por lo menos suspicaz e inconveniente.

    Si las palabras de Salas no fueran ciertas, las mismas se decantarían con el resultado de las investigaciones de la que será objeto Agüero en los próximos meses, entonces las consecuencias pueden ser aún más desfavorables para el rol investigativo que cumplen los fiscales, una situación ya descrita anteriormente por los propios agentes que temen –y hasta justificadamente– las represalias de la clase política.

    Si prospera el proceso ya no habrá equívocos, se consumará la sospecha más sombría: será la inequívoca advertencia de que los viejos vicios de los políticos están por encima del Estado de Derecho. Es la señal más lúcida de que estas prácticas que creíamos desterradas se resisten a perecer, se resisten a adecuarse a los tiempos nuevos que vive la República; un tiempo en el que se pide, ni más ni menos, que el trabajo de un fiscal se someta única y exclusivamente al rigor del sumario, buscando recomponer aquello que fue despojado, y no ceder ante las amenazas.

    Cárdenas ya está amparado por el principio constitucional de la presunción de inocencia, y son los estrados judiciales los que determinarán si la imputación se sostiene o no, y si corresponde una sanción o su sobreseimiento. Bajo impulso del Ministerio Público es la Justicia la que debe castigar a todos aquellos funcionarios que se enriquecieron con el dinero destinado al bien público y no al patrimonio personal.

    Y es precisamente por esto que la inspiración de los políticos debe orientarse a que la transparencia sea una herramienta para acabar con la corrupción pública, y no otorgarle impunidad.

    Mientras las instituciones de la República sigan cooptadas por el poder político, evitando con sus manipulaciones el anhelo de transparencia; mientras prosigan los corporativistas intentado cercenar todo intento de país serio, los intereses genuinos de justicia y equidad seguirán relegados para los paraguayos.

    Me gusta

    Publicado por jotaefeb | 27 abril, 2016, 11:15 am
  3. Abuso de impunidad
    21 abril, 2016
    Por Mariano Nin

    Cuando un político corrupto es descubierto y presentado en sociedad e incluso llevado a la justicia, una red de amigos defensores se activa y va sorteando filtros, uno por uno. Puede ser un trabajo corto o lento, pero siempre tendrá precisión quirúrgica. Víctor Bogado o José María Ibáñez pueden dar fe de ello, y solo son dos ejemplos.

    Si el político tiene fiscales amigos, entonces, la cosa no pasa a mayores. Si no logra sortear al fiscal, entonces, habrá un juez amigo que le pase la mano, pero si la estrategia vuelve a fallar se puede incluso ir más lejos e intentar castigar a los investigadores de la forma más asquerosa e impune. En el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados siempre se puede dar una lección de lo que no se debe hacer a los amigos. Es triste, pero es la realidad.

    La contaminación se extiende y hace alarde de lo que el poder puede llegar a hacerle a quienes amenacen a la estructura. La justicia puede ser en casos… demasiado injusta. Precisamente, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado decidió llevar a juicio a la agente fiscal Blanca Agüero por una denuncia de supuesto mal desempeño de sus funciones, presentada en el 2015. Quizás el tema hubiese pasado desapercibido si no fuera porque esta fiscala investiga al exintendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, por hechos de corrupción.

    Cárdenas es investigado por sobrefacturación en la compra de la merienda escolar para instituciones educativas, malversación de fondos del FONACIDE y desvíos de dinero municipal, entre otros. Mucho dinero, mucho poder, mucha impunidad durante mucho tiempo. Pero el jurado va a sacarnos de encima a la fiscala corrupta.

    No es un buen ejemplo para nuestros chicos. Tampoco se manda una buena señal a la ciudadanía. La gente hoy sabe que puede protestar, y eso en ocasiones se torna peligroso… Después de todo ya lo decía Thoreau “No hay peor olor que el que despide la bondad corrompida”…

    Me gusta

    Publicado por jotaefeb | 21 abril, 2016, 11:29 am
  4. Parece que se sienten culpables

    Son varios los políticos que vienen apelando a todo tipo de chicanas para impedir que se realice la audiencia preliminar en la que debe decidirse si se abrirá o no el juicio oral y público en sus respectivas causas. Entre ellos figuran el senador Víctor Bogado (ANR), acusado de estafa y cobro indebido de honorarios; el diputado Enrique Salyn Buzarquis (PLRA), procesado por lesión de confianza y usurpación de funciones públicas, y el exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional Camilo Soares (P-MAS), encausado por lesión de confianza.

    El descaro con que actúan para trabar el proceso judicial debe entenderse como una admisión tácita de que son culpables de los delitos que se les atribuyen, pues si se creyeran inocentes no recurrirían a tantas artimañas para lograr la extinción de la causa por el transcurso del tiempo.

    Abusan reiteradamente del ejercicio del derecho a la defensa, ante la pasividad de los magistrados, incluidos los de la Corte Suprema de Justicia. Felizmente, la última maniobra dilatoria de Soares, que consistió en recusar a la jueza Lici Sánchez porque habría preopinado, fue rechazada por los camaristas; así que la audiencia pública podría realizarse ¡luego de seis años de haber sido imputado! No debe excluirse, empero, que saque de la manga algún nuevo ardid, como el de la “enfermedad” alegada ahora por el senador Bogado para eludir la audiencia preliminar por séptima vez, en el mismo caso en que su niñera Gabriela Quintana ofreció devolver el dinero que cobró, gracias a él, en la Entidad Binacional Itaipú. Queda por resolver la recusación por “enemistad”, planteada por el diputado Buzarquis contra la jueza Gricelda Caballero. Estas son solo las últimas argucias planteadas por algunos de los políticos acusados de actos de corrupción.

    Es indignante que el Estado no garantice la igualdad ante la ley y los jueces, exigida por el art. 47 de la Constitución y por la idea de justicia de la gente de bien. Como suelen tener dinero e influencias, los políticos encausados gozan de notables ventajas para eludir el Código Penal. No suele ocurrir lo mismo con quienes carecen de esos recursos.

    Uno de los últimos casos que sirven para ilustrar esa irritante desigualdad afectó a tres hombres, que fueron condenados a ocho y siete años de prisión por haber robado un teléfono móvil a punta de cuchillo, en Asunción. No hay nada que objetar si fueron condenados de acuerdo a la ley. El problema es que los grandes ladrones de guante blanco suelen escapar a sus rigores, porque pueden contratar a abogados chicaneros o influir tanto en los fiscales como en los jueces. Entre ellos están los políticos y los altos funcionarios que malversan, amañan licitaciones, aceptan sobornos o emiten documentos de contenido falso para apropiarse del dinero de todos. Son los paraguayos de “primera”, cuya existencia es atribuible a la corrupción que impera en el Poder Judicial y en el Ministerio Público.

    Hay un Consejo de la Magistratura para seleccionar a los mejores jueces y fiscales, y un Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para expulsar a los malos. La demostración de su fracaso la brindan, entre otros, los legisladores y los exjerarcas hoy procesados, que siguen tomándonos el pelo. Resta preguntarse hasta cuándo pondrán a prueba la paciencia de la ciudadanía.

    Me gusta

    Publicado por jotaefeb | 31 marzo, 2016, 5:38 am
  5. Dilaciones judiciales
    29 Mar 2016

    Bogado está procesado por cobro indebido de honorarios y estafa nada menos que desde marzo del 2013, hace exactamente tres años. Desde entonces la causa no avanza debido a un sinfín de maniobras y artimañas dilatorias de toda clase, ante la complacencia de los juzgados y de la Corte Suprema de Justicia que no actúa para llamar al orden a los tribunales inferiores.

    Lo que ocurre en el caso de Víctor Bogado no es para nada anormal, por el contrario, es la tónica de los juicios encarados a políticos o altos funcionarios públicos. En efecto, otros procesos judiciales –como los que enfrenta el ex ministro de Agricultura Enzo Cardozo o el ex titular de Educación Luis Riart– atraviesan la misma situación.

    De hecho, en los últimos años apenas dos altos funcionarios recibieron una condena por corrupción. Esto solo puede significar una cosa: o bien el Estado paraguayo alberga a una mayoría de honestos y esforzados funcionarios patriotas, o bien los mecanismos para descubrir y combatir la corrupción y llevar ante la Justicia a los corruptos son totalmente ineficaces.

    Cualquier observador se inclinará desde luego por la segunda explicación. La corrupción solo desaparecerá si antes se elimina la impunidad. Urge una profunda renovación en la Justicia paraguaya, comenzando por la máxima instancia judicial de la República.

    Preocupante vulnerabilidad

    Dos ciudadanos originarios del lejano país asiático llamado Bangladesh escaparon del aeropuerto Silvio Pettirossi luego de que habían sido declarados inadmisibles por irregularidades en sus documentos y estaban a punto de ser deportados en la misma aerolínea en la que arribaron.

    Si bien las autoridades y funcionarios del aeropuerto parecen haber cumplido con el protocolo establecido para este tipo de casos –está en curso un sumario para deslindar responsabilidades–, lo cierto es que el hecho genera una justificada inquietud acerca de la vulnerabilidad de los mecanismos de control y seguridad en los puntos de entrada a nuestro país.

    No es posible que a dos personas que fueron declaradas inadmisibles les resulte tan fácil saltarse cualquier registro y penetrar en nuestro territorio. Según parece, los ciudadanos bangladesíes no tenían antecedentes, de acuerdo con informes de Interpol, pero eso no resta que no deberían haber ingresado tan alegremente a Paraguay.

    El crimen transnacional –el tráfico de drogas, de armas, de personas– y el terrorismo han adquirido dimensiones que obligan a los Estados a redoblar los esfuerzos para ofrecer seguridad a la ciudadanía. Paraguay no está ajeno, desde luego, a estas problemáticas.

    Es de esperar que el caso que motiva la presente reflexión sirva como punto de partida para mejorar los sistemas y protocolos en los puntos de entrada a nuestra nación de forma que no se repitan estas inquietantes filtraciones.

    Me gusta

    Publicado por jotaefeb | 29 marzo, 2016, 9:39 am

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

✓clima

Click for Asunción, Paraguay Forecast

✓ÑE’ÊNGA

Mitâ resa’i vuelto-kue.16/10/17

✓fotociclo

As.

✓archivos

✓estadistas

  • 1,106,431 visitas
Follow ✓Paraguay Péichante on WordPress.com

✓diarios

abcCOLOR

ULTIMA HORA

LA NACIÓN

EXTRA

POPULAR

CRÓNICA

5días

A %d blogueros les gusta esto: