El titular interino de la Contraloría General de la Corrupción, Roy Rodgers, se presenta esta semana ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) para dar cuenta de los «esfuerzos» registrados por el Paraguay en el sensible ámbito de la lucha contra la corrupción. Allí, los demás 33 miembros del organismo hemisférico considerarán si hubo o no logros en la materia, y sugerirán medidas a adoptar de cara al futuro. En cualquiera de los casos, mientras la impunidad imperante por causa de un Poder Judicial subordinado a la clase política continúe vigente, no hay esperanza alguna de que los planes de lucha contra el flagelo de la corrupción emprendidos desde la sociedad civil o desde ciertas esferas del Gobierno puedan prosperar debidamente.
«El poder de infección de la corrupción es más letal que el de las pestes», escribió alguna vez el más eminente de los hombres de letras paraguayo, Augusto Roa Bastos. Es esta una verdad más dura que la roca, y así nos lo relata la historia desde los albores mismos de nuestra era republicana. Cómo no recordar a aquellos desvergonzados hombres públicos que, tras la hecatombe de la Triple Alianza, se embolsaron las libras esterlinas del primer crédito obtenido por el país en Londres, por aquella época sede de las finanzas internacionales. Ni el dinero destinado a la restauración del país fue siquiera respetado.
El drama continuó, salvo honrosas excepciones, durante largas décadas de gobiernos caóticos e inestables, conducidos por figuras sin decencia. Sin embargo, la peor de las catástrofes morales se cernió sobre la patria bajo la dictadura stronista, porque al mal infecto de la corrupción se le sumó el de la impunidad, de consecuencias aún más devastadoras. En efecto, ¿qué juez o ministro de la Corte Suprema de Justicia de la época –todos nombrados por el tirano– se animarían a levantar el dedo acusador contra los ladrones de cuello blanco liderados por el propio dictador y sus zalameros adláteres?
Ese oprobioso esquema de impunidad quedó prácticamente intacto desde la apertura democrática iniciada en 1989. Como los politiqueros y los caciques políticos son los que nombran y tienen además el «encargo» de enjuiciar a los magistrados del más Alto Tribunal de la República, en este último lugar no se hace más que seguir las órdenes de los mandones de turno.
De otra forma, no cabe explicarse cómo pueden continuar estancados por chicanas de leguleyos o interferencia política casos emblemáticos de la lucha contra la corrupción como el de la niñera de oro, que involucra al senador Víctor Bogado; los caseros de oro», del diputado mimado del poder José María Ibáñez, o la tragada en el MAG que afecta al senador liberal Enzo Cardozo.
Sigue tan campante la impunidad con los planilleros y sus padrinos en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE); en la compra fraudulenta de tierras en San Agustín, adquiridas por una firma ligada al senador Jorge Oviedo Matto; en la universidad pública más antigua del país y, vaya paradoja, los escandaletes emanados de la misma Contraloría General de la República, cuyo actual titular va a Washington DC a dar la cara para intentar encontrar una explicación jurídica y/o política a lo que no lo tiene en absoluto.
Con los pavorosos márgenes de impunidad manejados en nuestro país, todo esfuerzo por combatir la corrupción se ve absolutamente diluido. La culpa es exclusiva de un liderazgo político que se cree por encima de la ley y que ha creado, y retiene en sus manos, los resortes políticos y jurídicos destinados a verse libres de las duras consecuencias legales que deberían emanar de sus reprobables actos. Ante este panorama, no hay examen anticorrupción que el país esté habilitado a superar.
http://www.ultimahora.com/la-impunidad-reinante-frustra-toda-lucha-contra-la-corrupcion-n973493.html
HA… CHE RETÃ PARAGUAY (I) 
Clepto Tour
Cleptocracia es el sistema de gobierno en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos. Al leer esta definición en el Diccionario de la Real Academia, pensé que se trataba de un paraguayismo, ¡tan conocido me resultaba! Por desgracia, no somos tan originales; si lo fuéramos, la Interpol tendría menos trabajo y podría resolver varios asuntos pendientes. En muchos países hay cleptocracia, palabra asociada con otra: offshore.
Offshore significa lejos de la costa; un ejemplo son las Islas Caimán, en el Caribe, con una población de 56.000 habitantes y 100.000 empresas. Por supuesto, no son empresas locales, sino empresas multinacionales, constituidas allí para no pagar impuestos; también pueden ser empresas de fachada de cleptócratas, que se aprovechan de ese paraíso fiscal (sinónimo de offshore). También puede haber offshore en tierra firme, como el estado de Delaware (USA), según el libro de Nicholas Shaxson, Las islas del tesoro, en venta en Asunción.
¿Qué se hace con el dinero offshore? Muchas cosas y, de más en más, invertir en propiedades rurales y urbanas. En Londres, hay casi 35.000 casas y departamentos de lujo cuyos propietarios son difíciles de identificar, pero con 99% de posibilidad, son cleptócratas y afines. (Invertir en propiedades es más seguro que tener el dinero en euros o en dólares, e incluso confiscarse en el curso de un procedimiento penal). Por eso se han organizado en Londres los paseos llamados Cleptocracy Tours: en vez de recorrer los sitios de la historia vieja, se recorren los de la historia reciente, las mansiones compradas con dinero dudoso, y en ciertos casos, turbio sin duda alguna (véase “Kleptocracy Tours…”, The Guardian, 2-3-16).
Los organizadores de esos tours son personas competentes, y que trabajan en equipo, con oenegés dedicadas a combatir la corrupción. Tienen muy en cuenta que llamar ladrón a un ladrón puede tener consecuencias peligrosas. En Inglaterra, la ley supone que lo más valioso para un hombre es el honor, y puede castigar acusaciones que menoscaben el honor aunque sean verdaderas (la llamada prueba de la verdad tiene poco peso). Sin embargo, el hecho de mostrar cuáles son las residencias de lujo ha tenido su peso. El premier David Cameron prometió mandar al Parlamento una ley para impedir que Inglaterra se convierta en un centro de inversión de especuladores y mafiosos, en perjuicio de los propios ingleses, según el mencionado artículo del Guardian.
Después de leer ese artículo, me pregunté: ¿por qué no se hace algo parecido en Asunción? Aquí seguimos con los recorridos por el centro histórico, que de histórico tiene el lugar, porque se ha tumbado la casi totalidad de los inmuebles tradicionales. ¿Por qué no recorrer las construcciones nuevas: castillos franceses, mezquitas orientales, imitaciones de Hollywood? ¡Cuánto se podría aprender de la Asunción actual, de la Asunción real, con un buen Clepto Tour! Además de poner en evidencia a muchos atorrantes, un tour de esos nos va a quitar de la cabeza la tontería de que la especulación inmobiliaria es lo mejor para el país.
Por Guido Rodríguez Alcalá
http://www.ultimahora.com/clepto-tour-n972666.html
Me gustaMe gusta
Faz obras
Leí que el gobierno de Cartes tiene previsto realizar llamados a licitación de obras por un valor total de 4.300 millones de dólares por lo que resta del mandato presidencial, es decir hasta el año 2018. La información fue dada por el propio ministro de Obras Públicas, de manera que no se puede dudar de su veracidad.
Hay un viejo chiste brasileño que dice que el presidente se reúne con un ministro y este aprovecha la oportunidad para plantear al jefe que su remuneración no es suficiente para la dedicación que exige el cargo. El presidente le responde en un tono que suena a “no seas tonto”: “faz obras” (haga obras).
Hasta el gobierno de Lugo se decía que en el país había capacidad de las empresas vialeras para construir solo por un total de 400.000 millones de dólares al año. A eso habría que añadir que durante décadas la “patria vialera” hacía lo imposible para evitar que empresas extranjeras fueran adjudicadas con obras nacionales.
De 2008 a 2016 esa capacidad por lo visto se multiplicó y ahora tenemos fondos de sobra, aunque tal vez no toda la capacidad para construir con recursos nacionales. De cualquier manera esa es una cuestión del MOPC y de los organismos de control.
Con semejante cantidad de dinero para construir, tendríamos que poner especial cuidado de que aquí no suceda lo que pasó en Brasil, donde las principales empresas constructoras formaron una especie de cártel para captar los fondos públicos y distribuir los “premios” a las autoridades a través de lavaderos de autos.
Lo del “mensalão”, pago a los parlamentarios para votar a favor de los proyectos del Ejecutivo, ya es harto conocido aquí. No es ninguna novedad que para tener voto favorable, es necesario “invertir” en la compra de votos con fueros. Este fato se descubrió y se desarmó en Brasil, y resultado de la acción de la justicia, varios peces gordos del partido oficialista fueron a la cárcel.
No digo que aquí no se soborne con dinero sucio de la patria vialera, pero creo que no llegamos aún a los niveles descubiertos en el Brasil, tal vez porque era muy poco lo que se tenía para invertir. Bastaba con tener aceitado a unos cuantos funcionarios clave y mantener callados a ciertos políticos.
¡Pero ahora que se anuncian obras por más de 4.000 millones de dólares! Che Dio lo que puede llegar a suceder con ese dinero. Tal vez se pueda ilustrar con otro chiste brasileño: un ministro se jacta de las obras realizadas, a sabiendas de que todos saben que a mayor cantidad de obras equivale mayor cantidad de coimas. Cita edificios, puentes, viaductos, etc. entonces el anfitrión lo invita a subir a la terraza para que vea su obra. Llegan al último piso y le dice –¿ve esa autopista de ocho carriles totalmente iluminada de allá abajo? – ¡Ahí no hay absolutamente nada!, exclama el coimero. –Bueno, esa obra la hice yo, responde orgulloso el otro ministro. Que tengan un buen luneró.
Por Edwin Brítez
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/faz-obras-1459421.html
Me gustaMe gusta
Llegó la hora de rendir cuentas
A estas alturas de nuestro desarrollo como sociedad democrática, en que contamos con un sistema de información pública abierta, en que podemos obtener por nosotros mismos los elementos de juicio indispensables para formarnos opiniones propias, en que los gobernantes pueden ser examinados cada vez con mayores y mejores medios de control, es llegada la hora de que, habiendo tomado plena conciencia del espantoso grado de corrupción, aceptemos el hecho de que ya no tenemos excusas para mirar hacia otro lado y mantenernos al margen.
Esta toma de conciencia y su consecuente asunción de acciones y responsabilidades cívicas, en gran parte, se debe a la vigencia de una plena libertad de prensa. Lo sabemos porque igual cosa ocurrió y está produciendo idénticos resultados positivos en las sociedades que estuvieron sometidas al temor y la ignorancia por regímenes dictatoriales que, hasta hace poco, oprimieron a decenas de pueblos subdesarrollados, entre ellos, el nuestro, que, a pesar del paso del tiempo y de los avances en el mundo, persisten en algunos pocos lugares, como Cuba.
En nuestra sociedad actual se observan diariamente olas de protestas contra los corruptos del signo político que fuere. Este proceso es inevitable y no puede ser detenido. Desde este punto cabe predecir que iremos solamente para adelante. Es bueno que tomen esto en cuenta las autoridades superiores del Gobierno, en todos los Poderes del Estado, porque cada vez sucederá menos que se olviden los pecados y se perdone fácilmente a los bandidos que se ponen un pañuelo al cuello y que, con ese paraguas protector, tengan la facilidad de lanzarse a depredar las cajas públicas y a pisotear derechos ajenos.
Es bueno que sepan los miembros del Poder Ejecutivo, los diputados y senadores, los miembros del Poder Judicial y los organismos de su esfera, así como de las corporaciones armadas, que esta ciudadanía actual ya no está dispuesta a tolerar que sus miembros, valiéndose de las prerrogativas del cargo, cometan actos deshonestos o injustos, perjudicando al país en su conjunto o a personas individuales convertidas en sus víctimas.
Alentamos a esta ciudadanía lúcida y consciente, a esos jóvenes que despertaron a la vida política con el sonoro “no te calles”, que se mantengan atentos, activos y dispuestos a salir a manifestarse. Exhortamos a que continúen ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y haciéndose escuchar por todos los medios disponibles, a fin de ir creando el ambiente propicio para comenzar a barrer de la política a los truhanes y sinvergüenzas que descaradamente persisten en continuar medrando a costa del Estado, protegiéndose tras las organizaciones partidarias, con todas las lecciones bien aprendidas del stronismo.
Para la mayoría de los integrantes de este pueblo, compuesto por personas libres, honestas y responsables, llegó la hora de desalojar o de cortar su marcha y hacer rendir cuentas, ante la ley y la sociedad, a los ladrones de recursos económicos y de esperanzas.
Me gustaMe gusta
El destino de los corruptos
Empresarios codiciosos y políticos corruptibles, perseguidos por jueces probos y decididos a hacer justicia, están sacudiendo las sentinas de la corrupción en las dos economías más grandes de América del Sur. Cuidado con este modelo. El día de mañana podría replicarse en el Paraguay y terminar con la carrera de encumbrados políticos que hoy hacen gala de sus fortunas mal habidas y mofa grosera de la ley y la moral públi
La dirigencia política paraguaya debiera seguir con atención lo que está sucediendo en Brasil. El hecho de que el CEO del mayor conglomerado de la construcción de América Latina, Marcelo Odebrecht, deba purgar 19 años de prisión tras ser juzgado por diversos delitos, es un punto gravitante, pero no el único. Odebrecht es un holding que abarca rubros tan diversos como ingeniería, construcción, petroquímica, industria naval y defensa. Empleaba en 2014 unas 170.000 personas en 28 países con una facturación, ese año, de alrededor de US$ 29.000 millones. Este monstruo empresarial es uno de los principales proveedores del Estado en Brasil, desde plataformas de perforación off shore hasta submarinos con propulsión convencional y propulsión nuclear dentro del denominado Programa Nacional de Desarrollo de Submarinos de la marina brasileña. Esto da una idea de los fabulosos negocios que maneja el conglomerado ya que instalar una plataforma petrolera cuesta unos US$ 500 millones y construir un submarino nuclear de los que Brasil pondrá en servicio en 2020 insume US$ 5.200 millones cada uno.
Marcelo Odebrecht fue hallado culpable de obtener contratos en forma fraudulenta con la estatal Petrobras, integrando una tupida red de desvíos de dinero, obras sobrefacturadas y sobornos a altos cargos del Gobierno. Este escándalo expuso un modus operandi que observa un patrón de corrupción que comenzó con las denuncias sobre el denominado “mensalao”, un sistema de pagos clandestinos a legisladores para aprobar leyes favorables a determinados intereses que acabó con la carrera de no pocos políticos de campanillas. A esto siguió, más recientemente, el “petrolao”, un complejo sistema de sobornos que inyectó millones de reales al gobernante Partido dos Trabalhadores, hecho que puso en la galería de tiro al ex presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva y que se cierne como la peor amenaza de juicio político sobre la presidenta Dilma Rousseff.
Estos hechos nos dicen que en un país con una justicia razonablemente independiente, la asociación entre políticos y empresarios para realizar negocios al margen de la ley termina por exponerse públicamente y puede acabar con la carrera de más de un hombre o mujer públicos. En Argentina, la ex presidenta Cristina Kirchner deberá comparecer ante un juez para explicar operaciones de alto riesgo cambiario del Banco Central argentino días antes de dejar el poder y que podrían derivar en un serio deterioro patrimonial de la entidad. Empresarios codiciosos y políticos corruptibles, perseguidos por jueces probos y decididos a hacer justicia, están sacudiendo las sentinas de la corrupción en las dos economías más grandes de América del Sur. Cuidado con este modelo. El día de mañana podría replicarse en el Paraguay y terminar con la carrera de encumbrados políticos que hoy hacen gala de sus fortunas mal habidas y mofa grosera de la ley y la moral pública.
Me gustaMe gusta
Los cómplices
Por Rolando Niella
Es la complicidad la que hace posible todos los desmanes que se denuncian diariamente: robos, saqueos, malversaciones o, también, todos los abusos del presupuesto público: planilleros, licitaciones amañadas, autoridades que se hacen millonarias repentinamente, funcionarios incompetentes, etc.
Sin complicidad serían imposibles delitos tan obvios y descarados. Todas estas indecencias serían inmediatamente descubiertas y fácilmente castigadas si no existiera un generalizado ambiente de complicidad entre quienes detentan cargos de autoridad.
Por poner solo un ejemplo bien significativo, no puede ser que el despilfarro, en los mejores casos, y el descarado robo, en los peores, del dinero de Fonacide no haya tenido hasta ahora ninguna consecuencia, ningún castigo.
Solo por la complicidad de los organismos de control y de la justicia puede explicarse tan generalizada impunidad en hechos que están a la vista de todos: escuelas en ruinas, techos que se desploman, obras que se cobraron y ni siquiera existen.
Los cómplices de la corrupción, aún en el caso (improbable) de que no cometieran ni se beneficiaran directamente de ninguna de esas fechorías, tienen una responsabilidad central en el estado de corrupción generalizada y delito sistemático al que hemos llegado. Es así porque esa complicidad ha hecho fácil el delito, cómoda la corrupción, casi imposible el castigo y reiterada la impunidad.
Por suerte, la paciencia de la ciudadanía se está agotando y, en consecuencia, la tolerancia está siendo sustituida por un enojo cada vez mayor, y ese enojo, que cada vez se expresa con más vehemencia, está teniendo consecuencias políticas que ya no pueden pasar por alto ni los partidos políticos, ni los altos funcionarios ni quienes detentan cargos de autoridad en los Poderes Públicos. El tema de los planilleros es un buen ejemplo de ello.
Se ha instalado en la ciudadanía la necesidad imperiosa de acabar con los planilleros y, como consecuencia de la presión de la opinión pública, un sector de las autoridades ha comenzado a dar muestras de la voluntad política para comenzar a limpiar de parásitos el sector público, aunque de manera incipiente y desganada.
Digo que se trata de una voluntad política desganada porque, a fin de cuentas, la gran mayoría de esas autoridades (y que me perdonen las excepciones) son las mismas que promovieron el planillerismo, nombrando o, como mínimo, tolerando los nombramientos de miles de planilleros. Esa tolerancia los convierte en cómplices, por más que personalmente no hayan nombrado a ningún pariente, correligionario o amigo para que cobre un sueldo sin trabajar.
He tomado como ejemplo el caso de los planilleros por su actualidad, pero no es ni mucho menos la única forma de corrupción que se apoya en la complicidad; tampoco es la más grave ni la que implica mayores cifras de dinero malversadas.
Los robos en salud o educación, como Fonacide, las licitaciones amañadas, las obras públicas con costos inflados y otras mil tropelías frecuentes, provocan daños económicos y sociales mayores. De hecho la complicidad es el caldo de cultivo en el que crece y se reproduce toda la delincuencia del sector público.
Esa complicidad, ese primitivo “compinchismo”, ese “entre bomberos no nos pisamos la manguera”, por el que el entorno del ladrón se siente obligado no solo a no denunciarlo, sino también a encubrirlo, es la piedra fundamental sobre la que se sostiene la impunidad.
Parece evidente que la conclusión de esta reflexión es que, para sanear las instituciones del país, tan importante como descubrir a los delincuentes es identificar a los cómplices porque, sin el respaldo y la impunidad que les brinda la complicidad, los delincuentes no serían un problema grave, porque la mayoría de ellos simplemente terminarían donde ya muchos deberían estar: en la cárcel.
Me gustaMe gusta
Corrupción y reacción ciudadana
El fin de semana último, el reconocido periodista y médico argentino Nelson Castro visitó nuevamente nuestro país, invitado por La Nación, para disertar sobre la coyuntura política y económica que vive la región.
Un avezado observador de la realidad en la que se desenvuelven los pueblos de América del Sur, Castro delineó con lúcidos criterios la situación política y social común a los países que integran el Mercosur. Y en este contexto, el profesional argentino reveló una lapidaria descripción regional en la que existen diversos denominadores comunes, casi todos ellos con componentes preocupantes.
Como un elemento común, identificó a la corrupción al señalar que el nivel que ha alcanzado este flagelo en la región es muy fuerte y que ha encontrado un factor que es doblemente nocivo: el enorme grado de impunidad.
Si hay un aspecto que no han podido resolver los sistemas judiciales de nuestros países, con mayor o menor matiz, es la impunidad. En Argentina, en Brasil, en Uruguay o en Paraguay se han divulgado y revelado grandes hechos de corrupción y muy pocas veces –muy contadas– ha habido una condena. Y este es un problema que conduce a otras dificultades.
Mientras no haya condena de la justicia, o siquiera una sanción moral ciudadana, el corrupto, más aún aquel que ha ocupado un cargo de importancia en la estructura estatal o municipal, se seguirá ensañando en la genuina pretensión de bienestar a la que aspira el común.
Lamentablemente, a esta nefasta dinámica también ha contribuido la nula reacción ciudadana. Y esto lo lamenta el periodista argentino, y quizás todos los ciudadanos de bien. “Lamentablemente, no hay una conciencia de lo que la corrupción significa en términos de frustrar el destino de un país”, señaló Castro.
No hay equívocos en esto. Hoy, la corrupción tiene un enorme peso en lo que supone frenar la calidad de vida de la gente. Ocurrió en China, ocurrió en Argentina y también ha ocurrido desgraciadamente en Paraguay.
En estados notablemente débiles en sus instituciones como los nuestros (esto no ocurre en Europa, donde el sistema de control y punición sí funciona), otro aspecto negativo al que conduce la corrupción es que al expandirse se bifurca en vicios aún más nocivos como el crimen organizado y en especial la narcopolítica que, vale recordarlo, ha tenido una participación cada vez más creciente en la estructura de los partidos en la región. El periodista argentino advierte que el narcotráfico ha delineado categóricamente su objetivo en países como la Argentina o el Paraguay: cooptar el poder.
Pero quizá el aspecto más resaltante de este flagelo y que se termina padeciendo en sociedades debilitadas es el desinterés y la apatía ciudadana. Y en este punto, Castro nuevamente resalta que el político es notablemente temeroso de dos cosas: una es una sociedad que se involcura y que a la vez sea honesta. Este es el desafío al que sociedades como la paraguaya debe adscribir.
Solamente participando, cuestionando, interpelando y, eventualmente, movilizándonos, los corruptos terminan cediendo. Un ejemplo de ello fue lo ocurrido el año pasado con la rebelión de estudiantes en la Universidad Nacional de Asunción que acabó tumbando al entonces rector de esta institución, Froilán Peralta.
Episodios de corrupción se presentarán siempre y, probablemente, en la medida que los sistemas de control y castigo no se fortalezcan, también la impunidad será el resultado. Pero para cambiar este estadio es clave y esencial que todos, especialmente ciudadanía empoderada y honesta, se involucren y participen. No hay otro camino.
Me gustaMe gusta
EVITAR EL NEGOCIADO CON ALTOS ALQUILERES COBRADOS AL ESTADO
Una investigación de ÚH está sacando a luz varios casos de inmuebles alquilados a elevados precios al Ministerio de Defensa Pública por parte de funcionarios estatales o personas conectadas a figuras políticas y círculos oficiales. Algunos hechos violan la Ley de la Función Pública y una resolución de Contrataciones Públicas, otros instalan sospechas de estafa y otras irregularidades, que deben ser investigadas para individualizar a quienes resulten responsables, y aplicar las sanciones establecidas.
Paralelamente, el caso debe servir para manejar con más transparencia los alquileres en las instituciones del Estado, buscando imponer la austeridad en el manejo de los recursos.
El primer caso publicado el lunes revelaba que el Ministerio de la Defensa Pública pagará 694 millones de guaraníes (19.500.000 al mes) por una vivienda en estado ruinoso, perteneciente a dos funcionarias públicas, María Romualda Amarilla y María Mercedes Amarilla, a su vez dirigentes del Partido Colorado. Por el alquiler se estableció un primer contrato de alquiler por 285 millones, desde julio de 2014, que aumentó a 409 millones, vigente hasta diciembre de 2017.
En los días siguientes se conocieron más alquileres al MDP, como el caso del dirigente colorado y docente en Villarrica, Federico Vera, quien alquila una propiedad en Caazapá a la misma institución por 12.650.000 guaraníes mensuales por 19 meses (totalizando G. 240.350.000).
Otro caso divulgado es el de Gustavo Fatecha, sobrino del ex presidente de la ANDE y actual director de planificación del MDP, Germán Fatecha, quien alquila su propiedad también a la misma institución, en Caacupé, por un contrato de 280 millones de guaraníes durante 20 meses (14 millones al mes).
El caso conocido más reciente es el de concejala Belinda Gómez Cattebecke, presidenta de la Junta Municipal de Villa Hayes, hija del conocido caudillo colorado y ex senador Octavio Gómez, quien también alquila una propiedad a Defensa Pública en el centro de Villa Hayes, con un contrato de 90 millones de guaraníes por 18 meses (G. 5 millones al mes).
Cabe señalar que la titular del Ministerio de la Defensa Pública, Noyme Yore, se encuentra imputada por otra acusación de irregularidad, a lo cual podrían sumarse los hechos denunciados, en el caso de que se compruebe que constituyen delitos.
Algunos de los casos publicados violan la Ley 1626 de la Función Pública, así como la Resolución 849/15 de la Dirección de Contrataciones Públicas, que impiden que funcionarios públicos puedan obtener concesiones el Estado. Otros casos instalan sospechas de estafa y otras irregularidades, que deben ser investigadas para individualizar a quienes resulten responsables, y aplicar las sanciones establecidas.
Paralelamente, el caso debe servir para manejar con más transparencia los alquileres en las instituciones del Estado, buscando imponer la austeridad en el manejo de los recursos. Los elevados alquileres resultan llamativos, cuando con todo ese mismo dinero se podrían haber adquirido sedes propias. El despilfarro es aún más cuestionable en una institución como el MDP, encargada de defender a los procesados más humildes, a la que siempre se señala que no cuenta con los recursos suficientes para esta importante y necesaria función.
http://www.ultimahora.com/evitar-el-negociado-altos-alquileres-cobrados-al-estado-n1009846.html
Me gustaMe gusta
Combatir la corrupción hasta en sus formas más folclóricas
La corrupción en nuestra sociedad no solo está presente en los grandes negociados públicos, sino incluso en las prácticas más folclóricas, como las que ha revelado una investigación de ÚH y Latele, mostrando cómo empleados municipales desvían gran parte de la recaudación de las entradas al Jardín Botánico y al Zoológico de Asunción, expidiendo al público boletas viejas, que carecen totalmente de valor. Esta pintoresca manera de delinquir, que según las propias autoridades ya es habitual en el emblemático sitio, enfatiza que hay toda una cultura de corrupción que se mantiene y debe ser combatida aplicando ejemplares sanciones a quienes resulten responsables, pero principalmente debe ser enfrentada en el terreno de la educación.
El Jardín Botánico y Zoológico es uno de los espacios verdes recreativos más emblemáticos de Asunción, que diariamente recibe a miles de visitantes y que debería generar una importante fuente de recaudación en concepto del pago de entradas para la Municipalidad de Asunción y las entidades que se ocupan del cuidado y mantenimiento.
Por ello, resulta a la vez llamativo y preocupante lo expuesto por un reportaje investigativo realizado por un equipo de periodistas de ÚLTIMA HORA y Latele, en donde se muestra cómo operan los funcionarios municipales que están a cargo de cobrar las entradas de acceso al lugar, al desviar gran parte del dinero percibido a sus bolsillos.
El mecanismo es bastante simple y alevoso: en algunos casos entregan boletas antiguas, recicladas de entre las ya desechadas y que no tienen valor comercial. En otros casos, una misma boleta es usada dos o tres veces, ya que también entregan a los visitantes las copias que corresponden a la administración o a la Dirección del Jardín Botánico, o directamente cortan una boleta en dos partes, y entregan los dos pedazos a personas diferentes, según se pudo demostrar en varias ocasiones, con imágenes grabadas en video con una cámara oculta.
Aunque en principio los montos parecen reducidos (se cobra una entrada de 7.000 guaraníes por vehículo al Jardín Botánico y 6.000 por persona al Zoológico), la gran cantidad de visitantes por día, y especialmente en los fines de semana, hacen que la cifra del dinero robado pueda ser realmente elevado.
La situación descrita por la investigación periodística reafirma que la corrupción en nuestra sociedad no solo está presente en los grandes negociados públicos, sino incluso en las prácticas más folclóricas o pintorescas. Por ello, debe ser enfrentada y combatida en todos los niveles, con sanciones ejemplares para quienes resulten responsables de las irregularidades, luego de un estricto sumario administrativo.
Además hay que perfeccionar los mecanismos de control en todas las instancias de manejo del dinero público, aun sobre los montos aparentemente más insignificantes. Hay que establecer cada vez más sistemas de transparencia, con informaciones abiertas y accesibles al escrutinio público, y que las autoridades incorporen el concepto de rendir hasta el último guaraní de lo que perciben las distintas administraciones gubernamentales.
Pero la principal tarea para ir cambiando este lamentable panorama debe ser en el plano educativo, apostando por una formación en valores éticos y morales desde la más tierna infancia, que abarque todos los niveles pedagógicos. Solo así lograremos ir desterrando las prácticas corruptas, para hacer posible un Paraguay distinto.
http://www.ultimahora.com/combatir-la-corrupcion-sus-formas-mas-folcloricas-n1012667.html
Me gustaMe gusta
Urge mejorar la gestión de los municipios y las gobernaciones
Los municipios y las gobernaciones tienen cada vez más recursos públicos. Paralelamente, se han sucedido casos de corrupción, falta de transparencia y pocos resultados para la población que los habita. Esta mayor cantidad de recursos, además, no proviene de su esfuerzo por recaudar, sino que los reciben del Gobierno central, lo que ha generado una pereza fiscal, atentando contra la justicia tributaria. Este esquema contribuye a consolidar las profundas desigualdades sociales y económicas, emergiendo otro tipo de desigualdad: la territorial. Es urgente que el país cuente con mecanismos justos y eficientes para gestionar los recursos públicos, incluyendo los relativos a gobernaciones y municipios.
Los reportes del Ministerio de Hacienda indican que en los últimos 10 años las gobernaciones y municipalidades han sido las instituciones públicas que más se han beneficiado con el aumento de los recursos públicos provenientes de royalties y compensaciones.
A estos recursos hay que agregarles los propios de los municipios, como el impuesto inmobiliario, monto que está muy por debajo de la potencialidad recaudatoria, debido a que a las autoridades locales les es mas fácil recibir recursos del Gobierno central que hacer el esfuerzo de recaudar.
A pesar de estos importantes fondos, la ciudadanía que habita cada uno de los distritos y departamentos del país ve pocos resultados, pero además constantemente es testigo de casos de corrupción. Los más publicitados recientemente han sido los techos que se caen y los almuerzos escolares de mala calidad o que no llegan.
Este conjunto de problemas tienen origen en el inadecuado marco legal vigente y en la impunidad de que gozan las autoridades locales y departamentales. Es decir, los tres poderes del Estado tienen responsabilidad en la mala gestión de los recursos públicos en las gobernaciones y municipalidades. El actual marco legal no garantiza un sistema de incentivos adecuados para impulsar eficiencia, eficacia y equidad. Los incentivos tampoco garantizan la adecuada coordinación entre los objetivos nacionales y los objetivos territoriales.
Un ejemplo claro es el de la vivienda. Los gobiernos departamentales y municipales tienen amplias competencias en el área; sin embargo, es el Gobierno central el que dedica cada vez más recursos a la política habitacional. De igual modo se puede hacer referencia a la política social o a la agropecuaria, ámbitos en que estos gobiernos tienen poco o nada de impacto, a pesar de los recursos y las competencias con que cuentan.
Al contrario, el prebendarismo y los negocios de las autoridades locales de turno han contribuido a la construcción de escuelas, establecimientos de salud y pozos de agua que no se necesitaban o de mala calidad.
Las normas de contrataciones públicas tampoco ayudan, especialmente en el caso de las municipalidades que no cuentan con mecanismos para que la ciudadanía haga seguimiento de las compras públicas. Esto afecta a la transparencia de la gestión.
Los informes proporcionados al Ministerio de Hacienda por parte de las gobernaciones y municipalidades tampoco proporcionan información relevante ni siquiera sobre los recursos que esta institución les transfiere.
La corrupción derivada de la impunidad judicial se suma a la gestión deficiente, dando lugar a una situación que desde cualquier perspectiva no favorece resultados positivos para la ciudadanía. Es urgente que el país debata sobre los mecanismos necesarios para mejorar la gestión departamental y municipal. Esto incluye a la ciudadanía y a los tres poderes del Estado.
http://www.ultimahora.com/urge-mejorar-la-gestion-los-municipios-y-las-gobernaciones-n1055408.html
Me gustaMe gusta
Efectos de la corrupción
Hace bastantes años estoy impresionado y profundamente preocupado por el crecimiento de la corrupción en nuestro país. Cada año se renueva el impacto no solo por la ingente cantidad de denuncias de actos de corrupción descarada que los medios de comunicación social, sobre todo diarios que la investigan, nos la describen cotidianamente, sino también por la triste información anual de Transparency International que nos viene clasificando reiteradamente entre los tres o cuatro países más corruptos del mundo.
La dolorosa preocupación me ha motivado a explorar sobre el tema, con el deseo de no quedarme pasivo y en la medida de mis posibilidades intentar contribuir para ayudar a tomar conciencia, sensibilizar sobre el tema y reflexionar sobre qué puedo hacer, qué podemos hacer para liberarnos de esta lacra delictiva y demoledora de la nación.
Tengo fundamentos y sobradas experiencias para estimar la calidad humana y la bondad natural de los paraguayos en general, de la gente, la verdadera gente y pueblo paraguayo y me cuesta entender cómo unos pocos miles (es un decir) de corruptos abusan de la ciudadanía honesta, aprovechando sus posiciones de poder para usurpar funciones o medios del Estado (o sea, de los servicios a la ciudadanía) y explotarlos para apropiarse injustamente bienes ajenos económicos u otros en beneficio propio o de sus familiares, allegados o adherentes políticos.
Dos temores me inquietan: el primero, que la corrupción es contagiosa y se extiende, especialmente porque los corruptos logran sus objetivos impunemente. El segundo porque la corrupción es tan dinámica que se autofortalece y acrecienta, ya es fenómeno social (no es problema de individuos aislados) y se ha constituido en sistema compacto y expansivo. Francisco Blanco León, abogado e investigador paraguayo, especializado en el estudio de la corrupción, en su novedosa e importante “Teoría General de la corrupción” lo explica muy bien: “(La corrupción) ya ha evolucionado tanto que solo se la concibe como un sistema. Ningún corrupto sobrevive ni actúa solo. Necesita formar un sistema en todos los poderes del Estado, que lo proteja y haga rentable y sustentable en las acciones conjuntas” (2015,69).
La pasividad, negligencia y permisividad generalizadas ante el avance de la corrupción en nuestro país, en mi opinión solo tienen una explicación: la mayoría de la población no tiene conciencia, no se da cuenta de los daños fatales que la corrupción nos hace a todos, también a la larga a los mismos corruptos, sus hijos y nietos. Si quieren saber cuáles y cuántos y en qué extraordinaria medida son gravísimos los daños de la corrupción, basta con que quienes tengan posibilidad por sí mismos o por algún amigo o amiga de explorar en internet, que entren en alguno de los buscadores, por ejemplo Google y escriban: Consecuencias de la corrupción. Se encontrarán con 536.000 artículos explicando las consecuencias dramáticas de la corrupción. O si prefieren, entren en Google y escriban: Efectos de la corrupción. Encontrarán 438.000 artículos, algunos de ellos pueden repetir lo que viene en consecuencias, pero tenemos bastante para ilustrarnos con lo que han escrito quienes han reflexionado sobre los desastres que nos trae la corrupción y nos lo ofrecen para ayudarnos a saber qué estamos permitiendo y qué nos sucede al quedar pasivos ante los corruptos. Jamás Paraguay saldrá del subdesarrollo si mantiene el estado actual y el ritmo de crecimiento de la corrupción. La corrupción está esterilizando a los partidos políticos, que a toda velocidad han perdido su identidad y han olvidado su misión de trabajar para el Bien Común. Miles de millones urgentemente necesarios para promover puestos de trabajo, para educación de alta calidad en todos los niveles, especialmente en la Educación Superior, se derrochan entre creciente cantidad de partidos políticos y creciente derroche en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, para convertir la acción de los partidos en organización politiquera de elecciones permanentes.
En tiempos de corrupción crece la inseguridad ciudadana, los proyectos sociales atienden a los síntomas, no eliminan las causas reales de la pobreza y la inequidad. El Estado no trabaja a largo plazo, sino con políticas de inmediata rentabilidad. El Estado y sus poderes se desintegran y posponen su misión. Y así un largo etcétera de efectos letales de la corrupción.
Por Jesús Montero Tirado
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/efectos-de-la-corrupcion-1556200.html
Me gustaMe gusta
Moralizar la política
15 marzo, 2017
En la vecina ciudad brasileña, Foz de Yguazú, gremios de abogados, comerciantes y ciudadanos iniciaron una campaña que busca moralizar a los políticos. Con la movilización, los yguazuenses buscan sensibilizar sobre la importancia de responsabilizar a los funcionarios públicos por los crímenes cometidos, en el ejercicio de la función pública, la reducción del gasto público, lucha contra la corrupción y garantizar una mayor transparencia en la rendición de cuentas.
La Asociación de Empresas Comerciales de Foz de Yguazú (ACIFI), la Asociación de Abogados de Brasil y Observatorio Social son las organizaciones que iniciaron y llevan adelante la campaña, y durante el fin de semana pasado realizaron la presentación pública, concienciando a la gente sobre la importancia del emprendimiento.
En menos de una semana, la “Campaña por la Moralización Política de Foz de Yguazú” llegó a varias empresas en la ciudad, así también a instituciones educativas como escuelas y universidades. La campaña exige la apertura de la comisión de investigación de concejales denunciados por corrupción. También piden la reducción, por la ley, a dos de los asesores legislativos por gabinete, además, la presentación mensual de las actividades de supervisión del gasto público, la creación de mecanismos legales y eficaces para garantizar la transparencia de la gestión municipal.
En diciembre del año pasado 12 concejales municipales de Foz de Iguazú fueron presos, en el marco de una investigación por corrupción llevada adelante por la Policía Federal y el Ministerio Público Federal. En agosto del año pasado, el intendente Reni Pereira, también había sido detenido, acusado por corrupción, peculado, usurpación de funciones públicas, fraudes y otros delitos.
Preocupados por la galopante degradación de la política y la corrupción en las instituciones públicas; las organizaciones civiles emprendieron la campaña de moralización de la política. Una iniciativa similar había llevado en nuestro país, la iglesia católica, durante la dictadura de Stroessner con el Diálogo Nacional, que según los obispos de aquella época buscaba recomponer “el tejido moral de la república”. No se sabe si la iglesia logró su fin en cuanto a la recomposición del tejido moral. Lo que sí es seguro es que nuestros niveles de degradación política son peores y va en progresivo aumento, gracias a la impunidad.
No vendría mal a nuestra sociedad imitar la iniciativa de los brasileños, a través de las organizaciones civiles, que de hecho, de forma aislada están trabajando por la transparencia en las instituciones públicas. Necesitamos urgentemente sanear la política y establecer mecanismos para frenar la destrucción de las instituciones y la galopante y desvergonzada corrupción.
Me gustaMe gusta
Denuncia a ex intendentes crea precedente contra la impunidad
La denuncia presentada ante la Fiscalía por el actual intendente de Encarnación, Luis Yd, contra cuatro jefes comunales que le precedieron en el cargo, acusados de varios presuntos delitos que implican un daño patrimonial de aproximadamente 2.000 millones de guaraníes de las arcas municipales, sienta un importante precedente en la lucha contra la impunidad ante la corrupción. La auditoría se pudo llevar a cabo mediante la movilización y presión de una gran parte de la ciudadanía encarnacena, a través de una campaña denominada ¿Dónde está la plata? Es de esperar que el Ministerio Público y el Poder Judicial respondan debidamente a esta expectativa cívica de transparencia y justicia, y no terminen apañando a una claque política amiga del poder, como ha ocurrido en otros casos.
Tal como se esperaba, el intendente municipal de Encarnación, Luis Yd, presentó este miércoles ante la Fiscalía General del Estado una denuncia contra cuatro ex jefes comunales colorados que le precedieron en el cargo, a quienes se acusa de presuntos delitos cometidos durante sus administraciones, según los resultados de la última auditoría externa realizada, en donde se refleja un daño patrimonial a las arcas municipales, estimado en unos 2.000 millones de guaraníes.
La presentación ante la Justicia es el corolario de un importante proceso de acción ciudadana en la capital del Departamento de Itapúa, desde que en las elecciones municipales del 2015 el voto popular puso fin a un periodo de 75 años de permanencia del Partido Colorado en el poder de la región, al elegir como intendente a un opositor, en este caso el candidato Luis Yd, apoyado por un amplio frente de partidos y movimientos.Una de las principales exigencias de los sectores ciudadanos al nuevo intendente fue el de realizar una auditoría externa de las gestiones de los anteriores intendentes, ante la presunción de que se habían cometido varias irregularidades, principalmente en la adjudicación de obras públicas y la malversación de fondos municipales.
En febrero de 2016, el intendente Yd pidió a la Junta Municipal encarnacena, en donde el Partido Colorado mantiene una mayoría de 8 concejales, que se autorice la contratación de un servicio de auditoría externa para revisar la gestión de los anteriores gobiernos comunales. Los concejales del llamado G-8 negaron el pedido, con el pretexto de que la auditoría externa iba a resultar muy cara y no había dinero suficiente.
Ante esta situación, los sectores ciudadanos iniciaron una gran movilización y una colecta pública para recaudar el dinero que pueda cubrir el costo de la auditoría. Ante la presión, los concejales debieron rever su postura y acabaron autorizando la contratación de la auditoría, que tras varios meses reveló que durante la gestión de los intendentes colorados Juan Schmalko, Élida Bartonchelo, Joel Maidana y Hugo Barreto, del 2006 al 2015, se produjo un millonario daño patrimonial.
La denuncia contra los cuatro ex jefes comunales es por lesión de confianza, cobro indebido de honorarios y apropiación y producción de documentos no auténticos.
El caso establece un importante precedente en la lucha contra la impunidad ante la corrupción.
Es de esperar que el Ministerio Público y el Poder Judicial respondan debidamente a esta expectativa cívica de transparencia y justicia, y no terminen apañando a una claque política amiga del poder, como ha ocurrido en otros casos.
http://www.ultimahora.com/denuncia-ex-intendentes-crea-precedente-contra-la-impunidad-n1072741.html
Me gustaMe gusta
El abordaje superficial –y misógino– de la corrupción
Por Paula Carro
Una de las ventajas de hacer periodismo en el presente es que se puede medir el impacto de la noticia entre los lectores de forma casi instantánea. Si bien antes de la incursión masiva de internet no había tantas teorías sobre la inminente muerte de los periódicos, el alcance de la información era menor y por ende las preferencias de los lectores en cuanto a información no eran fácilmente medibles. Así pues, cuando sabemos qué es lo que más “moviliza” a los lectores, podemos asegurarnos de que la información no omita aquellos datos que podrían ser de su interés. Ahora bien, ¿ese interés por “condimentar” la noticia nos da licencia para promover un discurso de odio hacia hombres, mujeres o niños?
Es lo que podemos observar, y cada vez con más frecuencia, cuando se condimenta la noticia poniendo como centro de ella a una mujer. De acuerdo con los parámetros instalados últimamente, una mujer con la que el funcionario corrupto tiene un vínculo reprochable desde el punto de vista moral es más noticia que la corrupción misma. Aún a sabiendas de ello, y por su sola condición de mujer, los medios la convertimos en el centro de la información, desplazando la atención del mismo funcionario y del mismo hecho punible. Y si esa mujer involucrada en esa historia que hemos conseguido tuvo el karma de haber nacido bella, ¡que alguien la salve de nuestro desprecio y de nuestra tinta!
Haya sido una decisión basada o no en las preferencias de los lectores, en algún momento los medios determinaron que cuando se está ante un hecho de corrupción, es más “gancho” la mujer del corrupto que el corrupto mismo. De esta manera han ido desfilando en las páginas de los diarios las secretarias “vip”, niñeras “vip”, “niñas mimadas de” y nos hemos encargado de desplazar la atención que debe recibir la comisión de un hecho punible para instalarla sobre un debate moral; una discusión en la que el centro inexorable de las críticas son ellas, a las que no debiéramos justificar ni por un segundo, pero tampoco olvidar lo que subyace tras nuestra descarnada superficialidad.
Es casi como si culturalmente aceptáramos que la actitud de ellos es esperable y hasta aplaudible. Hay algo muy atávico en eso. Quienes trabajamos en medios de comunicación tendríamos que revisar con urgencia qué tipo de información estamos proporcionando, qué mensajes transmitimos, qué nos está movilizando para destruir día tras día lo poco que hemos construido hasta hoy en pos de una sociedad más justa con las mujeres, y por qué rotulamos a las mujeres más que a los hombres. Los periodistas deberíamos recordar día tras día la responsabilidad que tenemos en la formación de opinión.
En una sociedad que consume día tras día noticias que señalan a la mujer del corrupto más que al corrupto mismo se construye una consciencia colectiva de que lo que hace él no es tan malo después de todo.
Me gustaMe gusta