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Intereses políticos y necesidades ciudadanas

El anunciado reinicio del proceso de juicio político a tres miembros de la Corte Suprema de Justicia va perdiendo fuerza. Con el correr de las semanas los potentes discursos en favor del cambio se diluyen. Dan paso a una discusión mucho más simple, más básica; el reparto del poder en la instancia suprema de la justicia.

Atrás quedaron los tiempos de la edulcorada pirotecnia verbal que genera simpatía electoral. Ahora asoma descarnada la realidad de las necesidades políticas; de dirigentes partidarios de los más distintos estamentos que necesitan que estos mismos jueces sigan en sus cargos para asegurar que se mantenga el estado de cosas. Que los procesos sigan siendo demorados usando los bucles normativos o que aun con abrumadoras pruebas legisladores sigan ocupando bancas en el Congreso.

En ese análisis de necesidades no tiene espacio el fortalecimiento institucional. Realmente en ese esquema no existen instituciones, sino feudos donde es más importante tener a afiliados que puedan evitar condenas o recaudar para las autoridades de turno.

No es casualidad que los liberales, que tienen a senadores, exministros y funcionarios administrativos procesados, ahora se opongan al juicio político. Tampoco es extraño que los sectores de izquierda a inicios de semana hayan planteado la necesidad de hacer un reparto equitativo de los cargos en la instancia suprema de la justicia o que la disidencia colorada también se oponga al enjuiciamiento. Todos responden al mismo principio. Buscan tener a un afiliado que llegado el momento podrá ajustar los procesos judiciales para librar al correligionario del castigo judicial.

Las negociaciones políticas en la Cámara de Senadores se manejan en esos límites. Por eso es tan importante sentar a los dirigentes políticos o hasta a los poderes del Estado, como planteó alguna senadora. Solo así cada sector tendrá espacio para pelear por tener su propio juez.

Lejos de esas discusiones están las necesidades ciudadanas de mejor justicia. En ellas no se debate la idoneidad o la conducta, se miran afiliaciones o se revisa la permeabilidad de los candidatos para atender los pedidos del dirigente de turno.

A mitad de semana, el presidente Horacio Cartes prefirió tomar distancia de estas negociaciones. Dejó en claro que la decisión queda en manos del Congreso. Sabe que enredarse en una discusión ajena podría tener implicancias no deseadas para el futuro de su proyecto político. Además la estructura judicial vigente no tiene mayor alineamiento con el Ejecutivo.

Cartes se alejó del debate y tomó el camino inverso pensado en sus necesidades políticas en el mediano plazo. Desde hace algunas semanas empezó de nuevo sus visitas al interior para mostrarse cerca de la gente como un Mandatario preocupado por las cuestiones cotidianas de su gente. Ese había sido su estilo en los inicios de mandato. Fue allí donde tuvo su mejor imagen de gobierno.

Ahora en tiempos de campañas y de recomposición de poder recurre a la misma fórmula, esperando que los resultados sean los mismos. Sabe que los tiempos corren de prisa y necesita con urgencia armar un equipo político propio que le asegure mantener su modelo de gestión más allá de 2018.

Por ahora, la discusión por los cambios en la Corte Suprema de Justicia no lo entusiasman. Eso no implica que la composición final no le interese. Discutir nombres será otro tiempo y ahí entrará de lleno.

En este contexto de necesidades compartidas en la Cámara de Senadores y cierto desinterés del Poder Ejecutivo el proceso de juicio político parece condenado a tener que andar un largo camino que por ahora tiene un final incierto.

Por Osmar Gómez

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/intereses-politicos-y-necesidades-ciudadanas-1463186.html

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Acerca de jotaefeb

Un arquitecto jubilado. Aprendiz de todo, oficial de nada. Un humano más. Acá, allá y acullá. Hurgador de cosas cotidianas y trascendentes.

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10 comentarios en “Intereses políticos y necesidades ciudadanas

  1. La Justicia y sus “defensores”

    Noyme Yore, defensora general, se presentó el pasado jueves en el Palacio de Justicia, donde se le comunicó de las medidas alternativas que le fueron aplicadas en el marco del proceso que soporta por usurpación de funciones públicas. Hasta aquí es una información más, una noticia que, si bien tiene una importante trascendencia, se puede tomar como un caso más de los que se presentan en los tribunales capitalinos.

    Pero no, la presencia de Yore en sedes judiciales sirvió para mostrar el “respaldo” que la misma tiene de parte de sus subordinados, quienes en “patota” acudieron al palacio tribunalicio en pleno horario laboral, para constituirse en una especie de armadura para que nada le pase a la “jefa”.

    Es, a la vista de todos, una actitud lamentable la asumida por los defensores públicos, justamente ellos que deberían ser ejemplo dentro del esquema de la Justicia en el país, ya que tienen la alta responsabilidad de llevar adelante la defensa de quienes no tienen la posibilidad de acceder a un abogado. Pero lo agravante de esta situación fue que “la patoteada” se hizo en un horario en el que los mismos deberían haber estado en sus puestos de trabajo, horario que “ocuparon” para ir en cierta forma a “presionar” una diligencia judicial.

    Yore está procesada por usurpación de funciones públicas por el hecho de haber nombrado a abogados particulares, tres en este caso, como defensores públicos, sobrepasando la atribución que es exclusiva de la máxima instancia judicial. Le fueron impuestas estas medidas; una fianza de 545 millones de guaraníes, de los cuales 445 millones son fianza real o inmueble, y 100 millones de guaraníes, fianza que fue asumida por el defensor de Yore.

    Pero hay que acotar que todo este espectáculo llevado adelante por los funcionarios de la Defensoría Pública en cierta forma fue “avalado” por las autoridades del juzgado, ya que en ningún momento se intentó siquiera poner orden en el interior de la sede judicial. Si bien las presiones dentro de la Justicia son, lamentablemente, una constante dentro del sistema, el hecho de que los propios defensores públicos hayan sido los que en esta oportunidad “dieron la cara”, deja al descubierto que algo anda mal, de que algo está “podrido”.

    Y esta situación demuestra cuán pervertido está el sistema judicial en el país. Un sistema que viene tambaleando ya desde hace mucho tiempo y que, por “cuestiones políticas” muy poderosas, no se puede encaminar. La actuación de los defensores públicos no es más que otro punto oscuro en el esquema de la Justicia en el Paraguay; un esquema donde la transparencia es una de las grandes ausentes.

    En ese mismo marco, conviene recordar que en el ámbito del Poder Legislativo se reactivó el proceso de juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia Sindulfo Blanco, Miguel Óscar Bajac y César Garay Zuccolillo, instancia que estuvo parada por un largo tiempo.

    Quizás, de culminar en forma positiva estos juicios, el camino a la transparencia dentro del Poder Judicial se vaya limpiando de los muchos sitios oscuros con que actualmente cuenta, hecho que, desde todo punto de vista, será un paso importante en el fortalecimiento del derecho de todos los paraguayos. Y eso es precisamente lo que se espera.

    Por Antonio López

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    Publicado por jotaefeb | 11 abril, 2016, 5:44 am
  2. Alevosía Liberal

    Los argumentos son pueriles. La historia de que Cartes quiere armar una Corte a su medida, no resiste el menor análisis. La realidad es que este sucio asunto es una “merienda de negros” ya que por un lado están los magistrados acusados-con pruebas- de corrupción y por otro, los políticos corruptos –comprobados-que quieren negociar su impunidad presente y futura, cuando sus turbios negocios lleguen por casualidad a la Justicia. Así que el opareí de esta engañosa cuestión del Juicio Político a los tres miembros de la CSJ, acusados, es un excelente “trato” para todos ellos…menos para la ciudadanía.

    Ahora, eso sí, en adelante, Sindulfo Blanco, Óscar Bajac y el antipático y moroso, César Garay Zuccollillo, se pasarán recibiendo facturas de sus amigos políticos que les salvaron el pescuezo, con lo cual la Justicia Paraguaya terminará aún más venal, corrupta y alevosa que cuando empezó el famoso proceso.

    Y hablando de alevosía… qué se puede decir de los políticos liberales. Sus parlamentarios, merced a un mandato del Directorio, estaban comprometidos con el apoyo al enjuiciamiento de los tres ministros. La ciudadanía vio con buenos ojos esta actitud de los popes liberales, que por lo menos iban a dar una muestra de entereza, que hace tiempo olvidaron. Pero no. En una reciente sesión borraron todo con el codo y dieron “voto libre” a sus parlamentarios para que hagan lo que quieran, es decir, comercialicen su voto libremente. Espíritu de cuerpo que le dicen.

    Nada más bastardo. Por supuesto esgrimen los consabidos argumentos de “Corte a la medida”, que el “no al cuoteo”, que “todos o ninguno”, etc.

    Burlan así una causa nacional. El desastre de la Justicia, porque esa es la realidad, es una de las lacras más persistentes del viejo Paraguay. El que se resiste a morir del todo. El que fue forjado en espíritu por el stronismo y sus esbirros. El Poder Judicial en nuestro país no solamente está corrompido hasta los tuétanos, con algunas excepciones, es cierto, sino que además es improvisado, servil, ignorante y haragán, una suma de todos los vicios. El “barrido” de toda esta escoria, empezando por el alto tribunal, debería ser una causa nacional.

    Sin embargo, para los políticos paraguayos, los liberales a la cabeza, es mejor dejarlo todo como está.

    En adelante los compatriotas de todos los niveles deberían tener una sola premisa para el futuro: Sanear la Justicia, es cierto, pero el Parlamento después, que nunca más lleguen al cargo bandidos que se escudan en el poder para robar, y que van absolutamente de contramano con los intereses del pueblo paraguayo.

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    Publicado por jotaefeb | 4 abril, 2016, 9:17 am
  3. En busca de buenos jueces

    Por Ilde Silvero

    La prolongada telenovela del posible juicio político a tres miembros de la Corte Suprema de Justicia nos recuerda que la democracia en la que vivimos es solo un proyecto en pañales que está muy lejos de la meta anhelada. Sin una justicia independiente, capaz y firme en sus decisiones, la democracia siempre será una expresión retórica en labios de los políticos y no una realidad beneficiosa para la ciudadanía.

    Hace más de un año que en la Cámara de Senadores yace en paz una propuesta de juicio político a tres miembros de la Corte que fuera solicitado por Diputados. Cada vez que un parlamentario quiere abordar el tema, siempre aparecen excusas de índole política y la pelota se vuelve a patear hacia algún futuro incierto.

    Paralelamente, los propios miembros de la Corte Suprema de Justicia contribuyen a enturbiar el panorama al haber jurado por un período de cinco años y luego se autoproclaman inamovibles. Ante esto, ¿qué autoridad jurídica y moral puede tener un juez que jura solemnemente que desempeñará el cargo con capacidad y eficiencia por cinco años y luego se declara vitalicio? ¿No es lo que hacen los dictadores cuando se apropian del poder y después se niegan a abandonar el sillón presidencial?

    La seguridad jurídica es un elemento esencial e insustituible de una democracia genuina. Pero dicho factor es imposible de garantizar cuando el sistema judicial tiene tantas falencias y los vaivenes de la política partidaria tienen fuerte injerencia en la composición y en las decisiones de la Corte Suprema de Justicia.

    Parte central del problema es que cada líder político que llega al poder quiere tener una Corte Suprema a su medida. Varios expresidentes de la República intentaron realizar cambios profundos en el sistema judicial pero únicamente consiguieron repetir los errores del pasado y reemplazar a algunos jueces serviles al poder por otros de la misma laya.

    Las constantes denuncias de serias irregularidades y corrupción en los tribunales ordinarios, en la Fiscalía General del Estado, en el Tribunal Superior de Justicia Electoral y en la Corte Suprema de Justicia constituyen serios obstáculos en el esfuerzo colectivo por construir una sociedad más democrática, progresista, solidaria y con justicia social.

    Los individuos en particular, las empresas privadas y las instituciones públicas sienten el lastre de una justicia impredecible, tambaleante y frágil ante el grito de poderes fácticos, sean estos económicos, políticos o sociales.

    Nuestros jueces son demasiado flexibles y moldeables ante los intereses de los grupos de presión. No existe aquello de que “la ley es dura pero es la ley” ni que “todos somos iguales ante las normas jurídicas”. Los líderes políticos, las personas de gran fortuna y también los jefes mafiosos conocen las debilidades del sistema judicial y sacan provecho de la situación.

    En el camino hacia una sociedad mejor, necesitamos jueces más justos y, sobre todo, más honrados y firmes en el cumplimiento de sus deberes profesionales. Cambiar tres ministros de la Corte no soluciona el problema, pero ojalá sea un buen paso inicial.

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    Publicado por jotaefeb | 3 abril, 2016, 9:56 am
  4. Oxígeno de senadores a bandidos de la Corte

    Hace casi un año y medio, allá por noviembre del 2014, en ámbitos del Congreso se anunciaba con bombos y platillos la renovación de la Corte Suprema de Justicia; un paso imprescindible para dar inicio a la reforma del Poder Judicial, de fundamental importancia para fortalecer el Estado de Derecho y empujar al país por la senda del desarrollo. Las discusiones eran si se cambiaba a seis o a cuatro de los ministros, hasta que a comienzos del 2015, cuando disidentes del oficialismo formaron la bancada conocida como G-15 y comenzaron a poner palos a la rueda de la carreta. A ellos se sumaron luego los legisladores de la “multibancada”, compuesta por el Frente Guasu, el PDP y Avanza País, por lo que el tema se fue archivado a lo largo de dicho periodo legislativo. Ahora lo desempolvaron, pero con el correr de los días resulta cada vez más claro que, con diversas justificaciones de índole político y metodológico, un grupo de 18 senadores hará valer sus votos a fin de que la renovación del máximo tribunal se postergue para las calendas griegas, burlándose una vez más de la ciudadanía que clama por una administración de Justicia medianamente aceptable.

    Entre los integrantes del otrora G-15, reducido a media docena, algunos dicen ser nuevamente partidarios del juicio político, pero exigen que se trate “caso por caso” y una vez que se apruebe la destitución de un ministro, se proceda a cubrir la vacancia para recién después iniciar el enjuiciamiento del siguiente. Una patraña digna de quienes se asignan el derecho de insultar la inteligencia de todo el mundo, pues no se precisa de un alto coeficiente de inteligencia para saber que dicho mecanismo implicará prolongar por mucho tiempo la permanencia de tres comprobados bandoleros, como Sindulfo Blanco, Óscar Bajac y César Garay Zuccolillo, en los más altos estrados judiciales.

    Los legisladores que se autodenominan de “izquierda”, léase luguistas y afines, optaron por seguir otro camino, pero para llegar al mismo puerto que los anteriores. Con un supuesto discurso “radical”, adelantaron que no asistirán a las sesiones en las que se trate el juicio a los citados magistrados, “porque no hay que cambiar solo a tres sino a todos”. Y dado que esta posición es ultra minoritaria, “contribuirán” con su ausencia para que los mismos permanezcan en sus cargos.

    Y de los liberales que se pude decir. Cualquier observador estará acostumbrado a que en dicha bancada haya “para todos los gustos”.

    Ahora solo resta saber cuál es el calendario para que se ponga en marcha el juicio y con quién de los acusados se daría inicio, facultad que la mesa directiva del Senado le asignó al presidente, Mario Abdo Benítez. Pero tal como están las cosas, todo hace suponer que por un periodo que no será breve, Blanco, Bajac y Garay Zuccolillo seguirán haciendo de las suyas, lo cual constituye una tremenda patada para la seguridad jurídica que debemos gozar los paraguayos, actualmente en manos de facinerosos, así como a la imagen internacional que debemos proyectar en esta materia para avanzar en la captación de inversores.

    En consecuencia, lo que tanto se celebraba a finales del 2014, en cuanto a la renovación de la Corte, seguirá siendo materia pendiente merced a la actitud antipatriótica, oportunista y cómplice de un puñado de senadores, que por aquel entonces querían recuperar algo de credibilidad, tras los reiterados “escraches” de los que estaban siendo objeto.

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    Publicado por jotaefeb | 29 marzo, 2016, 9:46 am
  5. Enjuiciar a la Corte

    Por Fernando Boccia Torres

    Quizás uno de los debates más estériles del último quinquenio en el Congreso fue el del juicio político a ministros de la Corte Suprema de Justicia. En diciembre del 2014, la Cámara de Diputados aprobó el juicio político a Sindulfo Blanco, Miguel Óscar Bajac y César Garay Zuccolillo. No obstante, la remoción de estos y otros ministros fue objeto de discusiones y, sobre todo, negociaciones ya desde el gobierno de Fernando Lugo. Varios de los ministros que actualmente integran la máxima instancia judicial mantuvieron a lo largo de los años una disputa intermitente con el Parlamento y el Poder Ejecutivo.

    Recordemos el intento de “golpe parlamentario” denunciado en el 2012 por el entonces ministro Víctor Núñez, cuando el Senado declaró vacantes los cargos de siete ministros, o cómo diputados pegaron el grito al cielo cada vez que alguien en la Corte era declarado inamovible.

    Estos enfrentamientos de baja intensidad se caracterizaron por su periodicidad y por lo rápido que fueron nuevamente olvidados, mientras que ante los ojos de la ciudadanía el Poder Judicial fue hundiéndose cada vez más en sus palacios de corrupción y tráfico de influencias.

    ¿Qué ha logrado la clase política en todo este tiempo? Concretamente, nada. El enjuiciamiento es una espada que pende hace dos años sobre un tercio de la Corte, pero también es una amenaza que se va desinflando con el transcurrir de los meses.

    Hoy, varios congresistas que quieren remover a los tres ministros reconocen que no tienen los votos necesarios. La cuestión del recambio en la Justicia se mezcló con el internismo del Partido Colorado y la oposición a un Gobierno que aún no logra avanzar hacia su tan mentado objetivo de renovar el Poder Judicial. El juicio político terminó siendo todo menos un juicio como corresponde: justo y pronto.

    En el Parlamento la discusión sobre la renovación de puestos en la Corte Suprema de Justicia ni siquiera roza el libelo acusatorio por el cual tres ministros serán enjuiciados –que incluye cosas como el prevaricato, ignorancia de la ley, fallos contradictorios y sentencias a medida de criminales. El debate en los partidos políticos se resume en qué espacios de poder ceder y cuáles ganar.

    A esta negociación no escapa el selecto y cada vez mayor grupo de diputados y senadores investigados y procesados por hechos de corrupción. No sorprende así la lentitud del Poder Judicial para condenar a políticos o, por lo menos, finiquitar sus procesos penales.

    Detrás del juicio político solo hay acuerdos políticos no resueltos y un desinterés histórico a la verdadera independencia judicial. Toda esta cortina de humo esconde una Justicia debilitada y cada vez más vulnerable ante los políticos y el poder económico.

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    Publicado por jotaefeb | 29 marzo, 2016, 9:37 am
  6. “Así nomás”
    24 marzo, 2016
    Por Mariano Nin

    Los servicios de salud están colapsados, los hospitales saturados de pacientes y la escasez de medicamentos e insumos es una constante. Es la realidad cotidiana. No es nuevo ni tiene solución inmediata.

    La Semana Santa no será la excepción, con el agravante que la mayoría de los funcionarios tendrán libre dejando a miles de pacientes en la desesperante espera en pasillos abarrotados en plena epidemia de dengue, pero tampoco es novedad.

    Sucedió cuando comenzaron las obras del SUPERVIADUCTO, un día se acordonó la Autopista y se desató el caos. La Municipalidad culpó a Obras Públicas y Obras Publicas a la Municipalidad. Al final, los accesos alternativos fueron habilitados “así nomás.”

    Y “así nomás”, los transportistas renovaron su flota, sacando a las calles colectivos climatizados con un “pasaje preferencial” para quienes puedan pagarlo…y para quienes no. “Así nomás”, intentaron justificar el gasto del FONACIDE construyendo escuelas “así nomás”, igual si mueren uno o dos chicos se paga un buen abogado y con los fiscales y jueces adecuados se puede dilatar un juicio hasta que todos se olviden…y aquí no pasó nada.

    “Así nomás”, los que ostentan el poder evaden a la justicia y casos como la Niñera de Oro de Víctor Bogado, los caseros de Ibañez o los coquitos de Camilo quedan atrapados en una maraña judicial que apaña la impunidad.

    Es triste, pero nos acostumbramos al “así nomás.” Pero el conformismo no es bueno, es una forma de permitir que nos roben y nos maten de a poco.

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    Publicado por Anónimo | 24 marzo, 2016, 6:51 am
  7. Justicia actúa en varios países de América Latina, ¿y en Paraguay?

    Importantes personajes y bastiones internacionales que parecían inexpugnables ante el escrutinio público y la Justicia han caído y siguen cayendo corroídos por el peso de la corrupción. Allí está como ejemplo la FIFA, cuyos dirigentes evidentemente se creían poco menos que intocables. Allí están varios gobiernos y gobernantes que se consideraban portadores de una aureola divina y que usaron y abusaron de los bienes que pertenecían a sus conciudadanos, quienes los castigaron finalmente con sus votos, como en Venezuela y Argentina, y recientemente también en Bolivia.
    El Brasil es un caso especial. Allí el presidente Luiz Inacio Lula da Silva continuaba siendo considerado una especie de gurú, pese a que desde hace tiempo han sido destituidos o encarcelados numerosos funcionarios del que fue su primer anillo durante su gestión presidencial. Parecía inalcanzable por la vara de la Justicia, a tal punto que aspiraba a un nuevo periodo al frente del Gobierno de su país. Pero, por fin, el escurridizo Lula fue detenido y llevado a declaratoria para responder sobre numerosas evidencias en su contra. Hoy, incluso Dilma Rousseff enfrenta el juicio político y podría ser destituida del cargo.
    En la Argentina, cuyo nuevo presidente ha prometido respetar la independencia judicial y combatir la corrupción, se han reanudado las pesquisas sobre la sociedad Hotesur, propiedad de los Kirchner y cuyo mayor hotel –el Alto Calafate– habría servido para cometer delitos financieros, alguno vinculado con la empresa estatal Aerolíneas Argentinas.
    Estos hechos demuestran que existe una saludable reacción contra la corrupción que infecta a tantos países, mediante eficaces actuaciones de la Justicia. Pero en nuestro país, los órganos competentes siguen ignorando su deber de aplicar la ley y mandar a la cárcel a los ladrones de guante blanco, porque quienes están en ellos son negligentes o a su vez corruptos. Sin olvidar que su designación o su destitución están en manos de los políticos.
    De los casi diez mil reclusos actuales del sistema penitenciario nacional, solo hay tres funcionarios públicos condenados por haber delinquido en el ejercicio del cargo: el expresidente del Instituto Nacional del Indígena Rubén Quesnel, la exministra de la Secretaría de Acción Social Judith Andraschko y el exfiscal Gustavo Gamba. Sin embargo, abundan los hombres públicos sobre quienes pesan serios indicios de haberse aprovechado del dinero de todos en beneficio propio y ajeno, que andan libremente por ahí y que hasta tienen el desparpajo de burlarse de los ciudadanos decentes, tal como lo hizo en los últimos días en los pasillos tribunalicios el senador Víctor Bogado al ser escrachado por integrantes de la Coordinadora de Abogados del Paraguay.
    La responsabilidad principal de esta repugnante pasividad o complicidad judicial recae en la Corte Suprema de Justicia, que ha venido tolerando esas descaradas actuaciones permitidas por los magistrados, que apuntan a lograr la impunidad mediante la prescripción de las causas por el paso del tiempo.
    La Justicia no solo peca de indolente, sino también de corrupta. Quienes la administran saben que deben sus cargos al padrinazgo de los políticos y, en consecuencia, amedrentados, se cuidan muy bien de hacerles sentir el rigor de la ley. Si, además, los propios jueces y fiscales se enriquecen ilícitamente vendiendo resoluciones judiciales, es improbable que estén muy interesados en el saneamiento moral de la nación.

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    Publicado por Anónimo | 23 marzo, 2016, 4:04 pm
  8. Cuando radio so’o se vuelve institución

    Cuando hablamos de radio so’o, sabemos de qué estamos hablando, que no es precisamente información a través de la radio ni una radio que vende carne, salvo en el sentido, o en los dos sentidos, crematísticos: hablamos de chismes, de rumores, de trascendidos, y hablamos citando a testigos imprecisos e inidentificables, como “los perros, lo mitã, dicen que, se comenta…”, y en tiempos verbales difusos, “sería, habría, había sido, tendría”, sin hacer referencias sustentables ni afirmaciones precisas, ni acusaciones formales; en fin, insuficientes para hacer una denuncia de parte del “acusador-informador” o desencadenar una defensa de parte del acusado; insuficiente para una demanda judicial, pero más que suficiente para generar una calumnia que, con la avidez de los escuchas de la popular emisora, que tiene casi tantos entusiastas emisores como ávidos oyentes, pasará a repetirse, de voz en voz, de oído en oído, hasta convertirse en una verdad irrefutable y, desde luego, inapelable, puesto que no existe la instancia para la apelación. El rumor va, pero nunca vuelve, se expande, pero nunca se desmiente y se retrae.

    El rumor en su origen, ni en sus repetidores, más extendidos que las repetidoras de radio y televisión, no es ingenuo, aunque hay muchos ingenuos que lo consumen y se vuelven cómplices sin querer queriendo; se desenvuelve en el territorio de la especulación y, sobre todo, de la malicia y la desinformación al mejor estilo del “maestro” Goebbels, es decir con la intención de confundir, de crear incertidumbre, de desplazar el territorio de la realidad para meter a los receptores en una multitud que, podríamos calificar, siguiendo paradójicamente el razonamiento de Ortega y Gaset, como “la sumisión de las masas”, que quedan encollaradas, como las bestias de carga, al chisme como base de acusación, condena y ejecución, al menos socialmente hablando de las víctimas rumoreadas.

    Como vía popular de la comidilla callejera, más chisme que rumor, maledicencia que malicia, esta forma de comunicación malinformada tiene un cariz de picardía de mercanchifles, de rumoreos de conventillo, de hoguera de las vanidades o de escarceos de bataclanas y bataclanes en ámbitos faranduleros de baja estopa. Pecadillos de comadreos y compadreos.

    Lo grave es cuando llega a las instancias políticas e institucionales. Dicen que fue Goebbels el que lo llevó a esta instancia de miserable grandeza, al acuñar la frase, “miente, miente que algo quedará, cuando más grande sea una mentira más gente la creerá”.

    Las crónicas de antaño, desde los tiempos del Imperio Romano y más allá, nos muestran que ni en eso los nazis fueron originales, y, al fin y al cabo, tan poco eficaces que, al fin y al cabo, de la tragedia mundial que provocaron ni siquiera pudieron construir el imperio que añoraban, atrapados en la propia mentira gigante que ellos mismos se creyeron: la superioridad de una raza, cuando las razas puras habían dejado de existir hacía mucho tiempo.

    Efectivamente, cuando en las instancias institucionales se empieza a propagar o a dar crédito a rumores, repetidos y propalados ruidosamente por los medios formales y las redes informales, sin fuentes ni referencias mínimamente considerables, a hablar de compras y ventas de voluntades, con frecuencia hasta citando cifras considerables, junto a referencias incontrastables, repartidas a diestra y a siniestra, como para seducir, como flautistas de Hamelin, a los ingenuos oídos de los escuchas so’o, la cosa se vuelve mucho más grave.

    Los “se dice, se comenta, me contaron, se sabe luego, es vox populi” son las voces menos del pueblo y que más engañan al pueblo, y cuando los voceros so’o ostentan cargos en las instituciones democráticas, desde los partidos políticos hasta el Congreso, la perversión goebbeliana se vuelve un arma de doble filo, pues aunque los chismes se propaguen por los conventillos políticos y mediáticos, más tarde o más temprano, inevitablemente, se volverán contra las instituciones.

    Mas tarde o más temprano terminan contaminando a denunciantes y denunciados y, al final, a la institución. Así se han demolido en este continente democracias más estables que la nuestra, sirviendo en bandeja a los dictadorzuelos sociedades confundidas en la maraña que se teje conjugando esos tiempos verbales que están tachados en los libros de estilo y los principios de ética. En fin, el famoso “se dice”. No lo dice nadie; nadie es responsable. Miente, miente, que la mentira terminará corrompiendo la institucionalidad.

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    Publicado por Anónimo | 21 marzo, 2016, 4:32 am
  9. Perjudiciales discusiones estériles

    La agenda política de los últimos días está cargada innecesariamente de temas que guardan relación con cuestiones largamente debatidas en su momento, como la reelección presidencial, la doble remuneración en la función pública y el juicio político a miembros de la Corte Suprema de Justicia.

    Los actores políticos siguen discutiendo inútilmente estos y otros asuntos que ya fueron debatidos en el año 1991 durante la campaña electoral para elegir a convencionales constituyentes y que fueron definidos en el texto de la Constitución del año 1992, es decir, hace un cuarto de siglo.

    Por ejemplo, la Constitución establece de manera rotunda y categórica que el presidente y el vicepresidente “no podrán ser reelectos en ningún caso”, pero ahora están inventando el cuento de que el texto constitucional no alcanza a los expresidentes de la República, desechando grotescamente del artificial debate la situación de que los mismos serían igualmente reelectos si se diera el caso de tener que distorsionar el texto y el espíritu de la Constitución para interpretarla en favor de Fernando Lugo y de Nicanor Duarte Frutos, los dos principales exmandatarios que aspiran a la reelección.

    Por otro lado, se dan constantemente casos de personas que cobraban dos sueldos o remuneraciones en la función pública, como los concejales Víctor Cogliolo e Ignacio Brítez, quienes además de sus dietas municipales venían percibiendo jugosos sueldos en Itaipú Binacional, sin que se sepa de ningún aporte extraordinario de los mismos ni en los municipios donde fueron elegidos ni en la empresa hidroeléctrica.

    Una vez más, desde el año 1992 este problema tiene solución irreversible. El artículo 105 de la Constitución establece que “ninguna persona podría percibir como funcionario o empleado público más de un sueldo o remuneración simultáneamente, con excepción de los que provengan del ejercicio de la docencia”.

    Asimismo, con el fin de tratar de eludir esta clara disposición, algunos personajes que ejercen cargos electivos insisten en la peregrina y distorsionada teoría de que ellos no son funcionarios y por tanto están fuera del alcance del citado artículo constitucional. Pero como los brazos de la justicia se extienden de manera generosa en especial hacia quienes tienen vínculos e influencias para eludir la ley, los fiscales y jueces no tienen interés en ocuparse de estas cuestiones.

    Lo mismo puede decirse del caso de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, para quienes la Constitución establece que solo podrán ser removidos por juicio político y que cesarán en el cargo cumplida la edad de 75 años, pero se sigue discutiendo si el caso de ellos es equiparable al de los magistrados, que deben ser confirmados en el cargo para que adquieran inamovilidad.

    En todos estos casos es cuestión de recurrir simplemente a la Constitución para terminar con el debate estéril en el que se está inmerso y continuar con la vida del país. Pero como hay gente que vive tratando de anteponer sus intereses personales y grupales, generalmente partidocráticos, crean deliberadamente conflictos ficticios tratando de sacar tajadas de problemas que en realidad no existen.

    La ciudadanía debe estar alerta frente a situaciones creadas por personajes advenedizos, generalmente averiados ética y políticamente, que intentan pulverizar la Constitución, que si bien puede tener sus falencias, no se puede desconocer que es el único instrumento de consenso nacional con que contamos para nuestra convivencia civilizada.

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    Publicado por Anónimo | 21 marzo, 2016, 4:15 am
  10. Funcionamiento del Congreso

    No importa aquí qué grupo o partido tiene la razón en este asunto. Ya se encargarán de juzgar eso los ciudadanos argentinos. La mención al parlamento del país vecino es para ofrecer un contraste con nuestro propio Congreso, que adolece de una crónica deficiencia en materia de producción legislativa.

    Esto se debe a varios factores. El largo receso parlamentario, de casi tres meses, podría ser señalado al principio de la lista. O bien la frecuencia con que las sesiones quedan sin quórum por ausencia de los miembros, o la total falta de sanciones para los legisladores que hacen la rabona o también la considerable cantidad de proyectos que pueden tener sanción ficta debido a la desidia.

    Hay que señalar además el funcionamiento irregular de varias comisiones, lo que afecta la cantidad y la calidad de los dictámenes que sirven de base para el análisis de la plenaria. A esto hay que agregar las polémicas estériles y las interminables disputas partidarias en las que suele embarcarse la gran mayoría de los parlamentarios y que restan tiempo y condiciones para el tratamiento de los asuntos que verdaderamente interesan a la ciudadanía.

    Los integrantes del Congreso disfrutan de jugosas remuneraciones y muchos privilegios que les son asignados con el propósito de que tengan la plena libertad de dedicarse con exclusividad al estudio y la generación de programas y leyes que beneficien a la nación. Cuando priorizan sus conveniencias personales o sectoriales dejan de ser instrumentos para el progreso y el desarrollo en su calidad de representantes del pueblo y se convierten en una carga insoportable para la sociedad.

    De cara a los más altos intereses de nuestra nación es absolutamente impostergable un sustancial aumento de la calidad de la labor legislativa. Causa vergüenza comparar el funcionamiento de nuestro Poder Legislativo con los congresos de Argentina o de Brasil. Los congresistas de esos países mencionados no tienen inconvenientes en permanecer en la sala de sesiones todo el tiempo que sea necesario para debatir sus ideas y defender sus convicciones. No es raro que lleguen a quedarse durante horas, hasta la madrugada, cuando el tema es controversial o decisivo. El trabajo legislativo es tomado con mucha seriedad y no parece haber lugar allí para haraganes o ineptos.

    Muy lejos de este nivel se encuentran nuestros parlamentarios, la mayoría de los cuales prioriza las luchas partidarias y sectarias antes que el trabajo para el que fueron elegidos por el voto de sus conciudadanos. Prefieren darle la espalda a los grandes asuntos nacionales y a los temas que tienen la mayor urgencia para nuestra economía y sociedad, para enfocarse en sus propias conveniencias personales y corporativas.

    Para lograr un cambio, el primer paso evidente es que los legisladores que no cumplan con sus obligaciones y responsabilidades reciban sanciones en forma automática.

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    Publicado por Anónimo | 19 marzo, 2016, 6:26 am

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