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HA… CHE RETÃ PARAGUAY ✓

Los protectores de la corrupción y la impunidad

No fue ninguna sorpresa, pero sí –una vez más– una triste y lamentable decepción.

La decisión final adoptada por la mayoría de los miembros de la Cámara de Diputados, quienes en la sesión plenaria de este jueves rechazaron las modificaciones a la Ley del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), es una decisión política que convalida alevosamente la impunidad y la corrupción.

Al permitir que los intendentes municipales sigan administrando los millonarios fondos destinados a la educación, evitando que pasen a manos del Ministerio de Educación y Cultura, como pretendía el proyecto del Senado, los diputados están dando otra peligrosa señal de apañar la escandalosa manera en que muchos de los jefes comunales han estado robando y dilapidando el dinero público, mientras dejaban que los techos de las escuelas y los colegios se desplomen literalmente sobre la cabeza de los estudiantes, como ha sucedido con el caso más emblemático del Colegio Nacional de Lambaré, en setiembre del 2015.

Es decir, los diputados no solo están salvando a las autoridades corruptas de una situación que hubiera significado un importante signo de castigo político ante la ciudadanía al quitarles los privilegiados fondos –ese necesario castigo que la Justicia tampoco está aplicando como debería en los muchos casos denunciados–, sino que finalmente aparecen haciendo lo contrario: los legisladores en realidad están premiando a los políticos ladrones, al decirles “no hay problema, nos les sacamos el dinero, pueden seguir robando”.

Entre fantasmas, no se pisan las sábanas.

La excusa de que el traspaso del manejo de los fondos sería dar marcha atrás en el proceso de descentralización, no es suficiente. La descentralización se debe ganar mereciendo la confianza de la gente al administrar el dinero que es de todos, y en este caso han sido muy pocos los intendentes que demostraron responsabilidad en invertir adecuadamente en realizar obras importantes, en rendir cuentas con transparencia.

Más bien, pareciera que el gran temor de los diputados era que se les saque a los amigos y correligionarios un fondo muy importante para seguir sosteniendo un modelo de política corrupta y prebendaria, de cara a las próximas elecciones. Probablemente, hayan ganado un recurso cuantioso en ese sentido, del cual seguir echando mano a discrecionalidad, pero a cambio han reforzado su fama de ser los grandes protectores de la corrupción y la impunidad.

Por Andrés Colmán Gutiérrez

http://www.ultimahora.com/los-protectores-la-corrupcion-y-la-impunidad-n976258.html

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

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31 comentarios en “Los protectores de la corrupción y la impunidad

  1. La corrupción debe ser imprescriptible

    El exprocurador peruano Julio Arbizu sostiene atinadamente que los delitos de corrupción deben ser imprescriptibles, que la posibilidad de aplicar la sanción penal a sus autores no debe extinguirse por el mero transcurso del tiempo. Nuestra Carta Magna otorga ese carácter solo a los crímenes de lesa humanidad, es decir, al genocidio y la tortura, así como a la desaparición forzosa de personas, al secuestro y al homicidio por razones políticas. Los demás hechos punibles prescriben a los quince años cuando el límite máximo del marco penal es de ese tiempo o más años de prisión, y en los demás casos en un tiempo igual al máximo de la pena de prisión, todo ello según el art. 102 del Código Penal.

    Conforme a las disposiciones descritas, un ministro, funcionario o legislador que haya causado al erario un daño patrimonial debe ser castigado con hasta cinco años de cárcel, pena que puede llegar hasta los diez años en los casos particularmente graves, plazo que sería en consecuencia el de la prescripción.

    Como bien dice el citado exprocurador, la corrupción vulnera derechos básicos de los ciudadanos y las ciudadanas, en la medida en que priva al Estado de los recursos materiales necesarios para que todos y todas puedan acceder a la Justicia, así como a la salud y a la educación públicas, entre otras cosas. Cuando se roba el dinero proveniente del pago de los impuestos directos e indirectos, la colectividad entera resulta afectada.

    En efecto, el crimen cometido por quien solicita o acepta un soborno a cambio de un acto contrario a sus deberes debe ser sancionado de acuerdo a la ley cualquiera sea el tiempo transcurrido, más aún porque en un país como el nuestro, donde los magistrados y los agentes fiscales están sometidos al poder político, los delincuentes que ejercen la función pública pueden contar con la eficaz protección de los mandones de turno. Los demás, salvo que tengan dinero suficiente para sobornar o estén ligados a los jerarcas del momento, tienen menos posibilidades de librarse de la persecución penal al cabo de unos años.

    Por ejemplo, los casos de los políticos y legisladores hoy procesados por delitos de corrupción, como Camilo Soares, Enrique Salyn Buzarquis, Víctor Bogado, Enzo Cardozo, José María Ibáñez, Carlos Núñez Salinas, Milciades Duré, entre otros, revelan que el empleo reiterado de las chicanas apunta a que la causa se extinga por prescripción de la persecución penal, aunque ellas suspendan el cómputo del plazo de tres años, al cabo del cual debe concluir todo juicio. El exministro del Interior Walter Bower, procesado por uno de los crímenes de lesa humanidad referidos en la Constitución, no puede contar con ese beneficio, pese a su reiterado abuso del derecho a la defensa. Pero sí pueden beneficiarse los antes mencionados, aunque las evidencias en su contra sean abrumadoras. Es lo que están buscando y es probable que lo consigan si una Corte Suprema de Justicia cómplice sigue tolerando la notoria mala fe de sus actuaciones procesales.

    He aquí una cuestión de capital importancia, que es la efectiva independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial. En efecto, de nada servirá que los delitos de corrupción sean declarados imprescriptibles si los fiscales y los jueces están en manos de los políticos, como ahora, y no se atreven a investigar y sentenciar conforme a Derecho tanto a gobernantes como a gobernados. En otros términos, mientras no seamos todos iguales ante la ley, los rateros podrán ser castigados, pero quienes asaltaron o asaltan el erario a mansalva seguirán impunes.

    En los últimos tiempos se ha observado en nuestra región una lucha ejemplar contra los ladrones de fondos públicos que estuvieron o están robando en el poder, lo que puede atribuirse a la aparición de fiscales y jueces probos y valientes, dispuestos a perseguirlos. Son muy elocuentes los casos de Brasil, donde están procesados los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, habiendo sido condenado ya el primero y estando además imputado el actual presidente, Michel Temer; de Perú, donde están recluidos los expresidentes Alberto Fujimori y Ollanta Humala, en tanto que un tercero, Alejandro Toledo, está prófugo; de Ecuador, cuyo vicepresidente Jorge Glas guarda reclusión; de Argentina, donde la expresidente Cristina Fernández de Kirchner está procesada; de Uruguay, cuyo vicepresidente Raúl Sendic se vio forzado a renunciar por haber derrochado dinero público. Si a los citados se suman los exministros y congresistas enjuiciados y condenados en algunos de esos países, la cosecha allí es sin precedentes, aunque, para nuestro país, todavía ínfima con relación a la copiosa cantidad de funcionarios y políticos paraguayos que desde la época de Stroessner hasta hoy se han enriquecido y se están enriqueciendo robando el dinero público.

    Es hora de que también en el Paraguay se proceda al saneamiento de las instituciones, para lo cual es imprescindible la imprescriptibilidad de los delitos y, con ella, la posibilidad de la persecución penal.

    El país entero está ansiando que, más temprano que tarde, también aquí surjan fiscales y jueces honestos, con las agallas suficientes para enfrentar a los políticos bandidos de gran poder que estuvieron o están en el Gobierno, y enviarlos a la cárcel. Ellos saben a quiénes nos referimos.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/la-corrupcion-debe-ser-imprescriptible-1640941.html

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    Publicado por jotaefeb | 25/10/2017, 07:08
  2. Necesitamos servidores públicos capaces e idóneos

    Hoy día contamos a nivel país con más de 250.000 servidores públicos, distribuidos en las diversas instituciones de los 3 poderes del Estado.

    Se ha hablado mucho y se lo sigue haciendo, porque tiene razón de ser el dar el verdadero lugar que corresponde a la meritocracia, idoneidad y capacidad de gestión de los mismos que nos permitan alguna vez poder tener una administración pública de calidad comprobada, que toda la ciudadanía anhela pues a través del pago de sus impuestos y otros tributos, permiten que puedan seguir percibiendo sus salarios y otras retribuciones conexas mensualmente.

    Una deficiencia estructural de la mayoría de las instituciones públicas se refiere a la escasa preparación académica y técnica de muchos funcionarios que están ocupando posiciones de relevancia, por lo que difícilmente podrán llegar a desempeñarse en forma eficiente, pues carecen de dichos atributos lo que por lógica consecuencia tornan complicado que puedan exigir calidad y eficiencia a los mandos medios para abajo.

    Hoy tenemos una superpoblación de funcionarios en las instituciones, que “desangran” el mayor porcentaje de los ingresos presupuestarios, pues se deben provisionar para el pago mensual de gastos rígidos (sueldos y salarios), absorbiendo más del 75% de los gastos corrientes del PGN, quedando en contrapartida relegados otros sectores prioritarios para el desarrollo del país como lo son salud, educación e infraestructura por el consecuente desfase en la relación ingresos/egresos.

    No estoy en absoluto en contra de los que tienen un puesto de trabajo en la administración pública, pero creo que de una vez por todas debemos priorizar la calidad del nivel académico y técnico de los servidores públicos, que hoy por hoy en la mayoría de las instituciones no están a la altura de su posición y responsabilidad que les asignan no permitiendo tener un Estado moderno, acorde al mundo globalizado en que vivimos.

    Es hora que dejemos atrás el famoso clientelismo, prebendarismo, amiguismo y todos los ismos y se haga un relevamiento profesional global del 100% de nuestros funcionarios públicos, pues tengo la cuasi plena seguridad de que muchos de ellos son capaces e idóneos, pero subutilizados en función a su formación académica y técnica, por lo que se precisa hacer una reingeniería para aprovechar los talentos y reubicarlos o darles otro destino a los que no rinden en función a la posición y responsabilidad que les son asignadas.

    Nuestro país cuenta con muchísima gente idónea y capaz para ser un verdadero servidor público. Es hora que se los mantenga y se los promocione a los que realmente muestran actitud y aptitud para que podamos tener una administración pública moderna con funcionarios honestos, capaces y patriotas. El siglo en que estamos viviendo así lo exige y también toda la ciudadanía que está harta de la ineptitud de muchísimos funcionarios que no aportan casi ningún tipo de valor añadido a sus organizaciones.

    Estamos en el siglo de la tecnología y sin embargo qué triste resulta ver que algunas instituciones todavía se manejan en función a registros manuales que ya están a la fecha totalmente desfasados y obsoletos.

    Es preferible tener una menor cantidad de funcionarios a nivel país, pero que sean capaces e idóneos en la función que realizan y que se les pague en función a lo que realmente están aportando conforme al perfil del puesto y de la responsabilidad de cada uno.

    Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro

    http://www.lanacion.com.py/columnistas/2017/05/26/necesitamos-servidores-publicos-capaces-e-idoneos/

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    Publicado por jotaefeb | 31/05/2017, 08:10
  3. La plaga del siglo XXI

    Por Ilde Silvero

    Corrupción. Tal es el nombre de la mayor plaga del siglo XXI para la convivencia política de los pueblos contemporáneos. Es un fenómeno mundial, aunque se manifiesta con más graves consecuencias negativas en las naciones del Tercer Mundo por la debilidad de sus instituciones estatales.

    En varios países de América Latina, la corrupción ha hecho estragos a través de la relación de cómplices en el delito de autoridades públicas sobornadas y grandes empresas transnacionales y locales que pagan las coimas, habitualmente, por la sobrefacturación de obras o servicios públicos.

    Las raíces de la ahora sufrida y castigada Venezuela tienen menos que ver con inclinaciones ideológicas del “socialismo bolivariano” que con la ambición económica desmedida de Hugo Chávez, primero, y de Nicolás Maduro, después. El país sufrió un intenso y sistemático vaciamiento de las arcas estatales y el gigantesco enriquecimiento ilícito de los dueños del poder en la misma medida en que la pobreza y la miseria se iban apoderando del pueblo.

    En nuestra vecina Argentina ocurrió un proceso parecido, aunque con menor dramatismo. Los sucesivos gobiernos de los Kirchner sirvieron para el enriquecimiento de la familia de ambos presidentes y de un reducido grupo de aliados incondicionales, tanto de funcionarios públicos corruptos como de empresarios cómplices. La economía argentina se estancó y retrocedió en varios sectores y hasta ahora no ha podido recuperarse.

    Donde la corrupción ha arrasado con el sistema político y ha convertido en un infierno la convivencia pública es en el Brasil. Los dos presidentes anteriores y el actual están involucrados en gravísimas denuncias de grandes negociados y sobornos a costillas de los fondos del erario público. El expresidente Lula soporta varios casos judiciales por corrupción, la exmandataria Dilma fue destituida del cargo presidencial por el mismo motivo y ahora el jefe de Estado, Temer, enfrenta un huracán de protestas de la ciudadanía que exige su dimisión inmediata debido a denuncias con pruebas de haber participado en coimas a funcionarios de sus propios ministerios.

    Como Brasil es un gigante, ya que su Producto Interno Bruto es mayor que los PIB de todos los demás países sudamericanos juntos, no resulta extraño que la poderosa empresa Odebrecht aparezca como promotora de casos de sobornos en gran escala en diversos países del continente tales como Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, Perú y Venezuela.

    Como país territorial y poblacionalmente pequeño, Paraguay casi no aparece en estos escándalos internacionales. Sin embargo, también nos sumamos a la lista con el reciente descubrimiento de sobornos realizados para la concesión de la construcción del superviaducto por parte de una empresa española. Aparecen vinculadas al caso las autoridades del MOPC que, como era previsible, niegan rotundamente la supuesta millonaria coima.

    Las organizaciones políticas, civiles y la ciudadanía en general debemos estar alertas para combatir las posibles ramificaciones locales de esta plaga mundial del presente siglo.

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    Publicado por jotaefeb | 31/05/2017, 08:10
  4. Impunidad

    Por Desiré Cabrera

    Seis los exintendentes de Cordillera son investigados por supuestos indicios de corrupción y mala utilización de los recursos del Fonacide y royalties. Se trata de Gustavo Alfonzo (ANR), de Arroyos y Esteros; de Santa Elena, César Balbuena (PLRA); de Atyrá, Martín Muñoz (PLRA), Wilfrido Ovelar (ANR), de San José Obrero; Gustavo Troche (PLRA), y de Caacupé, Roberto Franco (ANR).

    De los seis solo dos están imputados y acusados, a la espera de juicio oral y público. Ellos son Gustavo Alfonzo (denunciado por lesión de confianza por presuntamente causar un daño patrimonial de unos G. 1.200 millones a la comuna) y César Balbuena (con medidas alternativas a la prisión por el supuesto desvío de unos G. 840 millones provenientes de recursos del Fonacide).

    Alfonzo chicanea para no presentarse a la audiencia preliminar desde hace un año y César Balbuena logró aplazar el juicio con maniobras dilatorias.

    Los demás ni siquiera fueron imputados, a pesar de las pruebas presentadas en muchos casos por la propia Contraloría General de la República (CGR). Es el caso de Martín Muñoz, que según la auditoría realizada a su gestión supuestamente ocasionó un perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 960 millones a la comuna de Atyrá. Su sucesor, Wilfrido Ovelar (ANR), también fue denunciado por el ente contralor por un perjuicio de más de G, 56 millones. Ambos son investigados por los fiscales Gustavo Sosa y Benjamín Vera, desde hace más de seis meses.

    La investigación que soporta Gustavo Troche por presunta mala administración de recursos del Fonacide lleva cuatro años paralizada en la Unidad Fiscal de Eusebio Ayala.

    Roberto Franco también está siendo investigado desde hace unos ocho meses por supuestos malos manejos de los recursos de Fonacide. El caso está a cargo de la fiscal Zunilda González de Martínez.

    Las noticias de escuelas derrumbadas o en peligro de desplome, de caminos destruidos y con una salud pública en terapia intensiva, entre otros problemas, es justamente a causa de la impunidad que rodea a este tipo de denuncias.

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    Publicado por jotaefeb | 30/04/2017, 08:00
  5. Dudas razonables

    Por Juan Augusto Roa

    Una verdadera “pelota tata” es la que les tiró el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, a los fiscales de la quinta región del Ministerio Público, Rubén Lial Espinoza, Luis Alberto Albertini y Víctor Florentín, cuando resolvió remitir a Encarnación el expediente de denuncia por un presunto daño patrimonial de unos G. 2.000 millones en contra del municipio cometido durante los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015 . Si bien la coordinación del equipo de fiscales está en manos de una “extraña” a la ciudad, la fiscala de Delitos Económicos Josefina Aghemo, en gran medida el éxito o fracaso de la investigación va a depender del empeño que apliquen estos fiscales al asunto.

    La denuncia planteada ante el Ministerio Público es resultado de un minucioso análisis de los resultados de una auditoría externa, análisis que involucró a un grupo de profesionales cuyo concurso fue solicitado por el intendente Luis Yd (Alianza) ante la presión ciudadana, por lo tanto, se puede presumir que fueron encontrados suficientes elementos como requerir la intervención del Ministerio Público.

    La decisión de llevar la causa ante la mismísima Fiscalía General del Estado y no ante la fiscalía local permite hacer la siguiente lectura: de que el intendente municipal, Luis Yd, tiene fundadas dudas respecto de la independencia e imparcialidad de los fiscales locales, atendiendo al dato no menor de que, quienes serán investigados y eventualmente procesados, son personas de cierto “peso específico” en el mundillo político doméstico de la próspera capital de Itapúa, y podrían hacer de contrapeso a la necesaria independencia con que deben actuar los investigadores.

    Recordemos que los responsables finales de esos tres años de administración sometidos a auditoría son los exintendentes Juan Schmalko, Élida Bartonchelo, Joel Maidana y Hugo Barreto, todos de la ANR. El primero de los citados incluso aspira a ser gobernador de Itapúa. Atendiendo a la impronta en nuestro sistema judicial, existen razonables dudas acerca de su eficacia e imparcialidad cuando de “poderosos” se trata.

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    Publicado por jotaefeb | 30/04/2017, 07:56
  6. Vividores al margen de la ley

    Quienes viven al margen de la ley, no pueden ser otra cosa que vividores o potenciales delincuentes. De alguna u otra manera deben estar metidos en robo, fraude, asalto, droga y tal vez hasta pueden llegar a matar, como serían los constantemente perseguidos por la justicia penal.

    Pero están también los otros, aquellos quienes aprovechando las tramas más injustas de la sociedad, buscan tener rentabilidad económica a través de delitos más disfrazados y cuyos protagonistas serían los “de guante blanco”.

    En nuestro país existen muchos vividores, parásitos camuflados en organizaciones que supuestamente “trabajan” en defensa de la ciudadanía. Y a ellos no les resulta difícil asociarse, porque son de la misma calaña o porque “hablan” el mismo idioma.

    Durante los últimos acontecimientos en nuestra capital, volvieron con todo al tapete muchos de los sinvergüenzas, corruptos, que se creen impolutos y se asocian con “honorables” senadores.

    Cuando se hace una descripción así, más de un lector ya debe estar pensando en ese grupo que sus miembros denominaron “Ya estamos cansados de sus leyes”, por ejemplo. Ellos también quisieron hacerse sentir en la noche del viernes último, tal vez como fieles serviles de quienes fueron autores morales de atropellos y destrozos perpetrados. Pero ellos pasaron totalmente desapercibidos con la insignificante caravana, aunque llamaron la atención por el desfile de lujosos vehículos. ¿De dónde sacaron?

    No se puede decir y ni se debería decir que esta organización se encuentra entre esas sociedades creadas para delinquir. No parece, aunque no se puede negar que su fin podría ser el mantenerse al margen de la ley.

    Su misma denominación podría delatarla, porque menciona “sus leyes”, dejando entender que las legislaciones de nuestro país no son para ellos. Y conociendo a sus principales “dirigentes”, no estaría mal investigar cual es el verdadero objetivo de la referida organización.

    Por ejemplo, al conocer la familia de Leo Florentín, vicepresidente de “Ya estamos cansados de sus leyes”, ya comienzan los comentarios antojadizos. Y aunque se pueda aclarar que los parientes no se eligen, no se debe ignorar tampoco ese refrán que dice…“dime con quien anda y te diré quién eres”.

    El padre de Leo Florentín es Sinforiano Florentín, quien fue director de Transito de la Municipalidad de Fernando de la Mora y el mismo fue destituido del cargo por supuestamente obligar a varios agentes municipales a coimear. Habría exigido a 10 uniformados traerle diariamente una buena suma de dinero. La reacción de uno de los denunciantes fue con esta expresión: “Solamente en Paraguay un tolongo como éste puede ser jefe”.

    Asimismo, vale recordar a Rocío Florentín, hermana de Leo. Fue denunciada por el robo de combustibles en la Secretaría Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (Sinadis). Ella, como responsable de esa institución, debió explicar como mínimo por qué fueron facturados combustibles para móviles “chatarras”, sin uso.

    Por estas y otras razones, llama la atención cuando este Leo Florentín se pasa criticando actos de corrupción. Pero hasta ahí no hay problemas, porque eso es deber y derecho de todo ciudadano, pero no debe ser puro bla bla bla, pues lo que en verdad se rechaza es la corrupción ajena. La propia, ni se percibe como tal.

    Y estos de “Ya estamos cansados de sus leyes”, que se adjudican la vocería de la sociedad y sin tener autoridad ética para pedir renuncias o exigir castigos, siguen actuando orondamente, quien sabe con qué protección.

    Eso sí, existen sospechas sobre esa protección, porque sus miembros se pasan “de la mano” con el senador Eduardo Petta y tanto Leo Florentín, como el presidente de la organización, Alberto Benito Meza, apodado “Bodoque”, sostienen que ellos lograron la aprobación, en el Senado, del proyecto de Ley “General de Tránsito y Seguridad Vial”, impulsado por Petta.

    Y el mismo senador y los dos mencionados, Meza y Florentín, ponen en vigencia eso de “miente, miente y miente que algo quedará”. Este es el caso relacionado a las licencias de conducir. Ellos aseguran que “las municipalidades podrán llamar concurso para elegir quien confeccionará las licencias y en consecuencia las municipalidades tendrán más ingresos para mejoras en sus municipios, en vez de que vayan a parar a bolsillos particulares”.

    Esa mentira quiere hacer creer a la gente, pero no se dan cuenta que están tratando de “imbécil” al pueblo. ¿O será que es quien que confeccionará las licencias de conducir hará el trabajo gratis? Basta “honorables” miembros de “Ya estamos cansados de sus leyes”, dejen de hacer populismo barato y dejen de recibir apoyo de un “cigüeñero”, sobre quien pesa pedido de investigación por supuesto tráfico de drogas. ¿O es que también están en el mismo negocio?

    Y si son tan “honestos”, como dicen, se le recuerda que “no basta ser honestos, también hay que parecerlos”.

    Por: Cirilo Ibarra Enciso. Periodista de ADN en Mariano Roque Alonso

    http://www.adndigital.com.py/vividores-al-margen-de-la-ley/

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    Publicado por Anónimo | 12/04/2017, 08:26
  7. La corrupción va ganando

    Por Ilde Silvero

    Por ahora, los corruptos van ganando en esta grave crisis política y actos de violencia que vive el país. La responsabilidad no es únicamente de los dirigentes partidarios que no se animan a dar la cara en esta lucha por retener el poder. La raíz que alimenta el conflicto es la corrupción, la que compra voluntades y echa a perder principios básicos de la democracia.

    La sempiterna madre de todos los gobiernos autoritarios continúa siendo la corrupción. Los regímenes militares de los años 60 y 70, y los más recientes gobiernos “bolivarianos” de Sudamérica han sido infiltrados y erosionados por los grandes negociados a costa del Estado.

    Los inesperados cambios políticos experimentados en Brasil y Argentina también tienen una causa común: la corrupción en que incurrieron sus anteriores gobernantes, presididos por Dilma Rousseff y Cristina de Kirchner. Los sobornos a altos funcionarios públicos por parte de la petrolera Odebrecht motivaron la destitución de la presidenta brasileña. Los escandalosos negociados de las autoridades argentinas con el empresario Lázaro Báez contribuyeron a la derrota electoral del partido kirchnerista.

    Nuestro país puede experimentar conmociones sociales derivadas de las ambiciones de dinero y poder. El deseo irrefrenable de apropiarse del gobierno o de retenerlo obedece a la intención de controlar el flujo de dinero de las arcas estatales y la posibilidad de hacer grandes negocios a través de la contratación de bienes y servicios públicos.

    En los procesos tambaleantes hacia la democracia, como en nuestro país, no se respetan la Constitución, la división de poderes del Estado ni las leyes vigentes; quienes tienen el control político y, además, poseen grandes recursos económicos, creen que pueden hacer lo que quieran, incluyendo la violación de la Carta Magna.

    El conflicto se desata cuando hay sectores ciudadanos, organizaciones políticas y medios de comunicación que defienden un modelo de país ajustado al estado de derecho. Aunque no tenga el mando sobre la policía ni los militares, la ciudadanía con conciencia cívica y apego a los ideales del sistema democrático se erige como muralla humana contra los atropelladores de las instituciones republicanas.

    Es una lucha desigual, porque la fuerza pública y las armas están de un lado, mientras que del otro solo hay piedras, banderas, cánticos de “Patria querida” y los ideales demócratas.

    Sin embargo, los corruptos no pasarán; los que vendieron su conciencia tendrán que hacer frente a la justicia y a la historia, más temprano que tarde. Los paraguayos ya hemos sufrido tanto durante los años de la dictadura stronista que no merecemos ni debemos permitir el retorno de sistemas de gobierno en los cuales el Poder Ejecutivo imparte las órdenes, mientras senadores, diputados y jueces solo se agachan servilmente ante el dueño del poder.

    Necesitamos defender y respaldar a nuestra débil democracia, con sus defectos y limitaciones. No se trata de apoyar a este o aquel dirigente opositor u oficialista disidente. Se trata de no caer en el precipicio de gobiernos personalistas y autoritarios que creen estar por encima de la ley y de los principios democráticos.

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    Publicado por Anónimo | 02/04/2017, 16:27
  8. ¿Dónde está la plata?

    Por Rosendo Duarte

    Varios grupos de ciudadanos exigen a las autoridades de la Municipalidad de Salto del Guairá y de la Gobernación de Canindeyú la rendición de cuentas de los recursos económicos que administran en el marco de la Ley de Transparencia Pública. Quieren saber el destino de unos G. 100.000 millones que gastó la Comuna el año pasado y unos G. 200.000 millones que manejó el gobierno departamental en casi cuatro años.

    Los pedidos de informes les cayeron “gordos” a las autoridades, que no están acostumbradas a dar la cara ante la gente, cuando se trata de transparentar el uso de los recursos. Antes que brindar todos los informes que solicitan, se empeñan en descalificar a quienes exigen información y enseguida aparecen las célebres frases: “Esto es una persecución política”; “Que tire la primera piedra aquel que no tiene pecado”, “Quién es fulano para exigir”, etc., etc.

    Pero una de las frases de moda de los administradores públicos actuales es: “Si tienen pruebas, denuncien ante la justicia”. Es una concepción muy contundente y que deja sin salida al ciudadano que desea actuar de contralor, en defensa de los recursos públicos. Sabemos que en teoría la justicia está para condenar a los delincuentes, pero sabemos mejor aún que en el Paraguay pedir castigo a una autoridad pública por corrupción es más o menos como pretender que el que condujo la motocicleta del motochorro que asaltó al transeúnte se encargue de reprender a su comparsa.

    Ni los fiscales ni los jueces tienen el más mínimo interés de castigar a los corruptos de la administración pública. Más bien están para blanquear a los pocos sinvergüenzas que llegan a sentarse en el banquillo de los acusados. Y ni hablemos de los entes de control, como Contraloría General de la República, Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y otros que hace tiempo se especializaron en blanquear a los vaciadores de los cofres públicos.

    Sin embargo, no deben desvanecerse en sus intenciones aquellos ciudadanos que como llaneros solitarios pelean contra viento y marea por la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

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    Publicado por Anónimo | 26/03/2017, 10:53
  9. Un cáncer

    Por Juan Augusto Roa

    La denuncia por daño patrimonial en perjuicio de la Municipalidad de Encarnación presentada hace días por el intendente Luis Yd (Alianza) ante el Ministerio Público se constituye en un paso fundamental en la lucha contra la impunidad y reclamo de transparencia que la ciudadanía encarnacena viene haciendo desde hace tiempo. El primer hito ciudadano en esta lucha contra la impunidad fue el haber tumbado del poder municipal a una claque que se engolosinó con la plata dulce y se ufanaba de la impunidad.

    El segundo golpe a la impunidad enseñoreada en la Intendencia municipal durante más de 80 año fue imponer la auditoría externa independiente, pese a la oposición de ocho concejales colorados. El control no hizo sino evidenciar lo que mucha gente ya sabía, o intuía: que en la administración comunal existía un manejo discrecional, impúdico, desprovisto de toda ética política, ante la mirada pasiva y cómplice de una Junta Municipal, que renunció a la función que constituye su razón de ser: controlar, fiscalizar la gestión del ejecutivo comunal, tal como le manda la ley.

    Como bien se dijo en un editorial de nuestro diario días atrás, los carroñeros van donde existe carroña. En nuestro país, lamentablemente, abunda la carroña y los carroñeros. Pero somos más quienes queremos un país mejor, liberado de la corrupción y su contracara: la impunidad.

    Los fiscales que sean designados para investigar la denuncia hecha por Yd tendrán a su cargo identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia. También deberán tener presente que existe una ciudadanía expectante y que no se mantendrán inmóviles si pretenden dejarse torcer por presiones políticas o de cualquier otra laya.

    La corrupción es un cáncer que consume a nuestro país. Basta que alguien acceda a un espacio de poder, por ínfimo que sea, para que se dispare incontenible.

    Pero no habría tanta corrupción si no existiera tanta impunidad. De ahí que es imperativo que se haga justicia, y que mantengamos la memoria histórica, para que cuando los corruptos busquen nuevamente ocupar espacios de poder, reciban la respuesta merecida.

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    Publicado por Anónimo | 26/03/2017, 10:51
  10. Mago de las finanzas

    Desde que en octubre de 2013 fue nombrado jefe del Departamento de Análisis y Gestión de Riesgos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), el funcionario Luis Roberto Pintos acumuló bienes por valor de 2.700 millones de guaraníes, que incluyen una fábrica de hielo, cinco vehículos lujosos y un spa ubicado en una de las zonas más caras de la capital. Según anunció, a ellos se sumará en breve una casa que elevará su patrimonio a nada menos que 3.700 millones de guaraníes.

    El afortunado aduanero, que asumió el cargo con un sueldo mensual de 15,5 millones de guaraníes y hoy gana 20 millones, percibió desde enero de 2014 hasta diciembre de 2016 un total de 1.169 millones de guaraníes, suma que equivale solo al 43,2% de su patrimonio y que incluye, por cierto, lo cobrado por su participación en las multas impuestas por haber denunciado violaciones del Código Aduanero. Es decir, el señor Pintos no puede justificar la notable diferencia entre lo que hoy posee y lo que registra su historial en materia de ingresos, alegando que todo lo que cobra en concepto de multas es “elevado”.

    Se sabe que hacer la vista gorda es una actividad muy lucrativa en la DNA y, en general, en la administración tributaria, de modo que el raudo enriquecimiento de los funcionarios estratégicamente ubicados no puede asombrar a nadie que conozca este país. Tampoco es llamativo que muchos de ellos de inmediato hagan ostentación de sus bienes mal habidos, pues se trata de un comportamiento propio de “nuevos ricos” que, por lo demás, debería facilitar el trabajo del Ministerio Público y la Contraloría General de la República, aunque ni la DNA ni el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional conozcan su domicilio real.

    El señor Pintos –un verdadero mago de las finanzas, de treinta años de edad– es hijo del jefe de la Dirección Nacional de Correos, Ángel Pintos Balbuena, acusado de haber malversado unos 5.000 millones de guaraníes cuando ejerció el mismo cargo durante el gobierno de Juan Carlos Wasmosy. Fue coordinador capitalino del movimiento Honor Colorado, de modo que tampoco resulta asombroso que su emprendedor vástago haya pasado a ocupar una jefatura dos meses después de que Horacio Cartes –presidente de la República, de quien directamente dependen las aduanas del país– haya llegado al poder, es decir, el mismo que en febrero de 2014 instó a las autoridades de la DNA a mejorar las recaudaciones.

    Luis Roberto Pintos, que carece de una formación académica conocida, no necesitó demostrar su idoneidad para ingresar hace unos diez años en la DNA ni ascender a su actual cargo por la simple razón de que tiene un papá influyente que conoce los manejos de la administración pública, y la manera de sacarle “ventajas” a su condición de seccionalero. Dado que es colorado e hijo de un dirigente colorado que apoyó a Horacio Cartes en las elecciones internas primero y en las generales después, no es descabellado imaginar que es uno de los 10 a 15 funcionarios aduaneros que, según el director Nelson Valiente, se benefician con el 50% de las multas. Es un típico exponente del funcionariado prebendario, convencido de que sería ingenuo ocupar un cargo donde se deben controlar los ingresos de las recaudaciones impositivas sin sacarle “el jugo”, y de que el “nuevo rumbo” es el mismo de siempre. Sabe que conservará sus manos, pese a la famosa advertencia de Horacio Cartes de dejar mancos a los ladrones, aunque las meta en la lata o cierre los ojos.

    Como no tiene nada que temer, se exhibe con todo desparpajo, sin importarle un bledo que falte dinero para reparar escuelas o equipar hospitales, entre otras tantas cosas. De hecho, se burla de los contribuyentes que le pagan el sueldo, porque no tiene la menor idea de lo que significa fungir de servidor público. Como todos los de su calaña, él está en primer lugar al servicio de sí mismo, y hasta puede que ni siquiera deba transportar maletines llenos de billetes para algún jerarca.

    Y mientras las recaudaciones impositivas continúan quedando en los bolsillos de funcionarios deshonestos y sus padrinos, el Gobierno del presidente Horacio Cartes está en una frenética campaña de endeudar al país, para peor, con el propósito de destinar gran parte de los montos obtenidos a pagar deudas vencidas, colocando al país al borde del “default” o cesación de pagos.

    Hay instituciones más apetecibles que otras para hacer dinero fácil, y una de ellas es la DNA. Vale la pena recordar que un aduanero de menor rango, que venía a Asunción en 2015, falleció en un accidente de tránsito cerca de Minga Guazú, encontrándose en su maletín 1.200 millones de guaraníes en efectivo, que no figuraban como recaudación oficial del ente. Como era de esperar, nunca se aclaró el origen ni el destino de esa millonaria suma.

    Si el próspero funcionario Pintos en apenas tres años incrementó su patrimonio de manera tan colosal, asusta imaginar a lo que podría llegar en los próximos años si conserva el cargo y la indudable protección política del Presidente de la República de la que goza. Cuando llegue el día en que deba abandonarlo, sería muy interesante comparar su declaración jurada de bienes y rentas con la que debió haber presentado al entrar en la función pública. Sin embargo, no hace falta esperar que se retire voluntariamente, ya que la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción tiene el deber de indagar el verdadero origen de sus cuantiosos ingresos, que ya han tomado estado público.

    Alguna vez habrá que limpiar la DNA de tantos malandrines, y esta es una buena ocasión para dar inicio a esa higiénica tarea. No hará falta cortarles las manos, sino que vayan a la cárcel y devuelvan lo robado.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/mago-de-las-finanzas-1572079.html

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    Publicado por Anónimo | 13/03/2017, 10:47
  11. “Acá se cumple la ley”

    Por Viviana Benítez Yambay

    Lo que leyó de título de este artículo no es lo que precisamente esté ocurriendo en Paraguay. “Acá se cumple la ley” reza un cartel ubicado frente a los Tribunales de la ciudad brasileña de Curitiba, población que se identifica hoy con mucho orgullo como la “Capital brasileña anticorrupción”.

    Y no es para menos. Una vez autorizadas por el Supremo Tribunal Federal, desde sus oficinas partieron las órdenes de encarcelamiento a políticos de la más alta esfera –miembros del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo– involucrados en lo que en nuestro vecino país se conoce como caso “Lava Jato” y bautizado por los medios de comunicación como “Petrolão”.

    Se trata de la causa judicial que investiga la defraudación de unos 2.000 millones dólares a la estatal petrolera Petrobras y que ha descubierto una megarred de operaciones entre la otrora poderosa constructora Odebrecht y movimientos y partidos políticos a fin de enriquecerse y obtener donaciones ilegales para el financiamiento de las campañas electorales de legisladores, senadores y probablemente de presidente de la República a cambio de leyes o la adecuación de estas a los intereses de los empresarios de la construcción que se beneficiaron con contrataciones y licitaciones públicas, luego sobrefacturadas.

    Conforme avanza la investigación saltan cuestiones inimaginables, como que la constructora montó toda una oficina de operaciones a la que llamó “Estructurales” para el pago de las coimas a los políticos de todos los niveles y en una especie de contabilidad paralela fue tomando nota de quiénes iban recibiendo lo recaudado de las sobrefacturaciones de las obras públicas, un modus operandi que a los paraguayos nos resulta bastante familiar.

    El sistema creado por esta firma con tentáculos en varios países de América Latina también puso a temblar a exautoridades electas de Perú, Panamá, Chile, Colombia y otros más, donde sus respectivos poderes judiciales –que observaban con cautela el gran “destape de olla” en el gigante sudamericano– se vieron obligados también a actuar con celeridad sin importar quién o quiénes estaban detrás de los escándalos de corrupción. Y saltaron nombres de expresidentes.

    La semana pasada el Supremo Tribunal Federal de Brasil convalidó las declaraciones de más de cincuenta exdirectivos de Odebrecht en las que –según filtraciones a los principales periódicos– mencionan a actuales autoridades electas, en una clara muestra de que el Poder Judicial no se deja intimidar ni aceptará “chicanas” que intenten bloquear la prosecución de las investigaciones.

    Lava Jato metió a la cárcel a exsenadores, exdiputados, miembros del gabinete presidencial y al multimillonario propietario de Odebrecht. Una señal que los brasileños de a pie ven como positiva y hasta causa verdadera envidia a pobladores de otros países, como el nuestro. Estas exautoridades fueron acusadas de asociación criminal, lavado de dinero y de otros delitos.

    La causa llega a instancias decisivas por una sencilla razón: la independencia del Poder Judicial, que recurrió a la transparencia como uno de los factores para consolidar su funcionamiento sin temor a que por tráfico de influencias algún político de poca o mucha monta quede exento de parar tras la rejas si cometió algún ilícito.

    En la web (http://www2.stf.jus.br) del Supremo brasileño se lee claramente que “El artículo 93, IX, de la Constitución de 1988 prescribe que “todos los juzgamientos de los órganos del Poder Judicial serán públicos (…), pudiendo la ley limitar la presencia, en determinados actos, a las propias partes y a sus abogados, o solamente a estos, en casos en los cuales la preservación del derecho a la intimidad del interesado en el sigilo no perjudique el interés público a la información”.

    Y por si quede alguna duda, indica además: “Los debates son transmitidos en vivo por la TV Justicia, canal abierto de televisión, y por la Radio Justicia, ambos con alcance en todo el territorio nacional”.

    Al menos después del “Lava Jato”, un buen número de brasileños tiene la certeza de que el peso de la ley, sea un Jorginho, Lula, el jefe del Senado, el líder de los diputados o presidente de la República, les cae a todos por igual.

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    Publicado por jotaefeb | 06/02/2017, 10:06
  12. Ignorancia y corrupción

    Con este título “La ignorancia y la corrupción” (El origen de un sistema), Francisco Blanco León, abogado especializado en investigación de la corrupción, publicó su libro el año 2000 en segunda edición. Plantea como idea central la tesis de que en la ignorancia está el origen de la corrupción desarrollada e instalada como sistema. La corrupción no es un hecho exclusivamente personal, sino social y existe porque logra expandirse como sistema, extendiendo su sólida y astuta telaraña, su red, en las instituciones y poderes del Estado. Ningún corrupto puede actuar a solas ni persistiría en soledad.
    Este libro no solo produjo su impacto (la segunda edición fue de 5.000 ejemplares, algo insólito en Paraguay), sino que rebrotó en otros dos libros suyos más extensos y profundos de los que he escrito en los dos últimos lunes pasados: el libro “Curación social” (Hacia nuevos métodos anticorrupción) (2011) y la “Teoría General de la Corrupción” (2015).

    Son libros de máxima actualidad, especialmente interesantes y oportunos dada la expansión acelerada que la corrupción y la impunidad adquieren en nuestro país. El jueves pasado, este diario ABC Color daba la triste reiterada noticia de que la organización mundial “Transparencia Internacional” clasifica a Paraguay como el segundo país más corrupto de América Latina, solo nos gana el campeonato el desintegrado y destruido país regido dictatorialmente por el Socialismo del siglo XXI, en manos del corrupto y déspota presidente Maduro. Y días pasados, una autoridad del Partido Republicano (Colorado) pretendía justificar lo injustificable diciendo que “las irregularidades en documentos y administración pública es parte de nuestra cultura”. Por lo visto, si lo dice un político en ejercicio y cargo significativo, nuestra cultura política está bien embarrada.

    Al relacionar la ignorancia con la corrupción no me estoy refiriendo solamente a que los corruptos ignoran conscientemente, a sabiendas y con toda su intención bien activa, la Constitución Nacional, las leyes, el Estado de derecho, los derechos de los demás, la justicia, el respeto a la ciudadanía y su propia dignidad y conciencia; nos estamos refiriendo también a la ignorancia de la ciudadanía, la de muchos ciudadanos.

    Blanco León analiza el concepto de ignorancia, recoge la definición del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua: “Todo desconocimiento sobre cualquier actividad en el mundo de los humanos”.

    La ciudadanía desconoce qué es la corrupción, su verdadera naturaleza, sus causas y origen, sus efectos; desconoce cómo cristaliza y se instala el sistema de la corrupción, qué rol juegan las leyes y todo el cuerpo jurídico; desconoce cómo defenderse no ya de los corruptos, de cada uno y todos ellos, sino sobre todo ignora cómo deshacerse y desmontar el sistema enraizado en los tres poderes del Estado; la ciudadanía no sabe cómo organizarse para que la sociedad civil, el pueblo soberano, organice su poder, el poder que le corresponde según la Carta Magna y que él cede a los que elige para que gobiernen y administren el Bien Común; la ciudadanía desconoce que tenemos un sistema legal, unas leyes insuficientes, deficientes y vulnerables, vulnerabilidad, deficiencia e insuficiencia que los corruptos usan para sostener su sistema de corrupción.

    Es iluminadora la tipología de ignorantes que nuestro investigador describe. El tema da para seguir profundizándolo y sentirnos desafiados a buscar cómo enfrentar esta grave situación de progresivo imperio de los corruptos.

    El mismo autor dice que los educadores no podemos eludir la responsabilidad. La ignorancia es madre de todas las pobrezas, desde la pobreza biológica hasta la pobreza económica, incluyendo la pobreza cultural, moral, social y política. Para erradicar la ignorancia no se trabaja sobre la ignorancia, se trabaja con la información, los conocimientos y los saberes. Educar es construir, no es demoler, es desarrollar potencialidades y cualidades, no es eliminar defectos. La ignorancia se vence con sabiduría. Es la misma estrategia para todos los valores. No se trabaja contra los antivalores, se construye desarrollando valores, ayudando a experimentar la satisfacción que generan, porque los valores no se asimilan de memoria, sino por experiencia gratificante. La corrupción debe ser identificada y conocida, pero la educación debe desarrollar la adhesión y placer de la honestidad, integridad, justicia, fidelidad a la ley y la solidaridad con los demás.

    Por Jesús Montero Tirado

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/ignorancia-y-corrupcion-1560148.html

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    Publicado por jotaefeb | 04/02/2017, 10:49
  13. Impunidad de los ladrones
    30 enero, 2017
    El pasado 16 de enero venció el plazo para que las 250 municipalidades rindieran cuentas a la Contraloría General de la República acerca del empleo de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que el Ministerio de Hacienda les transfirió en el último cuatrimestre del año pasado. Sólo 92 efectuaron las presentaciones, de las cuales tres fueron rechazadas por el citado organismo. En el Alto Paraná, dos municipios están en la lista de los que no presentaron los informes. Presidente Franco y Los Cedrales se destacaron en la lista de la Contraloría General de la República por no haber presentado su informe dentro del plazo establecido.
    El Fonacide fue creado para asignar en forma racional y eficiente los ingresos que el país recibe en concepto de compensación por la cesión de energía de Itaipu a Brasil. Estos recursos deben ser destinados única y exclusivamente a inversiones en capital físico y humano. Un grupo de ciudadanos, preocupados por el despilfarro de los fondos que nuestro país recibe en concepto de Royaltíes, creyó conveniente que la importante suma de dinero que Paraguay comenzaba a recibir de la Binacional, por ceder su energía a Brasil, sea utilizada en inversión en educación, en el convencimiento de que esto puede contribuir en gran medida a sacar a nuestro país del subdesarrollo. Se sabe también de las terribles precariedades de las instituciones educativas de nuestro país, y las tremendas deficiencias que seguimos soportando en materia de educación.
    Las municipalidades empezaron a recibir este enorme caudal de dinero desde el año 2012 y en corto tiempo ya fueron denunciados un sinfín de irregularidades y hechos de corrupción.
    Descaradamente; intendentes, concejales y gobernadores se enriquecieron con la plata que debía garantizar un mejor futuro para nuestros niños. Se crearon empresas para que amigos y familiares de concejales e intendentes pudieran enriquecerse sobrefacturando obras y productos para la merienda escolar. Sin ningún pudor ni decencia, estos delincuentes le roban la merienda a los niños más pobres.
    Lo más lamentable es la terrible impunidad de estos ladrones, que roban a niños pobres. La absoluta exención que tiene garantizada por la inacción de la misma contraloría y la fiscalía, proporcionalmente corrupta como las instituciones a las que deben investigar. No hay ninguna investigación de las graves denuncias de corrupción. Las presentaciones que se hicieron duermen en los escritorios, en la espera de ser sepultados por el olvido. ¡Una vergüenza!

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    Publicado por jotaefeb | 04/02/2017, 10:49
  14. ¿Tiene cura la corrupción?

    Por Jesús Montero Tirado

    El diario South China Morning Post de Hong-Kong, el 3 de julio de 2014, informó que científicos chinos, neurólogos de la Academia de Ciencias Sociales, principal centro estatal de investigación de China, publicaron en la revista internacional “Frontiers in Behavioural Neuroscience” los primeros resultados de su investigación sobre actividad del cerebro durante actos de corrupción.

    “La investigación defiende que una parte del hemisferio izquierdo del cerebro, llamada “giro frontal inferior” (situada junto a la sien) es clave en la conducta corrupta, pues las personas en que esa área del cerebro trabaja con mayor intensidad pueden ser propensas a aceptar sobornos o malversar fondos”.

    Otro científico chino de la misma rama, profesor Ge Jiampiao de la Universidad de Pekín, investiga la corrupción de los políticos, para lo que según sus colegas encontrará dificultades por impedimentos que surgirían de las autoridades políticas.

    Los científicos chinos investigan si este delito es un problema mental y si lo es cómo tratarlo, para curarlo. La noticia de estas investigaciones es interesante y ojalá tales investigaciones aporten elementos importantes para el diagnóstico de esta grave enfermedad social.

    Pero siendo coherente con lo que comenté en esta misma columna del diario ABC Color el lunes pasado, opino que estamos ante un problema esencialmente social y estructural, instalado como sistema incluso en los poderes del Estado y no estamos ante un problema exclusivamente individualizable y personal.

    Sociólogos, psicólogos, politólogos, economistas, juristas investigadores del derecho, neurólogos, filósofos especializados en ética, moralistas…, vienen estudiando e investigando la corrupción, unos insisten en analizar los efectos y consecuencias, otros analizan los rasgos comunes del perfil de los corruptos, otros los entornos y contextos que la favorecen, otros las causas más frecuentes de esta enfermedad personal y social. Francisco Blanco León, de quien cité la semana pasada su obra principal “Teoría General de la Corrupción”, publicó en 2011 otro importante libro, “La curación social”, en el que abre las puertas a la esperanza, porque propone pistas “hacia nuevos métodos anticorrupción” (2011,261ss).

    Metodológicamente para combatir la corrupción, esta puede ser afrontada desde diversas puntos de vista; Blanco León considera que hay tres puntos de vista fundamentales: el jurídico, el político y el administrativo. Y que los ejes de la corrupción en la sociedad son dos: el Poder y la Ignorancia. Cuanto mayor sea la ignorancia de los miembros de la sociedad, mayor es el poder de los que lo detentan.

    Aunque hay otros muchos elementos y variables que inciden en los hechos y el sistema de corrupción, bastaría analizar estos cinco componentes para poder encontrar algunas pistas que nos conduzcan a la posibilidad (nada fácil) de vencer la corrupción y acabar con los corruptos que están destruyendo el Estado, la nación y desde luego el acceso y la subsistencia del Bien Común.

    Son muchos los especialistas en el estudio y la investigación de la corrupción que afirman rotundamente que la principal estrategia de los corruptos es debilitar el sistema jurídico. Con un sistema legal vulnerable y deficiente, intencionalmente así mantenido, se tiene el barbecho y el abono para el cultivo fértil de la corrupción. Con un sistema judicial contaminado por la misma corrupción y alimentado por los corruptos se garantiza la impunidad a toda clase de delitos.

    Con políticos que buscan el poder no para construir república democrática representativa y participativa, trabajando para el Bien Común al servicio del pueblo, sino para enriquecerse e instalarse en el poder robándole al pueblo lo que aporta para los servicios equitativos de todos los ciudadanos y el desarrollo del país, evidentemente la corrupción tiene la cancha abierta.

    Si los funcionarios y gobernantes administran el Estado para su provecho y mantienen a grandes sectores de la población en pobreza e inequidad, ciertamente no saldremos de la corrupción y sus peores consecuencias.

    Hay que romper definitivamente la tensión y desequilibrio gravemente injusto y peligroso entre poder e ignorancia. Para algunos especialistas el mejor antídoto de la corrupción es la educación de calidad. Es muy difícil curarnos de la corrupción, porque los corruptos están cómodamente instalados en los poderes de la economía, del tráfico de influencias y del Estado y no facilitarán la organización, capacitación y resistencia de la sociedad civil honesta y democrática.

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    Publicado por jotaefeb | 23/01/2017, 10:40
  15. La pistola de un ministro

    Siempre me llamó la atención la figura de quien considero uno de los más visionarios políticos que ha tenido el Paraguay en su historia. Me refiero a Eligio Ayala, de quien este mes se recuerda el 86 aniversario de su partida, en aquel trágico suceso que derivó luego en su muerte un 24 de octubre de 1930.
    Un particular episodio recuerda María Luisa Ayala Bosio en un escrito biográfico sobre este ex presidente de la República.
    Cuenta que, cuando era ministro de Hacienda siempre guardaba en su escritorio una pistola. Un día, un funcionario intenta sobornarlo y este –de una inquebrantable integridad– a punta de revólver lo corre de su presencia.
    ¡Cuánta falta hace en este tiempo gente con esta determinación de honradez en la administración pública!
    Paraguayos como Ayala, que en función del cargo den el ejemplo siendo los primeros en rechazar la dilapidación de los recursos públicos en favor de las urgentes necesidades sociales y no que apelen a tecnicismos contables para justificar el despilfarro, siendo para colmo ellos mismos los primeros en cobrar deshonrosas gratificaciones adicionales en un país con 683.000 personas viviendo en la miseria.
    Educación. Urge que nos representen hombres y mujeres convencidos de que invertir en educación 7% del producto interno bruto es más imperioso que aprobar groseramente más de G. 12.000 millones para sostener un voto cautivo con vista a la próxima elección electoral.
    “La educación es la condición de la evolución progresiva de la sociedad hacia las relaciones sociales más humanas. El germen de la actividad reflexiva, intelectual y moral, en una nación, es la escuela”, exponía Ayala por el año 1927; su discurso, sigue vigente décadas después.
    Cuenta otra historia que en una ocasión, siendo ministro de Hacienda Eligio Ayala, recibió una nota del entonces presidente José P. Guggiari, quien le solicitaba un rubro para su asistente. En la misma hoja, de puño y letra le respondió: “Si el presidente de la República quiere un secretario fuera del presupuesto, que lo pague de su bolsillo”.
    En tiempos de orfandad de espejos honorables donde proyectarnos, apelar a uno de los paraguayos más renombrados de nuestra historia alienta a creer que en el país pueden surgir hombres y mujeres más comprometidos con su patria que con su bolsillo y el partido.
    Más paraguayos como Ayala, dispuestos a desenfundar un rotundo NO, ante la desvergonzante dilapidación actual de recursos en favor de unos pocos.

    Por Samuel Acosta

    http://m.ultimahora.com/la-pistola-un-ministro-n1032472.html

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    Publicado por Anónimo | 21/10/2016, 16:25
  16. Gobierno de pillos

    Según investigaciones de la organización Transparencia Internacional, posiblemente la que más confiablemente desarrolló la compleja técnica de calcular el grado de corrupción de cada Estado en el mundo, recurriendo a indicadores proporcionados por un gran número de organismos e instituciones, el Paraguay continúa situado en los primeros puestos de la lista de países con administraciones gubernamentales que toleran las irregularidades y vicios en los actos públicos, o que se sirven de ellas para mantener a sus políticos en el poder y en el disfrute de privilegios ilícitos.

    Aunque Paraguay mejoró ligeramente su puntuación, con relación al año 2011, en el que alcanzamos un pico de corrupción, según los índices de esta organización, de acuerdo a los cálculos actuales correspondientes al año 2014, entre los veinte países latinoamericanos de habla hispana tenemos el “honor” de figurar en segundo puesto entre los más corruptos, con 150 puntos, detrás de Venezuela (161) y antes que Nicaragua (133).

    Los menos corruptos son Chile y Uruguay, con 21 puntos cada uno. Estos dos últimos países logran su verdaderamente honrosa posición no solamente mediante un sistema de administración de justicia autónoma, eficiente y patriota, sino también gracias al alto nivel de educación moral de sus sociedades, y al criterio de legalidad que sus gobernantes imponen a sus funcionarios y se aplican a sí mismos, en las numerosas operaciones en las que los que ocupan posiciones de poder tienen la posibilidad de enviciarse.

    Los gobiernos que fallan en sus funciones administrativas y de contraloría de personal, de propósito o por incapacidad, y que, además, poseen un sistema de justicia inepto, sometido o inmoral, inmediatamente quedan a merced de la corrupción, que los va inficionando en mayor o en menor medida, según sea el grado de ineducación, desinstitucionalización e impunidad que cada cual permita consolidar en su Estado.

    En el caso de Venezuela y Nicaragua, a las causas señaladas anteriormente debe agregarse el factor obvio que padecen regímenes dictatoriales, con gobernantes mesiánicos que actúan de forma incontrolada, sostenidos políticamente por sus respectivos partidos hegemónicos que, para peor, están manejados por cúpulas comprometidas con toda clase de operaciones sórdidas que les aseguren la buena vida y el poder omnímodo.

    Un hecho que no merece mayor investigación, porque es evidente por sí mismo, es que en los países donde no existe control social, o donde se impide o se trastorna de algún modo el poder de intervención de las organizaciones de la sociedad civil y de la prensa libre, los gobernantes y sus socios del sector privado encuentran la vía expedita para cometer todo tipo de fechorías.

    Y allí comienza todo, pues cuando el ser humano sin contención moral, en especial si tiene abierta la canilla de los fondos públicos, descubre el placer de hacerse millonario sin trabajar y sin tener que responder ante la justicia, sucumbe a la tentación y se entrega de lleno a aprovechar todo lo que quede al alcance de sus manos. Esta debilidad humana debería ser corregida por el poder político, pero si este mismo es el que comanda la fiesta, no hay mucho que esperar.

    En nuestro país, la inmoralidad y la ineficiencia en la administración de los intereses generales del pueblo son un defecto antiguo. No se le podrá achacar a este gobierno haber abierto las canillas del latrocinio y la impunidad consecuente, pero sí que no haga todo lo que esté a su alcance para ir corrigiendo de un modo eficaz tal situación. Hacer, en definitiva, lo que el presidente Cartes prometió al asumir y lo que sus antecesores no quisieron o no se animaron a reformar.

    Con relación a esto, cabe felicitar al presidente Cartes por su determinación de suprimir las famosas bonificaciones con que los organismos públicos saquean el erario para favorecer indebidamente a funcionarios paniaguados, sindicalistas corrompidos o supernumerarios que son inútiles para el servicio de la sociedad y el bien común. Anunció que sería por este año; ojalá la experiencia sea positiva y se aplique en forma definitiva; de lo contrario, quedará en la historia de las frustraciones nacionales como otro simple acto de oportunismo.

    El mal ejemplo de la deshonestidad cunde a lo largo y ancho de los poderes del Estado y de sus organismos internos y funcionariado. Los miembros de la Corte Suprema de Justicia acaban de dar un pésimo ejemplo, siendo ellos nada menos que las máximas autoridades de la justicia. ¿Qué podría esperarse de los que ejercen funciones menos encumbradas? Se adjudicaron bonificaciones especiales, aprovechando que son “autónomos”.

    La adopción del sistema conocido como matriz salarial, hace un par de años, debió producir la regularización de las múltiples remuneraciones de los funcionarios públicos, incluida la gran variedad de “complementos” en una sola suma mensual. Sin embargo, ahora resulta que todo eso fue un engaño vil, una estafa a la buena fe de la gente, y la evidencia más palmaria de la inutilidad y cobardía de los gobernantes para poner orden en su administración.

    En cuanto al Poder Legislativo y los poderes locales, no se escucha a ningún senador, diputado, gobernador, intendente o concejal que se levante en defensa de los dineros robados al pueblo o derrochados en autogratificaciones y otras modalidades inventadas para meter la mano en la caja pública sin consecuencias penales. No existe un solo funcionario público ni sindicalista que sienta un mínimo de honestidad y patriotismo y se aproxime a la justicia, o a la prensa, a denunciar los actos ilícitos que se cometen en su lugar de trabajo y que le consta por ser testigo presencial.

    A ninguna de estas personas le importa un pepino la corrupción, aun sabiendo perfectamente bien que es la causa principal de la ignorancia, la pobreza y el atraso que agobian al 70% de la población paraguaya. Por lo tanto, la reacción tendrá que comenzar en otro sector social, de los ciudadanos y las ciudadanas que son saqueados y saqueadas todos los días, porque de los que ejercen alguna forma de gobierno ya no cabe esperar que ni siquiera se tomen la molestia de formular declaraciones, ya no se diga presentar denuncias.

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/gobierno-de-pillos-1527955.html

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    Publicado por Anónimo | 17/10/2016, 05:37
  17. ¡Hermano!

    Por Mabel Rehnfeldt

    Eran poco más de las 15:00 del martes pasado cuando decidimos chequear con una tercera fuente más datos de los vehículos que están siendo registrados en forma ilícita.

    En el pasado los llamábamos “mau”.

    Y esto de adulterar documentos era una clonación.

    Así, sin vueltas.

    Hurgando papeles, si bien teníamos las chapas y todos los datos de las nacionalizaciones falseadas, faltaban las chapas y los nombres de las nacionalizaciones auténticas. Saber dónde estaban las víctimas que fueron escogidas.

    De a poco empezaron a llegar las pruebas de los pobres prójimos cuyas nacionalizaciones fueron usadas para registrar otros vehículos –probablemente robados o de contrabando–. Un camión… un auto… una camioneta….

    La sorpresa no pudo ser mayor cuando a las 15:09 del martes último la fuente dice: “la Amarok, certif 463623, importó Diesa, y hoy día es titular Herrn Rehnfeldt” (bromea mi chistosa fuente aludiendo al apellido extranjero y su presunción de que fuera alemán).

    Esos chispazos. Esos choques eléctricos. Esos “une con flecha” que paralizan. No podía ser. Cuál es la posibilidad de que un periodista tenga un fajo documentos de un centenar de ilegales… y entre ellos…

    No. No podía ser.

    En el 2011 mi hermano compró un vehículo… no podía ser… ¿Era? Sin respirar, pasa un minuto y a las 15:09 consigo escribir: “En serio me decís? En seriooooooo? ¡Ese es mi hermano!”. Una mezcla de incredulidad y de “no puede ser que justo a mí”. Una mezcla de Macondo con Asunción, de biblia con calefón. De clonación y de mau.

    No pasaron más de 20 minutos cuando desde la concesionaria –que también hacía sus averiguaciones– llaman. Tímidamente, como temiendo la reacción del otro lado del teléfono: .. “hay un Rehnfeldt aquí”. Muda –mezcla de rabia, vergüenza, ataque de risas y nervios– contesto: “Es mi hermano”.

    A la hora en que esto redacto él aún no sabe esta historia. Miro el lado malo y seguro que pensará por qué no fue el primero en enterarse. Miro el lado bueno de que por lo menos es su hermana quien se lo contará (aunque, claro, nadie le quitará el sabor amargo de sentirse burlado en el sacrificio de toda su vida).

    A estas horas estoy buscando el lado chistoso para darle la noticia. Como usaron su nacionalización, quizá una buena forma sea ensayar algo así como “¡hermano!, sos el flamante dueño de un semirremolque basculante SR BA AB 03 25 brasileño y de color blanco!”. O quizá sea mejor un “¡parió tu certificado de nacionalización y, además de una camioneta, tenés un camión con acoplado!”.

    La joda va a ser que por ahí él haya perdido su certificado de nacionalización. En ese caso tendrá que probar que él fue el primero en sacarlo y es el legítimo dueño, y no el segundo que lo falsificó.

    El día que clonemos la honestidad –tan certeramente como la corrupción– Paraguay tendrá una oportunidad.

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    Publicado por jotaefeb | 17/07/2016, 06:35
  18. Síndrome Brasil

    Por Rosendo Duarte

    El poderoso Brasil se encuentra en uno de los peores momentos de su historia. La corrupción política lo hundió en poco más de una década de un gobierno populista e inmoral. Su empresa estatal insigne: la Petrobras, fue una de las vías utilizadas para desvalijar al Estado brasileño y enriquecer a los políticos por medio de la coima.

    Comparar nuestro país con el vecino es como mínimo desproporcionado. Hablamos de una economía industrializada con más 200 millones de habitantes ante una de 7 millones que sigue viviendo de la agricultura y la ganadería, básicamente.

    Tampoco podemos comparar los programas sociales. Nuestro gobierno no está repartiendo el dinero del Estado a la gente pobre, como hace el PT desde la era Lula.

    Pero sí en la repartija del dinero estatal. Desde cocido, agua y bocaditos, leche y galletitas para la merienda escolar hasta las grandes obras de infraestructura son pagadas a precio de “oro” en Paraguay.

    En el interior, con el dinero de Fonacide y royalties, los intendentes y gobernadores, amigos y familiares se hicieron millonarios con sobrefacturaciones, que en muchos casos, aunque lo llaman “obras de oro”, no brillan porque, además de costosas, no existen.

    Si en la compra de una botella de agua se percibe una sobrefacturación de 400 a 500 por ciento, ¿quién nos asegura que no ocurre lo mismo con el costo de las grandes obras?

    Por ahora, el Estado vive en una burbuja gracias a los millones de dólares que vienen de afuera a través de los bonos soberanos, que no son otras cosa que soberanas deudas que tenemos que pagar todos los paraguayos, por décadas y décadas.

    ¿Hasta cuando aguantará el Estado paraguayo? ¿Cuánto dinero se está fugando al bolsillo de los políticos con las obras del Estado?

    El “síndrome Brasil” puede estar más cerca de lo imaginado. La convulsión social ya empezó con los campesinos y cooperativistas, porque, al igual que los brasileños, los paraguayos hace rato andamos con los bolsillos vacíos.

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    Publicado por jotaefeb | 24/04/2016, 07:42
  19. Intendentes ladrones deben ser investigados y castigados
    Abr 4, 2016
    Los intendentes municipales que desvalijaron sus municipalidades no solo deben ser sancionados moral y políticamente por sus compueblanos y vecinos, escrachándolos públicamente y nunca más depositar su confianza en ellos, sino, principalmente, tienen que sufrir los rigores de la justicia. Y nos preguntamos: ¿qué impide que funcionarios administradores de recursos públicos robados, malversados o dilapidados en cualquier cosa ajena a su finalidad sean inmediatamente investigados o llevados a los tribunales ante la primera presunción o la primera evidencia?
    Sucede tal cosa porque estos sinvergüenzas forman parte de una casta privilegiada: los políticos, que a la hora de ser puestos justificadamente en la picota, sus colegas conforman alrededor de ellos un círculo protector, bajo el lema “hoy por ti, mañana por mí”. Excepto, naturalmente, cuando se trata de adversarios, porque en este caso la máquina funciona al revés.
    En efecto, en este mismo momento, denuncias que por malos manejos administrativos están presentando algunos intendentes recientemente asumidos contra los que les precedieron, parecen mucho más constituir secuelas de enfrentamientos que honestos deseos de justicia.
    Sin embargo, incluso estos motivos subalternos no invalidan la norma principal: todos los intendentes que se llevaron dinero público en los bolsillos deben rendir cuentas ante la justicia, sean o no influyentes dentro de sus organizaciones políticas, sean o no electoralmente valiosos los votos que tienen atesorados en sus comunidades, se les deban o no favores y prebendas. Allí están, fuertemente sospechados y algunos imputados, Heriberto Mármol (Mariano R. Alonso), Roberto Cárdenas (Lambaré), Édgar Quintana (Fernando de la Mora) y Antonio Galeano (Capiatá), Mario Castillo de Hernandarias o Alcides Fernández, de Presidente Franco.
    ¿Qué hace la Contraloría General de la República con las decenas de pedidos de auditoría para establecer responsabilidades con que los nuevos intendentes le apremian? ¿Qué hace el Ministerio Público, entretanto los auditores de la Contraloría se desperezan y aguardan algún llamado telefónico que les baje “la línea política”, para levantarse e ir a cumplir con su obligación de investigar?
    Pedir para los intendentes ladrones –muchos más de lo que imaginábamos– auditoría a sus cuentas, proceso judicial y, en su caso, cárcel y devolución de lo que robaron, también es una obviedad, una solicitud innecesaria de formularse porque constituye obligación elemental de las autoridades de control y justicia. No obstante, hay que estar asistiéndoles porque, a casi tres meses de haberse realizado los traspasos y cortes administrativos en las municipalidades, todavía no se ha movido un dedo para obligarles a rendir las cuentas que debieron presentar al término de sus funciones.
    Pero si estos pillos consumados no fueren sancionados y siguen impunes disfrutando de sus bienes malhabidos, lo que ocurrirá es que, finalizado en el 2020 el periodo de gobierno de los actuales intendentes municipales, el número de ladrones sumen el doble o el triple. Total, después de haberse enriquecido con el dinero público, su existencia proseguirá con la mayor tranquilidad, sin que nadie les moleste. Así, los jefes comunales deshonestos irán sucediéndose alegremente en las municipalidades de nuestras ciudades y pueblos, dejándolos cada vez más sumidos en el atraso y la pobreza.

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    Publicado por jotaefeb | 05/04/2016, 05:21
  20. Unidos contra la corrupción
    3 abril, 2016
    Por Fernanda Robles

    De acuerdo al último ranking de transparencia Internacional dado a conocer en enero pasado, Paraguay sigue ubicado entre los países más corruptos del mundo y entre los peores a nivel sudamericano, superado únicamente por Venezuela.

    Esta percepción está perfectamente reflejada a la situación real. A diario salen a la luz diversos casos de corrupción ligados directamente a la función pública, sobre todo a las autoridades representantes del país, y a los amigos o parientes de estos. Lejos de ser detectados por la Contraloría General de la República, las denuncias son publicadas por la prensa, o a veces son descubiertas por un descuido en las redes sociales.

    A diferencia de hace algunos años, en estos tiempos la corrupción encadenada al sistema se empezó a debilitar gracias a la reacción de miles de ciudadanos hartos de la situación. Antes de adecuarnos al miedo de las fuerzas de poder de políticos instalada en el tiempo, los jóvenes de ahora se levantaron contra ellos.

    Las últimas movilizaciones ciudadanas dejaron el precedente de luchar por un país mejor a través de la presión democrática. Recuerdo a la sorprendente medida adoptada por algunos locales comerciales que prohibieron la entrada a los 23 senadores que se encargaron de blindar al senador Víctor Bogado, y la gran movilización de aquel 15 de noviembre del 2013, exigiendo el desafuero de Bogado.

    Marcaron hitos históricos para este cambio, unidos contra la corrupción. Hace poco nos despertábamos aún más con la iniciativa de estudiantes secundarios y universitarios que presionaron para mejorar la educación lejos de las irregularidades, sobre todo atendiendo las obras que no existen, y los desvíos millonarios de los fondos del Fonacide.

    El jueves incluso ellos se encargaron de dar una lección a las autoridades de educación; comprando chipitas, cocido, frutas y otros productos al precio real, mostrando cuanto se puede lograr con la trasparencia.

    La corrupción en Paraguay no es un accidente, nosotros la creamos pero nosotros la podemos destruir. Como lo titulamos siempre, una clase para la historia.

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    Publicado por jotaefeb | 05/04/2016, 05:18
  21. ¿Tenés miedo Roberto?
    4 abril, 2016
    Por Santiago González

    Debo admitir que, si hay algo que me divierte y me genera absoluta satisfacción es ver a un corrupto acorralado. En un país donde la justicia solo es capaz de castigar y encarcelar a ladrones de poca monta, pero se deja burlar por ladronzuelos de cuello alto y guantes blancos, uno de los castigos que quedan a mano es la condena social, la exposición, el escarnio público.

    El dejar en evidencia a quienes tanto daño hacen desde los cargos públicos es una forma de hacer justicia. Hasta hoy recuerdo las veces que hemos invitado a Roberto Cárdenas, siendo este intendente de Lambaré, para que dé explicaciones sobre los usos del dinero del Fonacide, cuyas irregularidades una y otra vez hemos publicado en AAM. Todas las veces se negó.

    Llegó al punto de llamar a directivos del medio para frenar las publicaciones bajo amenazas de todo tipo, así como operan los corruptos y cobardes. El tiempo nos dio la razón y hoy, además, de haber perdido las elecciones merecidamente y como un castigo del pueblo lambareño a su inutilidad y a su deshonestidad, Cárdenas, el responsable del derrumbe del techo del Colegio Nacional de Lambaré sobre niños y niñas que estaban dando clases es también sospechoso del desvío de unos 8.000.000.000 de guaraníes.

    Sin salida y dando los últimos los últimos manotazos, chicanear es lo que le queda, al menos para ganar tiempo hasta que le llegue la hora de pagar no solo por una de las gestiones más nefastas a nivel municipal sino que por el robo descarado que investiga el ministerio público.

    El tiempo nos va a decir si la justicia estuvo o no a la altura del caso por el cual es acusado Cárdenas. Su soberbia por de pronto ya le dio una lección; tener que aguantar desde la llanura los embates. Si algo de coraje tuviera debería permitir que la investigación avance, debería dejar de perseguir y amenazar a la fiscala Agüero y dejar de poner trabas al proceso. Enfrente a la justicia Roberto, hoy todos sabemos la verdad.

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    Publicado por jotaefeb | 05/04/2016, 05:18
  22. Piratas, loros y corsarios

    Por Caio Scavone

    Siempre me dije que las dos palabras tenían el mismo significado pero había sido que existe una sustancial diferencia entre lo que es una y lo que significa la otra. La confusión se presenta al entenderse que ambas pandillas se dedicaban a hacer lo mismo.

    El pirata era un ladrón que cumplía sus propias órdenes, funcionaba como un cuatrero particular. Todo barco saqueado por los piratas implicaba una acción personal. Consistía en un trabajo como si fuese privado y, como diríamos en idioma paraguayo, el pirata trabajaba por su cuenta.

    El corsario, quien también desvalijaba todo barco que se ponía enfrente, atrás y al costado, lo hacía pero normalmente en épocas en que ocurrían guerras y con la licencia de algún gobierno que necesitaba debilitar al país enemigo. Lo que siempre quedó indefinido es el permiso dudoso que daban las naciones a los corsarios o si éstos exageraban con la anuencia y en nombre de una legalidad estatal saqueaban y se llevaban hasta el loro parlero de algún marinero extraviado.

    En apretada síntesis, el pirata era un ladrón que navegaba y atacaba lo que a él le parecía conveniente. Era patrón de su propia desgracia. El corsario tenía un patrón exquisito y que consistía en más ladrón que él: el estado o el gobierno.

    En el Paraguay también hace tiempo que ejercen los piratas y se despliegan los corsarios. Andan navegando en tierra firme desde hace mucho, en suelo fangoso y con cada creciente y “año del niño” se estorban entre piratas y corsarios. Viven embarcados en solamente sacar lo ajeno, mofarse la guita del Presupuesto General de Gastos de la Nación, chupan casi todo lo que dejan las aguas de las hidroeléctricas, navegan entre la plata dulce que dejan los royalties y el Fonacide, algunos se echan el barro medicinal del Mediterráneo y otros que quedamos meditando la manera de embarrarse de algunos parlamentarios y empleados del gobierno que viajan, con chongo y chonga incluidos, por el mundo y con la plata del mundo.

    Algunos corsarios criollos no viajan al océano pero piratean de lo lindo al recibir un mar de dinero en concepto de pasajes, hoteles y viáticos. El combustible que “se usa” y se abusa en muchas oficinas estatales sirve para que los corsarios estatales naveguen en el mar de la tranquilidad económica. Una hasta quiso arreglar el metro de París.

    Hay corsarios en todos los estamentos estatales y todos corren a la ligera detrás de la joda, la coima y la dolce vita. No usan ningún antifaz de pirata ya que actúan a cara descubierta, son veloces pues nadie corre con pata de palo, clavan el dinero del pueblo como si todos sus dedos fueran garfios, echan ancla sobre cualquier presupuesto jugoso que se presente y bucean en la abundancia malhabida.

    Los corsarios del Ministerio de Educación atracaron a la decencia y la educación al tomar agua mineral tan cara como la que se toma en un crucero del Caribe.

    Los planilleros corsarios que tiene este Paraguay le dio pie al presidente Cartes para echarles a patadas a todos. Tantas patadas será difícil que pueda dar a no ser que sea ayudado por Chilavert, Rivelino, Maradona, David Beckham, Nelinho, Messi, Chiqui Arce y una buena destreza de decisión. Para más echó ancla justo entre un cardumen de piratas y corsarios a quienes Morgan les puede pedir autógrafos.

    Un Presidente no solo debe cuidarse de los piratas y corsarios –que nunca faltan en un gobierno– sino de los que son como los loros del pirata: esos que te hablan mansa y cariñosamente al oído y te cagan en la espalda. El Paraguay está lleno de corsarios, de piratas y ni qué decir de esos loros…

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    Publicado por jotaefeb | 01/04/2016, 05:36
  23. Justicia actúa en varios países de América Latina, ¿y en Paraguay?

    Importantes personajes y bastiones internacionales que parecían inexpugnables ante el escrutinio público y la Justicia han caído y siguen cayendo corroídos por el peso de la corrupción. Allí está como ejemplo la FIFA, cuyos dirigentes evidentemente se creían poco menos que intocables. Allí están varios gobiernos y gobernantes que se consideraban portadores de una aureola divina y que usaron y abusaron de los bienes que pertenecían a sus conciudadanos, quienes los castigaron finalmente con sus votos, como en Venezuela y Argentina, y recientemente también en Bolivia.
    El Brasil es un caso especial. Allí el presidente Luiz Inacio Lula da Silva continuaba siendo considerado una especie de gurú, pese a que desde hace tiempo han sido destituidos o encarcelados numerosos funcionarios del que fue su primer anillo durante su gestión presidencial. Parecía inalcanzable por la vara de la Justicia, a tal punto que aspiraba a un nuevo periodo al frente del Gobierno de su país. Pero, por fin, el escurridizo Lula fue detenido y llevado a declaratoria para responder sobre numerosas evidencias en su contra. Hoy, incluso Dilma Rousseff enfrenta el juicio político y podría ser destituida del cargo.
    En la Argentina, cuyo nuevo presidente ha prometido respetar la independencia judicial y combatir la corrupción, se han reanudado las pesquisas sobre la sociedad Hotesur, propiedad de los Kirchner y cuyo mayor hotel –el Alto Calafate– habría servido para cometer delitos financieros, alguno vinculado con la empresa estatal Aerolíneas Argentinas.
    Estos hechos demuestran que existe una saludable reacción contra la corrupción que infecta a tantos países, mediante eficaces actuaciones de la Justicia. Pero en nuestro país, los órganos competentes siguen ignorando su deber de aplicar la ley y mandar a la cárcel a los ladrones de guante blanco, porque quienes están en ellos son negligentes o a su vez corruptos. Sin olvidar que su designación o su destitución están en manos de los políticos.
    De los casi diez mil reclusos actuales del sistema penitenciario nacional, solo hay tres funcionarios públicos condenados por haber delinquido en el ejercicio del cargo: el expresidente del Instituto Nacional del Indígena Rubén Quesnel, la exministra de la Secretaría de Acción Social Judith Andraschko y el exfiscal Gustavo Gamba. Sin embargo, abundan los hombres públicos sobre quienes pesan serios indicios de haberse aprovechado del dinero de todos en beneficio propio y ajeno, que andan libremente por ahí y que hasta tienen el desparpajo de burlarse de los ciudadanos decentes, tal como lo hizo en los últimos días en los pasillos tribunalicios el senador Víctor Bogado al ser escrachado por integrantes de la Coordinadora de Abogados del Paraguay.
    La responsabilidad principal de esta repugnante pasividad o complicidad judicial recae en la Corte Suprema de Justicia, que ha venido tolerando esas descaradas actuaciones permitidas por los magistrados, que apuntan a lograr la impunidad mediante la prescripción de las causas por el paso del tiempo.
    La Justicia no solo peca de indolente, sino también de corrupta. Quienes la administran saben que deben sus cargos al padrinazgo de los políticos y, en consecuencia, amedrentados, se cuidan muy bien de hacerles sentir el rigor de la ley. Si, además, los propios jueces y fiscales se enriquecen ilícitamente vendiendo resoluciones judiciales, es improbable que estén muy interesados en el saneamiento moral de la nación.

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    Publicado por Anónimo | 22/03/2016, 09:19
  24. Nos indigna todo, menos la corrupción
    22 marzo, 2016
    Por Carlos Franco

    “Este es un país de cretinos”, dijo hace más de 100 años Cecilio Baéz, uno de los intelectuales más grandes de Paraguay, y mirando nuestra realidad social se percibe algo de cretinismo (falta de yodo) en el comportamiento de la ciudadanía, la cual encuentra todos los días algo contra que indignarse.

    El tema del momento, los “limpiavidrios”; la ciudadanía le ha declarado la guerra a estas personas, que es cierto, no tienen una aureola en la cabeza, pero no se puede negar que son el producto de un sistema corrupto. Nos indigna que “rompan las bolas” en los semáforos, pero callamos cuando pasamos sobre los baches que destruyen nuestros vehículos y perdemos horas en el tráfico porque los caminos alternativos y viaductos nunca fueron construidos.

    Hace unos días, una señorita se lanzó de un segundo piso buscando acabar con su vida, afortunadamente fracasó, pero rápidamente corrió el rumor que es oriunda de Concepción y que protagonizó un video sexual.

    En el programa de radio “El Parlamento” hicieron bromas sobre la supuesta “facilidad” de las concepcioneras, hecho que causó indignación. Hasta los diputados Bernardo Villalba y Ramona Mendoza exigieron que los locutores sean despedidos. Nos indignaron las bromas, pero a nadie le indignó que diputados, que ganan más de G. 30.000.000 al mes, pierdan el tiempo debatiendo sobre lo que ocurre en un programa de humor.

    El fútbol ¡cómo olvidarlo! ayer llegó a nuestro país Juan Manuel Iturbe, para jugar por la Selección Paraguaya, a quien gran parte de la afición trata de “vende patria”, porque en el pasado dijo que quería jugar por Argentina. No olvidamos que Iturbe optara por otra camiseta, pero olvidamos los casos de Víctor Bogado, José María Ibañez, Camilo Soares y otros políticos manchados por la corrupción.

    Nos indignan los limpiavidrios, locutores y futbolistas, pero mostramos una pasividad que roza complicidad contra la corrupción de los políticos que desangran al país y de paso, le damos la razón a Cecilio Baéz.

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    Publicado por Anónimo | 22/03/2016, 09:12
  25. Desatinada agresión a la educación pública

    Irresponsable y extemporáneamente, el Consejo de Gobernadores, a través de su presidente, Luis Gneiting (ANR), anunció que pedirá al Poder Ejecutivo que se modifique el art. 4° de la Ley que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). Esa norma dispone que al menos el 50% de los ingresos percibidos por los gobiernos departamentales y municipales se destine al financiamiento de obras de infraestructura educativa y el 30% al almuerzo escolar. Rige desde el 21 de setiembre de 2012, día en que fue promulgada la ley, y no fue cuestionada por los gobernadores ni siquiera cuando el 9 de abril del año pasado varios senadores presentaron el proyecto de ley ahora sancionado por el Congreso que modifica algunos artículos de la Ley del Fonacide, pero que no altera el citado artículo 4°. Ahora, antes de su promulgación por el Poder Ejecutivo, a los gobernadores se les ocurre que los porcentajes allí establecidos, que son los de siempre, deben ser modificados para que también se destine una parte de los recursos del Fonacide a “cuestiones operativas”, como la compra de elementos que no sean necesariamente educativos. Es decir, pretenden desviar una parte de los fondos previstos para la construcción, la remodelación, el mantenimiento y el equipamiento de centros educativos, así como para el “complemento nutricional” de los alumnos. Querrán emplearlos, seguramente, no solo para adquirir cualquier cosa que les venga en gana o saldar deudas, sino puede pensarse también que para contratar a planilleros “operativos” o hasta para abonar sueldos y aguinaldos, tal como lo han venido haciendo muchos intendentes.

    Los recursos del Fonacide no deben invertirse en cuestiones ajenas a los fines hoy previstos en la ley. Sería miserable que se resten fondos a la educación y a la alimentación de los niños y de los jóvenes para cubrir los gastos corrientes y de capital de los gobiernos departamentales y municipales. Los primeros deben financiarlos con las transferencias regulares del Ministerio de Hacienda, y los segundos con los tributos que ellos mismos recauden. Es de esperar que el Poder Ejecutivo rechace de plano el desatinado pedido para que no se desvirtúe el sentido de la ley –que es uno de sus méritos– y no se aparte ni un centavo de los proyectos contemplados en ella.

    El titular del Consejo de Gobernadores también anunció que la entidad que preside objetará la parte de la ley sancionada que obliga a la Contraloría General de la República a denunciar ante el Ministerio Público los hechos punibles contra el patrimonio estatal, en el caso de que surjan indicios de ellos en los informes semestrales de quienes administran los recursos del Fonacide. El citado gobernador alega que esa obligación implicará el riesgo de que se hagan denuncias sin que haya “pruebas categóricas”, lo que podría ser aprovechado por los adversarios políticos de los intendentes o gobernadores para ponerles trabas. Se trata de un disparate mayúsculo, que revela la descarada intención de los administradores de escapar al control de los órganos estatales, hoy más que nunca necesario a la luz del escandaloso manejo que se ha venido haciendo del dinero público.

    En verdad, la disposición cuestionada es redundante, pues entre los deberes y atribuciones de la Contraloría, previstos en el art. 9°, inc. g, de su Ley Orgánica y Funcional, figura “la denuncia a la Justicia ordinaria y al Poder Ejecutivo de todo delito del cual tenga conocimiento en razón de sus funciones específicas…”.

    El titular del Consejo de Gobernadores debería saber también que el art. 286, inc. 1, del Código Procesal Penal exige a los funcionarios que denuncien los hechos punibles de acción pública que conozcan en el ejercicio de sus funciones. La determinación de si existen o no “pruebas categóricas” no compete a la Contraloría, sino a los agentes fiscales que decidirán en su momento si hay motivos para imputar o acusar a los denunciados y, en última instancia, a los magistrados, que habrán de condenarlos o absolverlos. La Contraloría está obligada a presentar la denuncia ante el Ministerio Público, en tanto que las personas tienen la facultad de hacerlo directamente ante este mismo órgano o ante la Policía Nacional, según el art. 284 del mismo Código. Si fuera coherente, el Consejo de Gobernadores también debería propugnar que se prive a los particulares del derecho que hoy tienen de revelar a los órganos competentes las fechorías cometidas en el empleo de los recursos del Fonacide, pues entre ellos podría haber quienes tengan enemistad política con sus presuntos autores.

    En otras palabras, si los gobernadores quieren impedir que la Contraloría y los funcionarios denuncien los hechos punibles de acción penal pública que ellos y los intendentes cometan en la gestión del dinero público, así como negar a las personas la potestad de hacerlo, deben proponer al Poder Ejecutivo que no solo vete el art. 8° recién aprobado por el Congreso, sino que a la vez promueva la derogación de un artículo de la ley que rige al órgano de control de las actuaciones económicas y financieras de los entes públicos y de dos artículos del Código Procesal Penal.

    Nuestro diario ha venido defendiendo que los gobernadores e intendentes continúen administrando los recursos del Fonacide, pese a las groseras malversaciones detectadas una y otra vez. Pero al mismo tiempo sostiene la necesidad de que esas autoridades sean mejor controladas que hasta ahora, tanto por las autoridades competentes como, y sobre todo, por los pobladores de cada uno de los 250 municipios y 17 departamentos.

    En suma, el Consejo de Gobernadores les prestará un flaco favor a la necesaria descentralización y a la transparencia gubernativa si incurre en el desatino de llegar hasta el Primer Mandatario con unas propuestas que insultan a la inteligencia y solo se entienden como un intento de querer favorecer el derroche y el robo del dinero del Fonacide en perjuicio de la educación pública.

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    Publicado por Anónimo | 22/03/2016, 08:29
  26. Una “infame condición” que no se acaba
    En su libro “Infame condición: democracia, pobreza y corrupción en el Paraguay”, el abogado y constitucionalista Daniel Mendonca señala que “la corrupción, con sus costos asociados y la inestabilidad de las políticas públicas, son los factores que más atentan contra los planes de inversión. La corrupción ocupa, en la evaluación de las empresas, el primer lugar en la lista de problemas más serios del país”. Agrega además que “la forma más común de corrupción es el soborno, siendo los principales los que hay que pagar para acelerar el servicio o para acceder al mismo así como los sobornos para sesgar la decisión de los funcionarios”. Añade luego que “los funcionarios públicos obtienen sobornos que representan un 30% de sus ingresos oficiales, así como un 27% de los cargos son otorgados a cambio de pagos por parte de quienes los ocupan. En ese contexto, los usuarios deben pagar un 5% de sus ingresos para mantener la corrupción en general, mientras que el 11% de los ingresos de las empresas se dedica a sobornar funcionarios. Esto representa un 33% de sus beneficios, y aproximadamente el 2% del ingreso de los usuarios”.

    Esta trama siniestra y degradante de la función pública es vastísima y permea todo el Estado. Si aplicáramos el promedio otorgado por el FMI a América Latina, tendríamos que el 5% del PIB total del Paraguay iría a parar a los bolsillos de la corrupción, cerca de US$ 1.600 millones anuales para dar un estimativo, aunque nada impide creer que la cifra real sea mucho mayor.

    ¿Qué hacen en otros países para intentar la gran patriada de darle un tajo al corazón de la corrupción? Veamos el caso de México, que anualmente pierde un 9% de su PIB por esta causa, unos US$ 130.000 millones. Haciendo uso de la recientemente aprobada “iniciativa legislativa popular”, un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico de Monterrey presentará este año un proyecto de ley conocido como “3 de 3” y que obligará a todo servidor del Estado a exponer públicamente tres documentos: una descripción detallada de sus activos y patrimonio neto, una lista de sus intereses privados y sus declaraciones de impuestos. También obligará al Gobierno a mejorar su rendición de cuentas anual.

    En el Paraguay, aunque hemos avanzado bastante en legislación, en compromiso seguimos a la cola entre los países que menos esfuerzo realizan año tras año para limpiar la función pública de toda sombra de duda en la administración de los bienes del Estado y en la creación de confianza tanto en la ciudadanía hacia sus servidores públicos como en los interesados en radicar inversiones en el país.

    Y si a la práctica de la corrupción le sumamos la ineficiencia de gestión, tenemos un cóctel devastador que es el que precisamente mantiene al Paraguay en niveles de competitividad extremadamente bajos frente al potencial que podría alcanzar.

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    Publicado por Anónimo | 21/03/2016, 11:04
  27. A la espera de un estadista

    Superar una dictadura de 34 años fue un proceso largo y doloroso. Costó vidas, atraso en la vigencia de derechos fundamentales y, sobre todo, dejó un legado de corrupción y deterioro institucional gigantesco. Pero quizá una de las herencias más nefastas sea el hecho inaceptable de que los políticos convirtieran la función pública en patrimonio personal que, a mayor encumbramiento, mayores beneficios directos les reporta.

    Existe toda una generación, o quizá dos, de “funcionarios” que deberán desaparecer de escena acompañando un proceso de transición para dar lugar a un relevo de agentes del servicio civil, escalón al que debemos aspirar en las próximas décadas si queremos un Estado eficiente al servicio del ciudadano.

    Pero desgraciadamente todavía son muchos más los ejemplos que niegan y retrasan ese futuro que los que pudieran generarnosuna esperanza como nación. Un reciente episodio registrado en el ente administrador de “la tierra y el desarrollo rural” es suficiente para llenarnos de frustración y vergüenza.

    Resulta que, por razones que no vienen al caso, el presidente del organismo debió apartarse temporariamente del cargo dejando el lugar a un “subalterno” como gustan decir los burócratas a la antigua. Lo normal, en estos casos, es que el interino –un interinato extremadamente corto, vale agregar- mantenga con decoro un perfil bajo esperando el retorno del titular.

    Pero este no fue el caso. El suplente, para quien la palabra decoro debe carecer de acepciones, no tardó en llenar la oficina presidencial con toda su parentela, incluyendo la esposa, una hija y un sobrino, además de una nube de “asesores” traídos quien sabe de donde. Pero eso no es todo. Según informaciones emanadas del interior del ente, y citadas por el colega UH, el interino apura los trámites para inscribir tierras ocupadas ilegalmente por parientes cercanos suyos y obtenidas sin ser sujetos de reforma agraria. Tanta voracidad e impudicia sólo puede ser esperable de individuos sin el menor grado de preparación tanto profesional, como ética y moral, para ejercer la representación del Estado en ninguno de sus niveles, hasta el más elemental. Es hora de comenzar a exponer los conductos y métodos mediante los cuales estos impresentables se infiltran en el Estado para desfondarlo sin contemplación alguna y a la vista y paciencia del contribuyente que ya está harto de soportar esta plaga destructora.

    La dictadura quedó atrás pero en cambio la procesión de depredadores, ladrones de guante blanco y burdos saqueadores se renueva sin cesar. Existe legislación suficiente para garantizar los escenarios de elección de agentes del servicio civil apropiados para la nueva época. Lo que sí falta, en los altos niveles jerárquicos, es valor para iniciar los cambios necesarios que transformen la función pública, que la otorguen eficiencia y la conviertan en un instrumento de desarrollo. Falta, en suma, un estadista que empuje el proceso.

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    Publicado por Anónimo | 21/03/2016, 10:58
  28. El caldo de cultivo para la corrupción

    Como algo histórico nuestro diario publicaba como titular, la condena por corrupción del exintendente de San Alberto, Romildo Antonio Maia De Souza, en la edición de octubre del 2014. A pesar de ello, ya en la misma publicación habíamos advertido que el castigo no era tal porque el tribunal de sentencia no se expidió sobre la medida alternativa a la prisión de la que gozaba el entonces condenado. Pasaron casi dos años y el encausado sigue libre.
    Según el fallo que se dio tras un largo juicio oral y público, Maia De Souza pagó por obras inexistentes, es decir no hubo una contraprestación por los desembolsos y por ende no fueron justificados. En su gestión del 2009 se detectó que no justificó G. 1.201 millones, en el 2010 G. 1.510 millones y otro monto del mismo año por G. 2.549 millones. Totalizando G. 5.261 millones el perjuicio, que De Souza ocasionó a la municipalidad de San Alberto.
    El delito fue comprobado, el tribunal lo condenó y parecía que por fin un acusado por corrupción iba pisar una cárcel. Sin embargo, nada de esto pasó hasta ahora, las jueces que dictaron sentencia (Carmen Teresa Barrios, Ana María Arréllaga y Blas Cabriza) no se pronunciaron sobre la medida alternativa de prisión de De Souza por lo que este, escuchó su condena y se fue a su casa. Luego de una apelación, la cámara confirmó la sentencia pero cuando el juez de ejecución dispuso su reclusión, el condenado ya se había esfumado y desde entonces pesa sobre él una orden de captura. Además había recurrido a la Corte Suprema de Justicia, y está pendiente de decisión.
    El mensaje es claro, al sistema judicial, entiéndase Poder Judicial y al Ministerio Público no le interesa encarcelar a los corruptos. En este caso ni la condena fue suficiente para llegar a castigar a los que despilfarraron el dinero público. Los corruptos siguen ganando la batalla, los políticos se forran de plata, se erigen de nuevos empresarios y pasan de grandes señores de la sociedad.
    Mientras siga esta impunidad los sinvergüenzas seguirán robando tranquilamente y despilfarrando el dinero del pueblo. La impunidad es el caldo de cultivo para la corrupción, mientras los culpables sigan sin castigo, seguiremos pagando el alto costo de la corrupción que son poblaciones sin caminos, escuelas precarias, hospitales precarios y sin medicamentos y otras necesidades que a diario nuestros compatriotas sufren a lo largo y a lo ancho de la república.

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    Publicado por Anónimo | 20/03/2016, 16:47
  29. La corrupción no tiene ideologías

    Existen grandes males, que son enemigos públicos, y que en lugar de ser desterrados de la praxis política, son escudos ante los que ciertos sectores partidarios intentan parapetarse, y desde allí comenzar a tirotear para intentar desprestigiar las acciones de sus ocasionales rivales. La corrupción es uno de esos antivalores con los que se pretende restar mérito a los demás, ensalzando la imagen de quienes se ubican en la posición de erigirse en los impolutos portadores de la verdad.

    Estos, maniqueístas al extremo, buscan posicionarse en el lado del bien, como si fuera que pertenecen a un linaje especial, salido de un paraíso en el que el mal no tiene cabida. Esta concepción, desde su génesis, tiene un pecado original: la mentira. Si existe una verdad que puede ser irrebatible es que el hombre, en su dimensión finita, es absolutamente imperfecto y por su esencia finita comete errores de todo tipo.

    Entonces, caer en la disyuntiva simple que de un lado solamente están los buenos y del otro está el monopolio exclusivo del mal, se yerra en el análisis. Con soberbia y desconocimiento, lo que se pretende potenciar es el fortalecimiento de una imagen que en esencia no tiene un sustento lógico, puesto que las premisas en las que se sostienen estos argumentos carecen de validez. Las personas cometemos equivocaciones, somos susceptibles a caer en la tentación del dinero y reconocer los errores es comenzar a solucionar estos inconvenientes; aspectos que se anulan en este tipo de comportamientos.

    La izquierda paraguaya habitualmente cae en este esquema descrito, ya que considera que la portación del gen maligno de la corrupción pertenece a los partidos tradicionales. Con esta postura, busca justificar en persecuciones gigantes y grandes conspiraciones, pergeñadas por sectores de derecha y con mayor influencia económica, a las denuncias que apuntan a malas gestiones de los representantes progresistas del país y la región.

    Con esta habitual conducta, lo que consiguen es atomizarse en pequeños sectores que pierden fuerza por la falta de legitimidad en su accionar y por la total ausencia de una necesaria e impostergable revisión de los hechos. Esta victimización, sin autocrítica, les resta credibilidad ante la ciudadanía, con un agravante, que al posicionarse como la alternativa de gestión y sacando pecho por ser los portadores de la honestidad, desvalorizan con mayor rapidez la credibilidad de sus referentes.

    La alternancia de gobierno en Paraguay, y el escenario regional que estamos viviendo, con denuncias serias de corrupción que involucran a los principales referentes de la izquierda en Latinoamérica, no hace más que demostrar con fuerza implacable que la corrupción es un mal que infesta a los grupos políticos de todos los colores, ideologías y partidos. No existe un sector que, por simple enunciado, pueda atribuirse la carga de honestidad per sé.

    Por eso es fundamental la tarea activa del ciudadano, que se debe erigir en contralor de la gestión de todo aquel que llega a puestos de decisión, ya que en sus manos está el destino de nuestro país. Seguir otorgando carta blanca a cualquier partido o movimiento, por simple empatía, es un defecto que debemos desterrar de la mente de las personas. La única garantía que poseemos los paraguayos de una tarea que pueda brindarnos satisfacciones es la que sea acompañada paso a paso por la gente. Así podremos minimizar la corrupción, convirtiéndonos en los principales protagonistas de nuestro país.

    http://www.lanacion.com.py/2016/03/18/la-corrupcion-no-ideologias/

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    Publicado por Anónimo | 19/03/2016, 06:30
  30. La desvergüenza como norma

    by ADN Paraguayo

    Estamos acostumbrados a que quienes llegan al poder encuentren la forma de enriquecerse a costa nuestra y, a causa de la impunidad reinante, puedan disfrutar de sus bienes malhabidos sin mayores problemas. Pero hasta ahora intentaban, por lo menos, mantener algún viso de vergüenza, tratando de ocultar eso que los hacía ricos y corruptos.

    Lo ocurrido ayer en la Cámara de Diputados nos da la pauta de que se ha perdido absolutamente la vergüenza y que ahora, no solo debemos soportar que nos roben sino que presuman de hacerlo. Las bancadas oficialistas de la ANR y el PLRA han blanqueado a los intendentes deshonestos que han utilizado el dinero del Fonacide para sus beneficios personales, y les han dado carta blanca para que pudieran seguir haciéndolo sin ningún tipo de control.

    Pero lo que hicieron estos legisladores colorados y liberales va mucho más allá de avalar la delincuencia de los intendentes y gobernadores. Asestaron un golpe mortal a la educación nacional. Mientras los gobiernos regionales sigan despilfarrando el dinero destinado al sector educativo, no habrá forma de que podamos salir del atraso al que nos llevaron siglos de mediocridad e ignorancia.

    Nadie puede olvidar el derrumbe de un techo en una escuela de Lambaré que había sido refaccionada con el dinero que el intendente de entonces, Roberto Cárdenas, recibió del Fonacide. Las investigaciones demostraron que la inversión fue mínima, con materiales de mala calidad y un pésimo trabajo, lo que dejó en evidencia que la mayor parte del dinero que debía ser utilizado para ello se destinó a otras cuestiones que nada tenían que ver con la Educación, que es el único uso que se le puede dar de acuerdo a la razón de ser del Fonacide.

    Lo de Lambaré es apenas un ejemplo puesto que fueron varios los techos derrumbados y las escuelas que siguen en pésimo estado. Lo increíble es que aún no haya habido muertos en estos derrumbes, pero eso nos da la pauta de que nuestros niños y jóvenes están al filo de la navaja a causa del robo descarado de la plata que debía darles locales dignos donde recibir educación.

    Hay varios intendentes imputados por lesión de confianza a causa del derroche del dinero de Fonacide. Ante esta situación, era urgente que se modificara la ley y se estableciera un control más estricto a los gobiernos municipales y departamentales. Por eso el Senado dispuso en el proyecto de Ley que dicho control estaría a cargo de los ministerios de Hacienda y Educación, porque de alguna manera había que frenar este carnaval de despilfarro en el que cayó la mayor parte de los munícipes, sin distinción de bandería política.

    Pero los diputados, la mayor parte de ellos compueblanos de los mismos intendentes cuestionados, decidieron rechazar dicha modificación, con la excusa de que sería un retroceso en la descentralización, pero con la verdadera intención de seguir dando carta blanca a la corrupción de sus compinches. Y rechazaron las modificaciones del Senado y volvieron a dar a los ejecutivos municipales y gobernaciones toda la potestad de hacer con la plata del Fonacide lo que les viniera en ganas.

    Cuando la desvergüenza se convierte en norma en los actos públicos y los gobernantes pierden de vista la realidad, es fundamental que la ciudadanía reaccione y ponga el cable a tierra, exigiendo algo de cordura a quienes tienen en sus manos los destinos del país. Si esto no ocurre, salir del pozo sin fondo en el que estamos sumidos desde hace demasiado tiempo será cada vez más difícil.

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    Publicado por Anónimo | 19/03/2016, 06:20
  31. El dinero del Fonacide
    19 Mar 2016

    La decisión representa un golpe a la educación paraguaya, porque se vuelve a poner los fondos en manos de quienes demostraron ineficiencia y poca transparencia en más de una ocasión.

    Los municipios y gobernaciones no solo no gastaron el dinero en lo que debían de acuerdo con la ley, sino que además muchos de ellos no coordinaron sus acciones con el Ministerio de Educación. Y no solo eso. Se negaron, además, a informar en detalle el destino de los fondos invocando la autonomía municipal y otros argumentos falaces.

    Lo cierto es que este desenlace era previsible y no fueron pocas las voces que en su momento advirtieron que este desorden –en el mejor de los casos– en la administración de los recursos del Fonacide era poco menos que inevitable.

    Fueron las cúpulas partidarias las que forzaron la intervención de las municipalidades y gobernaciones cuando se definió la ley de Fonacide. La intención era proveer de jugosos fondos a los caciques y caudillos locales, con miras a mantener bien nutrida la clientela político-partidaria y fortalecer el esquema prebendario que beneficia y eterniza en el poder a esas mismas cúpulas.

    En principio, es inobjetable la idea de canalizar las inversiones a través de los municipios y gobernaciones. Con gobiernos locales y regionales fuertes y eficientes se logrará por fin abolir aquello tan repetido de “ausencia del Estado” en muchas zonas olvidadas de nuestro país.

    Por estar más cerca de la ciudadanía se podría suponer, además, que el control social sobre la utilización de estos recursos sería más efectiva. Sin embargo, la realidad es muy diferente.

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    Publicado por Anónimo | 19/03/2016, 06:17

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JUSTICIA A LA MEDIDA

El TSJE tuvo que  fallar en un caso, en el que una persona le solicitaba que dijera si era legal o no la candidatura de Peña por uno de los movimientos colorados, ciertamente Peña  sigue siendo afiliado al PLRA, y aún que se afilió, de manera forzada el 31 de octubre del año pasado, no había cumplido aún el año de permanencia como colorado, ni tampoco había renunciado a su afiliación de liberal. El juez saca una resolución kafkiana, dice a los efectos legales por una ley del año 1996, una persona no puede tener 2 afiliaciones simultáneas, pero aquí está lo kafkiano: “para los efectos legales valdrá la última”, dice en su fallo dado conocer, con ese criterio es más o menos lo siguiente: “la bigamia está prohibida en el Paraguay pero para los efectos legales valdrá el último de los matrimonios”. Evidentemente sí a los efectos legales se prohíbe una cosa determinada, a los efectos legales lo único que puede hacerse, es acatar lo que manda la norma y no inventar una ficción jurídica, por la cual una persona con una doble afiliación puede continuar un cargo determinado o puede aspirar a una representación por un partido político.

Todo mal, una justicia cada vez más entregada al poder político, a la que teme mucho menos en su condición de tal, la justicia a los políticos, y este fallo que lógicamente se escribe en un capítulo kafkiano de la historia política y jurídica paraguaya.

BFB

JUSTICIA A LA MEDIDA II

Ahi una resolución también, de la Corte Suprema de Justicia que dio al grupo de prensa de Cartes, para que puedan dar la boca de urna en el transcurso de los comicios del próximo día domingo, esto es una antesala a un caos, si anteriormente se había establecido que la boca de urna, solo podía darse solo a 60 minutos después de haber concluido el acto comicial, ahora vamos a tener una guerra de bocas de urnas el próximo domingo. Cada uno de los sectores de medios estará diciendo quién va adelante, y que estará buscando finalmente con eso manipular la voluntad de los electores que aún no se han decidido porque candidatura abrazarse en ese momento, ciertamente la Corte no ayudó para nada a la pacificación de los espíritus y al cumplimiento de las normas, si la norma dice que no se puede hacer algo por una situación determinada, que es la de buscar la tranquilidad antes de unos comicios y durante los comicios, en el caso de las boca de urnas, esta resolución de la Corte, lo único que augura es mayor conflictividad, y porqué no lamentandonos posteriormente hechos de violencia.

BFB

PARAGUAY TUTELADO

Una cuestión importante del ámbito de la relación internacional, la cancillería paraguaya a través de su vicecanciller Gonzalez, llamó la atención a Hugo Rodríguez, representante de la embajada de los EE.UU., que un twitter, auguro que unas elecciones sean llevadas con transparencia y justicia el proximo dia domingo y al mismo tiempo estuvo en favor de la homilía del Mon. Ricardo Valenzuela, eso hizo que el gobierno paraguayo le llamara la atencion al representante diplomático y le dijera que se está involucrando en cuestiones internas del país. Muchas de las cuestiones internas del país no podrían haber sido resueltas solo por nosotros, o a través de nuestras instituciones, en mucho de los casos, esto que alguno denominan “democracia tutelada” no se hubiera podido llevar adelante de la manera como se llevó, sin la abierta intromisión de poderes extraños al país, que han tenido que poner en el cauce, la locomotora de la democracia en el sitio correcto, el Paraguay todavía lamentablemente con las instituciones que tiene, con la manera en que los poderes del estado administran la cosa pública, la forma irrespetuosa del trato a la Constitución y a las normas, no permiten de que nosotros nos valgamos por nosotros mismos para administrarnos. El dia que los paraguayos tengamos una Justicia confiable y seria, un poder Legislativo ampliamente consolidado, en términos de representación popular, y un poder Ejecutivo que tema y respete a la Constitución, en ese momento, cualquier intromisión en asuntos internos, tendria que llamarnos la atención, el escándalo mayor de la política paraguaya es la manera en que hemos construido nuestras instituciones y el escaso respeto que tenemos a las normas legales.

BFB

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