Rutas

Una ruta que está en construcción que une Vallemí con Concepción, en el Primer departamento colapso, según los primeros informes a raíz de las torrenciales lluvias caídas en este departamento al igual que en todo el país. El resquebrajamiento se produjo a la altura del kilómetro 62, poco antes de llegar a la ciudad de San Alfredo, en el departamento de Concepción. El tránsito quedó inhabilitado en la arteria dejando aislada a ciudades como Vallemí, cuyo acceso ahora solo se puede realizar por agua o vía aérea.  La tremenda fosa divide la ruta en dos  y cruza de forma horizontal  todo el pavimento, la profundidad del zanjón formado también es de respetables proporciones lo que habla a las clara de la gravedad del problema y el tiempo que llevará su reparación.

 

Lo preocupante es como se construyen las rutas en el país, esta es nueva aun no fue recibida oficialmente por el MOPC y tiene un percance gravísimo en un tramo que ya se tenía como culminado, lo que pone en entredicho la calidad y los nulos controles de las empresas fiscalizadoras , se reconoce que las ultimas precipitaciones pluviales fueron importantes, pero se supone que obras tan costosas como el asfaltado de rutas deben ser hechas con todas las garantías para estas exigencias  y que deben dar comodidad y seguridad vial a los que transitan por ellas, en este caso  que no haya habido una tragedia con la caída en la fosa de alguna unidad del transporte público, en una zona de tránsito rápido  es una suerte y también mérito de la policía nacional que rápidamente cubrió el lugar con sus efectivos.

 

No es el primer caso de rutas que se abren cual si hubieran sufrido los efectos de un terremoto o puentes que se caen como consecuencia de las lluvias o la erosión del agua y es preocupante que  esto acontezca en el país , principalmente porque las obras viales se realizan con mucho sacrificio generalmente con préstamos que se hacen y que el pueblo debe pagar con sus impuestos y tributos por lo que los funcionarios del MOPC, debieran tener mayor cuidado en el control y la selección de las empresas que realizan estas obras , ya que indudablemente la calidad de los mismos dejan mucho  que desear al grado que, como en este caso, aun antes que se inaugure la misma ya sufren estas averías profundas que no dan ninguna tranquilidad sobre el futuro de las mismas.

 

Las construcciones viales fueron siempre el gran foco de la corrupción en la función pública  generadora de riquezas inmensas logradas en forma fraudulentas  encumbrando  a una nueva casta de millonarios  que medraron y siguen haciéndolo a costilla del pueblo, que no puede continuar y debe ser perseguido y castigado. El estado y la ciudadanía debe mostrarse inflexible y reclamar la inmediata reparación de la franja dañada y  controlar  que las obras se construyan dentro de los parámetros que marcan las licitaciones aprobadas, igualmente que las mismas se construyan en los tiempos calculados y que figuran en los contratos y no que sobrepasen el doble el tiempo establecido para su culminación.

 

Andrés Granje

62 comentarios en “Rutas”

  1. Planes para Misiones
    Por Rafael Montiel

    El Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas de la Nación de nuestro país, con base en un convenio marco institucional con la Gobernación de Misiones, realizará la reparación y mantenimiento de caminos vecinales que son del octavo departamento. La mayoría de las vías se encuentra en pésimas condiciones.

    El trabajo vial que se planifica con apoyo de la institución castrense es una señal de que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) no tiene capacidad ni responde a las necesidades de arreglo y mantenimiento de las rutas y puentes.

    El problema vial en la zona rural del departamento de Misiones ya tiene décadas. Existen temporadas en las que los productores agrícolas y del sector ganadero se ven en una situación dramática para trasladar sus cosechas para vender en los centros de consumo.

    Desde hace años se suceden reclamos de los agricultores, ganaderos y comerciantes por el déficit en materia de vialidad en el interior del departamento. En tanto, el Distrito 8 del MOPC, con sede en San Ignacio, no da abasto ni responde a las necesidades de arreglos de los caminos rurales y puentes.

    También la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) inició una conversación con autoridades departamentales y municipales a fin de establecer un “plan maestro” para capacitar y formar recursos humanos en diversas áreas: obras públicas, salud, educación, producción y turismo para desarrollar en el departamento.

    Misiones es un departamento con muchas posibilidades de desarrollo económico, social, político y cultural. De ahí la importancia de la presencia del Comando de Ingeniería que, sin duda, con su maquinaria y personal capacitado ayudará a paliar los problemas viales.

    Por otro lado, la JICA hará un importante aporte a través de su voluntariado y especialistas para formar técnicos y mandos medios con el objetivo de participar en el desarrollo de las comunidades que conforman Misiones. De cumplirse bien la iniciativa, también se podrían generar fuentes de trabajo y se lograría el despegue económico de los municipios más aislados del departamento.

    El drama de la gente es qué hacer para incorporarse de manera activa en el campo laboral, sin depender del Estado. Para el efecto nada mejor que la capacitación profesional integral que plantea la JICA y las autoridades municipales y de la Gobernación deben acompañar estos planes prioritarios y urgentes.

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  2. Un retorno al pasado
    Por Clide Noemí Martínez

    El esfuerzo de un grupo de vecinos del área rural de Guazú Cua, que acudieron masivamente para tratar de recuperar el desastroso camino que lleva a la compañía Potrero Piru, cansados de las incumplidas promesas de reparación de las autoridades locales y departamentales, revivió una imagen del Paraguay de las primeras décadas del siglo pasado. Emulando aquellas épocas, en las que ni se soñaba con maquinaria vial para la reparación de los pocos caminos existentes, los lugareños acudieron con palas y azadas para “desagotar” el terraplén cubierto de agua y barro, que no permitía el tránsito de vehículo alguno y mantenía desabastecida a la compañía de los artículos esenciales para la supervivencia.

    Tras liberar la calzada y ante la ausencia de camiones que puedan traer material seco para dar consistencia a la vía, los vecinos optaron al histórico método de unir troncos de karanda’y y con ellos improvisar una suerte de rudimentario pavimento de madera, que permite a motos y vehículos de cuatro ruedas superar los pasos más críticos. Una fórmula similar utilizan para reponer sus precarios puentes.

    A pesar de las promesas recibidas y de peregrinar durante más de cinco años buscando que alguna institución se hiciera responsable de renovar los podridos puentes de madera de la vía, ninguna respuesta efectiva dieron los representantes de las instituciones públicas, como municipalidad y la Gobernación de Ñeembucú. Ante tal desinterés, lejos de rendirse, los vecinos recurrieron a las técnicas aprendidas de sus abuelos, que montaron las estructuras a ser reemplazadas.

    Nuevamente decidieron aprovechar el karanda’y, la palma predominante en la zona, utilizando su madera para instalar improvisados pero útiles puentes que son el vivo testimonio de una comunidad que no se entrega y de autoridades que dan la espalda a las necesidades de sus conciudadanos. En todo el territorio departamental, con escasas excepciones, se verifica que los recursos públicos que llegan a la zona han sido dilapidados en obras que lejos están de representar los intereses del pueblo, y solo han servido para el crecimiento vertiginoso de la fortuna de unos cuantos avivados.

    Esperemos que las nuevas autoridades departamentales, y aquellas que surjan en las municipales del año 2020, pongan fin a estas injusticias, y que el dinero público vuelva a estar al servicio de los intereses del pueblo.

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  3. Devolver la esperanza
    Por Clide Noemí Martínez

    Una impactante imagen en la cual pobladores de la compañía Potrero Pirú del distrito de Guazú Cua (Dpto. de Ñeembucú), armados de palas, azadas y baldes, sustituyendo con sus manos las ausentes máquinas buscaban recuperar el camino de acceso fue publicada meses atrás. En ese entonces, los pobladores resaltaban que pese a los ruegos ante las autoridades locales y departamentales, solo recibían como respuesta el desprecio de quienes se comprometieron a servir a todos los habitantes del departamento.

    Comentaron que las promesas de las campañas políticas y algún amago de acción en los primeros meses de gestión, no pasaron de la ilusión, sembrando el desencanto. Fue así que cansados de promesas vanas y abandonados a su suerte, unieron sus brazos para desaguar la vía y armar empalizadas de karanda’y tratando de recuperar la transitabilidad del camino.

    Cuando la desesperanza parecía vencer definitivamente la ilusión de los vecinos, se produjo lo que para ellos es casi un milagro: máquinas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Gobernación aparecieron para realizar trabajos.

    En años anteriores, era casi imposible el diálogo entre las autoridades, que nunca pudieron unir recursos para beneficiar a los sufridos vecinos de la zona. La integración de ambas instituciones estatales, a las que se espera se sume la Comuna de Guazú Cua, por fin brindó una respuesta adecuada a la deplorable situación de aislamiento que sufren desde hace años estas humildes familias asentadas en el lugar.

    Esperemos que esta suma de recursos para superar las múltiples limitaciones que caracterizan al sector rural del Ñeembucú, sea desde ahora la tónica que determine el accionar de las instituciones. No se debe regresar a la historia de egoísmo, desidia y deshonestidad, que identificaba a los administradores de los recursos públicos, condenando a una injusta postergación a gran parte de la población departamental.

    Anhelamos que lo ocurrido en Potrero Pirú sea el símbolo de un nuevo tiempo, en el que las autoridades puedan devolver la esperanza a quienes con su voto les dieron el privilegio de estar al frente de las principales instituciones.

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  4. Burocracia
    Por Rafael Montiel

    Durante el Gobierno del destituido Fernando Lugo, el Congreso Nacional sancionó una ley para asfaltar el camino de tierra que une San Juan Bautista con la Ruta IV, con empalme en el cruce Yvyraty. El 23 de noviembre de 2011, Lugo promulgó el decreto número 4.522 que autorizaba al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y al Ministerio de Hacienda iniciar los trámites legales y buscar los recursos para asfaltar la vía de 45 kilómetros.

    Ese decreto jamás se cumplió a pesar de las peticiones de los productores de arroz, ganaderos, comerciantes y pobladores locales.

    Cuando hubo reclamo al Gobierno de Horacio Cartes, el entonces ministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, y siendo gobernador de Misiones el hoy diputado Derlis Maidana (ANR), el ahora exsecretario de Estado informó que existe un diseño final de pavimentación asfáltica del tramo San Juan Bautista-Cruce Yvyraty. Según Maidana, el costo estimado es de 41.350.000 dólares.

    Era como un alivio para la gente que desde hace tres décadas había comenzado las gestiones para el asfaltado de la ruta que beneficiará a los departamentos de Misiones y Ñeembucú. La obra no se concretó y el tramo cada vez se deteriora más porque diariamente pasan centenares de camiones pesados que transportan arroz, ganado y piedras, entre otros vehículos que utilizan la vía.

    A las malas condiciones de la ruta se suma la polvareda insalubre que levantan los camiones a su paso y que afecta a la salud de la población circundante.

    Es notorio que para el MOPC esta vía no figura dentro de las prioridades, pero para la población y el sector productivo, el asfaltado de este tramo permitirá el desarrollo económico y social de la región.

    Desde 1990 la población recibe las mismas respuestas: no hay diseño del proyecto ni llamado a licitación y falta financiar la obra. Una vez más se pone en evidencia que las instituciones burocráticas atrasan el desarrollo de los pueblos.

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  5. Negociados viales en su máxima expresión

    No existe desarrollo posible sin vías de comunicación fiables, para que la producción acceda a precios competitivos a los mercados internacionales todo el año, sin depender de las inclemencias estacionales del tiempo. Partiendo de esta premisa, y teniendo en cuenta los acuerdos de integración y proyectos de desarrollo económicos en carpeta, el costo del transporte pasa a convertirse en la principal variable para abaratar la incidencia del flete y rivalizar con cierta ventaja, en el marco de una economía cada más competitiva. Vale decir, contar con modernas carreteras para comunicarnos de manera segura y eficiente es la cuestión y no admite discusiones.

    Sin embargo en materia de infraestructura de comunicaciones, nuestro país experimenta un retraso que nos coloca en el anteúltimo lugar en América. En la actualidad, de los 74.676 km de extensión de la red vial paraguaya, el 8,26% está pavimentado, de los cuales más de 600 km (mayormente en la llanura chaqueña) están semicolapsados. El 1,71% está empedrado y el 88,86% es de tierra.

    Pero si además tenemos en cuenta que en los 66.355 km de caminos de tierra existen unos 18.000 puentes de madera en su mayor parte semidestruidos, a tal punto que se derrumba en promedio de casi un puente al mes, y que representa un peligro potencial para los usuarios, demostraría la precariedad extrema de nuestras vías de comunicaciones. Además dada nuestra ubicación geográfica (de mediterraneidad), la situación se vuelve aún más gravosa y nuestro crecimiento a futuro igualmente se vuelve incierto.

    La realidad actual

    En el presente la eficiencia del transporte carretero en el 88,86 % de la red vial [de tierra] depende en gran medida de la inclemencia del tiempo (lluvias estacionales). En materia de conectividad nos no va mejor; la hidrovía en periodos de estiaje (4 meses al año) opera al 40% de su capacidad, y cada año están varados en los distintos puertos 1.800 contenedores por bajante del río en su curso inferior. El ferrocarril (que fue el primero en América del Sur) desapareció, y completar la Bioceánica podría demandar más de un lustro.

    Resumiendo, podemos afirmar que contamos con una infraestructura de comunicación deplorable, que condena a los productores y al comercio en general, a competir en el peor escenario posible que existe en la región. Casualmente un informe elaborado por la Aladi revela que en el hipotético caso que un ciudadano radicado en el Brasil exportase sus productos a extrazona, sus costos de transporte serían en promedio un 66,1% menor si esa misma operación lo realizara desde el Paraguay. Igualmente asevera que en los casos de Argentina y Uruguay los costos de transporte igualmente serían un 55,6% y un 40,1% menores respectivamente.

    Viabilidad económica vs. Intereses de las constructoras

    Pero quizás el mayor obstáculo para el avance de los programas carreteros, y por ende la postergación del desarrollo económico de todo el país, en principio quizás habría que atribuir a las licitaciones amañadas (conocidas como trajes a medida), elevados costos iniciales (inauditos en la región), diseños viales con criterios económicos mal aplicados, una paupérrima ejecución, y durante la construcción la incorporación de trabajos adicionales, imprevistos, modificaciones de obras, prórrogas de plazos, especulación con los mayores costos y otras perlitas del folclore vialero.

    Luego al costo final resultante habría que sumar el lucrativo negocio del “bacheo y recapado”, por lo que es muy posible que en el tiempo el costo de las rutas supere el millón de dólares el km. La explicación es muy simple, como las obras se construyen una sola vez pero deberá mantenerse de por vida, los recapados pasarían a convertirse en la parte más lucrativa del negocio vialero. Es decir, todo apuntaría a una política vial diseñada para beneficiar a constructoras, consultoras y funcionarios venales.

    La solución a estos eternos y conocidos vicios nunca fue más allá de las acostumbradas promesas del máximo funcionario de turno y anuncios altisonantes de programas de construcción, mientras los productores esperan poder salir todo el año.

    Por Ing. Carlos A. T. Cáceres

    http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/negociados-viales-en-su-maxima-expresion-1815598.html

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  6. Paradero desconocido
    Por Carlos Almirón

    Como si no fuera suficiente la crisis social que afecta a todo el departamento de Alto Paraguay debido a los casi tres meses de aislamiento que soportan los pobladores, ahora se habla de un posible negociado con el combustible del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) destinado a la reparación de los caminos del Alto Chaco.

    Según planilla del propio MOPC de enero a abril del 2019 el Distrito 16- Alto Paraguay recibió 77.600 litros de combustible, pero la zona está aislada por las malas condiciones de los caminos, señal de que nada se hizo por preparar los tramos que actualmente se encuentran inundados.

    Solo en abril el Distrito 16 del MOPC recibió 12.600 litros de carburante y se desconoce en qué fue utilizado, ya que desde los primeros días de marzo todo el departamento se encuentra aislado.

    Una persona que se dedica al rubro vial en el Chaco y con años de experiencia en el ramo, explicó que para hacer un camino nuevo con cuneteada a ambos lados con 7 metros de ancho y 0,35 metros de altura se utiliza un promedio de 625 litros de combustible por kilómetro. Con la cantidad destinada por el MOPC en solo cuatro meses se pudieron realizar 124 km de caminos nuevos con las características mencionadas, pero, sabiendo que el combustible fue destinado a la reparación y no a abrir nuevos caminos, se pudo arreglar más de 150 kilómetros.

    Se deduce que estaría existiendo toda una rosca para el negociado de combustible a costa de la sufrida población de Alto Chaco. La maniobra contaría con actores dentro de la propia administración central del MOPC donde se hace figurar una gran cantidad destinada al departamento, pero que en la realidad llega una pequeña porción y culmina con la venta del combustible a personas particulares.

    La única manera de identificar y castigar a los culpables es que desde la administración central del MOPC se implemente un sistema de control que implique una publicación mensual sobre la cantidad de combustible destinada a la zona, una verificación in situ del uso y que cada poblador de la zona también sea contralor del uso de esos recursos.

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  7. Una década de clamor
    Productores de las localidades de Primero de Marzo y Arroyos y Esteros llevan diez años esperando que culminen las obras de pavimentación tipo empedrado de la vía de 23 kilómetros que une ambas localidades de pavimentado iniciadas en junio del 2009. Es una zona donde hay gran cantidad de cultivos de caña dulce, frutihortícolas, petit grain y otros rubros agrícolas.

    Es decir, en el sector viven y sobreviven familias laboriosas que comienzan la labor diaria antes del amanecer. Lo único que requieren y que desde hace años vienen pidiendo es contar con un camino de todo tiempo para poder trasladar sin inconvenientes su producción a los centros de comercialización.

    Luego de las últimas lluvias el camino quedó destrozado y los pobladores de la zona quedaron sin el servicio de transporte público de pasajeros.

    El proyecto vial se denomina “Construcción de pavimento tipo empedrado del tramo compañía General Díaz-empalme Ruta 3”. En más de una década los trabajos avanzaron diez kilómetros, de los cuales cinco ya están destrozados. La obra estaba presupuestada en más de G. 20.225 millones y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ya desembolsó G. 17.860 millones, equivalentes al 88% del monto total.

    La obra en principio fue adjudicada a Alfa & Omega Construcciones SA, representada por Enrique Barrail, y la fiscalización a cargo de la Dirección de Vialidad del MOPC. Se inició el 27 de julio de 2009 y el plazo establecido para su conclusión era de 30 meses. Luego los trabajos pasaron bajo la responsabilidad de ByB Construcciones, también representada por Enrique Barrail.

    Hace dos años, cansados de las promesas y excusas del Gobierno central, un grupo de pobladores cerró rutas para exigir rescisión de contrato con la constructora por incumplimiento. El MOPC le otorgó un plazo a B&B y cambió el proyecto a asfaltado. Una vez más incumplió el acuerdo.

    La semana pasada, centenares de personas se movilizaron nuevamente para exigir que termine la obra. Esta vez el MOPC anunció que llegaron a un acuerdo con la empresa para que se retire “por no poder cumplir con lo pactado” y prometieron que en dos semanas ya habrá un nuevo llamado a licitación porque se “evitó la judicialización del caso”.

    ¿Qué pasará con todo el dinero que se llevó la firma sin hacer prácticamente nada? ¿Quién más se benefició monetariamente en una década de obra fallida?

    POR DESIRÉE CABRERA

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  8. En espera de cambio
    POR ROSENDO DUARTE

    Comunidades del departamento de Canindeyú que por décadas vivieron en el más absoluto aislamiento, empiezan a experimentar una nueva realidad con la llegada de la ruta asfaltada.

    Hace pocos días fue inaugurado oficialmente el tramo Curuguaty-Villa Ygatimí-Ypejhú, con una extensión de 81 kilómetros. Esta zona estaba condenada por años a la falta de caminos, mientras sus pobladores a la pobreza, la marginación y el dominio de los narcos.

    Corpus Christi, otro eterno bastión del olvido, la exclusión y la barbarie también experimenta lo que es estar interconectado mediante una ruta de todo tiempo. Importantes cambios se notan a lo largo de la ruta de 41 kilómetros desde Cruce Guaraní (Ruta PY 03 “General Elizardo Aquino”) hasta la localidad de Pindoty Porã, frontera con Brasil, pasando por el centro urbano de Corpus.

    Sin embargo, hay una cuestión que al parecer va a costar un poco más de tiempo para renovarse: el caciquismo político que todavía impera en estos lares.

    Es que, si bien la falta de camino perjudicó enormemente el desarrollo de muchas zonas, benefició la instalación de sagaces clanes políticos que vienen sacando el máximo provecho de esa situación.

    Gracias a la miseria provocada por el aislamiento, los oportunistas políticos establecieron un sistema de constante expoliación de los pobladores, para vivir como reyes en medio de la indigencia. Cada cinco años salen a repartir salame y “bebidas espirituosas” a cambio de votos que les eternizan en el poder, donde viven a cuerpo de reyes.

    Roban sin temor los recursos municipales, emplean todas las instituciones a su favor y provecho. Por supuesto, los responsables de los entes de control en esos lugares son vulgares mercenarios que llegan de tanto en tanto solo para recoger un poco de lo sustraído y a cambio darles impunidad.

    Ojalá, junto al progreso que traerá las rutas asfaltadas en lo material y en lo humano, también permitan que soplen nuevos aires republicanos (o mejor si es un huracán) que cuanto antes aplaste a los dinosaurios políticos de estos subyugados pueblos, y que finalmente tengan autoridades dignas, contemporáneas, verdaderos patriotas y servidores de sus respectivas comunidades.

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  9. Circunvalación
    POR RAFAEL MONTIEL

    La construcción de vías circunvalatorias en San Ignacio y en San Juan Bautista de las Misiones es una alternativa para mejorar la fluidez del tránsito, en el marco de una seguridad vial. Al menos es la propuesta del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

    En el proyecto de San Juan Bautista aparentemente no hay problemas en el proyecto de circunvalación. Sin embargo, en el diseño final presentado en San Ignacio, la traza, según el plan, afectará reservas naturales de plantas nativas en atropello al medio ambiente.

    Los dueños de propiedades afectadas denunciaron que se pretende derribar añosos árboles que forman parte del ecosistema y que contribuyen en cierto modo a desintoxicar el ambiente tan deteriorado por los gases tóxicos, el humo y la contaminación ambiental.

    Es decir, para construir una ruta asfaltada con el afán de mejorar el tránsito urbano será perjudicada la naturaleza y lógicamente la población.

    Haciendo un análisis a la luz de la razón y el sentido común, al parecer el diseño se contrapone a principios constitucionales que garantizan la calidad de vida, el derecho a vivir en un ambiente saludable y la protección ambiental.

    En los últimos años se realizaron tala indiscriminada de árboles ocasionando un desequilibrio ecológico. De modo que es una obligación cuidar como seres responsables el hábitat y las pocas reservas naturales que quedan.

    A raíz de la protesta de parte de los afectados, el intendente de San Ignacio, Carlos Afara (ANR), propuso modificar la traza; usar el camino viejo al final del diseño y empalmar con la Ruta PY01 “Mariscal López” hacia Encarnación, evitando en lo posible daños a la naturaleza.

    Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, señaló que los técnicos van estudiar los reclamos y que la idea es afectar lo menos posible a la sociedad y al ambiente. Reconoció que se tiene que cuidar los bosques y humedales.

    El proyecto vial, el desarrollo urbano no puede ir a contramano del ambiente ni perjudicar la calidad de vida de las personas.

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  10. Fiscalizaciones
    POR CARLOS ALMIRÓN ZÁRATE

    En 30 años de etapa democrática en nuestro país, las autoridades de los gobiernos central y departamental no pudieron –o no quisieron– solucionar el problema de precariedad de caminos de Alto Paraguay, pese a millonarias sumas de dinero público destinadas a reparaciones.

    Una de las principales causas de esta problemática social y económica, que paraliza a toda una región en forma cíclica debido al aislamiento, son las fiscalizaciones chapuceras hechas por funcionarios corruptos del Ministerio de Obras Públicas Comunicaciones (MOPC). Esto se suma a las licitaciones fraguadas para favorecer a “empresas amigas” de los gobernantes de turno.

    A mediados de este año, el MOPC licitó la reparación de caminos vecinales del departamento por más de G. 35.000 millones. A la fecha, los trabajos están culminados y los fiscalizadores brillan por su ausencia en las zonas de obras, aunque con seguridad desde sus cómodas oficinas habrán firmado las certificaciones de las empresas contratistas.

    La empresa menonita Mawes que realizó trabajos en el tramo Toro Pampa-Fuerte Olimpo y Toro Pampa-Pensilvania es la única que sobresale en la calidad de la reparación. A pesar de las grandes lluvias registradas, los más de 115 kilómetros de levante de terraplén, compactación y cuneteadas están óptimas.

    Los pobladores de Bahía Negra, en cambio, tienen los días contados para comenzar a sufrir un nuevo aislamiento. Los habitantes de María Auxiliadora y San Carlos de Fuerte Olimpo también temen igual suerte, debido a la precariedad de trabajos realizados por la empresa Construpar SA.

    Por la falta de fiscalizaciones serias y responsables, en el futuro, el MOPC debería dejar a cargo de empresas menonitas las reparaciones de los caminos de la zona, ya que son conocedores del suelo chaqueño. Aunque este deseo difícilmente se concrete, ya que eso significaría que las privilegiadas empresas amigas sean dejadas de lado.

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  11. La ruta de la indignación
    Por Andrés Colmán Gutiérrez

    Mi querido pueblo natal, Yhú, es uno de los bellos rincones del Paraguay que quedaron al margen de las rutas del progreso.

    Alzado sobre una amplia loma, a 50 imposibles kilómetros al norte de la ciudad de Caaguazú, fue el lugar que eligió el mariscal Francisco Solano López en 1869 para confinar en una verde prisión sin rejas a casi dos mil espectros andrajosos, mayoritariamente mujeres, ancianos y niños, conocidos históricamente como las “destinadas” y los “destinados” de la Guerra Guasu.

    Ciento cuarenta y dos años de soledad después, Yhú sigue pareciéndose a aquel legendario Campamento Cué. El destrozado camino de tierra que conecta con la ruta 7 es el mayor obstáculo que encuentran las zonas productivas de Vaquería, San Joaquín e Yhú para romper el aislamiento.

    Desde hace décadas, los yhuenses venimos escuchando promesas de gobernantes sobre la inminente construcción de la ruta 13. Ya ha sido bautizada popularmente como “la ruta de la mentira”.

    El 18 de diciembre de 2009, el presidente Fernando Lugo dio “la palada inicial” a la construcción de un tramo de 64 kilómetros, de Caaguazú a Vaquería. Las obras fueron adjudicadas al consorcio Cotafel, de empresarios y políticos encarnacenos muy ligados al entorno del actual mandatario, entre ellos el diputado colorado Luis Alberto Sarquis.

    Aunque el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones asegura haber entregado 15 millones de dólares, a poco de empezar el consorcio se declaró en quiebra, dejando a sus obreros en la calle, y las obras quedaron paralizadas durante largos meses.

    Hartos de peregrinar por oficinas gubernamentales y de escuchar promesas en el vacío, el lunes 28 de noviembre salieron unos 6.000 pobladores a cerrar la ruta 7 durante más de diez horas, interrumpiendo el tráfico más vital del país.

    Fue un día de furia ciudadana, que tuvo como respuesta una violenta y torpe represión policial, dejando una decena de heridos. Pero aún apaleados y sangrantes, los manifestantes no se movieron del sitio hasta lograr que el Gobierno les garantizara que las obras de la ruta 13 se reiniciarán con urgencia.

    Personalmente no estoy de acuerdo con medidas de fuerza que violan derechos constitucionales de terceros, como el derecho al libre tránsito, pero me sumo al justo reclamo de mis compueblanos. La “ruta de la mentira” se ha convertido en la ruta de la indignación paraguaya. Sería bueno que lo tuvieran en cuenta.

    http://www.ultimahora.com/notas/485812-La-ruta-de-la-indignacion

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  12. ¿Rutas más baratas… o más seguras?
    Estos robos son consecuencia de la falta de compromiso por combatir la corrupción, la forma más suicida de acabar con el futuro de un país.
    No somos los campeones de América en corrupción. Pero seguro podríamos aspirar cómodamente a un subcampeonato. Un lugar desde el cual se puede robar con mayor premeditación y alevosía al Estado es la obra pública. Y este es un principio universal. En México, durante la presidencia de Felipe Calderón, el Gobierno llegó a pagar US$ 2 millones por un kilómetro de ruta pavimentada. En Perú, la administración de Ollanta Humala fue un tanto más moderada, pagando US$ 1 millón por mil metros. En Argentina, durante el Gobierno de Néstor Kirchner, un kilómetro de ruta en la provincia de Buenos Aires costaba US$ 711.000. ¿Más barato? No, más caro si se considera que un tramo de 29 kilómetros entre dos localidades del centro provincial se deshizo como manteca 20 días después de inaugurado.

    Y esta es la verdad. Lo sabemos muy bien por aquí.

    Una forma bárbara de robar en la construcción de rutas es reducir el espesor de la capa de rodamiento. Parece poca cosa, pero un par de centímetros menos de concreto asfáltico a lo largo de 500 kilómetros deja al final una montaña de dinero. Tradicionalmente, este festín es repartido fraternalmente entre constructores y gestores. Es el origen de más de una fortuna con apellidos de campanillas. Claro que para pillar la trampa hay que andar con un calibrador midiendo esta ruta y aquella otra. Y ya se sabe lo perezosos que pueden llegar a ser los encargados de fiscalizar obras públicas. Caminos que se deshacen como bizcochos tras una lluvia moderada o puentes que se derrumban a veces con solo mirarlos son el resultado de esta displicente manera de abrir las puertas al saqueo de las arcas del Estado.

    Estos robos son consecuencia de la falta de compromiso verdadero por combatir la corrupción, la forma más suicida de acabar con el futuro de un país.

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