La prevención de los delitos, una ilusión

Los asaltos frecuentes que ocurren en las calles muestran que la prevención de los delitos sigue siendo una ilusión y tampoco se vislumbra una leve esperanza de que pueda cambiar tal estado de cosas.

En los barrios de Asunción, así como del área metropolitana y del Alto Paraná, los motochorros causan estragos y dolor sin retorno para muchas familias.

Una estadística del 2015 de la Fiscalía también muestra que los asaltantes son más violentos, ya que el asalto o robo agravado fue el delito más cometido durante el año pasado en todo el Departamento Central.

Según un informe de la Policía Nacional, en el 2015 aumentaron un 19 por ciento los robos en las calles, viviendas y comercios, comparando con el 2014. Estas cifras y el sentir cotidiano de la gente, el día a día, demuestran que la Policía está fallando en su tarea de prevención, en especial en Asunción, Central y en el Este del país.

Además, se presume que en Asunción el despliegue de recursos tendría que ser más eficaz, porque están las principales instituciones de la República en un gobierno centralizado, aunque esto no pasa de ser una teoría, ya que a pasos del Palacio de Gobierno, del Congreso y de la Comandancia de la Policía Nacional suelen haber asaltos a mano armada.

Teniendo en cuenta estos hechos, se puede colegir que la Constitución Nacional es letra muerta, cuando enuncia que toda persona tiene derecho a ser protegida en su libertad y en su seguridad. Y respecto a la Policía Nacional, dice que tiene la misión de preservar los derechos y la seguridad de las personas y entidades y de sus bienes, ocuparse de la prevención de los delitos, entre otros aspectos.

Otro de los problemas que también generan un campo propicio para los asaltantes es la poca iluminación en muchas zonas. Por citar, el barrio Santísima Trinidad y áreas aledañas tienen calles oscuras, donde los motochorros hacen de las suyas.

Incluso, en dicha zona, luego de un atraco, uno va a la comisaría a denunciar y minimizan el asalto, diciendo que “seguro los delincuentes te amenazaron con una pistola de juguete”. Sin embargo, era un arma de fuego real y la vida de la víctima corría peligro.

Un aspecto que también se debería reestructurar es que solo la cantidad necesaria de policías quede en las oficinas administrativas o actúen de escoltas de las autoridades, y que más agentes salgan a las calles para controlar y hacer los patrullajes. La parte operativa es fundamental para, al menos con más presencia policial en las calles, persuadir de alguna manera a los delincuentes a no cometer los hechos punibles.

En conclusión, no funciona la prevención y hasta para tomarte una denuncia son informales. Por ahora, solo nos resta rezar para que no nos pase nada, ya que lamentablemente los organismos de seguridad no cumplen a cabalidad su cometido constitucional.

Por Rodney Schmidbauer

http://www.ultimahora.com/la-prevencion-los-delitos-una-ilusion-n973193.html

 

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9 comentarios en “La prevención de los delitos, una ilusión”

  1. Bienvenida al nuevo héroe

    Los héroes existen en la imaginación de la humanidad desde hace miles de años. De tan viejos, algunos viven en el limbo entre la fantasía y la realidad y todos tienen en común que son grandes guerreros. Algunos de esos notables son Alejandro Magno, a quien la muerte le sorprendió con apenas 32 años, luego de conquistar todo el mundo. O Teseo, quien venció al temible Minotauro, o Hércules.

    Otros diestros artistas de la guerra fueron dos que alcanzaron el rango de semidioses y que cruzaron sus aceros (en realidad sus bronces) frente a las murallas de Troya, Héctor y Aquiles.

    Para todos ellos, hace 120 años la historia dibujó una línea de un antes y un después. Fue el domingo 25 de octubre de 1896, cuando en The New York Journal se publicaba el primer cómic llamado The Yellow Kid, creado por Richard Felton. A partir de entonces, los héroes fueron atrapados en pequeños recuadritos y de la historia pasaron a la historieta.

    Los semidioses evolucionaron y adquirieron poderes fantásticos. El primer héroe moderno, fruto de la mente de Édgar Rice Burroughs, fue Tarzán, quien salió a la luz también en octubre, pero de 1912, es decir, 16 años después del niño amarillo.

    Nuestro amigo de la jungla con taparrabos no tuvo que esperar ni un cuarto de siglo para que Lee Falk vistiera al siguiente personaje de manera decente, con traje ceñido al cuerpo que destacaba su musculatura pero sin que descubriera un solo cabello, pues por primera vez un defensor del bien llevaba puesto un antifaz para no ser reconocido.

    Este personaje calzaba dos pistolas al cinto y vivía en una cueva en forma de calavera. Era El Fantasma, considerado como el precursor estético de los cómics, que debutaba en 1936.

    Dos años después nació el primer superhéroe de la historia: Superman. Por primera vez, un hombre (no humano) podía volar sin alas, tenía fuerza y velocidad exponencial, una visión con triple virtud con la que podía ver muy lejos, rayos X y capacidad calorífica, capaz de derretir metales. Y pensar que sus creadores, Jerry Siegel y Joe Shuster, vendieron la historia por apenas 130 dólares.

    Kal-El, Clark Kent o simplemente Superman abrió la puerta de la imaginación para cientos de héroes con súperpoderes como Flash, Tornado Rojo, Shazam, Thor, el Hombre Araña, Silver Surfer, Los 4 Fantásticos o Hulk. Y otros sin capacidades mágicas, pero sí excepcionales como Capitán América o Flecha Verde y hasta los sobresalientes gracias a la tecnología, como Batman, Linterna Verde, La Mujer Maravilla, o Iron Man.

    Pecaríamos de injustos si en esta lista solo citáramos a los que lucen uniformes vistosos y no a otro tipo de héroes modernos, como el 007, James Bond, quien a pesar de no llevar un atuendo característico, nadie duda de su buen gusto por los trajes de marca.

    Otro súper agente destacado que dieron los guiones televisivos fue Maxwell Smart, conocido como el “86”. Pero siguiendo con la línea de las historietas, el agente que sin duda marcó época en la región fue el infalible Pepe Sánchez, creado por la fecunda mente de nuestro compatriota Robin Wood.

    Para finalizar, y resaltando a los héroes nacionales, hace unos días la sociedad paraguaya dio la bienvenida al más nuevo de todos. A pesar de no tener súperpoderes, sin ser Robocop, Gaspar Mereles Fernández, munido de su gastado uniforme policial de la Comisaría 4ta de Lambaré, enfrentó al temible y más actual enemigo: el “motochorro”.

    Mereles ni siquiera tenía móvil, así que para la persecución pidió prestada una moto al primer conductor que pasó cerca y a pesar del riesgo ni siquiera disparó su arma. Enfrentó al asaltante que tenía un puñal, lo desarmó y lo capturó sin que hubiera heridos.

    En este tiempo en que escuchamos de gatillos fáciles, de policías extorsionadores y coimeros y otros que hacen la vista gorda, saber de un uniformado que arriesga la vida respetando la ajena es algo que hay que resaltar.

    Los héroes existen en la imaginación de la humanidad desde hace miles de años. Son una necesidad porque en ellos la sociedad encuentra esperanza en medio de la desazón. Por eso, cada vez que nace uno nuevo, como el comisario Mereles, los simples ciudadanos se sienten un poquito menos inseguros.

    Por Alex Noguera

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  2. La República de los Conos

    Un tercio de siglo de ejercicio profesional como abogado, han servido para asistir a una época de profunda evolución del ordenamiento legal del país. El cambio de la Constitución Nacional, del Código de Organización Judicial, del Código del Menor (hoy Código de la Niñez y la Adolescencia), Código Civil, del Procesal Civil, del Laboral, Procesal Laboral, Penal, Procesal Penal, y muchas otras, que han marcado un cambio profundo y radical del sistema jurídico paraguayo.

    Muchos de esos cambios han sido el fruto del esfuerzo de algunos, por lograr la independencia legislativa nacional, cuando la mayoría de nuestras leyes eran el resultado de la adopción de leyes o proyectos extranjeros, como el Código Civil Argentino de Vélez Sarfield, o el de Procedimientos Penales, del mismo país.

    En otros casos, fue el resultado de la influencia y exigencia extranjera, que reclamaba la adopción de leyes adecuadas a estándares internacionales impuestos por normas y principios democráticos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de los Derechos del Niño, entre muchos otros, que -a su vez- tuvieron fuerte impacto en el resto de las leyes internas.

    Desde principios de la década de los ´80, hasta ahora, hemos vivido una verdadera revolución legislativa, que -con muchas virtudes y algunos defectos- pretendía conducir a nuestra sociedad hacia nuevas formas de convivencia social y un nuevo modelo de relacionamiento entre el Estado y sus ciudadanos.

    Sin embargo, a la luz de los hechos históricos registrados en paralelo, puede concluirse que esa revolución quedó reducida al texto de las leyes y no trascendió a la conciencia social, ni a la de sus gobernantes.

    No es el propósito de este análisis explicar las causas y razones de ello, sino apenas describir una situación real y palpable que evidencia la gran brecha existente entre las normas legales (y sus propósitos enunciados) y la realidad cotidiana.

    Recorrer calles, avenidas y rutas, a lo largo y ancho del país, sirve para constatar que nuestra mentalidad no ha evolucionado al mismo ritmo que nuestras leyes.

    Seguimos aplicando los mismos métodos que en el pasado, a pesar de que, casi con rigor científico, podemos afirmar que han fracasado. Peor aún, seguimos violando nuestras propias leyes, sin que nadie atine a imponer freno o establecer castigos.

    Nuestras calles, avenidas y rutas, están sembradas de “conos”, que anuncian la presencia de alguna autoridad que no tiene la menor intención de reconocer en los transeúntes su condición de presuntos inocentes, hasta tanto les exhiban documentos personales o los del vehículo en el que se desplaza.

    Conos puestos para advertir que la Policía Nacional, la Patrulla Caminera, la Policía Municipal de Tránsito, la Dinatrán, la Dirección de Aduanas, y en alguna oportunidad, inclusive la Senad, o cualquiera otra institución pública, ha salido de cacería, para sorprender a los transeúntes en alguna pretendida situación de flagrancia.

    Nada y a nadie importa que estos conos, puestos en medio de calles, avenidas y rutas, sean ilegales, o que su mera utilización constituya delito. Son puestos, en algunos casos –inclusive- utilizando como soportes para sujetarlos, cubiertas usadas, piedras u otros objetos, y permanecen en el lugar, aún después de que haya concluido el “procedimiento”.

    El Código Penal de la República, del año 1997, en su Art. 216, describe y sanciona el hecho punible denominado “Intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre”, en los siguientes términos: “El que: … produjera un obstáculo;…y con ello peligrara la seguridad del tránsito terrestre, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa…”, pero nadie se ha preocupado de hacer efectiva su vigencia.

    Transitar en horas de la noche por nuestras calles, avenidas y rutas, nos expone al grave riesgo, que representa sortear obstáculos puestos por nuestras autoridades para advertir que se encuentran o se encontraban realizado lo que con eufemismo denominan “tareas de prevención”, que no son otra cosa que meras actividades de represión.

    Estas conductas ilícitas de las autoridades, sin embargo y a pesar de las alegaciones de quienes las defienden o patrocinan, no tienen ningún resultado, más allá de sorprender y aprehender a uno que otro infractor o “delincuente de poca monta”, mientras aquellos “importantes”, compran su impunidad recurriendo al soborno, que ha adquirido características de epidemia.

    El caso de los requeridos por la Justicia Argentina, Ibar Pérez Corradi y el General Eduardo Alfonso (imputado en su país por hechos de represión ilegal durante la dictadura militar de ese país), quienes contaban con documentos de identidad paraguayo, auténticos, pero de contenido falso, proporcionados por miembros de la misma Policía Nacional, desnudan la inutilidad de las barreras, que en más de una oportunidad habrán “verificado” tales documentos.

    Mientras, gran cantidad de los ciudadanos son sometidos a humillaciones y vejaciones en estos procedimientos ilegales, por el solo hecho de encontrase procesados, o por haber sido -alguna vez-– condenado, a pesar de tener cumplida su sanción, y aun habiendo cuando han merecido sobreseimiento o absolución, por el mero hecho de “tener antecedentes”, los Pérez Corradi, Alfonso o muchos otros, siguen camino sin que nada los moleste o perturbe, a pesar de que viven, con nosotros, en un país que se ha convertido, por obra y gracia de sus autoridades, en la República de los Conos.

    Por: Abog. Jorge Rubén Vasconcellos

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  3. Incoherencias

    Por Sara Fleitas

    En nuestro país la seguridad está en “terapia intensiva”. Los altos jefes policiales deben concienciarse de que urge un cambio en la manera de encarar la protección que precisa la ciudadanía ante tan alto índice de criminalidad reinante.

    La Comisaría 10ª del distrito de Juan León Mallorquín, en Alto Paraná, cuenta con 10 efectivos para resguardar a unos 27.000 habitantes. Es decir, un policía por cada 2.700 personas.

    Pese a los insistentes pedidos para contar con más agentes e infraestructura, hasta hoy no hubo respuesta positiva ni de la Comandancia ni del Ministerio del Interior.

    Abigeatos, asaltos, robos a comercios y domiciliarios son una constante en esta comunidad.

    El viernes último, dos funcionarias de la Universidad Nacional del Este (UNE) fueron víctimas de un intento de asalto en las inmediaciones de la sede ubicada en Juan León Mallorquín.

    Los malvivientes efectuaron varios disparos de armas de fuego contra el vehículo en el que se desplazaban las mujeres, quienes por fortuna no se detuvieron y consiguieron llegar hasta la sede policial para protegerse y denunciar.

    En contrapartida, hace un par de semanas se asignaron unos 1.200 efectivos para el desalojo de unas 216 familias (5 policías por cada familia) del asentamiento San Rafael, en el distrito de Mcal. López.

    Esto demuestra la falta de coherencia y lógica de los altos jefes para ordenar los trabajos.

    Otro ejemplo es que si todos estos oficiales (los 1.200) se movilizaran hacia el Norte del país en busca de su camarada Edelio Morínigo, secuestrado desde hace 694 días, este ya estaría en su casa para felicidad de su familia, al igual que Abrahán Fehr, con 295 días de cautiverio.

    Los uniformados deben estar al servicio de toda la ciudadanía y no solo de unos pocos, que por su poder económico despojan de su legítimo derecho a otros pobladores.

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  4. Por lo bajo

    Nos sorprendimos todos. Pensábamos que sería una jornada normal de sábado. Es que a quienes nos toca trabajar los fines de semana sabemos a la perfección cuál es la rutina cuando no surgen imprevistos –el estado del tiempo, alguna que otra declaración de un ministro, una notita de color –, pero el hallazgo de ese túnel que pretendía llegar hasta la bóveda del Banco Continental me hizo click e hizo que viera el panorama de forma distinta, créanme.

    Vida normal. La primera reflexión que tuve después de que pasara todo el desmadre fue en todo lo que no sabemos que se está haciendo bajo tierra mientras caminamos tranquilamente por las calles, haciendo nuestra vida normal, yendo al laburo, haciendo trámites, pagando cuentas y llevando a nuestros chicos al colegio.

    No pude evitar pensar en los topos excavando mientras esperaba un colectivo que me llevara de vuelta a casa en esa esquina de las calles 15 de Agosto y Presidente Franco.

    Una metáfora. Me tomo el atrevimiento de afirmar que el túnel al banco es la metáfora perfecta de los fatos, los arreglos bajo la mesa y los chanchullos que se hacen por lo bajo en la política y otros planos (y ni qué decir en el submundo del tráfico de drogas).

    Después de esto: ¿Quién no se habrá imaginado en todo lo que pasa en ese mundo subterráneo que yace bajo la ciudad?

    Y pasa lo mismo con todo lo que se transa y se vende entre cuatro paredes.

    Todos nos imaginamos, todos rumoreamos, comentamos indignados, pero lo más probable es que no dimensionemos ni siquiera un cuarto de lo que pasa ahí abajo.

    También me tomo el atrevimiento de vaticinar que este tema del túnel se va a terminar como cuando se le destapa la olla a un actor político.

    La prensa va a hablar un par de días, se anunciarán sendas investigaciones y posiblemente la cosa se enfríe y acabe en el tan conocido oparei.

    Después, todos volveremos a la rutina de intentar sobrevivir, mientras tanto ellos seguirán moviendo los hilos y tramando millonarios asaltos bajo nuestros pies.

    Espero estar equivocado.

    Por Elías Piris

    http://www.ultimahora.com/por-lo-bajo-n993854.html

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  5. Combate a la delincuencia tanto en el campo como en las ciudades

    El pacto social para vivir en armonía establece como uno de los roles del Estado velar por la seguridad de las personas y sus bienes. Los ciudadanos pagan sus impuestos y acatan las normas para que el poder les garantice seguridad y servicios para que pueda desenvolverse sin contratiempos en la sociedad.
    El Estado, en cada momento coyuntural, es gerenciado por un Gobierno compuesto por los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial–, tal como establece el artículo 3 de la Constitución Nacional. Por eso, es equivocado considerar que el Gobierno es solamente el Poder Ejecutivo.
    Desde esta perspectiva, el problema de la inseguridad que reina en el Paraguay atañe al Ejecutivo y a las instituciones creadas para velar por el normal desarrollo de la vida de personas e instituciones –Ministerio del Interior y Policía Nacional, en primer lugar–, pero también al Poder Judicial, para que persiga y castigue a los delincuentes, y al Poder Legislativo, a cuyo cargo está gestionar la aprobación de las leyes que protejan los intereses individuales y colectivos.
    La falta de seguridad efectiva y la sensación de que es así aumentan, entre otras causas, porque las instituciones de la República actúan con irresponsabilidad al no asumir en plenitud la necesidad de aunar esfuerzos para combatir a los delincuentes, desde la convicción de que obrando como corresponde defienden a los habitantes del Paraguay y, por lo tanto, se blindan a sí mismos.
    A esta altura, ya casi no hay regiones ajenas a expresiones de la violencia de los marginales, si bien es cierto que la zona Norte de la Región Oriental es la más golpeada por el Ejército del Pueblo Paraguayo y los narcotraficantes.
    En general, en las áreas rurales, las personas se encuentran indefensas y sufren las consecuencias de la inseguridad. Una de ellas es su impacto en la producción agrícola-ganadera, que afecta indistintamente a pequeños y grandes propietarios de tierra. Es imposible trabajar en paz si existe la amenaza de que los implementos agrícolas van a ser quemados o si, cada tanto, aparecen bandas armadas que roban lo que encuentran a su alcance.
    Los gremios de grandes productores han alzado, una vez más, su voz para reclamar al Gobierno –es decir, a los tres poderes del Estado– mayor presencia y eficacia en sus acciones contra los violentos. La Policía Nacional es hoy un factor muy débil, sin el suficiente equipamiento ni la fuerza moral necesaria para cubrir el vasto territorio y velar por el cumplimiento de las leyes.
    El Poder Judicial tampoco es eficiente. El poder del dinero inclina la balanza de la Justicia hacia los que cuentan con el respaldo de suficientes razones económicas. La Federación de Cooperativas del Paraguay (Fecoprod) sigue reclamando al Gobierno mayor esmero por la seguridad en el campo.
    El Gobierno tiene que oír las peticiones, dejar de lado su desidia, abordar interinstitucionalmente el problema y dar respuestas a los campesinos y empresarios que viven hoy en medio de la incertidumbre y el peligro.

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  6. Historias de crímenes públicamente anunciados
    03 Abr 2016

    Repasando las crónicas policiales se puede constatar que un gran porcentaje de los asesinos, criminales, salteadores, motochorros, barrabravas, peajeros, tortoleros y demás criminales que florecen con nuevas denominaciones y el mismo denominador común, de atentar con impunidad contra el ciudadano común, en fin, toda la fauna de maleantes que abundan cada día más, se pasea libremente con tremendos prontuarios, que si valieran como currículum bastarían para candidatarlos al Nobel de la criminalidad, si existiera.

    Y en el currículum está el veneno: cómo es posible que sigan libres paseándose por las calles acechando a posibles víctimas al paso como si fueran ciudadanos honorables y ejemplares, porque evidentemente –si como registran las crónicas suman delitos “agravados”, cuando no unos cuantos “aguaí” marcados en la culata de la pistola o del cuchillo registrando el rastro de muertes dejados a su paso– algún mérito especial deben tener ante los jueces y ante los policías para que anden disfrutando de la libertad absoluta de reincidir, robando, golpeando, hiriendo o matando a transeúntes inadvertidos o que inevitablemente deben correr el riesgo de deambular por la ciudad por x lugares a x horas no recomendables.

    A la vista del “hecho criminal”, registrado en las comisarías y en los diarios, bastará que pasen unos días apenas para que el sujeto aparezca de nuevo capturado tras protagonizar un nuevo acto criminal. Basta con mirar en los diarios, señores ministros de la Corte, jueces, fiscales, policías, nombradores y enjuiciadores de magistrados, concesionarios de ascensos policiales, para verlos, con el currículum “agrandado y mejorado”, ejecutando una nueva hazaña.

    Y hay que constatar una osadía más de estos personajes: mayoritariamente actúan a cara descubierta, sin importarles cámaras indiscretas, ni siquiera las de televisión, cuando son detenidos, sin preocupación alguna, con la seguridad de que en pocos días van a estar de nuevo en libertad.

    Aquí hay que diferenciar una injusticia histórica de nuevo cuño; siempre se ha dicho que los criminales de alto nivel y grandes delitos, sobre todo los delitos millonarios, son tratados como señores, mientras que el ladrón de gallinas paga con cárcel eterna la etérea condena de los poderosos.

    Lo paradójico del caso es que, como contraparte, mientras estos presos sambuku gozan de la libertad ambulatoria con total impunidad, sin ningún piolín siquiera que los retenga al alcance policial, pese a que existen mecanismos tecnológicos modernos para tenerlos bajo control, los registros carcelarios aumentan hasta tal gigantismo que obligan a declarar las cárceles saturadas; y mientras organismos de derechos humanos nacionales e internacionales denuncian que aquí estamos abusando tremendamente contra la libertad de las personas aplicando sin piedad la prisión preventiva, sin tiempo determinado, a veces hasta por los siglos de los siglos, coexiste una permisividad de increíble generosidad con criminales reincidentes y asesinos, capaces de robar, violentar, torturar y asesinar, sin escrúpulos ni piedad, por un celular o un par de championes.

    Sucede lo mismo y cada vez más con los casos de mujeres criminalizadas, desde la “feminigarroteada”, acción violenta que, puesta en terminología folclórica, resulta social y hasta policialmente aceptada, con lo que resulta fácil cometer un feminicidio y constatar que una mujer asesinada, pese a que el crimen estaba anunciado públicamente, publicitado en los medios de comunicación y hasta denunciado en juzgados y comisarías fue fácilmente ejecutado sin control alguno.

    O con los menores abusados laboral o sexualmente sin ninguna protección familiar, al contrario, con frecuencia bajo el manto de la “autoridad” familiar o delegada por la familia.

    En fin, estamos ante una oleada de crímenes anunciados y criminales impunes, con libertad ambulatoria, por no decir con derecho a robar, golpear, robar, violar y matar a los ciudadanos comunes que han perdido ya el derecho a deambular, a vivir, en fin, con las mínimas garantías que proclama la Constitución y deberían garantizar las leyes y las autoridades; víctimas de crímenes, no casuales o circunstanciales, sino públicamente anunciados, como si cada día ciudadanas y ciudadanos tengamos que salir a la calle y hasta permanecer en los hogares sin ningún derecho, porque el único derecho garantizado es el de la libertad de delinquir.

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  7. Libertad condicional

    Por Guillermo Domaniczky

    – Está en la parte investigativa… están violando todos mis derechos –les dijo cual abogado a los periodistas que intentaban entrevistarlo el asaltante Rodolfo Valentino Torales, capturado en el predio del Hospital Central del IPS luego de cometer un asalto.

    El histriónico ladrón le hacía honor a su nombre, recordando al gran actor italiano a quien habrán querido homenajear los padres del asaltante, sin imaginarse que su vástago no tendría intenciones de robarse solo los escenarios y los aplausos del público.

    Rodolfo Valentino había sido detenido tras asaltar a un guardia de seguridad, junto a otros dos cómplices que fueron capturados más tarde.

    Al revisar sus datos, la policía encontró que los tres asaltantes estaban libres pese a tener procesos judiciales abiertos.

    Uno de los cómplices había sido detenido por un asalto en julio del año pasado, cuando fue imputado por robo agravado y beneficiado luego con arresto domiciliario, pese a tener nueve antecedentes por varios asaltos a casas y comercios. El otro cómplice también tenía un arresto domiciliario por el delito de reducción.

    El líder del grupo, el asaltante con nombre de actor, gozaba en cambio de una libertad condicional, pese a haber sido condenado a 14 años de cárcel tras liderar el violento asalto a mano armada a una casa, donde además abusaron de dos mujeres.

    ¿Cómo puede concedérsele entonces libertad condicional a un hombre que actúa como una bestia?

    El juez Édgar Martínez Paniagua fue el responsable de esa decisión. Lo entrevistamos en la 730 AM y primeramente aseguró que no era él quien lo había liberado y que todo se trataba de un error.

    Un par de minutos más tarde nos llamó y admitió que le había concedido la libertad condicional el año pasado.

    Interrogado sobre por qué lo hizo, intentó justificarse diciendo que el delincuente tuvo buena conducta en la cárcel y que él está obligado a otorgarla cuando se cumplen las dos terceras partes de la condena.

    Le refutamos la interpretación errónea, recordándole que según el Código Penal el juez tiene la atribución de concedérsela o no, y que para eso debe sopesar no solo el tiempo de encierro y la conducta en la cárcel, sino también, entre otras cosas, las características del hecho punible por el que está presa la persona.

    Le dijimos varias veces que era una potestad, una atribución suya y no una obligación, pero no hubo caso.

    El juez siguió argumentando que estaba obligado, y que el asaltante y violador solo tenía ese antecedente.

    – ¿“Solo” violación a dos mujeres? –le insistimos.

    – Sí, solamente –respondió, y cerramos la entrevista.

    Me quedé pensando después en esas mujeres, en sus familias, y en la primera línea de este comentario, como si la frase le hubiese sido enseñada al asaltante por el propio juez que lo liberó.

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  8. Los delincuentes se pasean a sus anchas

    Tres delincuentes fueron detenidos el jueves tras un tiroteo en el predio del Hospital Central del IPS. Pese a sus frondosos antecedentes, los tres estaban libres, dos con medidas sustitutivas y uno, condenado a 14 años de cárcel, disfrutaba de libertad condicional. En otro episodio, ocurrido recientemente, el comerciante Pedro Acosta ultimó a dos delincuentes habituales que lo asaltaron en pleno día, en una muy transitada avenida de Asunción. Los dos fallecidos también tenían medidas sustitutivas a la prisión.

    Estos trágicos sucesos revelan, una vez más, que la “sensación” de inseguridad que tiene la gente está bien fundada, pese a lo que digan las estadísticas oficiales. Se cometen asaltos violentos a todas horas y en todas partes, no solo porque la Policía Nacional no cumple a cabalidad con su deber de preservar la seguridad de las personas y de sus bienes, así como de prevenir los delitos. La criminalidad está en auge también porque los agentes fiscales y los jueces ignoran la ley por negligencia o hasta por complicidad con los malvivientes, según se desprende de los prontuarios de los fallecidos en el segundo incidente mencionado: Fernando Giménez tenía antecedentes por lesión corporal (1994), robo (1996), atropello de domicilio (1998), robo de vehículo (1998 y 1999), hurto agravado (2000, 2007 y 2012) y robo agravado (2012); Wilfrido Duarte Molinas ya tenía registros por robo agravado (2010), hurto (2014) y robo agravado (2015), habiendo estado bajo supuesto arresto domiciliario al cometer este último crimen.

    Teniendo en cuenta que los hechos punibles perpetrados por ambos fueron numerosos y recientes, cabe preguntar cómo es posible que delincuentes con semejante “pedigrée” anden sueltos por las calles cometiendo sus fechorías.

    Ambos deberían haber estado en la cárcel y no con prisión domiciliaria, ya que el robo agravado tiene expectativa de pena de cinco años o más de cárcel, lo que, según el Código Penal, no permite la medida sustitutiva mencionada. Igual cosa puede decirse en el caso de los detenidos tras el tiroteo de ayer.

    Por todo esto, debería conocerse el criterio aplicado por los fiscales y jueces intervinientes, y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados debe actuar en consecuencia para proteger efectivamente a la sociedad jaqueada por los delincuentes.

    El sangriento episodio demuestra también que el arresto domiciliario no tiene real vigencia efectiva, pues su control no es más que aleatorio, en el mejor de los casos. Tal vez haya jueces que conceden irregularmente las medidas sustitutivas porque las cárceles están atestadas, olvidando que su obligación es cumplir estrictamente la ley, independientemente de las condiciones actuales del sistema penitenciario.

    El Estado monopoliza la fuerza legítima y las personas pueden recurrir a la violencia solo excepcionalmente. Debido a las graves falencias de la Policía Nacional, del Ministerio Público y del Poder Judicial, se corre el serio riesgo de que las víctimas de los bandidos consuetudinarios tiendan cada vez más a defenderse como puedan.

    La sociedad se siente desprotegida, pese a que uno de los fines de las penas de prisión es el de protegerla. Ellas también tienen un efecto disuasorio, siempre que sean efectivamente impuestas y no queden a merced del voluble criterio de fiscales y jueces complacientes.

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  9. Estado incapaz de garantizar una justicia pronta y barata

    Que la Justicia paraguaya mide con varas diferentes al ladrón de gallinas y al defraudador de guante blanco no es ciertamente una novedad. Datos de una investigación reciente dan cuenta que al menos 9.500 personas que se encuentran hoy privadas de su libertad están sin condena, debido sobre todo a que carecen de los recursos necesarios para “acelerar” sus procesos en los tribunales. Se trata nada menos que del 78% de toda la población penitenciaría, gente que aguarda alguna resolución en sus casos mientras guardan reclusión en condiciones deplorables. Ni todos ellos serán inocentes ni todos culpables, pero el hecho es que el Estado se muestra incapaz de garantizar una justicia “pronta y barata” para estas personas.
    En el otro extremo de la escala se ubican los renombrados políticos y empresarios acaudalados que están involucrados en hechos de escandalosa corrupción y que se valen de cuanta chicana legal y maniobra dilatoria exista para no pisar ni por unas horas una cárcel. Los procesos en estos casos también son lentos y engorrosos, con la diferencia que los favorecidos son los acusados, que aguardan la prescripción de las causas sin alterar un ápice su vida cotidiana.
    Al analizar el comportamiento de muchos jueces y tribunales es fácil constatar que el Estado paraguayo es hasta ahora incapaz de garantizar una justicia eficaz y equilibrada, independiente de las presiones sectoriales y libre de la corrupción. Por el contrario, es necesario admitir que la venalidad, la desidia y la negligencia corroen de lado a lado y de arriba a abajo el Poder Judicial en Paraguay.
    La justicia lenta y farragosa que tenemos acarrea perjuicios no solo a los directamente afectados. Este funcionamiento deficiente representa un considerable volumen de gastos para las arcas estatales, que bien podrían encaminarse a la solución de otras necesidades. Y no solo eso, conduce también al colapso de todo el sistema penitenciario, que debe albergar y sostener a miles de reclusos que no tienen condena.
    El caso de la mayor penitenciaría del país es emblemático. Aunque hace pocos días fue clausurado el ingreso de nuevos internos, la cárcel de Tacumbú está largamente rebasada en su capacidad. En la actualidad, la población penal de esta cárcel llega a los 3.919 internos, cuando su capacidad, siendo generosos, solo alcanza las 1.687 plazas, de acuerdo con datos oficiales.
    Es crucial impulsar los cambios necesarios para que Tacumbú y otros presidios, como el de Ciudad del Este, que también fue clausurado para la llegada de nuevos reclusos, debido a la superpoblación, dejen de ser depósitos humanos donde por igual se arroja a su suerte a condenados y procesados, a criminales, mafiosos y asesinos y a ladrones de gallinas, individuos con problemas de adaptación social y hasta enfermos mentales. Además, para muchos de los privados de su libertad, con condena o sin ella, las cárceles se convierten más que en un sitio de punición y de recuperación social, en una suerte de “universidad” del delito, donde se conforman nuevas bandas delictivas, se planifican y dirigen golpes y hasta se ejecutan extorsiones.
    La Justicia tiene un alto grado de responsabilidad en esta situación. De su mismo seno deben partir las iniciativas que conduzcan a un definitivo cambio de paradigma y a la instalación de una nueva cultura en nuestros tribunales.

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