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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

El tiki tiki entre Mario y el MOPC

Barack Obama pisó suelo cubano el domingo pasado y se comienza a recomponer una relación rota hace unos 60 años. El injusto embargo a Cuba –que ya lleva 54 años– todavía no se levanta, pero ya falta poquito.

El mundo observa maravillado este hecho histórico. El castrocomunismo, etc., etc. ya no es el enemigo.

Obama y su esposa paseando en un almendrón por el Malecón (perdón por la rima), ver para creerlo.

Hasta los gringos se reconcilian con Cuba, y mientras estas cosas suceden, en este atormentado corazón de Sudamérica la construcción de un superviaducto nos obliga a aterrizar violentamente en nuestra miserable realidad.

La intersección de Aviadores del Chaco y Madame Lynch es el epicentro del gran despelote. Lo viene siendo desde hace tiempo, solo que ahora, con el inicio de la construcción del mentado viaducto, el desmadre adquirió dimensiones de catástrofe.

Para los pobladores de Luque, Asunción, Areguá, Mariano Roque Alonso, Limpio y otras ciudades aledañas, lo que deben soportar en estos días es el caos en forma de un kilométrico embotellamiento.

Además de la paciencia, la gente pierde horas en la nerviosa espera.

Colgados en la estribera de un ómnibus repleto o en la comodidad de una 4 x 4 con el aire acondicionado a full, son horas y horas para llegar al trabajo, o para regresar al hogar. Son horas robadas al laburo, al descanso y a la familia.

Y lo peor es la certeza de que a los que nos malgobiernan les trae sin cuidado. A las autoridades el padecimiento de los ciudadanos no les importa. Nunca se enteran, porque el plagueo y las puteadas no llegan a sus oficinas de burócratas inútiles.

Pero además de la torpeza y la ineptitud del MOPC, responsable de la construcción de la obra, se debe señalar la pésima gestión. El tema de los desvíos se convirtió en un tiki tiki interminable.

Hace 3 meses, un funcionario del MOPC había dicho que la empresa que ganó la concesión debía armar el plan de desvíos, y que el MOPC ya había planificado las direcciones de las calles colectoras, y que la constructora debía determinar la zona de bloqueos y zonas afectadas.

La obra ya se inició, pero los desvíos ni están listos ni son suficientes. El MOPC le echa la culpa al nuevo intendente de Asunción, que no es colorado como ellos y se percibe el tufillo a boicot.

En medio de este despelote, el único que sufre las consecuencias es el ciudadano, que debe salir de su casa al menos tres horas antes, si no, no llega al laburo.

La gente se convirtió en rehén de estos políticos inútiles y desalmados, que solo piensan en jorobar al adversario, en la reelección y en el 2018.

Mientras tanto, señora, eñecalmá, porque al ministro le tienen sin cuidado el embotellamiento y tu estrés.

Por Brigitte Colmán

http://www.ultimahora.com/el-tiki-tiki-mario-y-el-mopc-n976943.html

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

Comentarios

14 comentarios en “El tiki tiki entre Mario y el MOPC

  1. Basta de saqueadores y facinerosos

    En la Argentina de los años 80, cuando se reinauguraban la democracia y los programas políticos de debate, un conocido periodista de esa época hizo famosa la frase “es hora de que al país lo gobiernen personas con currículum y no con prontuario”. Salvando la distancia, podríamos naturalizar la expresión, adaptarla y decir en el Paraguay de hoy: es hora de que el Estado adjudique obras a empresas con certificados de fiel cumplimiento y no con gruesos legajos de demandas judiciales. Y lo que estamos viendo no son sino reproducciones al infinito de participantes de licitaciones que se ven en serios apuros para mostrar un récord limpio e intachable en su historial empresario.
    La triste realidad, tanto a escala nacional como internacional, es un desfile indecoroso de conductas empresarias, por completo alejadas de la ética y la decencia. Para no ir demasiado lejos en la historia, cuando el Estado adjudicó las obras de ensanche de las rutas II y VII ya se sabía que la empresa que se quedó con la obra –de origen español- venía con turbios antecedentes en Chile, en donde fue demandada por los funestos resultados de la defectuosa construcción de una autopista.

    Mientras se entregaba en licitación la construcción del Superviaducto a otra empresa española, se supo que cuatro de las concesiones que dicha empresa tenía en Chile fueron declaradas caducas por supuestas irregularidades destapadas en una investigación periodística. Más adelante, las dos oferentes en la licitación para la nueva terminal aérea del Silvio Pettirossi –una uruguayo-argentina y la otra española- contaban con un grueso legajo de denuncias y cancelación de concesiones en Uruguay, Chile, Colombia y España. Y estos ejemplos apenas son una muestra de lo que se maneja en forma reservada dentro del universo de la obra pública. Hace un par de años, 5días daba cuenta de que el gigante brasileño de la construcción, Odebrecht, planeaba ofertar en la licitación para ampliar las rutas II y VII pese a que por entonces su presidente había sido detenido y enfrentaba un espeso proceso por el pago unos US$ 30 millones en sobornos a funcionarios de Petrobras, todo a cambio de obtener contratos e influencias. El caso, conocido como el “petrolao”, acumuló los delitos de corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir. Hoy, el “mago” de la construcción de Brasil purga una sentencia de 19 años. Odebrecht está en el Paraguay desde 1980 participando de emprendimientos tales como Acaray I y II, la construcción del dique derramadero del Yguazú y el complejo siderúrgico de Acepar, así como obras para Petrobras Paraguay.
    Con sus directivos procesados, encarcelados y condenados, con concesiones anuladas por incumplimiento de contratos, con procesos judiciales en marcha y gigantescos escándalos de corrupción pisándoles los talones, la constelación de aspirantes a construir u operar obras en el Paraguay parece sacada más bien de una galería de facinerosos y patibularios que de verdaderos empresarios dispuestos a competir con altura y con decencia por negocios cuyas ganancias saldrán del bolsillo de todos los paraguayos. Estamos hartos de salteadores de caminos, cortabolsas y saqueadores profesionales. Es hora de dar vuelta a la página del “roban pero hacen”, el siniestro argumento de un negro pasado que debe quedar definitivamente en la historia.

    http://www.5dias.com.py/91801-basta-de-saqueadores-y-facinerosos

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    Publicado por jotaefeb | 1 junio, 2017, 9:46 am
  2. República de la sospecha

    Suelen decir que los periodistas somos desconfiados por naturaleza. Algunos se quejan de que este rasgo también nos lleva a poner un pero a la mayoría de las cosas.
    Convengamos también que desde el poder, mucho favor no nos hacen, con conductas que alimentan frecuentemente nuestras sospechas.

    Sospechar, es decir, imaginar algo por conjeturas fundadas en apariencias o indicios, según la primera acepción del diccionario de la Real Academia Española.

    En estos días tenemos varios ejemplos de ello.

    Uno de estos casos es el del concurso para acceder a un registro notarial. Según muchos escribanos que no tienen aún registro para trabajar, es vox populi que hay que tener contactos para poder acceder a uno.

    La denuncia vino en estos días con nombres y apellidos, en plena sesión de la Cámara de Diputados. El diputado Ramón Romero Roa acusó a los ministros Óscar Bajac, Raúl Torres Kirmser y Miryam Peña, de requerir a través de intermediarios, coimas de hasta 200.000 dólares para otorgar el registro notarial a varios escribanos, en su carácter de miembros del tribunal examinador del actual concurso de oposición.

    Tras la grave acusación los ministros emitieron comunicados y el diputado se ratificó en su denuncia principalmente contra el ministro Bajac, porque dijo tener elementos suficientes que comprueban la denuncia.

    El parlamentario aún no presentó pruebas, pero el concurso de oposición se suspendió por unos días, y el ministro Bajac renunció a integrar la mesa examinadora.

    Otro de los casos es el de la concesión del estacionamiento tarifado en Asunción.

    Fue preparada bajo la administración de Arnaldo Samaniego, y llamativamente concedida a todo trapo por su reemplazante interino Omar Pico, a solo cinco días de que asuman el nuevo intendente y los concejales electos.

    Una de las empresas competidoras denunció ante la Contraloría que Pico “de manera inesperada, sorpresiva y encubierta” violó procesos formales y administrativos internos, porque aunque la compañía Parxin presentó balances de los tres últimos años sin movimiento, le adjudicaron todos los puntos de la licitación.

    Pero en lugar de parar la concesión, el nuevo intendente Mario Ferreiro la promulgó, en medio de cuestionamientos porque su entonces jefe de gabinete Max Rejalaga había asesorado a la empresa adjudicada.

    Para completar el escenario. El viernes debatimos sobre el tema en la 730AM con los concejales Tony Apuril y Sebastián Villarejo, el primero apoya la concesión y el segundo se opone. En lo que ambos coinciden y admiten es en que no conocen a los socios paraguayos a los que otorgaran por 15 años la concesión del negocio.

    El otro caso de estos días es el que publicó el diario español El Mundo, una investigación de la policía judicial de ese país que salpica al nuestro con la obra del “superviaducto”. Se cita un nombre, el del lobista Ernesto Dos Santos, que según el expediente judicial “presume de tener contacto directo con el ministro de Obras de Paraguay y de poder modificar los pliegos de licitaciones».

    Fanfarronería o descripción de la realidad, Dos Santos embarra la imagen del ministro de Obras y genera sospechas. Más aún con un correo en el que dice que el ministro le pidió una lista de las obras cumbres de Isolux por el mundo, para defender la adjudicación en televisión, y poder explicar además las denuncias contra la empresa en Brasil, Uruguay y Chile, donde aparece involucrada en el pago de sobornos.

    Tres casos que contribuyen a la desconfianza sobre la administración de la respública, o cosa pública, y que afectan a la Corte, al municipio capital y al Ejecutivo.

    En la República de la eterna sospecha no hay jurisdicción ni exclusividad.

    Por Guillermo Domaniczky

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/republica-de-la-sospecha-1598090.html

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    Publicado por jotaefeb | 31 mayo, 2017, 8:09 am
  3. Triángulo de corrupción en las obras públicas

    El deber de la prensa comprometida con la sociedad es, entre otros, velar por el buen manejo de los recursos públicos. Por eso, no cesa de realizar denuncias allí donde existe ocultamiento, donde los pedidos de aclaración se contestan con evasivas, o directamente con el mutismo.

    Particularmente al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ramón Jiménez Gaona, no le agrada este tipo de publicaciones, pero las tendrá que soportar mientras esté en la función pública. Es posible, también, que tenga razón cuando afirma que él personalmente no está metido en hechos de corrupción, pero muchos de los centenares de funcionarios que tiene a su cargo vienen de corruptas roscas anteriores y son expertos en pasarle la pelota entre las piernas a cualquiera. El ministro no debe olvidar que él es la cabeza de la cartera, y si no aclara debidamente algún negocio dudoso que se realice en su ámbito, él siempre aparecerá como el responsable final, más aún cuando innecesariamente se apresuró en poner a priori la mano en el fuego por sus colaboradores.

    El MOPC es la institución estatal que en todo tiempo ha tenido el mayor presupuesto de inversión, sobre todo bajo el actual Gobierno, que ha inyectado en él la mitad del dinero obtenido mediante préstamos y la colocación de bonos del Tesoro. En tal sentido, el ministro Jiménez Gaona ha anunciado que para el corriente año su cartera cuenta con un presupuesto de inversión que ronda los US$ 1.000 millones, destinado a la construcción y el mantenimiento de obras viales.

    Esta sería una noticia bien recibida por la ciudadanía, de no mediar en sus proyectos sospechas de corrupción que contaminan desde antaño, si no a todas, a la mayoría de las obras públicas.

    A propósito, en los últimos días un diario colega ha venido publicando un típico caso que podría ser otra estafa al Estado mediante colusión triangulada por empresas de construcción vial, consultoras de proyectos y/o de fiscalización y concusionarios del MOPC. Se refiere a la construcción de la avenida Laguna Grande (conocida también como Acceso Este), que conecta San Lorenzo con Asunción en una extensión de 8,7 kilómetros y que, dicen, está previsto que se complete en octubre próximo.

    Su construcción fue adjudicada a un consorcio de empresas integrado por EDB Construcciones, propiedad del ingeniero Enrique Díaz Benza, de infeliz memoria para la ciudadanía por haber liderado la construcción de la avenida Madame Lynch, que tanto perjuicio económico y hasta quiebras produjo durante los siete años que duró su construcción, en vez de los tres inicialmente previstos, y cuyo costo inicial de US$ 47 millones trepó a la friolera de más de US$ 70 millones con base en decenas de “prórrogas” y “modificaciones” raras.

    El monto del contrato original para la construcción de la avenida Laguna Grande fue de US$ 23 millones, y la orden de inicio de los trabajos fue impartida por el propio ministro Jiménez Gaona en octubre de 2014, con un plazo de terminación de 24 meses. Sin embargo, llamativamente, solo después de recibir el anticipo contractual, el ingeniero Díaz Benza recién percibió que no podía iniciar los trabajos, aduciendo como causa el haberse encontrado con “un diseño que planteó una serie de dificultades que podrían tornar impracticable la obra si no se procede a una modificación”.

    En febrero de 2015, el ministro Jiménez Gaona, con toda razón, acusó a la empresa consultora Electroconsult –que había elaborado el proyecto ejecutivo– de ser la responsable de las deficiencias denunciadas por el ingeniero Díaz Benza, por cuya causa el mismo tuvo que ser corregido por la consultora contratada para la fiscalización de los trabajos, lo que de entrada nomás ya produjo un primer aumento del 20 por ciento por encima del costo original, justamente el máximo permitido por la ley de contrataciones públicas. “Ni siquiera estaba registrado el problema de desagües, al cual se puede enfrentar la obra, y esto no será el único problema que vamos a afrontar, debido a que la ciudad se tiró encima de los cauces”, sostuvo con desagrado el ministro Jiménez Gaona en la oportunidad, haciendo una merecida crítica al chapucero proyecto.

    Inopinadamente, en un llamativo cambio de actitud, el 15 de junio de ese año, el ministro remitió una nota al procurador general de la República expresando, entre otras cosas, que la consultora Electroconsult “(…) ha dado cumplimiento a todos los aspectos técnicos previstos en el contrato” (¡¡¡!!!), con referencia al suscrito para la elaboración del proyecto ejecutivo de la obra. La insólita reculada del ministro sorprendió a propios y extraños, pues con ello exculpó olímpicamente a la consultora que pudo así deslindar responsabilidad en cuanto al sobrecosto de la obra (US$ 4,6 millones), como lo expresó en el comunicado a la opinión pública emitido en espacio reservado en la prensa, el 19 del corriente.

    Para la gente, este teatral desenlace de una controversia que mereció atención pública en su momento es una clara muestra del modo como funcionó y funciona el triángulo de la corrupción conformado por MOPC-consultora/proyectista-constructora: el ministerio encomienda a una empresa consultora la elaboración de un determinado proyecto vial. Esta –que por lo general pertenece a la misma empresa constructora que después gana la licitación–, previa connivencia con concusionarios de la repartición estatal lo diseña defectuosamente, de modo de posibilitar que, de buena o mala fe, la empresa adjudicada para su construcción cuestione las falencias y solicite el “cambio del paquete estructural”, el habitual cliché de reclamo amañado. Obviamente, cuando eso suceda, ya la constructora habrá cerrado el triángulo de la colusión público-privada y el MOPC accede sin retaceos a lo solicitado, pagando a la consultora proyectista o fiscalizadora (dependiendo a quién se adjudique la revisión del proyecto) por el servicio y, por supuesto, por el infaltable oneroso sobrecosto resultante. Esto es lo que sucede recurrentemente desde hace 60 años con la construcción de obras viales encaradas por el MOPC, como puede constatarse revisando el historial de cada una de ellas.

    A propósito del reclamo público con relación al sobrecosto que ha tenido el proyecto original de la avenida Laguna Grande, la consultora Electroconsult del Paraguay S.A., en el comunicado antes referido, acusó a la prensa de ser la culpable de tergiversar los hechos en el caso en cuestión, haciendo –con toda desfachatez– recaer sobre ella la responsabilidad del sobrecosto registrado en la obra de referencia.

    La verdad es que la prensa se limitó a destacar la sospechosa contradicción inherente a la acusación formulada inicialmente por el ministro Jiménez Gaona contra la consultora y su posterior retractación. La conclusión lógica que la ciudadanía pueda inferir del llamativo embrollo escapa a su cometido, mal que le pese a la triada de actores involucrados en el mismo: MOPC, Electroconsult y EDB Construcciones.

    A este paso, en que los altos funcionarios del Gobierno se mofan de la opinión pública y de las denuncias de la prensa en vez de tratar de limpiar la casa, en el Paraguay los ladrones de fondos en las obras públicas continuarán robando impunemente, como en los mejores tiempos de la dictadura stronista.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/triangulo-de-corrupcion-en-las-obras-publicas-1597082.html

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    Publicado por jotaefeb | 28 mayo, 2017, 5:23 pm
  4. La cuestión no es con nosotros

    En conferencia de prensa convocada en la víspera en la sede del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el titular de dicha cartera de Estado, Ramón Jiménez Gaona, negó categóricamente que él, o sus colaboradores, hayan recibido coima alguna de parte de la empresa española Isolux Corsán, constructora del viaducto ubicado en la intersección de las avenidas Aviadores del Chaco y Madame Lynch. Esa posibilidad surgió de una investigación realizada por la Comisaría General de Policía Judicial (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal) española, contenida en un frondoso expediente, noticia de la que se hizo eco ABC Color.

    La furibunda diatriba lanzada por el ministro en contra de nuestro director sorprendió a los periodistas presentes en la ocasión, habida cuenta de que la publicación de ABC Color a que hizo alusión el señor Jiménez Gaona como injuriosa, no era más que una reproducción literal de lo que el día antes había publicado el diario español El Mundo, basado en la investigación aludida. Esta busca dilucidar denuncias de corrupción que pesan contra empresas españolas que habrían pagado sobornos para conseguir contratos de obras en el exterior.

    En este caso, la pesquisa tiene en su mira a Jordi Pujol Ferrusola –hijo de un prominente político de Cataluña, del mismo nombre–, quien es socio fundador de la empresa Active Translation, a la que la justicia española acusa de haber cobrado una “comisión” por la obra del viaducto construido en Paraguay por la empresa española Isolux Corsán. Entre otras cosas, basada en un correo electrónico remitido el 24 de diciembre de 2013 por Mario Maxit a Ernesto dos Santos, quien aparece como el intermediario paraguayo, la Policía Judicial española concluye que: “Ernesto Manuel dos Santos Bedoya presume de tener contacto directo con el ministro de obras de Paraguay, y de poder modificar los pliegos de licitaciones, consiguiendo que no descalifique a ISOLUX CORSÁN por los índices, o que se modifiquen estos índices para que no se produzca la descalificación, además de poder alterar otros parámetros como los plazos”.

    Al respecto, lo único que nuestro diario ha agregado a la publicación del medio colega español es la fotografía de 2014, en la que se los ve al señor dos Santos y a la directiva de la empresa Isolux Corsán en compañía del ministro Jiménez Gaona en ocasión de una visita al ministerio, lo que confirma su calidad de interlocutor válido para lo que fuere ante el MOPC, como lo sostiene la Policía Judicial española.

    Por lo demás, a los efectos de contrastar la publicación del diario El Mundo con las palabras del ministro, y así poder ofrecer a nuestros lectores el tañido de la otra campana, intentamos sin éxito conocer su opinión al respecto, la que no fue respondida pero que, sin embargo, apareció en catarata en la reunión de prensa convocada por el alto funcionario.

    Desde el momento en que nuestro diario no ha emitido juicio de valor alguno acerca de los cargos sostenidos por la Policía Judicial española contra la empresa Isolux Corsán por el supuesto pago de coima a funcionarios de alto nivel del MOPC, en vez de satanizar a nuestro director, lo que el ministro Jiménez Gaona hubiese hecho, para deslindar responsabilidad institucional con total transparencia, era anunciar una exhaustiva investigación al interior de la institución a su cargo para confirmar su apriorística confianza en la honestidad de sus principales colaboradores. Más aún, tratándose de un escándalo que trasciende los límites de nuestro propio país, como en su calidad de máximo responsable institucional de la honorabilidad sectorial del Gobierno nacional del que forma parte. Así como aparece en la mencionada investigación española, se tiene la impresión de que sus colaboradores le han estado pasando la pelota entre las piernas, mientras él ponía la mano en el fuego por ellos.

    Para aclarar la situación ante la ciudadanía con un juicio ecuánime acerca del grave hecho de corrupción apuntado por la Policía Judicial española como ha ocurrido en nuestro país en el ámbito de su responsabilidad institucional, el ministro Jiménez Gaona debe asumir responsablemente el compromiso de investigar la grave denuncia para sacudirse del lodo que ha sido lanzado sobre sus espaldas y sobre la institución a su cargo.

    Su apelo al exabrupto se presta más a suspicacia pública que a confianza en su gestión. Los agravios gratuitamente proferidos contra el director de nuestro diario, tomándolo como chivo expiatorio en la sospecha de corrupción que involucra a su Ministerio, restan seriedad y credibilidad a sus protestas de honestidad y transparencia de gestión.

    Sus duros cuestionamientos en cuanto a la integridad y seriedad de ABC Color y de su director inducen a sospechar que el ministro no dice todo lo que sabe respecto de este caso. Mientras minimiza los factores contractuales y situacionales inherentes a la construcción del viaducto y que involucran al señor Ernesto Manuel dos Santos como habiendo supuestamente influenciado cambios en los pliegos de la licitación, así como en los índices de solvencia exigidos a las empresas interesadas en la construcción como nexo con la empresa Isolux Corsán, el ministro Jiménez Gaona coloca a nuestro diario como el gran culpable del escándalo que salpica a su repartición. Nada más lejos de la verdad. La cuestión no es con nosotros.

    El ministro es uno de los funcionarios estrella del “nuevo rumbo” anunciado por el presidente Horacio Cartes cuando asumió su actual cargo, al ocupar una de las carteras más importantes y donde se maneja la mayor cantidad de recursos financieros. Por eso, debe dejarse de gastar “pólvora en chimangos” y aclarar debidamente las graves insinuaciones contra su Ministerio derivadas de la investigación española, que ya en su fase inicial está apareciendo similar a otro escándalo internacional de corrupción cuyo protagonista estrella es la empresa brasileña Odebrecht en colusión con presidentes, ministros de obras públicas y políticos influyentes a lo largo y ancho de los países latinoamericanos.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/la-cuestion-no-es-con-nosotros-1596292.html

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    Publicado por jotaefeb | 28 mayo, 2017, 5:23 pm
  5. Megaviaducto

    Hago una pregunta ¿Por qué nadie, sí, digo nadie, puesto que ningún diario habló más de dos renglones del megaviaducto sobre Madame Lynh y Aviadores del Chaco. Disculpen ustedes, pero qué daño hizo la Setama y el municipio.

    Antes de esta obra los colectivos que venían de Mariano Roque Alonso, Limpio, Loma Pytá con muchos pasajeros paraban en el cruce Madame Lynch y Aviadores, ahora estos transportes se van por debajo, es decir por el túnel y, cuatro cuadras antes de llegar a la ex rotonda, los pasajeros se tienen que bajar y caminar ocho a nueve cuadras o en su defecto si te bajás pasando el túnel, te dejan a seis cuadras de Madame Lynch y Aviadores.

    Es decir tenés que caminar más de diez cuadras para tomar los otros colectivos que se dirigen hacia Luque que solamente paran, según ellos en paradas preestablecidos, lo cual es una vil mentira. Caminar un promedio de 1 km de noche por calles totalmente faltas de iluminación es un peligro, ya que todo puede pasar.

    Dónde se metió la Setama y la Municipalidad. Por qué no pensaron en eso, vieron solamente la causa y no el efecto. Por lo visto ellos no utilizan dicho trayecto, así que les importa un bledo lo que la gente opine y reclame. ¿Opinar y reclamar?, ¿ a quién?, ¿a dónde?

    Creo realmente que los colectivos deberían de bordear y no ir por el túnel sino por arriba y, así dejar a los pasajero como antes, en el cruce de estas dos avenidas, así las cruzamos y caminamos 20 m para tomar los otros colectivos que van hacia Luque, Areguá, Ypacaraí, entre otros.

    Para desgracia de los pasajeros de los transportes públicos los colectivos que vienen de Asunción van por el puente (parte alta del viaducto). Allí están las otras cuatro cuadras que uno tiene que tirar pata, para conseguir viajar en ellos. A mi parecer, solo los automóviles deberían de usar dicho túnel.

    Tomas Alfonso Cabezas

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    Publicado por jotaefeb | 25 mayo, 2017, 10:32 am
  6. El negociado del MOPC en el Parque Guasu

    La decidida y oportuna manifestación in situ de organizaciones ambientales ciudadanas realizada en la tarde del pasado 9 del corriente consiguió interrumpir la salvaje depredación de 34 hectáreas de bosques y fauna nativos dentro del Parque Guasu Metropolitano ordenada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Según dicha cartera de Estado, los trabajos se encuadran dentro del proyecto de construcción en el sitio de dos piletas de atenuación de desbordes del arroyo Itay, que en ocasión de lluvias intensas inundan parte de la pista de aterrizaje del aeropuerto Silvio Pettirossi y barriadas asentadas a lo largo de su cuenca, aguas abajo.

    El pertinente contrato de construcción fue adjudicado a la empresa DC Construcciones (de Luis Duarte Luraghi y Luis Castiglioni), por un monto de 41.326.844.724 guaraníes (unos US$ 7.250.000). Ante el reclamo de la ciudadanía por el severo impacto ambiental que tendrá el proyecto, el MOPC hizo públicas sendas autorizaciones de las Comunas de Asunción y de Luque, así como de la Secretaría del Ambiente (Seam). Contradictoriamente, el intendente de Asunción, Mario Ferreiro, aclaró a la opinión pública que la autorización concedida al MOPC era solo para encarar construcciones civiles, no así las medioambientales. La Seam, por su parte, como acostumbra, tratándose de delitos ambientales perpetrados por el Gobierno o personajes poderosos, se llamó a silencio.

    No está claro qué determinación tomará el MOPC ante la justificada oposición ciudadana al desatinado proyecto. Lo más probable es que recurra a un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, como se ha hecho costumbre de los ministros del Poder Ejecutivo para torcer la vara de la justicia a favor de sus intereses, aun contra la ley. Obtenida esta medida cautelar, seguramente solicitará el apoyo de la fuerza pública para reprimir a los grupos ciudadanos que intenten impedir que la empresa contratista reanude la depredación del área que la ciudadanía reclama sea protegida por ley de la ación.

    En tal sentido, la gente aglutinada en las redes sociales no debe bajar la guardia. Por el contrario, debe endurecer su oposición a la destrucción de una reserva ecológica invalorable e irremplazable, fortuitamente preservada hasta ahora gracias a que desde siempre formó parte de los predios militares de Campo Grande. Es más, la ciudadanía tiene a su favor un factor clave: el proyecto de mitigación del desborde del arroyo Itay, así como está previsto implementar, es un disparate total desde el punto de vista de la ingeniería hidráulica y de la utilidad que supuestamente va a prestar. El Estado no solo va a despilfarrar más de US$ 7 millones de dinero público por una obra que a la postre no va a servir para la finalidad propuesta, arrasando de paso un área silvestre que más bien debiera proteger y no destruir.

    Cualquier profesional, ingeniero civil o técnico especialista en obras hidráulicas sabe que la SOLUCIÓN del problema pasa por ampliar, adecuada y proporcionalmente, el canal natural del arroyo Itay, empezando por su desembocadura en el brazo del río Paraguay conocido como Riacho San Francisco, y continuando aguas arriba hasta el puente por el que lo cruza la avenida Aviadores del Chaco. En tal sentido, la nota de la Intendencia Municipal de Asunción remitida al MOPC, a la que hicimos alusión más arriba, insinúa, indirectamente, que el proyecto en cuestión, para ser viable: “(…) vemos la necesidad que los estudios y ajustes del cauce por la sustentabilidad y previsibilidad del proyecto, lleguen hasta el Puente de Paso Ñandeyara sobre la Ruta 3 por las llanuras de inundación extendidas que se crean, entre el Aeropuerto y la mencionada Ruta”.

    Obviamente, la sugerencia del ingeniero Samuel González Segnana, director general de obras de la Municipalidad de Asunción, quien firma la comunicación de referencia, coincide con la única solución técnicamente posible a que hemos hecho alusión para –en caso de que sea cierta, ya que no fue demostrada– evitar que se inunde la cabecera de la pista del aeropuerto y las viviendas precarias asentadas en una y otra margen del Itay aguas abajo, hasta Paso Ñandeyara. Le faltó decir que la regularización y ampliación del cauce debe llegar indefectiblemente hasta su desembocadura en el Riacho San Francisco. Si no fuera así, el enorme caudal que arrastra el arroyo en días de lluvias intensas –el cual se incrementará significativamente con el aporte de la avenida Laguna Grande (conocida también como Acceso Este)– sufriría un brusco efecto de dique en Paso Ñandeyara, sobrepasando incluso la altura del nuevo puente allí construido.

    Resulta curioso que desde el MOPC hayan respondido a la condicionante sugerencia de la Municipalidad de Asunción, que las obras por ella recomendadas no forman parte del proyecto de las dos lagunas de amortiguación que serán construidas. Entrelíneas debe leerse que eso significa que el MOPC tiene muy clara la película del engaño: saben que la construcción de las dos lagunas no va a resolver el problema de la inundación de la pista del aeropuerto, que es el pretexto esgrimido por el MOPC y la Dinac para implementar el inservible y costoso proyecto.

    Las ponderaciones precedentes son de mero sentido común. Cuesta entender, entonces, por qué razón –si alguna hay– el MOPC va a dilapidar siete y pico millones de dólares y arrasar fauna y flora irrecuperables por una obra que no va a servir para la finalidad propuesta. La deducción lógica es que se trata, otra vez, de un descarado negociado más que se quiere enmascarar con el ropaje de una obra pública prioritaria y urgente. En tal sentido, vale la pena recordar que ya en otra oportunidad se realizó el mismo negociado, en el mismo sitio y con la misma mentira: en complicidad con autoridades del MOPC y de la Dinac, el consorcio del arquitecto Julio Mendoza y el ingeniero Isacio Vallejos (contratistas del segundo tramo de la autopista Ñu Guasu) procedió a abrir enormes cajas de préstamo de tierra seleccionada dentro del predio del aeropuerto, supuestamente también para aminorar los efectos del desborde del Itay. Pero en la realidad no era para tal cosa, sino para utilizarla en la construcción del terraplén de la ruta al lado, en vez de tener que acarrearla desde Emboscada, ahorrándose así miles de millones de guaraníes en transporte que, sin duda, tuvieron que repartirse con sus cómplices de una y otra institución pública.

    Dado que, desde el punto de vista técnico, el proyecto que a tan alto costo económico y ambiental pretende implementar el ministro Ramón Jiménez Gaona no va a servir para la finalidad pretextada, el Presidente de la República debe ordenar su inmediata cancelación, debiendo el ministro rendir cuenta a la ciudadanía por tan grosero intento de estafa al fisco y a la buena fe del pueblo paraguayo. Mientras tanto, los ciudadanos y las ciudadanas deben hacer oír su voz por todos los medios a su alcance para evitar este nuevo y costoso delito ambiental que perjudicará a Asunción por siempre.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/el-negociado-del-mopc-en-el-parque-guasu-1595145.html

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    Publicado por jotaefeb | 22 mayo, 2017, 11:15 am
  7. ¿Qué debe el MOPC?

    A fines del año pasado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) favoreció al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con una inconstitucionalidad para que la institución dependiente del Poder Ejecutivo –quizá la de más preponderancia–, ya no sea auditada de ahora en más por la Contraloría General de la República. Desde ese día, solo el Tribunal de Cuentas tiene atribuciones para revisar las cuentas del MOPC.

    Si de por sí ya fueron llamativos el pedido del MOPC como la posterior decisión de la Corte, ahora salió a luz que la máxima instancia judicial, había sido, rechazó dos acciones idénticas presentadas por las Municipalidades de Santa Elena y Arroyos y Esteros.
    Estas localidades utilizaron un idéntico argumento al del MOPC, pero como se volvió costumbre desde hace un tiempo, antes de tomar una decisión, la Corte mira primero la cara del cliente.
    Más allá de este auténtico papelón, que deja nefastos precedentes judiciales, ¿qué esconde el MOPC?
    Este pedido del ministro Ramón Jiménez Gaona deja en ridículo cualquier argumento de integridad en un Gobierno que se jacta de ser el más transparente de la época democrática.
    En medio de leyes y decretos de libre acceso a la información pública, una decisión como esta no tiene ningún sustento ni argumento razonable.
    Esta secretaría de Estado debería ser el ejemplo de transparencia, no solo por las multimillonarias obras que está llevando adelante actualmente, sino también –y principalmente– por el manto de duda que se generó luego de conocerse que una cuarentena de obras del Estado están aseguradas por la empresa de la persona que es la mano derecha del presidente Cartes.
    Pero no. Con esta determinación, el MOPC lo único que genera es desconfianza. ¿Qué puede pensar un ciudadano que todos los meses paga IVA, IRP o simplemente un peaje, de una institución que no quiere ser auditada? Automáticamente, lo primero que viene a la cabeza es una secretaria de oro, una obra fantasma o una sobrefacturada construcción.
    Si no hubiera algo que ocultar, difícilmente una institución recurra a este tipo de artimañas para evitar ser controlada.
    Un conocido refrán dice que “el que nada debe, nada teme”. Entonces, ¿qué debe el MOPC?

    Por Iván Lisboa

    http://www.ultimahora.com/que-debe-el-mopc-n1058729.html

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    Publicado por jotaefeb | 31 enero, 2017, 8:30 am
  8. La piñata del MOPC

    En su balance de fin de año del 2016, el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) incluyó un informe elaborado por Transparencia Internacional entre el 2014 y 2015, y publicado en junio del año pasado, acerca del nivel de corrupción en los países de Latinoamérica. En el mismo se sindica al Paraguay como uno de los países de la región donde más corrupción existe en el ámbito de la función pública, después de Venezuela y Haití. Se trata de un rotundo mentís a la engañosa prédica del gobierno del presidente Horacio Cartes de que bajo su administración se ha implantado una política de transparencia y honestidad en la función pública, mediante la cual se ha logrado reducir significativamente la endémica corrupción que por décadas ha dado tan mala fama al país.

    En realidad, no sorprende que desde afuera nos vean de tan mala manera. Cotidianamente, la ciudadanía tiene la visión en tiempo real del saqueo del dinero público perpetrado por burócratas concusionarios en colusión con empresarios corruptos y corruptores, al amparo de total impunidad.

    Las reparticiones públicas del Estado, incluidos el Parlamento, el Poder Judicial, las gobernaciones y las intendencias municipales, continúan siendo antros de desembozada corrupción. Se roba descaradamente. Al amparo del clientelismo político reactivado por el Presidente de la República en su afán por ser reelecto –pese a la prohibición constitucional–, el vicio de la corrupción en la función pública ha adquirido renovado impulso.

    Obviamente, la contundencia de los zarpazos a las arcas públicas se da en función del presupuesto de inversión de las reparticiones públicas. De todas estas, la que mayor cantidad de dinero ha recibido históricamente en ese concepto es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), merced a préstamos de las agencias financieras internacionales, como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras, a más de los aportes del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem).

    Concomitantemente, en función de su mayor disponibilidad de recursos para la construcción de obras públicas –primariamente viales–, el MOPC se convirtió también en el principal antro de corrupción en el ámbito del Estado ya en los tiempos de la dictadura stronista, aunque a una escala comparativamente menor que la actual, pues los concusionarios se cuidaban de no salirse de los límites del “precio de la paz”, el eufemismo con que los jerarcas del régimen robaban la plata del Estado en aquel tiempo.

    Tras la emergencia de los “barones de Itaipú” –devenidos poderosos empresarios viales con el dinero ganado en la construcción de la represa binacional–, el MOPC cayó en sus garras y la corrupción se hizo endémica, hasta el punto de que Cavialpa, el gremio que conformaron los “barones de Itaipú”, logró hacer aprobar por el Congreso una ley por la que los empresarios viales se arrogaron poder de decisión en pie de igualdad con las autoridades del MOPC para la aprobación de costos unitarios de las obras viales, así como su adjudicación. Por esta ley se creó la Dirección Nacional de Obras Públicas (Dinop), aunque la misma fue derogada con posterioridad.

    Bajo el actual gobierno, con la burbuja financiera posibilitada por el endeudamiento masivo del país mediante la emisión sin control de bonos del Tesoro, el MOPC triplicó su presupuesto de inversión y, concomitantemente, también la corrupción inherente a su gestión institucional.

    Al asumir el cargo, el ministro Ramón Jiménez Gaona expresó su intención de querer hacer bien las cosas, con honestidad y rectitud, a fin de poner orden en el prostituido escenario de la construcción vial que recibía en herencia, entre ellas la avenida Ñu Guasu, a la que calificó como la peor de todas. Sin embargo, tras el breve lapso de hipocresía institucional con que inició su gestión, se sacó la careta y aceptó las mañas para continuar apañando el pillaje de sus antecesores en el cargo.

    Efectivamente, en vez de castigar a los consultores y empresarios corruptos responsables de las obras mal construidas, retrasadas en plazos y sobrefacturadas en costo, así como a los funcionarios corruptos de la institución que a cambio de coimas prohijaron los chanchullos, el flamante titular de la cartera optó más bien por premiarlos con un pago adicional equivalente al 20 por ciento del monto original de sus contratos respectivos. Esto ocurrió con los tres consorcios responsables de la construcción de la ruta Concepción-Vallemí (Consorcio Tagatiyá, representado por Óscar Rubiani; TyC, representada por Francisco Griñó; y Benito Roggio, representado por Emilio Gill), así como con los dos que tenían a su cargo la construcción de la avenida Ñu Guasu (Tramo 1: consorcio formado por Tecnoedil (Roque Ardissone), Heisecke SA (José Luis Heisecke), Ocho A (Luis Pettengill); Tramo 2: Consorcio Las Residentas, representado por Isacio Vallejos y Julio Mendoza Yampey), por citar las obras más costosas y problemáticas en ese momento.

    Un botón de muestra de la incoherencia e incompetencia de gestión del ministro Jiménez Gaona lo constituye la solución final dada a su “peor herencia”, la avenida Ñu Guasu, recientemente inaugurada con bombos y platillos pero que en términos de funcionalidad vial es un desastre. Ahora que se tienen que solucionar y pagar sus defectos, resulta que “había sido” no se previó expropiación. ¿En qué consistió entonces el estudio de factibilidad? ¿Existen tales estudios? ¿Quiénes son los consultores estafadores que no advirtieron de esta situación? ¿Quiénes fueron los ministros y directores devenidos cómplices?

    Este tipo de obras proyectadas defectuosas ex profeso, procedimiento clásico del MOPC en los últimos 60 años, es exclusivamente para coimear. Los consultores dan coima para que se los elija. Los del ministerio dan coima a la gente del BID para que les den los préstamos. Las empresas dan coimas al MOPC para ser adjudicadas. Dan coima para hacer modificaciones y ampliaciones que cuestan otra vez centenares de millones de dólares, por lo que dan coima. Y así sucesivamente, estas obras públicas se hacen a coimazos limpios.

    El día que venga un gobierno honesto van a ir a parar a la cárcel muchos exfuncionarios del MOPC de los últimos años. Tal cual sucede actualmente en Brasil y Argentina.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/la-pinata-del-mopc-1552935.html

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    Publicado por jotaefeb | 9 enero, 2017, 8:28 am
  9. Burla indignante

    El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, va a pasar a la historia como el artífice de la “solución por el desastre” de los problemas viales heredados de su antecesor en el cargo. Un típico caso de los varios que su desprolija administración lleva en su haber en tal sentido lo constituye la barrabasada cometida con el diseño geométrico de la avenida Ñu Guasu, aprobado por el MOPC para el completamiento del segundo tramo de la misma, hasta su inconcluso empalme con la principal avenida de acceso a la ciudad de Luque, la avenida General Aquino.

    En efecto, tras calificarla como la “peor herencia recibida”, lo que la ciudadanía esperaba era que el nuevo ministro tomara el toro por las astas y corrigiera con toda energía institucional el defectuoso proyecto vial que le tocara en mala suerte recibir como presente griego, sentando en el banquillo de los acusados a los consorcios de empresas viales responsables de su construcción para que rindan cuentas de sus incumplimientos contractuales, y reciban las sanciones concomitantes.

    Sin embargo, la actitud del ministro Jiménez Gaona fue totalmente contraria a lo que la gente esperaba. En vez de rescindirles sus contratos por el escandaloso atraso de casi dos años que llevaban acumulado en su haber en cuanto al plazo de terminación de la obra, o al menos aplicarles las multas previstas, en absurda decisión resolvió más bien premiarles con un generoso aumento del 20 por ciento por encima de sus montos contractuales respectivos, el máximo permitido por la ley de Contrataciones Públicas, y una benevolente ampliación del plazo de terminación.

    Con ese llamativo cambio de actitud del ministro, la obra vial se convirtió en la niña bonita de su administración, hasta el colmo de autorizar al consorcio Las Residentas, del ingeniero Isacio Vallejos y el arquitecto Julio Mendoza, a dejar tranquilamente inconclusos casi 500 metros del segundo tramo de la avenida cuya construcción tenía a su cargo. Con esta llamativa mutilación, la longitud del tramo quedó reducida a 2,5 kilómetros en vez de los 3 previstos en el contrato. Con esto, el consorcio contratista se “ahorró” unos 17.000 millones de guaraníes, pues en su liquidación final recibió la totalidad del monto del contrato más el apetitoso aumento del 20 por ciento sobre el monto original que se le regaló.

    La curiosa explicación al respecto dada por el director de Vialidad del MOPC, ingeniero Ignacio Gómez, fue que el monto de dinero correspondiente a los 500 metros faltantes fue “invertido” por el consorcio contratista en la construcción de numerosas obras adicionales resultantes de “modificaciones” del proyecto original, tanto en su traza geométrica como en ampliaciones y refuerzos de grandes estructuras (puentes y viaductos). Y que los 500 metros faltantes serían “completados” –por supuesto con nuevos costos– cuando se construya el tercer tramo de la avenida, que conectará con la ruta Luque-San Bernardino.

    Contrariamente a lo indicado por la lógica vial y el sentido común de la gente, si los 3 millones de dólares ahorrados con el acortamiento del segundo tramo de la avenida se hubieran empleado para mejorar las condiciones técnicas del trazado y la seguridad de los automovilistas, el abuso financiero perpetrado con tal medida no hubiera recibido tanta crítica como la que recibió. Lamentablemente, y lo que resulta imperdonable, es que ese dinero aportado por los contribuyentes no fue empleado en beneficio del público. Todo lo contrario. Fue utilizado más bien para maximizar el lucro del consorcio contratista a expensas de la funcionalidad de la obra vial y, consecuentemente, de la comodidad de los usuarios de la misma.

    Lo que hicieron estos inútiles del MOPC fue CLAUSURAR la entrada a Luque por la avenida Aviadores del Chaco, antes que mejorarla mediante un adecuado empalme con la avenida Ñu Guasu. En vez de eso, optaron por canalizar el tránsito en zigzags por unas callejuelas que hay que verlas para creer. Ese laberinto vial es un botón de muestra de la irresponsabilidad institucional y de la irritante impunidad que siempre caracterizó al MOPC en cuanto a la ejecución de las obras públicas, cuya mejor muestra es el deplorable estado actual de la ruta Transchaco, por señalar una.

    No solamente se robaron el dinero del pueblo directamente, como ocurrió con los 400 millones de dólares del crédito chino, sino que además estos ineptos profesionales son incapaces de hacer un proyecto como la gente que solucione el problema que se enfrenta. En vez de eso, le dan “solución” a un problema y crean otro u otros, peores, como este del acceso a Luque, que es realmente una ofensa a la inteligencia y al sentido común.

    Mientras tengamos este tipo de gente en los gobiernos del país, no solo que nunca nos sacudiremos de la pobreza, sino que vamos a estar cada vez más en peores condiciones. La gran ironía es que bajo la administración del ministro Ramón Jiménez Gaona, el MOPC ha contratado por decenas de millones de dólares a una empresa consultora extranjera, supuestamente para corregir los proyectos viales defectuosos elaborados a nivel local.

    No sabemos si el engendro del recorte de la avenida Ñu Guasu en su acceso a Luque y los rulos de circunvalación fueron correcciones de primer mundo introducidas por la consultora de referencia, o la espontánea decisión del director de Vialidad, o de cualesquiera de los adláteres del ministro, con el fin de exorcizar el maleficio heredado.

    Sea como fuere, si la avenida Ñu Guasu fue la peor herencia que recibió el ministro Jiménez Gaona de su antecesor, la dejará aun peor al pueblo paraguayo cuando a él le toque irse.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/burla-indignante-1551786.html

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    Publicado por Anónimo | 2 enero, 2017, 10:00 am
  10. Acostumbrada improvisación

    Las obras de la avenida Laguna Grande, más conocida como Acceso Este, de 11 km, que unirá la ciudad de San Lorenzo con Asunción, paralela a la avenida Mariscal López, es sinónimo de la acostumbrada improvisación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para la concreción de infraestructuras públicas.

    Hace más de dos años que dieron la palada inicial a las obras, que fueron adjudicadas en mayo del 2014 al consorcio Asunción SA y Asociados (EDB Construcciones SA), por G. 127.166 millones. Sin embargo, hasta la fecha no llega aún ni al 50% de avance.

    La obra registró un considerable atraso, ya que no se previeron los sistemas cloacales en el proyecto inicial, por lo que se hizo otra licitación para ejecutar esta parte, que hoy está en etapa de inicio. Este imprevisto costará otros G. 34.888 millones.

    La elaboración de los estudios de factibilidad, antes de licitar las diferentes obras públicas, cuesta una fortuna al Estado. Pero estos estudios, en la mayoría de los casos, no prevén soluciones definitivas a las obras, por lo que terminan con un considerable encarecimiento. Basta con mirar un ejemplo claro: Las obras de la avenida Ñu Guasu, que en cuatro años todavía no terminan y tienen un encarecimiento del 20%.

    En el caso del Acceso Este, es el colmo que los proyectistas no hayan visto la necesidad de obras cloacales en una zona donde los desechos están al aire libre, y con olor repugnante. Quizá los sentidos de los ingenieros proyectistas fallaron en la ocasión.

    Por otro lado, el MOPC se jacta de llamar “avenida” a lo que será una angosta calle de dos carriles, que con un poco más de inversión y visión, sí pudo llegar a ser una avenida, con todo lo que implica este concepto. La gran solución de los ingenieros al proyecto es que “no se permitirá estacionar en esta arteria”.

    Es verdad que el trazado incluye ahora desagües pluviales y cloacales, lo que representa el 80% de lo que se ejecutará. Empero, la falta de visión del MOPC queda a la vista, porque en pleno crecimiento del parque automotor, y más en la capital, siguen proyectando “avenidas” de dos carriles.

    El pueblo paraguayo merece que las obras del MOPC sean con una visión a futuro, que se ejecuten de acuerdo al cronograma –en tiempo y forma– y que los precios no se inflen como ocurre siempre. Además, se debe castigar a las empresas que incumplan con el calendario de ejecución.

    Al mismo tiempo, se debe sancionar a las firmas (las mismas de siempre) que realizan un pésimo diseño de los diferentes proyectos.

    Por Víctor Ferreira –

    http://www.ultimahora.com/acostumbrada-improvisacion-n1012666.html

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    Publicado por Anónimo | 4 agosto, 2016, 7:00 am
  11. Luqueños, atrapados

    Por Arnaldo Espínola

    Los luqueños se encuentran atrapados por la interminable construcción de la avenida Ñu Guasu, encarada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en el límite con Asunción.

    Salir o entrar a Luque se tornó una odisea, principalmente en horas pico, como consecuencia de la obra, que tiene un atraso de al menos 4 años.

    A esto se sumó hace unos meses el inicio de la construcción del superviaducto en la zona de Madame Lynch entre Silvio Pettirossi y Aviadores del Chaco, punto considerado como principal acceso de entrada y salida a la capital.

    A raíz de esto, los luqueños fueron “desplazados” prácticamente hacia la zona del Club Internacional de Tenis (CIT), a través de caminos alternativos.

    Sin embargo, casi al mismo tiempo la empresa EDB Construcciones, contratada por el MOPC, inició la instalación de galerías celulares en el marco de la obra “Acceso Este o Laguna Grande” para unir San Lorenzo con Asunción, que además incluye la construcción de 11 km de asfaltado hasta Asunción, que ya debió concluir en febrero pasado.

    Las referidas obras son ejecutadas simultáneamente y denotan la improvisación de la cartera de obras; además refleja la inoperancia, la falta de coordinación y la poca visión de quienes manejan los proyectos.

    El MOPC, a cargo del ministro Ramón Jiménez Gaona, junto a los intendentes de Luque, Carlos Echeverría (ANR), y de Asunción, Mario Ferreiro (Avanza País), habían anunciado con bombos y platillos la reparación de los caminos alternativos que los conductores podían utilizar para dirigirse a Asunción.

    Pero esas arterias, que tienen que ver con el plan de desvíos en zona del CIT, se encuentran en muy malas condiciones, llenas de basura y agua servida.

    Los conductores se encontrarán con la clausura del tránsito en las calles Sinforiano Buzó y Teniente Segundo Benigno Cáceres, hacia calle Máximo Caballero –en Asunción– y la calle Ybytyruzú, en el lado de Luque.

    La intervención para el Acceso Este también generó el desborde del arroyo Itay, a la altura de la calle Teniente Sosa, que divide los municipios de Asunción, Fernando de la Mora y Luque.

    En este sitio desapareció el pequeño puente, ubicado en las “Tres Fronteras”, que quedó bajo agua, y los vecinos deben convivir en medio de aguas sucias y malolientes.

    Entretanto, los conductores se arriesgan a cruzar este punto que es una de las peores vías alternativas ofrecidas por el inoperante MOPC.

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    Publicado por jotaefeb | 10 julio, 2016, 8:01 am
  12. SONDEOS

    Andrés Granje

    Es increíble como los medios de prensa a veces abusan de la inteligencia y la paciencia de sus lectores, embarcándose en campañas periodísticas dirigidas a impedir que entre en vigencia determinados proyectos por parte de los gobiernos de turno, obras que traerán modernidad y un cambio en anquilosadas estructuras viales que se tiene en el país desde la época de la colonia. El tema de los viaductos es uno de ellos, basta solamente recordar la manera cruel y dura como el diario ABC, color atacaba la construcción del viaducto sobre Santa Teresa, donde se objetaba todo, finalmente los trabajos concluyeron, su uso alivió grandemente el embotellamiento y el caos vehicular que se daba en la zona y hoy es solamente queda como anécdota las molestias que la ciudadanía “sufrió”, mientras se construía el paso a desnivel.

    Lo mismo sucede con la construcción del súper viaducto que se construye sobre la avenida Madame Lynch y Aviadores del Chaco, en donde los palos a la rueda colocada desde las numerosas notas editoriales y artículos del diario en contra del gran emprendimiento felizmente no hizo mella en los gobernantes y hoy la ciudadanía espera con ilusión que avance las mismas y que en breve tiempo se pueda contar con estos pasos a desnivel que solucionaran en gran parte los graves problemas de desplazamiento que se tiene, más ahora con la construcción de la autopista Ñu Guazú y otros accesos viales en la zona, una de las más desarrolladas en los últimos tiempos.

    En la víspera el diario ABC Color, destina nuevamente una nota editorial en contra de otros de los grandes proyectos que lleva adelante el gobierno nacional y apoyado por la ciudadanía que es el del metrobús, en puridad de verdad, comenzado en el gobierno de Fernando Lugo y seguido luego por Federico Franco. El viernes se firmó el contrato con la empresa de construcciones lusitana que llevará adelante el emprendimiento y en donde según la nota editorial el Ministro Jiménez Gaona Fustigó también a los frentistas afectados de ser “los principales detractores de este proyecto” y de haber perdido el sentido de comunidad. “Una sarcástica ofensa intelectual a los miles de ciudadanos que van a sufrir vicisitudes y perjuicios a causa de las obras, en un país donde los paraguayos podemos hoy protestar o denunciar con total libertad y sin temor los actos que consideramos irregulares o nos perjudican”.

    Sin embargo el mismo diario en su sección de sondeo a la ciudadanía ese mismo día pregunta ¿Está de acuerdo con el metrobús? el 82.42% respondió por el SÍ (1453 votos) y el 17.58%, por el NO (310 votos). Entonces quienes son los que agreden a la ciudadanía si los hombres del gobierno o los responsables autistas de un diario que solamente consideran y prestan atención a los argumentos que defienden los intereses de la serie de empresas que conforman el trust que potencian juntamente con los nuevos medios adquiridos una sólida y poderosa red monopólica de comunicación, supuestamente en nombre de la ciudadanía aunque sus propios lectores en sus propias hojas les digan lo contrario.

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    Publicado por jotaefeb | 4 abril, 2016, 9:26 am
  13. Mezquindad política

    En el acto de inicio de las obras de construcción del paso a desnivel proyectado para la intersección de las avenidas Aviadores del Chaco y Madame Lynch, el sábado último, no estuvieron presentes las autoridades de la Municipalidad de Asunción.

    Este proyecto de obra pública y el inicio de su ejecución constituyen un acontecimiento suficientemente significativo para la capital y las localidades que se conectan con ella por ese sector, como para que merecieran contar con todas las autoridades involucradas en su ámbito.

    Extrañamente, las de la Municipalidad de Asunción no estuvieron allí para representarla. Debió estar presente el intendente Mario Ferreiro, acompañado de sus directores de Obras Públicas y de Tránsito, cuando menos, así como el presidente de la Junta Municipal y los concejales que integran las comisiones afines a ambos temas. Sin embargo, nadie de ellos fue.

    Peor aún, tampoco estuvieron los agentes municipales de tránsito para cooperar en la canalización de la circulación vehicular, que en ese punto es conocidamente intensa, a raíz de lo cual el inicio de las obras citadas pasó a convertirse en un factor más de desorden y caos, como continúa siendo hasta hoy.

    Hay que suponer que la incomparecencia de los representantes comunales no fue fortuita sino adrede. En otras palabras, no asistieron por motivos que guardan relación con la política; o, mejor dicho, con la politiquería; o sea, con ese oscuro conjunto de malos sentimientos que los adversarios guardan en su fuero íntimo y que suelen sacar a luz en ciertas ocasiones, como esta, para deslucir momentos que deberían estar desprovistos de toda otra actitud que no fuese la de la satisfacción por estar cumpliendo con un valioso servicio a la sociedad.

    Veremos pronto si esta actitud negativa demostrada por las autoridades municipales capitalinas se extiende al resto del período de ejecución de esas y de otras obras emprendidas por el MOPC, o si se agotó en esta ocasión. Si se diese el lamentable caso de lo primero, el problema que padecerán quienes emplean esa vía todos los días va a ser grandioso. Muchos maldecirán la idea que condujo a esta solución y, por supuesto, no la verán como tal sino como todo lo contrario. Durante el trascurso de la obra mucha gente padecerá las nefastas consecuencias del ausentismo municipal y los ánimos, ya caldeados por largos años de inconvenientes en ese punto geográfico, podrían llegar a niveles riesgosos para todos.

    La asunción de sus responsabilidades públicas por parte de los políticos es tan importante para la sociedad, que su mentalidad y su conducta tienen que trascender sus pequeños rencores y antipatías, sus celos y sus egoísmos, sus pasiones subalternas y eventuales ímpetus revanchistas. El interés común, el interés general de la comunidad que gobiernan está muy por encima de esas insignificancias particulares; pero esta superioridad tiene que hacerse valer.

    Ojalá las nuevas autoridades municipales, de Asunción y del país todo, entiendan esto y depongan posturas negativas como las que exhibieron el sábado pasado, en la ocasión comentada. El país ya no soporta la política mezquina.

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    Publicado por Anónimo | 23 marzo, 2016, 3:45 pm
  14. Obras son amores (?)
    21 marzo, 2016
    Por Santiago González

    En el país de las improvisaciones nada puede llegar a sorprendernos. Todo lo que implica evolución nace con características muy peculiares y típicamente nuestras: sospechas de licitaciones amañadas, empresas adjudicadas con antecedentes de irregularidades, políticos que tocaron algun cometa por el camino y por supuesto, la infaltable protesta de vecinos, frentistas, automovilistas, interesados en general diciendo que la obra prevista va a generar un despelote.

    La obra de Transchaco es un ejemplo: pobladores de la zona hoy cierran rutas argumentando que ya no pueden ver a sus vecinos como antes, que viven aislados y que no utilizan los cruces peatonales que tienen a 100 metros porque sufren de vértigo, entonces, prefieren incumplir la norma y cruzar por encima de las barandas arriesgando sus vidas y las de sus hijos o nietos, para llevarlos a la escuela.

    En Fernando de la Mora son los frentistas, quienes enfrentados al MOPC dicen que el ente estatal no plantea compensación económica alguna para los comercios que se van a ver afectados por las obras del metrobús.

    Históricamente, ninguna obra empezó bien y sin dificultades. Hoy le toca al superviaducto que tiene al MOPC haciendo un papelón y generando un caos que no tiene nombre. Además, del atraso en el inicio del proyecto, las calles alternativas no fueron puestas en condiciones para evitar el embotellamiento en el lugar. El MOPC desesperado quiso tirar el fardo a la Municipalidad, pero desde el gobierno de Asunción plantearon no iniciar las obras hasta tener listas las calles de escape.

    No puede ser que tamaño proyecto no cuente con el mínimo tino a la hora de ser ejecutado. No puede ser que la planificación nos cueste tanto y que todo siempre sea tan pueblerino. Nos merecemos evolucionar sin lugar a dudas y esa evolución también requiere de autoridades a la altura de las circunstancias; personas capaces de prever el impacto que pudieran generar las obras y que dejen el “peichante” que está muy por encima de todo.

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    Publicado por Anónimo | 22 marzo, 2016, 9:23 am

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