Es acertada la decisión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de dictaminar a favor del juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia Sindulfo Blanco, Óscar Bajac y César Garay Zuccolillo. Se destraba así un mecanismo constitucional que ha sido objeto de manoseo por causa de intereses bastardos, completamente ajenos a la necesaria renovación del máximo tribunal de la República, sin la cual es imposible avanzar en la reforma de un Poder Judicial que ha perdido toda credibilidad por demostrarse altamente dependiente del factor político- partidario. Se acabaron la excusas: es hora de hacer que las instituciones funcionen y se destituya a quienes así lo merezcan.
Hace ya un año y tres meses que la Cámara de Diputados decidió activar el mecanismo contemplado en el artículo 225 de la Constitución Nacional, sometiendo a juicio político a tres ministros de la Corte Suprema de Justicia: Sindulfo Blanco, Óscar Bajac y César Garay Zuccolillo. Las acusaciones, en todos los casos, revisten una gravedad digna de ser ponderada para votar a favor de una eventual destitución de los afectados.
Intereses espurios, sin embargo, han obstaculizado el normal desenvolvimiento del proceso, contribuyendo de esta manera a agravar aún más el descrédito del máximo órgano judicial de la República. En efecto, qué ciudadano puede confiar en las sentencias que llevan las firmas de estos magistrados, en tanto y en cuanto las serias acusaciones que se les imputan no sean debidamente dilucidadas, de acuerdo a los resortes institucionales a los que están sometidos, contemplados por la propia Ley Fundamental.
Es, pues, momento de definiciones. Bien lo ha expresado el senador Miguel Abdón Saguier. Las prescripciones constitucionales no pueden continuar siendo objeto de un manoseo indecente que no hace más que cubrir de mayor oprobio a una institución –la Corte Suprema de Justicia– que ha perdido todo dejo de credibilidad y de respetabilidad, no solo por parte de los demás poderes del Estado, sino de la propia ciudadanía, que ya no sabe a quién deberá acudir para encontrar jueces honestos y de «notoria honorabilidad» que resuelvan las disputas que se ventilan en sus despachos.
Con ministros acusados de prevaricato, de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y de lenidad, es absolutamente imposible pensar en una verdadera renovación del máximo tribunal de la República, que pueda posteriormente abocarse a emprender la entera reforma de un poder del Estado de tal relevancia institucional, como el Judicial.
Con esta Corte es imposible hablar de seguridad jurídica. En efecto, ¿de qué «seguridad» podría hablarse cuando las sentencias se cocinan por debajo de la mesa, entre gallos y medianoche o siguiendo las instrucciones –el «criterio político», dijo alguna vez un polémico senador– que los gobernantes de turno pasan por teléfono a sus integrantes? Ni qué hablar de cara al exterior. Tampoco el Ejecutivo puede jactarse de promover fuera del país la radicación de inversiones en el Paraguay, cuando su propia Justicia está contaminada, enchastrada, sospechada de corrupta, negligente y carente de la independencia que su propia Constitución le garantiza, hasta ahora nada más que de manera retórica.
El Paraguay y sus ciudadanos no merecen un espectáculo de estas oscuras dimensiones. Atestiguar pasivamente al triste episodio de la progresiva descomposición moral de su Poder Judicial por causa de magistrados desentendidos del cumplimiento de sus obligaciones, y de politiqueros que han decidido convertir a la Judicatura en un circo de títeres a los que dictar lo que deben sentenciar a fin de consolidar sus privilegios. Es hora, pues, de renovar una Corte Suprema de Justicia que –salvo algunas honrosas excepciones– apesta.
http://www.ultimahora.com/se-acabaron-las-excusas-juicio-ya-los-ministros-la-corte-n974065.html
HA… CHE RETÃ PARAGUAY (I) 
Justicia basura
Importantes personajes y bastiones internacionales que parecían inexpugnables ante el escrutinio público y la Justicia han caído y siguen cayendo corroídos por el peso de la corrupción. Allí está como ejemplo la FIFA, cuyos dirigentes evidentemente se creían poco menos que intocables. Allí están varios gobiernos y gobernantes que se consideraban portadores de una aureola divina y que usaron y abusaron de los bienes que pertenecían a sus conciudadanos, quienes los castigaron finalmente con sus votos, como en Venezuela y Argentina, y recientemente también en Bolivia.
El Brasil es un caso especial. Allí el presidente Luiz Inacio Lula da Silva continuaba siendo considerado una especie de gurú no solo de la izquierda brasileña, sino de la regional, pese a que desde hace tiempo han sido destituidos o encarcelados numerosos funcionarios del que fue su primer anillo durante su gestión presidencial. Parecía inalcanzable por la vara de la Justicia, a tal punto que aspiraba a un nuevo periodo al frente del Gobierno de su país. Pero, por fin, el escurridizo Lula fue detenido y llevado a declaratoria para responder sobre numerosas evidencias en su contra.
En efecto, al día siguiente de que se publicaran los dichos del hoy también preso exlíder de la bancada de senadores del partido oficialista PT, Delcidio Amaral, según los cuales Lula y su sucesora y delfín Dilma Rousseff sabían de las coimas y las sobrefacturaciones en Petrobras, doscientos agentes policiales allanaron la casa del expresidente y se lo llevaron por orden de un juez federal, para que respondiera a las acusaciones sobre su presunta participación en los gravísimos casos de corrupción en la empresa petrolera. Tras su declaración, abandonó la sede policial. Dilma igualmente ha sido salpicada por las sospechas y su popularidad ha caído a cifras límites.
También en los últimos días, en Bolivia, la fiscalía allanó el domicilio de una mujer, considerada expareja del presidente Evo Morales, hoy presa y sospechada de utilizar sus influencias con el Mandatario para concretar negocios ilícitos.
En la Argentina, cuyo nuevo presidente ha prometido respetar la independencia judicial y combatir la corrupción, se han reanudado las pesquisas sobre la sociedad Hotesur, propiedad de los Kirchner y cuyo mayor hotel –el Alto Calafate– habría servido para cometer delitos financieros, alguno vinculado con la empresa estatal Aerolíneas Argentinas.
Y no olvidemos los aberrantes despilfarros del dinero público que han salido a luz en Venezuela, cuyo presidente, sin embargo, no ha sido incomodado –todavía– por una Justicia sometida a su régimen. Sin embargo, en ese país, como en la Argentina, los citados corruptos regímenes han sufrido sonoros reveses electorales, reflejo del hartazgo de la gente por tanto latrocinio y prepotencia.
Estos hechos demuestran que existe una saludable reacción contra la corrupción que infecta a tantos países, mediante eficaces actuaciones de la Justicia. Pero en nuestro país, los órganos competentes siguen ignorando su deber de aplicar la ley y mandar a la cárcel a los ladrones de guante blanco, porque quienes están en ellos son negligentes o a su vez corruptos. Sin olvidar que su designación o su destitución están en manos de los políticos.
De los casi diez mil reclusos actuales del sistema penitenciario nacional, solo hay tres funcionarios públicos condenados por haber delinquido en el ejercicio del cargo: el expresidente del Instituto Nacional del Indígena Rubén Quesnel, la exministra de la Secretaría de Acción Social Judith Andraschko y el exfiscal Gustavo Gamba. Sin embargo, abundan los hombres públicos sobre quienes pesan serios indicios de haberse aprovechado del dinero de todos en beneficio propio y ajeno, que andan libremente por ahí y que hasta tienen el desparpajo de burlarse de los ciudadanos decentes, tal como lo hizo en los últimos días en los pasillos tribunalicios el senador Víctor Bogado al ser escrachado por integrantes de la Coordinadora de Abogados del Paraguay. Bogado es uno de aquellos procesados que, como los legisladores Enzo Cardozo y José María Ibáñez, los exministros de la Secretaría de Emergencia Nacional Camilo Soares y Gladys Cardozo y el expresidente del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Ignacio Ortigoza, se están burlando de la Justicia recurriendo a unas chicanas sistemáticas que han impedido hasta ahora que tan siquiera se inicie el juicio oral y público.
Estas fechorías se han venido perpetrando gracias a la indulgencia de los jueces, que no han sancionado el ejercicio abusivo del derecho, salvo el caso de Pedro Mayor Martínez, que llegó a multar una vez a Soares. La responsabilidad principal de esta repugnante pasividad o complicidad judicial recae en la Corte Suprema de Justicia, que ha venido tolerando esas descaradas actuaciones permitidas por los magistrados, que apuntan a lograr la impunidad mediante la prescripción de las causas por el paso del tiempo.
El titular de la Auditoría de Gestión Jurisdiccional, Mario Elizeche, acaba de anunciar que la máxima instancia judicial tiene la intención de castigar a los jueces que no sancionan a los abogados chicaneros, y a estos por abusar del derecho a la defensa. ¿Por qué no lo ha hecho ya, como era su obligación?
La Justicia no solo peca de indolente, sino también de corrupta. Quienes la administran saben que deben sus cargos al padrinazgo de los políticos y, en consecuencia, amedrentados, se cuidan muy bien de hacerles sentir el rigor de la ley. Si, además, los propios jueces y fiscales se enriquecen ilícitamente vendiendo resoluciones judiciales, es improbable que estén muy interesados en el saneamiento moral de la nación.
Solo cabe concluir, así, que tenemos una Justicia basura, que debe ser desmontada por los medios legales existentes, para que en el Paraguay también soplen los vivificantes vientos que hoy ponen en jaque a gobernantes y políticos delincuentes en varios lugares del planeta.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/justicia-basura-1459451.html
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Más allá del juicio político a la Corte
Por Osmar Gómez
El juicio político a tres miembros de la Corte Suprema de Justicia recobró protagonismo en el Congreso. Colorados y liberales decidieron destrabar el proceso después de un año de postergaciones. Este repentino interés coincide con el creciente debate sobre la incorporación de la reelección presidencial y el inicio de las internas partidarias a fin de definir candidaturas para el 2018.
La posibilidad de remover a tres miembros de la máxima instancia judicial desató una fuerte puja política que podría tener efectos en la recomposición interna en los partidos políticos.
Horas después de confirmarse el inicio del proceso un grupo de dirigentes liberales afines a Efraín Alegre pidieron una reunión del directorio partidario para volver a discutir el juicio político. El año pasado los liberales habían resuelto acompañar el enjuiciamiento; desde entonces hasta ahora no ha cambiado nada en el proceso. Solo la coyuntura es diferente.
El año pasado la interna liberal no estaba de por medio. La reelección presidencial parecía una fantasía y todavía faltaban tres años para definir candidaturas presidenciales. Hoy todos estos temas forman parte de la agenda política en mayor o menor medida.
Para la disidencia liberal acordar en este momento la destitución de tres miembros de la Corte Suprema sería restarles poder de cara al futuro. El PLRA hasta ahora sigue siendo manejado por el sector liderado por el senador Blas Llano. Por tanto serán ellos los que estarán sentados en la mesa de discusión para definir a los nuevos integrantes de la máxima instancia judicial. Al lograr un lugar en la Corte Suprema el llanismo consolidará aún más su estructura de poder, condenando a la disidencia partidaria a ocupar un lugar casi decorativo. Aun perdiendo la presidencia partidaria en las próximas elecciones internas el llanismo podría tener demasiada fuerza.
Otro elemento no menos importante es que los liberales que están pidiendo revisar la postura del PLRA en demasiados casos tienen procesos abierto que todavía deben tener una respuesta jurídica en la justicia. Mantener a los tres miembros que fueron puestos en cuestión supondría tener atados tres votos claves en una Corte Suprema de Justicia integrada por nueve jueces.
En el contexto externo la eventual remoción de tres miembros de la máxima instancia judicial también abre un amplio espacio de negociación con el Gobierno y con los grupos de izquierda alineados con el expresidente Fernando Lugo. El juicio político es un antiguo anhelo del Ejecutivo que ahora se ve reforzado por el creciente interés de incorporar la reelección presidencial en el ordenamiento jurídico.
Los más cercanos al presidente Horacio Cartes también ven la posibilidad de tener un magistrado propio en la máxima instancia judicial aun cuando en el 2018 puedan dejar el poder. Saben que este quizás sea el mejor momento para tener una vacancia en la máxima instancia judicial y que más adelante sería imposible tener una oportunidad como esta.
Este juego de intereses es un espacio propicio para que cada sector político que está sentado en la mesa de discusión pueda cubrir al menos parte de sus urgencias políticas. Para los seguidores del senador Lugo es esencial lograr la reelección presidencial para allanar el camino a un segundo mandato presidencial. A buena parte del oficialismo colorado no le desagrada la idea y los liberales no rechazan ninguna opción toda vez que tengan situaciones para llegar de nuevo al poder.
Este entramado de intereses está desatando una fuerte contienda electoral que apenas empieza y que amenaza con tener un fuerte impacto al interior de los partidos políticos.
La velocidad en que irá el proceso y el resultado que tendrá dependerán de cómo cierren los acuerdos políticos.
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Rapiñadores internacionales
La justicia brasileña acaba de condenar a 19 años de cárcel a uno de los empresarios más ricos y poderosos de ese país, Marcelo Odebrecht, por corrupción, lavado de dinero y asociación criminal en el más reciente capítulo del multimillonario robo a Petrobras por parte de empresarios, funcionarios y políticos. El empresario de 47 años, presidente del conglomerado empresarial que lleva su apellido, fue arrestado hace casi nueve meses junto con otros tres altos ejecutivos de su empresa, a más del presidente de la firma Andrade Gutierrez, otro conglomerado de empresas de construcción involucrado en el escándalo de corrupción de la petrolera estatal. La Fiscalía federal los acusó de haber pagado sobornos a políticos brasileños que sumaron unos 710 millones de reales (US$ 230 millones).
“Tenemos prueba material de que ellos sabían acerca de la práctica de sobrefacturar contratos con Petrobras y de que participaron directamente en la división de contratos dentro del cartel”, había manifestado en la ocasión en una conferencia de prensa el investigador de la policía federal Igor Romário de Paula, con referencia a la acusación contra empresarios de la construcción, funcionarios y políticos involucrados en el escándalo de la petrolera estatal Petrobras por el desvío de más de US$ 2.000 millones.
Marcelo Odebrecht fue condenado por haber cometido 11 veces el delito de corrupción activa y 50 veces el lavado de dinero. En la ocasión fueron también condenados otros ejecutivos de sus empresas. En el mismo caso, el año pasado había sido condenado a 16 años de cárcel el empresario Leo Pinheiro, presidente de la empresa constructora OAS, y a 15 años altos ejecutivos de la constructora Camargo Correa. Esta última en el pasado había formado parte del holding de empresas constructoras brasileñas UNICON, encargado de la construcción de las obras civiles de la represa de Itaipú, cuya contraparte paraguaya fue CONEMPA, el consorcio de empresas constructoras paraguayas de los “barones de Itaipú”, presidido por el expresidente de la República Juan Carlos Wasmosy.
Obviamente, en cualquier país, el delito de corrupción requiere el concurso de corruptores y de corruptos. La arrebatiña por los miles de millones de dólares de la estatal Petrobras involucró también a altos funcionarios del gobierno federal y prominentes políticos ligados al Partido de los Trabajadores (PT) en el gobierno, como José Dirceu, el exjefe de gabinete de Lula da Silva, así como al extesorero del PT João Vaccari y otros altos directivos de ese partido y numerosos políticos aliados. Hace pocos días, el propio expresidente Lula da Silva fue llevado por la policía a declarar en el marco de una investigación fiscal sobre eventuales delitos de corrupción, en el que “constructoras beneficiadas del esquema de Petrobras” pagaron abultadas sumas al Instituto Lula y a LILS Palestras, una firma del expresidente. La fiscalía lo acusa ahora del delito de “ocultación de patrimonio”.
Por oportuno, cabe mencionar que hace un par de años Odebrecht reclamó al Gobierno paraguayo el pago de un supuesto saldo de deuda impaga de ACEPAR por la construcción de la usina siderúrgica de Villa Hayes por unos US$ 25 millones. La misma había sido construida por la empresa brasileña TENENGE, adquirida posteriormente por el grupo Odebrecht. Para el efecto, Marcelo Odebrecht envió como emisario al ingeniero Carlos Henrique Roesberg, quien había fungido como gerente de construcción de TENENGE, siendo el cómplice clave del general Roberto Knopfelmacher y sus paniaguados para la colosal sobrefacturación de la planta siderúrgica que terminó costando más que el doble de su valor real. En este cometido, tomó contacto con sus antiguos compinches, pero estos rehusaron involucrarse en el extemporáneo intento de estafa contra el Estado, tal vez ante el temor de que con tal paso pudieran salir de nuevo a luz sus fechorías del pasado. Por suerte, al final el corrupto gestor de Odebrecht regresó con las manos vacías.
La inserción de este retazo anecdótico de la corrupción imperante en tiempos de la dictadura stronista es al solo efecto de hacer saber a la ciudadanía que la corrupta mano larga de Marcelo Odebrecht que participó del saqueo a Petrobras pretendió también en su momento arañar las escuálidas arcas del Estado paraguayo. No debe descartarse, empero, que algunas de las hilachas de sus trapisondas puedan estar asociadas de alguna manera con las de empresarios paraguayos corruptos que roban al Estado a través de las obras públicas.
A diferencia de nuestro país, donde hay delitos pero no hay delincuentes a causa de la corrupción de nuestra justicia, el Poder Judicial que tiene Brasil ha dado un ejemplo de incorruptibilidad e independencia admirables al mundo entero, castigando o investigando ejemplarmente a una corrupta élite de empresarios, funcionarios y políticos, incluido el intocable expresidente de la República Luis Inacio Lula da Silva, líder de la izquierda bolivariana latinoamericana y gran apañador del finado Hugo Chávez y de su heredero Nicolás Maduro.
En contraste, en el Paraguay la rampante impunidad prevaleciente en nuestra sociedad por falencia de la justicia surte el efecto de una hegemónica protección a los corruptos, sean ellos empresarios, funcionarios o políticos; siempre que detenten poder o dinero para comprar a fiscales y jueces.
Cuando sobreviene una crisis en un país donde impera una justicia independiente y proba, como en Brasil, ni el dinero ni el poder pueden comprar protección contra el condigno castigo; menos aún reclutar aliados protectores que puedan torcer la vara de la justicia. Un Poder Judicial incorruptible es la suprema garantía de la libertad y de la democracia, porque castigando los delitos garantiza la vigencia de los derechos humanos fundamentales que hace justa a una sociedad.
Más allá de tímidas demostraciones de apoyo popular a los políticos corruptos castigados por la justicia a raíz del escándalo de la petrolera estatal Petrobras, en general el pueblo brasileño ha celebrado el severo accionar de la justicia de su país castigando sin contemplación a los poderosos que han robado al Estado. Estudiantes, trabajadores, abogados, empresarios honestos, maestros y medios de comunicación han expresado, cada cual a su manera, su admiración y su respeto por la justicia de su país.
En el Paraguay necesitamos que también la sociedad consolide una conciencia pública de lucha cívica por la instauración de un orden institucional centrado en un Poder Judicial independiente de los vaivenes políticos inherentes a todo sistema democrático de gobierno. Pero como el mundo nunca es ideal, para que nuestro afán de justicia tenga la firmeza de que nos dan muestra los brasileños, es necesario que nos lancemos a una cruzada por la liberación de la Casa de Astrea del dominio de empresarios, funcionarios y políticos corruptos.
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Dar corte al juicio político
Por Estela Ruiz Díaz
El desempolvado juicio político a la Corte Suprema de Justicia aprobado en diciembre del 2014 por la Cámara de Diputados a los ministros Sindulfo Blanco, Óscar Bajac y César Garay Zuccolillo, desató una guerra de acusaciones y mostró el clima del internismo en los partidos tradicionales, donde el 2018 se juega con mayor fuerza.
En ese entonces, parecía inexorable la suerte de los altos magistrados, pero la oposición junto a algunos colorados bloquearon en Senado la ejecución. El tema quedó en el freezer por más de un año y se descongeló estos días.
Sin embargo, esta decisión no significa que existan los 30 votos necesarios para la destitución. Cifra que por cierto requiere un alto consenso político. Los bloques partidarios están otra vez subdivididos de dos y hasta en tres partes, como sucede en la ANR.
CALDO PARA EL SOBORNO.
Cuando se abre en el escenario político la posibilidad de un juicio político, se instala paralelamente el negocio del soborno y la extorsión. La víctima (el enjuiciado) se ve obligada a pagar para evitar el proceso, pero a la vez extorsiona con su poder, especialmente a aquellos políticos con pecados de corrupción y procesos judiciales.
Cuando el Senado congeló el juicio político fue para «dar una lección a Cartes». Y hace más de un año que los tres ministros están con la espada de Damocles encima, abriendo un periodo de incertidumbre y provocando una situación absolutamente irregular de sometimiento de un poder sobre otro.
Este estado anómalo dio pie a rumores de todo tipo. Los citados ministros llevados al banquillo empezaron con fuertes lobbies para evitarlo. Un diputado comentó una vez, off the record, que una noche un ministro llegó a su casa con un maletín repleto de billetes. Pero el diputado liberal le respondió que el partido ya había tomado la decisión. «Sos mi amigo, pero no puedo traicionar a mi líder», le respondió. El ministro entendió. Él llegó a la Corte Suprema de la mano de su partido y comprendía perfectamente los tiempos políticos y que uno termina reducido a categoría de fusible en un momento dado.
El lobby no funcionó en Diputados, que aprobó el enjuiciamiento por 59 votos de 80.
Ahora volvieron las fuertes versiones sobre ofrecimiento de dinero para trabar el juicio y salpica especialmente al PLRA. Es que sugestivamente un grupo vinculado a Efraín Alegre y Enrique Salyn Buzarquis, ambos por cierto candidatos a presidir el Directorio, plantearon revocar la resolución por la que el partido apoyó el juicio político. Se habla de cifras millonarias por cada voto: 200.000 dólares. Fernando Silva Facetti y Miguel A. Saguier no ahorran calificativos contra Alegre. Este responde que si se pretende renovación, se debe cambiar a los 9 y no caer en la trampa cartista. En este contexto de acusaciones de soborno, también se apunta al presidente de la República.
Pocos creen, pero en política el dinero, a veces, muy pocas veces, no vale nada. Es cuando los partidos, por supervivencia, por conveniencia, o la razón que fuere, toman decisiones que el dinero no puede torcer. El finiquito de varios juicios políticos así lo confirma. Los presupuestos políticos van mucho más allá de un abultado maletín.
DEFINICIÓN.
Hoy, coincidentemente con el reinicio de actividades del Parlamento, vuelve al tapete el tema, provocando polvareda política.
Por de pronto hay acuerdos para tratar el asunto y hasta definieron un reglamento para evitar un juicio exprés (como sucedió con Fernando Lugo). Se hará un juicio por vez. Si se concreta la destitución, se iniciará el proceso para llenar la vacancia, cuya duración sería tres meses como mínimo. Completado el mecanismo de sustitución, se procederá al juicio del segundo ministro, y así sucesivamente.
Este escenario abre muchas posibilidades: Uno, que se concrete la destitución de los 3. La pregunta es si se repetirá el cuoteo para llenar las vacancias (2 liberales y 1 colorado). Dos; que solo vaya 1 o máximo 2. El largo tiempo del proceso conspira contra los acuerdos coyunturales y es probable que uno o dos se salven por acuerdos o desacuerdos políticos posteriores. Tres; que ninguno sea destituido. Este escenario es el peor de todos, y lo saben incluso aquellos que defienden la permanencia con edulcoradas posiciones o sofismas. Sostener a los actuales ministros es una carga política muy pesada porque la gestión está salpicada por dos problemas principales de la Justicia: la corrupción y la morosidad.
Hoy no existen los 30 votos para la destitución. Se abre un tiempo de incertidumbres y de alta tasación de los votos, que nada tiene que ver con la cotización de la Justicia, esa que apunta a elevar los valores de un poder que sigue con cuentas pendientes con la democracia.
Una cosa es cierta: esta situación irregular de indefinición ya no puede seguir. Ya sea destituyéndolos, ya sea salvándolos. Los mismos ministros son los principales interesados en dar corte a esta desenfrenada fiesta de la que solo se benefician los que viven de sobornos y extorsiones.
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RENOVACIÓN DE LA JUSTICIA
Andrés Granje
Se supo que los senadores quieren una cumbre de poderes para luego decidir si se realiza o no el juicio político a los tres miembros de la Corte Suprema de Justicia. Como se sabe desde el año pasado está el dossier de los ministros Bajac, Blanco y Garay Zucolillo, con dictamen favorable de la cámara de diputados que como indica la constitución nacional es el sitio donde comienza el juicio político que prepara el libelo acusatorio para que luego la Cámara alta realice el proceso que debe concluir con la destitución o la confirmación en sus cargos en caso que no existieran pruebas en contra de los indiciados. Sin embargo como es un caso político y no jurídico es muy probable que si se llega a esta instancia es porque se los va a condenar a la destitución.
En los juicios políticos no interesa mucho los argumentos o pruebas procesales que se puede arrimar, si se tiene la cantidad de votos a tambor batiente se llega al final, lo único que se persigue es la destitución. La ciudadanía tiene la percepción que todo esto se hace no con el anhelo de mejorar la justicia por medio de la renovación de los cuadros principales de líderes del sector. Al contrario lo que buscan los partidos políticos es tener sojuzgado al sistema judicial, de tal forma a que produzcan fallos a la medida del grupo de poder. Por eso el tire y afloje inclemente que se da en las salas del congreso, especialmente en la cámara de senadores donde la cúpula de los partidos políticos más tradicionales pugnan por beneficios que les dé preeminencias sobre el oponente.
En este caso cobra mayor importancia el juicio político a los ministros de la corte, porque esta dirimiéndose un tema esencial para el futuro del país, la posibilidad de la reelección del Presidente de la República, que quieren hacerlos por la vía de la enmienda, en algún momento se pedirá una interpretación a la Corte Suprema de Justicia sobre si es posible resolver vía enmienda el tema de la reelección, en ese instante los políticos quieren tener la seguridad de contar con los votos necesarios para el fallo favorable y de esta forma hacer tabla rasa con todo lo que señala con claridad la carta magna de la república. Con lo cual se estaría cometiendo una violación más tal vez la más grande y dolorosa para la nación paraguaya.
Todas estas maquinaciones que se realizan casi a la luz pública gracias a las desprolijidades, la desfachatez y la desvergüenza, muy comunes en nuestros políticos que ni siquiera guardan las formas, y tratan aleves y groseramente un tema tan trascendente como la renovación del poder judicial, lo único que evidencia es la dependencia de este poder, tanto del Ejecutivo, como del Legislativo. En estas condiciones es inútil esperar eficiencia o valentía a la hora de administrar justicia. Los cambios no buscan la excelencia sino mayor sojuzgamiento, tendremos que esperar aun mucho para vivir en un país regido por la justicia, el orden y la seguridad.
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El riesgo de cambiar sin objetivo plausible
Por Marcos Cáceres Amarilla
Si los tres ministros de la Corte Suprema acusados de graves delitos, Blanco, Bajac y Garay, siguen en sus cargos no es porque sean inocentes ni por ser un ejemplo de eficiencia y honestidad a toda prueba.
Nada que ver. Continúan solamente porque quienes tienen la atribución y el deber de evaluar sus conductas y tomar las medidas que corresponden, es decir los parlamentarios, están más preocupados en tratar de evitar imaginarios o reales planes a favor o en contra de la reelección presidencial. Están más atentos a buscar acuerdos políticos para colocar a sus candidatos y, si no pueden hacerlo, prefieren que todo quede igual, con el cuento de que “más vale malo conocido que bueno por conocer”. Impulsar una verdadera limpieza en el Poder Judicial, incorporando personas creíbles al frente de la Corte, es algo que, para ellos, todavía puede esperar.
Contrariamente a lo sucedido con otros casos, el juicio político a los integrantes del máximo tribunal se demora demasiado. Las acusaciones se aprobaron en la Cámara de Diputados a principios de diciembre de 2014. Posiblemente, la mayoría de la gente ni siquiera recuerde ya cuáles eran los cargos contra los ministros. En cambio, sienten que aquello de justicia pronta y barata no se aplica en nuestro país.
En todos los periodos en los que se planteó modificar la pésima imagen del Poder Judicial sacando a algunos ministros cuestionados y poniendo en su lugar a otros, los actores políticos siempre daban la impresión de que su prioridad era implementar un cuoteo. El objetivo real era que los líderes de turno pudiesen colocar a “sus” ministros en uno de los 9 sillones de la institución.
La forma en que se ha llevado adelante el proceso actual motiva las mismas dudas por las ansias de poder que muestran algunos dirigentes.
No es casual que las dos veces que, desde la vigencia de la actual Constitución, la clase política se ha planteado “mejorar” la Justicia en nuestro país, el camino propuesto ha sido el de cambiar a varios ministros a la vez.
Este mecanismo no ha tenido el efecto esperado, a juzgar por los resultados. Sin embargo, se vuelve siempre a plantear lo mismo. Da la impresión que el objetivo es un cambio mágico de la Justicia, como si eso fuera posible.
En realidad, si hubiera una intención sincera, los cambios en el Poder Judicial se harían en forma gradual y racional. Es evidente que el mal desempeño de funciones de los magistrados, particularmente de quienes ahora están en el ojo de la tormenta, no surgió de repente.
Un dirigente político me decía en estos días que ellos saben del manejo de los ministros, cada uno de los cuales tiene a su cargo una circunscripción territorial, que abarca uno o más departamentos. Suelen viajar los días jueves, supuestamente a ocuparse de los problemas de esos distritos. Pero, lo que hacen, munidos de un generoso viático, es ir a sus estancias a descansar, encontrarse con sus amigos y correligionarios, manejándose como si fueran duques en sus condados.
Saben eso, pero no actúan, no implementan los mecanismos para terminar con esta situación. Prefieren esperar que algún medio de prensa investigue, se desate el escándalo mediático y se cree un escenario para sacar a varios ministros a la vez, repitiendo esta práctica cada periodo.
De esta manera, conseguirán que la gente crea cada vez menos en las buenas intenciones de sus dirigentes y llegará a un punto en que el deterioro de las instituciones ponga en riesgo la confianza en el sistema democrático que tanto sufrimiento, exilio y persecuciones costó conseguir.
Todavía estamos a tiempo para que la clase política se tome en serio su tarea para evitar el riesgo de que algunos advenedizos, inescrupulosos y con escasa vocación por la democracia se enquisten en el poder del país.
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Transas de cúpulas bastardean la institución del juicio político
Finalmente, intereses espurios y arreglos de caciques entre las cúpulas partidarias impedirían que se sustancie el juicio político a los ministros Sindulfo Blanco, Óscar Bajac y César Garay –iniciado hace quince meses–, haciendo naufragar no solamente la renovación de la Corte Suprema de Justicia, sino el saneamiento y la necesaria reforma del Poder Judicial. Queda demostrado así que no existe la tan mentada independencia de la Judicatura, sino que la misma está supeditada al poder político. Pero también se evidencia que la institución del juicio político, creada por la Constitución Nacional, es objeto de vil bastardeo por parte de líderes partidarios totalmente carentes de una postura ética en el quehacer público.
Ni en el pasado ni en el presente la clase política paraguaya se ha mostrado muy apegada ni respetuosa de los mandatos de la Constitución Nacional. Pero en pocas ocasiones se había llegado a un manoseo tan deplorable de las instituciones por ella creadas como en el caso del enjuiciamiento político a los tres ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco, Óscar Bajac y César Garay Zuccolillo.
Quince meses atrás, la Cámara de Diputados procesó a los magistrados bajo acusación de haber configurado graves irregularidades, entre ellas prevaricato, mal desempeño de sus funciones y negligencia en el cumplimiento de sus severas obligaciones. Sin embargo, dado que no existen «acuerdos» entre las cúpulas partidarias o porque estas se han escudado en arreglos completamente ajenos a la institucionalidad de la República, el proceso no será completado por la Cámara de Senadores, que es la que debe actuar de juez en el caso, a tenor de lo prescripto en el artículo 225 de la Constitución Nacional.
Por lo tanto, la ciudadanía no tendrá la oportunidad de contar con una sentencia que le permita aclarar si los magistrados en cuestión son o no culpables de las graves acusaciones que se les formularon. Quedarán, pues, bajo permanente sospecha no solo sus actuaciones pasadas, sino todas sus sentencias que emitan de aquí en adelante.
El contubernio es tan alevoso y desembozado, que ahora hasta surge un grupo liberal al interior de la Cámara de Diputados que se propone retirar el libelo acusatorio contra los altos jueces anteriormente mencionados. Si ayer estuvieron a favor de su enjuiciamiento y hoy optan por el cajoneamiento del mismo, es porque el fundamento de su acción tiene un claro sesgo de componenda.
Se frustrará entonces toda posibilidad de renovación de la desacreditada Corte Suprema de Justicia, por un lado, y naufragará todo propósito de promover el saneamiento moral y la necesaria reforma del Poder Judicial, por el otro.
Pero además, esta macabra maniobra politiquera pone en evidencia el desprecio que nuestra clase política tiene por los dictados y las instituciones instauradas por la Constitución Nacional; en este caso nos referimos a la figura del juicio político a altos jerarcas del Estado.
Se entiende también por qué en todos estos años de vigencia de nuestra Ley Fundamental los políticos no han querido reglamentar el artículo 225 de la Carta Magna; porque si establecen reglas claras para someter a juicio a los máximos representantes del Estado, los caciques partidarios ya no tendrán la ocasión de actuar con subjetividad e intención crematística a la hora de remover a los gobernantes. Les impediría proceder discrecionalmente de manera antojadiza.
Está claro que no es por esta vía que el Paraguay se constituirá en una República seria, ni al interior del propio país, ni hacia afuera, de cara a la comunidad internacional, que nos continúa y continuará considerando un país de escasa seriedad y nulo apego a los procedimientos constitucionales de una democracia consolidada, formal e institucionalizada.
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“Berrinches” de un ternero
El senador Enrique Bacchetta, del “ala dura” de lo que resta de la disidencia colorada en la Cámara Alta, se lanzó a una suerte de cruzada contra lo que él denomina como un intento de copar el Poder Judicial por parte del presidente Cartes. Es el eterno discurso que escuchamos cada vez que se plantea la posibilidad de renovar aunque más no sea parcialmente la Corte Suprema de Justicia, a lo que él se opone tenazmente junto a otros 17 senadores, con quienes, vaya a saber por qué razones, busca denodadamente mantener en sus cargos a tres ministros sinvergüenzas. Lo que resulta llamativo es que el legislador en cuestión asume la pose de un profesor intachable, que dicta clases magistrales no solo de derecho sino también de moral, transparencia y respeto a las instituciones, cuando su carrera en ámbitos judiciales y su corta actividad en el Parlamento lo asemejan más bien al ternero enfurecido porque le desprendieron de la vaca de la cual estaba mamando.
El ejemplo del ternero enojado fue utilizado en la víspera por el presidente del Consejo de la Magistratura, Enrique Riera, al responder a Bacchetta, quien le denunció por mantener reuniones con HC en vísperas de la posible selección de nuevos magistrados para integrar el máximo tribunal de la República, como si esto tuviera algo de raro siendo que el titular del Consejo representa en dicha instancia al Poder Ejecutivo. Y agregó más. Dijo que el inexperto político “es reconocido nacionalmente por influenciar en la Justicia en beneficio propio”.
En efecto, su historia en el sector público se inició en el 2007, cuando fue electo en representación del gremio de abogados como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, del cual formó parte por dos periodos, al término de los cuales era “vox populi”entre sus colegas que utilizó el cargo para sacar provecho particular, al manejar con discrecionalidad el poder que ejercía para presionar a jueces, conseguir fallos que le resultaran favorables y castigar a quienes no aplicaban sus “orientaciones”.
Después, ya en el 2013, llega al Senado, definiéndose como uno de los “cartistas de la primera hora”, aunque pronto comenzó a expresar su malestar, dado que sus colegas no le brindaron su apoyo para integrar otra instancia por él apetecida, cual es el Consejo de la Magistratura, sino a Oscar González Daher. Sin embargo, en abril del 2015, la disidencia colorada nucleada en el G-15 consiguió los votos necesarios para destituir a González y designar a Bacchetta en su reemplazo.
“El sueño del pibe” se hizo realidad. De nuevo podría influir en la selección de jueces y hasta de aspirantes a la Corte, pero la maniobra culminó en un fiasco, pues su antecesor interpuso una acción de inconstitucionalidad y el máximo tribunal terminó dándole la razón.
He ahí la génesis de esta historieta protagonizada por el iracundo senador. No hay mucho más que decir. Estaba a centímetros de volver a mamar aquellas tetas que le resultaran tan deliciosas, lo cual explicasus berrinches… de ternero.
http://www.adndigital.com.py/index.php/impreso/editorial-impreso/17283-berrinches-de-un-ternero
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Una oportunidad para que los senadores apuesten por el país
Hoy, la Cámara de Senadores expresará al país si está a favor del cambio en la Corte Suprema de Justicia o del continuismo, que es genuflexión al poder político, falta de transparencia, ausencia de autoridad moral, atropello a la ética, corrupción y desidia. El resultado de esos vicios es que la estructura del Poder Judicial se ha convertido en una maquinaria de injusticias en la que no prima el derecho, sino los intereses en juego. La ciudadanía espera que la mayoría de los legisladores apuesten a favor de una nueva era en la que empiece un proceso serio para poner fin a la inseguridad jurídica.
Una de las evidencias más rotundas de que la clase política representada en el Parlamento no está verdaderamente interesada en promover un mayor bienestar de los que viven en el Paraguay es el manejo de lo relacionado a los miembros de la máxima instancia judicial del país.
Lo que se ha visto hasta ahora es que los intereses de grupos políticos ávidos de permanecer en el poder y obtener las mayores ventajas posibles en todas las instancias son los que marcan las pautas de comportamiento de los legisladores.
Olvidan que las atribuciones que les dio la Constitución fueron para emplearlas a favor de una justicia de calidad y no para ir degradándola cada día más.
Los cuatro años –desde el 31 de mayo de 2012, cuando se presentó el primer pedido de juicio político a ministros de la Corte–, con idas y venidas, inclusión y exclusión de nombres, especulaciones coyunturales y promesas incumplidas, han servido para demostrar fehacientemente que había un segmento mayoritario de legisladores favorables al mantenimiento sine die del statu quo.
La permanente espada de Damocles que pendía sobre la cabeza de los ministros a ser enjuiciados no sirvió para que los amenazados con el juicio y la destitución, a la par de los demás, cambiaran de actitud disponiéndose a tomar medidas severas para modificar el estado de cosas imperante en el Poder Judicial.
Es más: alentados por la falta de voluntad política del Senado para continuar con el pedido de juicio político que, en su nueva etapa, ya lleva más de un año –desde fines de 2014–, han dejado que las lacras aumenten en volumen e intensidad, sin demostrar ningún ánimo de aplicarles correctivos eficaces.
La convocatoria a cinco sesiones extraordinarias para procesar a uno de los ministros acusados por mal desempeño de funciones pone fin al largo periodo de postergaciones al juicio político a tres miembros de la Corte Suprema.
Si bien esa determinación abre una ligera compuerta de esperanzas de cambio, revolotea la posibilidad de que el llamado no sea más que una estrategia para ratificar la impunidad de hecho para los magistrados cuyo desempeño está en tela de juicio.
A partir de hoy la ciudadanía verá los rostros de los legisladores que están a favor del cambio en la Corte Suprema de Justicia y los de aquellos que prefieren que la podredumbre siga envenenando a la Justicia.
Si triunfan los que están en contra del juicio político, no perderá un grupo de políticos. Saldrá derrotado el anhelo de justicia del Paraguay.
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El juicio político: Una verdadera tragicomedia
No es la primera vez que manifiesto mi indignación por la actitud de varios Senadores en relación al juicio político a tres ministros de la Corte Suprema de Justicia. Los senadores pertenecientes a los sectores de izquierda o Progresistas, se han manifestado abiertamente contra el juicio político, dejando en claro que, removiendo a los nueve actuales ministros, podrían intentar la designación de uno o más referentes de su línea política.
También algunos senadores colorados y liberales se han manifestado contrarios al juicio político, con argumentos diversos, que por razones de higiene mental omitiré referir.
Lamentablemente, esta no es una comedia que será presentada en un teatro o en la televisión, sino que estamos hablando de un juicio político, que es la vía que la Constitución Nacional prevé para remover al presidente de la República, al Vicepresidente, a los ministros del Poder Ejecutivo, a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, al fiscal general del Estado, al Defensor del Pueblo, al Contralor General de la República, al Subcontralor y a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, por mal cumplimiento de sus funciones o comisión de delitos (artículo 225 – CN).
La Cámara de Diputados ya ha cumplido con el rol que la Constitución le asigna, examinando en plenaria las supuestas causas de enjuiciamiento y remoción y presentando acusación ante la Cámara de Senadores.
Lo que definitivamente está claro es que solo a la Cámara de Diputados le está asignada la facultad de decidir contra quién o quiénes se presenta acusación y se solicita juicio político y, siendo así, como indiscutiblemente lo es, aquellos condicionamientos señalados por varios Senadores resultan sencillamente un descarrilamiento y un total desconocimiento del verdadero rol que la Constitución Nacional les asigna.
El Senado debe limitarse a examinar las causales señaladas como motivo de juicio político y resolver en consecuencia. Esta tarea tiene una enorme significación y relevancia para el funcionamiento institucional de la República, pues se trata de decidir si esas altas autoridades que la Constitución indica han incurrido en alguna causal que autorice su remoción del cargo. Y esto tiene implicancias jurídicas y políticas que deberían obligar a los integrantes del Senado, convertido en Tribunal Juzgador a abordar con seriedad, responsabilidad y compromiso tan relevante función.
Por otro lado, el escrito de acusación presentado por la Cámara de Diputados contiene un aspecto de singular relevancia, que amerita ser destacado y se refiere al principio de inamovilidad que la Constitución Nacional reconoce a favor de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, específicamente en cuanto a la duración del mandato, expresando claramente que los mismos son inamovibles desde el nombramiento hasta la edad de 75 años y que solo pueden ser removidos del cargo por la vía del juicio político.
La suerte de este pedido de juicio político está definitivamente quebrantado por todo lo anteriormente señalado. A estas alturas, la existencia o inexistencia de las causales de mal cumplimiento de funciones o de comisión de delitos que fueran expuestas en la acusación presentada por la Cámara de Diputados ha perdido toda relevancia. El sistema constitucional de enjuiciamiento de esos ministros de la Corte Suprema de Justicia ha quedado descalificado y pervertido por la actitud y las declaraciones de varios senadores, al punto que se ha quebrantado irremediablemente la confiabilidad de la sentencia que pudiese ser emitida y la legitimidad de tan importante institución constitucional como lo es indudablemente el juicio político.
El olor nauseabundo que se despide en torno al tratamiento de este juicio político resulta absolutamente insoportable y aun a riesgo de incurrir en un descomunal disparate, me pregunto si para salvaguardar la institucionalidad de la república no sería oportuno y hasta conveniente que la Cámara de Diputados resuelva declinar la instancia en el juicio político, a la espera que los eventuales juzgadores del Senado al menos simulen un mínimo de respeto hacia los mandatos de la Constitución e intenten mostrarse comprometidos a cumplir estrictamente sus funciones y velar por la vigencia del estado de derecho.
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La edad de piedra
Por Alcibiades González Delvalle
En su edición del miércoles el diario ABC Color nos cuenta que José Miguel Torres Espínola, hijo del ministro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Torres Kirmser, “cobró G. 72 millones de viáticos por acompañar a su papá” en el 2015.
Todos los meses –agrega el diario– cobró por el mismo “trabajo”, menos en junio en que la Corte le pagó viático por G. 16 millones más una bonificación de G. 3.500.000 para ir “a un curso de especialización” en España.
De acuerdo con los documentos a los que accedió el diario, entre los viajes de Torres Espínola figura una estadía de 22 días fuera del país “y pese a su ausencia hacía horas extras”.
Pero aquí no termina la historia: Otras dos hijas de Su Excelencia, María José Torres Ferreira y Valeria Torres Espínola, también fueron “asesoras y coordinadoras” en la Corte. Valeria renunció cuando saltó a la opinión pública la noticia de un claro nepotismo.
Sigue la historia: Los guardias de la Corte hacen de chofer a los hijos del ministro, José Miguel y Valeria. “Los custodios fueron retribuidos con cargos para sus cónyuges y familiares en el Poder Judicial”.
No hace mucho, la ministra Bareiro fue denunciada por utilizar siete vehículos de la Corte. La ministra reaccionó de inmediato para que no se ande con chismes por ahí. Muy enojada dijo: “Solo utilizo cuatro automóviles”.
Ya a nadie llama la atención –y esta es una situación muy peligrosa– que el dinero público vaya sin descanso a la corrupción.
Es increíble la facilidad con que se dispone del presupuesto del Estado para la buena vida de quienes ya la tienen por su cargo y por su salario.
No hay un mínimo de decencia, de decoro, de vergüenza para ejercer con alguna dignidad el cargo público. Se supone que la función de ministro de la Corte Suprema de Justicia –aunque sea de nuestro país– debe ir acompañada de una conducta ejemplar. Un magistrado que desangra el erario, que comete actos de corrupción, ¿qué autoridad tiene para castigar a otros delincuentes cuyo delito, tal vez, sea mucho menor que el de su juez?
Siempre hubo, desde luego, magistrados delincuentes como siempre hubo también, en contraste, quienes cuidaban la delicadeza de su investidura. Pero en estos últimos tiempos –¿30, 40 años?– es un azote imparable la corrupción que crece con la impunidad.
En cualquier país mínimamente organizado un ministro de la Corte Suprema de Justicia, envuelto en actos claramente delictivos, ya estaría preso o por lo menos fuera de sus funciones. Tenemos que esperar que cumplan 75 años de edad para verlos partir. La otra posibilidad es el juicio político, pero ya sabemos de esa cooperativa de ayuda mutua entre políticos y magistrados.
Y mientras tanto, mientras lleguen los 75 años de edad, seguiremos asistiendo a los más escandalosos hechos de nepotismo, de utilización irregular de los recursos del Estado. Y mientras tanto, también, muchas de las escuelas seguirán siendo una ruina porque no hay recursos para levantar aulas ni cambiar los mobiliarios.
Nuestro problema no es la pobreza, es la corrupción. Y cuando esta cae sobre el país desde el mismo Poder Judicial, seguiremos padeciendo sus devastadores efectos.
Pero no siempre ha sido tan preocupante. Hubo momentos en que la Corte Suprema de Justicia fue honrada, respetada, aplaudida. El abogado César Báez Samaniego nos cuenta en su libro “La edad de oro de la justicia paraguaya (Edit. Continental, 2011) muchos acontecimientos que hoy han desaparecido. Realizó entrevistas a quienes habían ocupado, hasta 1959, altos cargos en el Poder Judicial. El Dr. Enrique Bordenave –editorialista del diario ABC Color– recuerda que en su tiempo de magistrado, los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que eran tres, tenían asignado UN automóvil para TODOS ellos. “Ese auto con el chofer –dice Bordenave– los iba a buscar por la mañana a los tres y los llevaba de vuelta a la casa al mediodía. Me acuerdo todavía de la imagen: el chofer adelante y los tres ministros, apretaditos, sentados en el asiento trasero”. Hoy un solo ministro, o ministra, tiene cuatro vehículos mantenidos con el dinero de los contribuyentes.
También recuerda Bordenave que en su juzgado, en vez de nueve funcionarios, eran solamente cuatro. Y no era por falta de presupuesto. “No había interesados”. Hoy son los que más abundan. Tanto, que un padre encuentra sitio para sus tres hijos a quienes se les paga horas extras aun estando ausentes. No, no es la edad de oro de la justicia paraguaya. En el mejor de los casos, la edad de piedra.
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Habrá abogados que no solo quieren un Mercedes
Por Susana Oviedo
Un joven abogado, que acababa de recibir su matrícula, comentaba que su máxima e inmediata aspiración era convertirse en defensor público, por estas razones: no se verá en la necesidad de salir a competir con miles de sus colegas para conseguir un contrato; siempre tendría casos, y, gane o pierda el juicio, recibiría una remuneración nada envidiable. Algo más de 14 millones de guaraníes mensuales, más otros beneficios.
El flamante abogado salió de la Universidad Nacional de Asunción. Es decir, todo el resto de los ciudadanos le subsidiamos sus estudios en la Facultad de Derecho más antigua y prestigiosa del país. Algo de lo que los egresados de la UNA no toman conciencia. Por consiguiente, no se sienten mínimamente comprometidos con la sociedad, en términos de devolver con sus servicios parte de lo que costó al Estado formarlos como profesionales.
Recordamos esta historia cuando el fin de semana, el juez Andrés Casatti compartía la noticia de que abogados de tres estudios jurídicos tomarán sin costo las causas de los internos más vulnerables que se encuentran en las penitenciarías del país. Con este proyecto, promovido por el Ministerio de Justicia, además de reducir las dilaciones indebidas en el proceso penal, desconcentrar las prisiones y poner en vigencia derechos humanos básicos, se buscará promover el voluntariado social en un gremio donde esto es una excepción.
La idea es que más abogados, de todas las circunscripciones judiciales, se sumen a esta iniciativa humanitaria.
Según informe de la Auditoría de Gestión Judicial de la Corte Suprema de Justicia, solo 56, 46 % (1.881) de los reclusos de Tacumbú, la principal penitenciaría del país, están condenados y hay 633 sin procesos registrados. Esto significa que ni siquiera se tienen datos de por qué están recluidos.
En el país se reciben unos 800 abogados al año. Actualmente, existen más de 45.000 abogados y salvo algunas universidades, las numerosas facultades de Derecho que están diseminadas por toda la República, no fomentan el servicio social de sus estudiantes y profesionales egresados. Tampoco lo ha hecho el Estado.
De ahí que la iniciativa del Ministerio de Justicia resulta muy alentadora, puesto que sumará una opción a la Defensa Pública que se ve sobrepasada con tantos casos acumulados por la desidia institucional de la que, lenta y pesadamente, comienza a sacudirse el sistema de Justicia. Los abogados pueden ganar puntos con cada servicio gratuito que realicen y hacerlos valer para los concursos a cargos en el Poder Judicial y para acceder a cátedras universitarias. Quizá esto ayude a romper el esquema según el cual en Paraguay, salvo contadísimas excepciones, por encima de los criterios de ética y honesto y profesional desempeño, si se es abogado y se pretende ganar notoriedad, hay que andar en un Mercedes Benz, vestir trajes de marca y pertenecer a algunas de las logias masónicas.
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La pata torcida de la justicia
Por Ilde Silvero
Cuando el árbol crece torcido, jamás su tronco endereza, nos advierte un antiguo refrán. Lastimosamente, debemos aplicar la sabiduría de este dicho a la realidad de la administración de justicia en el país. Desde las amargas épocas de la dictadura stronista hasta el presente, los máximos jueces acompañan, encubren y hasta protegen a personajes poderosos por su riqueza o su prominencia política. Eso de que todos somos iguales ante la ley es una sátira dolorosa y burlona para el ciudadano común.
La ausencia de una justicia recta, honesta y profesionalmente bien administrada es una de las patas rotas de nuestro sistema de convivencia en una democracia todavía en construcción. La seguridad jurídica es una materia pendiente porque los fallos judiciales tienen mucha dependencia del tamaño del bolsillo o de la influencia política de las partes en litigio.
El problema tiene raíces en la misma Corte Suprema de Justicia, varios de cuyos integrantes están ahí con sus periodos constitucionales ya vencidos, algunos con varias denuncias serias en su contra y otros con pedidos de juicio político en trámite en el Congreso.
En su momento, tanto los entonces presidentes Nicanor Duarte Frutos como Fernando Lugo prometieron renovar totalmente la Corte Suprema de Justicia pero, en los hechos, salieron dos o tres, entraron otros y el sistema no cambió en absoluto.
En estos días, se vuelve a hablar del posible juicio político y destitución de uno a tres miembros de la Corte, pero todo está a la espera de cómo evolucionan los enfrentamientos de los movimientos internos en los dos grandes partidos tradicionales. El Senado no puede reunir quorum para tratar el tema por la fragmentación de las fuerzas partidarias y la especulación de cómo votarían los ministros de la Corte si alguna apelación de inconstitucionalidad por divergencias en el proceso político llegase a tal instancia de decisión.
Esta polémica e inestabilidad en cuanto a la integración de la propia Corte Suprema no es un problema menor. Por un lado, ya existen sospechas fundadas de que algunos fallos judiciales se negocian a precio de mercado; por otra parte, hay ministros que están a punto de ser destituidos según respondan o no a los intereses coyunturales de los líderes políticos dominantes. La actitud genuflexa ante la riqueza o ante el poder patentiza la fragilidad del modus operandi de nuestro sistema judicial.
Las falencias en el poder judicial lamentablemente coinciden con las deficiencias en los otros dos poderes del Estado y así, en su conjunto, tenemos una nación hipotéticamente en Estado de derecho, pero realmente en situación de precaria estabilidad y un futuro bastante incierto.
Este tipo de problemas no se resuelve a corto plazo. Los miembros de la Corte se declararon a sí mismos inamovibles, de modo que solo pueden ser cambiados por renuncia o por juicio político. Ambas vías, por ahora, no están precisamente al servicio de una sociedad madura y razonable.
Necesitamos seguir remando. La diosa Astrea continúa ciega, sorda y muda. Aunque sea de a poco, ojalá la despertemos para que entre en acción.
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